Introducción a la Declaración de David Kaye
Los firmantes de la declaración que figura a continuación se encuentran entre los estadounidenses que han trabajado en los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas durante décadas, ayudando a desarrollar un sistema que el Secretario General de la ONU, Kofi Annan, llamó la “ joya de la corona ” de las Naciones Unidas. Han sido miembros de grupos de trabajo sobre derechos humanos, se han desempeñado como expertos independientes y relatores especiales que monitorean áreas clave del impacto estatal y corporativo sobre los derechos humanos, y han encabezado comités de coordinación de lo que se conoce como los “ procedimientos especiales ” de la ONU . El sistema de derechos humanos de la ONU, en su conjunto, ha ayudado a desarrollar áreas clave del derecho internacional de los derechos humanos, incluso en áreas clave de preocupación para los Estados Unidos, como la protección de las mujeres y las niñas contra la violencia y la discriminación; los derechos a la libertad de expresión, protesta y expresión cultural; la independencia del poder judicial; el derecho a un medio ambiente saludable; los derechos fundamentales al debido proceso; y la eliminación de la pobreza extrema. Los expertos de las Naciones Unidas han llamado la atención crítica sobre las violaciones cometidas por Estados como Irán, Rusia, China y Arabia Saudita, al tiempo que presionan a los Estados democráticos para que cumplan con sus obligaciones en contextos como el terrorismo, la justicia económica, la libertad religiosa y la no discriminación.
Dieciséis de estos expertos emiten la declaración que figura a continuación.
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Los ataques de la administración Trump al derecho y las instituciones internacionales: declaración pública de expertos estadounidenses en derechos humanos y miembros actuales y anteriores de organismos de la ONU
Desde el 20 enero, hemos observado con creciente alarma cómo la administración del presidente estadounidense Donald J. Trump ha tratado de repudiar los compromisos de Estados Unidos con el derecho y las instituciones internacionales. Él y su administración han retirado a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París y de la Organización Mundial de la Salud, han puesto fin a la financiación de proyectos humanitarios y de Estado de derecho en curso, han eliminado la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), han iniciado sanciones contra funcionarios de la Corte Penal Internacional, han puesto fin a la financiación del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas (UNRWA) y han retirado la participación de Estados Unidos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Todo esto tendrá un impacto catastrófico en los derechos humanos en Estados Unidos y en todo el mundo.
El gobierno también ha lanzado un ataque integral contra los compromisos de Estados Unidos en materia de derechos civiles, utilizando el racismo en sus ataques a los esfuerzos de larga data para promover la no discriminación en los contratos gubernamentales y en la fuerza laboral y discriminando a las personas en función de su orientación sexual o identidad de género. El presidente ha sembrado el terror entre las comunidades inmigrantes, independientemente de su estatus legal en los Estados Unidos, y ha pedido la limpieza étnica del territorio palestino ocupado. El cierre global de la asistencia de USAID ya está teniendo efectos inmediatos en los pacientes en instalaciones financiadas por Estados Unidos y en los disidentes que buscan protección de los regímenes autoritarios. Su administración ha cerrado sitios web gubernamentales, negando al público el acceso a la información, ha hecho declaraciones patentemente falsas y ha lanzado amenazas a quienes ejercen sus derechos de la Primera Enmienda para informar, criticar o protestar contra sus acciones. Ha liberado a quienes intentaron derrocar la transición pacífica del poder el 6 de enero de 2021 y ha despedido a quienes los procesaron.
En resumen, la administración Trump ha llevado a cabo el ataque más amplio a los derechos humanos y la rendición de cuentas por parte de cualquier administración estadounidense en la historia moderna, lo que constituye una traición a los compromisos asumidos por las administraciones republicanas y demócratas anteriores durante los últimos ochenta años. En el caso de USAID y otros programas de asistencia más amplios, y los actos de discriminación, el ataque viola las obligaciones legales nacionales e internacionales existentes. Muchas de las acciones, como la pretensión de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, son obviamente inconstitucionales.
