El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció la suspensión de la controvertida reforma de pensiones impulsada por el presidente Emmanuel Macron, que elevaba progresivamente la edad de jubilación de 62 a 64 años. Esta medida, aprobada originalmente en 2023 y que generó amplias protestas sociales, quedará congelada hasta 2027, año en que se celebrarán las próximas elecciones presidenciales. El giro político busca asegurar apoyos parlamentarios suficientes para aprobar el presupuesto de 2026 y permitir que Lecornu conserve su cargo en medio de una fuerte fragmentación legislativa y dos mociones de censura presentadas por la extrema izquierda y la extrema derecha.
La suspensión de la reforma tiene un costo estimado de 400 millones de euros en 2026 y 1.800 millones en 2027, por lo que Lecornu exhortó a los partidos a acordar mecanismos alternativos para mantener el déficit por debajo del 5 % del PIB. La medida es considerada una concesión clave al Partido Socialista, cuyo respaldo es decisivo para la estabilidad del gobierno. Boris Vallaud, figura destacada de la bancada socialista, calificó la decisión como una “primera victoria” y señaló que buscarán eventualmente derogar la ley. En contraste, sectores conservadores criticaron la decisión; Bruno Retailleau, líder de Los Republicanos, advirtió que el costo de esta suspensión recaerá sobre los ciudadanos franceses.
Junto con esta decisión, Lecornu presentó un paquete fiscal de 30.000 millones de euros para compensar el costo de la suspensión y reducir el déficit. Entre las medidas destaca la creación de nuevos impuestos a grandes empresas y personas con altos ingresos, por un total estimado de 6.500 millones de euros, la ampliación del impuesto corporativo a empresas con ingresos superiores a 1.000 millones de euros, lo que aportaría otros 4.000 millones, un nuevo gravamen sobre alrededor de 10.000 holdings para combatir la evasión fiscal con el que se recaudaría 1.000 millones, y un aumento de impuestos a las 20.000 personas con mayores ingresos, que generaría 1.500 millones adicionales. Aunque el gobierno descartó por ahora un impuesto generalizado sobre el patrimonio, también anunció recortes de gasto público para reducir el déficit de 5,4 % en 2025 a 4,7 % en 2026. Lecornu reconoció que estos objetivos podrían flexibilizarse dependiendo de las negociaciones políticas.
La noticia fue bien recibida por los mercados financieros: los bonos franceses subieron y los costos de endeudamiento a 10 años cayeron al 3,39 %, su nivel más bajo en dos meses, lo que refleja cierta confianza de los inversionistas en que la medida pueda contribuir a estabilizar la situación política y fiscal. En un gesto hacia la oposición, Lecornu también anunció que no utilizará la cláusula constitucional 49.3, que permite aprobar leyes sin votación parlamentaria, prometiendo en cambio un debate abierto y votaciones en la Asamblea Nacional.
Esta decisión representa un cambio significativo en la estrategia de Macron y su primer ministro. Si bien fortalece temporalmente la posición de Lecornu al asegurar apoyos cruciales de la izquierda, también evidencia tensiones con sectores conservadores que podrían dificultar futuras alianzas. Además, la suspensión de la reforma previsional reconfigura el escenario político y económico de Francia, convirtiéndose en un tema clave para la estabilidad del gobierno y un eje central de la agenda electoral hacia 2027.
📌 Artículo de Financial Times — “El primer ministro francés congelará la reforma de pensiones de Emmanuel Macron hasta 2027”, por Sarah White e Ian Johnston, París.
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