Por: José Ignacio Piña Rojas

Desde su toma de posesión, el pasado 20 de enero, el presidente Donald Trump se comprometió con su electorado a instrumentar una ambiciosa agenda y a reformar el Gobierno federal, a través de innumerables órdenes ejecutivas, en las que está dando prioridad a temas como la migración, el comercio y la seguridad nacional.

Como parte de su slogan de campaña “Make America Great Again”, Trump intenta en realidad revivir la “Edad Dorada” (Gilded Age) de los Estados Unidos, cuando el presidente de ese país era William McKinley (1897-1901) y cuya administración se caracterizó especialmente por  la imposición de aranceles a las importaciones para proteger la producción estadounidense, así como por la expansión de su territorio, que incluyó la adquisición en esa época de Puerto Rico, Guam, Filipinas y Hawaii.

En el contexto de esta agresiva política, el mandatario norteamericano ha formulado declaraciones provocadoras que van desde adquirir Groenlandia; recuperar el control del Canal de Panamá; convertir a Canadá en el estado 51 de los Estados Unidos, hasta imponer tarifas arancelarias a varios países, entre ellos a México y a Canadá, sus principales socios comerciales, con el argumento de que permiten la migración irregular y el tráfico de drogas por sus respectivas fronteras.

En el caso particular del Canal de Panamá, espacio de gran valor geoestratégico, Trump no ha descartado el uso de la coerción militar o económica para conseguir que Estados Unidos recupere su control ya que lo considera vital para sus intereses económicos y de seguridad nacional.

Dentro de esta misma narrativa disruptiva, el mandatario estadounidense ha realizado diversas afirmaciones a todas luces falsas como el hecho de que esta importante vía interoceánica está controlada por China. Si bien es cierto que la firma hongkonesa “Hutchison Holdings” se ha hecho de concesiones públicas, a través de las cuales ha adquirido instalaciones portuarias en ambas entradas del Canal, tanto en el Pacifico (Puerto de Balboa) como en el Atlántico (Puerto Cristóbal), ello no significa que esté bajo control de los chinos.

Como es de todos conocido, los Tratados Torrijos-Carter, suscritos en septiembre de 1977, no fueron un acto caprichoso, sino el resultado de años de lucha y protesta del pueblo panameño para recuperar la plena soberanía sobre la totalidad de su territorio. Además del Tratado del Canal, mediante el cual la administración de la vía acuática pasó de los Estados Unidos a Panamá, cuyo proceso culminó el 31 de diciembre de 1999, también se suscribió el Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente del Canal, en el que se establecieron diversas obligaciones para que dicha vía interoceánica permanezca en todo momento neutral y abierta al tránsito de naves de todas las naciones sin discriminación alguna. En este instrumento, además del compromiso de Estados Unidos de garantizar su seguridad permanente, se estableció la concesión de dar prioridad de paso a los buques de guerra estadounidenses por el Canal, pero sin que ello implicara la condonación del pago del peaje correspondiente.

Desde su transferencia a Panamá en diciembre de 1999, el Canal ha operado con gran eficiencia y ha significado un gran activo no sólo para la economía panameña, sino para el comercio internacional. Actualmente, se estima que por el Canal de Panamá transita alrededor del 6% del comercio mundial, siendo sus principales usuarios Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur, Chile y México.

De acuerdo con recientes cifras de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), en los últimos 25 años, la vía interoceánica le ha aportado al Tesoro panameño más de 28 mil millones de dólares, monto 15 veces mayor a los 1,878 millones de dólares aportados durante 86 años por la administración norteamericana, entre 1913 y 1999.

Además, desde el año 2000, la administración panameña ha invertido más de 15 mil millones de dólares para mantener, mejorar y modernizar el Canal de Panamá. Lo anterior posibilitó, entre otras acciones, que en 2016 se realizara una importante ampliación del Canal que contempla nuevas esclusas que permiten la navegación de buques más grandes y de mayor capacidad, conocidos como “Neopanamax”.

En el contexto de las amenazas del presidente Trump de recuperar el control de la vía interoceánica, el pasado 2 de febrero, el Secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, realizó una breve visita a Panamá, durante la cual sostuvo reuniones con el presidente José Raúl Mulino y con otras autoridades del gobierno panameño.

Si bien el presidente Mulino reiteró que el Canal seguirá bajo la soberanía panameña, anunció que su gobierno no renovaría el acuerdo de la “Ruta de la Seda” suscrito con China el 17 de noviembre de 2017, a fin de atender las preocupaciones estadounidenses sobre la influencia de esa nación asiática. Inclusive, desde el pasado mes de enero, la Contraloría General de la República inició una auditoría a Panama Ports Company, subsidiaria de la empresa china Hutchison Holdings, que opera desde 1997 los puertos de Balboa y Cristóbal, lo cual ha generado especulaciones de que la administración panameña estaría considerando cancelar la concesión vigente o al menos renegociarla. 

En resumen, parece evidente que las amenazas del presidente Trump hacia Panamá son parte de una estragia para conseguir dos claros objetivos: 1) eliminar la creciente presencia china en el Canal interoceánico y, 2) obtener mayores concesiones de parte del Estado panameño, particularmente en lo que se refiere a los peajes que deben pagar los buques comerciales y militares de los Estados Unidos que transitan por esa importante vía acuática. En 2024, el 52% de los tránsitos del Canal registrararon puertos con origen-destino en Estados Unidos y más del 76% de la carga que transitó por esa vía también tuvo el mismo origen-destino.

Debido a las enormes repercusiones que tendría en el ámbito internacional el uso de la fuerza contra un pequeño país de Centroamérica, dudo mucho que Trump se atreva a utilizar el poderío militar de los Estados Unidos para recuperar el control del Canal de Panamá; sin embargo, está claro que la diplomacia de la imposición del chantaje seguirá prevaleciendo como fórmula para obtener todo aquello que  considere responda a su interés nacional.

 *Diplomático de carrera (en retiro); Ex embajador de México en Panamá en dos períodos distintos (2001-2005 y 2015-2019), Miembro de la Unidad de Estudio y Reflexión de América Latina y el Caribe del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI).

La decisión de la nueva Administración estadounidense de suspender los fondos para la ayuda al desarrollo ha supuesto un terremoto sin precedentes que deja en riesgo de muerte el sistema de cooperación internacional.

De un plumazo, la administración de Trump ha comenzado a desmantelar USAID. Miles de funcionarios, junto con sus familias, han sido obligados a sacar a sus hijos del colegio de forma abrupta y tomar rumbo hacia Estados Unidos. Los alimentos que distribuían en las peores crisis humanitarias del planeta se pudren en los hangares, y a niños en Somalia se les ha informado que no podrán recibir la vacuna contra la tuberculosis.

Las formas y la humillación han sido tan importantes como la decisión. Dos plutócratas, en un fin de semana, anunciaron su intención de cerrar la agencia de desarrollo más grande del mundo “porque está llena de gusanos”, con mofas y a golpe de tuit. China y Rusia se frotan las manos ante este tiro en el pie de un Estados Unidos, y de Occidente en general, cada vez menos querido en infinidad de contextos del Sur Global por su arrogancia y dobles estándares. La cooperación era, hasta ahora, una forma de mostrar su mejor versión.

La decisión ha supuesto un terremoto sin precedentes que deja en riesgo de muerte el sistema de ayuda internacional tal como lo construimos en 1945 y que han mantenido todos los presidentes de Estados Unidos desde entonces, junto con los del resto del planeta. “Si no queremos morir juntos en guerras, debemos aprender a vivir juntos en paz”, decía el presidente Truman en la fundación de Naciones Unidas en 1945 en San Francisco, EE UU, cuando su país representaba el 50% de la economía global, no el 20% como ahora, y comprendía la importancia de la colaboración y cooperación entre los países para la búsqueda de una prosperidad colectiva.

Estados Unidos, nos guste o no, ha ejercido un papel crucial en el financiamiento de estructuras públicas globales, una responsabilidad que ha decidido abandonar, contribuyendo a la fractura del orden global

También se han retirado los fondos a diferentes agencias de Naciones Unidas, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), y se ha suspendido la participación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Los fondos para la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) están congelados, al igual que 1.200 millones de UNICEF. El cierre de un programa de salud materno-infantil de UNFPA en Afganistán ha supuesto el despido inmediato de 1.700 mujeres profesionales afganas.

Estados Unidos, nos guste o no, ha ejercido un papel crucial en el financiamiento de estructuras públicas globales, una responsabilidad que ha decidido abandonar, contribuyendo a la fractura del orden global y debilitando el sistema multilateral.

Lo ha hecho sin ser un país especialmente generoso. Solo destinaba el 0,24% de su Ingreso Nacional Bruto a la asistencia oficial al desarrollo, una de las cifras más bajas dentro de la OCDE, con una ayuda muchas veces condicionada a favorecer sus propios intereses. La ayuda humanitaria le servía para deshacerse de sus excedentes agrícolas, obligaba a la compra de sus propios vehículos y, en general, favorecía a sus empresas, como las consultoras.

Sin embargo, ese pequeño porcentaje de su riqueza representaba el 43% de la ayuda humanitaria global, esencial en algunas de las principales crisis humanitarias y países más castigados del mundo, como Afganistán o Sudán. No olvidemos que uno de cada cinco niñas y niños del planeta vive en una zona de conflicto o huye de ella, aproximadamente 400 millones. Naciones Unidas ya consideraba el año pasado como catastrófico debido a la falta de fondos suficientes para atender todas las necesidades humanitarias y al ataque constante contra su labor. El 2025 será aún más violento e impredecible.

La cooperación, como su propio nombre indica, siempre ha sido un beneficio mutuo: al país receptor, pero también al oferente. Servía para frenar la migración hacia su territorio, reducir el cultivo de drogas, prevenir enfermedades globales, mantener a países en su órbita de influencia y alejarlos de la de otros. Era una herramienta de soft power y de apoyo a su seguridad, garantizando que sus aviones pudieran sobrevolar ciertos territorios y sus fragatas atracar en puertos estratégicos. Samantha Power, exadministradora de USAID, lo explicó muy bien esta semana.

Ese pequeño porcentaje de su riqueza representaba el 43% de la ayuda humanitaria global, esencial en algunas de las principales crisis humanitarias y países más castigados del mundo

USAID requería una reforma profunda, pero esa discusión ya carece de sentido. Quien vea en su cierre una oportunidad es un cínico o un estúpido de sofá. No se cubrirá ese vacío. Francia también prevé recortes del 40% en su ayuda, la UE del 35% en los próximos tres años, y Suiza reducirá de manera significativa su apoyo a las agencias de Naciones Unidas. Nos enfrentamos a un panorama de mayor inestabilidad ante un orden internacional agrietado y un nuevo sistema que aún ni siquiera ha sido concebido.

Habrá tiempo para reflexionar sobre cómo hemos llegado hasta aquí, qué hacer para recomponer el daño que esta decisión ha causado e incluso para identificar oportunidades a mediano plazo para quienes creemos que el sistema debía descolonizarse, desburocratizarse, volverse menos rígido y centrarse en procesos sostenibles. Pero ahora es momento de acuerpar a las miles de organizaciones sociales fundamentales que han perdido su apoyo y prepararnos rápidamente para lo que grupos extremistas, envalentonados y posiblemente financiados, puedan hacer a partir de ahora. En esas estamos.

Este artículo pertenece a El País. Visita el siguiente enlace para conocer más: https://elpais.com/planeta-futuro/2025-02-11/cierre-de-usaid-preparemonos-con-urgencia-para-un-mundo-mas-tenebroso.html

Introducción a la Declaración de David Kaye

Los firmantes de la declaración que figura a continuación se encuentran entre los estadounidenses que han trabajado en los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas durante décadas, ayudando a desarrollar un sistema que el Secretario General de la ONU, Kofi Annan, llamó la “ joya de la corona ” de las Naciones Unidas. Han sido miembros de grupos de trabajo sobre derechos humanos, se han desempeñado como expertos independientes y relatores especiales que monitorean áreas clave del impacto estatal y corporativo sobre los derechos humanos, y han encabezado comités de coordinación de lo que se conoce como los “ procedimientos especiales ” de la ONU . El sistema de derechos humanos de la ONU, en su conjunto, ha ayudado a desarrollar áreas clave del derecho internacional de los derechos humanos, incluso en áreas clave de preocupación para los Estados Unidos, como la protección de las mujeres y las niñas contra la violencia y la discriminación; los derechos a la libertad de expresión, protesta y expresión cultural; la independencia del poder judicial; el derecho a un medio ambiente saludable; los derechos fundamentales al debido proceso; y la eliminación de la pobreza extrema. Los expertos de las Naciones Unidas han llamado la atención crítica sobre las violaciones cometidas por Estados como Irán, Rusia, China y Arabia Saudita, al tiempo que presionan a los Estados democráticos para que cumplan con sus obligaciones en contextos como el terrorismo, la justicia económica, la libertad religiosa y la no discriminación.

Dieciséis de estos expertos emiten la declaración que figura a continuación.

