Por Rafael Carles

La Copa del Mundo es el evento deportivo más grande del mundo, el último acto de un drama de cuatro años que llega a su conclusión. No hay nada igual. Ni siquiera los Juegos Olímpicos se le acercan. Tampoco el Super Bowl ni la Serie Mundial. 

Es un espectáculo que alimenta tal pasión que desde gobernantes hasta reyes se unen a las multitudes en las calles para celebrar una victoria nacional, y países enteros quedan paralizados. Es un acontecimiento que produce momentos de la más pura alegría, desesperación, locura humana y brillantez individual.

La Copa del Mundo 2026 en particular ha estado repleta de muchos momentos de tensión operística, tragedia, alegría, alivio y cinismo. Ha visto a la poderosa Uruguay caer en la fase de grupos, derribada a pesar de las muestras de valentía; a nueve de las diez naciones africanas participantes pasar a la segunda fase, incluyendo la diminuta Cabo Verde y su gigante portero Vozinha. Ha visto a las escuadras de Ecuador y Paraguay derrotar a una Alemania débil; los Países Bajos fracasar con el amargo sabor de no poder meter goles de penal. Ha visto el hegemónico Brasil del “joga bonito” quedar corto nuevamente de ganar su sexta estrella; un Noruega seductor y un Bélgica que no se rinde. Ha visto el “receso de hidratación” como fórmula ideal para generar ingresos adicionales por más de $800 millones, a expensa de la continuidad y fluidez del fútbol; el comercial de McDonald’s con la famosa canción «Let’s Boogaloo», del legendario músico puertorriqueño Willie Rosario. Ha visto el VAR convertirse en ojo avizor que decide y cambia el resultado de cualquier jugada; el presidente Trump inmiscuirse para revocar una sanción por tarjeta roja a un jugador de su selección nacional. Al final, todo un gran teatro, un verdadero drama.

Pero a medida que llegamos al clímax de la competencia, la trama principal se revela hoy con toda su dramática claridad. Considerado el mejor jugador de su generación, Lionel Messi, jugará su último partido en un Mundial. Si ganara una vez más, su estatus pasaría del inmortal futbolístico tanto en Argentina como en el resto del mundo, al de semidiós, con su labor final más que completa y sin discusión sobre quién es el más grande de todos los tiempos. Pero si gana España y reitera su poderío no solamente como campeón de Europa sino del mundo entero, todo el dolor y sacrificio de los últimos dieciséis años que condujo a este momento de gloria formaría parte de una bella historia con todo el talento de jugadores jóvenes que ahora integran la furia roja. 

Y una vez terminado el partido final, caerá el telón hasta la próxima cita en 2030 cuando la Copa del Mundo celebrará su centenario. No hay duda que los fanáticos del fútbol buscarán nuevamente una excusa para viajar y ver los partidos de sus equipos favoritos.

Mucho se dice que durante la celebración de las copas mundiales la productividad laboral mundial se afecta cuando los trabajadores toman tiempo libre para mantenerse al día con la acción en el campo de juego. Según datos obtenidos de Centro de Investigación Económica y Empresarial (CEBR) del Reino Unido, la Copa del Mundo de Qatar en 2022 causó una pérdida de productividad de $6.8 mil millones en todo el mundo, con las mayores pérdidas en Europa con $3.6 mil millones, en América del Sur con $2.2 mil millones, en África con $200 millones, en Asia con $400 millones y en América del Norte con $400 millones.

Nuestra tesis, sin embargo, es que sucede todo lo contrario: el ambiente laboral se beneficia del «factor de bienestar» cuando juegan los equipos de las selecciones nacionales y se sigue de cerca a los demás participantes. Vivimos en una era de trabajo flexible y los trabajadores saben que, si quieren tomarse un poco de tiempo libre o ir temprano para ver un partido, pueden recuperar ese tiempo en otro lugar. Las empresas además aprovechan la coyuntura mundialista como una oportunidad de negocio para invitar a los clientes a ver los partidos en sus oficinas, lo que es bueno para las relaciones y en el ambiente corporativo. Y muchas oficinas se prepararon para que los colaboradores pudieran tomarse un tiempo para ver los partidos y luego regresar a su jornada laboral. Había tantas formas de ver y disfrutar los partidos que se podían apreciar desde salones de escuelas y vestíbulos de oficinas, hasta pasillos de aeropuertos y salas de espera en hospitales. Y por supuesto, no hubo un bar o restaurante en Panamá donde sin que hubiera un televisor sintonizado con las respectivas transmisiones.

Es cierto, el fútbol es un deporte, y también un negocio. Y como tal, siempre habrá estudios sobre las inmensas sumas de dinero que recibe la FIFA y conjeturas sobre los efectos de la Copa del Mundo en la economía global. Pero algo nunca podemos olvidar: a medida que avanzan los equipos en la competición, mayor es la adrenalina y la euforia que generan. Simplemente, el fútbol es el deporte de mayor pasión en el mundo y el que produce mayor bienestar a las personas.

El autor es empresario

La confrontación entre Estados Unidos e Irán demuestra que una amplia superioridad militar no garantiza el cumplimiento de los objetivos políticos de una guerra. Aunque Washington cuenta con mayores capacidades aéreas, navales, tecnológicas y de inteligencia, estas ventajas no han sido suficientes para provocar el colapso del régimen iraní ni eliminar su capacidad de presión sobre la región.

Las operaciones estadounidenses e israelíes han logrado causar importantes daños a instalaciones militares, sistemas de defensa aérea, centros de mando e infraestructuras relacionadas con el programa nuclear iraní. No obstante, destruir o degradar las capacidades militares de un país no conduce necesariamente a la transformación de su sistema político. Para que se produzca un cambio de régimen también deben existir divisiones dentro de las élites, una pérdida de control sobre la población, una oposición organizada y una alternativa institucional capaz de asumir el poder.

Estas condiciones no se han materializado en Irán. Desde la Revolución Islámica de 1979, el régimen ha construido una estructura orientada a garantizar su supervivencia, basada en sólidos aparatos de seguridad, mecanismos de control social, redes clientelares y una economía acostumbrada a operar bajo sanciones internacionales. Esta capacidad de resistencia le permite absorber ataques y presiones externas sin que se produzca una fractura interna inmediata.

Además, la intervención militar extranjera puede generar un efecto contrario al esperado. Ante una amenaza externa, el régimen iraní puede fortalecer su discurso nacionalista, presentar el conflicto como una defensa de la soberanía y reducir el margen de actuación de los sectores opositores. De esta forma, la presión internacional no necesariamente debilita al Gobierno, sino que puede contribuir temporalmente a cohesionar a la sociedad alrededor de las autoridades.

Ormuz como instrumento de presión global

El principal recurso estratégico de Irán no reside únicamente en sus fuerzas armadas, sino en su capacidad para amenazar el tránsito por el Estrecho de Ormuz. Este paso marítimo constituye una de las rutas energéticas más importantes del mundo y cualquier interrupción, incluso parcial, puede provocar consecuencias inmediatas para la economía internacional.

Irán no necesita cerrar permanentemente el estrecho ni derrotar a la Marina estadounidense. Le basta con mantener una amenaza creíble contra los buques comerciales para elevar los costos de los seguros marítimos, encarecer la energía, aumentar la inflación y generar incertidumbre en los mercados. De esta manera, el conflicto deja de limitarse al ámbito militar y se traslada al terreno económico y político.

El Estrecho de Ormuz funciona, por tanto, como una herramienta de coerción. Con drones, misiles, minas, embarcaciones rápidas y lanzadores móviles, Irán puede dificultar la navegación y obligar a Estados Unidos a destinar grandes recursos para garantizar la seguridad de cada ruta marítima. Una capacidad militar relativamente limitada puede así producir efectos desproporcionados sobre el comercio mundial.

Los límites del dominio aéreo

La superioridad aérea tampoco asegura un control completo de las aguas próximas a la costa iraní. Estados Unidos puede dominar las capas medias y altas del espacio aéreo, pero enfrenta mayores dificultades para controlar las zonas bajas en las que convergen el litoral, las embarcaciones comerciales, los drones, los sensores y los misiles de corto alcance.

Las capacidades iraníes se encuentran distribuidas, son móviles y cuentan con sistemas de respaldo. No dependen exclusivamente de unas pocas instalaciones cuya destrucción paralizaría toda la operación. Para neutralizarlas, Estados Unidos tendría que mantener una vigilancia constante, identificar los lanzadores en tiempo casi real y atacarlos antes de que puedan desplazarse o utilizarse.

