Artículo elaborado por Francisco Bustamante.
A MANERA DE PRÓLOGO
En marzo de 2025 se aprobó la ley 462 que reforma la Ley Orgánica 51 de la Caja de Seguro Social. En nuestra opinión, un paso necesario, inevitable ante la situación de insostenibilidad del Sistema Exclusivo de Beneficio Definido, SEBD, así como de la debilidad del Sistema Mixto, tal como fueron establecidos en las mesas conjuntas que en el año 2005 aprobaron las reformas del Sistema de Pensiones.
El nuevo artículo 161 de la Ley 51 reformada, contiene la obligación de una revisión actuarial de la pensión de retiro por vejez, al sexto año de vigencia. Dicha evaluación actuarial definirá la sostenibilidad del sistema de pensiones y los programas de la Caja de Seguro Social; analizará exclusivamente la necesidad de modificar o mantener la edad por retiro por vejez o el requerimiento de aportes adicionales por parte del Estado, sin afectar la estructura o el modelo de pensiones establecido en la ley. Es decir, reformas paramétricas.
El modelo de pensiones y su base en medidas paramétricas descansa en la realidad económica del siglo xix, cuando se crean los primeros sistemas de seguridad social. Las nuevas tecnologías demandaban mano de obra de manera significativa. En el siglo xxi la economía con distintas tecnologías genera mayor valor, pero con una menor demanda de mano de obra. Las variables sociales de edad, población, han variado, así como las expectativas de la población.
De esta manera, sostener los sistemas de pensiones a través de modificaciones en las medidas paramétricas provocan un encarecimiento del costo del factor trabajo, una tentación a la evasión, informalidad, mayores costos de producción y menores coberturas sociales.
En el caso particular de Panamá que presenta una dicotomía en su estructura productiva, altamente inserta en la economía mundial y que enfrenta los mismos retos que el mundo circundante, no puede recurrir a medidas de gestión de su tasa de cambio. Cualquier incremento de costos internos sin posibilidad de ajustes, repercute en su competitividad, limitando su capacidad de explorar nuevas opciones de mercado externas.
Cómo hacer más competitiva la economía panameña, sin encarecer el costo de producción, a la vez que se mantiene un sistema de seguridad social moderno y que alcance a cubrir a toda su población sin distorsiones ?
De eso se trata el documento que te comparto.
Panamá, 16 de noviembre de 2026
Resumen ejecutivo
Panamá enfrenta simultáneamente un problema fiscal, un problema previsional y un problema de competitividad. Los tres están relacionados, pero no son idénticos. El déficit es un flujo de financiamiento y no una fuente de riqueza. En una economía dolarizada, el Estado no puede monetizarlo mediante emisión propia ni corregir pérdidas de competitividad mediante una devaluación nominal. El ajuste recae, por tanto, en la productividad, los precios internos, el empleo, la política fiscal y la calidad institucional.
El déficit de la Caja de Seguro Social (CSS) constituye una obligación cuasifiscal: aunque nazca fuera del presupuesto ordinario, sus insuficiencias acaban requiriendo aportes públicos y reducen el espacio fiscal disponible para otras finalidades. La respuesta tradicional ha sido paramétrica: elevar cotizaciones, modificar prestaciones, aumentar transferencias o prolongar la permanencia en la fuerza laboral. Estas medidas pueden mejorar las cuentas actuariales, pero no corrigen por sí solas el cambio estructural que experimenta la base económica del sistema.
La seguridad social contributiva nació en la Alemania industrial del siglo XIX. Se diseñó para un mundo de empleo asalariado relativamente estable, grandes empresas intensivas en mano de obra y una relación directa entre expansión de la producción, aumento del empleo y crecimiento de las cotizaciones. La economía del siglo XXI es distinta: envejece, presenta trayectorias laborales discontinuas, incorpora trabajo independiente y plataformas digitales, y produce una proporción creciente de valor mediante capital, tecnología, automatización y activos intangibles.