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Los ataques de la administración Trump al derecho y las instituciones internacionales: declaración pública de expertos estadounidenses en derechos humanos y miembros actuales y anteriores de organismos de la ONU

Desde el 20  enero, hemos observado con creciente alarma cómo la administración del presidente estadounidense Donald J. Trump ha tratado de repudiar los compromisos de Estados Unidos con el derecho y las instituciones internacionales. Él y su administración han retirado a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París y de la Organización Mundial de la Salud, han puesto fin a la financiación de proyectos humanitarios y de Estado de derecho en curso, han eliminado la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), han iniciado sanciones contra funcionarios de la Corte Penal Internacional, han puesto fin a la financiación del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas (UNRWA) y han retirado la participación de Estados Unidos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Todo esto tendrá un impacto catastrófico en los derechos humanos en Estados Unidos y en todo el mundo.

El gobierno también ha lanzado un ataque integral contra los compromisos de Estados Unidos en materia de derechos civiles, utilizando el racismo en sus ataques a los esfuerzos de larga data para promover la no discriminación en los contratos gubernamentales y en la fuerza laboral y discriminando a las personas en función de su orientación sexual o identidad de género. El presidente ha sembrado el terror entre las comunidades inmigrantes, independientemente de su estatus legal en los Estados Unidos, y ha pedido la limpieza étnica del territorio palestino ocupado. El cierre global de la asistencia de USAID ya está teniendo efectos inmediatos en los pacientes en instalaciones financiadas por Estados Unidos y en los disidentes que buscan protección de los regímenes autoritarios. Su administración ha cerrado sitios web gubernamentales, negando al público el acceso a la información, ha hecho declaraciones patentemente falsas y ha lanzado amenazas a quienes ejercen sus derechos de la Primera Enmienda para informar, criticar o protestar contra sus acciones. Ha liberado a quienes intentaron derrocar la transición pacífica del poder el 6 de enero de 2021 y ha despedido a quienes los procesaron.

En resumen, la administración Trump ha llevado a cabo el ataque más amplio a los derechos humanos y la rendición de cuentas por parte de cualquier administración estadounidense en la historia moderna, lo que constituye una traición a los compromisos asumidos por las administraciones republicanas y demócratas anteriores durante los últimos ochenta años. En el caso de USAID y otros programas de asistencia más amplios, y los actos de discriminación, el ataque viola las obligaciones legales nacionales e internacionales existentes. Muchas de las acciones, como la pretensión de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, son obviamente inconstitucionales.

Cada uno de nosotros ha actuado como experto independiente en derechos humanos dentro del sistema de las Naciones Unidas. Actuamos ahora y siempre lo hemos hecho de manera independiente, pero respetando el compromiso de los Estados Unidos de participar en la protección de los derechos humanos a escala mundial. Es cierto que ese compromiso no ha sido constante a lo largo del tiempo ni en su aplicación, y cada uno de nosotros ha expresado su opinión en casos en los que considera que los Estados Unidos han incumplido sus obligaciones. Pero históricamente, los Estados Unidos han desempeñado un papel clave en los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos y el estado de derecho a escala mundial, desde el comienzo mismo de esos sistemas, en la negociación de la Carta de las Naciones Unidas y la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos tras el fin de la Segunda Guerra Mundial.

La administración Trump traiciona esa historia y esos valores de maneras que promueven los intereses de autoritarios y demagogos de todo el mundo y despojarán a los estadounidenses y a otros de sus derechos humanos fundamentales. Su ataque al Estado de derecho no promueve ningún interés nacional estadounidense concebible, que reside en un sistema mundial fundado en principios de derechos humanos, la no utilización de la fuerza, la colaboración para resolver problemas globales y la igualdad soberana de los Estados. Las acciones de la administración traicionan cada uno de esos principios internacionales bien establecidos.

Instamos a la administración Trump a cambiar de rumbo.

Instamos a todos los legisladores, republicanos y demócratas, a que contrarresten la traición de la administración a estos valores y defiendan el compromiso histórico del Congreso con la participación internacional, la protección de los derechos humanos y el apoyo humanitario. Los instamos a que se manifiesten públicamente y tomen medidas dentro de sus cámaras para evitar la demolición del compromiso de Estados Unidos con los derechos humanos y el derecho internacional.

Instamos a los líderes a nivel estatal y local a fortalecer sus propios compromisos con los derechos humanos, para garantizar que sus residentes tengan protección contra los abusos constantes y amenazantes de la administración.

Estamos junto a las víctimas de estas políticas, en nuestro país y en todo el mundo, y junto a todos aquellos en la sociedad civil que resisten el ataque a los derechos humanos y buscan formas de monitorear su cumplimiento.

Firmado a título individual por:

Philip Alston , Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos (2014-2020); Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias (2004-2010)

James Anaya , Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (2018 – 2014)

Karima Bennoune , Relatora Especial de la ONU en materia de Derechos Culturales (2015 – 2021)

Dominique Day , miembro del Grupo de trabajo de expertos de las Naciones Unidas sobre los afrodescendientes (2018-2024)

Ariel Dulitzky , miembro del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre

Desapariciones Forzadas o Involuntarias (2010 – 2017)

Claudia Flores , vicepresidenta del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas (2023 – presente)

David A. Kaye , Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de opinión y de expresión (2014 – 2020)

John H. Knox , Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el medio ambiente (2012 – 2018)

Gay J. McDougall ,  vicepresidenta del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (2021-2025, 2015-2019, 1997-2001); relatora especial de las Naciones Unidas sobre las minorías (2005-2011)

Juan Méndez , miembro del Mecanismo de expertos independientes de las Naciones

Unidas sobre la aplicación de la ley y el racismo (2021 – 2024); Relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura (2010 – 2016)

Marcos A. Orellana , Relator Especial de la ONU sobre sustancias tóxicas y derechos humanos (2020 – presente)

Diane Orentlicher , experta independiente de las Naciones Unidas sobre la lucha contra la impunidad (2004-2005)

Balakrishnan Rajagopal , Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada (2020 – presente)

Gabor Rona , presidente del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Mercenarios (2011-2019)

Margaret Satterthwaite , Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados (2022 – presente)

Baskut Tuncak , Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y los desechos peligrosos (2014-2020)

Artículo por Just Security.

Acerca del autor(es): 16 expertos estadounidenses en derechos humanos, miembros actuales y anteriores de organismos de la ONU.

Los autores son miembros actuales y anteriores de órganos de las Naciones Unidas y firman esta declaración a título personal.

Por Ben Rodhes | The New York Times | Fecha de publicación: 9 de febrero de 2025
El Sr. Rhodes colabora como escritor de artículos de opinión. Se desempeñó como asesor adjunto de seguridad nacional durante la presidencia de Barack Obama.

En 1962, poco después de que el presidente John Kennedy creara USAID, la
agencia federal encargada de administrar la asistencia exterior, dio la bienvenida a
los primeros directores de misión en la Casa Blanca. Señaló la difícil política de
mantener la asistencia exterior, pero la calificó de esencial para el papel de Estados
Unidos como líder del mundo libre. “No habrá desfiles de despedida cuando se
vayan”, dijo sobre sus inminentes despliegues, “ni desfiles cuando regresen”. La
recompensa fue el trabajo en sí y la causa más amplia de la libertad a la que sirvió.

La política exterior de un país es una buena ventana a su psiquis. Los Estados
Unidos que crearon la USAID tenían una visión expansiva de sí mismos en el
mundo: defendían la libertad, apuntalaban las instituciones internacionales,
libraban batallas por los corazones y las mentes de los pueblos de todo el mundo,
un esfuerzo que encajaba con el movimiento por los derechos civiles en el país. Los
Estados Unidos que están canibalizando a la USAID tienen una noción muy diferente de su lugar en el mundo: amenazan con conquistar a las naciones más pequeñas, se retiran de las instituciones internacionales, proponen con indiferencia una limpieza étnica en Gaza, una visión del mundo que complementa las deportaciones masivas y la eliminación de los programas de diversidad en el país. Una nación que se está empequeñeciendo en tamaño y en su propia concepción.

Por supuesto, el presidente Trump se presentó a la reelección prometiendo transformar el lugar de Estados Unidos en el mundo. Después de los agotadores conflictos en Irak y Afganistán, prometió disciplinar a las élites de seguridad nacional que se negaban a aprender de las guerras eternas. Después de décadas de quejas de que nuestros socios comerciales se beneficiaban más que nosotros de la globalización, prometió utilizar herramientas más antiguas del arte de gobernar, como los aranceles, para conseguir mejores acuerdos. Después de que sectores de la fuerza laboral federal se resistieran a su agenda en su primer mandato, trató de llenarla de leales que lo sirvieran a él y a su movimiento. En un mundo caótico lleno de hombres fuertes transaccionales, los estadounidenses tendrían los suyos propios.

Muchos estadounidenses, incluido yo mismo, apoyamos la revisión del anquilosado consenso en materia de seguridad nacional que ha regido nuestras políticas desde el 11 de septiembre de 2001. Sin embargo, sería un error desestimar la vertiginosa serie de pronunciamientos y medidas ejecutivas de Trump en materia de política exterior como si se tratara simplemente del cumplimiento de sus promesas de campaña. No hizo campaña con el desmantelamiento de la USAID, la conquista de Groenlandia o la ocupación de Gaza. En lugar de mostrar fuerza, su política exterior delata una pérdida de la confianza y el respeto por sí mismos de los estadounidenses, eliminando cualquier pretensión de que Estados Unidos defienda las cosas que ha afirmado apoyar desde que luchó en dos guerras mundiales: la libertad, la autodeterminación y la seguridad colectiva.

En muchos sentidos, Trump es una imagen más familiar de la historia: un hombre fuerte y envejecido que reflexiona sobre la expansión territorial para consolidar su poder y cimentar su legado. En el mejor de los casos, este tipo de política exterior ayudará a dar forma a un orden internacional reformado en oposición a los excesos estadounidenses; en el peor, podría acelerar una tendencia global hacia el desorden y el conflicto entre grandes potencias.

Pensemos en lo que ha visto el resto del mundo en las últimas semanas. Trump es el primer presidente que he vivido en mi vida que asume el cargo prometiendo “expandir nuestro territorio”. Ha insistido en que Estados Unidos recupere el Canal de Panamá y se apodere de Groenlandia, a pesar de las reiteradas objeciones de los gobiernos y los pueblos de esos países. Es posible que esto sea una postura para iniciar negociaciones, aunque para cosas que no son prioritarias para la mayoría de los estadounidenses: reducir las tarifas para los buques estadounidenses que transitan por el Canal de Panamá u obtener más acceso a los recursos y bases militares en Groenlandia. También es posible que Trump hable en serio sobre la expansión territorial.

En cualquier caso, los objetivos de Trump no sugieren fuerza. Sus ataques contra Panamá y Groenlandia o sus amenazas de guerras comerciales con Canadá y México dan la impresión de que un matón de patio de colegio busca a alguien más pequeño para presionarlo. Si bien estas luchas pueden ofrecer victorias políticas inmediatas, el mundo no vive y muere según los ritmos de los ciclos de noticias estadounidenses o la realidad alternativa de Fox News y OANN. Nos mira desde afuera y ve a un presidente que ignora la soberanía estatal, que ha sido la piedra angular de la estabilidad global desde las dos guerras mundiales, y lo hace en un momento en que Vladimir Putin está tratando de subsumir partes de Ucrania, Xi Jinping está comprometido a afirmar el control sobre Taiwán y algunos políticos israelíes están presionando para la anexión de Gaza y Cisjordania, todo bajo el pretexto de la seguridad nacional. Si Estados Unidos se exime de las reglas, ¿por qué las seguirán otras naciones?

Esta es una de las razones por las que la sugerencia de Trump de que Estados Unidos se apodere de Gaza y la convierta en la Riviera de Oriente Medio fue tan chocante. Como muchas cosas que Trump propone, es poco probable que suceda (de nuevo, no es precisamente una demostración de fuerza), pero legitima aún más la idea de que dos millones de palestinos en Gaza deberían abandonar la tierra que no quieren dejar e ignora el hecho de que los estados árabes vecinos como Egipto y Jordania se verían desestabilizados por la complicidad en la limpieza étnica. Además, implícitamente respalda una visión de la política exterior que despoja a las naciones y pueblos menos poderosos de todo derecho a determinar su propio destino. Bezalel Smotrich, el ministro de Finanzas de extrema derecha de Israel, aprovechó esta nueva realidad: “Ahora”, dijo después de las declaraciones de Trump, “trabajaremos para enterrar por completo la peligrosa idea de un estado palestino”.

Si a Trump le preocupara la difícil situación de los habitantes de Gaza, no estaría destruyendo la agencia estadounidense encargada de ayudarlos a reconstruirse. La congelación global de la asistencia extranjera y la suspensión de gran parte de la fuerza laboral de USAID ya hacen que la agencia sea incapaz de apoyar el tenue cese del fuego en Gaza con asistencia humanitaria, por no hablar de las tareas más arduas de limpiar escombros, desactivar bombas sin explotar y proporcionar refugio a cientos de miles de civiles que han perdido sus hogares.

A diferencia de los pronunciamientos de Trump sobre Gaza y Groenlandia, el cierre de la USAID bajo la supervisión de Elon Musk es algo que ya está sucediendo, con consecuencias tangibles no sólo para las personas de todo el mundo que dependen de la agencia, sino también para los estadounidenses que esperan que su gobierno impida la propagación del terrorismo, las enfermedades y la influencia global del Partido Comunista Chino. Despojadas de la financiación de la USAID, luchando bajo el peso de los aranceles, las naciones, incluidos los aliados de Estados Unidos, pueden ahora mirar a China como una fuente más predecible de comercio e inversión. Esta dinámica refleja las formas en que el poder en este país se extiende más allá de nuestras fronteras. Cuando el hombre más rico del mundo puede socavar tan fácilmente nuestro lugar en el escenario global, es, sencillamente, un presagio de decadencia: una señal de una superpotencia corrupta tan frágil que sus fuentes de influencia pueden ser desmanteladas desde dentro.

