Todos nos estremecimos viendo las imágenes de un hecho gravísimo que cegó la vida de dos manifestantes que se encontraban en el área de Chame, porque este país nunca se ha caracterizado por la violencia, sino por la convivencia pacífica y la tolerancia.
Corresponderá al Ministerio Público llevar a cabo una investigación minuciosa sobre la condición de la persona que ejecutó este hecho de sangre.
Desde hace varias semanas, la ciudadanía en general ha pedido a las autoridades responsables del orden público, desde el presidente de la República, el Ministro de Seguridad, el Ministro de Gobierno y Justicia, la Policía Nacional y los entes complementarios que actuaran con diligencia y en cumplimiento de su deber ineludible de preservar el libre tránsito y el orden público, y a través de medidas no represivas, evitaran los cierres tanto en la carretera Panamericana como en las calles de las ciudades y barrios que han sido ocupadas por representantes directos del SUNTRACS, otros gremios de educadores e indígenas que han sido aprovechados por indigentes, delincuentes y políticos para mantener una total inestabilidad en el país.
Sabido es que no se trata de un movimiento reciente, ha sido la repetición de lo que ocurrió durante todo el mes de julio del año pasado pero que se concentró fuertemente en el interior del país.
Las afectaciones han sido amplias: los trabajadores que no pueden llegar a sus sitios de trabajo a tiempo y tienen que salir de sus casas en la madrugada para evitar los tranques y luego regresan después de 6 a 10 horas de estar en medio de la noche detenidos en las vías sin poder llegar a sus casas para tomar los alimentos y preparar sus comidas para el día siguiente; los niños que han sido sacrificados y excluidos del proceso de enseñanza y aprendizaje, ya afectado por la pandemia; los enfermos que han perdido más de 170,000 citas en la Caja del Seguro Social y los hospitales del Ministerio de Salud incluyendo intervenciones quirúrgicas, terapias, obtención de medicamentos, citas de radiografía, laboratorio y riesgo de muerte. Ni siquiera los deudos de las personas que han fallecido en este largo periodo han podido enterrar a sus muertos.
Los productores de leche, carne, legumbres, verduras, frutas, mariscos han perdido sus cosechas y los pequeños comerciantes, transportistas, emprendedores han tenido un perjuicio acumulado ya que en algunas provincias no hay combustible o en el momento en que traen su carga desde el interior, les toma tanto tiempo para llegar que cuando finalmente arriban a la ciudad, el valor del producto ha disminuido por las calamidades del tiempo o porque los compradores, atemorizados por este desbande, no quieren comprar nueva mercancía.
La ciudad presenta una imagen de desolación y consecuentemente los hoteles, restaurantes, lugares de diversión y espectáculo, así como los comercios en general tienen poco movimiento de compras y ventas.
Ahora bien, ha habido una incuria total y de manera irresponsable las autoridades del orden público no han tenido la diligencia de un buen padre de familia y no se ha visto un solo informe, ni de los Ministerios ya mencionados, ni mucho menos de los denominados “estamentos de seguridad”, lo que ha producido la certeza a todos estos grupos que han paralizado el país, de que pueden actuar de manera violenta, destruyendo el sistema democrático porque son impunes e inmunes.
La responsabilidad primaria recae en el Presidente de la República y la responsabilidad delegada recae en el Ministerio de Seguridad, la Policía Nacional y esta denominada fuerza de tarea conjunta que incluye a varios entes como el SENAFRONT y el Servicio Aeronaval que no han podido aparecer en la escena nacional y en muchas ocasiones parecen estar cuidando a los que violan el orden público, impiden el libre tránsito y producen una sensación y una realidad de que el país se encuentra a la deriva.
Las redes sociales muestran los actos de violencia y de amenaza, incluso al Servicio Aeronaval, en las inmediaciones del puerto donde opera Minera Panamá y también la quema de neumáticos y otras materias inflamables en calles, avenidas e incluso en la carretera Panamericana.
Hoy por hoy, para salir de la ciudad y regresar hay que circular a partir de las 11 de la noche y 5 de la mañana; pero es el caso, que en las provincias de Chiriquí y Veraguas se multiplican como hongos lo retenes que afectan a pequeños empresarios, a grandes empresarios y a la ciudadanía que no tiene combustible, gas, alimentos y tampoco puede acoger a los turistas nacionales y extranjeros que hicieron sus reservas para disfrutar de los desfiles patrios, los cuales fueron suspendidos y reemplazados por manifestaciones internas e informales en las escuelas.
Es una situación que tiene distinta dimensión en la ciudad donde mucha gente no está conectada con las vicisitudes de los productores agropecuarios que temen perder no solo el fruto de su trabajo sino su propio patrimonio.
Este estado de cosas puede ser un combustible para que se produzcan otros enfrentamientos que pueden tener secuelas muy graves y que serán lamentables, a menos que se reivindique el Estado de Derecho y que estos servidores públicos que tienen una remuneración privilegiada y unas jubilaciones especiales con pocos años de servicio, cumplan con su deber.
Creo que en las actuales circunstancias el país debe exigir la renuncia inmediata o la destitución del cargo por abandono de sus deberes principales de garantizar el orden público de estos funcionarios.
Esperamos una acción inmediata de estos servidores públicos.
