El pasado 26 de marzo de 2025, la Asamblea Nacional de Panamá aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley No. 52, que establece el uso obligatorio de sillas de retención infantil (SRI) en vehículos particulares. Esta ley busca proteger a los menores de 135 cm de estatura (aproximadamente 12 años) durante su transporte en automóviles, reduciendo así las lesiones y muertes en accidentes viales. La iniciativa ahora se dirige al Órgano Ejecutivo para su sanción final.
Puntos claves sobre el proyecto de ley:
A. Proceso Legislativo y Participación
La Comisión de Comunicación y Transporte, aprobó una subcomisión técnica para revisar el proyecto con participación de distintos profesionales en la materia como:
• Representantes de la ATTT, Policía Nacional y la Autoridad de Aduanas.
• Organizaciones civiles: Fundación Educación Vial, Fundación Reconocer y CAIPI Bethel Garden, entre otras.
• Empresarios del sector de importación y venta de sillas de retención infantil.
B. Investigaciones y Referencias Internacionales
El proyecto se fundamentó en investigaciones y normativas internacionales que demuestran la eficacia de las SRI:
- Organización Mundial de la Salud (OMS): Destacó que el uso correcto de estas sillas reduce hasta un 70% las muertes infantiles y un 80% las lesiones graves en accidentes.
- Experiencias regionales:
Varios países de la región han implementado con éxito legislaciones sobre el uso obligatorio de sistemas de retención infantil, demostrando resultados significativos en la reducción de víctimas infantiles en accidentes de tránsito.
Costa Rica
Desde la entrada en vigor de la Ley de Tránsito No. 9078 en 2012, los menores de 12 años o con una estatura menor a 1.45 metros deben viajar en sillas especiales, siguiendo estándares internacionales como UNECE R44/04 e i-Size (R129). Resultando:
• 23% menos muertes infantiles en accidentes viales.
• 31% menos lesiones graves en niños.
Colombia
El Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002, Art. 82) establece que los menores de 10 años deben viajar en sistemas de retención infantil, alineándose con las recomendaciones de la OMS y la OPS. Resultando:
• 28% de reducción en la mortalidad infantil por siniestros viales.
• 35% menos lesiones graves en menores.
Los datos nacionales fueron clave para justificar la urgencia de la ley:
Según la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), en 2022 hubo un total de 13,917 heridos y 252 muertos en accidentes viales, con un porcentaje significativo de víctimas infantiles. Proyecciones hasta 2030 indicaban un aumento en infracciones relacionadas con la falta de medidas de seguridad para menores.
El proyecto busca revertir estas cifras mediante:
- Educación: Campañas de sensibilización y capacitación en escuelas de manejo.
- Sanciones progresivas: Multas desde B/.100 hasta B/.500 y suspensión de licencia para reincidentes.
- Exclusiones claras: Taxis, vehículos escolares y de emergencia quedan exentos por razones prácticas.
Sin embargo, ¿Será realmente efectiva la sanción de este proyecto de ley?
La efectividad de esta ley dependerá de tres factores clave: fiscalización rigurosa, educación continua y ajustes técnicos basados en datos. Si bien el proyecto panameño es un avance importante, al compararlo con regulaciones más detalladas como la canadiense, se evidencian oportunidades para fortalecerlo. Aquí un ejemplo de como se organiza esta regulación:
La aprobación de este proyecto de ley representa un avance en la seguridad vial de Panamá, aunque aún requiere mayor precisión en especificaciones técnicas como rangos de peso/altura por etapa y sistemas de anclaje obligatorios para optimizar su efectividad; su verdadero impacto dependerá de una implementación rigurosa que combine fiscalización constante, educación vial accesible y actualizaciones periódicas basadas en datos, pues si bien marca un hito al priorizar la protección de menores en vehículos, el camino hacia una regulación verdaderamente robusta exige seguir fortaleciendo estos marcos normativos con mejores herramientas técnicas y operativas.