Los drones de bajo costo representan una dificultad adicional. Su empleo obliga a utilizar sistemas de defensa e interceptores mucho más caros, puede saturar los sensores y dificulta la protección permanente del tráfico marítimo. Así, una potencia puede dominar el espacio aéreo en términos generales sin garantizar una seguridad completa sobre la superficie del mar.

A esto se suma la necesidad de proteger los aviones de alerta temprana, las aeronaves de reabastecimiento, las bases militares, las redes de mando y los sistemas de inteligencia. Si estos medios son atacados o amenazados, disminuye la capacidad estadounidense para mantener una presencia continua sobre Ormuz.

Una relación desigual entre ataque y defensa

El enfrentamiento presenta una clara desigualdad en cuanto a los objetivos que cada parte necesita alcanzar. Irán solo debe conservar una capacidad mínima de amenaza para impedir que el tráfico marítimo vuelva completamente a la normalidad. Estados Unidos, en cambio, tendría que eliminar prácticamente todas las amenazas para garantizar la libertad de navegación.

Esto coloca a la potencia militarmente superior ante un objetivo mucho más exigente. Un solo misil, dron o ataque exitoso puede provocar nuevas interrupciones, elevar los precios de la energía y generar temor entre las compañías navieras. La defensa necesita funcionar de manera constante; para el atacante, puede ser suficiente encontrar una única oportunidad.

Irán también combina sus capacidades militares con otras formas de presión. Las amenazas contra las rutas energéticas, los ataques selectivos, el uso de organizaciones aliadas como Hezbolá y los hutíes, y la difusión de mensajes dirigidos a las sociedades occidentales forman parte de una estrategia destinada a influir sobre la voluntad política de Estados Unidos y Europa.

Esta estrategia obliga a Washington a considerar no solo las posibilidades de una victoria militar, sino también sus efectos sobre los aliados, la opinión pública, los mercados internacionales y la estabilidad de Medio Oriente. El costo económico y político de una escalada puede limitar la libertad de acción de una potencia, incluso cuando esta posee una ventaja militar evidente.

Victoria táctica, fracaso estratégico

La presión económica, las protestas sociales y el descontento político dentro de Irán no han dado lugar a una oposición suficientemente organizada para desplazar al régimen. La fragmentación de sus adversarios, la ausencia de una alternativa institucional y el control de los aparatos de seguridad han impedido que los ataques externos produzcan un cambio político.

Estados Unidos ha conseguido imponer importantes costos a Irán y reducir parte de sus capacidades militares y nucleares. No obstante, no ha logrado transformar esa superioridad en el cambio de régimen buscado ni eliminar la capacidad iraní de alterar el tráfico por Ormuz.

La experiencia demuestra que una victoria militar puede coexistir con un fracaso estratégico. El poder armado permite destruir instalaciones, debilitar fuerzas y aumentar los costos del adversario, pero no siempre puede modificar su voluntad política ni crear las condiciones internas necesarias para sustituir un Gobierno. Frente a un régimen resiliente, con capacidades dispersas y dispuesto a utilizar la geografía, la economía y la escalada regional como instrumentos de presión, la superioridad militar deja de ser decisiva por sí sola.

Fuente: Alejandro Mackinlay, Irán, Ormuz y los límites del poder coercitivo, Documento de Opinión IEEE 74/2026, 30 de junio de 2026.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no será únicamente una competencia deportiva. Su organización conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá, la ampliación a 48 selecciones y la celebración de 104 partidos la convierten en un escenario privilegiado para observar cómo se distribuyen el poder, la influencia y los intereses económicos en el mundo actual.

El fútbol posee una capacidad excepcional para movilizar emociones, fortalecer identidades nacionales y atraer la atención de millones de personas. Por esta razón, los grandes eventos deportivos se han transformado en instrumentos de proyección internacional. Organizar un Mundial permite a los países mostrar su infraestructura, atraer turismo e inversiones, reforzar su imagen exterior y posicionarse ante una audiencia global.

Esta capacidad de influencia se relaciona con el denominado poder blando, que consiste en persuadir y generar admiración mediante la cultura, los valores y la reputación, en lugar de recurrir a la fuerza militar o a la presión económica. El deporte, y particularmente el fútbol, es una de sus expresiones más visibles.

Sin embargo, esta utilización política del deporte también puede adoptar formas controvertidas. El concepto de sportswashing se emplea para describir los casos en que gobiernos o actores cuestionados internacionalmente utilizan competiciones deportivas para mejorar su reputación o reducir la atención sobre violaciones de derechos humanos, déficits democráticos o conflictos políticos.

La instrumentalización del fútbol no es un fenómeno reciente. El Mundial de Italia de 1934 fue utilizado por el régimen de Benito Mussolini como una herramienta de propaganda. En Argentina 1978, la Junta Militar trató de proyectar una imagen de normalidad mientras el país atravesaba un periodo de represión y graves violaciones de derechos humanos. En otros casos, como Sudáfrica 2010, el torneo fue presentado como una oportunidad para reforzar la cohesión nacional y mostrar al país como una democracia moderna y una potencia regional.

Estos antecedentes demuestran que los Mundiales pueden servir tanto para proyectar poder como para visibilizar conflictos y contradicciones internas. La presencia masiva de periodistas, organizaciones sociales y audiencias internacionales convierte estos acontecimientos en espacios donde también pueden surgir protestas, denuncias y cuestionamientos políticos.

El fútbol refleja, además, rivalidades diplomáticas y procesos de construcción nacional. Encuentros entre Estados Unidos e Irán, las dos Coreas o selecciones vinculadas a territorios con reconocimiento político limitado muestran que un partido puede adquirir una dimensión mucho mayor que la estrictamente deportiva. Para lugares como Palestina, Kosovo o Curazao, la participación internacional representa también una forma de reconocimiento simbólico y de proyección exterior.

Dentro de este sistema, la FIFA ocupa una posición central. Con 211 federaciones afiliadas, cuenta con una red internacional más amplia que la de numerosas organizaciones multilaterales. Su capacidad para organizar la Copa del Mundo, establecer reglas y negociar con los Estados anfitriones la convierte en un actor relevante de la gobernanza global.

Los países que desean organizar un Mundial deben asumir compromisos relacionados con seguridad, fiscalidad, movilidad, infraestructura, propiedad intelectual y adecuación normativa. Aunque la FIFA no es un Estado y carece de poder coercitivo tradicional, tiene la capacidad de influir sobre decisiones públicas y exigir condiciones que los gobiernos aceptan a cambio de los beneficios económicos y políticos asociados al torneo.

Esta influencia también pone en duda la supuesta neutralidad política del organismo. La admisión de Kosovo, la suspensión de Rusia después de la invasión de Ucrania y el reconocimiento de federaciones pertenecientes a territorios con distintos grados de soberanía demuestran que las decisiones deportivas pueden producir consecuencias diplomáticas.

La elección de Rusia para 2018, Catar para 2022 y Arabia Saudita para 2034 también refleja el desplazamiento del poder económico del fútbol hacia nuevas regiones. Los fondos soberanos, las grandes inversiones y los mercados emergentes están modificando un deporte que durante décadas estuvo dominado principalmente por Europa y Sudamérica.

El Mundial de 2026 profundiza esta transformación. La ampliación de 32 a 48 selecciones permite una mayor participación de África, Asia y la CONCACAF. Esta apertura responde a un objetivo de representación geográfica, pero también a intereses comerciales. Más equipos significan más partidos, mayores ingresos por derechos audiovisuales, nuevos patrocinios y una audiencia potencialmente más amplia.

La redistribución de plazas también refleja cambios demográficos y económicos. África cuenta con una población joven y en crecimiento, mientras Asia concentra una parte considerable de los usuarios digitales del planeta. Estas regiones representan mercados estratégicos para el futuro del fútbol y para la expansión comercial de la FIFA.

Estados Unidos desempeña un papel especialmente importante. Aunque el fútbol no ha ocupado tradicionalmente el lugar central que tiene en Europa o América Latina, su crecimiento ha sido constante. La expansión de la Major League Soccer, el peso de la población hispana y la importancia del mercado audiovisual estadounidense convierten al país en un territorio decisivo para el desarrollo futuro de este deporte.

La organización compartida entre tres países inaugura, además, un nuevo modelo para los grandes acontecimientos deportivos. La magnitud de las inversiones, las exigencias logísticas y los costos de seguridad hacen cada vez más difícil que un solo Estado asuma toda la organización. Las candidaturas conjuntas permiten repartir gastos y aprovechar infraestructuras existentes, aunque también generan desafíos de coordinación institucional, movilidad y sostenibilidad.