“La gente que se opone a la ayuda debería darse cuenta de que ésta es una fuente muy poderosa de fortaleza para nosotros”, dijo el presidente Kennedy a los funcionarios de la USAID en 1962. “Como no queremos enviar tropas estadounidenses a muchas zonas donde la libertad puede estar bajo ataque, los enviamos a ustedes”. En aquellos días, Estados Unidos era una superpotencia recién creada, y su creciente estatus se manifestaba en la juventud de su presidente y en su visión de una “nueva frontera”. Esa mentalidad condujo a su propia arrogancia y excesos, pero ofreció a la gente de todo el mundo una mano extendida. Eso era algo de lo que los estadounidenses podían enorgullecerse.

Hoy somos una superpotencia en decadencia que se esfuerza por recuperar el estatus perdido. La mezcla de agravio, nacionalismo y libertarismo que forma la base de la asociación entre Trump y Musk apunta a un futuro en el que los presidentes se liberarán de las barreras que limitan el uso del poder y de la incomodidad de una fuerza laboral federal que puede irritarse por participar en abusos de poder. Y si bien hay algo de absurdo en algunos de los comentarios de Trump, la historia de la primera mitad del siglo XX nos recuerda lo que sucede cuando surge una corriente de nacionalismo, sin restricciones de reglas, instituciones o valores aspiracionales. Las grandes naciones lideradas por hombres fuertes nacionalistas inevitablemente chocan; la gente inevitablemente sufre.

Los que estamos alarmados debemos reconocer que no habrá vuelta atrás, ni una historia alternativa para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande o para restaurar el orden perdido después de la Segunda Guerra Mundial. Tendrán que surgir nuevas ideas para que Estados Unidos pueda interactuar de manera constructiva con la gente de todo el mundo y coexistir pacíficamente con otras naciones. Sin embargo, para alcanzar ese futuro, debemos mirar hacia dentro. No basta con defender la idea de la ayuda extranjera u oponernos a la agresión territorial; también debemos convertirnos en el tipo de nación capaz de ver que nuestros propios intereses están conectados con algo más grande que los caprichos de los dictadores.

Ben Rhodes es colaborador de artículos de opinión y autor, más recientemente, de “Después de la caída: el auge del autoritarismo en el mundo que hemos creado”. Para visitar el artículo, dar clic al siguiente enlace: www.nytimes.com/2025/02/09/opinion/donald-trump-foreign-policy.html

En mi iglesia, cantamos un himno que dice: «Desde el momento en que despierto hasta el momento en que me acuesto, voy a cantar las alabanzas a Dios». No sé cuánta gente aquí puede decir eso. Yo sé que yo puedo.

Pero mi bisabuelo sí.

Desde el momento en que despertaba hasta que se acostaba, su vida fue un testamento de lo bueno de Dios. Y les agradezco a todos los que están aquí para celebrar su vida, a los presidentes y primeras damas. Es un gran honor tenerlos aquí. Ustedes saben cómo nadie cuál es el aspecto humano de la presidencia, y lo apreciamos. A los vicepresidentes, distinguidos invitados y amigos, gracias por estar aquí. Aquellos de ustedes que han venido de otras partes del mundo, gracias por estar aquí para celebrar y honrar a mi abuelo, a mi bisabuelo, mi abuelo. Pero como saben, lo llamamos «Papá».

Y a mi abuela la llamábamos «Mi papá». Eran gente común. Sí, estuvieron cuatro años en la mansión del gobernador y cuatro años en la Casa Blanca. Pero durante los otros 92 años estuvieron en su casa en Plains, Georgia. Y una de las mejores maneras de demostrar quiénes eran es pasar por esa casa. Para empezar, la construyeron ellos mismos. Segundo, mi bisabuelo se aseguraba de las dimensiones de las puertas. Y cuando uno entraba a la casa, era como las casas de miles de abuelos en el sur. Trofeos de pesca en las paredes. La refrigeradora cubierta de dibujos hechos por los nietos y bisnietos. Tenían un teléfono con cable, una línea fija en la cocina, una pieza de museo. Y tenían, cerca del lavaplatos, una parrilla para secar las bolsitas plásticas que reutilizaban. Eventualmente él obtuvo un teléfono celular y decía «Papá móvil». Y cuando le respondí, le dije: «Hola, Papá». Él dijo: «¿Quién es? ¿Jason?» Y me preguntó: «¿Qué estás haciendo?» Y le dije: «Nada, tú me llamaste y yo no te llamé, estoy tomando una foto.»

Y ese era un ingeniero nuclear.

Eran gente sencilla que nunca olvidaron sus orígenes, a pesar de lo que ocurriera en sus vidas. Pero reconozco que estamos aquí porque él fue una persona común y corriente. Como han escuchado de otros oradores, su vida política y su presidencia, para mí no solamente estuvieron adelantadas a su tiempo, fueron algo profético. Él tuvo el coraje y la fortaleza de ceñirse a sus principios, aunque fueran políticamente impopulares. Como gobernador de Georgia hace medio siglo, él luchó contra la discriminación racial y las encarcelaciones masivas. Como presidente en los años 70, como han escuchado, él protegió más tierras que ningún otro presidente en la historia. Hace 50 años, luchó en defensa del clima, promoviendo la conservación de la energía, limitando las emisiones, reduciendo nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Y, por cierto, él recortó el déficit, ayudó a descriminalizar la marihuana, reguló tantas industrias, que incluso apoyó la industria de la cerveza artesanal. Él fue el primer millennial. Y tenía unas buenas listas de música también. Quizá esto les parezca increíble, pero en mis 49 años jamás vi una diferencia entre su imagen pública y su vida privada. Él era la misma persona dondequiera que estuviera y con quienquiera que estuviera. Y para mí esa es la definición de la integridad. Esa honestidad se vio equiparada por el amor y la fe, y tanto en público como en privado, mis abuelos fundamentalmente vivieron sus vidas haciendo un esfuerzo para ser, como dice la Biblia, hacer justicia, tener misericordia y caminar humildemente siguiendo los pasos de Dios.

Yo compartí a mi bisabuelo con el mundo. Este es uno de esos días, pero realmente él compartió el mundo conmigo. El poder del átomo, la belleza y complejidad de los bosques de Georgia. Cuando pescábamos, él hablaba de la majestad de todo, desde el pececito más pequeño hasta la circulación del agua. Y él compartió este amor con mis hijos, llevando a los chicos de la escuela para que vieran cómo se manejaban los cultivos. Su vida fue una historia de amor. Por supuesto, la historia de amor de Jimmy y Rosalynn, 77 años de matrimonio y de servicio. Como dice la canción, ellos fueron el buque estandarte de la flota. Y él siempre nos dijo que estaba listo para volverla a ver. Pero su vida fue una historia de amor aún más amplia, sobre el amor hacia el prójimo y cómo honrar el mandamiento de amar al prójimo como a sí mismo. Creo que ese amor fue lo que le enseñó a él a promover los derechos humanos y el poder de los derechos humanos, no para algunos, sino para todos. Esto lo enfocó en el poder y la promesa de la democracia, su amor por la libertad, su fe en las voces de la gente común y en el requerimiento de que hay que respetar todas las voces y no solo algunas. Esa convicción lo hizo un oficial naval, quien creía y demostró que el mayor Aquí está la transcripción mejorada, sin añadir o modificar nada, solo corrigiendo la redacción para mayor claridad:

El poder de Estados Unidos no era el poderío militar, sino el de sus valores. Y estos eran valores personales para él, y él los vivió en público y en privado, como se ha dicho como presidente. Él le dio voz a disidentes, se enfrentó a dictadores, unió a países en un clima de paz, sufría por la gente de Israel, sufría por la gente de Palestina y dedicó su vida a tratar de llevar la paz a la Tierra Santa. Y él hablaba de esto durante la cena. Lo mismo en público que en privado. Durante los últimos 40 años, él pasó su vida viviendo ese amor y esa fe junto con los más pobres y marginados del mundo. Y ese trabajo, una vez más, se ha basado fundamentalmente en el amor y el respeto.

El Centro Carter tiene 3,500 empleados, solo unos 200 en Estados Unidos. Los demás están dispersos en los países donde trabaja, como Etiopía, Sudán del Sur, Chad, Bangladesh, y todos los programas del Centro Carter se basan en ese mismo respeto por el poder de la gente común, aun cuando estén en pequeños pueblos muy distantes de cualquier otro lugar.

Recientemente hablábamos de una terrible enfermedad de Guinea, una enfermedad que existió desde los orígenes de la humanidad hasta Jimmy Carter, cuando él comenzó a luchar contra esta enfermedad. Había 3 millones y medio de casos cada año. El año pasado, 14. Y lo más notable es que esta enfermedad no se elimina con medicina. Se elimina esencialmente con vecinos hablando con vecinos sobre cómo recoger agua en las comunidades más pobres del mundo. Y esos vecinos fueron los aliados de mi abuelo en los últimos 40 años. Y esta enfermedad se ha eliminado en todas las villas de Nigeria, Sudán y Uganda.

¿Qué es lo que queda en esas pequeñas aldeas? Un ejército de Jimmy Carter demostrando su poder de cambiar al mundo. Y esa es la verdad fundamental sobre mi abuelo. Desde el comienzo hasta el final, cuando él veía estas pequeñas aldeas que los demás veían como muy pobres, él las reconocía. Esa era su esencia. Y él nunca vio esto como lugares para sentir lástima, sino para empoderar y para ejercer ese mandamiento de amar al prójimo como a sí mismo. Esencialmente, él erradicó una enfermedad con amor y con respeto. Él forjó la paz con amor y con respeto. Él guio a esta nación con amor y con respeto. Para mí, esta vida fue una historia de amor desde el momento en que despertó hasta que se durmió. Y como me dijo Randy John, concluyo con esto: se puede haber marchado, pero no se ha ido lejos. Las demostraciones de amor y de apoyo que sentimos de ustedes y de todo el mundo demuestran cuántas vidas tocó y cómo su espíritu seguirá vivo de muchas formas. En pancakes en la cocina, preparando panqueques, o en su carpintería, terminando una cuna para un bisnieto, o pescando con Baumgartner o en los bosques y campos de Georgia.

El Consejo de Gabinete aprobó mediante Resolución No. 124 de diciembre de 2024 el Plan Estratégico de Gobierno (PEG) presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el cual tendrá una vigencia de cinco años 2025-2029, desarrollado mediante una metodología rigurosa que incluyó tres componentes, como lo son; evaluación exhaustiva de más de 300 indicadores en cinco áreas críticas, dentro de las que se encuentran la educación y pertinencia laboral, la inclusión social y servicios básicos, la institucionalidad y gobernanza, la capacidades competitivas e innovación y la gestión de recursos naturales y sostenibilidad ambiental. 

Como segundo punto en la metodología, se consideró el análisis comparativo con nueve países aspiracionales (Nueva Zelanda, Dinamarca, Países Bajos, Singapur, Estonia) y seis países pares dentro de los que se encuentran Costa Rica, Chile, Uruguay, Croacia, Letonia). 

El tercer punto utilizado en la metodología lo fue la revisión de treinta y dos diagnósticos y planes previos como los Acuerdos de la Concertación Nacional para el Desarrollo, Acuerdo del Pacto del Bicentenario, Plan de desarrollo integral de la provincia de Colón, Plan Energético Nacional 2015-2015, Plan Estratégico Visión de Estado 2030, Estrategia Nacional de Cambio Climático de Panamá, Visión País y Regionales 2050 de la APEDE, Plan Maestro de Turismo Sostenible, entre otros. 

El PEG señala que para superar los desafíos que se presentan proponen acciones de política pública orientadas a fortalecer la confianza y abordar efectivamente los retos, diferenciando entre criterios de urgencia y viabilidad. 

Por otro lado, en el PEG contempla un diagnóstico económico y social, en el cual se realiza un diagnóstico económico nacional, diagnóstico económico sectorial, económico territorial, diagnóstico social nacional, social territorial, es decir, las primeras 51 páginas están dedicadas a un diagnóstico de la economía nacional. 

Otro aspecto importante a comentar, lo es la presentación de diez Proyectos País como el tren Panamá-David-Frontera, el Teleférico de San Miguelito, el Cuarto Puente sobre el Canal, Hospital Oncológico, Plan de Primer Empleo de mayor impacto en la historia, el Museo Antropológico Reina Torres de Araúz, el Plan Nacional de Rehabilitación de la Red Vial del país, Restauración del Centro Histórico de Colón, Ciudad Universitaria y el Hospital de Mascotas. 

Menciona el PEG que estos proyectos tienen como objetivo posesionar a Panamá como un país líder en desarrollo social integral, conectar a los panameños mediante infraestructuras de transporte de alta calidad que promuevan la competitividad y la inclusión social, fortalecer el sistema de salud para garantizar la protección universal, mejorar la educación, no solo para mejorar su acceso, sino también para ponerla en práctica por medio de pasantías y oportunidades laborales que contribuyan al desarrollo humano. 

Así como también, las iniciativas del PEG están orientadas a la generación de empleo de calidad, con mejores y mayores ingresos y oportunidades para todos. 