La tesis central de esta propuesta es que Panamá debe conservar el vínculo contributivo entre trabajo, aportación y prestación, pero complementar su financiamiento con fuentes presupuestarias transparentes, bases tributarias más amplias, mecanismos de ahorro complementario y una participación cuidadosamente delimitada de rentas económicas asociadas a activos colectivos, concesiones o ventajas excepcionales. No se propone recaudar más por definición, sino recaudar mejor y distribuir el financiamiento de modo menos perjudicial para el empleo formal.
| Tesis de política económica La sostenibilidad no se alcanzará gravando cada vez más intensamente la misma base laboral. Debe combinarse disciplina actuarial con una transición gradual desde un sistema excesivamente dependiente de la planilla hacia una arquitectura diversificada, fiscalmente neutral y compatible con la productividad. |
1. Antecedentes históricos: del trabajador industrial a la ciudadanía económica
1.1 El nacimiento del seguro social moderno
El seguro social moderno surgió como respuesta a los riesgos creados por la industrialización. La urbanización, el trabajo fabril y la ruptura de las redes familiares tradicionales dejaron a amplios grupos de trabajadores expuestos a la enfermedad, los accidentes, la invalidez y la vejez sin ingresos. En Alemania, el canciller Otto von Bismarck promovió un conjunto de seguros obligatorios: enfermedad en 1883, accidentes de trabajo en 1884 y vejez e invalidez en 1889.
El programa de 1889 fue contributivo y obligatorio. Se financiaba mediante aportes de trabajadores, empleadores y el Estado. Su propósito no fue exclusivamente asistencial. También buscó preservar la capacidad productiva, integrar políticamente a la clase obrera y contener alternativas más radicales. El diseño vinculó la protección a la pertenencia al mercado laboral formal: trabajar, cotizar y adquirir un derecho.
El régimen inicial fijó la edad de acceso a la prestación de vejez en 70 años; Alemania la redujo a 65 en 1916. Esta precisión histórica importa porque demuestra que la edad de jubilación nunca fue un número sagrado. Fue una decisión institucional determinada por las posibilidades fiscales, la estructura demográfica y las condiciones sociales de cada época.
Fuente: Social Security Administration, “Otto von Bismarck” y “Age 65 Retirement”; OIT, “De Bismarck a Beveridge: seguridad social para todos”.
1.2 La lógica económica de la sociedad industrial
El modelo bismarckiano respondía a una estructura productiva reconocible: empleo asalariado, jornadas y salarios observables, empresas con plantillas numerosas y carreras laborales relativamente continuas. En ese entorno, la planilla era una base administrativa eficiente y una aproximación razonable a la capacidad productiva. Cuando crecía la fábrica, aumentaban los trabajadores; cuando aumentaban los trabajadores, se ampliaban las cotizaciones.
El sistema no nació como un derecho universal de ciudadanía, sino como un seguro laboral. Protegía primero a grupos de trabajadores incorporados a actividades industriales y posteriormente extendió su cobertura. Esta genealogía explica tanto su fortaleza como su limitación: el vínculo contributivo genera derechos claros, pero deja fuera o protege insuficientemente a quienes no participan de manera continua en el empleo formal.
1.3 De Bismarck a Beveridge
Durante el siglo XX, la protección social evolucionó desde seguros ocupacionales hacia sistemas más amplios. El Plan Beveridge británico de 1942 propuso un sistema unificado con una función explícita de garantía mínima y lucha contra la pobreza. Desde entonces, numerosos países combinan dos lógicas: seguro contributivo para sustituir ingresos laborales y solidaridad fiscal para garantizar protección básica.
| Distinción esencial El seguro contributivo y la solidaridad nacional no son incompatibles. Responden a riesgos y fuentes de legitimidad diferentes. Mezclarlos sin identificarlos oscurece quién aporta, qué derecho adquiere y qué obligación corresponde al conjunto de la sociedad. |
1.4 La sociedad del siglo XXI
La economía contemporánea se aparta de la estructura que dio origen al sistema. La esperanza de vida es mayor; la fecundidad y el crecimiento de la fuerza laboral se reducen; las personas alternan empleo asalariado, trabajo independiente, emprendimiento y periodos fuera de la formalidad. Al mismo tiempo, la automatización cambia la composición de la demanda laboral: disminuye la demanda de algunas tareas rutinarias, aumenta la necesidad de capacidades técnicas, analíticas y relacionales, y permite producir más con menos horas de trabajo directo en determinadas actividades.
Esto no significa que el trabajo vaya a desaparecer. Significa que la planilla puede crecer más lentamente que el valor añadido. Un sistema financiado casi exclusivamente sobre salarios se vuelve vulnerable cuando la producción se desplaza hacia capital, software, propiedad intelectual, plataformas y procesos automatizados. La arquitectura previsional debe adaptarse sin penalizar la innovación que eleva la productividad.