Cada uno de nosotros ha actuado como experto independiente en derechos humanos dentro del sistema de las Naciones Unidas. Actuamos ahora y siempre lo hemos hecho de manera independiente, pero respetando el compromiso de los Estados Unidos de participar en la protección de los derechos humanos a escala mundial. Es cierto que ese compromiso no ha sido constante a lo largo del tiempo ni en su aplicación, y cada uno de nosotros ha expresado su opinión en casos en los que considera que los Estados Unidos han incumplido sus obligaciones. Pero históricamente, los Estados Unidos han desempeñado un papel clave en los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos y el estado de derecho a escala mundial, desde el comienzo mismo de esos sistemas, en la negociación de la Carta de las Naciones Unidas y la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos tras el fin de la Segunda Guerra Mundial.
La administración Trump traiciona esa historia y esos valores de maneras que promueven los intereses de autoritarios y demagogos de todo el mundo y despojarán a los estadounidenses y a otros de sus derechos humanos fundamentales. Su ataque al Estado de derecho no promueve ningún interés nacional estadounidense concebible, que reside en un sistema mundial fundado en principios de derechos humanos, la no utilización de la fuerza, la colaboración para resolver problemas globales y la igualdad soberana de los Estados. Las acciones de la administración traicionan cada uno de esos principios internacionales bien establecidos.
Instamos a la administración Trump a cambiar de rumbo.
Instamos a todos los legisladores, republicanos y demócratas, a que contrarresten la traición de la administración a estos valores y defiendan el compromiso histórico del Congreso con la participación internacional, la protección de los derechos humanos y el apoyo humanitario. Los instamos a que se manifiesten públicamente y tomen medidas dentro de sus cámaras para evitar la demolición del compromiso de Estados Unidos con los derechos humanos y el derecho internacional.
Instamos a los líderes a nivel estatal y local a fortalecer sus propios compromisos con los derechos humanos, para garantizar que sus residentes tengan protección contra los abusos constantes y amenazantes de la administración.
Estamos junto a las víctimas de estas políticas, en nuestro país y en todo el mundo, y junto a todos aquellos en la sociedad civil que resisten el ataque a los derechos humanos y buscan formas de monitorear su cumplimiento.
Firmado a título individual por:
Philip Alston , Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos (2014-2020); Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias (2004-2010)
James Anaya , Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (2018 – 2014)
Karima Bennoune , Relatora Especial de la ONU en materia de Derechos Culturales (2015 – 2021)
Dominique Day , miembro del Grupo de trabajo de expertos de las Naciones Unidas sobre los afrodescendientes (2018-2024)
Ariel Dulitzky , miembro del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre
Desapariciones Forzadas o Involuntarias (2010 – 2017)
Claudia Flores , vicepresidenta del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas (2023 – presente)
David A. Kaye , Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de opinión y de expresión (2014 – 2020)
John H. Knox , Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el medio ambiente (2012 – 2018)
Gay J. McDougall , vicepresidenta del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (2021-2025, 2015-2019, 1997-2001); relatora especial de las Naciones Unidas sobre las minorías (2005-2011)
Juan Méndez , miembro del Mecanismo de expertos independientes de las Naciones
Unidas sobre la aplicación de la ley y el racismo (2021 – 2024); Relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura (2010 – 2016)
Marcos A. Orellana , Relator Especial de la ONU sobre sustancias tóxicas y derechos humanos (2020 – presente)
Diane Orentlicher , experta independiente de las Naciones Unidas sobre la lucha contra la impunidad (2004-2005)
Balakrishnan Rajagopal , Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada (2020 – presente)
Gabor Rona , presidente del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Mercenarios (2011-2019)
Margaret Satterthwaite , Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados (2022 – presente)
Baskut Tuncak , Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y los desechos peligrosos (2014-2020)
Artículo por Just Security.
Acerca del autor(es): 16 expertos estadounidenses en derechos humanos, miembros actuales y anteriores de organismos de la ONU.
Los autores son miembros actuales y anteriores de órganos de las Naciones Unidas y firman esta declaración a título personal.