El PEC desarrolla un aparte dedicado a la Estrategia económica y social, en la que se presentan las iniciativas que se implementarán para reducir la desigualdad, impulsar un crecimiento económico que conecte a todas las regiones y promover un manejo, eficiente y sostenible de los recursos financieros y naturales. 

Se ha señalado que los proyectos y las acciones están alineados con los recursos disponibles, basados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Plan Quinquenal de Inversiones Públicas, que constituyen elementos clave para una gestión eficiente y sostenible con los recursos públicos. 

Se ha dispuesto que los cuatro pilares estratégicos definidos para alcanzar las metas trazadas son: 1. Impulso a sectores económicos para el crecimiento y la generación de empleos de calidad. 2. Oportunidad para todos con educación pertinente y servicios básicos de calidad. 3. Gobernanza eficiente y fortalecimiento internacional. 4. Sostenibilidad ambiental y manejo responsable de los recursos naturales. volver a convertir a Panamá en un país más próspero y seguro, con más crecimiento y pleno empleo.

Impulso a sectores económicos para el crecimiento y la generación de empleos de calidad

Dentro de este punto se identificaron cinco áreas clave para enfocar los esfuerzos: Competitividad del clúster logístico y del Canal; Institucionalidad agrícola e industrial; Sofisticación Turística; Apropiación de nuevas tecnologías y del ecosistema de innovación y un Sistema financiero inclusivo y fuerte.

Panamá requiere acciones contundentes para crear oportunidades equitativas para todos, garantizando al mismo tiempo un equilibrio entre la responsabilidad fiscal y el crecimiento económico. “Esto se logrará mediante inversiones estratégicas que impulsen un crecimiento dinámico, que es clave para asegurar la sostenibilidad fiscal y el progreso nacional”, resalta el documento presentado por el MEF.

La propuesta considera el marco fiscal proyectado, que incluye los montos de inversión establecidos para el período, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos, los compromisos adquiridos y los límites de endeudamiento establecidos por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. 

Los valores podrían incrementarse si se acelera el crecimiento económico o se implementan medidas para optimizar la estructura del sector público. 

Para la Competitividad del clúster logístico, entre otro el propósito es ejecutar esta inversión entre 2024 y 2030 bajo un plan de inversiones de al menos 8,500 millones de balboas, centrado en tres pilares estratégicos: modernización de la infraestructura, gestión sostenible de los recursos hídricos y fortalecimiento de la sostenibilidad ambiental. El Plan busca mantener la competitividad del Canal

En lo que respecta a la Institucionalidad agrícola e industrial, la estrategia contempla inversiones en infraestructura para postcosecha y comercialización, así como asistencia técnica en gobernanza y gestión empresarial. Es clave modernizar los servicios públicos y reformar los mecanismos de apoyo al sector agropecuario, enfocándose en la innovación y la sostenibilidad integral del campo. Desarrollar una política industrial de largo plazo enfocada en aumentar la productividad y dirigida a sectores con niveles de complejidad moderna y alta, como los asociados a dispositivos médicos, semiconductores y productos farmacéuticos. 

Así como también aprovechar las oportunidades del nearshoring, especialmente con Estados Unidos utilizando los regímenes especiales como SEM y EMMA, simplificar los requisitos de exportación para apoyar nuevas industrias y adoptar los principios de la industria 5.0, integrando tecnologías avanzadas con un enfoque humano-céntrico, para promover una producción sostenible, personalizada y resiliente.  

En turismo, se establece la exploración y desarrollo de nuevas actividades que diversifiquen la oferta, que permitan aprovechar las ventajas competitivas y amplíen los destinos disponibles, con el propósito de contribuir a la reducción de las desigualdades regionales. 

También se incluye el Proyecto de Desarrollo Urbano Integral de Ciudades con Vocación Turística, con el respeto al medio ambiente, a las culturas indígenas y a toda la cadena de valor del turismo. Impulsar el desarrollo turístico recreativo para la Riviera del Pacífico. Reactivar el programa Stop-Over, ofreciendo escalas gratuitas a turistas con el objetivo de aumentar en más de 200 mil el número de visitantes anuales. Aprovechar la demanda potencial, atrayendo a los viajeros que utilizan el “hub” panameño, enfocándose especialmente en mercados de alto poder adquisitivo, son otros de los proyectos incluidos.

Capitalizar los principales activos nacionales para establecer una identidad única y atractiva que ayude a diferenciarse de los principales competidores del país, también atraer aerolíneas para desarrollar el mercado de vuelos locales y modernizar la infraestructura aeroportuaria en el interior del país. 

La apropiación de nuevas tecnologías, las acciones están dirigidas a incrementar la adopción de tecnologías emergentes como lo son la inteligencia artificial (IA) y el internet de las cosas (IoT) de forma que se impulse la transformación digital de la economía, promoviendo la ciberseguridad, la eficiencia y la innovación de todos los sectores. 

El Sistema financiero inclusivo y fuerte, se impulsaría los programas de inclusión financiera, con productos accesibles y soluciones “fintech” de modo que tengan mejor acceso al crédito aquellos sectores que no tienen suficiente cobertura de este tipo de servicios, como la agricultura, la Zona Libre de Colón, las pequeñas y medianas empresas y las mujeres. Se busca hacer mas competitivo al sistema bancario y ampliar la corresponsabilidad bancaria a nivel internacional, se requiere modernizar el marco de competencia y antimonopolio, protegiendo a los consumidores y fomentando la innovación empresarial. 

Oportunidad para todos con educación pertinente y servicios básicos de calidad

Este pilar es fundamental para asegurar que el crecimiento económico sea inclusivo y fortalezca la cohesión social en Panamá, la formación es esencial desde los primeros los primeros años de vida, hasta la juventud y la etapa adulta, cuando las destrezas adquiridas resultan decisivas para que los panameños accedan a empleo bien remunerados y las empresas mantengan su competitividad con el talento adecuado. 

Se trabajará en: Formación de la primera infancia a la educación técnica, Acceso a agua, saneamiento y electricidad, Equidad social, étnica y territorial y Salud y bienestar.  

En el sector educativo, se desarrollará una red de educación inicial de calidad, que incluya centros de estimulación temprana y Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI). 

Contempla otorgar beneficios económicos anuales de entre B/.270 a B/.450 por alumno, en el marco del Programa de Apoyo Educativo (PAE), para cubrir gastos esenciales como uniformes, libros y transporte. 

Estudiantes de escuelas privadas, con costos anuales hasta B/.2,300, también podrán acceder al beneficio, promoviendo así la equidad educativa. 

Proveer equipos tecnológicos y acceso gratuito a internet en escuelas y colegios oficiales, reduciendo la brecha digital y facilitando el acceso al conocimiento. Involucrar a las comunidades en el cuidado y mantenimiento de instalaciones educativas. Construir, mejorar y equipar nuevas escuelas e instituciones, como el Instituto de Excelencia Cacique Olodebiliginya. Asegurar la alimentación escolar con una nutrición adecuada para los estudiantes. Poner en marcha el plan de retención escolar, incluyendo a los padres de familia con la reactivación del taller Escuela para Padres, también hacen parte de esta estrategia quinquenal.

En cuanto a las habilidades para el trabajador, se elevará los alcances del Programa Mi Primer Empleo, convirtiéndolo en la estrategia más ambiciosa de la historia para reducir el empleo juvenil, mediante pasantías laborales supervisadas, capacitación y certificación con el propósito de facilitar la inserción en el mercado laboral. Actualizar los planes de estudio con enseñanza en inglés, tecnologías y habilidades blandas. 

De igual forma, hace énfasis en el suministro de agua potable, con un proyecto para modernizar el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), para aumentar su transparencia y expandir la cobertura de sus servicios, reduciendo las brechas entre zonas urbanas y rurales. 

Construir, ampliar y mejorar infraestructura a nivel nacional, desde plantas potabilizadoras, acueductos y sistemas de abastecimiento de agua potabilizadora, hasta plantas de tratamiento y disposición final de desechos, incluyendo la operación de Cerro Patacón. 

Alentar alianzas público-privadas (APP) para desarrollar sistemas eficientes e innovadores de gestión integral de residuos sólidos en Panamá Metro, Panamá Oeste y Colón; y profundizar la coordinación con municipios para implementar sistemas permanentes de recolección y disposición final de desechos y basura.

Así mismo, se desarrollará un plan integral de fortalecimiento y provisión de energía eléctrica en todo el país y la construcción de la cuarta línea de transmisión de 500Kv y ampliar el número de plantas de energía renovable. 

En cuanto a los servicios de salud y bienestar, las acciones a implementar serán entre otras la construcción y repotenciación de hospitales y centros de salud; incentivar la medicina de precisión, la biotecnología y la gestión de datos sanitarios; bajar el precio de los medicamentos y garantizar su abastecimiento, creando una ley única de compra e insumos con precio único y un sistema de control de medicamentos nacional; promover la investigación e innovación médica.

Gobernanza eficiente y fortalecimiento institucional  

En este punto, señala el PEG que Panamá requiere de un entorno que fomente la confianza ciudadana, el dinamismo empresarial, la innovación y el crecimiento sostenible, por lo que, resulta esencial que las entidades públicas se alineen con el propósito de alcanzar estándares propios de un país de ingresos altos. 

Dentro de este objetivo, se desarrollará la Gestión fiscal prudente y moderna, la Transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana y la Justicia y Seguridad para todos. 

Todo esto está previsto bajo estrictas medidas de transparencia, gasto eficiente y responsabilidad fiscal. La meta fiscal es reducir el déficit total al 2.0% para 2029 y alcanzar un balance primario positivo a partir de 2028. Estabilizar la deuda pública en un nivel igual o inferior al 50% del PIB, en los próximos diez años, y reducirla al 40% en los cinco años siguientes.

Determinar un plan de gestión con metas claras, incluyendo la reducción del porcentaje de deuda respecto del PIB y la definición de los límites de endeudamiento dentro de los niveles prudentes, como parte de la estrategia establecida en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. 

Sostenible ambiental y manejo responsable de los recursos naturales

Dispone el PEG que el crecimiento sostenible y responsable está atado a una gestión eficiente de los recursos ambientales y a la adecuada preparación frente a eventuales desastres naturales y que más del 30% del territorio panameño está conformado por parques nacionales y otras áreas protegidas, constituyendo la herencia y patrimonio irremplazable de todos los panameños. 

Dentro de las acciones para salvaguardar el agua, se debe trabajar en conjunto con la Autoridad del Canal de Panamá para el correcto uso de los recursos hídricos que requiere su operación, con el fin de velar por la calidad u disponibilidad del agua potable en el área metropolitana, Colón y Arraiján. 

Lo anterior incluye proteger los bosques y ríos de la cuenca del Canal y gestionar de forma sostenible las cuentas ampliadas de los ríos Indio, Coclé del Norte, Caño Sucio, además de incorporar la cuenca del Lago Bayano al anillo hídrico para su conservación, suministro de agua y producción de energía en Panamá Este y Norte. 

Relacionado con la reducción de la huella de carbono, se establecido como una de sus acciones la de impulsar la generación de energías renovables, estimular el desarrollo de la infraestructura de recarga, dinamizar y reglamentar las operaciones del mercado nacional de carbono, avanzar en el cierre ordenado y autofinanciado de la mina de Donoso, diseñar instrumentos de gestión ambiental y robustecer las normas sobre concesiones y permisos de agua. 

El plan también se traza el objetivo de potenciar las ventajas del país en el sector logístico. Para ello, se propone establecer corredores logísticos más efectivos entre puertos, aeropuertos y zonas francas principales, y también entre provincias y zonas con actividades económicas, priorizando sectores con alto potencial de exportación e inversión extranjera y desarrollando nodos y corredores viales estratégicos, aprovechando la economía que genera el Canal. 

Contempla el PEG, que con las acciones comentadas, las metas que se proyectan para Panamá en el 2029 son: 

1. Impulso a sectores económicos para el crecimiento y la generación de empleo de calidad: Creación de nuevos centros de desarrollo, fortalecimiento de la infraestructura logística y mayor integración a la economía global.
2. Oportunidades para todos con educación pertinente y servicios básicos de calidad: Educación pertinente y servicios básicos de calidad para todos, fomentando el crecimiento inclusivo en todas las regiones del país.
3. Gobernanza y fortalecimiento institucional: Preservar y mejorar los avances alcanzados, asegurando la rendición de cuentas y fortaleciendo la confianza en las instituciones.
4. Sostenibilidad ambiental y manejo de los recursos naturales: Desarrollo económico con desarrollo social y la sostenibilidad ambiental, manejo responsable de los recursos naturales, asegurando un legado sostenible para las futuras generaciones.

Han indicado, que estas obras se ejecutarán bajo estrictos estándares de transparencia y responsabilidad financiera, alineándose con los principios de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

El PEG hace referencia al Marco Fiscal de Mediano Plazo proyecta alcanzar un superávit primario a partir de 2028, revertir la tendencia al alza en la relación deuda/PIB y fomentar un crecimiento económico sostenido. 

Se entiende que el Manifestaron que este enfoque asegura el control y la transparencia en la gestión de las finanzas públicas, destacando el compromiso del Gobierno con un desarrollo inclusivo y transparente.

De esta manera, concluimos con la presentación del resumen del PEG 2025-2029, el cual al menos en papel garantiza la incorporación constante y permanente de la sostenibilidad económica, social y ambiental del país, con la participación activa de la población con alcance de legitimidad de todas las formas democráticas de interacción sociopolítica en la elaboración y diseño; recolección, ordenamiento, sistematización y análisis de información cuantitativos y cualitativos.