2. Déficit, financiamiento y creación de riqueza
Un déficit expresa que, durante un periodo, una institución gasta más de lo que recibe. No constituye riqueza nueva. Si financia inversión productiva, puede ampliar la capacidad futura; si sostiene gasto corriente permanente sin ingresos permanentes, traslada obligaciones a ejercicios posteriores y comprime otras prioridades.
En Panamá, el Estado no dispone de una moneda nacional que pueda emitir autónomamente. Debe obtener dólares mediante impuestos, contribuciones, deuda, rentas de activos, exportaciones de servicios o entradas de capital. Por ello, un déficit persistente se refleja con mayor rapidez en endeudamiento, costo financiero y menor espacio presupuestario.
El déficit previsional es cuasifiscal en su origen y fiscal en sus consecuencias. Si la CSS no puede atender una obligación, el respaldo del Estado convierte esa insuficiencia en una demanda presupuestaria. La transparencia exige consolidar las obligaciones previsionales presentes y futuras con el resto de los compromisos públicos.
3. Tipo de cambio nominal, tipo de cambio real y competitividad
El tipo de cambio nominal indica cuántas unidades de una moneda se entregan por otra. Una depreciación nominal significa que la moneda nacional pierde valor frente a la extranjera; una apreciación nominal significa lo contrario. Panamá, al utilizar el dólar, no puede decidir una depreciación nominal frente al propio dólar.
El tipo de cambio real incorpora además la relación entre los niveles de precios o costos de un país y los de sus socios comerciales. Puede representarse de manera simplificada como el tipo nominal multiplicado por los precios externos y dividido por los precios internos. Aunque el tipo nominal permanezca fijo, Panamá puede experimentar una apreciación real si sus salarios, alquileres, energía, transporte u otros costos suben más que la productividad y que los precios de sus competidores.
Una apreciación real significa que producir en Panamá se vuelve relativamente más caro; una depreciación real, que se vuelve relativamente más barato. Sin el instrumento cambiario, la corrección depende de aumentar productividad, contener cargas improductivas, mejorar infraestructura y regulación, o ajustar márgenes, salarios y empleo. Esta última vía puede ser socialmente dolorosa y recesiva.
Aquí aparece la conexión con la CSS: elevar repetidamente las cargas sobre la planilla puede mejorar los ingresos por trabajador, pero también incrementar el precio relativo del empleo formal. La solución financiera puede erosionar la competitividad y reducir la propia base que la sostiene.
4. La contradicción del modelo contributivo tradicional
Las cotizaciones obrero-patronales generan derechos y no deben confundirse jurídicamente con un impuesto ordinario. Desde el punto de vista económico, sin embargo, forman parte de la cuña entre el costo total que asume la empresa y la remuneración disponible para el trabajador.
La incidencia final no coincide necesariamente con quien realiza el pago legal. Según las condiciones del mercado, una parte de la cuota patronal puede trasladarse a salarios más bajos, precios más altos, menor rentabilidad o menor contratación. Por ello, aumentar la tasa legal no garantiza que todo el costo recaiga sobre el empleador.
| La contradicción central Cuanto más se intenta salvar el sistema elevando la carga sobre el empleo formal, mayor puede ser el incentivo a no crear ese empleo, sustituirlo, informalizarlo o trasladar parte del costo al salario. El mecanismo de financiamiento puede debilitar la fuente que pretende fortalecer. |
Esta contradicción debe medirse, no presumirse. La respuesta adecuada exige calcular la cuña efectiva por nivel salarial, sector y tamaño de empresa, así como la elasticidad de la formalización y de la demanda de trabajo. Una reducción focalizada puede tener efectos importantes en empleos de baja productividad y escasa incidencia en otros segmentos.
5. Dos crisis distintas: actuarial y estructural
5.1 Crisis actuarial
Existe una crisis actuarial cuando el valor esperado de las cotizaciones, reservas y rendimientos no alcanza para cubrir las prestaciones prometidas bajo las reglas vigentes. Sus variables principales son la tasa de cotización, salarios, número de cotizantes, edad de retiro, longevidad, tasa de reemplazo, densidad de aportes y rendimiento de las reservas. Puede mitigarse mediante ajustes paramétricos, aportes adicionales o cambios en las prestaciones.
