Durante más de una década, Narendra Modi ha construido una imagen de autoridad política difícil de desafiar. Sin embargo, una ola de protestas encabezada por estudiantes y jóvenes indios obligó recientemente a su gobierno a retroceder, aceptar varias de las demandas del movimiento y enfrentar la renuncia del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan.

La decisión representó un hecho excepcional para un dirigente acostumbrado a mantener el control de la agenda política. Tanto Financial Times como The New York Times coinciden en que la reacción del gobierno no solo refleja la magnitud alcanzada por las manifestaciones, sino también el reconocimiento de que la juventud india se ha convertido en una fuerza política capaz de ejercer presión directa sobre el poder.

De una crisis educativa a un movimiento nacional

Las protestas comenzaron a partir de dos acontecimientos que concentraron el malestar estudiantil. El primero fue la filtración de las preguntas de una prueba nacional de ingreso a las facultades de medicina, que llevó a la cancelación del examen. El segundo fue un comentario despectivo atribuido al principal juez del país, quien comparó a los jóvenes desempleados con “cucarachas”.

La polémica del examen evidenció la enorme presión existente dentro del sistema educativo indio. Aproximadamente 2,2 millones de estudiantes se presentaron a la prueba de ingreso a medicina para competir por unas 140.000 plazas. Para muchos jóvenes y sus familias, la educación constituye una de las pocas vías disponibles para mejorar sus condiciones económicas, por lo que la filtración fue interpretada como una muestra de corrupción, incompetencia institucional y desigualdad.

El comentario sobre las “cucarachas”, por su parte, fue convertido en un símbolo de protesta. El estudiante Abhijeet Dipke creó el denominado Partido Janta de la Cucaracha, una organización de carácter satírico que, mediante publicaciones y tendencias en redes sociales, logró movilizar a decenas de miles de personas en distintas ciudades del país.

Según Financial Times, el movimiento había sido fundado apenas 37 días antes de conseguir que el gobierno aceptara sus principales exigencias. La rapidez con la que pasó de ser una iniciativa digital a convertirse en una movilización nacional mostró la capacidad organizativa de una generación profundamente conectada a través de las plataformas digitales.

El desempleo, verdadero origen del descontento

Aunque la filtración del examen fue el detonante inmediato, las manifestaciones pronto comenzaron a expresar frustraciones mucho más amplias. Entre ellas se encuentran el desempleo juvenil, la falta de puestos de trabajo bien remunerados, el deterioro de la educación pública, la burocracia ineficiente y las escasas oportunidades para los graduados.

Un estudio de la Universidad Azim Premji citado por ambos medios señala que cerca del 40 % de los graduados de entre 15 y 25 años se encuentra desempleado. Incluso entre quienes logran trabajar, solo una minoría recibe un salario fijo o cuenta con prestaciones como seguridad social.

La competencia por las oportunidades disponibles resulta extraordinariamente intensa. En 2022, alrededor de diez millones de personas compitieron por apenas 35.000 puestos en la empresa estatal Indian Railways. Estas cifras ayudan a explicar por qué un problema inicialmente relacionado con un examen terminó transformándose en una crítica más profunda contra el modelo económico y social del país.

India ha registrado tasas de crecimiento económico superiores al 6 % anual. No obstante, ese crecimiento no ha generado empleos suficientes para absorber a los millones de jóvenes que ingresan cada año al mercado laboral. Además, la desaceleración del sector tecnológico, el avance de la inteligencia artificial y las herramientas de aprendizaje automático han reducido algunas de las oportunidades que anteriormente ofrecía la industria de servicios informáticos.

El riesgo de desperdiciar una ventaja histórica

La India posee una de las poblaciones más jóvenes del mundo. La edad media del país es de aproximadamente 29 años y más del 40 % de sus habitantes —alrededor de 600 millones de personas— tiene menos de 25 años.

Esta estructura demográfica podría representar una ventaja considerable. Una población mayoritariamente joven y en edad productiva puede elevar el consumo, la productividad, la innovación y el crecimiento económico. Es lo que los especialistas denominan “dividendo demográfico”.

Sin embargo, esa oportunidad depende de que el Estado pueda ofrecer educación de calidad, formación profesional y empleos suficientes. De lo contrario, la misma población que podría impulsar el desarrollo económico puede convertirse en una fuente de frustración, conflictividad e inestabilidad política.

El desafío es especialmente relevante porque Modi ha presentado a la juventud como una pieza central de su proyecto de “Vikshit Bharat” o “India Desarrollada”. Su objetivo declarado es convertir al país en una potencia mundial próspera y bien gobernada para 2047, cuando se cumpla el centenario de la independencia.

Para muchos jóvenes que crecieron escuchando esas promesas, la ausencia de oportunidades se percibe como una traición. Algunos de los manifestantes habían votado anteriormente por Modi y confiaban en que su gobierno generaría mejores condiciones económicas. Las protestas muestran que una parte de esa generación ya no está dispuesta a esperar indefinidamente.

Represión, medios de comunicación y pérdida del temor

La respuesta inicial de las autoridades incluyó una fuerte actuación policial. En Nueva Delhi, los estudiantes fueron dispersados con gases lacrimógenos y golpeados frente al Parlamento. Las imágenes de la represión alimentaron nuevas críticas contra el gobierno y fortalecieron la percepción de que las autoridades buscaban silenciar demandas legítimas.

Los manifestantes también cuestionaron la cobertura de los principales medios de comunicación, a los que acusaron de concentrarse en los daños sufridos por la policía y en los episodios de violencia, en lugar de denunciar el trato recibido por los estudiantes pacíficos.

El descontento se expresó incluso mediante insultos y grafitis dirigidos personalmente contra Modi, algo poco habitual durante sus años en el poder. Para algunos analistas citados por Financial Times, lo más significativo no fue únicamente la protesta, sino la pérdida del miedo entre adolescentes y jóvenes que comenzaron a criticar abiertamente al primer ministro y a sus ministros.

Una concesión política con efectos aún inciertos

Tras varias semanas de movilizaciones, el gobierno aceptó las principales demandas y el ministro de Educación renunció. Las protestas fueron suspendidas temporalmente y Modi designó al empresario tecnológico Nandan Nilekani para encabezar una reforma del sistema educativo.

Los simpatizantes del partido gobernante sostienen que la concesión fue una maniobra calculada para reducir la tensión, satisfacer a los estudiantes con reclamos legítimos y aislar a los sectores que pretendían ampliar las protestas hacia una agenda política contra el gobierno.

Sin embargo, la renuncia del ministro estableció un precedente importante: demostró que la presión juvenil puede producir consecuencias políticas concretas. Algunos manifestantes consideran que la movilización sentó las bases para exigir una rendición de cuentas más amplia. Otros temen que, una vez que los estudiantes regresen a sus actividades habituales, las instituciones continúen funcionando de la misma manera.

Un desafío que va más allá de una protesta

Las manifestaciones no representan necesariamente una amenaza inmediata para la continuidad política de Modi. El primer ministro sigue siendo un estratega formidable, su partido mantiene una importante estructura electoral y las próximas elecciones generales no están previstas hasta 2029.

No obstante, las protestas han debilitado la percepción de invulnerabilidad que acompañaba al mandatario. También han demostrado que las cifras elevadas de crecimiento económico no bastan cuando no se traducen en empleos, movilidad social y mejores condiciones de vida.

El principal desafío para la India será transformar su enorme población joven en una fuerza laboral capacitada, productiva y con oportunidades reales. Si el país no logra hacerlo, el prometido dividendo demográfico podría convertirse en una fuente permanente de inestabilidad.

La reciente movilización dejó un mensaje claro: los jóvenes indios están comenzando a responsabilizar directamente a Narendra Modi por las promesas incumplidas y, después de comprobar que pueden obligar al gobierno a retroceder, podrían estar dispuestos a movilizarse nuevamente.

Fuentes:

Financial Times: Michael Stott, “Los manifestantes de la Generación Z de la India hacen añicos el aura de invencibilidad de Narendra Modi”, publicado el 26 de julio de 2026, con información adicional de Jyotsna Singh.

The New York Times: Alicia P. Q. Wittmeyer, “El momento ‘cucaracha’ de la India”, con el análisis “El problema de los jóvenes en la India”, de Anupreeta Das; publicado el 27 de julio y actualizado el 28 de julio de 2026.

La confianza de los consumidores panameños registró un marcado deterioro durante los primeros seis meses de 2026, al descender de 92 puntos en enero a 75 puntos en junio, según los resultados del Índice de Confianza del Consumidor Panameño.