La mayoría de los panameños aspiramos a vivir en un Panamá, como el que pretende la actual administración tengamos en el año 2029; sin embargo, mucho dependerá de las acciones que se tomen en los momentos actuales que vive el país por las amenazas de la primera potencia del mundo de apoderarse del Canal de Panamá. 

De acuerdo con el MEF, el diagnóstico realizado ha identificado que el sistema educativo y la calidad y cobertura de los servicios públicos son las áreas más críticas que actualmente limitan el desarrollo integral del país. 

Es fundamental cumplir con puntualidad las obligaciones fiscales para evitar complicaciones y posibles sanciones. En nuestro Calendario Tributario, te proporcionamos todas las fechas clave que necesitas tener presente para mantener en orden tus finanzas este mes.

Asegúrate de marcar estas fechas en tu agenda y, en caso de cualquier duda, no dudes en ponerte en contacto con nosotros, nuestros abogados están listos para orientarte.

10 de febrero

• Impuesto Primas Brutas Seguro- Incendio y renovaciones.

15 de febrero

• Declaración Jurada mensual sobre Primas cobradas ( no incluye renovaciones, ni incendio).
• Impuesto primas brutas cobradas ( Aseguradoras).
• Pago de ITBMS (Mensual).
• Declaración de Retenciones de ITBMS Mensual.
• Informe de Ventas con tarjeta de crédito y débito.
• Impuesto Selectivo al Consumo.
• Impuesto de timbre.
• Impuesto sobre Juego de Suerte y Azar.
• Consumo de Combustibles y Derivados del Petróleo (Informe Mensual).

25 de febrero

• Ultimo día para la presentación de las Planillas SIPE.

28 de febrero

• Presentación de Informe de contribuyentes no declarantes.
• Informe de Compras e importación de bienes y servicios. Formulario 43.
• Impuesto de inmueble pago con descuento del 10% de descuento.
• Reporte de la planilla 03 presentar mensual.
• Reporte formulario # 1027 sobre informe de ventas y prestaciones de servicio.
• Informe de recursos minerales no metálicos.
• Último día para pagar la planilla CSS.
• Pago impuesto municipal mensual.

*Nota: En caso de fechas que correspondan a días no hábiles, la DGI tiene facultad discrecional para extender las fechas de pago al siguiente día hábil.

Por: Rocío de los Reyes Ramírez
Analista del IEEE

Resumen:
El análisis aborda las tensiones recientes entre Estados Unidos y Panamá derivadas de las declaraciones de Donald Trump sobre el canal de Panamá. Estas afirmaciones, que cuestionan la transferencia de la vía acuática a Panamá y señalan preocupaciones sobre su gestión y la influencia china, han reactivado debates sobre soberanía y geopolítica en la región.
El canal, vital para la economía panameña, enfrenta desafíos climáticos y comerciales, pero su administración ha sido reconocida como eficiente desde 1999. Las reacciones internacionales a las declaraciones de Trump han sido contundentes, con un amplio respaldo a Panamá por parte de líderes latinoamericanos y organismos multilaterales, subrayando el respeto al derecho internacional y a los tratados vigentes.
Cualquier intento de recuperar el canal sería inviable legal y diplomáticamente, además de desestabilizar la región. La situación pone de manifiesto la relevancia estratégica del canal y la necesidad de equilibrar intereses nacionales e internacionales en su gestión.

Introducción
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece no tener intenciones de adoptar una política de «buena vecindad». Ha ridiculizado al primer ministro saliente canadiense, Justin Trudeau, llamándolo «gobernador» y sugiriendo que un país de cuarenta millones de habitantes debería convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos. Su primera conversación telefónica con la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, terminó con Sheinbaum aclarando educadamente que no había aceptado ninguno de los términos que Trump afirmaba haber acordado.

Las recientes declaraciones de Trump, sobre la posibilidad de que su país recupere el control del canal de Panamá, han despertado tensiones latentes que no se manifestaban desde hacía décadas. En mensajes en las redes sociales y comentarios a sus partidarios, Trump acusó a Panamá de cobrar a Estados Unidos «tarifas exorbitantes» por utilizar el canal e insinuó la creciente influencia china sobre la crucial vía navegable.

El comentario del presidente republicano se produjo durante su primer gran mitin desde que ganó la Casa Blanca el 5 de noviembre, aunque no había sido un tema destacado en la campaña presidencial. Así disfrutó de su regreso al poder mientras una gran audiencia de conservadores le aclamaba.

Desde la transferencia oficial del canal a Panamá hace ahora 25 años, en 1999, esta clase de propuestas no había sido planteada de manera pública por ningún líder estadounidense. La última ocasión en que se debatieron de forma tan significativa cuestiones relacionadas con la soberanía y el control del canal fue durante las negociaciones de los Tratados Torrijos-Carter2 en la década de 1970, que marcaron el inicio del proceso para devolver la administración del canal a Panamá. Esto significa que han transcurrido más de 40 años desde que surgieron debates similares en el escenario internacional.

En respuesta a estas declaraciones, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, reafirmó categóricamente la soberanía innegociable de su país sobre el canal, subrayando que todo el territorio canalero pertenece y seguirá perteneciendo a Panamá.

La reacción de Mulino fue respaldada por líderes de toda América Latina, incluyendo a Claudia Sheinbaum de México y Gustavo Petro de Colombia, así como por organizaciones internacionales como la OEA (Organización de Estados Americanos).
Trump elevó la controversia al exigir públicamente que Panamá reduzca las tarifas de cruce para barcos estadounidenses o devuelva el control del canal a Estados Unidos.

Esta reclamación, realizada tanto en redes sociales como en eventos políticos, incluyó afirmaciones cuestionables, como la supuesta muerte de 38.000 estadounidenses durante la construcción del canal, un número ampliamente desmentido por expertos.
No contento con ello, las amenazas de Trump llegaron al punto de no descartar una acción militar para hacerse con el control del canal de Panamá, tal como apuntó en una conferencia en Florida.

Por último, y no menos importante, en su discurso de toma de posesión, del pasado día 20, volvió a reiterar su intención de recobrar el canal.
Estos episodios ponen de relieve la trascendencia histórica y geopolítica de esta vía acuática, así como los desafíos que su control sigue representando en el contexto de las relaciones internacionales contemporáneas, y permiten entrever que el continente americano va a ser una zona clave para la segunda administración de Trump.
El canal de Panamá ha sido, desde su inauguración en 1914, una obra de ingeniería clave para el comercio global y un punto de interés estratégico para diversas potencias.

Su construcción inicial por Francia y posterior culminación por Estados Unidos no solo reflejan los retos tecnológicos de su tiempo, sino también los intereses geopolíticos que han rodeado esta vía interoceánica. La influencia de potencias extranjeras, como China en las últimas décadas, ha renovado las discusiones sobre el impacto del canal en el equilibrio de poder global. En este contexto, las declaraciones de Trump también reavivan debates históricos sobre soberanía y control, subrayando la importancia de esta región en las estrategias políticas y económicas de los Estados Unidos y otros actores internacionales.

El legado histórico del canal de Panamá: Claves de una obra estratégica

Desde la época virreinal, el istmo de Panamá se consideró un punto estratégico para el comercio y la conexión entre los océanos Atlántico y Pacífico. En el siglo XVI, los españoles establecieron rutas comerciales que atravesaban el istmo, como el Camino Real y el Camino de Cruces, esenciales para el transporte de mercancías hacia Europa.

Y fue en ese mismo siglo cuando el Imperio español imaginó por primera vez la ambiciosa idea de construir un canal que uniera los dos océanos. Álvaro de Saavedra Cerón, navegante y descubridor, propuso por primera vez el proyecto, y en 1533 Gaspar de Espinosa, teniente de gobernador de Panamá, lo presentó a Carlos V para hacer navegable el río Chagres. Aunque inicialmente el emperador respaldó la iniciativa y ordenó planos y estudios, la propuesta se descartó debido a las dificultades técnicas y la falta de apoyo.

La idea persistió a lo largo del tiempo. En 1590, el jesuita y naturalista José de Acosta reflexionó sobre la posibilidad de romper las siete leguas de tierra que separaban los océanos, pero rechazó la propuesta argumentando tanto limitaciones técnicas como razones teológicas. Posteriormente, en el reinado de Felipe III, se encargó un proyecto a ingenieros neerlandeses, pero nuevamente se abandonó, esta vez por falta de recursos y por temor a que el canal facilitara ataques de los enemigos del Imperio español.

Este interés temprano subraya la visión estratégica de España, aunque los retos técnicos y políticos impidieron materializar el proyecto en ese período.
Ya durante el siglo XIX, la ruta terrestre entre los dos océanos volvió a cobrar importancia en las décadas de 1840 y 1850, durante la fiebre del oro de California. A lo largo de todo ese siglo Estados Unidos compitió con otras potencias, como Francia y Gran Bretaña, por tierras e influencias en Centroamérica. El control de Panamá fue un elemento clave del ascenso estadounidense hacia el dominio hemisférico y el Imperio de ultramar tras la guerra hispano-estadounidense de 1898.

Pero no fue hasta principios del siglo XX que el sueño se hizo realidad, en gran parte gracias a la visión y determinación del presidente estadounidense Theodore Roosevelt.
Reconociendo el inmenso potencial estratégico y económico del canal, la Administración norteamericana orquestó la independencia de Panamá de Colombia en 1903, aprovechando la presión diplomática y la presencia militar para asegurar el control de la zona del canal. Esto permitió a Estados Unidos tomar las riendas del proyecto francés, que se encontraba paralizado, e introducir los avances de ingeniería necesarios para completarlo, como el innovador uso de esclusas, junto con medidas sanitarias efectivas para combatir la malaria y la fiebre amarilla. Con la firma del Tratado Hay Bunau Varilla el Estado norteamericano se aseguró el dominio sobre una franja territorial de 10 km de ancho donde se construiría la Zona del canal.

Pero la soberanía panameña tuvo que pagar un precio muy alto, tanto antes como después de la construcción del canal: la intervención jurisdiccional y militar del gigante del norte. No hay que olvidar que, desde la década de 1840, Estados Unidos ha realizado intervenciones armadas en la nación canalera para proteger sus intereses comerciales, siendo la más grave la acontecida en 1989, cuyo resultado fue la muerte de cientos de civiles panameños.

El canal, inaugurado en 1914, facilitó el comercio global, evitando que los barcos tengan que recorrer, aproximadamente, 7.000 millas adicionales para navegar alrededor del cabo de Hornos en los extremos sur de Sudamérica.
La practicidad del canal se demostró durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se utilizó como un paso crítico para el esfuerzo bélico aliado entre los océanos Atlántico y Pacífico.

Pero la gestión de esta vía acuática por parte de Estados Unidos generó tensiones políticas y sociales de larga data en Panamá, particularmente después de la crisis del canal de Suez de 1956, cuando los planes británicos y franceses de invadir Egipto,
posteriormente de la nacionalización del canal de Suez, que puso de manifiesto el poder geopolítico del control sobre las rutas marítimas clave.

La fiscalización estadounidense sobre el canal de Panamá se volvió cada vez más impopular entre los panameños. A finales de los años 60 y principios de los 70, mientras el rechazo al colonialismo crecía y Estados Unidos competía con la antigua Unión Soviética por la influencia en el llamado tercer mundo, Panamá fue escenario de intensas protestas contra la gestión norteamericana y demandas de mayor soberanía.

En 1964 estallaron disturbios en la zona del canal, en los que 21 panameños murieron abatidos por soldados estadounidenses, lo que provocó una breve ruptura de relaciones con Washington. En respuesta, la Administración de Richard Nixon ya inició negociaciones con el régimen de Omar Torrijos para transferir el canal y su zona adyacente.

Aunque la firma de los Tratados Carter-Torrijos supuso un giro trascendental en esta relación al devolver gradualmente el control del canal a los panameños, el proceso no se completó hasta 1999.Esta cesión había sido en realidad un objetivo del secretario de Estado del expresidente Ford, Henry Kissinger, que consideraba que esta transferencia era la mejor forma de impulsar la posición de Estados Unidos en Iberoamérica en esos momentos.

Muchos piensan que —el recientemente fallecido— Jimmy Carter redefinió las relaciones de Estados Unidos con América Latina durante la Guerra Fría, priorizando los derechos humanos y la democracia, sin descuidar los intereses de seguridad nacional. Aunque su enfoque generó críticas tanto de la derecha como de los activistas de derechos humanos, su capacidad para equilibrar principios y pragmatismo destacó. Su doctrina puede resumirse como un «compromiso firme», que combinó ideales con una negociación efectiva en la región.

Los acuerdos alcanzados el 7 de septiembre de 1977 entre el gobierno de Carter y el de Panamá simbolizan de manera elocuente la postura del presidente estadounidense hacia sus vecinos del sur. Tras trece años de arduas negociaciones, los históricos Tratados Torrijos-Carter, firmados en la sede de la OEA en Washington por Carter y el líder panameño, el general Omar Torrijos, establecieron la devolución progresiva del canal de Panamá y su zona circundante a la soberanía panameña. Este proceso, que puso fin a siete décadas de control civil y militar estadounidense, se estructuró en etapas y debía completarse a finales de 1999.