5.2 Crisis estructural
La crisis estructural aparece cuando las bases económicas y sociales sobre las que fue diseñado el sistema dejan de describir adecuadamente la realidad. No se limita a un faltante de caja. Incluye informalidad persistente, envejecimiento, carreras discontinuas, nuevas formas de trabajo, automatización y una participación creciente del capital y los intangibles en la creación de valor.
Una sociedad puede crecer sin que ese aumento se distribuya proporcionalmente mediante salarios formales. Los sectores modernos y productivos pueden expandirse con plantillas relativamente reducidas, mientras una parte importante de la población permanece en actividades de baja productividad o informalidad. La percepción social de “extracción a favor de un grupo” surge cuando quienes están dentro del sistema soportan tasas crecientes para financiar derechos acumulados, mientras una mayoría contribuye de forma intermitente o queda fuera. El problema no es únicamente distributivo; es el resultado de financiar una obligación amplia sobre una base formal estrecha.
La reforma paramétrica atiende la aritmética del sistema existente. La reforma estructural cambia la arquitectura para que la protección siga siendo financiable en una economía diferente. Panamá necesita ambas, pero no debe confundirlas.
6. Devaluación fiscal: concepto, alcance y límites
La devaluación fiscal es una recomposición de la estructura tributaria destinada a obtener parte de los efectos de una depreciación cambiaria sin alterar la moneda. Su formulación clásica reduce contribuciones o impuestos sobre el trabajo y compensa la pérdida mediante impuestos al consumo u otras bases que no recaigan directamente sobre la contratación.
Si la reducción de la carga laboral disminuye el costo de producir localmente, mientras el impuesto compensatorio grava también las importaciones vendidas en el mercado interno, los bienes y servicios nacionales pueden mejorar su posición relativa. El resultado no reproduce de forma exacta una devaluación monetaria, pero puede favorecer empleo formal y competitividad.
El objetivo debe ser la neutralidad recaudatoria y económica: el Estado no utiliza la reforma como pretexto para elevar la presión total, sino que traslada gradualmente parte del financiamiento desde una base estrecha y distorsionante hacia bases más amplias. Neutralidad no significa que nadie resulte afectado; significa que el cambio se diseña para conservar los ingresos necesarios y reducir distorsiones netas, con compensaciones explícitas a los grupos vulnerables.
La devaluación fiscal no sustituye la productividad. Una rebaja de cuotas obrero patronal será transitoria o ineficaz si permanecen deficiencias en educación, infraestructura, energía, justicia, competencia, regulación, contratación pública y administración tributaria. La política correcta combina alivio selectivo sobre la planilla con reformas que aumenten la productividad total.
7. Una arquitectura de financiamiento en cinco pilares
Pilar I. Aportaciones vinculadas al empleo
Trabajadores y empleadores deben continuar aportando al componente que sustituye ingresos laborales durante la vejez, invalidez o supervivencia. La expresión “vínculo contributivo” significa que las aportaciones generan derechos identificables y que el beneficio guarda una relación regulada con el historial de cotización.
Diversificar el financiamiento no debe convertir todas las pensiones en una transferencia idéntica financiada por impuestos. Debe preservarse una diferencia transparente entre la prestación adquirida por cotizaciones y el suplemento de solidaridad que la sociedad decida garantizar. Esto protege la confianza, evita promesas sin respaldo y mantiene incentivos para declarar salarios y cotizar.
Pilar II. Solidaridad financiada por el presupuesto
Las obligaciones que benefician a toda la comunidad o que no se originan en un historial suficiente de aportes deben registrarse y financiarse con ingresos generales. Esto comprende, según la definición legal que se adopte, pensiones no contributivas, complementos mínimos, programas como 120 a los 65 y parte de los costos de transición del componente de beneficio definido.
La razón es distributiva y contable. Si una prestación se concede por ciudadanía, pobreza o política social, no debe imputarse silenciosamente a quienes cotizan en la formalidad. Debe aparecer en el presupuesto, competir transparentemente con otros usos de los recursos públicos y contar con una fuente permanente. En la práctica actual ya existen transferencias estatales; la propuesta es clasificarlas, hacerlas previsibles y evitar que se confundan con el rendimiento del seguro contributivo.
