Aranceles de Trump bajo la lupa: Tribunal de EE.UU. los declara ilegales
El pasado viernes 29 de agosto de 2025, el Tribunal de Apelaciones Federal de Estados Unidos emitió un fallo de gran trascendencia al declarar ilegales los aranceles globales impuestos por el presidente Donald Trump bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). La decisión, derivada de los casos V.O.S. Selections, Inc. v. Trump y de las demandas presentadas por diversos estados de la Unión, entre ellos Oregón, concluyó que dicha normativa no otorga facultades al Ejecutivo para establecer gravámenes de carácter tan amplio sin la intervención del Congreso.
Los demandantes en este proceso conformaron un frente heterogéneo. Por un lado, empresas importadoras como V.O.S. Selections, Inc., dedicada al comercio de vinos y licores, que denunciaron que los aranceles encarecían desproporcionadamente sus productos y reducían su competitividad en el mercado estadounidense. Por otro lado, varios estados —destacando Oregón— se sumaron al litigio alegando que los aranceles lesionaban sus economías locales, incrementaban los costos para consumidores y pequeñas empresas, y afectaban de manera directa sectores estratégicos como la agricultura, la manufactura y el comercio minorista. En conjunto, los demandantes sostuvieron que las medidas constituían un abuso de poder ejecutivo, al aplicarse sin autorización legislativa y en detrimento del orden constitucional de competencias.
El razonamiento del tribunal fue igualmente contundente. Los jueces precisaron que la IEEPA fue concebida como una herramienta para restringir activos financieros o transacciones en situaciones de emergencia nacional, no como una autorización general para imponer aranceles masivos de carácter estructural. Señalaron que el Congreso, a través de la Constitución y de leyes posteriores como la Trade Expansion Act de 1962 y la Trade Act de 1974, reservó para sí mismo la facultad de legislar en materia de comercio exterior, habilitando al presidente únicamente en casos concretos y bajo criterios definidos. Al imponer aranceles globales bajo el paraguas de la IEEPA, la administración de Trump no solo excedió los límites de la ley, sino que alteró el delicado equilibrio de poderes entre Ejecutivo y Legislativo. El tribunal también advirtió que aceptar la interpretación amplia de la IEEPA planteada por la defensa presidencial equivaldría a conferir al Ejecutivo una potestad prácticamente ilimitada en política comercial, lo cual resultaría incompatible con el principio de separación de poderes.
El fallo afecta directamente los denominados “Liberation Day tariffs”, que consistían en un arancel base del 10 % sobre prácticamente todas las importaciones, así como incrementos recíprocos aplicados a países con déficit comercial frente a Estados Unidos, entre los que se encontraban China, Canadá y México. No obstante, la decisión no alcanza otros aranceles específicos impuestos bajo marcos jurídicos distintos, como los relativos al acero, aluminio o cobre, que permanecen vigentes.
Aunque el tribunal determinó la ilegalidad de la medida, los aranceles se mantendrán aplicables hasta el 14 de octubre de 2025, con el fin de dar margen a que la administración solicite una revisión acelerada por parte de la Corte Suprema. Este período de suspensión busca evitar un impacto inmediato en el comercio internacional y facilitar la transición hacia una definición definitiva en sede judicial superior.
La reacción política no se hizo esperar. El presidente Trump criticó con dureza la sentencia, advirtiendo que la eliminación de los aranceles pondría en riesgo inversiones por el orden de 15 billones de dólares y llevaría a Estados Unidos a una “decadencia de Tercer Mundo”. Atribuyó el fallo a una supuesta injerencia de la “izquierda radical” en el poder judicial y prometió buscar vías legales alternativas para mantener la política arancelaria. Por su parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que existen otros mecanismos jurídicos que permitirían sostener medidas de este tipo, como la Sección 338 de la Smoot-Hawley Act, lo que refleja la intención del Ejecutivo de continuar utilizando los aranceles como herramienta estratégica.
El fallo generó de inmediato repercusiones en los mercados financieros. Wall Street cerró con pérdidas considerables, los rendimientos de los bonos a largo plazo aumentaron y los inversionistas se refugiaron en activos considerados seguros. El oro superó la barrera de los 3,500 dólares por onza, un récord histórico que refleja la magnitud de la incertidumbre. Economistas alertaron sobre el riesgo de que el gobierno se vea obligado a devolver los aranceles recaudados, lo cual podría incrementar significativamente el déficit fiscal.
En el plano internacional, la decisión representa un cambio en la narrativa comercial estadounidense. Mientras que los países afectados celebran el fallo como un alivio a la tensión comercial, la suspensión temporal mantiene un clima de incertidumbre sobre la estabilidad de las relaciones comerciales y la dirección futura de la política económica de Estados Unidos.
El desenlace ahora queda en manos de la Corte Suprema, cuya decisión será determinante para establecer los límites del poder presidencial en materia comercial y definir el alcance de los instrumentos jurídicos con los que Estados Unidos regula sus relaciones internacionales. Hasta entonces, el mundo empresarial y los gobiernos extranjeros permanecen a la expectativa de si los aranceles de Trump quedarán definitivamente anulados o si encontrarán nueva vida bajo un marco jurídico alternativo.
Fuentes:
https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/cafc/25-1812/25-1812-2025-08-29.html
https://www.indiatimes.com/trending/donald-trump-defends-tariffs-after-us-court-ruling-warns-ending-duties-would-risk-15-trillion-investment-third-world-decline-668557.html