Es importante señalar que el acuerdo involucraba dos tratados: uno de ellos para la entrega y el otro, que continúa a perpetuidad, le da a Estados Unidos el derecho de actuar para garantizar que el canal permanezca abierto y seguro, es decir, actuar si la operación del canal se ve amenazada debido a un conflicto militar, pero no para reafirmar el control.

Los tratados, que generaron divisiones en la opinión pública, fueron rechazados por el Partido Republicano y marcaron una de las controversias más significativas en torno a este tema. Figuras como Ronald Reagan expresaron inicialmente su rechazo a los acuerdos, pero moderaron su postura una vez que estos fueron firmados. Esta oposición, según documenta Cannon, biógrafo del expresidente, estuvo motivada más por intereses políticos que por un desacuerdo sustancial sobre el futuro del canal, dado que el tema resultaba atractivo para los sectores conservadores más radicales, pero decayó una vez que había cumplido su propósito para la carrera presidencial. Por esta razón, se ha considerado que la cuestión del canal marcó un punto de inflexión en la trayectoria política de Reagan. Su campaña aprovechó estratégicamente la percepción de que la transferencia del canal podría ser vista como una nueva humillación para Estados Unidos, sumándose a los fracasos de Vietnam y el escándalo de Watergate.

A la postre, los acuerdos lograron superar el proceso de ratificación en el Congreso. Esto fue posible gracias a que los demócratas renovaron su mayoría en ambas cámaras durante las elecciones legislativas de medio término en noviembre de 1978.
Finalmente, los acuerdos entraron en vigor el 1 de octubre de 1979, fecha en que se dio inicio a la primera fase de la transferencia de soberanía. En esta etapa, la Zona del Canal fue abolida y convertida en las Áreas Revertidas del Canal de Panamá, bajo un régimen de soberanía compartida.

En junio de 1978, Carter visitó Panamá tras una invitación de Torrijos y del presidente
nominal del país, Basilio Lakas. Durante su estancia, se reunió con otros líderes regionales, incluidos José López Portillo de México, Carlos Andrés Pérez de Venezuela,
Alfonso López Michelsen de Colombia, Rodrigo Carazo de Costa Rica y Michael Manley
de Jamaica. Esta reunión subrayó el compromiso de Carter con la diplomacia hemisférica.

El canal fue trasferido definitivamente a Panamá el 31 de diciembre de 1999, durante la Administración Clinton, desde ese momento ha sido propiedad y ha sido operado por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Esta agencia gubernamental autónoma, se
estableció poco antes de la devolución.

En el año 2000, poco después de que Panamá asumiera el control total, el volumen de
transporte marítimo comenzó a superar rápidamente la capacidad de la infraestructura
existente. Este aumento en la demanda evidenció la necesidad de modernizar la vía para mantener su competitividad global.

En 2007, el gobierno panameño emprendió un ambicioso proyecto de ampliación,
aprobado mediante un referéndum nacional en el que la mayoría de los panameños
respaldaron la iniciativa. Las obras, que incluyeron la construcción de un nuevo juego de esclusas más grandes y el ensanchamiento de canales, y que contaron con amplia y
significativa presencia de empresas españolas, se completaron en 2016, casi una
década después. La ampliación permitió al canal manejar embarcaciones de mayor
tamaño conocidas como buques Neopanamax, consolidando su papel como una de las
rutas marítimas más importantes del mundo y duplicando su capacidad operativa.

Este proyecto no solo reforzó la economía panameña, sino que también puso de relieve el liderazgo del país en la gestión de infraestructuras estratégicas a nivel global.

Alrededor del 40 % del tráfico mundial de buques de carga se mueve a través de esta vía, correspondiendo dos tercios de estos movimientos a los que salen o se dirigen a Estados Unidos. Entre 13.000 y 14.000 barcos utilizan el canal cada año.

El canal funciona, como venimos analizando, por medio de una serie de esclusas que
permiten salvar el desnivel existente con el lago Gatún, situado a 26 metros sobre el nivel del mar. Cada barco que transita requiere aproximadamente 200 millones de litros de agua dulce. Su operación es crítica no solo para el transporte marítimo, sino también, como ya señalamos, como un importante generador de ingresos para Panamá.

Respuesta y respaldo a la soberanía panameña
En medio de la incertidumbre global que genera la llegada del nuevo inquilino de la Casa Blanca, sus declaraciones podrían reflejar una cierta visión histórica de Estados Unidos hacia América Latina como un territorio para explotar, en lugar de un conjunto de naciones soberanas. Este enfoque, combinado con la retórica agresiva del mandatario estadounidense, ha avivado el sentimiento nacionalista en Panamá y otros países de la región, fortaleciendo su determinación de proteger la soberanía sobre sus recursos estratégicos.

El conservador José Raúl Mulino, presidente de Panamá, que asumió el poder el pasado 1 de julio, rechazó las manifestaciones de Trump como un ataque a la independencia de su país, subrayando que las tarifas del canal se establecen mediante procesos públicos y considerando factores como los costos operativos y la competencia internacional.

Mulino, aunque alineado con Trump en muchos ámbitos —como la cuestión migratoria—, destacó además que el canal no está bajo el control de ninguna potencia
extranjera, respondiendo a las insinuaciones de su homólogo sobre la influencia china
en la infraestructura.

El grito de «el canal es de Panamá» ha resonado con fuerza en todo el país desde el 21 de diciembre, consolidándose como un símbolo de unidad nacional. Las declaraciones del presidente de Estados Unidos han logrado lo que parecía imposible: unir a una sociedad dividida por disputas políticas internas en torno a una reivindicación patriótica común. Este resurgimiento del orgullo nacional coincidió con la conmemoración del 25.º aniversario de la recuperación de la vía interoceánica por parte de Panamá.

Durante la ceremonia de celebración el dirigente panameño no se refirió específicamente a las declaraciones de Trump. Sin embargo, trató de desviar las acusaciones de que China podría tener demasiada influencia sobre el canal. Al mismo tiempo reafirmó la soberanía panameña sobre la infraestructura acuática al señalar con firmeza: «No hay otras manos involucradas en el canal que no sean las de Panamá. Tengan la seguridad de que estará en nuestras manos para siempre».

La postura del presidente panameño fue respaldada por líderes iberoamericanos. El
presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó su apoyo al mandatario panameño a
través de un largo mensaje en la red social X, sobre la soberanía del canal, señalando
que cualquier intento de desestabilizar a Panamá o América Latina sería más costoso
para Estados Unidos que pagar las tarifas del canal. Petro abogó por una relación de
igualdad entre Estados Unidos y los países de la región, enfocada en la prosperidad
mutua y afirmó que estará al lado de Panamá «hasta las últimas consecuencias»20.
Asimismo, el Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales (CORI) expresó su
preocupación y rechazo ante las declaraciones de Donald Trump, calificándolas como
desafortunadas. En su comunicado, el CORI destacó la importancia de respetar las
normas y principios del derecho internacional, reafirmando el derecho de las naciones
latinoamericanas a vivir en una región de paz, libre de injerencias externas e hizo un
llamamiento para evitar que las rivalidades comerciales entre países escalen en
tensiones geopolíticas, instando a la unión regional y a la construcción de una sola voz
en apoyo y solidaridad con Panamá.

De igual modo, la jefa del Ejecutivo mexicano, Claudia Sheinbaum, respaldó a Mulino, y aseguró que «cada metro cuadrado del canal de Panamá y sus zonas adyacentes son
de Panamá y lo seguirán siendo», mostrando su solidaridad y apoyo al presidente y al
pueblo panameño.

En esta misma línea, una amplia coalición de líderes latinoamericanos, encabezada por
el expresidente panameño Martín Torrijos y respaldada por más de doscientos
académicos y diplomáticos destacados, emitió una declaración conjunta en rechazo a
las declaraciones de Trump. En el comunicado, los firmantes denuncian cualquier intento de revivir la Doctrina Monroe, símbolo histórico del control hegemónico de Estados Unidos sobre América Latina, y enfatizan que el respeto a los tratados internacionales y al derecho internacional es esencial para la convivencia en el continente.

Entre los firmantes se encuentran figuras destacadas como las excancilleres colombianas María Emma Mejía, Noemí Sanín y Marta Lucía Ramírez; los diplomáticos
mexicanos Jorge Castañeda, Bernardo Sepúlveda y Claudia Ruiz Massieu; así como
Santiago Cafiero y Susana Malcorra de Argentina, y Alejandro Foxley, Heraldo Muñoz y
Antonia Urrejola de Chile. También respaldaron el manifiesto antiguos jefes diplomáticos de Brasil, Bolivia, Uruguay, Nicaragua y Guatemala, junto con destacados defensores de los derechos humanos como José Miguel Vivanco y Juan E. Méndez, relator especial de la ONU contra la tortura hasta 2016.

La declaración subraya el rechazo de la región a cualquier intento de desestabilización
que vulnere su soberanía, haciendo un llamamiento a respetar los tratados históricos
como pilares fundamentales para la paz y la cooperación en el hemisferio occidental.
Este posicionamiento refuerza el respaldo de América Latina a Panamá en un momento
clave para la defensa de su soberanía sobre el canal.

Incluso desde China las reacciones no se hicieron esperar, la portavoz del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Mao Ning, en respuesta a la afirmación del líder norteamericano
de que existe personal militar chino estacionado en el canal de Panamá, declaró que su
país respetará la soberanía panameña sobre el canal y reconocerá a este como una vía
fluvial internacional permanentemente neutral.

En cambio, el jefe de la diplomacia británica, David Lammy, evitó condenar las declaraciones del nuevo presidente de Estados Unidos, sobre sus ambiciones de
apoderarse del canal de Panamá y Groenlandia, asegurando que no sucederán. Lammy
manifestó a una cadena de televisión británica que «no está en el negocio de condenar
a nuestro aliado más cercano» cuando se le preguntó si iba a denunciar la retórica del
mandatario estadounidense.

Pero los panameños no subestiman las amenazas de Trump, quienes consideran el
canal como un pilar de su identidad nacional y dependen de su lucrativo tráfico. En 2024, el canal generó beneficios totales de casi 5.000 millones de dólares estadounidenses.

Según un estudio publicado en diciembre por IDB Invest26, el 23,6 % de los ingresos
anuales de Panamá provienen del canal y de las empresas que prestan servicios
relacionados con su funcionamiento.

Ese crecimiento económico que Panamá ha experimentado, si se compara con otras
naciones de Centroamérica, ha ayudado al país a conseguir una estabilidad poco
frecuente donde las naciones circundantes se ven acosados por la pobreza, el
narcotráfico, y, por ende, la migración.

Minutos después del combativo discurso inaugural de Donald Trump27, en el que
confirmó sus planes de recuperar el canal de Panamá, criticando duramente la
transferencia de aquel a manos panameñas, calificándola como un «regalo tonto» y una pérdida estratégica para Estados Unidos y catalogando esta decisión como de error histórico, Mulino publicó en su cuenta de X un comunicado en el que reiteraba lo que ya había expresado en diciembre pasado, que el canal es y seguirá siendo de Panamá y que estará bajo control panameño.

Paralelamente, Panamá elevó una queja formal ante las Naciones Unidas, recordando
que las amenazas de uso de la fuerza violan la Carta de la ONU. El embajador panameño ante la ONU, Eloy Alfaro de Alba, subrayó que las declaraciones de Trump son inaceptables y que Panamá defenderá su soberanía en todos los foros internacionales.
Estas acciones reflejan una postura estratégica de Panamá, que busca encauzar las
discusiones por los canales diplomáticos adecuados, reafirmando su soberanía y
administración legítima del canal de Panamá frente a las declaraciones del presidente
norteamericano.

La retórica de Trump: Confusión y controversia

Las propuestas poco convencionales de Donald Trump plantean un dilema interpretativo: no siempre es posible discernir si están diseñadas para captar la atención del público o si reflejan una política deliberada y seria. Una lección de su primer mandato es que solo una fracción limitada de sus declaraciones más llamativas se materializaron en acciones concretas.

Pero en este caso, el argumento del presidente estadounidense para reclamar la
devolución del canal se podría basar en algunas exageraciones. Aunque es verdad que
una filial de la empresa CK Hutchison Holdings, con sede en Hong Kong, opera en dos
puertos marítimos situados a ambos extremos del canal de Panamá, China no es la que controla la infraestructura del canal.

Pero quizás la exigencia de Donald Trump podría constituir una declaración de
intenciones que trasciende al gobierno panameño y envíe un mensaje inequívoco a su
principal competidor comercial, al sugerir que proyectos alternativos, como un canal en Nicaragua, podrían tener un significado estratégico renovado.

Para Pekín, la posibilidad de un canal de Panamá bajo un control estadounidense
absoluto plantea dudas sobre la viabilidad de confiar plenamente en esta infraestructura clave. En este contexto, cobran sentido las recientes amenazas de imponer aranceles a las exportaciones provenientes del nuevo megapuerto de Chancay, en Perú. Con esta maniobra, Trump no solo reabre la disputa sobre las rutas marítimas y los puertos de trascendencia estratégica, sino que también pone de manifiesto la creciente competencia entre Washington y Pekín por el control de estas vías cruciales para el comercio global.

En las últimas décadas, China ha ampliado significativamente su influencia en América
Latina mediante la adquisición de participaciones en numerosos puertos de Sudamérica y Centroamérica, así como en la gestión de tendidos eléctricos, vías fluviales y redes de telecomunicaciones. Frente a esta realidad, la advertencia de Trump a Panamá podría sentar un precedente y enviar una señal contundente a la llamada «zona de comercio americana» —que se extiende desde Canadá hasta Argentina y Chile— sobre las consecuencias de priorizar la aproximación a China por encima de Estados Unidos. En este escenario, el mensaje es claro: alinearse con Pekín podría implicar el cierre de facto del acceso al mercado estadounidense.