Pilar III. Fondo de Solidaridad Intergeneracional
Se propone evaluar un fideicomiso público independiente de la administración ordinaria de la CSS. Su finalidad sería capitalizar ingresos extraordinarios o patrimoniales y transferir únicamente una fracción compatible con su preservación de largo plazo.
Podrían considerarse, previo análisis legal y económico, ingresos no recurrentes derivados de nuevas concesiones, cánones renegociados, recuperación de activos públicos, dividendos extraordinarios de empresas estatales o una porción definida de rentas procedentes de activos nacionales. No debe asignarse automáticamente el ingreso ordinario del Canal ni comprometerse recursos ya destinados constitucional o legalmente sin un examen integral.
El fideicomiso requeriría junta profesional independiente, política de inversión pública, límites de concentración, auditoría externa, prohibición de préstamos dirigidos, regla de retiro actuarial y rendición de cuentas al país. Su existencia no sustituiría las cotizaciones ni financiaría gasto corriente. Serviría para distribuir en el tiempo recursos excepcionales y reducir la vulnerabilidad entre generaciones.
Pilar IV. Bases tributarias amplias y ciudadanía económica
La ciudadanía económica parte de reconocer que la participación de una persona en la economía no se limita a su condición de trabajador asalariado. Las personas también participan como trabajadoras independientes, emprendedoras, consumidoras, ahorradoras, cuidadoras y usuarias de bienes y servicios públicos. La protección social posee, por tanto, una dimensión laboral, vinculada a las cotizaciones, y otra colectiva, relacionada con la pertenencia a una comunidad económica y con la protección frente a riesgos sociales comunes.
Este concepto permite superar una visión estrictamente laboral de la seguridad social, según la cual la protección depende exclusivamente de la participación continua en el empleo formal. No implica abandonar la responsabilidad individual ni eliminar las cotizaciones. Significa reconocer que una garantía mínima frente a la vejez, la invalidez, la enfermedad o la pobreza responde también a objetivos de cohesión social y estabilidad económica que benefician al conjunto de la sociedad.
En consecuencia, las prestaciones adquiridas mediante aportaciones deben continuar financiándose principalmente con las contribuciones de trabajadores y empleadores. En cambio, las prestaciones universales, asistenciales o redistributivas pueden financiarse mediante ingresos generales y bases tributarias más amplias. Esta separación permite preservar el vínculo entre aportación y derecho, al tiempo que distribuye entre toda la sociedad el costo de las obligaciones de solidaridad nacional.
Entre las fuentes que merecen una evaluación técnica se encuentran:
- los impuestos selectivos vinculados a externalidades negativas;
- los gravámenes ambientales;
- la tributación de determinadas actividades digitales, conforme a las reglas internacionales;
- la revisión de exoneraciones e incentivos que no produzcan beneficios económicos o sociales verificables;
- la incorporación tributaria de actividades informales con capacidad económica comprobada;
- la reasignación de ingresos presupuestarios existentes;
- una participación prudente de los impuestos al consumo;
- los cánones, regalías o rendimientos derivados del aprovechamiento de activos nacionales;
- los ingresos asociados a concesiones públicas, recursos naturales, espectro radioeléctrico e infraestructura estratégica.
Los activos nacionales no deben tratarse como si fueran económicamente equivalentes. El Canal de Panamá, las concesiones mineras, el espectro radioeléctrico, los puertos y los centros de comunicación poseen regímenes jurídicos, necesidades de inversión y estructuras de ingresos diferentes. Cualquier participación de estas fuentes en el financiamiento de la seguridad social exige determinar previamente cuánto aportan ya al Estado, qué compromisos de inversión deben atender y qué proporción de sus ingresos representa una renta económica atribuible al uso de un activo colectivo.
El ITBMS y la protección de los hogares vulnerables
En Panamá, la exclusión del ITBMS para los productos alimenticios, los servicios vinculados con la salud y los servicios educativos constituye una protección distributiva importante. Estas exenciones reducen la carga sobre consumos esenciales y limitan el efecto del impuesto en los hogares de menores ingresos.
Sin embargo, las exenciones no eliminan por sí solas la regresividad del impuesto al consumo.
La razón fundamental es que los hogares de menores ingresos necesitan destinar al consumo una proporción mucho mayor de sus recursos. Los hogares de ingresos altos, en cambio, pueden consumir una parte de su renta y ahorrar o invertir el resto. Por ello, aunque alimentos, salud y educación estén exentos, el ITBMS soportado sobre otros bienes y servicios representa normalmente una proporción mayor del ingreso de los hogares vulnerables.