La dispersión geográfica de las sedes obliga a realizar numerosos desplazamientos entre ciudades y países. Esto incrementa los costos para los aficionados y plantea interrogantes ambientales por el aumento del tráfico aéreo. También obliga a coordinar normas migratorias, sistemas de seguridad y políticas públicas diferentes.

El torneo muestra, además, una fuerte tendencia hacia la comercialización. Los precios dinámicos, los paquetes de hospitalidad, las experiencias premium y la segmentación de la oferta acercan el Mundial al modelo del deporte profesional estadounidense. Como resultado, la competencia será más inclusiva en cuanto al número de países participantes, pero más difícil de seguir presencialmente para muchos aficionados debido al precio de las entradas, el alojamiento y el transporte.

Surge así una paradoja: nunca tantas selecciones habían tenido la oportunidad de participar, pero nunca había sido tan costoso asistir al torneo. La FIFA amplía el acceso al terreno de juego, aunque no necesariamente a las gradas.

Las características políticas de Norteamérica también condicionan el desarrollo de la competencia. Los tres países anfitriones comparten intereses económicos y comerciales, pero mantienen diferencias en materia migratoria, seguridad, política exterior e identidad nacional.

Estados Unidos busca consolidarse como el principal centro económico y organizativo del fútbol mundial. Sin embargo, sus políticas migratorias y controles fronterizos pueden entrar en contradicción con la aspiración de organizar un evento abierto y global. Las restricciones de entrada, los interrogatorios prolongados y las actuaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas generan preocupación entre aficionados, periodistas y miembros de delegaciones internacionales.

Estas situaciones ponen de manifiesto una desigualdad estructural en la movilidad. Aunque el Mundial se presenta como un acontecimiento universal, no todas las personas tienen las mismas posibilidades de viajar, obtener una visa o atravesar una frontera. La nacionalidad y las políticas de seguridad condicionan el acceso al torneo.

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán añaden otra dimensión política. Los partidos de la selección iraní pueden convertirse en escenarios de protesta, tanto por parte de las autoridades de Teherán como de grupos de la diáspora que buscan visibilizar demandas democráticas. La FIFA debe gestionar estas presiones mientras insiste en mantener la neutralidad política de la competición.

México enfrenta principalmente desafíos de seguridad. La violencia asociada al crimen organizado ha obligado a desplegar amplios dispositivos policiales, militares y tecnológicos. También existe el riesgo de que redes criminales intenten aprovechar las oportunidades económicas generadas alrededor de las sedes, mediante actividades como transporte informal, estacionamientos o venta ambulante.

Canadá, por su parte, aprovecha el torneo para proyectar una imagen basada en la diversidad, el multiculturalismo y la apertura. En medio de tensiones políticas y comerciales con Estados Unidos, la competencia también sirve para reforzar una identidad nacional propia y diferenciarse simbólicamente de su vecino.

El Mundial funciona así como una plataforma para construir narrativas nacionales. Estados Unidos busca mostrarse como potencia organizativa y económica; México pretende reafirmarse como puente entre América del Norte y América Latina; y Canadá quiere consolidar una imagen de sociedad abierta y plural.

Al mismo tiempo, el torneo ofrece visibilidad a protestas sociales, reclamos laborales y cuestionamientos ambientales. Trabajadores temporales, organizaciones de derechos humanos y grupos ecologistas pueden aprovechar la atención internacional para denunciar condiciones laborales, políticas migratorias o el impacto energético y ambiental del evento.

La Copa del Mundo de 2026 refleja, por tanto, una de las principales contradicciones del orden internacional contemporáneo. Mientras aumentan la interdependencia, la conectividad y la circulación global de imágenes y contenidos, también se fortalecen las fronteras, las políticas de seguridad y los discursos nacionalistas.

El torneo será el más amplio y global de la historia, pero se celebrará en un contexto de fragmentación política. Reunirá a más países, mercados y audiencias, mientras persisten restricciones migratorias, disputas diplomáticas y desigualdades en el acceso.

La importancia del Mundial trasciende entonces el resultado de los partidos. En sus estadios, fronteras, ciudades y plataformas digitales se disputan prestigio, influencia, legitimidad y poder. La FIFA, los gobiernos anfitriones, las empresas, los medios de comunicación y las audiencias participan en una competencia paralela por definir las narrativas y los beneficios de uno de los acontecimientos más observados del planeta.

Comprender el Mundial de 2026 permite observar en tiempo real algunas de las tendencias que están transformando el mundo: la redistribución del poder global, la aparición de nuevos actores económicos, la tensión entre integración y soberanía, y el creciente valor político de la atención pública.

Mientras millones de personas siguen el recorrido del balón, la geopolítica continúa disputando su propio partido.

Bibliografía

REYES RAMÍREZ, Rocío de los. Mientras el mundo mira el balón, la geopolítica está jugando su propio partido: el Mundial de 2026. Documento de Análisis IEEE 53/2026. Instituto Español de Estudios Estratégicos, 1 de julio de 2026.

Por: MBA Rafael Brown Rangel. Abogado tributarista y ex magistrado del Tribunal Administrativo Tributario de la República de Panamá.

El pasado 23 de marzo de 2026, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el artículo 379 de la Ley 76 de 13 de febrero de 2019 del Código de Procedimiento Tributario, poniendo fin a una norma que, durante su breve vigencia, generó tanto debate en los círculos de la administración tributaria como esperanza entre los contribuyentes panameños, comparto la conclusión del fallo, pero disiento profundamente de su razonamiento y esa diferencia no es menor, en derecho, los motivos de la inconstitucionalidad no son un accesorio del dispositivo, son su columna vertebral.

“Lo que decía la norma”

El artículo 379 del CPT establecía que todo contribuyente que hubiera sufrido un perjuicio por acciones temerarias o de mala fe por parte de un funcionario de la Administración Tributaria podría iniciar un proceso sancionador y solicitar indemnización por daños y perjuicios ante el Tribunal Administrativo Tributario, el propio artículo precisaba que dicho proceso se reglamentaría conforme a los artículos 1644, 1644-A y 1645 del Código Civil, disposiciones relativas a la responsabilidad personal  del agente que causa el daño. El sujeto pasivo de la norma, en todo su texto, era el funcionario responsable NO la Dirección General de Ingresos, NO el Ministerio de Economía y Finanzas, NO el Estado panameño.

“El error del Pleno, una confusión de sujetos con consecuencias constitucionales”

La sentencia construye su ratio decidendi sobre la premisa de que el artículo 379 habilitaría al TAT para “condenar al Estado”, partir de allí, concluye que esa potestad es exclusiva de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, conforme al artículo 206 numeral 2 de la Constitución Política.

El problema es que esa premisa no se sostiene en el texto de la norma.

El Pleno y antes de él, el accionante equipara repetidamente al «funcionario de la Administración Tributaria» con «la Dirección General de Ingresos», llegando a afirmar que el proceso abreviado podría derivar en «la consiguiente condena patrimonial al Estado», pero el Código Civil panameño, en sus artículos 1644 y siguientes, distingue con claridad la responsabilidad del Estado de la responsabilidad personal del agente público, el artículo 379 remitía expresamente a ese régimen de responsabilidad individual, hablar de «condena al Estado» en ese contexto es introducir en la norma un sujeto que simplemente no figura en ella.

La Corte resuelve, en esencia, un problema que el artículo 379 no creaba y al hacerlo, deja intacto el verdadero vicio constitucional.

“El vicio real del artículo 379 del Código de Procedimiento Tributario”

La tasación judicial de daños como acto de jurisdicción

Desde mi perspectiva y con el respaldo de los artículos 323 y 324 del propio Código de Procedimiento Tributario, el TAT es un órgano de control administrativo especializado, sus funciones son de control de legalidad, razonabilidad y corrección procedimental de los actos de la Administración Tributaria, sus decisiones agotan la vía gubernativa, no es, ni puede ser, un tribunal de justicia.

La inconstitucionalidad del artículo 379 del CPT radica, a mi juicio, precisamente en que, tasar, cuantificar y condenar patrimonialmente a una persona natural aun cuando sea un funcionario público es un acto de naturaleza jurisdiccional, implica determinar la existencia de un daño, establecer el nexo causal, valorar pruebas de conducta dolosa o temeraria y fijar una condena pecuniaria con efectos definitivos sobre los derechos del sancionado, nada de eso encuadra en el ejercicio de la función administrativa de control para el que fue creado el TAT, ese es el desbordamiento competencial real, no que el TAT pudiera «condenar al Estado», sino que se le pretendía conferir potestades jurisdiccionales sobre el patrimonio de un particular.