Ciertamente, la creciente apertura de Panamá hacia China en los últimos años ha
intensificado las preocupaciones de Estados Unidos sobre la creciente influencia de Pekín en la región. En 2017, Panamá rompió relaciones diplomáticas con Taiwán para
reconocer a la República Popular China como su único gobierno legítimo. Este giro
marcó un hito en las relaciones bilaterales y, en 2018, Panamá se convirtió en el primer país de América Latina en unirse oficialmente a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, el ambicioso programa global de infraestructuras impulsado por China. Pero recordemos que este hecho se produjo durante la primera presidencia de Trump, cuando su política en este hemisferio se centró principalmente en la migración y en las sanciones a Venezuela, y que, en 2020, cuando aún ocupaba la Casa Blanca, las empresas chinas ayudaron a Panamá a desarrollar un sistema de gestión de agua para combatir la sequía.

El presidente podría haber sido percibido como excesivamente complaciente con China
en ese momento.

Otra hipérbole de las alegaciones de Trump apunta a las tarifas que la República
panameña impone por el uso del canal, calificándolas de «exorbitantes» y alegando que perjudican a las navieras estadounidenses. Afirmación que volvió a destacar en su discurso de toma de posesión. Según las cuales, estos costos «muy altos» afectan
directamente la competitividad de las empresas norteamericanas en el comercio
internacional, reduciendo sus márgenes de ganancia y encareciendo las operaciones
logísticas. Trump calificó esta situación como injusta y acusó a Panamá de incumplir el
espíritu de los Tratados Torrijos-Carter, los cuales, según él, deberían garantizar
condiciones más favorables para los barcos estadounidenses.

Los precios del transporte marítimo han aumentado debido a las sequías que afectaron
a las esclusas del canal a partir de 2023, con los niveles de agua del lago Gatún, principal reserva hidrológica, en niveles históricamente bajos. La sequía se debió en parte a un fuerte efecto del fenómeno meteorológico conocido como El Niño, ya que el aumento de la temperatura del océano Pacífico alteró los patrones climáticos en todo el mundo. La Autoridad del Canal (ACP) se vio obligada a reducir considerablemente el tráfico diario, en algunos momentos hasta el 40 %, y aumentar las tarifas de uso. Aunque recientemente las lluvias han regresado mayoritariamente, Panamá ha mencionado que podrían ser necesarios futuros aumentos de tarifas a medida que se realizan mejoras para adaptarse a las circunstancias actuales y potenciales.

Estas circunstancias parecen no ser entendidas por el mandatario estadounidense, que
los costes del tránsito por el canal están subiendo, no por la avaricia panameña ni por la influencia china, sino más bien por los efectos del cambio climático. De hecho, a medio plazo las empresas afectadas ya están buscando rutas alternativas y otros medios para transportar sus mercancías. Algunos proyectos se están estudiando para construir un corredor ferroviario a través del sur de México, que competiría directamente con el canal panameño.

Por último, no queremos dejar de mencionar otra de las exageraciones de Donald Trump, cuando afirmó que 35.000 a 38.000 «hombres estadounidenses» habían fallecido durante la construcción del canal.

Durante su construcción, el costo humano fue abrumador. Se estima que más de 25.000 trabajadores perdieron la vida, en su mayoría durante el período francés, cuando las condiciones laborales eran extremadamente precarias y las enfermedades como la malaria y la fiebre amarilla devastaban a los empleados. Bajo la administración estadounidense, la implementación de medidas sanitarias logró reducir
significativamente la tasa de mortalidad, aunque el número de fallecimientos siguió
siendo considerable.

Contrario a lo que afirmó Trump, los datos históricos revelan que el promedio de
estadounidenses empleados en el proyecto fue de poco más de 5.000, muchos de ellos
ingenieros, y las bajas en sus filas fueron mínimas comparadas con las de los
trabajadores caribeños. Barbados fue la principal fuente de mano de obra, aportando un gran contingente de trabajadores, mientras que otros 7.500 hombres se reclutaron de las islas francesas de Martinica y Guadalupe.
Estas cifras subrayan el inmenso costo humano del canal, a menudo olvidado en el relato de su construcción, pero crucial para entender su historia.

Conclusión

La posibilidad de que Estados Unidos recupere el control del canal de Panamá, sugerida por Donald Trump, plantea interrogantes sobre su viabilidad y las consecuencias que podría tener en el ámbito legal, diplomático y geopolítico. Aunque estas declaraciones pueden parecer retóricas, reflejan un alejamiento preocupante de las normas internacionales que han protegido la integridad territorial y la soberanía de las naciones desde la Segunda Guerra Mundial.

Tales discursos sobre socavar las fronteras soberanas y usar la fuerza militar contra
aliados, incluso si se dicen a la ligera, marcan una sorprendente desviación de las
normas, ya de largo recorrido, sobre la integridad territorial. Y es una palabrería que,
según algunos analistas, podría envalentonar a los enemigos de Estados Unidos al
sugerir que Washington ahora está de acuerdo con que los países usen la fuerza para
volver a trazar las fronteras en un momento en que Rusia sigue adelante con su invasión de Ucrania y China amenaza a Taiwán, que reclama como su propio territorio.

Un ejemplo ilustrativo de esta tendencia fue su anhelo de adquirir Groenlandia en su
anterior mandato, una isla de notable interés estratégico que, no obstante, sigue siendo parte de Dinamarca. Ahora, su ambición de recuperar el control del canal de Panamá enfrenta una resistencia igualmente insalvable, ya que el gobierno panameño no tiene intención alguna de ceder voluntariamente esta infraestructura clave.
Sin embargo, estas afirmaciones no solo exageran la situación, sino que también ignoran los compromisos internacionales establecidos en el Tratado Torrijos-Carter de 1977.

Una acción militar para recuperar el canal no solo violaría el tratado, sino también los
principios de soberanía consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Tal
intervención podría ser considerada una agresión, lo que dañaría gravemente la
credibilidad de Estados Unidos como defensor del orden internacional basado en reglas.

Además, pondría en peligro el Protocolo de Neutralidad del canal, que garantiza su
apertura incluso en tiempos de guerra, afectando a los países que dependen de esta vía marítima para el comercio.

El impacto diplomático también sería significativo. La comunidad internacional, incluidos organismos como la ONU y la OEA, condenaría una acción unilateral, aislando a Estados Unidos en un momento de tensiones crecientes con China y Rusia. Además, Panamá podría invocar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), que obliga a los países firmantes a responder colectivamente ante una agresión, complicando aún más cualquier intento de intervención militar.

Desde 1990, Panamá carece de un ejército tradicional, contando únicamente con fuerzas de seguridad interna. Esto podría facilitar una acción militar inicial por parte de Estados Unidos, pero no garantizaría un control estable del territorio ni de la infraestructura canalera.

En el ámbito económico, la militarización del canal tendría repercusiones globales. El
canal de Panamá, como hemos venido analizando, es una arteria clave para el comercio internacional, y cualquier interrupción en su operatividad podría aumentar los costos del transporte marítimo y generar inestabilidad económica a nivel mundial. Además, tal acción podría fortalecer la narrativa de China y Rusia, que argumentarían la hipocresía de Estados Unidos al actuar de manera unilateral mientras critica a otros países por hacerlo.

De Panamá a Groenlandia, las ambiciones expansionistas del recién estrenado
presidente de Estados Unidos podrían señalar una realidad más amplia: en un mundo cada vez más dependiente de las cadenas de suministro extendidas que cruzan el
mundo, el dominio de la logística se traduce en seguridad económica. Trump puede que imagine que la toma de Panamá —como hizo Roosevelt— le aseguraría el acceso de Estados Unidos al canal, y que la compra de Groenlandia garantizaría la presencia de Estados Unidos a la entrada de un futuro paso hacia el noroeste a través del hielo ártico que se está derritiendo.

Lo que sí parece evidente, que las aspiraciones expansionistas de Trump auguran una
relación tensa y conflictiva entre Estados Unidos y sus aliados, adopta un estilo
caracterizado por generar un alto nivel de ruido y confrontación inicial, empleando una
estrategia de presión directa que permite a la diplomacia estadounidense intervenir
posteriormente con un enfoque más conciliador, maximizando así los beneficios
estratégicos.No es necesario interpretar literalmente las palabras de Trump, pero sí es crucial
tomarlas con seriedad, por lo que pudiera pasar.

En los últimos años, la tecnología ha avanzado a un ritmo acelerado, cambiando por completo distintos aspectos de nuestra vida diaria, desde cómo trabajamos hasta la forma en que nos comunicamos y adquirimos conocimientos.
En este contexto de cambios, la inteligencia artificial (IA) ha pasado a ser una parte fundamental del progreso tecnológico, desempeñando un papel clave en la mejora de procesos y en la generación de soluciones creativas para los retos modernos.

En el ámbito empresarial, la inteligencia artificial se ha vuelto clave para mantenerse competitivo. Las empresas la usan para prever tendencias, manejar inventarios y mejorar sus cadenas de suministro. Esto les ayuda a tomar decisiones más acertadas, trabajar con mayor eficiencia y ahorrar costos. Además, herramientas como los chatbots y los asistentes virtuales han cambiado la manera en que se atiende a los clientes, ofreciendo respuestas rápidas y adaptadas a sus necesidades en cualquier momento.
Otro sector profundamente impactado por la IA es la educación. La personalización del aprendizaje es uno de los mayores avances en este campo, ya que los sistemas inteligentes pueden adaptarse al ritmo y las necesidades de cada estudiante. Plataformas educativas, como las que incorporan análisis de datos y aprendizaje automático, no solo mejoran el acceso a la educación, sino que también fomentan una experiencia de aprendizaje más inclusiva y eficiente.

No obstante, la inteligencia artificial también ha generado preocupaciones significativas. Uno de los principales retos es el impacto en el empleo. La automatización de tareas, especialmente en sectores como la manufactura, la logística y los servicios, ha desplazado empleos tradicionales, generando incertidumbre sobre el futuro del trabajo. Si bien se crean nuevos roles relacionados con la implementación y gestión de estas tecnologías, el desafío radica en preparar a la fuerza laboral para adaptarse a estas transformaciones.
La privacidad y la seguridad de los datos también son cuestiones fundamentales en la era de la inteligencia artificial. La recopilación masiva de datos personales para entrenar sistemas de IA plantea riesgos significativos, especialmente en un contexto donde las violaciones de la privacidad pueden tener consecuencias graves tanto a nivel individual como colectivo. La regulación y la protección de datos deben ser una prioridad para garantizar que los avances tecnológicos no comprometan los derechos fundamentales de las personas.

En el plano social, la influencia de la tecnología y la inteligencia artificial es evidente en nuestra interacción con la información. Las redes sociales y los motores de búsqueda, potenciados por algoritmos inteligentes, personalizan los contenidos que consumimos, lo que puede generar burbujas de información y polarización ideológica. Aunque estas plataformas han facilitado el acceso a información y han conectado a millones de personas alrededor del mundo, también han puesto de manifiesto la necesidad de promover un uso ético y responsable de estas herramientas.
En este contexto de cambios acelerados, resulta imprescindible abordar la integración de la inteligencia artificial desde un enfoque ético y sostenible. Las instituciones educativas, los gobiernos y las empresas deben colaborar para establecer marcos regulatorios que guíen el desarrollo y la implementación de estas tecnologías. Asimismo, es esencial fomentar una cultura de innovación inclusiva, que garantice que los beneficios de la tecnología lleguen a todos los sectores de la sociedad.

Para concluir, la inteligencia artificial no solo representa una herramienta poderosa para enfrentar los desafíos contemporáneos, sino también un factor que redefine los límites del desarrollo humano. Sin embargo, su implementación debe estar acompañada de una reflexión profunda sobre sus implicaciones éticas, sociales y económicas. Solo mediante un enfoque equilibrado podremos aprovechar el verdadero potencial de la tecnología y construir un futuro en el que la innovación sea un motor de progreso equitativo y responsable.

Fuentes: https://blogs.iadb.org/trabajo/es/inteligencia-artificial-que-aporta-y-que-cambia-en-el-mundo-del-trabajo/

https://www.unesco.org/es/digital-education/artificial-intelligence

Por su pertinencia y claridad, reproducimos la carta que el embajador Juan B. Sosa remitió al periodista Brian Kilmeade de Fox News, documento que consideramos un marco actualizado de referencia para analizar varios asuntos que han sido tergiversados en los Estados Unidos.

«27 de diciembre de 2024

Sr. Brian Kilmeade Fox News

Estimado señor Kilmeade

Soy un asiduo espectador de Fox News y en la mayoría de los casos coincido con sus posiciones. Sin embargo, considero que la cobertura reciente de Fox sobre los comentarios hechos por el presidente electo Donald Trump con respecto al Canal de Panamá, son inexactas. Como alguien que ha estado involucrado o seguido el Canal de Panamá y su impacto en las relaciones entre los Estados Unidos y Panamá durante décadas, incluyendo ser miembro de la Junta Directiva de la Comisión bipartidista del Canal de Panamá en 1987-89, puedo aportar una visión equilibrada sobre el tema. He vivido durante treinta y siete años en los Estados Unidos después de haber sido Embajador de Panamá en ese país a finales de los años 80, una época que puso a prueba, con éxito, la relación histórica entre Panamá y los Estados Unidos.