La medición, presentada por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, en conjunto con The Marketing Group, evidencia una caída de 17 puntos y mantiene el indicador por debajo de los 100 puntos, nivel que separa la confianza de la desconfianza entre los consumidores.

Este resultado refleja una percepción cada vez más cautelosa sobre la situación económica del país, las condiciones financieras de los hogares, las posibilidades de ahorro y la evolución del empleo.

Menores posibilidades de ahorro

Uno de los aspectos que más preocupa a los consumidores es su capacidad de ahorrar durante los próximos doce meses.

Este indicador disminuyó de 87 puntos en enero a 70 puntos en junio, lo que representa una reducción de 17 puntos. La cifra muestra que una parte importante de la población considera que tendrá pocas posibilidades de reservar dinero después de cubrir sus gastos habituales.

El debilitamiento de la capacidad de ahorro puede estar relacionado con el aumento del costo de vida, el precio de los combustibles y la incertidumbre económica, factores que obligan a las familias a destinar una mayor proporción de sus ingresos al pago de necesidades básicas.

Aumenta la preocupación por el empleo

Las expectativas relacionadas con el desempleo también mostraron un deterioro. El indicador pasó de 101 puntos en enero a 87 puntos en junio, con una caída de 14 puntos.

Aunque este componente continúa siendo el mejor evaluado dentro del índice, regresó a la zona de desconfianza, lo que refleja una percepción menos favorable sobre el comportamiento del mercado laboral durante los próximos meses.

Al ser consultados sobre la posibilidad de conseguir empleo en los próximos seis meses, el 22 % de los participantes consideró que era muy probable, mientras que el 21 % señaló que era bastante probable.

En contraste, el 16 % manifestó que era poco probable encontrar trabajo y el 26 % consideró que no lograría conseguirlo. El 15 % restante no expresó una opinión definida.

Estos resultados demuestran que, aunque existe un grupo de consumidores que mantiene expectativas positivas, una proporción importante de la población percibe dificultades para acceder a nuevas oportunidades laborales.

Las familias mantienen una visión cautelosa

La percepción sobre la situación económica de los hogares disminuyó de 96 puntos en enero a 79 puntos en junio, lo que representa una reducción de 17 puntos.

Este resultado indica que las familias panameñas mantienen una actitud prudente respecto de sus ingresos, gastos y estabilidad financiera para los próximos doce meses.

Cuando los hogares sienten incertidumbre sobre sus finanzas, suelen reducir los gastos no esenciales, aplazar compras importantes y evitar asumir nuevas obligaciones económicas.

Esta cautela puede influir directamente en el consumo interno y, en consecuencia, en la actividad de los comercios y empresas que dependen de la demanda de bienes y servicios.

Mayor pesimismo sobre la economía nacional

El componente que registró la caída más pronunciada fue el relacionado con la situación económica general del país.

El indicador descendió de 84 puntos en enero a 63 puntos en junio, lo que representa una reducción de 21 puntos.

La cifra refleja un elevado nivel de pesimismo sobre el rumbo de la economía panameña y sobre las posibilidades de que las condiciones económicas mejoren en el corto plazo.

Este resultado puede estar asociado con las preocupaciones sobre el costo de vida, la estabilidad del empleo, el precio de los combustibles y los efectos de factores económicos nacionales e internacionales.

Los cuatro indicadores se encuentran en desconfianza

Los cuatro componentes evaluados —situación económica del hogar, situación económica del país, capacidad de ahorro y expectativas sobre el desempleo— se ubicaron por debajo de los 100 puntos.

En términos generales, el estudio muestra que los consumidores panameños están menos optimistas que a comienzos de 2026 y que observan con preocupación la evolución de la economía.

María Alejandra Cuéllar, CEO y gerente general de The Marketing Group, explicó que el incremento del precio de los combustibles y la incertidumbre generada por factores internos y externos han influido en el comportamiento del índice.

La disminución de la confianza podría llevar a los consumidores a ser más cuidadosos con sus gastos, reducir las compras no prioritarias y postergar decisiones de consumo durante los próximos meses.

La confianza del consumidor es un indicador relevante para conocer el estado de ánimo de la población frente a la economía. Cuando las personas confían en la estabilidad de sus ingresos y en las perspectivas del país, suelen estar más dispuestas a consumir, invertir o adquirir compromisos financieros.

Por el contrario, cuando aumenta la incertidumbre, los hogares tienden a ahorrar cuando pueden, limitar sus gastos y actuar con mayor prudencia.

La caída de 17 puntos registrada durante el primer semestre de 2026 constituye, por tanto, una señal de alerta sobre la percepción económica de los panameños y sobre el posible comportamiento del consumo durante el resto del año.

Fuente: Economía Panamá, con información del Índice de Confianza del Consumidor Panameño elaborado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y The Marketing Group.

Parte II: Sector externo, banca, consumo, vivienda y la ruta de inversión hacia 2030

En la primera entrega de esta serie examinamos una economía que crece, pero que continúa expuesta a fuertes presiones internacionales y a importantes desequilibrios internos. El aumento del petróleo, la inflación concentrada en transporte y alimentos, la debilidad de la inversión y una tasa de desempleo de 10.4 % muestran que el crecimiento de Panamá todavía no se traduce de manera uniforme en bienestar y oportunidades.

Esta segunda entrega retoma ese diagnóstico para analizar la otra cara del panorama: los sectores que mantienen en movimiento la economía panameña y los proyectos que podrían transformar su estructura productiva durante los próximos años.

El Canal de Panamá, la Zona Libre de Colón, las exportaciones, el Aeropuerto Internacional de Tocumen y el sistema bancario continúan ofreciendo señales de solidez. Al mismo tiempo, el consumo se vuelve más cauteloso, el mercado inmobiliario muestra dos realidades distintas y el país apuesta por megaproyectos logísticos, hídricos, energéticos y de movilidad para sostener el crecimiento hacia 2030.

El Canal mantiene su papel como motor económico

El Canal de Panamá presentó resultados favorables durante los primeros meses de 2026. Los ingresos acumulados por peajes aumentaron aproximadamente 8.9 %, mientras los peajes de mayo crecieron 18.6 %.

Las toneladas netas se incrementaron 16.2 % y el volumen de carga aumentó 25.4 %.

Estos resultados reflejan una recuperación del tránsito y una mayor movilización de carga, reafirmando la importancia del Canal dentro de la economía nacional.

El desempeño canalero tiene efectos que se extienden a los servicios marítimos, la logística, el transporte terrestre, los puertos, las actividades comerciales y las finanzas públicas.

Zona Libre de Colón y actividad portuaria

La carga portuaria creció aproximadamente 1.2 %, mientras el movimiento de contenedores aumentó cerca de 0.6 %.

La Zona Libre de Colón mostró un desempeño más dinámico. Su actividad comercial creció 11.5 % y las reexportaciones aumentaron 22.6 %.

Los productos con mayor participación fueron los químicos, la maquinaria, los equipos electrónicos y los textiles.

El resultado confirma que la plataforma logística y comercial continúa siendo una de las principales ventajas competitivas del país. No obstante, el reto es ampliar su capacidad, modernizar su infraestructura e integrar mejor a las empresas nacionales dentro de las cadenas de suministro internacionales.

Exportaciones en crecimiento

Las exportaciones panameñas alcanzaron aproximadamente B/.581.9 millones, con un incremento cercano a 31 %.

Entre los principales productos exportados se encuentran los camarones, el banano, la harina y el aceite de pescado, el azúcar, los medicamentos, el café, la madera y otros productos agroindustriales.

Estados Unidos concentró aproximadamente 18.7 % de las exportaciones. También fueron relevantes Taiwán, la Zona Libre de Colón, India, Costa Rica y los Países Bajos.

Cerca de 64.7 % del comercio se movilizó por vía marítima, lo que confirma la relevancia de la conectividad portuaria y del posicionamiento geográfico panameño.

Tocumen y la conectividad internacional

El Aeropuerto Internacional de Tocumen registró aproximadamente 7.6 millones de pasajeros, un aumento de 15 % respecto del período anterior.

El movimiento de aeronaves creció 12 %, hasta alcanzar 59,351 operaciones, mientras la carga aérea aumentó 10 %, llegando a unas 84,532 toneladas.

Del total de pasajeros, 71 % se encontraba en transferencia, 15 % correspondía a desembarques y 14 % a embarques.