Así, el artículo 379 era inconstitucional, pero por vulnerar la reserva de función jurisdiccional consagrada en el artículo 206 de la Constitución desde otra perspectiva, la del juez natural del funcionario, no la de la tutela exclusiva de la Sala Tercera frente al Estado.

“La orfandad del contribuyente, el problema que nadie está resolviendo”

Más allá del debate técnico sobre la correcta fundamentación del fallo, hay una consecuencia práctica que me preocupa profundamente y que debo exponer con la franqueza que da la experiencia directa.

Como ex magistrado del Tribunal Administrativo Tributario, puedo dar fe de haber conocido cientos de actuaciones de funcionarios de la administración tributaria que, lejos de ajustarse al principio de legalidad, rozaron o directamente cruzaron los linderos de la arbitrariedad, la temeridad y en algunos casos, la conducta que el ordenamiento penal califica como delictiva. Fiscalizaciones sin sustento, embargos desproporcionados, resoluciones dictadas para perjudicar a un contribuyente específico, actuaciones diseñadas no para recaudar sino para hostigar.

El artículo 379, lejos de ser una amenaza para el buen funcionario que, reitero, constituye la abrumadora mayoría era una garantía de civilidad mínima, puedo afirmar con conocimiento de causa que esa norma provocaba genuino estupor y pavor en el funcionario que actúa de mala fe, no en el que cumple su labor con rigor y buena fe, ese no tiene nada que temer de un mecanismo de rendición de cuentas.

Con la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 379, el panorama para el contribuyente agraviado se reduce a lo siguiente: una demanda contencioso-administrativa ante la Sala Tercera que conoce de la responsabilidad del Estado, no necesariamente del funcionario a título personal en términos expeditos, la vía penal ordinaria para los casos más graves y el procedimiento disciplinario administrativo, ninguna de estas vías ofrece al contribuyente un mecanismo rápido, especializado, accesible y orientado específicamente al resarcimiento del daño individual causado por la conducta maliciosa de un agente tributario.

El resultado neto es que el contribuyente queda nuevamente desprotegido frente al funcionario que ejerce su cargo de mala fe.

“Lo que urge, una norma clara, técnicamente correcta y con consecuencias reales”

La declaratoria de inconstitucionalidad no cierra el debate, lo reabre con mayor urgencia, Panamá necesita, a la brevedad, una norma que establezca con precisión técnica y rango constitucional adecuado los mecanismos para sancionar pecuniariamente más allá de la sanción laboral y penal al funcionario de la administración tributaria que actúe con dolo, mala fe o temeridad manifiesta en perjuicio del contribuyente.

Esa norma debe, atribuir la competencia a un órgano jurisdiccional, en respeto al principio del juez natural, establecer un procedimiento expedito y accesible, distinguir con claridad la responsabilidad personal del funcionario de la responsabilidad patrimonial del Estado y consagrar consecuencias disuasorias reales no meramente simbólicas para quien abuse de la posición de poder que le confiere el cargo.

El derecho tributario moderno no puede seguir siendo, en la práctica, una relación asimétrica en la que el contribuyente responde con todo su patrimonio ante cualquier incumplimiento, mientras que el funcionario que actúa de mala fe enfrenta, en el peor de los casos, un expediente disciplinario que rara vez concluye en consecuencias tangibles.

“La protección efectiva del contribuyente no es un privilegio, es un elemento esencial del Estado de Derecho.”

Fuente: ABC, “El ‘tigre’ De la Espriella acaricia la Presidencia de Colombia”, 16 de junio de 2026.

El ascenso de Abelardo de la Espriella en la carrera presidencial colombiana ha sorprendido incluso a sus adversarios. Según la nota publicada por ABC, el candidato derechista llega a la segunda vuelta, prevista para el 21 de junio de 2026, con ventaja sobre Iván Cepeda y con una campaña que ha logrado convertir símbolos simples —el tigre, la “manada” y el lema “Firme por la Patria”— en una identidad política de alto impacto.

La noticia describe una campaña agresiva, emocional y de gran eficacia comunicacional. De la Espriella no solo ha captado buena parte del voto de derecha, sino que también ha sabido presentarse como un candidato ajeno a las formas tradicionales de la política. En un escenario marcado por la polarización, el desgaste del centro y el rechazo al gobierno de Gustavo Petro, su candidatura ha encontrado terreno fértil.

Para el mundo jurídico y empresarial, el fenómeno merece especial atención. Colombia no solo elige presidente: define también el rumbo institucional, económico y regulatorio de los próximos años. Una eventual victoria de De la Espriella podría implicar un giro hacia políticas de mayor énfasis en seguridad, orden público, confianza inversionista y confrontación directa con el proyecto político de izquierda.

ABC destaca que la campaña del candidato ha sido eficaz por su capacidad de conectar con el elector desde el lenguaje, la imagen y la emoción. Esa estrategia evidencia una tendencia regional: las elecciones ya no se ganan únicamente con programas de gobierno, sino también con narrativas capaces de movilizar identidad, frustración y esperanza.

Colombia entra así en una etapa decisiva. El resultado de la segunda vuelta no solo será relevante para los colombianos, sino también para la región, incluyendo Panamá, por los vínculos comerciales, financieros y migratorios existentes. Para los despachos jurídicos y los inversionistas, el mensaje es claro: habrá que observar con atención el nuevo equilibrio político, la estabilidad institucional y las señales que emita el próximo gobierno sobre seguridad jurídica, inversión extranjera y política económica.

En definitiva, la elección colombiana confirma que América Latina atraviesa un momento de reconfiguración política profunda. El caso De la Espriella muestra cómo un candidato puede transformar una campaña en fenómeno nacional cuando logra interpretar el malestar ciudadano y convertirlo en una propuesta de poder.

De Tomás García-Figueras, publicado como Documento de Opinión IEEE 61/2026.

1. Idea central del documento

El texto sostiene que los puertos españoles pueden convertirse en piezas clave para la autonomía energética europea gracias al hidrógeno verde. No se trata solo de una cuestión energética o industrial, sino también de seguridad nacional, porque quien controle la producción, almacenamiento y distribución del hidrógeno tendrá una posición estratégica en el nuevo mapa energético europeo.

2. Introducción: más allá de la molécula

La guerra de Ucrania mostró la vulnerabilidad europea por su dependencia del gas ruso. Antes de la invasión, la UE importaba más del 40 % de su gas natural de Rusia. Como respuesta, el plan REPowerEU fijó el objetivo de alcanzar 20 millones de toneladas de hidrógeno renovable para 2030, la mitad producida dentro de la UE y la otra mitad importada de socios fiables.

El hidrógeno verde no se presenta solo como una fuente energética limpia, sino como un vector geoeconómico: puede redistribuir poder entre países productores, países de tránsito y países consumidores. En ese contexto, los puertos son decisivos porque actúan como cuellos de botella físicos de la nueva cadena energética.

3. España ante la oportunidad

España parte con ventajas importantes: abundante energía renovable, 46 puertos de interés general y una posición geográfica entre el norte de África y Europa central. Sin embargo, el documento advierte que esas ventajas pueden perderse si no se ejecutan a tiempo los proyectos. El artículo subraya que España aún carece de una ley específica sobre hidrógeno verde, aunque ya ha movilizado miles de millones de euros en ayudas.

4. El hidrógeno verde como vector estratégico

La producción mundial de hidrógeno ronda los 95 millones de toneladas anuales, pero casi todo procede de combustibles fósiles. Solo una parte mínima es renovable. Por eso, escalar el hidrógeno verde exige inversiones masivas en electrólisis, renovables, almacenamiento, transporte e infraestructura portuaria.

España aspira a instalar 12 GW de capacidad de electrólisis para 2030 y podría exportar 1,22 millones de toneladas anuales de hidrógeno verde ese mismo año, según los resultados del proceso de interés de H2Med.

5. Nuevo mapa energético: del eje este-oeste al sur-norte

Durante décadas, la energía europea dependió de un eje este-oeste, con gas ruso llegando al centro de Europa. El hidrógeno verde cambia esa lógica hacia un eje sur-norte, en el que el Mediterráneo, España y el norte de África pueden abastecer a Alemania, Francia, Países Bajos y otros centros industriales.