Estos hogares continúan pagando el impuesto en la adquisición de ropa, calzado, artículos de higiene personal, telecomunicaciones, reparaciones, equipos domésticos y numerosos bienes y servicios necesarios para la vida cotidiana. Considerados en conjunto, estos consumos pueden representar una parte significativa de su presupuesto.
Las exenciones tampoco están focalizadas según la capacidad económica del consumidor. El beneficio se concede en función del producto adquirido y no del ingreso de quien lo compra. En consecuencia, la exención favorece tanto al hogar vulnerable como al hogar de altos ingresos. Este último puede obtener incluso un beneficio monetario mayor si consume bienes o servicios exentos de mayor valor.
Existe, además, una diferencia entre una operación exenta y una operación sometida a tasa cero. En determinadas exenciones, el proveedor puede no recuperar íntegramente el ITBMS pagado en sus insumos. Cuando esto ocurre, una parte del impuesto puede incorporarse a los costos de producción o comercialización y trasladarse al precio final. La exención reduce la carga visible para el consumidor, pero no garantiza necesariamente que toda la cadena económica quede libre de imposición indirecta.
Por estas razones, las exenciones aplicables a alimentos, salud y educación deben considerarse una primera línea de protección, pero no un mecanismo suficiente para neutralizar la regresividad.
De la exención de productos a la protección de hogares
Para neutralizar efectivamente la regresividad no basta con proteger determinados productos. Es necesario proteger directamente a los hogares vulnerables.
El sistema tributario debe evaluarse en su conjunto
La progresividad no debe juzgarse exclusivamente observando el ITBMS de manera aislada. Debe evaluarse el efecto conjunto de:
- los impuestos directos;
- los impuestos al consumo;
- los impuestos selectivos;
- las cotizaciones sociales;
- las transferencias monetarias;
- los subsidios;
- las pensiones no contributivas;
- los servicios públicos de salud y educación.
Un impuesto al consumo puede resultar regresivo cuando se analiza separadamente y, sin embargo, formar parte de un sistema fiscal progresivo si los recursos recaudados financian transferencias y servicios que benefician proporcionalmente más a los hogares de menores ingresos.
También puede ocurrir lo contrario. Una lista extensa de exenciones puede parecer progresiva, pero resultar costosa y poco redistributiva si otorga beneficios monetarios importantes a consumidores de altos ingresos y reduce los recursos disponibles para financiar políticas sociales focalizadas.
La cuestión relevante no consiste únicamente en determinar qué productos deben quedar exentos, sino en establecer qué hogares soportan finalmente la carga tributaria y qué beneficios reciben a cambio.
Conclusión distributiva
Las exenciones del ITBMS aplicables a alimentos, salud y educación reducen la regresividad del impuesto, pero no la eliminan. El beneficio se determina por el producto consumido y no por la capacidad económica del consumidor. En consecuencia, también favorece a hogares que no necesitan protección y puede ofrecerles un beneficio monetario superior.
Para neutralizar la carga sobre los estratos vulnerables se necesita complementar las exenciones esenciales con una devolución focalizada, suficiente y actualizable del impuesto soportado. Esta compensación debe alcanzar a los hogares informales, considerar su composición familiar y preservar su poder adquisitivo frente a la inflación.
En síntesis, las exenciones protegen bienes esenciales; la neutralidad distributiva exige proteger directamente a los hogares.
Esta protección permitiría utilizar prudentemente bases tributarias más amplias para financiar la solidaridad social sin trasladar una carga desproporcionada a los sectores vulnerables. De esa manera, la ciudadanía económica no se expresaría solamente como una obligación general de contribuir, sino también como el derecho a que la estructura tributaria reconozca las diferencias reales de ingreso, consumo y capacidad económica.
Pilar V. Ahorro previsional complementario
Panamá puede aprovechar la experiencia del SIACAP para promover mecanismos complementarios en otros segmentos laborales. El objetivo no es sustituir la pensión obligatoria, sino facilitar cuentas portables, de bajo costo, con aportaciones voluntarias o adhesión automática y posibilidad de contribución del empleador.
