Durante las últimas décadas, el mercado del gas natural se integró progresivamente en la economía global. La expansión del gas natural licuado (GNL), la participación de empresas multinacionales, las inversiones transnacionales y la liberalización promovida especialmente por la Unión Europea permitieron crear un mercado más flexible, interconectado y sujeto a reglas comunes.

La aparición de Estados Unidos como gran exportador de GNL fue decisiva en esta transformación. Sus contratos eliminaron muchas de las restricciones tradicionales sobre el destino de los cargamentos y facilitaron que el gas pudiera comercializarse según las condiciones de cada mercado. Este proceso aumentó la competencia y la liquidez, aunque también hizo que los precios fueran más sensibles a las crisis internacionales y a los cambios en la demanda mundial.

La invasión rusa de Ucrania en 2022 alteró profundamente este modelo. El gas natural dejó de ser considerado únicamente una mercancía y se convirtió en una herramienta de presión económica y política. Rusia redujo sus suministros a Europa, mientras que Estados Unidos y la Unión Europea impusieron sanciones financieras, comerciales y tecnológicas contra empresas y proyectos energéticos rusos.

La ruptura de la relación energética entre Rusia y Europa provocó una reorganización de los flujos internacionales. En 2021, el gas transportado por gasoductos rusos representaba el 38,5 % de las importaciones de la Unión Europea; para 2025, esta participación había disminuido hasta aproximadamente el 5 %. Para compensar esa reducción, Europa incrementó sus compras de GNL, principalmente procedente de Estados Unidos, y fortaleció sus relaciones con otros proveedores, como Noruega.

Este cambio generó una nueva dependencia estratégica. Estados Unidos utiliza actualmente sus exportaciones de gas como un instrumento de política exterior y de influencia sobre sus aliados. La Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Reino Unido y Taiwán han concentrado cerca del 80 % de las exportaciones estadounidenses de GNL desde 2022. La seguridad energética se encuentra ahora estrechamente vinculada con los compromisos comerciales, diplomáticos y de defensa.

China y Rusia también han profundizado su cooperación energética. Ante la pérdida del mercado europeo, Rusia ha redirigido progresivamente sus exportaciones hacia China. La construcción del gasoducto Poder de Siberia 2 permitirá transportar al mercado chino parte del gas que anteriormente abastecía a Europa. Las operaciones entre ambos países utilizan cada vez más rublos y yuanes, reduciendo su dependencia del dólar, del euro y del sistema financiero occidental.

Las sanciones han impulsado además la creación de cadenas de suministro paralelas. Rusia ha recurrido a tecnología nacional y a proveedores chinos e iraníes para continuar desarrollando proyectos como Arctic LNG 2. También ha comenzado a formarse una denominada “flota fantasma” de buques metaneros, utilizada para transportar GNL sujeto a sanciones. Este fenómeno plantea riesgos financieros, operativos y ambientales, debido a la limitada transparencia sobre la propiedad, el mantenimiento y los seguros de estas embarcaciones.

El artículo concluye que el mercado internacional del gas avanza hacia un nuevo orden caracterizado por la instrumentalización de la interdependencia, la fragmentación de las cadenas de valor y el alineamiento geopolítico. Los Estados han recuperado protagonismo frente a las empresas y las instituciones multilaterales, mientras que la seguridad del suministro comienza a imponerse sobre la eficiencia económica.

En este escenario, Estados Unidos y China aparecen como los principales beneficiarios de la transformación. Rusia, aunque ha encontrado en China un mercado alternativo, enfrenta una relación cada vez más dependiente y en condiciones menos favorables. La Unión Europea, por su parte, deberá mantener una estrategia sostenida de diversificación, vigilar la aparición de nuevas dependencias y combinar sus objetivos de transición energética con la necesidad de asegurar el abastecimiento de gas natural durante las próximas décadas.

Referencia: Urbasos, Ignacio. La geopolítica del gas natural ante un nuevo orden. Documento de Análisis IEEE núm. 57/2026, Instituto Español de Estudios Estratégicos, 1 de septiembre de 2026.

Por: Irene Diez de Carles
Empresaria panameña con experiencia en soluciones para tratamiento y calidad de agua

Panamá continúa creciendo.

Nuevas torres cambian el horizonte de nuestras ciudades. Urbanizaciones se expanden hacia donde hace pocos años había potreros, hoteles, hospitales, centros comerciales e industrias que siguen impulsando el desarrollo del país.

Celebramos ese crecimiento porque representa inversión, empleo y progreso. Pero hay una pregunta que rara vez acompaña cada permiso de construcción, cada plano aprobado o cada primera piedra colocada: ¿De dónde saldrá el agua dentro de diez o veinte años para abastecer todo lo que hoy estamos construyendo?

Durante décadas diseñamos nuestras urbanizaciones bajo la premisa de que el agua siempre estaría disponible. Bastaba con abrir una llave para dar por sentado un recurso que parecía inagotable.

Hoy esa realidad está cambiando.

El cambio climático altera los patrones de lluvia. Los períodos secos son más intensos. Las cuencas enfrentan mayores presiones. La demanda crece cada año y el agua debe atender simultáneamente a hogares, hospitales, escuelas, industrias, agricultura y al Canal de Panamá, cuya operación depende de agua dulce.

La pregunta ya no es únicamente si tendremos suficiente agua.

La verdadera pregunta es si estamos diseñando nuestras ciudades para convivir con una nueva realidad hídrica.

Resulta paradójico que muchos edificios incorporan tecnología de punta en seguridad, comunicaciones, eficiencia energética y automatización, pero continúen considerando el agua únicamente como un servicio público del cual alguien más debe ocuparse.

La resiliencia hídrica debería convertirse en un criterio de diseño, tan importante como la resistencia estructural o la eficiencia energética.

Cada nuevo desarrollo debería preguntarse:

• ¿Cómo reducirá su consumo?
• ¿Cómo protegerá la calidad del agua que reciben los residentes?
• ¿Qué mecanismos tendrá para enfrentar interrupciones en el suministro?
• ¿Puede aprovechar agua de lluvia para usos no potables?
• ¿Está preparado para una población mayor dentro de veinte años?

Estas preguntas ya no pertenecen únicamente a ingenieros o autoridades. Son parte de la planificación responsable de cualquier comunidad.

El agua dejó de ser un recurso abundante para convertirse en uno de los principales factores que determinarán la competitividad y calidad de vida de las ciudades del futuro.

Las naciones que comprenden esta realidad planificarán con ventajas.

Las que no lo hagan reaccionarán cuando la crisis ya esté instalada.

Panamá aún tiene la oportunidad de decidir en cuál de esos dos grupos quiere estar.

No basta con construir más.

Debemos construir mejor.

Porque las ciudades del mañana no serán recordadas por la altura de sus edificios, sino por su capacidad para garantizar algo mucho más esencial: agua segura, suficiente y sostenible para quienes vivirán en ellas.

Quizás ha llegado el momento de dejar de preguntarnos cuántas urbanizaciones más podemos construir…

Las empresas dejan clientes. Los profesionales dejan prestigio. Pero quienes educan a una sociedad dejan legado.

El Canal conserva un valor insustituible para el comercio mundial, pero su importancia actual va más allá de la logística: se encuentra en el centro de la competencia entre Estados Unidos y China y debe servir como palanca para una economía panameña más resiliente, sostenible y basada en conocimiento.

Una infraestructura que sigue siendo insustituible

El Documento de Opinión IEEE 88/2026 presenta al Canal de Panamá como uno de los activos estratégicos más importantes del comercio marítimo mundial. Su relevancia no se limita a unir el Atlántico y el Pacífico: reduce distancias, tiempos y costos; sostiene cadenas de suministro; aporta previsibilidad a los mercados; y fortalece la seguridad alimentaria, energética e industrial de las economías que dependen del transporte marítimo.

La vía, inaugurada el 15 de agosto de 1914 y administrada plenamente por Panamá desde el 31 de diciembre de 1999, tiene una longitud aproximada de 82 kilómetros. Según el boletín, articula unas 180 rutas marítimas y conecta 1.920 puertos en 170 países. Por ella circula entre el 5 % y el 6 % del comercio marítimo mundial y su capacidad permite atender casi el 98 % de la flota mundial.

El texto también resalta el efecto de la ampliación culminada en 2016. El tercer juego de esclusas permitió el tránsito de buques neopanamax, con una capacidad aproximada de 14.000 TEU frente a los 4.400 TEU de los antiguos panamax. Con ello, el Canal no solo aumentó el volumen de carga que puede manejar, sino que contribuyó a modificar los patrones del transporte marítimo y obligó a puertos de distintos países a adaptar sus instalaciones a embarcaciones de mayor tamaño.

El Canal como eje de la economía panameña

El boletín describe al Canal como el núcleo de un conglomerado marítimo-logístico profundamente integrado con la economía nacional. Alrededor de los tránsitos y los peajes se desarrollan actividades portuarias, servicios a buques y carga, zonas francas, turismo, banca, registro de naves y otros servicios logísticos. Por eso, su impacto supera ampliamente los ingresos directos de la operación.

De acuerdo con las cifras recogidas por el autor, la contribución directa, indirecta e inducida del Canal equivale aproximadamente al 7,7 % del producto interno bruto. Al incorporar el clúster logístico, portuario, bancario y de servicios relacionados, distintas estimaciones sitúan su impacto ampliado entre el 30 % y el 45 % del PIB.

Para el año fiscal 2025, el documento reporta 13.404 tránsitos, ingresos por B/.5.705 millones y una ganancia neta de B/.4.134 millones. Los ingresos fueron 14,4 % superiores a los de 2024 y el tonelaje alcanzó 489,1 millones de toneladas CP/SUAB. El Canal transfirió B/.2.965 millones al Gobierno y acumuló B/.31.231 millones en aportes al Estado durante los primeros 26 años de administración panameña.

Para el año fiscal 2026, la ACP presupuestó ingresos por B/.5.207,2 millones, cifra 7,4 % inferior a la de 2025, ante una reducción prevista de entre 1.100 y 1.200 tránsitos vinculada a la incertidumbre económica y a las políticas arancelarias. Aun así, el boletín indica que los aportes al fisco se estimaron en B/.3.193,8 millones, 14,5 % más que en 2025.

La rivalidad entre Estados Unidos y China

La tesis central del documento es que el Canal se ubica hoy en uno de los espacios más sensibles de la competencia estratégica entre Estados Unidos y China. Para Washington, tanto la vía interoceánica como los puertos y corredores que la rodean forman parte de un perímetro esencial para su seguridad económica, comercial y marítima. Para Pekín, Panamá encaja en una estrategia de conectividad, expansión comercial y posicionamiento en nodos logísticos decisivos.

Panamá se adhirió en noviembre de 2017 a la Iniciativa de la Franja y la Ruta y fue el primer país centroamericano en hacerlo. El boletín recuerda que el presidente José Raúl Mulino anunció en febrero de 2025 la cancelación de ese acuerdo, decisión interpretada por el autor como una definición de la posición geopolítica panameña respecto de su socio tradicional, Estados Unidos.

La expansión china en puertos latinoamericanos es presentada como parte de una estrategia regional más amplia. El documento cita un informe del Center for Strategic and International Studies que registra una presencia china en la infraestructura portuaria regional dos veces mayor que cinco años antes. También indica que 37 puertos de América Latina operan con participación de capital o gestión china y que el 85 % se ubica en puntos neurálgicos del comercio entre Asia y América Latina.

Desde la perspectiva estadounidense expuesta en el boletín, esa presencia plantea riesgos de seguridad nacional y de influencia sobre infraestructuras críticas. Desde la perspectiva china, las inversiones buscan mejorar la conectividad, facilitar el comercio y desarrollar una red logística global eficiente. El contraste entre ambas lecturas convierte al Canal y su entorno portuario en un escenario de fricción donde se cruzan comercio, seguridad, soberanía y proyección de poder.