Tocumen mantenía conexiones con 91 destinos internacionales y uno doméstico. Su desempeño fortalece el turismo, el comercio, los servicios y la posición de Panamá como centro regional de conexiones.

Un sistema bancario sólido, pero con poco impulso al crédito productivo interno

El sistema bancario mantiene elevados niveles de liquidez, capitalización y solvencia.

La cartera crediticia neta creció 3.74 %, los activos líquidos netos aumentaron 12.41 %, las inversiones en valores avanzaron 14.14 % y los depósitos crecieron 7.43 %.

La mayor parte del aumento de los depósitos provino de clientes particulares y privados, lo que fortalece la estabilidad estructural del sistema.

Sin embargo, existe una diferencia importante entre el crédito externo y el interno. La cartera externa aumentó aproximadamente 9.71 %, mientras la interna creció apenas 0.34 %.

En el mercado local, los bancos incrementaron los créditos para consumo personal, hipotecas y comercio. En cambio, redujeron el financiamiento destinado a la industria, la construcción y las actividades financieras.

El sistema conserva recursos y liquidez, pero una proporción limitada se canaliza hacia la inversión productiva interna.

Los indicadores bancarios continúan siendo positivos:

• Liquidez aproximada de 56.58 %, frente a un mínimo legal de 30 %.
• Adecuación de capital de 16.04 %.
• Morosidad cercana a 1.47 %.
• Cobertura de cartera de aproximadamente 134.47 %.
• Retorno sobre patrimonio de 15.09 %.
• Margen neto de intermediación de 2.58 %.

La utilidad neta disminuyó alrededor de 3.4 %, principalmente por el aumento de provisiones y gastos de saneamiento. A pesar de ello, el sistema se mantiene solvente, líquido y rentable.

Un consumidor más prudente

Las ventas generales disminuyeron aproximadamente 1.8 % y el volumen vendido cayó 2.1 %. Al mismo tiempo, el número de compradores aumentó cerca de 0.7 %.

Esto significa que más personas están comprando, pero adquieren cantidades menores.

Los supermercados perdieron participación, mientras los minisúperes y las tiendas de conveniencia crecieron. El consumidor favorece establecimientos cercanos, compras pequeñas y operaciones que le permiten controlar mejor su presupuesto.

El nuevo comportamiento se caracteriza por:

• Mayor comparación de precios.
• Compras más frecuentes, pero de menor valor.
• Sustitución de marcas.
• Preferencia por productos básicos.
• Reducción de compras discrecionales.
• Mayor sensibilidad a promociones y descuentos.

El consumo no se ha detenido, pero se ha vuelto más selectivo.

El mercado inmobiliario presenta dos realidades

Durante el primer semestre de 2026 se vendieron aproximadamente 3,648 unidades, por cerca de US$487 millones.

Las unidades comercializadas disminuyeron alrededor de 13 %, pero el capital movilizado aumentó aproximadamente 20 %. En otras palabras, se vendieron menos propiedades, aunque las operaciones fueron de mayor valor.

En la vivienda subsidiada, las unidades vendidas disminuyeron 21 %, el valor de las operaciones cayó en la misma proporción y el inventario disponible se redujo 19 %.

El segmento enfrenta una disminución significativa de proyectos y unidades, lo que puede limitar el acceso a vivienda para los sectores de menores ingresos.

En la vivienda no subsidiada, las unidades vendidas disminuyeron aproximadamente 6 %, pero el valor de las operaciones aumentó 20 %. El inventario disponible se redujo alrededor de 7 %.

La vivienda subsidiada presenta una rotación aproximada de 20.7 meses, frente a 27.6 meses en la vivienda no subsidiada. La primera se vende más rápido, pero dispone de una oferta más reducida.

El documento identifica dos modelos de negocio inmobiliario. El primero se basa en unidades pequeñas, menor valor individual y mayor velocidad de venta. El segundo se concentra en proyectos de mayor valor, con una rotación más lenta, pero ingresos superiores por cada operación.

Megaproyectos para sostener el crecimiento

La estrategia de crecimiento hacia 2030 descansa sobre dos pilares: los megaproyectos de la Autoridad del Canal de Panamá y la expansión de la infraestructura pública mediante inversión estatal y asociaciones público-privadas.

Entre los principales proyectos se encuentran:

• Gasoducto transoceánico, con una inversión aproximada de US$8,000 millones.
• Puertos de Corozal y Telfers, con alrededor de US$2,000 millones.
• Reservorio de Río Indio, con una inversión entre US$1,500 y US$1,600 millones.
• Corredor logístico, con una inversión aproximada de B/.1,782 millones.

Estas iniciativas buscan fortalecer la posición logística, energética e hídrica del país.

Río Indio: infraestructura y compensación social

El proyecto del reservorio de Río Indio no se limita a una obra de infraestructura. También implica un proceso social relacionado con la reubicación y compensación de las comunidades afectadas.

El nivel de confianza de las comunidades aumentó de aproximadamente 26 % en mayo de 2025 a 70 % en febrero de 2026, después de nueve meses de reuniones y más de doscientos encuentros comunitarios e individuales.

El marco de compensación contempla viviendas, terrenos, actividades económicas, condiciones sociales y culturales, infraestructura comunitaria, salud y educación.

El objetivo es que la reubicación no se reduzca a un traslado físico, sino que preserve las condiciones de vida, las relaciones comunitarias y las fuentes de ingreso.

Movilidad, salud, agua y saneamiento

Dentro de los principales proyectos de movilidad se encuentran:

• Línea 3 del Metro, con un avance aproximado de 87 %.
• Cuarto puente sobre el Canal, con un avance cercano a 38 %.
• Ampliación de la Línea 1.
• Teleférico de San Miguelito.
• Línea 2A.
• Tren Panamá-David.

La estrategia también incluye hospitales, policlínicas, centros oncológicos regionales, telemedicina, recetas electrónicas y automatización de farmacias.

En materia de agua y saneamiento se proponen nuevas plantas potabilizadoras, ampliación de redes de distribución, reparación de fugas y modernización de sistemas.

Empleo privado e inversión

La meta planteada es generar aproximadamente 80,000 empleos privados, principalmente en tecnología, agroindustria, turismo, construcción, logística y pequeñas y medianas empresas.

También se propone movilizar cerca de US$1,000 millones mediante organismos como BID Invest y aproximadamente US$250 millones para ampliar la capacidad logística de la Zona Libre de Colón.

La proyección económica se divide en tres etapas:

• 2025-2026: período de transición, con crecimiento entre 4.1 % y 4.4 %.
• 2027: inicio de la ejecución de megaproyectos.
• 2028-2030: etapa de consolidación, con crecimiento entre 4.1 % y 4.7 %.

El objetivo sería movilizar aproximadamente US$15,000 millones y fortalecer la resiliencia logística, energética e hídrica del país.

La ruta hacia 2030

Panamá cuenta con ventajas importantes: el Canal, una plataforma logística internacional, conectividad aérea, un sistema bancario estable y capacidad para atraer inversiones.

Sin embargo, los megaproyectos no producirán automáticamente un desarrollo inclusivo. Su impacto dependerá de la capacidad para generar empleos formales, incorporar proveedores nacionales, formar trabajadores, proteger a las comunidades afectadas y mantener la sostenibilidad fiscal.

La ruta hacia 2030 exige diversificar la matriz energética, fortalecer la capacitación laboral, impulsar la formalización, preservar la inversión pública productiva y gestionar activamente la deuda.

La economía panameña ha demostrado capacidad para resistir choques externos y recuperar sus principales motores. El desafío de los próximos años será convertir esa resiliencia en transformación: pasar de una economía que crece a una economía que distribuye mejor las oportunidades, eleva la productividad y construye bases más sólidas para su futuro.

Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Indicadores y Escenarios Económicos 2026-2030.

Panamá llega a la segunda mitad de 2026 con una economía que continúa creciendo, pero también con señales que invitan a mirar más allá de las cifras generales. El país mantiene una expansión cercana al 4.8 %, impulsada por el Canal, la logística, el comercio, el turismo y la construcción. Sin embargo, detrás de ese desempeño conviven realidades menos favorables: una inversión privada debilitada, una tasa de desempleo de 10.4 %, altos niveles de informalidad y unas finanzas públicas obligadas a reducir el déficit sin comprometer los proyectos que podrían sostener el crecimiento futuro.

El informe Indicadores y Escenarios Económicos 2026-2030, elaborado por el Centro de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, presenta precisamente esa imagen: la de una economía resiliente, pero todavía expuesta a riesgos externos y a importantes desequilibrios internos.