El diseño debe proteger a los afiliados mediante comisiones transparentes, opciones de inversión simples, portabilidad y supervisión. Dado que muchos hogares tienen baja capacidad de ahorro, los incentivos fiscales deben concentrarse en aportaciones pequeñas y medias, evitando subsidios desproporcionados a quienes habrían ahorrado de todos modos.
8. Rentas económicas: precisión frente a confiscación
Una renta económica es el ingreso que excede la remuneración mínima necesaria para mantener un factor o actividad en su uso actual. No equivale a toda utilidad ni a una rentabilidad alta. Una empresa puede obtener beneficios elevados por innovación, inversión, eficiencia y riesgo; esos beneficios cumplen una función económica y no deben presumirse extraordinarios.
La renta puede aparecer cuando existe un recurso escaso, una concesión exclusiva, una posición monopólica, una barrera regulatoria o una ventaja geográfica que no depende exclusivamente del esfuerzo del propietario. En esos casos, una parte del rendimiento proviene del acceso a un activo colectivo o de una escasez protegida.
La captura pública puede adoptar formas distintas al impuesto: subastas competitivas, cánones, regalías, tarifas por uso, reglas de competencia o dividendos sobre activos estatales. Antes de crear un gravamen, debe determinarse si el Estado ya participa de la renta, si el contrato garantiza inversión y si una carga adicional alteraría decisiones productivas.
- Generalidad: reglas objetivas aplicables a categorías, no a empresas escogidas.
- Neutralidad: no penalizar inversión, innovación o productividad.
- Medición: separar rendimiento normal, prima de riesgo y renta económica.
- Estabilidad: evitar cambios retroactivos o discrecionales.
- Destino: asignación transparente, con límites y evaluación pública.
9. Neutralidad tecnológica y adaptación laboral
No se recomienda un impuesto general a robots, inteligencia artificial o automatización. La tecnología puede elevar salarios, seguridad y productividad, y Panamá necesita esas ganancias. Gravar la herramienta por sí misma crearía incentivos para retrasar inversión o cambiar artificialmente la combinación de factores.
La neutralidad tecnológica exige que empresas con capacidad económica comparable contribuyan de manera semejante, aunque generen valor mediante combinaciones distintas de trabajo, capital o intangibles. La modernización debe centrarse en las bases de renta, consumo o uso de activos públicos, no en contar máquinas.
La transición debe financiar formación continua, certificación de competencias y reconversión. La automatización modifica tareas más que ocupaciones completas; la política laboral debe ayudar a trabajadores y empresas a reorganizar tareas, no intentar congelar la tecnología.
10. Gobernanza y capacidad administrativa
Ninguna nueva fuente de ingresos resolverá el problema si la CSS y la administración tributaria no mejoran su eficiencia. La reforma financiera debe condicionarse a avances verificables en afiliación, cobro, fiscalización, compras, gestión clínica, servicio al usuario, inversión de reservas y producción de información actuarial.
- contabilidad separada por componente y fuente;
- balance actuarial anual y proyecciones de largo plazo;
- transferencias automáticas y verificables del Tesoro;
- administración profesional e independiente de reservas y del fideicomiso propuesto;
- prohibición de financiar gasto corriente con reservas previsionales;
- datos abiertos sobre afiliación, evasión, prestaciones, inversiones y costos;
- auditoría externa y evaluación quinquenal;
- reglas de corrección previamente definidas.
11. Ruta de transición: por qué importa y cómo ejecutarla
La transición es indispensable porque el sistema debe seguir pagando prestaciones mientras cambia su estructura de ingresos. Una reforma abrupta puede abrir un faltante inmediato, elevar precios o alterar contratos. Una reforma demasiado lenta puede permitir que el déficit consuma el espacio fiscal. La ruta debe sincronizar reducción de cargas, entrada de ingresos sustitutos y mejora administrativa.
Fase 1. Diagnóstico y cuentas transparentes
Medir cuña laboral, elasticidad de la formalidad, obligaciones contributivas y solidarias, proyección de masa salarial, incidencia tributaria, evasión y rendimiento neto de reservas. Esta fase produce la línea base y evita diseñar la reforma con ejemplos hipotéticos.
Fase 2. Separación contable y jurídica
Identificar qué prestaciones corresponden al seguro, cuáles a solidaridad general, cuáles son costos de transición y cuáles pertenecen al sistema de salud. El presupuesto debe mostrar transferencias y fuentes permanentes para cada componente.