La neutralidad como principal defensa

Frente a la competencia entre potencias, el documento identifica la neutralidad permanente como el fundamento de la legitimidad, estabilidad y confiabilidad internacional del Canal. Los Tratados Torrijos-Carter, firmados el 7 de septiembre de 1977, encaminaron la transferencia de la vía a Panamá y establecieron un régimen de tránsito pacífico, abierto y no discriminatorio para buques de todas las banderas.

Según el análisis, la neutralidad protege la soberanía panameña porque impide que el Canal sea tratado como un instrumento de confrontación o como un activo negociable entre potencias. Su operación debe responder a decisiones soberanas, reglas jurídicas claras y criterios técnicos y comerciales. La ACP conserva la responsabilidad cotidiana de fijar calados, administrar cupos, coordinar con navieras, aseguradoras y agentes y emitir avisos cuando la disponibilidad de agua obliga a ajustar los tránsitos.

El boletín destaca la posición del presidente Mulino, para quien la neutralidad constituye la mejor y única defensa frente a amenazas específicas o globales. También menciona el Acuerdo de Seguridad suscrito con Estados Unidos en abril de 2025 y la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de agosto de ese año como expresiones de una diplomacia orientada a sostener la autonomía panameña, la vigilancia de la vía y la confianza de la comunidad marítima.

La vulnerabilidad de las rutas marítimas mundiales

El valor geopolítico del Canal aumenta cuando otras rutas sufren conflictos, bloqueos, ataques o desastres naturales. El boletín sostiene que la guerra en Ucrania, la inestabilidad en Oriente Medio y la crisis del estrecho de Ormuz han obligado a reconfigurar rutas y han elevado la importancia de corredores seguros y políticamente estables.

De acuerdo con el documento, el cierre de facto de Ormuz desde marzo de 2026 favoreció un aumento del tránsito por Panamá, especialmente para el gas natural licuado que viaja desde Estados Unidos hacia Asia. Dependiendo del trayecto, utilizar el Canal puede reducir la navegación entre tres y quince días. En marzo de 2026, la vía operaba a plena capacidad, con entre 36 y 38 tránsitos diarios, después del levantamiento de restricciones asociadas a la sequía y con un calado máximo de 50 pies.

Los siete cuellos de botella identificados

El boletín ubica al Canal dentro de una red de siete pasos marítimos críticos cuya interrupción puede generar graves consecuencias económicas:

1. Canal de Panamá. Conecta el Atlántico y el Pacífico y funciona como ruta esencial para el comercio entre Asia, América y Europa.

2. Estrecho de Gibraltar. Une el Atlántico con el Mediterráneo; sus 14,4 kilómetros en el punto más estrecho le confieren importancia comercial y militar.

3. Canal de Suez. Conecta el Mediterráneo con la ruta hacia el golfo de Adén y concentra, según el boletín, entre el 12 % y el 15 % del tránsito de petróleo.

4. Bósforo y Dardanelos. Los estrechos turcos enlazan el mar Negro con el Mediterráneo y ocupan una posición estratégica entre Europa y Asia.

5. Estrecho de Ormuz. Es descrito como el punto más crítico: concentra entre el 20 % y el 25 % del petróleo mundial y aproximadamente una quinta parte del gas natural licuado.

6. Bab el-Mandeb. Conecta el mar Rojo con el golfo de Adén; los ataques hutíes han afectado el acceso a la ruta de Suez.

7. Estrecho de Malaca. Une el Índico con el Pacífico y canaliza cerca del 25 % de las mercancías mundiales, con especial relevancia para Asia y China.

Nuevas rutas y proyectos que alteran el mapa regional

El documento estudia dos proyectos promovidos con participación china que pueden reconfigurar los flujos del comercio transpacífico y competir, al menos parcialmente, con las rutas tradicionales asociadas al Canal.

El megapuerto de Chancay

Ubicado a unos 80 kilómetros de Lima e inaugurado el 14 de noviembre de 2024, Chancay crea una conexión directa con puertos chinos, especialmente Guangzhou. El boletín estima un trayecto aproximado de 30 días y una reducción de alrededor del 20 % en costos logísticos. La ruta evita el Canal de Panamá y puede beneficiar a Perú, Colombia, Ecuador, Chile y Brasil, consolidando a Chancay como centro portuario de la costa pacífica sudamericana.

Al mismo tiempo, el control mayoritario de COSCO Shipping alimenta preocupaciones estadounidenses sobre un posible uso dual, comercial y militar, y sobre sus implicaciones para la soberanía y la seguridad regional. Para el autor, Chancay no es solo un proyecto logístico: es una manifestación de la expansión económica y geopolítica de China en América Latina.

El Corredor Ferroviario Bioceánico Central

El segundo proyecto conecta el litoral atlántico brasileño con el Pacífico peruano. El memorando firmado durante la Cumbre de los BRICS de julio de 2025 abrió los estudios para una línea de más de 3.000 kilómetros entre el puerto de Ilhéus, en Brasil, y Chancay, en Perú. Su objetivo es agilizar las exportaciones agropecuarias y minerales hacia Asia, reducir tiempos y costos e integrar ferrocarriles, carreteras y vías navegables.

El proyecto fortalecería el papel de Brasil y Perú en el comercio global, consolidaría a China como socio principal de ambos países y ampliaría la conectividad de los BRICS. En conjunto con Chancay, podría alterar la arquitectura logística de América del Sur y ofrecer una conexión bioceánica distinta de la vía panameña.

Balboa y Cristóbal: puertos, concesión y soberanía

El tercer foco de tensión analizado se ubica en Panamá. La operación de los puertos de Balboa y Cristóbal por Panama Ports Company, subsidiaria de CK Hutchison Holdings, otorgaba a una empresa de Hong Kong presencia en ambos extremos del Canal. Para Estados Unidos, esta situación representaba un riesgo en una vía por la que transita aproximadamente el 40 % de su tráfico de contenedores.

El boletín repasa el anuncio de marzo de 2025 sobre la venta de 41 puertos, incluidos Balboa y Cristóbal, a un consorcio encabezado por BlackRock y Mediterranean Shipping Company. La transacción no se concretó en los términos anunciados y, posteriormente, la Contraloría General presentó dos demandas de inconstitucionalidad contra el contrato de 1997 y su prórroga, alegando irregularidades y pérdidas estatales superiores a B/.1.300 millones.

Según el documento, el 29 de enero de 2026 la Corte Suprema de Justicia declaró la invalidez constitucional del contrato. La decisión habría determinado una transición de 18 meses, durante la cual APM Terminals administraría Balboa y Terminal Investment Limited, vinculada a MSC, operaría Cristóbal, mientras se organiza una licitación y se define el modelo definitivo.

El fallo también dio lugar a reclamaciones internacionales. Panama Ports Company inició un arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional por al menos B/.1.500 millones y CK Hutchison amplió su notificación de disputa bajo un tratado bilateral de inversión. El boletín recoge la posición del Gobierno panameño de que la reclamación es desproporcionada y de que la defensa jurídica del Estado es sólida.

Para el autor, esta coyuntura ofrece la oportunidad de considerar los puertos como activos estratégicos para la economía y la seguridad nacional, no únicamente como fuentes de ingresos. La gestión futura debe preservar la continuidad operativa, elevar los estándares de las terminales, reforzar la autonomía del país y asegurar que sus beneficios sean tangibles para la población panameña.

Seguridad hídrica, inversión y sostenibilidad

La conservación de la ventaja competitiva del Canal depende de asegurar el agua, modernizar la infraestructura y adaptar la operación al cambio climático. El boletín informa que la ACP impulsa proyectos por más de B/.8.500 millones y que su portafolio total para la próxima década ronda B/.12.000 millones, incluyendo mantenimiento, modernización, descarbonización y transformación digital.

Entre las iniciativas principales se encuentra el embalse de Río Indio, con una inversión estimada de B/.1.500 a B/.1.600 millones, cuya licitación se proyectaba para finales de 2026, inicio de obras en 2027 y terminación en 2031. El objetivo es garantizar la seguridad hídrica del Canal por los siguientes 50 años.

El texto también menciona un gasoducto de entre B/.4.000 y B/.8.000 millones, con capacidad prevista de dos millones de barriles diarios, y dos nuevos puertos en Corozal y la isla Telfers, con inversión conjunta de B/.2.600 millones. Estos puertos añadirían cinco millones de TEU a la capacidad de transbordo existente de 9,5 millones.

A estas obras se suman B/.500 millones destinados a transformación digital, programas de descarbonización, acciones para optimizar el uso del agua, reducir emisiones y aumentar la resiliencia, así como trabajo permanente en la cuenca hidrográfica para proteger el recurso hídrico y mejorar las condiciones de las comunidades vinculadas a ella.

Más allá del tránsito: una nueva estrategia de desarrollo

El boletín advierte que Panamá no debe limitarse a administrar una renta derivada de su posición geográfica. La siguiente etapa consiste en convertir el Canal y el sistema logístico en una plataforma de mayor valor añadido, capaz de atraer empresas que se establezcan de forma permanente y de integrar infraestructura, talento, tecnología, producción e innovación.

Las oportunidades identificadas incluyen la microelectrónica y los semiconductores, la biotecnología basada en la biodiversidad panameña, la digitalización de servicios y otros sectores intensivos en conocimiento. El objetivo debe ser generar empleo especializado, captar inversión extranjera de largo plazo y convertir al país en un centro regional de innovación, no solo en un punto de tránsito.

Para alcanzar esa transformación, el documento plantea reglas claras, coordinación entre los sectores productivos y académicos, transferencia de conocimiento y una gobernanza capaz de sostener prioridades estratégicas más allá de los ciclos políticos. La diversificación no supone abandonar el Canal, sino utilizarlo como plataforma para una economía más sofisticada, resiliente y sostenible.

Conectividad interna y beneficios compartidos

El análisis también señala una brecha interna: mientras Panamá ha construido una notable conectividad hacia el exterior, la integración eficiente del territorio nacional ha recibido menor atención. El reto es trasladar la eficiencia logística internacional a las regiones del país y convertirla en cohesión económica y social.

En ese contexto se ubican proyectos como el cuarto puente sobre el Canal, el corredor ferroviario nacional, el corredor de las playas, las asociaciones público-privadas para carreteras y otras infraestructuras estratégicas. El boletín sostiene que estas obras pueden reducir tiempos de traslado, activar regiones con potencial subutilizado y mejorar el acceso a polos turísticos y productivos.

En una economía donde los costos logísticos pueden representar entre el 15 % y el 30 % del valor de un producto, las mejoras multimodales inciden directamente en la competitividad de la agroindustria, el comercio y las exportaciones. Cada nuevo nodo puede estimular servicios, vivienda, empleo y actividad empresarial. No obstante, el autor reconoce que estas transformaciones deben apoyarse en planificación rigurosa y atender las objeciones ambientales, sociales y de trazado.

Síntesis de las conclusiones del boletín

Primera. El Canal es insustituible para el comercio internacional y continúa siendo una de las principales fuentes de ingresos del Estado panameño.

Segunda. La rivalidad entre Estados Unidos y China ha trasladado la disputa geopolítica al control e influencia sobre puertos, concesiones y corredores logísticos.

Tercera. La neutralidad derivada de los Tratados Torrijos-Carter es la base de la confianza internacional y el principal instrumento para proteger la soberanía panameña.

Cuarta. Las crisis en otros cuellos de botella, especialmente Ormuz, refuerzan al Canal como garantía de continuidad para el comercio y el transporte energético.

Quinta. Chancay, el corredor bioceánico y la expansión portuaria china están creando una nueva arquitectura logística regional que Panamá debe evaluar con visión estratégica.

Sexta. El futuro del país exige seguridad hídrica, modernización portuaria, digitalización, descarbonización y diversificación hacia actividades de alto valor añadido.

Séptima. Panamá enfrenta una coyuntura compleja, pero su institucionalidad, neutralidad y capacidad de planificación pueden convertir las tensiones actuales en oportunidades de crecimiento.