Un conflicto lejano que llegó al bolsillo panameño

Para comprender la situación económica de Panamá en 2026, es necesario comenzar fuera de sus fronteras.

El estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo, se convirtió en el centro de las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Por este paso marítimo circula aproximadamente una quinta parte del petróleo y de los combustibles comercializados internacionalmente, de modo que cualquier amenaza sobre la navegación repercute inmediatamente en los mercados.

El entendimiento impulsado por el presidente Donald Trump permitió reducir temporalmente las hostilidades, pero no resolvió todas las incertidumbres. El acuerdo fue presentado como preliminar y ambiguo, especialmente porque no establecía con claridad si el paso seguro se garantizaba a todas las embarcaciones o solamente a aquellas que Irán considerara amistosas. Tampoco definía de forma definitiva las tarifas, impuestos o peajes que podrían cobrarse después del período inicial de sesenta días.

La tensión afectó directamente al mercado petrolero. El precio del crudo WTI pasó de aproximadamente US$58 por barril en diciembre de 2025 a US$102 en mayo de 2026. Después del acuerdo preliminar, descendió a cerca de US$86 en junio, ante la expectativa de que Irán reanudara parcialmente sus exportaciones, se flexibilizaran ciertas sanciones y se recuperara el tránsito por Ormuz.

El alivio, sin embargo, no podía considerarse definitivo. Una interrupción de las negociaciones podía elevar nuevamente el precio del petróleo y devolver la volatilidad a los mercados.

Para Panamá, este riesgo no es abstracto. El país no produce petróleo y depende de combustibles importados. Por ello, los aumentos internacionales terminan trasladándose a los precios internos, generalmente con un rezago aproximado de un mes.

Entre mayo de 2025 y mayo de 2026, la gasolina de 91 octanos pasó de B/.0.85 a B/.1.23 por litro, un aumento de 44.7 %. La gasolina de 95 octanos se incrementó 46.7 %, mientras que el diésel aumentó 69.7 %, al pasar de B/.0.76 a B/.1.29 por litro.

El mayor impacto se produjo en el diésel, combustible utilizado por el transporte colectivo, la distribución de mercancías, la maquinaria, la logística y múltiples actividades productivas. Su encarecimiento no afecta únicamente al conductor: también se incorpora a los costos de movilización, producción y comercialización de los bienes que consumimos diariamente.

Para contener este efecto, el Estado estableció precios máximos subsidiados. La medida representó un ahorro aproximado de B/.0.35 por litro en la gasolina de 91 octanos, B/.0.32 en la de 95 y B/.0.39 en el diésel. La intervención alivió parcialmente la presión sobre los consumidores, pero añadió una nueva carga para las finanzas públicas.

Una inflación moderada, pero muy concentrada

La inflación acumulada hasta mayo de 2026 fue de 0.8 %. A primera vista, la cifra podría parecer baja. Sin embargo, el dato general oculta una fuerte concentración en categorías esenciales.

El transporte aumentó 4.1 % y se convirtió en el principal responsable de la inflación. Junto con los alimentos, explicó aproximadamente 96.4 % de la presión inflacionaria positiva.

La conclusión es importante: Panamá no enfrenta una inflación generalizada provocada por un exceso de consumo. La presión proviene principalmente de un choque externo relacionado con el petróleo y con su transmisión hacia el transporte y la distribución de productos.

La economía crece, pero de forma desigual

Durante el primer trimestre de 2026, la economía panameña creció aproximadamente 4.8 %. El Índice Mensual de Actividad Económica registró una variación similar en abril, confirmando que la expansión se mantenía.

Los sectores con mejor desempeño fueron los impuestos netos, con un crecimiento de 12.2 %; transporte y logística, con 8.2 %; construcción, con 6.5 %; comercio, con 6.4 %; minas y canteras, con 5.7 %; y hoteles y restaurantes, con 4.9 %.

También mostraron resultados positivos la enseñanza, las actividades inmobiliarias, los servicios profesionales y la manufactura.

El panorama, sin embargo, no fue uniforme. La intermediación financiera apenas creció 0.6 %, mientras el sector agropecuario se contrajo aproximadamente 4.3 %.

Dentro del agro se observaron comportamientos distintos. Aumentaron la producción de sandía, piña, arroz y el sacrificio de cerdos y aves. También mejoró la elaboración de algunas bebidas alcohólicas. En contraste, las exportaciones de banano, la producción de lácteos, el pescado fresco y los camarones registraron retrocesos importantes.

La gran paradoja: el consumo avanza y la inversión retrocede

Uno de los mensajes centrales del informe es la diferencia entre el comportamiento del consumo y el de la inversión.

Los indicadores de consumo mostraron resultados positivos. La recaudación del ITBMS aumentó 14.5 %, los préstamos de consumo crecieron 17.9 % y la venta de automóviles nuevos avanzó 14 %.

Al mismo tiempo, los indicadores relacionados con la inversión registraron fuertes caídas. Los préstamos para construcción disminuyeron 25.3 %, los créditos hipotecarios retrocedieron 23.5 % y la producción de cemento cayó 25.9 %.

Esto significa que la economía está siendo sostenida por el consumo, el turismo, la logística y determinadas obras públicas, mientras la inversión privada no avanza al mismo ritmo.

El consumo mantiene la actividad en el presente, pero la inversión es la que construye la capacidad productiva del futuro. Sin nuevos proyectos, infraestructura, empresas y empleos, el crecimiento corre el riesgo de perder fuerza.

El esfuerzo fiscal y sus costos

El déficit del Sector Público No Financiero se redujo de aproximadamente 2.46 % del PIB en mayo de 2025 a 1.82 % en mayo de 2026. La mejora fue cercana a B/.498.9 millones.

El resultado se explica por una mayor recaudación tributaria, el crecimiento de los ingresos de la Caja de Seguro Social, ingresos extraordinarios de capital y la reducción de determinados gastos.

No obstante, una parte importante del ajuste se produjo mediante la disminución del gasto de capital. La inversión pública pasó de aproximadamente B/.1,578.6 millones a B/.1,404.3 millones.

La reducción del déficit fortalece la posición fiscal del Estado, pero puede debilitar la economía cuando se logra sacrificando proyectos de infraestructura, obras públicas y programas que generan empleo.

La deuda pública se situó alrededor de B/.61,872 millones. Sus principales fuentes de financiamiento son los bonos internacionales, los organismos multilaterales, los préstamos bancarios directos y otros instrumentos financieros.

El informe identifica tres riesgos: la concentración de vencimientos y el elevado endeudamiento; el aumento de los gastos de funcionamiento y los servicios personales; y la debilidad de la inversión pública y privada.

El empleo sigue siendo la principal deuda

El crecimiento económico todavía no se traduce plenamente en oportunidades laborales.

Panamá registra aproximadamente 1,968,748 personas ocupadas, una participación económica de 64 % y una tasa de desempleo de 10.4 %, equivalente a cerca de 227,302 personas.

A ello se suma una población informal próxima a 784,990 trabajadores. En la práctica, una parte considerable de las personas ocupadas permanece fuera de estructuras laborales estables y con acceso limitado a seguridad social y prestaciones.

La población económicamente activa aumentó en cerca de 45,469 personas. De ellas, aproximadamente 27,547 encontraron empleo y 17,922 quedaron desempleadas.

La economía crea puestos, pero no en cantidad suficiente para absorber a todas las personas que se incorporan al mercado laboral.

La situación es especialmente difícil para los jóvenes entre 20 y 24 años, cuya tasa de desempleo alcanza aproximadamente 28.4 %. La falta de experiencia, las exigencias de especialización y la desconexión entre la formación académica y las necesidades empresariales levantan un verdadero muro de entrada.

La empresa privada generó aproximadamente 23,725 empleos adicionales, pero el aumento de la contratación se concentró principalmente en contratos por obra determinada y contratos definidos. Los contratos indefinidos crecieron en una proporción menor.

Las empresas buscan flexibilidad frente a la incertidumbre; los trabajadores buscan estabilidad. Esa diferencia representa uno de los principales desajustes estructurales del mercado laboral panameño.

Los motores que sostienen la economía

A pesar de estas dificultades, varios sectores continúan mostrando resultados favorables.

El Canal de Panamá registró un aumento aproximado de 8.9 % en sus ingresos acumulados por peajes. En mayo, los peajes crecieron 18.6 %, las toneladas netas aumentaron 16.2 % y el volumen de carga se incrementó 25.4 %.

