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Contraloría General establece disposiciones especiales para la contratación pública, fiscalización y desembolso de fondos durante el Estado de Emergencia Nacional

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Mediante tres resoluciones publicadas en Gaceta Oficial No. 30647-A de 02 de noviembre de 2026, la Contraloría General de la República adoptó medidas destinadas a regular las garantías contractuales, fortalecer los mecanismos de fiscalización y establecer los procedimientos aplicables a la contratación y desembolso de fondos públicos durante el Estado de Emergencia Nacional.

Estas disposiciones se enmarcan en la Resolución de Gabinete No. 108 de 10 de octubre de 2026, mediante la cual se declaró el Estado de Emergencia Nacional como consecuencia de los movimientos sísmicos registrados el 9 de octubre de 2026.

La declaratoria autorizó la utilización del Procedimiento Especial de Adquisiciones de Emergencia, previsto en el artículo 85 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, que regula la contratación pública, para atender las necesidades derivadas de la emergencia.

Asimismo, se estableció inicialmente una suma de hasta B/.100,000,000.00 para la contratación de obras, bienes y servicios necesarios para atender las afectaciones ocasionadas, con un período de contratación autorizado hasta el 31 de diciembre de 2026, inclusive, sujeto a las modificaciones que pudiera adoptar el Consejo de Gabinete.

En este contexto, la Contraloría General emitió las Resoluciones No. 3343-DNFG/FySE, No. 3334-DNFG y No. 3336-2026-DNMySC, todas de 2 de noviembre de 2026, mediante las cuales se establecen disposiciones específicas para la gestión de las contrataciones y el control de los recursos destinados a la emergencia.

  1. FIANZA DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS DE OBRA

A través de la Resolución No. 3343-DNFG/FySE, la Contraloría General estableció que la cuantía de la fianza de cumplimiento aplicable a los contratos de obra celebrados mediante el Procedimiento Especial de Adquisiciones de Emergencia será equivalente al 15% del valor total del contrato.

Esta disposición tiene como finalidad regular la garantía destinada a respaldar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los contratistas frente al Estado durante la ejecución de obras vinculadas con la emergencia.

Su ámbito de aplicación se limita a los contratos de obra que se desarrollen bajo el procedimiento especial previsto en el artículo 85 de la Ley 22 de 2006, por lo que no constituye una modificación general del régimen de fianzas aplicable a todas las contrataciones públicas.

La resolución entró en vigor a partir de su publicación en la Gaceta Oficial y mantendrá su vigencia hasta que culminen los efectos de la Resolución de Gabinete No. 108 de 2026 y sus modificaciones.

2. CREACIÓN DE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE EMERGENCIA

Mediante la Resolución No. 3334-DNFG, se creó la Unidad de Fiscalización de Emergencia (UFEM), integrada por las Direcciones Nacionales de Ingeniería, Asesoría Jurídica y Fiscalización General, así como por representantes del Despacho Superior del Contralor General.

Esta unidad tiene a su cargo la fiscalización de los actos de manejo de las entidades ejecutoras que cuenten con la aprobación y asignación de fondos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para realizar contrataciones mediante el procedimiento especial y tramitar los correspondientes desembolsos con cargo al Fideicomiso de Administración No. 0040 de Fondos para Emergencias y Desastres Nacionales.

La resolución establece dos flujos de fiscalización diferenciados: uno correspondiente a los contratos y órdenes de compra y otro aplicable a las gestiones de cobro.

En materia de contratación, el procedimiento contempla la recepción y registro de los documentos contractuales, la verificación técnica de aquellos relacionados con obras, la revisión jurídica de los contratos y el examen de control previo, seguido del refrendo correspondiente, de conformidad con las delegaciones vigentes.

En cuanto a los desembolsos, se dispone la revisión de las gestiones de cobro, incluida la verificación técnica cuando se relacionen con obras, y su fiscalización mediante control previo y refrendo. Posteriormente, la Contraloría comunica electrónicamente el refrendo al MEF para la continuación del trámite de pago.

Adicionalmente, se contempla la posibilidad de realizar verificaciones mediante Unidades Móviles de Fiscalización de Emergencia (UMFEM), que podrán atender los trámites desde las regiones afectadas, a solicitud del Contralor General.

La creación de esta estructura especializada permite organizar la intervención de las distintas direcciones de la Contraloría en los procedimientos derivados de la emergencia, manteniendo mecanismos de revisión técnica, jurídica y financiera sobre los actos que comprometan recursos públicos.

3. GUÍA PARA LA GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y DESEMBOLSO DE FONDOS

Por su parte, la Resolución No. 3336-2026-DNMySC aprobó la Guía para la Gestión de la Contratación y Desembolso en el Estado de Emergencia Nacional, aplicable a las unidades administrativas, técnicas y operativas de las entidades que intervengan en dichos procedimientos.

La guía desarrolla medidas de control y establece los pasos que deben seguir las entidades públicas, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Contraloría General y el Banco Nacional de Panamá.

  1. En materia de contratación, las entidades ejecutoras deben presentar sus solicitudes de recursos y cronogramas de desembolso mediante la plataforma tecnológica Panamá Conecta. Posteriormente, el MEF valida la documentación, asigna los recursos en el fideicomiso y registra la aprobación correspondiente.