Conclusión general

La lectura integral del boletín conduce a una idea central: el Canal de Panamá sigue siendo un bien público global y un activo estratégico decisivo para el país. Su importancia económica permanece intacta, pero su relevancia geopolítica ha aumentado debido a la fragmentación del comercio, la vulnerabilidad de las rutas marítimas y la competencia entre Estados Unidos y China.

La respuesta de Panamá debe descansar en tres pilares: neutralidad efectiva, soberanía institucional y visión de largo plazo. Preservar la operación técnica, previsible y no discriminatoria del Canal es indispensable, pero también lo es utilizar sus ventajas para asegurar el agua, modernizar la red logística, integrar el territorio, promover la innovación y generar oportunidades de mayor valor para la población. El desafío no consiste solamente en proteger una ruta interoceánica, sino en convertirla en la base de una estrategia nacional más diversificada, inclusiva y sostenible.

Fuente

CASILDA BÉJAR, Ramón. La relevancia geoestratégica y geopolítica del canal de Panamá. Documento de Opinión IEEE 88/2026. Instituto Español de Estudios Estratégicos, 1 de septiembre de 2026. Documento en PDF consultado el 7/9/2026. https://www.defensa.gob.es/documents/2073105/3095923/ieee-2026-relevancia-geopolitica-canal-panama-documento-opinion-88.pdf

Nota: Este artículo resume y organiza los datos, valoraciones y conclusiones contenidos en el boletín citado. Las afirmaciones sobre acontecimientos, cifras y posiciones geopolíticas se presentan conforme a esa fuente.

Por: Augusto García Castro.

Analizar el mercado laboral en Panamá requiere de un gran esfuerzo dada la escasez de datos estadísticos actualizados continuos. La información disponible sobre el mercado laboral se basa en la encuesta que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), anualmente en el mes de agosto de cada año y en los últimos años se varía entre los meses de agosto, septiembre y octubre, creando una mayor dificultad para comparar los datos publicados.

Dicho lo anterior, analizaremos la situación actual del mercado laboral tomando en cuenta la tasa de participación de la población económicamente activa (fuerza de trabajo), la ocupación y desocupación, por género y edad, la informalidad laboral y los contratos de trabajo registrados en el MITRADEL.

Con el fin de analizar la tendencia de las variables antes indicadas tomaremos en cuenta la serie de datos correspondiente al periodo comprendido de 2019 al 2025, el cual comprende entre otras cosas los efectos de la pandemia del Covid 19 y permite observar la situación del mercado laboral pre y post pandemia.

Para tal efecto utilizaremos los datos de la encuesta del mercado laboral realizada por el INEC para cada uno de estos años.

Tasa de participación en la población económicamente activa o fuerza de trabajo

Con respecto a la tasa de participación de la población económicamente activa (fuerza de trabajo), que incluye a la población de 15 años y más que está vinculada al mercado de trabajo ya sea que está ocupada o desocupada, se observa una disminución de la participación en 2.5%, pasando de 66.5% en el año 2019 a 64.0% en el 2025. El efecto de la pandemia se aprecia en el año 2021 donde dicha tasa fue de 60.4%.

La siguiente gráfica muestra los datos del periodo arriba indicada.

Fuente. El autor con datos del INEC, encuestas del mercado laboral.

Con relación a la participación por género se destaca el hecho de que las mujeres siguen teniendo una muy baja incorporación a la fuerza de trabajo en comparación con los hombres y han disminuido su participación desde el año 2019. Tal es así que en el 2019 la tasa de participación de los hombres fue de 78.8% y de las mujeres de 55.0% mientras que en el 2025 fue de 75.1% y de 53.8% para hombres y mujeres respectivamente, tal como se muestra a continuación.

Fuente. El autor con datos del INEC, encuestas del mercado laboral.

Como se aprecia en los datos anteriores la economía panameña tiene baja capacidad para incorporar y aprovechar eficientemente el talento, formación, competencias y capacidades que ofrece la población en edad de trabajar.

Tasa de ocupación.

Con respecto a la población ocupada se aprecia una situación de disminución de la capacidad del mercado laboral de aprovechar la capacidad de la fuerza de trabajo e incorporarla al trabajo productivo.

Los datos del INEC nos muestran una disminución del porcentaje de la población ocupada en 4.5% entre los años 2019 y 2025, que se profundizó en los años 2020 y 2021 debido a la pandemia del COVID 19, lo cual significa que el mercado laboral, cinco años después, aun no se recupera de los efectos de la pandemia, tal como lo muestra la siguiente gráfica.

Fuente. El autor con datos del INEC, encuestas del mercado laboral.

Se destaca el hecho de que a partir del año 2023 se ha atomizado la tasa de ocupación en 57%, lo cual presenta un gran reto en la generación de empleo decente en país. Esta situación se torna más aguda si tomamos en cuenta el hecho de que casi la mitad de los ocupados se encuentran en la economía informal, tal como veremos más adelante.

La tasa de ocupación por genero aun no se ha recuperado de los efectos de la pandemia del Covid 19 dado que la tasa de ocupación de la mujeres en el año 2019, prepandemia, fue de 50.2% y en el año 2025 fue de 42.5%, es decir 7.7 puntos porcentuales por debajo, lo cual muestra que las mujeres siguen estando marginadas del mercado laboral.

Al analizar la ocupación de la fuerza de trabajo por categoría de la ocupación, pre y post pandemia, se observa entre 2019 y 2025 que la ocupación en la empresa privada solo ha crecido 2.1% desde 873,750 ocupados en 2019 a 892,567, mientras que los ocupados por cuenta propia han aumentado en 4.4%, desde 592,063 hasta 618,190 ocupados, lo que expresa el deterioro de la calidad de los puestos de trabajo, dado que entre los ocupados por cuenta propia se encuentran principalmente los trabajadores informales.

Tasa de desocupación.

La tasa de desocupación de la fuerza de trabajo ha experimentado un incremento significativo entre los años 2019 y 2025 desde 7.1% a 10.4% respectivamente, equivalente a 3.3 puntos porcentuales. Cabe destacar que el mercado laboral logró retornar al nivel de desocupación previo a la pandemia, en el año 2023 cuando la tasa de desocupación fue de 7.4%, sin embargo, a partir de ese año se incrementó hasta 10.4% en el 2025, tal como se muestra en la siguiente gráfica,

Fuente. El autor con datos del INEC, encuestas del mercado laboral.

En términos absolutos la población desocupada se ha incrementado desde 146,111 hasta 227,302 personas entre los años 2019, prepandemia, y 2025, lo cual representa un incremento de 81,191 desocupados. Sin embargo, entre los años 2023 y 2025 el incremento es de 71,677.

Por otra parte, al analizar la desocupación por sexo se mantiene el sesgo contra las mujeres con respecto a los hombres, lo cual se expresa en que la desocupación de las mujeres en el año 2019 fue de 8.7% mientras que en el 2025 fue 13.2%. Cabe destacar que a partir del año 2023 se produce un repunte de la tasa de desocupación de las mujeres desde 9.4% hasta 13.2%. después de la recuperación postpandemia, tal como lo muestra la siguiente gráfica.

Fuente. El autor con datos del INEC, encuestas del mercado laboral.

En cuanto a la desocupación según la edad, se mantiene la exclusión de los jóvenes del mercado laboral, principalmente los comprendidos entre 15 y 24 años.

La desocupación de los jóvenes entre 15 y 18 años se expandió desde 12.4% hasta 24.3% entre 2019 y 2025 respectivamente, lo que representa un incremento de 11.9 puntos porcentuales en el periodo.

En el caso de los jóvenes cuya edad está comprendida entre 19 y 24 años la desocupación se incrementó desde 14.8% en el año 2019 a 22.7% en el año 2025, es decir un crecimiento de 7.9 puntos porcentuales.

Mientras que los jóvenes cuyas edades están comprendidas entre 25 y 29 años la desocupación aumentó en 1.6 puntos porcentuales desde 14.4% en el año 2019 a 16.0% en el año 2025.

Cabe destacar que la desocupación de los jóvenes entre 15 y 29 años se ha incrementado significativamente a partir del año 2023, después de haber experimentado una recuperación de los efectos de la pandemia, lo cual sugiere que las políticas públicas destinadas a incorporar a este grupo al mercado laboral han tenido poca efectividad.

La siguiente gráfica ilustra los detalles de los datos antes mencionados.

Fuente. El autor con datos del INEC, encuestas del mercado laboral.

La Informalidad laboral

Se define la informalidad laboral o el trabajo informal el efectuado por las personas que, aun estando ocupados, no tienen acceso a la seguridad social, ni tienen un contrato de trabajo legal, ni reciben prestaciones ni protección social.

La situación socioeconómica de este grupo de trabajadores es muy precaria y excluyente dado que no son sujetos de crédito en el mercado financiero y eso les impide o dificulta mejorar su calidad de vida y no cuentan con la posibilidad de acceder a una pensión por vejez al final de su vida laboral.

Las estadísticas del INEC muestran que en el mercado laboral de Panamá casi la mitad de los ocupados se encuentran en la informalidad laboral, situación que se incrementó entre el año 2019 prepandemia y el año 2025, en 68,877 personas, pese a una leve recuperación en el año 2022 postpandemia. Cabe destacar que a partir del año 2023 la informalidad laboral se ha incrementado en 47,068 ocupados.

En términos absolutos la informalidad laboral en Panamá afecta a casi un millón de personas, totalizando en septiembre del año 2025 la cifra de 784,990 personas ocupadas en la economía informal. Tal como lo muestra el siguiente cuadro.

Por otro lado, al analizar el empleo informal por sector en el empleo, encontramos que el 14.5% de los empleos informales, en septiembre del año 2025, se encuentran en empresas del sector formal de la economía, es decir, en empresas legalmente constituidas. De acuerdo con la legislación laboral panameña esta es una práctica ilegal que realizan algunos empresarios de manera persistente y que las autoridades del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) y de la Caja de Seguro Social no combaten con efectividad. También se observa una cantidad importante de trabajadores informales en los hogares, lo cual afecta principalmente a las trabajadoras domésticas.

El siguiente cuadro los datos del empleo informal por sector en el empleo y sexo.

Los contratos de Trabajo.

Otra variable importante que debemos considerar al analizar el mercado laboral son las características de los contratos de trabajo que predominan en el mismo.

De acuerdo con la legislación laboral vigente los contratos de trabajo son de tres tipos Indefinidos, Definidos y por Obra Determinada.

Los contratos de trabajo indefinidos son aquellos que no tienen una fecha de inicio y no una fecha de finalización, salvo las causales establecidas en la ley. Los contratos definidos y por obra determinada, en cambio, tienen una fecha de inicio y de finalización, son los llamados contratos temporales.

Los efectos socioeconómicos de estos tipos de contratos son diferenciados para los trabajadores. Los trabajadores que poseen un contrato indefinido tienen la posibilidad de lograr la permanencia en el empleo, lo cual les da cierto tipo de estabilidad laboral y ser reconocidos por el mercado financiero como sujetos de crédito lo cual les ayuda a mejorar su calidad de vida,

En cambio, los trabajadores cuyo contrato de trabajo es definido o por obra determinada, difícilmente pueden alcanzar la permanencia en el empleo, lo cual es un gran obstáculo para mejorar su calidad de vida, dado que no son sujetos de crédito en el sistema bancario y se les dificulta completar las cuotas de la seguridad social para acceder a la pensión por vejez, debido a que no cotizan los doce meses del año. De acuerdo con datos de la Caja de Seguro Social el promedio de cuotas cotizadas por los trabajadores en Panamá es de nueve (9) cuotas al año.

La legislación laboral establece que todos los contratos de trabajo que se realizan en el país deben ser registrados por las empresas en el MITRADEL.

De acuerdo con las estadísticas de los registros de contratos de trabajo, realizadas anualmente por el MITRADEL, en promedio, el setenta y cinco por ciento (75%) de los mismos son de tipo definidos y por obra determinada.