La Zona Libre de Colón también mostró dinamismo. Su actividad comercial creció 11.5 % y las reexportaciones aumentaron 22.6 %, impulsadas por productos químicos, maquinaria, electrónica y textiles.

Las exportaciones panameñas alcanzaron aproximadamente B/.581.9 millones, con un crecimiento cercano a 31 %. Entre los principales productos se encontraban camarones, banano, harina y aceite de pescado, azúcar, medicamentos, café, madera y productos agroindustriales.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen registró 7.6 millones de pasajeros, un aumento de 15 %. El movimiento de aeronaves creció 12 % y la carga aérea aumentó 10 %. Del total de pasajeros, 71 % se encontraba en transferencia, confirmando el papel de Tocumen como centro regional de conexiones.

Un sistema bancario sólido, pero poco orientado a la inversión productiva local

El sistema bancario mantiene una posición estable. La cartera crediticia neta creció 3.74 %, los activos líquidos netos aumentaron 12.41 %, las inversiones en valores avanzaron 14.14 % y los depósitos crecieron 7.43 %.

La liquidez del sistema se situó alrededor de 56.58 %, frente a un mínimo legal de 30 %. La adecuación de capital alcanzó 16.04 %, la morosidad se mantuvo cerca de 1.47 % y la cobertura de cartera llegó aproximadamente a 134.47 %.

Sin embargo, existe una diferencia importante entre el crédito externo y el interno. La cartera externa aumentó 9.71 %, mientras la interna creció apenas 0.34 %.

En el mercado local, los bancos incrementaron los créditos para consumo personal, hipotecas y comercio, pero redujeron el financiamiento destinado a industria, construcción y actividades financieras.

La banca posee liquidez y solvencia, pero una proporción limitada de sus recursos se canaliza hacia la inversión productiva nacional.

Un consumidor más cuidadoso

Las ventas generales disminuyeron aproximadamente 1.8 % y el volumen vendido cayó 2.1 %. Al mismo tiempo, el número de compradores aumentó cerca de 0.7 %.

La combinación revela un cambio en el comportamiento: más personas realizan compras, pero adquieren cantidades menores.

El consumidor compara precios, sustituye marcas, favorece los productos básicos, reduce las compras discrecionales y presta mayor atención a las promociones. También ha aumentado la preferencia por minisúperes y tiendas de conveniencia, donde puede realizar compras pequeñas y cercanas.

El consumo no se ha detenido, pero se ha vuelto más selectivo y condicionado por el presupuesto disponible.

Vivienda: menos unidades, pero operaciones de mayor valor

Durante el primer semestre de 2026 se comercializaron aproximadamente 3,648 viviendas, por cerca de US$487 millones.

Las unidades vendidas disminuyeron alrededor de 13 %, pero el capital movilizado aumentó aproximadamente 20 %. En otras palabras, se vendieron menos propiedades, aunque las operaciones fueron de mayor valor.

La vivienda subsidiada registró una caída de 21 % tanto en unidades vendidas como en el valor de las operaciones. Su inventario disponible disminuyó 19 %.

En la vivienda no subsidiada, las unidades vendidas disminuyeron aproximadamente 6 %, pero el valor de las operaciones aumentó 20 %. El inventario disponible se redujo alrededor de 7 %.

La vivienda subsidiada se vende más rápido, con una rotación aproximada de 20.7 meses, frente a 27.6 meses en la vivienda no subsidiada. No obstante, enfrenta una oferta cada vez más limitada.

La apuesta hacia 2030

La estrategia de crecimiento para los próximos años descansa sobre dos pilares: los megaproyectos de la Autoridad del Canal de Panamá y la expansión de la infraestructura pública mediante inversión estatal y asociaciones público-privadas.

Entre los proyectos señalados se encuentran un gasoducto transoceánico, con una inversión aproximada de US$8,000 millones; los puertos de Corozal y Telfers, por alrededor de US$2,000 millones; el reservorio de Río Indio, con una inversión estimada entre US$1,500 y US$1,600 millones; y un corredor logístico de aproximadamente B/.1,782 millones.

También se contempla la continuidad de la Línea 3 del Metro, el cuarto puente sobre el Canal, la ampliación de la Línea 1, el teleférico de San Miguelito, la Línea 2A y el tren Panamá-David.

A ello se añaden hospitales, policlínicas, centros oncológicos regionales, telemedicina, recetas electrónicas, nuevas plantas potabilizadoras, ampliación de redes de distribución de agua y reparación de fugas.

La meta es generar aproximadamente 80,000 empleos privados, especialmente en tecnología, agroindustria, turismo, construcción, logística y pequeñas y medianas empresas.

La proyección se divide en tres etapas: una transición entre 2025 y 2026, con crecimiento entre 4.1 % y 4.4 %; el inicio de la ejecución de megaproyectos en 2027; y una fase de consolidación entre 2028 y 2030, con una expansión estimada entre 4.1 % y 4.7 %.

Crecer no será suficiente

Panamá conserva ventajas importantes: el Canal, una plataforma logística internacional, conectividad aérea, un sistema bancario estable y capacidad para atraer inversión.

Pero mantener una tasa de crecimiento positiva no será suficiente. El verdadero desafío consiste en convertir esa expansión en empleos formales, productividad, inversión privada, infraestructura y mejores condiciones de vida.

La crisis petrolera demostró la necesidad de diversificar la matriz energética. El desempleo juvenil confirmó la urgencia de conectar la formación con las necesidades del mercado. La caída del crédito productivo reveló la importancia de recuperar la inversión. Y el ajuste fiscal puso en evidencia que controlar el déficit no puede significar detener los proyectos que sostienen el desarrollo.

Panamá ha demostrado capacidad para resistir choques y recuperar sus principales motores económicos. La tarea hacia 2030 será transformar esa resiliencia en oportunidades reales para sus ciudadanos.

Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Indicadores y Escenarios Económicos 2026-2030.

Durante décadas, Europa pudo concentrarse en su integración económica y en la construcción del Estado del bienestar gracias a la protección militar de Estados Unidos dentro de la OTAN. Sin embargo, el deterioro del orden internacional, el cambio de prioridades de Washington y el surgimiento de nuevas amenazas han puesto en duda la continuidad de este modelo.

El debate ya no se limita a cuánto deben gastar los países europeos en defensa, sino a una cuestión más profunda: ¿puede Europa seguir dependiendo de Estados Unidos o debe desarrollar una verdadera autonomía estratégica?

1. Una seguridad construida bajo el liderazgo estadounidense

Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos asumió un papel central en la defensa de Europa occidental. La creación de la OTAN permitió contener la influencia soviética y proporcionó al continente una garantía de seguridad que se mantuvo incluso después del final de la Guerra Fría.

Esta protección permitió que los países europeos redujeran sus inversiones militares y concentraran sus recursos en el crecimiento económico, la integración regional y las políticas sociales. Europa delegó buena parte de su defensa en Washington mientras avanzaba en la construcción de la actual Unión Europea.

El modelo parecía conveniente: Estados Unidos protegía el continente y Europa fortalecía su prosperidad. Sin embargo, esa relación también produjo una dependencia militar y tecnológica que hoy resulta difícil de superar.

2. El orden internacional que protegía a Europa se debilita

La estabilidad posterior a la Guerra Fría ha dado paso a un escenario marcado por la competencia entre potencias, el debilitamiento del multilateralismo y el uso creciente de la fuerza en las relaciones internacionales.

La anexión de Crimea en 2014 y la invasión rusa de Ucrania en 2022 demostraron que la modificación violenta de fronteras continúa siendo una amenaza real para Europa. Al mismo tiempo, el ascenso de China ha desplazado el centro de atención estratégica de Estados Unidos hacia Asia y el Indopacífico.

Washington exige ahora que los países europeos asuman una mayor parte de los costos de su seguridad. Las diferencias sobre Ucrania, Irán, Venezuela y Groenlandia también evidencian que Estados Unidos y la Unión Europea no siempre comparten las mismas prioridades.

La relación transatlántica continúa siendo fundamental, pero ya no puede darse por garantizada en los mismos términos del pasado.

3. La Unión Europea no posee una defensa común

Aunque la Unión Europea cuenta con instituciones y políticas relacionadas con la seguridad, todavía no dispone de una verdadera estructura de defensa territorial.