El proyecto clave es H2Med, reconocido como Proyecto de Interés Común de la UE. Incluye la conexión terrestre CelZa, entre Portugal y España, y la conexión submarina BarMar, entre Barcelona y Marsella. BarMar podría transportar unos 2 millones de toneladas anuales, y el conjunto del corredor podría alcanzar 2,75 millones de toneladas al año.

6. H2Med y su avance institucional

El documento destaca que H2Med ha avanzado con rapidez: se constituyó la sociedad BarMar, hubo apoyo franco-alemán, la Alianza H2Med alcanzó 49 miembros y la financiación europea aprobó 75,8 millones de euros para estudios de ingeniería, prospecciones marinas y evaluaciones ambientales. La entrada en operación comercial de BarMar está prevista para 2032.

7. Competencia global

España no compite sola. Marruecos busca posicionarse como proveedor preferente del sur del Mediterráneo; Australia, Arabia Saudí y Chile desarrollan grandes proyectos; y China lidera la capacidad instalada de electrolizadores y podría dominar también su fabricación. La ventaja española existe, pero depende de la rapidez de ejecución.

8. Los puertos españoles: de nodos logísticos a hubs energéticos

El sistema portuario español gestionó 558 millones de toneladas de mercancías en 2024 y cuenta con infraestructura previa útil para el hidrógeno: terminales de GNL, tuberías, experiencia con sustancias peligrosas, almacenamiento, suelo industrial y conexiones logísticas. Esa infraestructura heredada del sector fósil puede reconvertirse y reducir costes frente a construir todo desde cero.

9. Cinco puertos estratégicos

Valencia

Valencia destaca por haber demostrado el uso operativo del hidrógeno en maquinaria portuaria real. El proyecto H2PORTS probó una reachstacker y una cabeza tractora propulsadas por pila de combustible. Además, el puerto cuenta con una hidrogenera operativa dentro del recinto portuario. Su principal valor es haber probado que la tecnología funciona en operaciones portuarias diarias.

Bilbao

Bilbao se posiciona como hub exportador hacia el norte de Europa, apoyado en el Corredor Vasco del Hidrógeno y en acuerdos con Ámsterdam y Duisburgo. El proyecto Bilbao Large Scale prevé un electrolizador de 100 MW en la refinería de Petronor, con una producción de hasta 15.000 toneladas anuales de hidrógeno verde.

Tarragona

Tarragona puede ser el punto de salida del hidrógeno producido en Aragón y Castilla y León hacia H2Med y los mercados mediterráneos. Su cercanía al polo petroquímico más importante de la Península le da una doble función: consumidor industrial y plataforma logística de importación/exportación.

Cartagena

Cartagena reúne condiciones para operar hidrógeno verde a escala industrial. Repsol proyecta un electrolizador de 100 MW en su refinería, y el puerto cuenta con suelo industrial, acceso eléctrico, agua y galerías de tuberías. Su ubicación en el sureste español le permite aprovechar el alto potencial solar para producir y exportar hidrógeno y derivados.

Huelva

Huelva busca convertirse en hub de hidrógeno verde del sur de Europa. Tiene acuerdos con Iberdrola, un plan estratégico hasta 2030 con visión 2050 y una posición relevante porque Huelva y el Campo de Gibraltar concentran el 40 % del consumo nacional de hidrógeno gris. Su reto es transformar ese consumo fósil en hidrógeno verde y amoníaco verde exportable.

10. Clústeres industriales como catalizadores

El documento explica que el modelo más prometedor es el de los valles del hidrógeno: zonas donde se concentran producción, almacenamiento, consumo industrial y exportación. El puerto actúa como nexo entre la generación renovable del interior y los mercados internacionales. España ha asignado 794 millones de euros a siete proyectos IPCEI Hy2Use, con una capacidad agregada de 652 MW de electrólisis.

11. Riesgo regulatorio

El primer gran obstáculo es la falta de una ley española específica de hidrógeno. Aunque hay un anteproyecto anunciado, su tramitación puede tardar entre 12 y 18 meses. Además, los concursos de acceso a la red eléctrica avanzan lentamente y la regulación europea RFNBO añade complejidad sobre cómo debe producirse el hidrógeno renovable.

12. Riesgo infraestructural

La red troncal española de hidrógeno aún no estará operativa antes de 2030. Si los puertos producen hidrógeno antes de tener conductos para transportarlo, el hidrógeno podría quedar “atrapado” en los muelles. También faltan inversiones ferroviarias: los accesos a puertos requieren unos 950 millones de euros, y sin ellos el transporte dependería demasiado de la carretera.

13. Riesgo competitivo

Otros puertos europeos y mediterráneos avanzan rápido. Róterdam quiere ser el puerto del hidrógeno de Europa; Marsella-Fos desarrolla su propio ecosistema; Tánger-Med puede atraer inversiones por costes menores y acuerdos con Alemania. Además, China domina la fabricación de electrolizadores, lo que puede hacer que Europa dependa tecnológicamente de terceros.

14. Riesgo de seguridad

El hidrógeno, el amoníaco verde y el metanol verde tienen riesgos específicos. El hidrógeno es muy inflamable y su llama puede ser invisible; el amoníaco es tóxico y corrosivo; el metanol es inflamable y tóxico. Por eso, los puertos necesitarán nuevos protocolos, formación especializada, zonas de seguridad y planes de emergencia antes de operar a gran escala.

15. Dimensión estratégica: defensa y soberanía energética

Los puertos que produzcan, almacenen y distribuyan hidrógeno serán infraestructuras críticas de doble uso: civil y estratégico. Su interrupción no solo afectaría al comercio, sino también al suministro energético y a la seguridad nacional. Las directivas europeas NIS2 y CER refuerzan esta visión al exigir mayor ciberseguridad, protección física y continuidad operativa.

El documento también conecta el hidrógeno verde con la defensa: la OTAN y la UE estudian combustibles sintéticos y amoníaco para operaciones militares. Tener estos combustibles disponibles en puertos españoles daría más autonomía logística a las Fuerzas Armadas.

16. Papel de España entre África y Europa

España puede actuar como puente entre el norte de África, con gran potencial renovable, y el centro/norte de Europa, donde se concentra la demanda industrial. Los puertos españoles podrían gestionar tanto la producción nacional como el tránsito del hidrógeno norteafricano hacia Europa.

17. Conclusiones principales

El autor resume tres conclusiones. Primero, los puertos españoles tienen ventajas difíciles de replicar: infraestructura fósil reconvertible, ubicación geográfica, renovables y conexión con H2Med. Segundo, la oportunidad es limitada: si España no acelera regulación, red eléctrica, ferrocarril e infraestructura de hidrógeno, otros competidores captarán la inversión. Tercero, convertir los puertos en hubs de hidrógeno verde es una política de seguridad nacional, no solo una política energética.

18. Epílogo

El texto termina recordando que, tras la crisis del gas ruso en 2022, las plantas españolas de regasificación demostraron que la infraestructura heredada puede convertirse en ventaja estratégica. Con el hidrógeno verde ocurre algo similar, pero a mayor escala: España tiene sol, viento, puertos e ingeniería; lo que necesita es velocidad de ejecución.

Fuente:

GARCÍA-FIGUERAS, Tomás. Los puertos españoles como infraestructura crítica para la
autonomía energética europea: el caso del hidrógeno verde. Documento de Opinión IEEE 61/2026. https://www.defensa.gob.es/documents/2073105/3095923/ieee-2026-puertos-espa%C3%B1oles-hidrogeno-verde-opinion61.pdf (consultado 12/06/2026)

Resumen

Este artículo analiza cómo China ha intensificado sus tácticas híbridas contra Taiwán para modificar el statu quo sin provocar una guerra abierta. Estas tácticas incluyen maniobras militares coercitivas, desinformación, ciberataques, guerra legal, presión económica e incentivos selectivos. El caso de Taiwán se presenta como un laboratorio para entender cómo las amenazas híbridas afectan a las democracias y qué lecciones puede extraer Europa.

Introducción

La introducción parte de las maniobras chinas “Misión Justicia 2025”, realizadas alrededor de Taiwán. Estas maniobras simularon bloqueo, cerco y control de los espacios marítimo y aéreo de la isla. El documento explica que estas acciones no son solo militares, porque van acompañadas de desinformación, rumores sobre bloqueos de puertos, ciberataques e incursiones aéreas. El objetivo chino es aumentar la coerción sobre Taiwán, debilitar su voluntad de resistencia y desestabilizar la isla sin iniciar una guerra abierta.