Lo anterior nos indica que el mercado laboral está generando contratos de trabajo precarios, de baja calidad y temporales, lo cual impacta negativamente en el bienestar de los trabajadores.

Los Salarios generados en el mercado laboral.

El salario es el precio que recibe el trabajador por la venta de su fuerza de trabajo al empresario y dadas las condiciones de un mercado imperfecto su determinación desfavorece al vendedor.

El código de trabajo de 1972 en su artículo 140 establece que “el salario es la retribución que el empleador debe pagar al trabajador con motivo de la relación de trabajo, y comprende no solo lo pagado en dinero y especie, sino también las gratificaciones, bonificaciones, primas, comisiones, participación en utilidades y todo ingreso o beneficio que el trabajador reciba por razón del trabajo o como consecuencia de éste”.

El artículo 172 establece que “todo trabajador tiene derecho a percibir un salario mínimo que cubra las necesidades normales de su hogar, en el orden material, moral y cultural, el cual se fijará periódicamente con el fin de mejorar su calidad de vida…”

Es claro que el salario es el medio para la manutención del trabajador y su familia y por tanto la base para mejorar su calidad de vida.

El salario por tanto es recibido únicamente por los trabajadores empleados al servicio de un empleador privado o público y en consecuencia excluye a los trabajadores informales.

El Salario Mínimo.

En Panamá la fijación del salario se realiza cada dos años, mediante una Comisión Nacional de Salario Mínimo, integrada por representantes de gremios del sector empresarial y de los trabajadores con mediación del Estado a través del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y éste solo se aplica a los trabajadores empleados en el sector privado. Cuando en la Comisión Nacional de Salario Mínimo no se produce consenso entre sus miembros el salario mínimo lo fija el Estado.

Cabe destacar que el salario mínimo se fija en atención a lo dispuesto en el código de trabajo, por región, actividad económica, profesión u oficio y tamaño de las empresas, y por tanto no existe un solo salario mínimo para todos los trabajadores y el país.

El salario mínimo vigente en la actualidad, 2026, fue establecido mediante el Decreto Ejecutivo No. 13 del 31 de diciembre de 2025.

Como hemos mencionado antes, existen múltiples salarios mínimos en el país, por lo que para fines de este trabajo solo analizaremos el salario mínimo fijado para aquellas actividades económicas que concentran la mayor cantidad de trabajadores beneficiados por el salario mínimo y para las grandes empresas en la región 1.

Dichas actividades económicas son la agricultura, ganadería, caza, pesca, silvicultura y actividades conexas (actividad agropecuaria); industria manufacturera, Comercio al por mayor y menor y la construcción.

Dado que el salario mínimo fija la rata por horas trabajadas y todos los trabajadores no trabajan las mismas cantidades de horas semanales, para el cálculo del salario mensual asumimos una jornada laboral máxima de 48 horas semanales.

Según el Decreto Ejecutivo No. 13 del 31 de diciembre de 2025, antes citado, la tasa de salario mínimo, nominal, para la actividad agropecuaria es de dos balboas con diez centavos por hora (B/.2.10), lo cual representa un salario mensual de cuatrocientos treinta y seis balboas con ochenta centavos (B/436.80); para la industria manufacturera la tasa de salario mínimo, nominal, es de tres balboas con trece centavos por hora (B/3.13), lo que representa un salario mensual de Seiscientos Cincuenta y Uno balboas con cero cuatro centavos (B/651.04); para el comercio al por mayor y menor la tasa de salario mínimo, nominal, es de Tres Balboas con Cero Dos centavos (B/3.02), lo que equivale a un salario mensual de Seis Cientos Veinte y Ocho balboas con Diez y Seis centavos (B/628.16) y para la construcción la tasa de salario mínimo, nominal, es de Tres balboas con Cincuenta y Uno centavos (B/3.51), lo cual asciende a un salario mensual de Seiscientos Treinta balboas con Cero Ocho (B/730.08).

El siguiente cuadro muestra los datos antes indicados, así como la cantidad de empleados en cada categoría económica y el porcentaje aproximado de empleados que devengan el salario mínimo.

Con el fin de analizar si el salario mínimo nominal establecido para las actividades económicas antes descritas, cumple con lo establecido en el código de trabajo, que cubra las necesidades normales de su hogar, en el orden material, moral y cultural, correlacionamos el salario mínimo mensual nominal con el costo calórico de la canasta básica de alimentos que publicó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el mes de mayo de 2026, última publicación, que fue de Tres Cientos Sesenta y Siete Balboas (B/367.00), para una familia integrada por cuatro personas, que es el promedio de las familias panameñas, según el INEC.

Para el caso de la actividad agropecuaria se observa que el salario mínimo apenas alcanza para comer.

Sin embargo, si agregamos los demás bienes y servicios que requiere un hogar para su manutención, es decir la canasta básica completa, que, de acuerdo con estudios realizados por un grupo de profesores de la facultad de Economía de la Universidad de Panamá, es de Mil Quinientos balboas, a precios de mercado, (B/1,500.00), ningún salario mínimo de los analizados alcanza para financiar dicha canasta, aun trabajando y devengando ese salario los dos miembros del hogar.

La Mediana Salarial.

Según datos de la encuesta del mercado laboral del INEC de septiembre de 2025, la mediana salarial, es decir el punto medio de la distribución de todos los salarios, fue de Setecientos Cincuenta y Cinco balboas con Ochenta centavos (B/755.80).

Al correlacionar la mediana salarial nacional con el costo de la canasta básica observamos que dicho salario, que gana la mitad de los asalariados del país, no alcanza para financiar la canasta básica para una familia de cuatro personas.

Dado que la mediana salarial publicada por el INEC incluye a los asalariados del sector público y privado ésta eleva o tiende hacia arriba el salario del sector público. Sin embargo cuando analizamos la mediana salarial de las actividades del sector privado donde se concentra la mayor cantidad de empleados se aprecia que ese dato es menor que la mediana salarial nacional, tal como se demuestra en el siguiente cuadro.

Mediana salarial total y por actividad económica en balboas. 2025

Cabe destacar que los valores de los salarios antes descritos tanto para el salario mínimo como para la mediana salarial son en términos nominales, los cuales son mucho menores en términos reales, es decir al descontarles el efecto de la inflación que afecta sensiblemente el poder adquisitivo del dinero.

Al respecto el economista Miguel Del Cid, en el documento titulado Reflexiones sobre el desarrollo sostenible. Hacia una visión compartida de país. Panamá 2030, de fecha 14 de abril de 2021. Sostiene que:

“Una evaluación somera del índice acumulado del PIB y de la mediana salarial muestra un gran rezago de los salarios reales en el tiempo, lo cual se da tanto en sectores que concentran actividades modernas como tradicionales.”

Fuente INEC, Series de Cuentas nacionales y Encuesta de Mercado Laboral, agosto

Por otro lado, al analizar el Producto Interno Bruto (PIB) por el método de la renta, es decir la distribución de la riqueza producida entre el factor trabajo y el factor capital, encontramos un gran sesgo en contra de los asalariados y en favor de los empresarios.

Tal es así, que, en una serie de tiempo de 16 años analizada, se muestra que la parte de la riqueza producida con la que se queda el sector empresarial, denominada excedente de explotación, en promedio representa el 57.8% del PIB, mientras la parte que le queda a los trabajadores denominada, remuneraciones, en promedio es de 27.8% del PIB.

La siguiente grafica muestra los datos antes indicados.

Fuente, El autor con datos del INEC, cuentas nacionales

Se observa una diferencia de treinta (30) puntos porcentuales en la distribución de la riqueza, entre los dos principales actores del mercado laboral

Es claro que el mercado laboral muestra una profunda inequidad de la distribución de la riqueza lo cual sustenta la desigualdad que caracteriza a la sociedad panameña.

SINTESIS.

A manera síntesis podemos afirmar que el mercado laboral panameño se caracteriza por elevados niveles de precariedad y desigualdad, lo cual se expresa el sesgo contra las mujeres, la elevada exclusión de los jóvenes entre 15 y 29 años, el alto nivel de desocupación, los elevados niveles de informalidad laboral, los contratos temporales de trabajo y los bajos salarios.

Lo anterior nos permite decir que el mercado laboral panameño no genera satisfactoriamente lo que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) denomina Trabajo Decente. Según la OIT el trabajo decente se caracteriza por ser un trabajo productivo que se realiza en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana.

La situación actual del mercado laboral panameño es consecuencia de la aplicación de las políticas neoliberales dirigidas a abaratar los costes laborales (de contratación y despidos, seguridad social, protección social, salarios, horas extraordinarias, entre otros) en beneficio del capital, cuyo propósito principal es que el costo de la llamada competitividad empresarial recaiga sobre los trabajadores, para lo cual se requiere desregular las relaciones laborales, reprimir o dificultar la actividad sindical, la negociación colectiva y el dialogo social, entre otras políticas.

Las estadísticas del INEC muestran un deterioro de los principales indicadores del mercado laboral a partir del año 2023, lo cual coincide con el inicio de la actual administración pública que desde el inicio de su gobierno declaró ser proempresarial.

El autor es economista.

Si quieres entender cómo el auge de la inteligencia artificial está transformando el mercado laboral, vale la pena mirar hacia Corea del Sur. Allí, la industria de los semiconductores no solo está generando grandes inversiones y beneficios empresariales: también está cambiando las aspiraciones profesionales de miles de jóvenes.

En Seúl han comenzado a proliferar academias especializadas que preparan a estudiantes y recién graduados para ingresar a compañías como Samsung Electronics y SK Hynix, dos de los principales fabricantes de semiconductores del mundo. Los programas combinan conocimientos técnicos sobre componentes, diseño y fabricación de chips con análisis de datos, preparación de currículums y entrenamiento para entrevistas laborales.

Uno de estos programas tiene una duración aproximada de tres meses y medio y mantiene jornadas intensivas de formación de lunes a viernes. La competencia para ingresar es considerable, reflejo de una realidad más amplia: cada vez son más los jóvenes surcoreanos que ven en la industria tecnológica una oportunidad de obtener empleos estables, especializados y altamente remunerados.

De la medicina a los semiconductores

Durante décadas, si preguntabas a una familia surcoreana cuál era una de las carreras que ofrecía mayor prestigio y seguridad económica, probablemente la respuesta sería medicina. Hoy, esa percepción está comenzando a cambiar.

El auge de la inteligencia artificial y la creciente demanda mundial de chips han fortalecido enormemente a los grandes fabricantes surcoreanos. Como consecuencia, los programas universitarios especializados en semiconductores —algunos desarrollados directamente en colaboración con Samsung y SK Hynix— están captando una atención que antes estaba reservada para las carreras tradicionales de mayor prestigio.

En el proceso de admisión de 2026, algunos programas vinculados a SK Hynix en importantes universidades surcoreanas registraron incluso mayores tasas de solicitudes que determinadas facultades de medicina. Paralelamente, las solicitudes para estudiar medicina disminuyeron significativamente.

¿Qué está impulsando este cambio? Además de las oportunidades profesionales, existe un poderoso incentivo económico.

Los buenos resultados obtenidos por las empresas de semiconductores gracias a la expansión de la inteligencia artificial han permitido establecer importantes esquemas de reparto de beneficios y bonificaciones para sus trabajadores. De acuerdo con la información publicada, Samsung alcanzó un acuerdo de reparto de beneficios con decenas de miles de trabajadores de su división de semiconductores, mientras que SK Hynix acordó distribuir durante los próximos años una parte de sus beneficios operativos entre sus empleados.

Las habilidades prácticas ganan terreno

El fenómeno tampoco se limita a los ingenieros.

La percepción del trabajo técnico y de producción está cambiando entre los jóvenes y sus familias. Algunos graduados universitarios están incluso optando por puestos especializados dentro de las fábricas de semiconductores debido a las perspectivas de estabilidad y remuneración que ofrece el sector.