La Política Exterior y de Seguridad Común permite coordinar posiciones diplomáticas, sanciones y actuaciones internacionales. Por su parte, la Política Común de Seguridad y Defensa facilita misiones de paz, operaciones civiles, asistencia humanitaria y gestión de crisis fuera del territorio europeo.

No obstante, estos mecanismos no equivalen a una alianza militar. La Unión no tiene fuerzas armadas propias, un mando militar centralizado ni recursos permanentes para defender colectivamente a sus miembros.

Por esa razón, la OTAN continúa siendo el principal instrumento de defensa del continente. La política europea de seguridad funciona como complemento de la Alianza Atlántica, pero no como una alternativa independiente.

4. La fragmentación política limita la capacidad de respuesta

Uno de los principales obstáculos para la defensa europea es la dificultad de alcanzar acuerdos entre los Estados miembros.

Las decisiones en política exterior y seguridad requieren generalmente unanimidad. Esto permite que cada país preserve su soberanía, pero también facilita los vetos, retrasa las respuestas y dificulta la adopción de posiciones comunes ante situaciones urgentes.

Además, los países europeos no perciben las amenazas de la misma manera. Los Estados del este consideran a Rusia su principal riesgo, mientras que los del sur prestan mayor atención a la inestabilidad del Sahel, la migración y la seguridad del Mediterráneo.

Estas diferencias impiden el desarrollo de una cultura estratégica verdaderamente común. Europa dispone de instituciones, pero carece de una dirección política unificada capaz de actuar con rapidez.

5. Una industria militar costosa y descoordinada

La fragmentación también afecta a la industria europea de defensa. Cada país continúa adquiriendo armamento y desarrollando capacidades según sus propios intereses nacionales.

Esta falta de coordinación produce duplicidades, eleva los costos y dificulta que los distintos ejércitos puedan operar conjuntamente. Mientras Estados Unidos utiliza alrededor de 33 sistemas de armas diferentes, Europa mantiene aproximadamente 179.

La existencia de tantos modelos de tanques, aviones, buques, misiles y sistemas de comunicación complica el mantenimiento, la logística y la interoperabilidad.

Aunque Europa realiza un gasto militar considerable, su impacto es menor porque las inversiones están dispersas. La solución no consiste únicamente en gastar más, sino en comprar, producir y planificar de manera conjunta.

6. La dependencia tecnológica de Estados Unidos

Europa continúa dependiendo de Estados Unidos en capacidades fundamentales como inteligencia, vigilancia, transporte estratégico, defensa antimisiles, mando operativo y disuasión nuclear.

El documento también señala que hasta el 60 % del armamento adquirido por los países de la Unión Europea procede de Estados Unidos. Esto significa que una parte importante del aumento del gasto europeo termina fortaleciendo la industria militar estadounidense, en lugar de consolidar una base tecnológica propia.

Además, las regulaciones estadounidenses pueden condicionar el uso o la exportación de equipos europeos que incorporan componentes desarrollados en Estados Unidos.

El resultado es una contradicción: Europa intenta ganar autonomía, pero muchas de sus inversiones profundizan indirectamente su dependencia de Washington.

7. Un círculo vicioso de dependencia

Las limitaciones políticas, industriales y técnicas se refuerzan entre sí.

La falta de voluntad política impide coordinar la producción militar. La descoordinación industrial obliga a los países a comprar individualmente, muchas veces en el mercado estadounidense. Esa dependencia tecnológica fortalece la necesidad de mantenerse bajo el paraguas de la OTAN y reduce el incentivo para desarrollar una política de defensa propiamente europea.

Europa posee capital, tecnología e industrias capaces de sostener una mayor autonomía. Su principal dificultad no es la falta de recursos, sino la incapacidad para organizarlos alrededor de una estrategia compartida.

Mientras este círculo no se rompa, la autonomía europea continuará siendo una aspiración más retórica que efectiva.

8. La opción más ambiciosa: un ejército europeo

La creación de un ejército europeo plenamente integrado sería la respuesta más profunda al problema de la dependencia.

Este modelo implicaría establecer fuerzas armadas comunes, un mando único, una doctrina compartida y una política conjunta de defensa. También permitiría aprovechar economías de escala, reducir duplicidades y mejorar la capacidad de disuasión.

Sin embargo, su aplicación exigiría que los Estados cedieran una parte considerable de su soberanía. También sería necesario reformar los tratados europeos y establecer una autoridad política facultada para ordenar el uso de la fuerza.

Las diferencias entre los países, la neutralidad de algunos miembros, la falta de interoperabilidad y el debate sobre la disuasión nuclear hacen que esta alternativa resulte poco probable en el corto plazo.

En teoría, sería la opción más completa; en la práctica, es la menos viable.

9. Una alternativa intermedia: el Consejo de Seguridad Europeo

Otra propuesta consiste en crear un Consejo de Seguridad Europeo integrado por un grupo reducido de países con mayor capacidad militar o influencia política.

Este organismo podría coordinar respuestas ante crisis, establecer posiciones comunes y facilitar decisiones más rápidas. También permitiría incluir a potencias europeas que no pertenecen a la Unión Europea, como el Reino Unido.

Sin embargo, la propuesta podría generar una Europa de distintas velocidades. Los Estados excluidos del grupo podrían considerar que las decisiones fundamentales se adoptan sin su participación.

El Consejo de Seguridad Europeo mejoraría la coordinación, pero no solucionaría por completo las diferencias industriales, militares y presupuestarias existentes.

10. La vía más realista: fortalecer a Europa dentro de la OTAN

La alternativa más pragmática consiste en reforzar el componente europeo de la OTAN, sin romper el vínculo con Estados Unidos.

Esta estrategia exigiría aumentar la cooperación industrial, realizar compras conjuntas, estandarizar los sistemas de armas, mejorar la movilidad militar y reducir la dependencia tecnológica en sectores estratégicos.

El objetivo no sería crear inmediatamente un solo ejército europeo, sino lograr que los distintos ejércitos nacionales funcionen como un sistema coordinado.

También podrían establecerse coaliciones de países dispuestos a participar en proyectos concretos, según sus capacidades y prioridades. Este modelo permitiría avanzar gradualmente sin exigir una integración militar total.

Una relación transatlántica más equilibrada

La autonomía estratégica europea no debe entenderse como una ruptura con Estados Unidos ni como el abandono de la OTAN. El verdadero objetivo consiste en construir una relación más equilibrada, en la que Europa pueda contribuir de manera proporcional a su propia seguridad y actuar cuando sus intereses lo exijan.

Durante décadas, el continente disfrutó de los beneficios de la protección estadounidense sin asumir plenamente los costos de su defensa. Ese modelo permitió consolidar la integración europea, pero también produjo una dependencia difícil de sostener en el nuevo contexto internacional.

Europa debe decidir si desea continuar como beneficiaria de una protección externa o convertirse en un actor estratégico capaz de asumir mayores responsabilidades. La opción más viable parece ser el fortalecimiento gradual del pilar europeo dentro de la OTAN, acompañado de una mayor coordinación política, industrial y militar.

De no producirse ese cambio, las diferencias entre Estados Unidos y Europa podrían profundizarse hasta provocar un verdadero cisma en el mundo occidental.

Fuente: Héctor Sánchez Cuadros, ¿Vasallaje o amistad? El nuevo Cisma de Occidente, Documento de Opinión IEEE 73/2026, Instituto Español de Estudios Estratégicos, 29 de junio de 2026.

Por Rafael Carles

La Copa del Mundo es el evento deportivo más grande del mundo, el último acto de un drama de cuatro años que llega a su conclusión. No hay nada igual. Ni siquiera los Juegos Olímpicos se le acercan. Tampoco el Super Bowl ni la Serie Mundial. 

Es un espectáculo que alimenta tal pasión que desde gobernantes hasta reyes se unen a las multitudes en las calles para celebrar una victoria nacional, y países enteros quedan paralizados. Es un acontecimiento que produce momentos de la más pura alegría, desesperación, locura humana y brillantez individual.