También se define a Taiwán como un campo de experimentación de las tácticas híbridas chinas. Estas tácticas se desarrollan por debajo del umbral de guerra abierta y combinan diplomacia, economía, derecho, manipulación informativa, presión militar y ciberataques. El texto señala que estudiar a Taiwán permite anticipar amenazas que también pueden afectar a Europa.

Tácticas híbridas con características chinas: definición, literatura y diferencias con Rusia

Este apartado explica cómo China entiende las amenazas híbridas. El concepto de “conflicto híbrido” llegó tarde al debate estratégico chino, alrededor de 2014, y fue adoptado desde discusiones occidentales y japonesas. Para muchos analistas chinos, estas tácticas son vistas principalmente como herramientas utilizadas por Estados Unidos y Occidente contra China.

Sin embargo, el documento muestra que China también emplea estrategias que pueden considerarse híbridas. Estas se apoyan en tradiciones estratégicas chinas, como la influencia de Sunzi, quien defendía la idea de vencer sin combatir, y la tradición maoísta de la “guerra popular”, que integra propaganda, capacidades militares, movilización civil y actores irregulares.

La perspectiva china de lo híbrido

China se presenta a sí misma como víctima de amenazas híbridas estadounidenses: guerras comerciales, controles tecnológicos, manipulación de información, espionaje y uso de inteligencia artificial con fines militares. Desde esta visión, Washington sería el origen de las amenazas híbridas y Rusia sería el actor que mejor aprendió a utilizarlas en lugares como Ucrania y Siria.

Aunque los analistas chinos niegan que Pekín utilice tácticas híbridas, el documento explica que la estrategia china sí incorpora ambigüedad, presión política, operaciones psicológicas, manipulación legal, medios económicos y actores estatales y no estatales. Esa combinación encaja con la lógica de las amenazas híbridas.

Doctrina de las “tres guerras”

El documento destaca la doctrina china de las “tres guerras”, formalizada por el Ejército Popular de Liberación en 2003. Esta doctrina sostiene que la fuerza militar ya no es suficiente para vencer y que deben combinarse herramientas políticas, económicas, culturales, diplomáticas, informativas, cibernéticas y legales.

Las tres guerras son:

Guerra de opinión pública: busca manipular la información para influir en la percepción de la población, mejorar la imagen de China o dividir a otros países.

Guerra psicológica: busca generar miedo, impotencia, división y confusión en la población, las élites políticas y las fuerzas militares del adversario.

Guerra legal o lawfare: usa marcos legales nacionales e internacionales para deslegitimar al adversario y avanzar los intereses chinos.

Operaciones de dominio cognitivo y ciberespacio

Desde finales de la década de 2010, China ha dado más importancia a las operaciones de dominio cognitivo. Estas buscan influir en las emociones, percepciones y comportamientos de otros actores mediante información manipulada, redes sociales, bots, inteligencia artificial y big data.

El ciberespacio se convierte en un multiplicador de fuerza. China lo usa para difundir desinformación, realizar ciberataques, robar propiedad intelectual, vigilar, espiar y presionar al adversario. El documento también señala el crecimiento de capacidades asimétricas, como drones, vehículos no tripulados e inteligencia artificial militar.

¿Qué impulsa la predilección china por estrategias híbridas?

El texto identifica varias razones. Primero, la rivalidad con Estados Unidos y la inferioridad militar relativa de China hacen que Pekín busque avanzar sus objetivos sin provocar una escalada directa. Segundo, la ambigüedad permite presionar a actores más débiles, como Taiwán, sin asumir totalmente los costos de una agresión abierta.

Tercero, la centralización del poder bajo Xi Jinping facilita la coordinación entre ministerios, ejército, empresas estatales y otros actores. Cuarto, la fusión civil-militar y los avances tecnológicos multiplican los canales de subversión y permiten proyectar poder más allá de las capacidades militares convencionales.

¿Aprendiendo del maestro? Convergencias y diferencias entre Rusia y China

Este subtítulo compara las estrategias híbridas de Rusia y China. Ambos países entienden el conflicto híbrido como una herramienta usada por Occidente contra ellos, pero también han desarrollado tácticas propias de desinformación, ciberataques, presión política y manipulación social.

China ha estudiado las operaciones rusas en Crimea, Ucrania y Europa. Desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, se observa una mayor amplificación de narrativas rusas en ecosistemas chinos de desinformación, especialmente aquellas que buscan desacreditar a Estados Unidos, la democracia y las instituciones occidentales.

La diferencia principal es que Rusia suele usar tácticas más caóticas, descentralizadas y orientadas a la subversión, mientras que China actúa de forma más calculada, gradual, centralizada y orientada al control de narrativas. Sin embargo, el documento advierte que China está empezando a usar métodos de desinformación más parecidos a los rusos en Taiwán y Japón.

Tácticas híbridas en el vecindario chino: el caso de Taiwán

Este apartado explica que centrarse solo en una posible invasión china de Taiwán es insuficiente. La estrategia de Pekín se guía más por la idea de “ganar sin librar batalla”, es decir, modificar la situación de Taiwán sin recurrir necesariamente a una guerra abierta.

Taiwán es el escenario principal de estas tácticas porque combina soberanía disputada, tensiones identitarias, apoyo militar estadounidense y fuertes vínculos económicos y sociales con China continental. China combina medidas militares, desinformación, ciberataques, incentivos económicos y manipulación legal para explotar vulnerabilidades internas de la sociedad taiwanesa.

Fases de la estrategia china hacia Taiwán

El documento identifica tres fases:

Primera fase, 1995-2008: China aplicó una presión más abiertamente coercitiva, especialmente militar y legal. El ejemplo principal fue la tercera crisis del estrecho de Taiwán, entre 1995 y 1996.

Segunda fase, 2008-2016: con el gobierno de Ma Ying-jeou, del Kuomintang, hubo una etapa de mayor acercamiento con China continental y relativa distensión.

Tercera fase, desde 2016: con Tsai Ing-wen y luego Lai Ching-te, ambos del Partido Progresista Democrático, China intensificó y diversificó la presión. Esta etapa incluye incursiones militares, coerción económica, campañas de desinformación, ciberataques y manipulación del derecho internacional.

Medidas militares

China ha aumentado la coerción militar contra Taiwán desde 2019 mediante incursiones frecuentes en la Zona de Identificación de Defensa Aérea taiwanesa. La visita de Nancy Pelosi a Taiwán en agosto de 2022 marcó un punto de inflexión, porque Pekín respondió con maniobras militares de cerco por mar y aire alrededor de la isla.

El documento señala que China ha normalizado ejercicios militares cada vez más agresivos. En 2025, con “Misión Justicia 2025”, China impuso ocho zonas marítimas de bloqueo, el mayor número hasta entonces, destinadas a controlar los principales puertos taiwaneses. Esto mostró la capacidad china de aislar a Taiwán y enviar un mensaje también a Estados Unidos y Japón.

Medidas no militares: lawfare, economía y desinformación

Este apartado explica que la presión china contra Taiwán no se limita a lo militar. Pekín también utiliza herramientas no militares con un fuerte componente psicológico y cognitivo para desmoralizar y disuadir a la población taiwanesa.

Lawfare o guerra legal

China utiliza leyes nacionales e interpretaciones del derecho internacional para presentar la relación con Taiwán como una disputa interna china. Sus objetivos son aislar internacionalmente a Taiwán, limitar su autodeterminación y condicionar la respuesta de otros Estados.

El ejemplo principal es la Ley Antisecesión de 2005, que establece condiciones bajo las cuales China justificaría el uso de la fuerza contra Taiwán. Aunque no legitima jurídicamente el uso de la fuerza según el derecho internacional, sí cumple una función psicológica: instala la idea de que cualquier paso hacia la independencia provocaría una guerra.

Economía

China utiliza la economía como herramienta de presión e influencia. Durante el periodo 2008-2016, hubo una fuerte integración económica entre ambos lados del estrecho, especialmente con el Acuerdo Marco de Cooperación Económica de 2010. Sin embargo, el Movimiento de los Girasoles en 2014 y la llegada del Partido Progresista Democrático al poder en 2016 frenaron ese proceso.

Desde entonces, China combina incentivos económicos con medidas punitivas. Ofrece oportunidades a sectores taiwaneses que favorecen el acercamiento, pero también aplica restricciones comerciales selectivas contra productos o regiones políticamente contrarias a Pekín.