Una vez aprobada la asignación de fondos, la entidad ejecutora realiza el procedimiento especial de adquisiciones, elabora el contrato u orden de compra y lo remite a la Contraloría General para su examen de control previo y refrendo.

Posteriormente, el contratista entrega los bienes, presta los servicios o ejecuta las obras contratadas. Según corresponda, la entidad deberá generar la documentación que acredite su recepción o aceptación, incluyendo las actas e informes técnicos aplicables.

  • Respecto de los desembolsos, la guía establece que el contratista debe presentar su gestión de cobro y los documentos sustentadores ante la entidad ejecutora. Una vez autorizada, la solicitud se remite a la Contraloría General para su fiscalización y refrendo.

Cumplido este trámite, la Contraloría notifica electrónicamente al MEF, que emite y firma la orden de desembolso y la comunica al Banco Nacional de Panamá, encargado de ejecutar el pago al contratista.

De esta forma, la aprobación de una contratación no implica por sí sola la autorización automática de su pago, pues el desembolso queda sujeto al procedimiento de revisión, refrendo y autorización establecido.

4. TRANSPARENCIA, TRAZABILIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Entre las medidas de control previstas en la guía se establece que las actuaciones desarrolladas mediante el Procedimiento Especial de Adquisiciones de Emergencia deben observar los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas.

Para ello, Panamá Conecta constituye la plataforma para gestionar las solicitudes de asignación de fondos, debiendo garantizar la integridad e inalterabilidad de los registros y documentos generados.

Asimismo, toda gestión realizada bajo el procedimiento especial deberá registrarse, validarse y publicarse en PanamaCompra, lo que permite mantener la trazabilidad documental de las contrataciones realizadas durante la emergencia.

Las entidades ejecutoras también están obligadas a rendir cuentas ante la Contraloría General, en la forma y dentro de los plazos que esta determine, sin perjuicio de las verificaciones que puedan realizarse directamente en los lugares donde se ejecuten las contrataciones.

Estas medidas se complementan con las obligaciones de información y publicidad previstas en la Resolución de Gabinete No. 108 de 2026, entre ellas la presentación de informes sobre las adquisiciones efectuadas al amparo del régimen excepcional.

5. IMPLICACIONES PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y LOS CONTRATISTAS

Las disposiciones adoptadas tienen implicaciones tanto para las entidades públicas responsables de ejecutar los recursos como para los contratistas que participen en las adquisiciones de emergencia.

Para las entidades ejecutoras, se establece un procedimiento de gestión que exige sustentar las solicitudes de fondos, documentar las contrataciones, cumplir con los controles de fiscalización y conservar los expedientes correspondientes.

En cuanto a los contratistas, además de observar las obligaciones contractuales aplicables, quienes ejecuten contratos de obra comprendidos en la Resolución No. 3343-DNFG/FySE deberán constituir la fianza de cumplimiento por el 15% del valor total del contrato. Igualmente, las gestiones de cobro deberán acompañarse de los documentos que sustenten el desembolso solicitado.

Cabe destacar que, si bien la Resolución de Gabinete No. 108 de 2026 faculta a las entidades ejecutoras para iniciar procesos de contratación de forma directa e inmediata, sin autorización previa de la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel, ello no elimina la intervención fiscalizadora de la Contraloría General ni los requisitos de refrendo establecidos para los actos contractuales y los desembolsos.

CONSIDERACIONES FINALES

Las resoluciones emitidas por la Contraloría General de la República configuran un marco operativo específico para la gestión de las contrataciones públicas y los desembolsos asociados al Estado de Emergencia Nacional, declarado mediante la Resolución de Gabinete No. 108 de 10 de octubre de 2026, como consecuencia de los movimientos sísmicos registrados el 9 de octubre de 2026.

En conjunto, estas disposiciones desarrollan y complementan las medidas adoptadas por el Consejo de Gabinete, al regular las garantías aplicables a los contratos de obra, crear una unidad especializada para fiscalizar los trámites de emergencia y establecer procedimientos para la asignación de recursos, el refrendo de las contrataciones y el pago a los contratistas.

La importancia de estas disposiciones radica en que proporcionan los mecanismos administrativos y de fiscalización necesarios para hacer efectiva la respuesta del Estado ante la emergencia, facilitando la ejecución de obras, la adquisición de bienes y la prestación de servicios destinados a atender las necesidades de la población y contribuir a la recuperación de las infraestructuras y comunidades afectadas.

En este sentido, su aplicación adquiere especial relevancia ante la magnitud de los daños ocasionados y la necesidad de mantener una respuesta institucional oportuna frente a las consecuencias del evento sísmico. De esta manera, se busca que la celeridad requerida para atender la emergencia sea compatible con los principios de legalidad, transparencia, fiscalización y rendición de cuentas que deben regir la administración de los recursos públicos.

Así, estas resoluciones no solo desarrollan el régimen excepcional de contratación autorizado por el Consejo de Gabinete, sino que constituyen instrumentos fundamentales para materializar las acciones de atención, rehabilitación y recuperación de las zonas afectadas, sin prescindir de los controles necesarios para salvaguardar los fondos del Estado.

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