La Copa del Mundo 2026 en particular ha estado repleta de muchos momentos de tensión operística, tragedia, alegría, alivio y cinismo. Ha visto a la poderosa Uruguay caer en la fase de grupos, derribada a pesar de las muestras de valentía; a nueve de las diez naciones africanas participantes pasar a la segunda fase, incluyendo la diminuta Cabo Verde y su gigante portero Vozinha. Ha visto a las escuadras de Ecuador y Paraguay derrotar a una Alemania débil; los Países Bajos fracasar con el amargo sabor de no poder meter goles de penal. Ha visto el hegemónico Brasil del “joga bonito” quedar corto nuevamente de ganar su sexta estrella; un Noruega seductor y un Bélgica que no se rinde. Ha visto el “receso de hidratación” como fórmula ideal para generar ingresos adicionales por más de $800 millones, a expensa de la continuidad y fluidez del fútbol; el comercial de McDonald’s con la famosa canción «Let’s Boogaloo», del legendario músico puertorriqueño Willie Rosario. Ha visto el VAR convertirse en ojo avizor que decide y cambia el resultado de cualquier jugada; el presidente Trump inmiscuirse para revocar una sanción por tarjeta roja a un jugador de su selección nacional. Al final, todo un gran teatro, un verdadero drama.

Pero a medida que llegamos al clímax de la competencia, la trama principal se revela hoy con toda su dramática claridad. Considerado el mejor jugador de su generación, Lionel Messi, jugará su último partido en un Mundial. Si ganara una vez más, su estatus pasaría del inmortal futbolístico tanto en Argentina como en el resto del mundo, al de semidiós, con su labor final más que completa y sin discusión sobre quién es el más grande de todos los tiempos. Pero si gana España y reitera su poderío no solamente como campeón de Europa sino del mundo entero, todo el dolor y sacrificio de los últimos dieciséis años que condujo a este momento de gloria formaría parte de una bella historia con todo el talento de jugadores jóvenes que ahora integran la furia roja. 

Y una vez terminado el partido final, caerá el telón hasta la próxima cita en 2030 cuando la Copa del Mundo celebrará su centenario. No hay duda que los fanáticos del fútbol buscarán nuevamente una excusa para viajar y ver los partidos de sus equipos favoritos.

Mucho se dice que durante la celebración de las copas mundiales la productividad laboral mundial se afecta cuando los trabajadores toman tiempo libre para mantenerse al día con la acción en el campo de juego. Según datos obtenidos de Centro de Investigación Económica y Empresarial (CEBR) del Reino Unido, la Copa del Mundo de Qatar en 2022 causó una pérdida de productividad de $6.8 mil millones en todo el mundo, con las mayores pérdidas en Europa con $3.6 mil millones, en América del Sur con $2.2 mil millones, en África con $200 millones, en Asia con $400 millones y en América del Norte con $400 millones.

Nuestra tesis, sin embargo, es que sucede todo lo contrario: el ambiente laboral se beneficia del «factor de bienestar» cuando juegan los equipos de las selecciones nacionales y se sigue de cerca a los demás participantes. Vivimos en una era de trabajo flexible y los trabajadores saben que, si quieren tomarse un poco de tiempo libre o ir temprano para ver un partido, pueden recuperar ese tiempo en otro lugar. Las empresas además aprovechan la coyuntura mundialista como una oportunidad de negocio para invitar a los clientes a ver los partidos en sus oficinas, lo que es bueno para las relaciones y en el ambiente corporativo. Y muchas oficinas se prepararon para que los colaboradores pudieran tomarse un tiempo para ver los partidos y luego regresar a su jornada laboral. Había tantas formas de ver y disfrutar los partidos que se podían apreciar desde salones de escuelas y vestíbulos de oficinas, hasta pasillos de aeropuertos y salas de espera en hospitales. Y por supuesto, no hubo un bar o restaurante en Panamá donde sin que hubiera un televisor sintonizado con las respectivas transmisiones.

Es cierto, el fútbol es un deporte, y también un negocio. Y como tal, siempre habrá estudios sobre las inmensas sumas de dinero que recibe la FIFA y conjeturas sobre los efectos de la Copa del Mundo en la economía global. Pero algo nunca podemos olvidar: a medida que avanzan los equipos en la competición, mayor es la adrenalina y la euforia que generan. Simplemente, el fútbol es el deporte de mayor pasión en el mundo y el que produce mayor bienestar a las personas.

El autor es empresario

La confrontación entre Estados Unidos e Irán demuestra que una amplia superioridad militar no garantiza el cumplimiento de los objetivos políticos de una guerra. Aunque Washington cuenta con mayores capacidades aéreas, navales, tecnológicas y de inteligencia, estas ventajas no han sido suficientes para provocar el colapso del régimen iraní ni eliminar su capacidad de presión sobre la región.

Las operaciones estadounidenses e israelíes han logrado causar importantes daños a instalaciones militares, sistemas de defensa aérea, centros de mando e infraestructuras relacionadas con el programa nuclear iraní. No obstante, destruir o degradar las capacidades militares de un país no conduce necesariamente a la transformación de su sistema político. Para que se produzca un cambio de régimen también deben existir divisiones dentro de las élites, una pérdida de control sobre la población, una oposición organizada y una alternativa institucional capaz de asumir el poder.

Estas condiciones no se han materializado en Irán. Desde la Revolución Islámica de 1979, el régimen ha construido una estructura orientada a garantizar su supervivencia, basada en sólidos aparatos de seguridad, mecanismos de control social, redes clientelares y una economía acostumbrada a operar bajo sanciones internacionales. Esta capacidad de resistencia le permite absorber ataques y presiones externas sin que se produzca una fractura interna inmediata.

Además, la intervención militar extranjera puede generar un efecto contrario al esperado. Ante una amenaza externa, el régimen iraní puede fortalecer su discurso nacionalista, presentar el conflicto como una defensa de la soberanía y reducir el margen de actuación de los sectores opositores. De esta forma, la presión internacional no necesariamente debilita al Gobierno, sino que puede contribuir temporalmente a cohesionar a la sociedad alrededor de las autoridades.

Ormuz como instrumento de presión global

El principal recurso estratégico de Irán no reside únicamente en sus fuerzas armadas, sino en su capacidad para amenazar el tránsito por el Estrecho de Ormuz. Este paso marítimo constituye una de las rutas energéticas más importantes del mundo y cualquier interrupción, incluso parcial, puede provocar consecuencias inmediatas para la economía internacional.

Irán no necesita cerrar permanentemente el estrecho ni derrotar a la Marina estadounidense. Le basta con mantener una amenaza creíble contra los buques comerciales para elevar los costos de los seguros marítimos, encarecer la energía, aumentar la inflación y generar incertidumbre en los mercados. De esta manera, el conflicto deja de limitarse al ámbito militar y se traslada al terreno económico y político.

El Estrecho de Ormuz funciona, por tanto, como una herramienta de coerción. Con drones, misiles, minas, embarcaciones rápidas y lanzadores móviles, Irán puede dificultar la navegación y obligar a Estados Unidos a destinar grandes recursos para garantizar la seguridad de cada ruta marítima. Una capacidad militar relativamente limitada puede así producir efectos desproporcionados sobre el comercio mundial.

Los límites del dominio aéreo

La superioridad aérea tampoco asegura un control completo de las aguas próximas a la costa iraní. Estados Unidos puede dominar las capas medias y altas del espacio aéreo, pero enfrenta mayores dificultades para controlar las zonas bajas en las que convergen el litoral, las embarcaciones comerciales, los drones, los sensores y los misiles de corto alcance.

Las capacidades iraníes se encuentran distribuidas, son móviles y cuentan con sistemas de respaldo. No dependen exclusivamente de unas pocas instalaciones cuya destrucción paralizaría toda la operación. Para neutralizarlas, Estados Unidos tendría que mantener una vigilancia constante, identificar los lanzadores en tiempo casi real y atacarlos antes de que puedan desplazarse o utilizarse.

Los drones de bajo costo representan una dificultad adicional. Su empleo obliga a utilizar sistemas de defensa e interceptores mucho más caros, puede saturar los sensores y dificulta la protección permanente del tráfico marítimo. Así, una potencia puede dominar el espacio aéreo en términos generales sin garantizar una seguridad completa sobre la superficie del mar.

A esto se suma la necesidad de proteger los aviones de alerta temprana, las aeronaves de reabastecimiento, las bases militares, las redes de mando y los sistemas de inteligencia. Si estos medios son atacados o amenazados, disminuye la capacidad estadounidense para mantener una presencia continua sobre Ormuz.

Una relación desigual entre ataque y defensa

El enfrentamiento presenta una clara desigualdad en cuanto a los objetivos que cada parte necesita alcanzar. Irán solo debe conservar una capacidad mínima de amenaza para impedir que el tráfico marítimo vuelva completamente a la normalidad. Estados Unidos, en cambio, tendría que eliminar prácticamente todas las amenazas para garantizar la libertad de navegación.