Desinformación

La desinformación es una de las herramientas centrales de la estrategia china. El documento señala que estas campañas buscan debilitar la confianza de los taiwaneses en Estados Unidos, generar dudas sobre el ejército taiwanés y erosionar el apoyo al Gobierno de Lai Ching-te.

Las campañas no siempre inventan mensajes desde cero; muchas veces amplifican voces internas taiwanesas que ya expresan desconfianza hacia Estados Unidos, el Gobierno o las capacidades militares de la isla. También se menciona el uso creciente de inteligencia artificial generativa, microinfluencers y comentaristas para difundir narrativas falsas.

¿Hasta qué punto ha conseguido Pekín sus objetivos mediante estas tácticas híbridas?

El documento concluye que China ha logrado algunos éxitos parciales. Ha contribuido al aislamiento internacional de Taiwán, que solo cuenta con trece países que la reconocen diplomáticamente, y ha modificado gradualmente el statu quo del estrecho mediante una escalada militar constante.

Sin embargo, Pekín no ha logrado conquistar la opinión pública taiwanesa. Según los datos citados en el documento, solo el 7,2 % de la población quiere la reunificación con China, mientras que el 81,7 % prefiere mantener el statu quo. Las campañas de desinformación tampoco lograron que el Kuomintang ganara la presidencia en 2020 o 2024, aunque sí han contribuido a la polarización interna.

¿Cómo responde Taiwán a las amenazas híbridas de China?

Taiwán ha respondido en varios niveles. En el ámbito militar, el presidente Lai Ching-te anunció un aumento del presupuesto de defensa hasta el 3,3 % del PIB para 2026 y el 5 % para 2030, además de un presupuesto extraordinario para adquirir equipamiento útil en una estrategia asimétrica frente a China. También se reformularon los ejercicios Han Kuang para incluir más atención a amenazas híbridas.

En el ámbito institucional, Taiwán ha fortalecido la lucha contra la desinformación y la injerencia extranjera. Ha creado nuevas agencias, promovido coordinación interministerial, aprobado leyes sobre medios, orden social y anti-infiltración, y restringido ciertas plataformas chinas. También ha incorporado alfabetización mediática en escuelas para enseñar a detectar información falsa.

Además, la sociedad civil taiwanesa se ha movilizado mediante organizaciones de verificación de datos, educación digital y preparación civil. Tras la invasión rusa de Ucrania, aumentaron las organizaciones que preparan a la población para escenarios de guerra, primeros auxilios, apoyo psicológico y defensa civil.

Conclusiones e implicaciones para la Unión Europea

El documento concluye que China ha intensificado su estrategia híbrida tanto en el plano doctrinal como en el práctico. Pekín busca obtener pequeñas victorias acumulativas mediante maniobras militares, desinformación, ciberataques, presión económica y guerra legal, transformando el statu quo sin provocar una guerra abierta.

Para Europa, el caso de Taiwán es una advertencia y una oportunidad de aprendizaje. La Unión Europea tiene intereses en Taiwán, como los semiconductores y la libre navegación, pero el punto más importante es que las amenazas híbridas atacan directamente la resiliencia democrática.

Europa ya cuenta con herramientas como el EU Hybrid Toolbox, la directiva NIS2, la Ley de Servicios Digitales, células especializadas del Servicio Europeo de Acción Exterior y cooperación con la OTAN. Sin embargo, puede aprender de Taiwán en coordinación institucional, enfoque de toda la sociedad, alfabetización mediática y capacidad de respuesta rápida frente a amenazas difusas.

El documento sostiene que Taiwán anticipa las formas de coerción del siglo XXI. China no necesita invadir para presionar: puede desgastar, dividir, aislar y condicionar a una democracia mediante acciones híbridas constantes. La gran lección es que la defensa democrática no depende solo de armas y ejércitos, sino también de instituciones fuertes, sociedad preparada, confianza pública, alfabetización mediática y resiliencia frente a la manipulación.

Fuente:

ARCO ESCRICHE, Inés. La República Popular de China y la intensificación de su estrategia híbrida en Taiwán: doctrina, prácticas e implicaciones para la Unión Europea. Documento de Análisis IEEE 44/2026. https://www.defensa.gob.es/documents/2073105/4098013/ieee-2026-China-estrategia-Taiwan-analisis44.pdf (consultado 10/06/2026)

Por: El Capital Financiero

Expertos de tres continentes analizaron las nuevas tendencias en resolución de controversias, ciberseguridad y transparencia comercial.

Del 27 al 29 de mayo, la Ciudad de Panamá se convirtió en el epicentro del debate jurídico regional con la celebración del ICC PANARB 2026.

Organizado por la Cámara de Comercio Internacional – Capítulo de Panamá (ICC Panamá), con el respaldo de ICC Dispute Resolution Services, el evento congregó a destacados árbitros, abogados, académicos y autoridades de América Latina, Norteamérica y Europa con el fin de examinar las tendencias y desafíos en la resolución de controversias internacionales.

Impulso a la seguridad jurídica y la inversión

La apertura institucional del encuentro subrayó la estrecha relación entre los mecanismos alternativos de resolución de conflictos y el dinamismo económico del país. S.E. María Cristina Chen Stanziola, presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá, destacó el papel del arbitraje como una herramienta complementaria indispensable para la administración de justicia estatal.

Según la magistrada, este modelo no solo robustece el Estado de Derecho, sino que genera la seguridad jurídica y la confianza necesarias para atraer flujos de inversión extranjera y dinamizar el desarrollo de la economía nacional.

Por su parte, Dayra Castañedas, vicepresidenta de ICC Panamá, recalcó durante la bienvenida el compromiso de la organización por consolidar al país como el punto de encuentro idóneo para el diálogo institucional, empresarial y jurídico dentro de la región de América Latina.

Innovación y mejores prácticas globales

El análisis técnico de la conferencia se centró en las transformaciones que experimenta el sector a nivel global. Mayte Sánchez, presidenta de la Comisión de Arbitraje y ADR de ICC Panamá, puso en valor el liderazgo global de la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC, haciendo hincapié en las mejoras implementadas en materia de eficiencia operativa, transparencia, innovación tecnológica y alcance internacional. Sánchez reiteró la urgencia de promover estos espacios de intercambio para diseminar las mejores prácticas globales en la resolución de disputas.

Durante las sesiones de trabajo se abordaron temáticas críticas para la práctica contemporánea, tales como:

• La integridad, transparencia y prevención de la corrupción en los procesos arbitrales.
• Los retos actuales en la ejecución de laudos a nivel internacional.
• La ciberseguridad y el manejo de la evidencia digital.
• Los factores humanos y estratégicos que intervienen en la toma de decisiones por parte de los tribunales.

Como complemento académico, el evento acogió por segundo año consecutivo el entrenamiento especializado del ICC Institute of World Business Law. En esta ocasión, la formación llevó por título “Presentación oral de alegatos en el arbitraje internacional: lo bueno, lo malo y lo regular”, un taller enfocado en proveer destrezas prácticas y herramientas de argumentación y representación para los profesionales del sector.

Impacto regional

El cierre de la séptima edición de ICC PANARB ratifica la aspiración de Panamá de operar como un centro logístico y jurídico estratégico en el continente. La convocatoria demostró la capacidad de la plaza local para fomentar la cooperación internacional, la actualización del conocimiento especializado y la excelencia en la gestión de controversias comerciales internacionales.

Fuentes: Panamá consolida su liderazgo regional en arbitraje con ICC PANARB 2026

La Lotería Fiscal Regional culminó su primera edición nacional con un sorteo realizado en la Región 4, conformada por las provincias de Herrera, Coclé y Los Santos. El evento tuvo lugar en el centro comercial Paseo Central de Chitré, donde se premió a contribuyentes que participaron mediante la entrega de sobres con facturas fiscales.

En esta etapa regional participaron 48,068 sobres, que contenían un total de 240,340 facturas fiscales. Durante el sorteo se entregaron 25 premios, por una suma total de $110,000, beneficiando a ciudadanos de las provincias centrales.

Con este cuarto sorteo, la iniciativa completó su recorrido por el país, alcanzando un total de 100 panameños premiados y $440,000 entregados en premios a nivel nacional. En toda la primera edición se recibieron 401,035 sobres, equivalentes a 2,005,175 facturas fiscales, lo que refleja una participación significativa de la ciudadanía.