Este cambio se produce, además, en un contexto laboral complejo. El desempleo juvenil surcoreano alcanzó un promedio del 7,1 % durante los tres meses terminados en junio de 2026, mientras los jóvenes enfrentan una fuerte competencia por los empleos disponibles en los principales conglomerados empresariales del país.

Ante esta situación, el Gobierno surcoreano también ha anunciado iniciativas destinadas a facilitar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral y promover inversiones en sectores de crecimiento, particularmente aquellos vinculados con la inteligencia artificial y la tecnología.

Para quienes observamos desde otros países, la experiencia de Corea del Sur deja una reflexión importante: la transformación tecnológica no solamente modifica las industrias, sino también la educación, las decisiones profesionales y la manera en que una sociedad entiende el éxito laboral.

¿Una transformación permanente?

Sin embargo, el crecimiento del sector no está exento de riesgos.

Especialistas en educación advierten que los semiconductores siguen perteneciendo a una industria altamente cíclica. El extraordinario atractivo actual de estas carreras está estrechamente relacionado con el buen momento que atraviesan los fabricantes de chips debido al desarrollo de la inteligencia artificial.

Por ello, aunque hoy los programas especializados ganan terreno frente a profesiones tradicionales, permanece abierta una pregunta fundamental: ¿estamos ante un cambio estructural en las preferencias profesionales de los jóvenes o ante una tendencia impulsada por un ciclo extraordinariamente favorable para la industria tecnológica?

Lo cierto es que Corea del Sur ya está preparando a una nueva generación de trabajadores para competir en uno de los sectores más estratégicos de la economía mundial. Y mientras la inteligencia artificial siga aumentando la demanda de capacidad computacional, la carrera por formar especialistas capaces de diseñar, fabricar y perfeccionar los chips que hacen posible esta tecnología continuará intensificándose.

Fuente: Adaptado de Financial Times, “Dentro de las escuelas de formación para la fabricación de chips en Corea del Sur”, por Song Jung-a y Daniel Tudor, publicado el 22 de agosto de 2026.

En el mundo laboral solemos hablar de preparación, experiencia, conocimientos y resultados. Sin embargo, existe un elemento que está presente en cada reunión, decisión, conversación y conflicto, aunque no aparezca en nuestro currículum: nuestras emociones.

Podemos ser excelentes profesionales y al mismo tiempo tener dificultades para manejar una crítica, afrontar la presión, resolver un desacuerdo o comunicarnos con alguien que piensa diferente. Entonces surge una pregunta: ¿basta con saber hacer nuestro trabajo o también necesitamos aprender a gestionar lo que sentimos mientras lo hacemos?

Aquí cobra importancia la inteligencia emocional.

Desde la psicología, la inteligencia emocional comprende habilidades como reconocer y comprender nuestras propias emociones, regular nuestras respuestas, desarrollar empatía y relacionarnos de manera efectiva con los demás. La investigación científica la ha relacionado con aspectos como el desempeño laboral, la satisfacción, el compromiso y las relaciones interpersonales.

Sentir no es el problema, hablar de inteligencia emocional no significa aprender a ocultar las emociones ni pretender que nunca sentimos frustración, enojo, tristeza o ansiedad. Las emociones forman parte de nuestra experiencia y cumplen una función: nos proporcionan información sobre lo que ocurre dentro de nosotros y a nuestro alrededor.

La clave está en lo que hacemos con ellas.

La regulación emocional implica crear un espacio entre lo que sentimos y la manera en que decidimos responder. Es poder reconocer “estoy molesto” antes de responder impulsivamente, identificar “estoy bajo mucha presión” antes de tomar una decisión apresurada o comprender “esta situación me está afectando” antes de trasladar nuestra frustración a otra persona.

No se trata de dejar de sentir. Se trata de aprender a responder con mayor conciencia.

Trabajar también significa relacionarnos, ninguna organización funciona únicamente a partir de conocimientos técnicos. Detrás de cada proceso existen personas que necesitan comunicarse, colaborar, negociar, escuchar y resolver diferencias.

Por eso, la empatía, la escucha activa y la comunicación asertiva son habilidades especialmente valiosas.

Ser empático no significa estar de acuerdo con todo. Significa intentar comprender la perspectiva de otra persona. Escuchar activamente no consiste únicamente en esperar nuestro turno para hablar, sino en intentar comprender antes de responder. Y comunicarnos asertivamente significa expresar nuestras ideas, necesidades y desacuerdos sin agredir ni renunciar a nuestros propios límites.

Estas habilidades no eliminan los conflictos, pero sí pueden transformar la manera en que los enfrentamos.

La Organización Mundial de la Salud reconoce, además, la importancia de la comunicación abierta, la escucha activa y otras habilidades interpersonales como parte de las estrategias para favorecer el bienestar psicológico en el trabajo.

Cuando las emociones entran en nuestras decisiones: las emociones también participan en la toma de decisiones. Una persona cansada, frustrada o bajo una presión constante puede interpretar una misma situación de manera diferente a alguien que se encuentra emocionalmente equilibrado.

Reconocer nuestro estado emocional permite preguntarnos antes de actuar: ¿estoy respondiendo a la situación o simplemente estoy reaccionando a cómo me siento?

Esta diferencia puede ser pequeña en apariencia, pero significativa en sus consecuencias.

La evidencia científica ha encontrado asociaciones entre inteligencia emocional y desempeño laboral. Un metaanálisis publicado en el Journal of Organizational Behavior encontró una relación entre ambas variables, mientras que investigaciones posteriores también han señalado vínculos con satisfacción laboral, compromiso y otros resultados relacionados con la trayectoria profesional.

Esto no significa que la inteligencia emocional determine por sí sola el éxito. La preparación, la experiencia, las capacidades profesionales y las condiciones de la organización también desempeñan un papel fundamental.

La inteligencia emocional no reemplaza el conocimiento técnico. Lo complementa.

El liderazgo también comienza por uno mismo

La importancia de la inteligencia emocional se vuelve todavía más evidente cuando hablamos de liderazgo.

Un líder no solamente dirige o toma decisiones. También escucha, comunica, proporciona retroalimentación, enfrenta conflictos y trabaja con las emociones de otras personas.

El autoconocimiento permite reconocer cuándo una reacción puede estar influenciada por el cansancio, la frustración o la presión. La empatía permite comprender mejor al equipo. Y la regulación emocional puede ayudar a responder ante situaciones difíciles sin convertirlas inmediatamente en conflictos personales.

Un líder emocionalmente competente no es aquel que evita las decisiones difíciles ni aquel que siempre está de acuerdo con los demás. Es aquel que puede ejercer su responsabilidad sin perder de vista la dimensión humana de quienes lo rodean.

Una responsabilidad compartida, también es importante no confundir inteligencia emocional con la obligación de soportarlo todo.

Una persona puede desarrollar excelentes habilidades emocionales y, aun así, encontrarse en un ambiente marcado por sobrecarga de trabajo, acoso, discriminación, falta de apoyo o condiciones inadecuadas.

Por ello, hablar de inteligencia emocional no significa responsabilizar exclusivamente al trabajador por su bienestar. Las organizaciones también tienen la responsabilidad de construir ambientes saludables.

La inteligencia emocional proporciona herramientas para relacionarnos mejor y afrontar determinadas situaciones, pero no sustituye la necesidad de contar con condiciones laborales dignas y saludables.

La buena noticia es que la inteligencia emocional puede desarrollarse.

Podemos comenzar con preguntas sencillas:

¿Qué estoy sintiendo?
¿Por qué lo estoy sintiendo?
¿Cómo estoy reaccionando?
¿Qué efecto puede tener mi respuesta en los demás?
¿Existe otra manera de abordar esta situación?

El autoconocimiento, la regulación emocional, la empatía y la comunicación pueden fortalecerse con práctica, reflexión y aprendizaje.

No se trata de convertirnos en personas que nunca se enojan, nunca se equivocan o siempre saben qué decir. Se trata de conocernos mejor para responder de una manera más consciente.

Más allá del conocimiento, el mundo laboral seguirá cambiando. Las tecnologías evolucionarán, las profesiones se transformarán y las organizaciones enfrentarán nuevos desafíos. Pero hay algo que permanecerá: detrás de cada cargo, cada decisión y cada organización existen personas.

Personas que sienten, se frustran, se motivan, se equivocan, aprenden y se relacionan.

Quizás por eso la inteligencia emocional sea mucho más que una habilidad profesional. Es una herramienta para comprendernos y comprender a quienes nos rodean.

Porque el conocimiento nos ayuda a saber qué hacer. La experiencia nos enseña cómo hacerlo.

Y la inteligencia emocional nos ayuda a recordar que, mientras lo hacemos, seguimos siendo humanos.

El descenso del nivel del agua provocado por fenómenos meteorológicos podría limitar los espacios de tránsito a través de un paso marítimo crucial.

Las subastas diarias para obtener un espacio de tránsito a través de las esclusas de uso común del Canal de Panamá promediaron alrededor de 1,1 millones de dólares en lo que va del mes, más de 16 veces el precio promedio del mismo período del año pasado © Martin Bernetti/AFP/Getty Images

Los precios de las rutas marítimas más transitadas del Canal de Panamá han alcanzado un nuevo récord, debido a que el descenso del nivel del agua, vinculado a la intensificación del fenómeno de El Niño, y a la fuerte demanda derivada de la guerra con Irán, están limitando el tráfico.

Las subastas diarias para obtener un espacio de tránsito en agosto a través de las esclusas más utilizadas del canal han promediado alrededor de 1,1 millones de dólares en lo que va del mes, más de 16 veces el precio promedio del mismo período del año pasado. Los precios se han disparado desde que Estados Unidos e Israel iniciaron el bombardeo de Irán el 28 de febrero, lo que provocó el cierre del estrecho de Ormuz.

Al mismo tiempo, un fenómeno de El Niño más intenso, un calentamiento de la superficie del océano Pacífico que puede causar sequías severas y temperaturas invernales más cálidas, comenzó a desarrollarse en junio y podría ser más fuerte de lo habitual este año, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Los precios están subiendo debido a que se prevé que los bajos niveles de agua limiten la cantidad de carga que los buques pueden transportar a través del canal y, potencialmente, reduzcan el número de franjas horarias de paso a finales de este año.

«El problema ahora mismo es que los niveles de agua están bajando de forma constante, y no debería ocurrir así entre mayo y diciembre», declaró Ross Griffith, director de precios de flete para América en Argus. El fenómeno de El Niño de este año ya ha afectado al tráfico marítimo en ríos europeos como el Rin y el Danubio, provocando la cancelación de cruceros y el desvío de mercancías.

Mientras tanto, el cierre del estrecho de Ormuz, punto estratégico por donde fluye una quinta parte del petróleo mundial, ha obligado a los compradores asiáticos a aumentar sus compras de crudo y productos derivados del petróleo en la costa del Golfo de Estados Unidos, impulsando la demanda y los precios del tránsito por el canal de Panamá.

En las últimas semanas, el precio promedio para usar las esclusas más grandes del canal —que permiten el paso de buques de mayor tamaño— alcanzó los 2,5 millones de dólares, el más alto registrado en cualquiera de las subastas, según datos recopilados por Argus.

Los precios de algunas subastas individuales para las esclusas Neopanamax y Panamax han alcanzado los 3,78 millones de dólares y los 2,63 millones de dólares, respectivamente, desde el 28 de julio. Los nombres de las esclusas hacen referencia al tamaño de los buques según su capacidad de carga.

Los grandes armadores que utilizan con frecuencia el Canal de Panamá, como los grandes portacontenedores y las compañías de gas licuado de petróleo, suelen reservar franjas horarias con antelación a precios fijos, generalmente muy inferiores a los precios promedio de las subastas, en lugar de competir por ellas en las subastas diarias. Sin embargo, hasta el 30 % del tráfico total del canal puede competir en las subastas diarias en lugar de reservar franjas horarias con antelación.

El reciente aumento de precios se produce tras la entrada en vigor, en julio, de restricciones por parte de la Autoridad del Canal de Panamá que regulan la altura mínima a la que pueden flotar los buques, lo que se conoce como calado.

