El pasado 2 de junio de 2025, el Órgano Ejecutivo relanzó formalmente la Lotería Fiscal mediante el Decreto Ejecutivo No. 26 de 2 de junio de 2025, estableciendo un mecanismo que premia a los ciudadanos por solicitar facturas fiscales. A través de sorteos públicos organizados por la Junta de Control de Juegos, se entregarán premios en efectivo por un total de B/.110,000 mensuales, exentos de impuesto sobre la renta, a quienes participen depositando sobres con al menos cinco facturas válidas. Esta medida, aunque parece novedosa, tiene antecedentes importantes que conviene recordar, y cuyo contexto permite entender mejor su utilidad actual.
La obligación de emitir facturas en Panamá se remonta a la Ley 76 de 1976, que reglamentó el uso obligatorio de documentos fiscales como mecanismo de control de ingresos para efectos tributarios. Sin embargo, no fue hasta 1992 que se introdujo por primera vez un programa dirigido a incentivar directamente a los consumidores para que exigieran estos documentos: la llamada “Tómbola Fiscal”, creada mediante el Decreto Ejecutivo No. 169 de 23 de septiembre de 1992. En esa ocasión, el decreto justificaba su adopción señalando la necesidad de reforzar la conciencia ciudadana en torno a la importancia de cumplir con el deber de solicitar facturas. Dos años más tarde, en 1994, se flexibilizó su mecánica para estimular una mayor participación ciudadana.
Contrario a lo que algunos podrían interpretar, esta iniciativa sí logró resultados positivos en su momento. El problema no fue su ineficiencia, sino la falta de continuidad. En Panamá, los cambios de administración suelen venir acompañados de borrón y cuenta nueva en las políticas públicas, dejando de lado programas funcionales por no formar parte de la agenda del gobierno entrante. Esta falta de visión de largo plazo ha limitado el desarrollo sostenido de herramientas como la tómbola fiscal.
Hoy, con el relanzamiento de la Lotería Fiscal, el país tiene la oportunidad de retomar una estrategia que, bien ejecutada, puede tener un impacto importante en la reducción de la evasión fiscal. El mecanismo ofrece una combinación interesante de beneficios: por un lado, convierte al consumidor en un agente de fiscalización indirecta, al incentivar la solicitud de facturas; por otro, introduce un incentivo tangible —el premio económico— para fomentar el cumplimiento tributario voluntario. Se trata de una solución que sustituye, en parte, el despliegue masivo de funcionarios fiscalizadores mediante un modelo de control social asistido.
Además de los beneficios inmediatos en términos de recaudación, esta medida también puede ayudar a formar una mentalidad más consciente en los contribuyentes. Al vincular el acto de exigir una factura con la posibilidad de obtener una recompensa, se crea un puente entre el deber fiscal y el interés personal, un vínculo que puede ser aprovechado para construir una cultura tributaria más sólida. Este enfoque ha demostrado ser eficaz en otros países. El caso de Brasil, por ejemplo, con su programa “Nota Fiscal Paulista”, ha mostrado resultados sostenidos en términos de aumento de recaudación, formalización de negocios y participación ciudadana.
En el contexto actual, además, la implementación de la factura electrónica ofrece una oportunidad adicional que no puede desaprovecharse: incorporar un mecanismo de participación digital. Si bien el modelo tradicional contempla el depósito físico de facturas en sobres, esta modalidad limita el alcance de la estrategia. En cambio, si se habilitara un sistema que permita participar en los sorteos desde un celular o computadora —vinculando el registro de facturas electrónicas al número de cédula, por ejemplo— se multiplicaría significativamente el número de participantes. La digitalización, por tanto, no solo es una cuestión de eficiencia operativa, sino también de inclusión y escalabilidad.
Aun así, para garantizar el éxito del programa, es necesario implementar ciertas mejoras y condiciones. La experiencia comparada demuestra que el número de sorteos debe ser frecuente para mantener el interés del público; se recomienda realizar al menos 20 sorteos al año. Además, puede incorporarse una dimensión adicional al premiar también a las empresas cuyos sistemas contables y fiscales resulten en orden durante las auditorías, otorgándoles el título de “Empresa Modelo”. Esto contribuiría no solo a fortalecer la transparencia empresarial, sino también a fomentar una sana competencia basada en el cumplimiento.
El programa también debe apoyarse en una estrategia robusta de comunicación pública. Las redes sociales, por su alcance masivo, pueden ser aliadas claves para dar visibilidad al programa, mostrar a los ganadores, explicar el proceso de participación y reforzar el mensaje educativo detrás de la iniciativa. Igualmente, debe explorarse la posibilidad de ofrecer premios en especie, como electrodomésticos o certificados de compra, para diversificar los incentivos y captar distintos perfiles de participantes.
Otro elemento relevante es que este tipo de mecanismos no requiere una estructura institucional nueva ni gastos operativos adicionales si se articula con las entidades existentes, como la DGI, la Junta de Control de Juegos y la Autoridad de Innovación Gubernamental. Se trata, en esencia, de una herramienta de bajo costo y alto potencial, siempre que se integre dentro de una política fiscal coherente.
La evasión fiscal ha sido objeto de atención en los últimos años. Según datos compartidos recientemente en La Estrella de Panamá, sigue existiendo un alto grado de incumplimiento en sectores clave de la economía, lo cual limita los recursos disponibles para políticas públicas esenciales. En este contexto, relanzar la Lotería Fiscal no debe verse como una medida aislada o cosmética, sino como una pieza dentro de un engranaje más amplio para fortalecer la recaudación sin recurrir al aumento de impuestos ni expandir desproporcionadamente la administración tributaria. En conclusión, la Lotería Fiscal puede y debe ser parte de una estrategia integral, donde el cumplimiento tributario se convierta en un hábito socialmente valorado. Su éxito dependerá menos del azar y más de la capacidad institucional para sostener el programa en el tiempo, ajustarlo según resultados y vincularlo con una visión de Estado que trascenda los ciclos políticos. Las condiciones están dadas para que esta vez funcione. Lo que se necesita es voluntad para sostenerlo.
Buen artículo, muy claro. ¿Crees que la Lotería Fiscal realmente motivará a más personas a pedir facturas o solo será un incentivo para unos pocos? Me interesa saber si hay datos sobre su impacto en el largo plazo.