El programa, impulsado por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, tiene como objetivo incentivar a los consumidores a solicitar sus facturas fiscales al momento de realizar compras o recibir servicios. De esta manera, se busca fortalecer la cultura tributaria, promover la transparencia y apoyar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en Panamá.

Autoridades regionales destacaron que el formato por regiones permitió una distribución más equitativa de los premios y abrió mayores oportunidades de participación para ciudadanos del interior del país. La Lotería Fiscal se presenta así como una estrategia para acercar la educación tributaria a la población, al mismo tiempo que recompensa a quienes contribuyen al fortalecimiento del sistema fiscal mediante una práctica tan sencilla como pedir su factura.

Fuentes: https://economiapanama.com/loteria-fiscal-regional-premia-a-100-panamenos-con-440000-en-provincias-centrales/

Por Julia del Carmen Regales

El nombramiento de Ilya Espino de Marotta como administradora del Canal de Panamá no es solamente una buena noticia institucional. Es un hecho histórico, político, técnico y simbólico.

Por primera vez, una mujer asumirá la dirección de la vía interoceánica más importante del hemisferio, esa arteria de agua dulce, hierro, comercio y soberanía que durante más de un siglo ha estado atravesada por las tensiones del mundo: imperios, tratados, logística global, sequías, intereses portuarios, presiones geopolíticas y orgullo nacional.

Pero sería un error reducir su designación a la celebración legítima de que una mujer llega por fin a la cima del Canal. Ese dato importa, y mucho.

Importa porque el Canal nació y creció dentro de una cultura técnica, marítima e industrial marcada durante décadas por una lógica masculina, militarizada y heredera de estructuras coloniales. Importa porque abrir esa puerta en la institución más estratégica del país significa corregir una deuda simbólica con las mujeres panameñas que han trabajado, estudiado, dirigido, reparado, calculado, administrado y sostenido espacios donde muchas veces tuvieron que demostrar el doble para ser reconocidas la mitad.

Sin embargo, la grandeza del nombramiento está precisamente en que Ilya Espino de Marotta no llega allí por ser mujer. Llega siendo mujer, sí, pero llega porque era una de las personas mejor preparadas para ocupar ese puesto. Y esa diferencia es fundamental.

No estamos ante una concesión de género ni ante un gesto decorativo para maquillar la historia. Estamos ante una ingeniera que conoce el Canal desde sus entrañas: desde los talleres, desde la operación, desde los proyectos de infraestructura, desde la ampliación, desde la gestión del tránsito, desde la sostenibilidad y, sobre todo, desde el desafío más decisivo de este siglo para Panamá: el agua.

Su trayectoria habla antes que cualquier discurso. Inició su carrera canalera en 1985 como la única ingeniera en el astillero de la División Industrial. Esa imagen tiene una fuerza casi cinematográfica: una mujer joven entrando a un territorio donde el metal, la maquinaria, la jerarquía técnica y el prejuicio podían pesar más que cualquier credencial universitaria.

No se quedó en la postal de la pionera. Caminó la institución por dentro, ascendió, aprendió sus lenguajes, sus ritmos, sus zonas de poder y sus zonas de riesgo. Fue vicepresidenta de Negocios de Tránsito y vicepresidenta ejecutiva de Ingeniería durante el Programa de Ampliación del Canal, una de las obras más complejas y decisivas de la historia moderna panameña. Luego fue subadministradora y oficial de Sostenibilidad.

Es decir: no llega a aprender el Canal desde el despacho. Llega después de haberlo pensado, operado, defendido y transformado. Eso tiene un valor enorme en una coyuntura donde el Canal ya no puede ser administrado solamente con criterios de eficiencia operativa.

El Canal del siglo XXI es una empresa, pero también es un sistema hídrico, una plataforma logística, un activo geopolítico, una fuente de ingresos nacionales, una institución de soberanía y un espejo moral del país. La nueva administración tendrá que tomar decisiones en medio de la crisis climática, la presión sobre las cuencas, la competencia de rutas alternativas, la reorganización del comercio mundial, la disputa entre Estados Unidos y China, el debate sobre puertos, gasoductos, corredores logísticos y nuevas inversiones.

Quien dirija el Canal no puede limitarse a contar barcos. Tiene que leer el mundo.

En ese sentido, Ilya Espino de Marotta posee una ventaja singular: entiende que el futuro del Canal no se juega solamente en las esclusas, sino en las fuentes de agua. Durante años, Panamá vivió con la ilusión de que la lluvia era una garantía natural. La sequía reciente destruyó esa comodidad. El país descubrió que el agua no es paisaje: es infraestructura vital, seguridad nacional y justicia social.

El Canal necesita agua para operar, pero la población también la necesita para vivir. Allí está el nudo más delicado de los próximos años. Cualquier solución hídrica tendrá que combinar ciencia, ingeniería, consulta ciudadana, sensibilidad ambiental, respeto a las comunidades y visión de largo plazo.

No bastará imponer. Habrá que convencer. No bastará construir. Habrá que cuidar.

La designación de una ingeniera con experiencia en ampliación y sostenibilidad envía, por tanto, un mensaje correcto: el Canal reconoce que su próxima gran batalla no será únicamente comercial, sino hídrica y civilizatoria. En una época de cambio climático, el liderazgo técnico debe tener alma pública.

La eficiencia sin legitimidad social puede convertirse en conflicto. La soberanía sin agua se vuelve retórica. La competitividad sin sostenibilidad es pan para hoy y sequía para mañana.

También hay un componente político que no debe subestimarse. El Canal vuelve a estar en el centro de miradas externas. Las declaraciones, presiones y apetitos geopolíticos que han rodeado a Panamá en los últimos años recuerdan que la vía interoceánica nunca ha sido una infraestructura inocente. Para las grandes potencias, el Canal es ruta, ventaja, tablero. Para Panamá, debe seguir siendo patrimonio, memoria y destino.

En esa tensión, la administradora tendrá que sostener una línea fina: dialogar con todos, servir al comercio mundial, garantizar confianza internacional, pero sin olvidar que el Canal no es botín ni apéndice de ninguna potencia.

Por eso importa que quien lo dirija tenga sentido institucional y temple patriótico. No patriotismo de consigna, sino patriotismo de responsabilidad: el que entiende que defender el Canal no es gritar más duro, sino decidir mejor; no es encerrarse al mundo, sino negociar desde la dignidad; no es convertir la soberanía en frase de tarima, sino en planificación, transparencia, excelencia técnica y coraje frente a cualquier presión indebida.

La llegada de Ilya Espino de Marotta también tiene un efecto cultural poderoso para las niñas y jóvenes panameñas. En un país donde todavía muchas mujeres cargan con techos invisibles, verla al frente del Canal significa que la ingeniería, la navegación, la infraestructura, la economía y la dirección estratégica también tienen rostro femenino.

Su casco rosado, tantas veces mencionado, no debe leerse como anécdota simpática. Fue una declaración. No pidió permiso para borrar su feminidad en un mundo masculino. Entró con ella. Y esa es una lección profunda: la igualdad no consiste en que las mujeres imiten a los hombres para ser aceptadas, sino en que puedan ejercer autoridad sin amputarse a sí mismas.

Ahora bien, la confianza ciudadana no debe ser un cheque en blanco. Toda designación importante merece esperanza, pero también vigilancia democrática. Espino de Marotta llega con un capital técnico y moral considerable. Le corresponde preservarlo.

Su reto será demostrar que la excelencia que la llevó hasta allí puede traducirse en una administración transparente, firme, sensible a las comunidades, abierta al escrutinio y capaz de mantener al Canal en la primera línea del comercio mundial sin sacrificar la confianza nacional.

Panamá debe celebrar este nombramiento con madurez. Celebrarlo porque una mujer rompe una puerta histórica. Celebrarlo porque no se trata de cualquier mujer, sino de una profesional formada en la cultura canalera, probada en la ampliación y consciente de que el agua será la gran frontera del futuro.

Celebrarlo porque el Canal necesita continuidad, pero también necesita una nueva inteligencia: más integral, más sostenible, más dialogante y más alerta frente a los vientos geopolíticos.

El Canal entra en una nueva hora. Y esa hora tiene nombre de mujer. Pero, sobre todo, tiene nombre de capacidad.

Ilya Espino de Marotta no recibe una corona: recibe una responsabilidad inmensa. Si la ejerce con la firmeza técnica, la prudencia institucional y el sentido patriótico que su trayectoria permite esperar, Panamá habrá dado no solo un paso histórico para las mujeres, sino un paso estratégico para defender, modernizar y humanizar su mayor patrimonio.