La reducción del calado obliga a los buques a transportar menos carga, por lo que flotan más alto. Esto eleva los precios para las navieras y sus clientes, y puede generar largas colas de embarcaciones en la entrada de la vía fluvial de 80 kilómetros de longitud.

Tres restricciones de calado anunciadas el mes pasado para las esclusas Panamax reducirían el nivel del agua en el que puede operar un buque a 47,5 pies para el 3 de septiembre, desde su nivel habitual de 50 pies.

Unos 113 buques esperaban para transitar por el canal el 3 de agosto, ya sea mediante franjas horarias reservadas con antelación o participando en subastas diarias, frente a los 40 del 2 de enero.

Los niveles de agua en el lago artificial Gatún, que alimenta el Canal de Panamá, están por debajo del promedio del período 1965-2022 y se prevé que disminuyan aún más en los próximos meses, según estimaciones de Argus. Si bien los niveles de agua son más altos que en 2023, un año excepcionalmente seco, el descenso previsto es mucho más pronunciado y se produce antes del inicio de la estación seca en diciembre.

«Así que, potencialmente, podríamos tener una situación peor que la de 2023», dijo Griffith.

La Autoridad del Canal de Panamá informó al Financial Times que algunos buques que transitaron recientemente pagaron cantidades superiores a 1 millón de dólares en subasta para satisfacer sus necesidades específicas de mercado, lo que reflejaba «fluctuaciones temporales del mercado» y no una tarifa establecida por el Canal de Panamá.

«Los ajustes anunciados al borrador no reducirán el número de tránsitos diarios de buques», declaró un portavoz de la autoridad. Sin embargo, dependiendo de cómo evolucionen las condiciones, la autoridad podría imponer restricciones adicionales, añadió el portavoz.

Fuente: Este artículo fue publicado el 11 de agosto en el Financial Time por Jamie Smyth y Eva Xiao en Nueva York https://www.ft.com/content/38083cb5-3892-40a1-b90f-102109f96b17?accessToken=zwAAAZ_7i6Y-kc84CDy1OJJAodO5DxAhCflrFw.MEQCICz4SsZVFvvSON-ibskjWRxLEQvx572c_ENoMtGVuGPyAiB-_VLQPKMQF6Kf2ZHgImQIWjuQ9_jvuev0C1vfjXh5Gg&sharetype=gift&token=aa9eade4-7040-49ef-b54b-1608f8cc8073&syn-25a6b1a6=1

Autores: Manuel de la Cámara y Fernando del Pozo
Documento de Opinión IEEE 81/2026 – 13 de julio de 2026

El artículo analiza los cambios políticos y militares que han transformado el entorno de seguridad euroatlántico y plantea la necesidad de que Europa avance hacia una mayor autonomía estratégica. Examina la defensa europea, la Política Común de Seguridad y Defensa de la Unión Europea, su relación con la OTAN, las estructuras de mando, la dimensión nuclear y las alternativas institucionales disponibles para fortalecer la capacidad europea de defensa.

La defensa de Europa

Durante más de 75 años, la OTAN ha constituido la piedra angular de la defensa colectiva de Europa. Su fundamento se encuentra en el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, según el cual un ataque armado contra un aliado se considera un ataque contra todos. La Alianza dispone de estructuras permanentes de mando, planificación militar integrada, fuerzas nacionales y multinacionales y del respaldo de la disuasión nuclear estadounidense.

Sin embargo, los autores consideran que el entorno de seguridad euroatlántico ha cambiado profundamente. Identifican como factores principales la amenaza de Rusia, reflejada en la guerra contra Ucrania, los ataques híbridos, la guerra cibernética, el sabotaje de infraestructuras y las amenazas nucleares; la pérdida de fiabilidad de Estados Unidos como principal aliado europeo, especialmente a raíz de las políticas de la Administración Trump; y la creciente inestabilidad en el sur, derivada de los conflictos en Oriente Medio, Irán, el Golfo Pérsico y el Sahel, que pueden afectar a Europa mediante nuevas presiones migratorias y problemas en el suministro energético, incluido el eventual cierre del estrecho de Ormuz.

Este escenario coloca en primer plano una pregunta fundamental: qué papel debe desempeñar la Unión Europea en su propia defensa y cómo debe relacionarse con la OTAN.

La Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD)

El Tratado de la Unión Europea creó la Política Común de Seguridad y Defensa para proporcionar a la UE capacidad operativa mediante los recursos civiles y militares aportados por sus Estados miembros.

A diferencia de la OTAN, la PCSD se ha orientado principalmente hacia operaciones de gestión de crisis fuera del territorio de la Unión, como misiones de mantenimiento de la paz, asistencia humanitaria, prevención de conflictos y estabilización.

El principal límite es que la seguridad nacional continúa siendo responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro. La defensa territorial corresponde fundamentalmente a los Estados y, para 23 de los 27 miembros de la Unión Europea, también a la OTAN.

La cláusula de asistencia mutua

El artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea establece que, cuando un Estado miembro sea víctima de una agresión armada en su territorio, los demás tienen la obligación de prestarle ayuda y asistencia por todos los medios a su alcance.

Los autores destacan que algunos especialistas consideran esta obligación jurídicamente más fuerte que el artículo 5 de la OTAN, porque este último permite a cada Estado adoptar las medidas que considere necesarias, mientras que el Tratado de la UE habla de utilizar todos los medios disponibles.

La cláusula también debe respetar las políticas particulares de Estados neutrales como Austria, Irlanda y Malta, aunque estos continúan obligados a prestar asistencia.

No obstante, la principal diferencia entre la UE y la OTAN no estaría tanto en el contenido jurídico de sus respectivas cláusulas como en la capacidad militar efectiva para aplicarlas. La OTAN dispone actualmente de una estructura militar integrada que la Unión Europea todavía no posee.

Hacia una defensa común europea

El artículo 42.2 del Tratado de la Unión Europea contempla la posibilidad de avanzar progresivamente hacia una defensa común, siempre que exista una decisión unánime del Consejo Europeo y la aprobación de los Estados conforme a sus respectivos procedimientos constitucionales.

El problema es que Europa todavía carece de las estructuras operativas necesarias para desarrollar de manera independiente una defensa colectiva a gran escala.

Para alcanzar una verdadera autonomía estratégica, los autores consideran necesario reorganizar las estructuras militares de la UE, establecer una estructura europea integrada de mando, disponer de cuarteles generales capaces de planificar y dirigir operaciones, integrar mejor las fuerzas multinacionales existentes y aumentar su nivel de preparación.

También resulta indispensable disponer de capacidades estratégicas propias, incluida defensa antimisiles y otros elementos que actualmente dependen en buena medida de Estados Unidos o de la OTAN.

La conclusión es especialmente clara: Europa no puede reclamar autonomía estratégica mientras continúe dependiendo de capacidades críticas que no controla. Junto con ello, deberá invertir más, invertir mejor y hacerlo de manera conjunta, fortaleciendo simultáneamente su propia industria de defensa.

Vías de acción institucionales

Una modificación de los tratados europeos para crear una defensa común resulta políticamente muy difícil en las actuales circunstancias. Por ello, los autores analizan mecanismos que ya existen y que podrían utilizarse para avanzar sin necesidad de una gran reforma institucional.

Una posibilidad es la cooperación reforzada, que permitiría que un grupo de al menos nueve Estados avanzara en materia de defensa. Otra es potenciar la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO), aunque los autores consideran que podría ser necesaria una especie de PESCO 2.0, menos inclusiva pero más ambiciosa y orientada hacia capacidades y necesidades operativas reales.

También plantean la eventual constitución de una Unión Europea de Defensa mediante un acuerdo intergubernamental, siguiendo un modelo similar al utilizado inicialmente con Schengen. Esta alternativa permitiría incluso integrar a países europeos que no pertenecen a la UE, como Reino Unido, Noruega o Turquía y, eventualmente, Ucrania.

Otra posibilidad es utilizar fórmulas informales como las reuniones del E5, integrado por Francia, Alemania, Italia, Polonia y Reino Unido.

Cooperación UE-OTAN: el pilar europeo

Para los autores, desarrollar una defensa común de la Unión Europea y construir un pilar europeo dentro de la OTAN son dos aspectos de un mismo proceso: lograr que Europa asuma una responsabilidad mucho mayor sobre su propia seguridad.

El objetivo del pilar europeo sería que los aliados europeos dejaran de actuar únicamente como Estados individuales y funcionaran como una unidad estratégica dentro de la OTAN, aportando la mayor parte de las fuerzas convencionales necesarias para defender el continente y desarrollando capacidades militares suficientes para reducir la dependencia estadounidense.

Esto exige avanzar en los compromisos de gasto asumidos en la Cumbre de La Haya de 2025, que contemplan alcanzar para 2035 un gasto equivalente al 5 % del PIB, dividido entre capacidades de defensa e inversiones relacionadas con la seguridad.

Sin embargo, el actual pilar europeo continúa siendo insuficiente. Persisten deficiencias en gasto, preparación de fuerzas, transporte estratégico, inteligencia, vigilancia y reconocimiento, defensa aérea y antimisiles, municiones y cohesión política.

La preocupación central es que Europa continúa dependiendo de capacidades estadounidenses sin tener la certeza absoluta de que estarán disponibles en una futura crisis.

Fuentes de fricción entre la UE y la OTAN

Aunque existen mecanismos de cooperación entre ambas organizaciones, persisten importantes obstáculos.

Uno de ellos es el conflicto entre Chipre y Turquía, que dificulta el intercambio de información y la cooperación institucional. También existe una escasa coordinación entre programas europeos como CARD, PESCO y el Fondo Europeo de Defensa y el sistema de planificación militar de la OTAN, lo que puede provocar duplicidades e ineficiencias.

Otro punto de debate es precisamente la autonomía estratégica europea. Algunos aliados consideran que crear estructuras de mando o estándares europeos paralelos podría perjudicar la interoperabilidad y generar dos cadenas de mando diferentes en situaciones de crisis.

También existen diferencias importantes respecto de la industria europea de defensa. Las políticas de la UE pretenden favorecer la producción europea, mientras algunos aliados externos consideran estas medidas proteccionistas. Los autores recuerdan, no obstante, que aproximadamente el 64 % de las adquisiciones europeas de armamento proceden actualmente de Estados Unidos y que Washington aplica desde hace décadas políticas de preferencia nacional mediante el principio de “Buy American”.

Estructuras de mando en la OTAN

La estructura militar integrada de la OTAN ha distribuido históricamente sus principales responsabilidades entre europeos y estadounidenses. Tradicionalmente, el secretario general es europeo, mientras que el comandante supremo aliado en Europa (SACEUR) ha sido siempre estadounidense.

El artículo plantea la posibilidad de que esta situación cambie progresivamente y que, en el futuro, el puesto de SACEUR pueda ser ocupado por un europeo.

Algunos reajustes ya reflejan una redistribución de responsabilidades dentro de la estructura de mando. Al mismo tiempo, frente a las propuestas de reducir la presencia estadounidense en Europa, el Congreso de Estados Unidos estableció límites mediante la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2026, dificultando una reducción significativa de tropas estadounidenses o el abandono del puesto de SACEUR sin determinadas condiciones.

La dimensión nuclear de la autonomía estratégica

La cuestión nuclear constituye uno de los mayores obstáculos para una autonomía estratégica europea completa.

Rusia dispone de un amplio arsenal nuclear estratégico y táctico. La OTAN se define como una alianza nuclear, pero no posee armas nucleares propias: su principal garantía continúa siendo el arsenal estratégico de Estados Unidos.

Además, aproximadamente un centenar de ojivas nucleares estadounidenses permanecen desplegadas en Europa, aunque los mecanismos para activarlas continúan bajo control estadounidense.