Fase 3. Fortalecimiento administrativo
Antes de ampliar ingresos, establecer metas de cobro, afiliación de independientes, interoperabilidad de datos, compras y rendimiento de inversiones. Parte del apoyo presupuestario puede condicionarse al cumplimiento de hitos verificables.
Fase 4. Pilotos de devaluación fiscal
Aplicar reducciones focalizadas y temporales de cargas para nuevas contrataciones en segmentos de alta informalidad, con compensación presupuestaria ya recaudada. Cada piloto debe tener grupo comparable, fecha de cierre y evaluación independiente.
Fase 5. Diversificación permanente
Solo después de comprobar resultados, incorporar fuentes alternativas estables y reducir simultáneamente la carga laboral correspondiente. Ninguna rebaja debe descansar en promesas de recaudación futura.
Fase 6. Evaluación y cláusulas de corrección
Revisar empleo formal, informalidad, recaudación, solvencia actuarial, pobreza en la vejez, inversión, productividad, inflación y distribución. Las correcciones deben estar predefinidas para reducir discrecionalidad política.
12. Principios rectores
- El déficit financia una brecha, pero no crea por sí mismo recursos reales.
- El déficit de la CSS tiene consecuencias fiscales, aunque su origen institucional sea separado.
- Panamá debe ajustar competitividad sin devaluación nominal.
- Las cotizaciones mantienen el vínculo entre aportación y derecho.
- La solidaridad nacional debe aparecer explícitamente en el presupuesto.
- No debe elevarse indefinidamente la carga sobre una base laboral estrecha.
- Toda sustitución de ingresos debe ser simultánea, verificable y aproximadamente neutral.
- Las rentas económicas deben definirse técnicamente y capturarse mediante reglas generales.
- La tecnología debe promoverse, mientras las bases tributarias se modernizan.
- La sostenibilidad exige eficiencia de la CSS, de la administración tributaria y del Estado.
Conclusión
La reforma de la CSS no puede separarse de la estrategia fiscal, laboral y productiva de Panamá. La dolarización protege la estabilidad monetaria, pero elimina la emisión autónoma y la devaluación nominal como mecanismos de ajuste. Esto hace todavía más importante la productividad y la calidad de la estructura fiscal.
El país no resolverá de forma sostenible el problema previsional si responde a cada insuficiencia aumentando la carga sobre el empleo formal. Esa vía puede reforzar los ingresos en el corto plazo y, al mismo tiempo, reducir contratación, salarios declarados y formalización. La reforma paramétrica es necesaria para corregir la aritmética; la reforma estructural es necesaria para adaptar el sistema a la economía contemporánea.
La arquitectura propuesta conserva aportaciones laborales, separa la solidaridad presupuestaria, crea una opción de ahorro intergeneracional profesionalmente administrada, amplía prudentemente las bases de financiación y promueve ahorro complementario. No castiga el capital ni la tecnología. Busca que cada fuente financie la función que le corresponde y que la carga total sea compatible con inversión, empleo y equidad.
| Pregunta decisiva ¿Cómo garantizar pensiones dignas y financieramente sostenibles, sin debilitar la creación de empleo y riqueza, en una economía dolarizada que atraviesa restricciones fiscales y una transformación estructural de su demografía, su mercado laboral y su tecnología, y cuyo margen de ajuste depende fundamentalmente de la productividad, la eficiencia y la calidad institucional? |
Responder exige abandonar la falsa elección entre subir cuotas o aumentar subsidios. La verdadera política consiste en decidir qué protección corresponde al seguro laboral, qué solidaridad corresponde a toda la sociedad, qué bases económicas deben financiar cada componente y qué transición permite realizar el cambio sin crear un nuevo desequilibrio.
Referencias básicas
- Caja de Seguro Social de Panamá. Texto Único de la Ley 51 de 2005, con las reformas de la Ley 462 de 2025. Gaceta Oficial N.° 30284-B, 22 de mayo de 2025.
- Organización Internacional del Trabajo. De Bismarck a Beveridge: seguridad social para todos. 2009.
- Social Security Administration, History Archives. Otto von Bismarck; Age 65 Retirement.
- Gillion, C.; Turner, J.; Bailey, C.; Latulippe, D. Social Security Pensions: Development and Reform. OIT, 2000.