Puedo decir con total certeza que China no tiene control, ni siquiera influencia, sobre las operaciones del Canal de Panamá. Los comentarios sobre este tema suelen estar relacionados con Hutchison Whampoa, una corporación de terminales de contenedores con sede en Hong Kong que se encuentra en la entrada del Pacífico y del Atlántico del Canal de Panamá, pero fuera de su área de operaciones. Hutchison Whampoa ganó la concesión para administrar los puertos de Cristóbal y Balboa en un proceso abierto en 1995, cuando Hong Kong era un protectorado del Reino Unido y tres grandes empresas competían por ella, entre ellas Mitsubishi de Japón y Bechtel de Estados Unidos. Los derechos soberanos de Panamá sobre el canal nunca han sido infringidos por ninguna nación.

La operación de las terminales de contenedores en Panamá refleja la actividad mundial de este sector. La mayor operación de contenedores la realiza SSA Marine, una empresa de Seattle, WA propiedad de Carrix, el mayor operador de terminales de contenedores de Estados Unidos; una segunda terminal -PSA- es administrada por una empresa asociada a puertos de Singapur; una tercera -Evergreen- es operada por una empresa de Taiwán, y las otras dos por Hutchison Whampoa. Existe una sexta terminal en construcción asociada a MSC, corporación europea y la mayor naviera del mundo y en tránsito por el Canal de Panamá. Las relaciones entre Panamá y Estados Unidos asociadas al Canal de Panamá abarcan tres áreas clave: economía, seguridad y geopolítica.

Ciencias económicas

La afirmación de que los barcos de Estados Unidos están siendo estafados con las tarifas por transitar por el Canal es infundada y está lejos de la verdad. Como parte de los Tratados del Canal de Panamá, Estados Unidos introdujo un Tratado de Neutralidad que obliga al Canal de Panamá a tratar a todos los países de manera justa y con las mismas tarifas, para evitar dar ventaja a una nación sobre otra. Panamá nunca ha incumplido estas pautas. Las tarifas se revisan periódicamente y pasan por un proceso abierto y transparente que permite a las líneas navieras expresar sus opiniones y brindar recomendaciones. Fox News y cualquier otra empresa de medios de comunicación pueden asistir a estas audiencias que son públicas. El proceso ha sido elogiado por las partes involucradas.

Si bien es cierto que las tarifas suelen ajustarse al alza, esto es un reflejo de aumentos de costos relacionados principalmente con mejoras en tecnología, seguridad, mantenimiento y herramientas de gestión, en una época impactada por presiones inflacionarias. Las tarifas del Canal son competitivas, de lo contrario los buques se cambiarían a opciones más atractivas. Además, el costo de transitar el canal en el precio final de un producto a nivel del consumidor es mínimo y la ampliación del canal en 2016 ha tenido un efecto positivo en los precios al consumidor de Estados Unidos al punto que hoy la ruta Asia-Costa del Golfo a través del Canal de Panamá es más competitiva que la ruta Asia-Costa Oeste-Estados del Golfo que solía ser en el pasado.  

Las tarifas del canal representan menos del 1% de los precios al consumidor en el mercado. Es más caro descargar un contenedor en el puerto de Nueva York que el costo de transitar por el canal, y los ahorros para los consumidores estadounidenses de transitar por el canal en lugar de rodear el Cabo de Hornos en Sudamérica o el Cabo Hope en Sudáfrica son significativos. Podría ser que la queja sobre las “tarifas elevadas” esté relacionada con un sistema de subastas para los tránsitos diarios, mediante el cual los buques con contenido de alto valor pueden acortar la entrega de un producto participando en subastas que favorecen al mejor postor, una práctica que beneficia tanto al canal como a la línea naviera. Esta es una práctica más refinada que la que utilizan los hoteles, las aerolíneas y otros que constantemente ajustan los precios en función de la oferta y la demanda. No afecta las tarifas regulares establecidas.

Es importante que el público sea educado sobre las realidades de Panamá y sus contribuciones a la economía y seguridad de Estados Unidos. Por ejemplo, existe un Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Estados Unidos en el que la proporción era de 19 a 1 a favor de Estados Unidos, cuando en el momento de un tratado comercial negociado en 2004, era de 3 a 1. Cientos de corporaciones estadounidenses operan en Panamá, algunas de ellas utilizando el país como sede regional. Cuatro aerolíneas de Estados Unidos: United, American, Delta y Spirit cubren Panamá. Hay otros ejemplos que resaltan la fuerte relación entre Estados Unidos y Panamá, pero sería demasiado largo enumerarlos en una carta.

Seguridad

Otra queja aún más inverosímil es que el Canal de Panamá, bajo la influencia de China, se está convirtiendo en una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Como dije antes, no hay absolutamente ninguna influencia de China en la gestión del Canal, que es autónomo, ni en el gobierno de Panamá, un país que cada cinco años tiene elecciones libres y democráticas, donde la oposición ha ganado las últimas seis elecciones que abarcan treinta años. En estos treinta años, las políticas pro-empresariales han dominado la agenda y la izquierda nunca ha obtenido más del 3% de los votos, difícilmente un país “dominado por China”, Rusia o cualquier otro influenciado por la ideología de izquierda y el dominio global.

Los Tratados del Canal de Panamá fueron una batalla política muy reñida que fue confirmada por una votación bipartidista de 67 senadores estadounidenses. El punto de inflexión de ese debate fue cuando los líderes del ejército estadounidense declararon en una audiencia que el Canal de Panamá ya no tenía ningún valor militar, debido a que los barcos de la Armada de Estados Unidos no podían transitar por el Canal con un ancho de sólo 110 pies. De hecho, a principios de siglo, cuando la administración del Canal fue entregada a Panamá, el canal, que entonces tenía 86 años, se estaba volviendo obsoleto y poco competitivo. Lo que Estados Unidos, bajo el tratado de 1903, tenía era el “derecho a administrarlo como si fuera soberano”; en otras palabras, no era propiedad sino una concesión administrativa para operarlo.

El Canal de Panamá es el sustento de la economía panameña. Por ello, Panamá ha dado prioridad a la ampliación del Canal y a hacerlo competitivo frente a las tendencias del comercio mundial. En 2006 se aprobó un referéndum para ampliar el Canal, cuya construcción comenzó en 2009 y finalizará en 2016 con un coste de 5.500 millones de dólares a cargo de Panamá y del Canal. De ninguna manera Estados Unidos hubiera invertido esa cantidad de dinero en la construcción de una infraestructura en un país extranjero.

La ampliación del Canal por parte de Panamá a 180 pies de ancho, ha hecho posible que la Marina de Guerra de Estados Unidos transite por el Canal, fortaleciendo la seguridad de los Estados Unidos. Panamá y Estados Unidos tienen una estrecha cooperación relacionada con la seguridad de la región y del canal. Ninguna otra nación, mucho menos China, tiene este tipo de relación. Panamá debe ser elogiada, no criticada, por sus esfuerzos para garantizar la seguridad del canal. Además, Panamá aceptó una reserva en el Tratado del Canal de 1977 que permite a los Estados Unidos actuar unilateralmente en defensa del Canal, si éste se ve amenazado, otra señal de cooperación.

Así, las acciones del Gobierno de Panamá para ampliar el Canal han mejorado la seguridad de los Estados Unidos al hacer posible que sus buques de guerra transiten por las nuevas esclusas del canal. El Canal de Panamá de hoy no es el mismo canal que existía al momento de la transferencia y se ha vuelto viable en el entorno actual gracias a la visión, el compromiso y el financiamiento de Panamá. Es importante que el público sea educado sobre las realidades del Canal de Panamá y sus contribuciones a la economía y la seguridad de los Estados Unidos.

Geopolítica

La década de 1970 fue uno de los peores períodos en las relaciones de Estados Unidos con América Latina. Varios países se enfrentaron a la amenaza de una Cuba comunista ambiciosa y Estados Unidos, secuestrado por su guerra en el sudeste asiático, limitó sus actividades a apoyar a dictadores militares de derecha que, si bien fueron eficaces para contener la amenaza comunista, hicieron poco por mejorar la relación general entre Estados Unidos y América Latina.

Los Tratados del Canal de Panamá de 1977 sentaron las bases para una nueva relación hemisférica basada en el respeto y la cooperación. La nueva administración del presidente Ronald Reagan, bajo el liderazgo de George Schultz y Elliott Abrams en el Departamento de Estado, tuvo un período notable en el que la mayoría de las dictaduras militares se convirtieron en democracias con elecciones justas y libres, deteniendo la expansión del comunismo y aislando a Cuba. A esto le siguió la caída de la Unión Soviética, lo que fortaleció el proceso en general.

Lamentablemente, esto no pudo sostenerse y la aparición de Hugo Chávez en Venezuela y de gobiernos de tendencia izquierdista en otros países creó un nuevo y adverso paradigma, que se expresó en la Cumbre de las Américas de 2005 en Argentina, cuando Estados Unidos propuso un Área de Libre Comercio de las Américas y fue derrotado. Desde entonces, las relaciones entre Estados Unidos y América Latina han tenido sus altibajos, excepto con Panamá, que ha seguido siendo un aliado firme de Estados Unidos, respaldado por la relación ilustrada creada por los tratados del Canal de Panamá.

Desde la cesión del Canal de Panamá nunca ha habido una manifestación antiamericana. Panamá se ha convertido en un paraíso para los jubilados y las publicaciones mundiales que siguen este sector lo sitúan como el primer destino de retiro, principalmente por los expatriados estadounidenses, que elogian la acogida que han recibido en Panamá, una prueba más de la relación positiva entre los dos países. La amenaza de “recuperar el Canal” no reconoce la historia del debate sobre los tratados, cuando los expertos militares estadounidenses aceptaron ampliamente que el canal, con cincuenta millas de longitud y cinco a cada lado del canal, es indefendible a menos que se encuentre en territorio amigo, lo que no sería el caso si una gran potencia impusiera su poderío a Panamá, al Canal y a su gente.

Otra afirmación es que el Canal de Panamá debería ser entregado a los Estados Unidos porque 38.000 personas murieron durante su construcción. La realidad es que 22.000 personas murieron durante la construcción del “Canal Francés” en 1880-1886. Durante la construcción estadounidense (1904-1914), cuando se erradicaron la malaria y la fiebre amarilla, las principales culpables de las muertes, se registraron 5.609 muertes, en su mayoría caribeños que fueron traídos para la construcción, panameños y 375 “americanos blancos” (sic). Si las muertes fueran el factor decisivo para la propiedad del Canal, probablemente la isla caribeña de Barbados tendría un reclamo.  

En cuanto a la gestión y operación del Canal, si los chinos estuvieran a cargo o incluso trabajando en él, se habrían escuchado las voces de protesta de los panameños descontentos. Por cierto, el presidente de Panamá, los tres principales ejecutivos del Canal de Panamá, el Ministro de Relaciones Exteriores y el Embajador de Panamá en los Estados Unidos, entre otros, son graduados de prestigiosas universidades estadounidenses. Esto nos lleva a preguntarnos por qué desestabilizar a Panamá, uno de los pocos países con estabilidad económica, social y política en la región, con amenazas que son parte del pasado y no reflejan la relación positiva que existe entre los dos países hoy en día y los convenios que regulan las relaciones internacionales entre los países.

El presidente Ronald Reagan tenía razón al afirmar que la batalla ideológica en el mundo se gana ganando los corazones y las mentes de la gente, con el apoyo de un aliado que tenga los medios y el compromiso de defender este principio, como lo hizo su gobierno, derribando el muro de Berlín y derrotando al comunismo. ¿Qué mejor ejemplo que la relación actual entre Estados Unidos y Panamá? Necesitamos seguir construyendo sobre estas bases en lugar de desafiarlas, y expandirlas a otros países de la región, fortaleciendo el sistema interamericano y su seguridad.    

Para finalizar, Panamá siempre ha valorado su relación con Estados Unidos desde que declaró su separación de Colombia el 3 de noviembre de 1903 y fue apoyado militarmente por Estados Unidos, lo que selló la separación de Panamá seguida de la firma del Tratado del Canal. Desde que se firmó el nuevo Tratado en 1977 y comenzó su período de transición en 1980, Panamá ha disfrutado de excelentes relaciones con once administraciones estadounidenses (Reagan 1981-1985; Reagan 1985-1989; Bush 41 1989-1993; Clinton 1993-1997; Clinton 1997-2001; Bush 42 2001-2005; Bush 42 2005-2009; Obama 2009-2013; Obama 2013-2017; Trump 2017-2021; Biden 2021-2025). Esto no ha sido casualidad, sino el resultado del compromiso de los dos países de trabajar y cooperar juntos. El Canal de Panamá es el centro de esta relación. Es un tanto irónico, pero al mismo tiempo admirable, que Ronald Reagan, que en un momento se opuso a los Tratados del Canal de Panamá cuando competía por la nominación republicana en 1975, se convirtiera en un partidario del Tratado cuando era presidente.

Estoy disponible para ampliar lo anterior, tal vez en su apreciado programa de radio, eso daría más espacio para tener una conversación franca y aportar una narrativa equilibrada y una mejor comprensión del tema.

Cordialmente,

Embajador Juan B. Sosa, Ex Embajador de Panamá en los Estados Unidos»