Europa cuenta también con las fuerzas nucleares independientes de Francia y Reino Unido, que poseen aproximadamente 290 y 225 ojivas, respectivamente. Ambas constituyen un importante elemento de disuasión, pero no alcanzan por sí solas la cobertura proporcionada por Estados Unidos.

Francia ha comenzado a mostrar una mayor disposición a integrar su capacidad nuclear dentro de una reflexión sobre la seguridad europea. La cooperación nuclear franco-británica también se ha intensificado. Sin embargo, París continúa reservándose exclusivamente las decisiones sobre el eventual empleo de su arsenal nuclear.

La incertidumbre sobre el compromiso estadounidense plantea así una cuestión fundamental: ¿podrían Francia y Reino Unido garantizar por sí solos una disuasión nuclear europea creíble?

El artículo considera que ambos países poseen una enorme capacidad de destrucción y, por tanto, una capacidad disuasoria considerable. Sin embargo, existe un importante desequilibrio respecto de Rusia, especialmente en armas nucleares tácticas, donde Europa depende prácticamente de las ojivas estadounidenses actualmente desplegadas en el continente.

Conclusiones

La creciente inestabilidad internacional, las guerras en los espacios oriental y meridional de Europa y la incertidumbre sobre la continuidad del compromiso estadounidense hacen que, para los autores, Europa deba desarrollar las fuerzas, capacidades militares y estructuras operativas necesarias para actuar con mayor autonomía estratégica.

Para lograrlo será imprescindible contar con una base industrial y tecnológica europea sólida, acompañada de voluntad política, liderazgo y capacidad financiera. Europa sigue siendo una gran potencia económica y regulatoria, pero continúa dependiendo militarmente de Estados Unidos.

Ese cambio tendrá importantes consecuencias económicas. El incremento del gasto militar, unido a mayores costes energéticos vinculados a los conflictos en Oriente Medio y a la guerra contra Irán, podría aumentar los déficits públicos, la deuda, la inflación y los tipos de interés en las economías europeas. Por ello, los autores insisten en que el desarrollo de nuevas capacidades deberá realizarse con la máxima eficiencia posible.

Los tratados europeos ya contienen mecanismos que podrían conducir hacia una defensa común, pero la dificultad de alcanzar consensos puede impedir avanzar con la rapidez requerida. De ahí que algunos Estados puedan recurrir a fórmulas flexibles o acuerdos intergubernamentales.

Paralelamente, un pilar europeo fortalecido dentro de la OTAN permitiría reequilibrar las responsabilidades dentro de la Alianza, haciendo que Europa asuma la carga principal de su defensa convencional.

El artículo considera indispensable mantener una coordinación estrecha entre la Unión Europea y la OTAN para evitar duplicidades y aprovechar mejor los recursos disponibles, así como mejorar la relación con los aliados europeos que no pertenecen a la UE y, particularmente, reforzar el diálogo y la cooperación con Turquía.

La reflexión final es que Europa ya no puede basar su seguridad en la certeza de que las garantías estadounidenses serán permanentes. Debe estar preparada para proteger sus propios intereses, actuar de forma unida y disponer de los instrumentos políticos, industriales y militares necesarios para hacerlo.

Fuente: Manuel de la Cámara y Fernando del Pozo, Autonomía estratégica o dependencia aliada. El debate que Europa no puede aplazar, Documento de Opinión IEEE 81/2026, Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), 13 de julio de 2026.https://www.defensa.gob.es/documents/2073105/3095923/ieee-2026-autonomia-estrategica-dependencia-aliada-documento-opinion-81.pdf

Las grandes firmas estadounidenses comienzan a explorar estructuras que permitirían la entrada de inversionistas externos, mientras la inteligencia artificial y la competencia por el talento presionan al modelo tradicional de los bufetes.

Durante décadas, los grandes bufetes de abogados han operado bajo una premisa prácticamente incuestionable: la firma pertenece a sus abogados.

Ese principio, profundamente arraigado en las normas éticas de la profesión jurídica estadounidense, ha mantenido al sector legal relativamente aislado de una tendencia que ha transformado numerosas industrias durante los últimos años: la entrada del capital privado o private equity.

Pero esa barrera comienza a ser puesta a prueba.

Algunas de las firmas más reconocidas de Estados Unidos, entre ellas Paul Weiss, Quinn Emanuel y Proskauer, han sostenido conversaciones con fondos de capital privado, bancos de inversión o asesores para evaluar mecanismos que permitan obtener capital externo sin entregar directamente a personas que no sean abogados la propiedad de la práctica jurídica. White & Case también estaría estudiando estas estructuras, mientras que McDermott Will & Schulte habría mantenido reuniones con potenciales inversionistas y asesores.

Aunque ninguna de estas conversaciones significa necesariamente que las firmas terminarán concretando una operación, el simple hecho de que algunas de las organizaciones jurídicas más importantes del mundo estén estudiando esta posibilidad constituye una señal relevante sobre la evolución del mercado legal.

La fórmula que podría abrir la puerta: las MSO

El centro de esta discusión está en una estructura conocida como Management Services Organization (MSO) u organización de servicios de gestión.

El modelo consiste, esencialmente, en separar un bufete en dos estructuras.

La primera continúa siendo propiedad de abogados y mantiene exclusivamente la prestación de servicios legales.

La segunda, la MSO, administra determinadas funciones empresariales de la organización, como tecnología, propiedad intelectual, infraestructura y servicios administrativos. Es precisamente en esta segunda entidad donde podría ingresar el capital de inversionistas externos.

La firma jurídica paga a la MSO por los servicios que esta le proporciona.

De esta manera, el inversionista no adquiere directamente una participación en la entidad que ejerce la profesión jurídica, sino en la compañía que administra parte de la plataforma empresarial que sostiene su funcionamiento.

La fórmula no es completamente nueva. Estructuras similares ya han sido utilizadas por inversionistas en sectores sujetos a restricciones profesionales, como servicios médicos y firmas de contabilidad. Sin embargo, su aplicación a las grandes firmas jurídicas podría tener consecuencias mucho más profundas para la industria legal.

¿Por qué una firma de abogados necesitaría capital externo?

La pregunta es especialmente interesante porque los grandes bufetes tradicionalmente han financiado sus operaciones mediante sus propios ingresos y aportes de socios.

Sin embargo, el negocio legal está cambiando.

Las firmas compiten cada vez más agresivamente por abogados capaces de generar grandes volúmenes de negocios; necesitan invertir importantes cantidades de dinero en tecnología y, particularmente, enfrentan el desafío de incorporar inteligencia artificial en sus operaciones.

Todo esto requiere capital.

Una inversión externa podría proporcionar recursos para realizar adquisiciones, desarrollar plataformas tecnológicas, financiar proyectos de inteligencia artificial, expandirse internacionalmente o competir por los profesionales más rentables del mercado.

Precisamente, uno de los asuntos que estaría siendo evaluado por los bufetes estadounidenses es si una estructura MSO podría utilizarse como herramienta dentro de la denominada “guerra por el talento”.

El capital permitiría, por ejemplo, ofrecer participaciones económicas que se consoliden con el tiempo para retener a socios considerados estratégicos o atraer abogados estrella procedentes de firmas competidoras.

Y esa posibilidad toca uno de los puntos más sensibles de la economía de los grandes bufetes: sus socios.

Los “rainmakers” están cambiando el mercado

En el modelo tradicional, una de las principales fortalezas de una firma reside en sus abogados capaces de generar importantes clientes y negocios, conocidos en el mercado estadounidense como rainmakers.

La competencia por estos profesionales se ha intensificado considerablemente.

Si el capital privado permite ofrecer incentivos económicos diferentes a los esquemas tradicionales de participación en utilidades, las firmas respaldadas por inversionistas podrían contar con una nueva herramienta para atraer y retener talento.

Pero lo que constituye una ventaja también podría convertirse en un riesgo.

Algunos socios podrían rechazar la idea de trabajar dentro de una organización respaldada por un fondo de inversión. Esto podría generar movimientos de abogados hacia firmas que mantengan estructuras tradicionales.

El capital privado, por tanto, no necesariamente solucionaría la batalla por el talento. También podría intensificarla.

La pregunta incómoda: ¿quién controla realmente la firma?

Existe además un problema mucho más profundo.

Una firma jurídica no es una compañía tradicional.

Los abogados tienen obligaciones éticas frente a sus clientes y deben preservar su independencia profesional.

Precisamente por eso existen restricciones a la propiedad de firmas jurídicas por personas que no sean abogados.

La llegada de inversionistas introduce inevitablemente nuevas preguntas.

¿Quién decide cuáles inversiones debe realizar la firma?

¿Qué ocurre cuando los objetivos de rentabilidad del inversionista no coinciden con las prioridades profesionales de los abogados?

¿Podría el interés en generar determinados retornos financieros influir indirectamente sobre las decisiones empresariales de la firma?

Algunos líderes jurídicos también temen que estas operaciones puedan interpretarse como una oportunidad para que las generaciones actuales de socios moneticen el valor de la firma mientras trasladan las consecuencias económicas a los socios más jóvenes.

La distribución de beneficios entre generaciones podría convertirse así en uno de los aspectos más delicados de cualquier futura operación.

Incluso el private equity tiene dudas

Curiosamente, las reservas no provienen únicamente de los abogados.

Los propios inversionistas también están evaluando cuidadosamente los riesgos.

Uno de ellos es regulatorio. La utilización de estructuras MSO dentro de grandes firmas jurídicas todavía no ha sido ampliamente probada y podría enfrentar cuestionamientos por parte de autoridades profesionales.

Pero existe otro elemento particularmente interesante: la inteligencia artificial.

Los fondos de inversión analizan no solamente cuánto pueden crecer las firmas jurídicas, sino también cuánto podría cambiar su modelo de negocio como consecuencia de la automatización.

Si determinadas tareas que históricamente requerían grandes equipos de abogados comienzan a realizarse con tecnología, la estructura económica de las firmas podría modificarse sustancialmente.

Paradójicamente, por tanto, la inteligencia artificial aparece en ambos lados de la ecuación: es una de las razones por las cuales las firmas podrían necesitar mayores inversiones y, al mismo tiempo, constituye uno de los riesgos que hacen dudar a potenciales inversionistas.

Diferentes inversionistas, diferentes fórmulas

Tampoco existe un único modelo sobre la mesa.

Burford Capital, conocida principalmente por el financiamiento de litigios, se ha presentado ante grandes firmas como un posible inversionista minoritario que no participaría activamente en la administración.

Fortress Investment Group, por otra parte, habría planteado una alternativa diferente: crear una MSO y utilizarla para obtener financiamiento mediante deuda, en lugar de vender directamente participaciones de capital.

Mientras tanto, New Mountain Capital, que administra aproximadamente US$60.000 millones y cuenta con experiencia aplicando estructuras similares en firmas de contabilidad, también ha estudiado el mercado jurídico. Ejecutivos de Paul Weiss llegaron a reunirse con representantes del grupo, aunque la firma posteriormente indicó que no estaba actualmente persiguiendo una operación de este tipo.

El abanico de posibilidades demuestra que todavía se está definiendo cuál podría ser el modelo financiero adecuado para una industria sometida a reglas profesionales muy diferentes a las de una empresa convencional.

Fuera de Estados Unidos, el movimiento ya comenzó

Mientras las grandes firmas estadounidenses estudian sus opciones, en otros mercados algunas operaciones ya se están materializando.

La firma offshore Mourant anunció la venta de una participación del 27 % a MML, mientras que la boutique británica de derecho deportivo Northridge Law alcanzó un acuerdo con Cordillera Investment Partners.

Appleby, otra conocida firma offshore, también habría estado explorando la posible venta de una participación a inversionistas de capital privado.

Estos precedentes pueden convertirse en laboratorios para determinar hasta qué punto la convivencia entre capital privado y ejercicio profesional puede funcionar.

¿Estamos ante el futuro de los grandes bufetes?

Todavía es demasiado pronto para afirmarlo.

Muchas firmas simplemente están estudiando el modelo y ninguna quiere convertirse en el experimento que demuestre sus debilidades.

Una frase citada por el Financial Times resume perfectamente el sentimiento existente en la industria:

todos están interesados, pero todos quieren ser los segundos.

La afirmación refleja el momento que atraviesa el mercado jurídico: existe curiosidad, existen incentivos económicos importantes y existe capital disponible, pero también permanece un considerable nivel de incertidumbre.

Quizás la pregunta más importante no sea si los fondos de inversión pueden encontrar una estructura jurídicamente viable para ingresar al negocio legal.

La verdadera pregunta es otra:

¿Qué haría un bufete de abogados con ese dinero?

Trisha Rich, abogada de Holland & Knight que trabaja en la estructuración de operaciones MSO, planteó precisamente ese interrogante después de haber conversado con aproximadamente la mitad de las firmas más grandes del ranking Am Law 100.

Su conclusión resulta especialmente relevante: si una firma no puede identificar claramente los beneficios de largo plazo que generará ese capital, probablemente no debería realizar la operación.

Un cambio que merece seguimiento

La posible entrada del capital privado en las grandes firmas jurídicas podría representar mucho más que una nueva fuente de financiamiento.

Podría transformar la propiedad de los negocios legales, la compensación de los socios, la competencia por talento, las inversiones tecnológicas y hasta la forma en que se administra una firma de abogados.

El modelo tradicional no ha desaparecido y las barreras éticas continúan siendo significativas. Pero el debate ya comenzó.

Y cuando firmas como Paul Weiss, Quinn Emanuel, Proskauer, White & Case y McDermott analizan nuevas estructuras financieras, el mercado jurídico internacional tiene razones suficientes para prestar atención.

Porque, después de décadas en que los abogados fueron prácticamente los únicos propietarios posibles del negocio legal, el capital privado finalmente está buscando una puerta de entrada.

Fuente: Financial Times, “Biggest US law firms explore selling stakes to private equity”, publicado el 5 de agosto de 2026, por Stephen Foley, Kaye Wiggins y Suzi Ring.

Causa y efecto

Pocas veces un individuo ha protagonizado la escena internacional tan claramente como Donald Trump. A sus decisiones se une una personalidad que parece imponerse sobre el propio cargo. La sensación de ruptura no procede únicamente de lo que hace, sino también de sus formas excesivas y desconcertantes.

Al mismo tiempo, su presidencia es presentada como un síntoma de los problemas de nuestro tiempo y como consecuencia de transformaciones iniciadas décadas atrás. El propósito del artículo es afirmar que ni la llegada de Trump ni sus decisiones eran inevitables y advertir que sus políticas están perjudicando la situación internacional y la posición de Estados Unidos en el mundo.

¿Era Trump inevitable?

Las circunstancias históricas facilitan ciertos cambios, pero no convierten la historia en una sucesión exacta de causas y consecuencias. El ascenso de Trump puede explicarse por el descontento de una parte de la población estadounidense, la pérdida de poder adquisitivo, la influencia de las redes sociales, la simplificación del discurso político, la polarización, la desconfianza en la democracia y el temor provocado por la rapidez de los cambios.

Estos factores hicieron posible su llegada al poder, pero no la hicieron inevitable. En las mismas circunstancias podría haber gobernado un presidente con otro perfil y otras ideas.

El autor cuestiona la afirmación de que la muerte del orden internacional basado en reglas y en el multilateralismo sea un proceso definitivo. Comprender lo que sucede es necesario, pero no suficiente. También debe decidirse dónde se quiere estar y qué camino debe seguirse.

La hipótesis del artículo es que Estados Unidos está precipitando su declive como potencia mundial y provocando un deterioro innecesario del marco de las relaciones internacionales. No se trata solamente de procesos inevitables, sino también de consecuencias directas de decisiones libremente adoptadas.

La política doméstica de Trump

En el ámbito interno, el regreso de Trump ha agravado la polarización política estadounidense. Su presidencia es, al mismo tiempo, resultado y catalizador del auge de las posiciones extremas.

La actitud amenazante hacia la prensa, las extralimitaciones legales, la presión sobre la Reserva Federal y las tácticas antimigratorias menoscaban la democracia y se aproximan a prácticas propias de regímenes autoritarios.

También se observa un debilitamiento de la Administración como estructura profesional de decisión y gestión. La información y el control se han concentrado en Trump y en un grupo reducido de asesores, mientras los interlocutores y canales tradicionales pierden importancia.

Especial preocupación genera la actitud hacia la cultura, la ciencia y las universidades. Estados Unidos ha basado gran parte de su dominio en la capacidad de sus instituciones académicas y empresas para atraer a los mejores talentos. Sin embargo, la reducción de la financiación, los ataques a la independencia universitaria y las restricciones a estudiantes extranjeros debilitan voluntariamente uno de sus principales activos.

El deterioro de los valores democráticos, el ataque a las instituciones y el control de la actividad científica y periodística dañan internamente al país y, además, reducen su prestigio y perjudican sus intereses exteriores.

Su política exterior

La política exterior del segundo mandato de Trump se caracteriza por las operaciones militares unilaterales, el desprecio hacia los organismos internacionales y el trato económico y diplomático dispensado a sus antiguos aliados. El mensaje es que, para actuar, no se necesita otra justificación que el propio interés.

El cierre de USAID, la retirada de la lucha contra el cambio climático, la supresión de tratados de seguridad y el rechazo de instituciones internacionales reflejan una política orientada hacia lo directa e inmediatamente rentable para el país.

El lema Make America Great Again parece consistir en que Estados Unidos piense únicamente en sí mismo. En este juego de poder ya no existen aliados en el sentido tradicional, salvo que acepten condiciones exigentes, cambiantes y arbitrarias.

No se trata de un verdadero aislamiento, sino de una renuncia a la responsabilidad asociada a su condición de superpotencia. Se produce un regreso al poder duro, a las políticas coercitivas y a una concepción de las relaciones internacionales basada en la obtención de beneficios inmediatos.

Esta actitud también alcanza a la estructura transatlántica. Los aliados europeos son acusados de no contribuir suficientemente a su propia defensa. Sin embargo, la cooperación estadounidense nunca fue altruista. Desde el Plan Marshall hasta la OTAN, su ayuda fue útil e imprescindible, pero también proporcionó beneficios políticos, económicos, tecnológicos y estratégicos a Estados Unidos.

El resultado es un vuelco de las relaciones internacionales: regreso de la realpolitik, renuncia al multilateralismo, debilitamiento de la diplomacia, abandono de problemas globales y deterioro de las alianzas. Aunque algunas de estas tendencias comenzaron décadas atrás, la Administración Trump las ha acelerado o provocado directamente.

Estados Unidos: el tiro en el pie

Lejos de conseguir el objetivo anunciado por el movimiento MAGA, estas políticas pueden debilitar claramente la posición estadounidense. Dos factores explican este riesgo: la destrucción de su red de alianzas y la pérdida de su poder blando.

Ni siquiera el país más poderoso puede enfrentarse solo al resto del mundo. Estados Unidos construyó desde la Primera Guerra Mundial la mayor red de alianzas conocida, mediante acuerdos bilaterales e instituciones diseñadas de acuerdo con sus propios intereses. Ahora parece renunciar voluntariamente a las ventajas obtenidas.

Europa pierde su condición de principal aliado y se convierte en objeto de ataques y descalificaciones. La OTAN, la estructura de seguridad más poderosa de la historia, pierde relevancia cuando sus miembros son tratados como parásitos y se olvidan los compromisos asumidos conjuntamente.

La actuación unilateral y las colaboraciones puntuales no pueden reemplazar una red estable de aliados. La desconfianza y la lógica del juego de suma cero dejan expuestos tanto a los socios como a Estados Unidos.

Esta política puede convertirse en una profecía autocumplida: Washington se distancia de sus aliados porque no los considera confiables y, como resultado, estos dejan de responder cuando solicita su apoyo. Estados Unidos pierde así capacidades, aliados y legitimidad, precipitando su propio declive.

¿Pero importa el poder blando?

Joseph Nye definió el poder blando como el conjunto de herramientas no coercitivas que permiten a un país influir en los demás. Mientras el poder duro busca obligar mediante la fuerza militar, económica o tecnológica, el poder blando pretende convencer, persuadir y atraer.

Existen tres niveles de poder: ser el mejor jugador, establecer las reglas del juego y conseguir que los demás quieran participar y acepten el objetivo definido. Estados Unidos logró durante décadas ocupar los tres niveles.

Su dominio no se apoyó solamente en su fuerza militar y económica, sino también en la democracia liberal, el Estado de derecho, el libre mercado, el progreso material, la ciencia, la música, el cine, los negocios, la literatura y la imagen de la tierra de las oportunidades.

Ese atractivo creó ventajas concretas. Sin embargo, las formas del presidente, la política interior y las decisiones internacionales están cambiando rápidamente la imagen de Estados Unidos. La pérdida de prestigio constituye una debilidad tan real como un bajo crecimiento económico o un ejército obsoleto.

Un país no puede sostenerse exclusivamente sobre el poder blando, pero solamente la combinación inteligente del poder duro y el poder blando produce una estabilidad legítima.

¿Es este el fin del orden internacional liberal?

Occidente aplicó las reglas internacionales de manera selectiva, mantuvo una doble moral y creó estructuras pensadas para beneficiar a un grupo reducido de países. Por ello, es legítimo preguntarse quién lamentará la desaparición de un orden que nunca fue plenamente liberal ni justo para todos.

Sin embargo, es preferible contar con principios, aunque se incumplan o manipulen, que renunciar completamente a ellos. La existencia de normas obliga a los Estados a justificar sus actuaciones y establece límites, por imperfectos que sean.

Abandonar el derecho internacional y el multilateralismo significa renunciar al esfuerzo por construir un mundo más ordenado y justo. Siempre es preferible que exista un sistema que pueda ser incumplido a no contar con ningún sistema. Incluso es preferible que quien actúe mal tenga que disimularlo.

Cuando Estados Unidos rechaza estos principios, no solamente se declara libre para actuar sin justificación, sino que concede a los demás países la misma libertad. El resultado es el regreso de la ley del más fuerte.

Y ahora qué

Muchas de las transformaciones actuales proceden de procesos iniciados décadas atrás: la modificación del peso de las potencias, las consecuencias de la globalización, la crisis financiera, el desgaste del ideal liberal y la pérdida de confianza en la democracia.

Sin embargo, otras transformaciones están siendo decididas en el presente. El contexto limita las opciones, pero siempre existe un margen de decisión. La Administración Trump ha escogido unas respuestas concretas que, con otro gobierno, podrían haber sido diferentes.

Estados Unidos debía enfrentarse a nuevos rivales y adaptar las instituciones creadas bajo un equilibrio de poder ya superado. Pero eso no justifica políticas que precipitan su declive y transforman una crisis real, pero limitada, en una crisis existencial.

El país se está volviendo contra los elementos que lo hicieron fuerte: su democracia, sus instituciones, sus alianzas, su capacidad científica y su poder de atracción. Al mismo tiempo, acelera la degradación del orden internacional.

Otra forma de actuar sigue siendo posible. En el ámbito interno, Estados Unidos debe recuperar una democracia real, apoyada en una ciudadanía que crea en el sistema, y volver a valorar su poder blando. En el exterior, tendría que fortalecer sus alianzas, revisar las estructuras internacionales y corregir los errores del pasado.

El derecho internacional y el multilateralismo continúan siendo la única vía de progreso. Sus debilidades no justifican abandonarlos, sino reforzarlos.

El mundo no volverá a ser lo que era. Demasiadas cosas se han roto, pero todavía es posible recuperar el rumbo perdido. La función de la política es decidir a dónde se quiere llegar e intentarlo.

Fuente: SOTO MACEIRAS, Fernando. Donald Trump o el signo de nuestro tiempo. Documento de Opinión IEEE 82/2026 https://www.defensa.gob.es/documents/2073105/3095923/ieee-2026-donald-trump-signo-tiempo-documento-opinion-82.pdf