Esto coloca a la potencia militarmente superior ante un objetivo mucho más exigente. Un solo misil, dron o ataque exitoso puede provocar nuevas interrupciones, elevar los precios de la energía y generar temor entre las compañías navieras. La defensa necesita funcionar de manera constante; para el atacante, puede ser suficiente encontrar una única oportunidad.

Irán también combina sus capacidades militares con otras formas de presión. Las amenazas contra las rutas energéticas, los ataques selectivos, el uso de organizaciones aliadas como Hezbolá y los hutíes, y la difusión de mensajes dirigidos a las sociedades occidentales forman parte de una estrategia destinada a influir sobre la voluntad política de Estados Unidos y Europa.

Esta estrategia obliga a Washington a considerar no solo las posibilidades de una victoria militar, sino también sus efectos sobre los aliados, la opinión pública, los mercados internacionales y la estabilidad de Medio Oriente. El costo económico y político de una escalada puede limitar la libertad de acción de una potencia, incluso cuando esta posee una ventaja militar evidente.

Victoria táctica, fracaso estratégico

La presión económica, las protestas sociales y el descontento político dentro de Irán no han dado lugar a una oposición suficientemente organizada para desplazar al régimen. La fragmentación de sus adversarios, la ausencia de una alternativa institucional y el control de los aparatos de seguridad han impedido que los ataques externos produzcan un cambio político.

Estados Unidos ha conseguido imponer importantes costos a Irán y reducir parte de sus capacidades militares y nucleares. No obstante, no ha logrado transformar esa superioridad en el cambio de régimen buscado ni eliminar la capacidad iraní de alterar el tráfico por Ormuz.

La experiencia demuestra que una victoria militar puede coexistir con un fracaso estratégico. El poder armado permite destruir instalaciones, debilitar fuerzas y aumentar los costos del adversario, pero no siempre puede modificar su voluntad política ni crear las condiciones internas necesarias para sustituir un Gobierno. Frente a un régimen resiliente, con capacidades dispersas y dispuesto a utilizar la geografía, la economía y la escalada regional como instrumentos de presión, la superioridad militar deja de ser decisiva por sí sola.

Fuente: Alejandro Mackinlay, Irán, Ormuz y los límites del poder coercitivo, Documento de Opinión IEEE 74/2026, 30 de junio de 2026.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no será únicamente una competencia deportiva. Su organización conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá, la ampliación a 48 selecciones y la celebración de 104 partidos la convierten en un escenario privilegiado para observar cómo se distribuyen el poder, la influencia y los intereses económicos en el mundo actual.

El fútbol posee una capacidad excepcional para movilizar emociones, fortalecer identidades nacionales y atraer la atención de millones de personas. Por esta razón, los grandes eventos deportivos se han transformado en instrumentos de proyección internacional. Organizar un Mundial permite a los países mostrar su infraestructura, atraer turismo e inversiones, reforzar su imagen exterior y posicionarse ante una audiencia global.

Esta capacidad de influencia se relaciona con el denominado poder blando, que consiste en persuadir y generar admiración mediante la cultura, los valores y la reputación, en lugar de recurrir a la fuerza militar o a la presión económica. El deporte, y particularmente el fútbol, es una de sus expresiones más visibles.

Sin embargo, esta utilización política del deporte también puede adoptar formas controvertidas. El concepto de sportswashing se emplea para describir los casos en que gobiernos o actores cuestionados internacionalmente utilizan competiciones deportivas para mejorar su reputación o reducir la atención sobre violaciones de derechos humanos, déficits democráticos o conflictos políticos.

La instrumentalización del fútbol no es un fenómeno reciente. El Mundial de Italia de 1934 fue utilizado por el régimen de Benito Mussolini como una herramienta de propaganda. En Argentina 1978, la Junta Militar trató de proyectar una imagen de normalidad mientras el país atravesaba un periodo de represión y graves violaciones de derechos humanos. En otros casos, como Sudáfrica 2010, el torneo fue presentado como una oportunidad para reforzar la cohesión nacional y mostrar al país como una democracia moderna y una potencia regional.

Estos antecedentes demuestran que los Mundiales pueden servir tanto para proyectar poder como para visibilizar conflictos y contradicciones internas. La presencia masiva de periodistas, organizaciones sociales y audiencias internacionales convierte estos acontecimientos en espacios donde también pueden surgir protestas, denuncias y cuestionamientos políticos.

El fútbol refleja, además, rivalidades diplomáticas y procesos de construcción nacional. Encuentros entre Estados Unidos e Irán, las dos Coreas o selecciones vinculadas a territorios con reconocimiento político limitado muestran que un partido puede adquirir una dimensión mucho mayor que la estrictamente deportiva. Para lugares como Palestina, Kosovo o Curazao, la participación internacional representa también una forma de reconocimiento simbólico y de proyección exterior.

Dentro de este sistema, la FIFA ocupa una posición central. Con 211 federaciones afiliadas, cuenta con una red internacional más amplia que la de numerosas organizaciones multilaterales. Su capacidad para organizar la Copa del Mundo, establecer reglas y negociar con los Estados anfitriones la convierte en un actor relevante de la gobernanza global.

Los países que desean organizar un Mundial deben asumir compromisos relacionados con seguridad, fiscalidad, movilidad, infraestructura, propiedad intelectual y adecuación normativa. Aunque la FIFA no es un Estado y carece de poder coercitivo tradicional, tiene la capacidad de influir sobre decisiones públicas y exigir condiciones que los gobiernos aceptan a cambio de los beneficios económicos y políticos asociados al torneo.

Esta influencia también pone en duda la supuesta neutralidad política del organismo. La admisión de Kosovo, la suspensión de Rusia después de la invasión de Ucrania y el reconocimiento de federaciones pertenecientes a territorios con distintos grados de soberanía demuestran que las decisiones deportivas pueden producir consecuencias diplomáticas.

La elección de Rusia para 2018, Catar para 2022 y Arabia Saudita para 2034 también refleja el desplazamiento del poder económico del fútbol hacia nuevas regiones. Los fondos soberanos, las grandes inversiones y los mercados emergentes están modificando un deporte que durante décadas estuvo dominado principalmente por Europa y Sudamérica.

El Mundial de 2026 profundiza esta transformación. La ampliación de 32 a 48 selecciones permite una mayor participación de África, Asia y la CONCACAF. Esta apertura responde a un objetivo de representación geográfica, pero también a intereses comerciales. Más equipos significan más partidos, mayores ingresos por derechos audiovisuales, nuevos patrocinios y una audiencia potencialmente más amplia.

La redistribución de plazas también refleja cambios demográficos y económicos. África cuenta con una población joven y en crecimiento, mientras Asia concentra una parte considerable de los usuarios digitales del planeta. Estas regiones representan mercados estratégicos para el futuro del fútbol y para la expansión comercial de la FIFA.

Estados Unidos desempeña un papel especialmente importante. Aunque el fútbol no ha ocupado tradicionalmente el lugar central que tiene en Europa o América Latina, su crecimiento ha sido constante. La expansión de la Major League Soccer, el peso de la población hispana y la importancia del mercado audiovisual estadounidense convierten al país en un territorio decisivo para el desarrollo futuro de este deporte.

La organización compartida entre tres países inaugura, además, un nuevo modelo para los grandes acontecimientos deportivos. La magnitud de las inversiones, las exigencias logísticas y los costos de seguridad hacen cada vez más difícil que un solo Estado asuma toda la organización. Las candidaturas conjuntas permiten repartir gastos y aprovechar infraestructuras existentes, aunque también generan desafíos de coordinación institucional, movilidad y sostenibilidad.

La dispersión geográfica de las sedes obliga a realizar numerosos desplazamientos entre ciudades y países. Esto incrementa los costos para los aficionados y plantea interrogantes ambientales por el aumento del tráfico aéreo. También obliga a coordinar normas migratorias, sistemas de seguridad y políticas públicas diferentes.

El torneo muestra, además, una fuerte tendencia hacia la comercialización. Los precios dinámicos, los paquetes de hospitalidad, las experiencias premium y la segmentación de la oferta acercan el Mundial al modelo del deporte profesional estadounidense. Como resultado, la competencia será más inclusiva en cuanto al número de países participantes, pero más difícil de seguir presencialmente para muchos aficionados debido al precio de las entradas, el alojamiento y el transporte.

Surge así una paradoja: nunca tantas selecciones habían tenido la oportunidad de participar, pero nunca había sido tan costoso asistir al torneo. La FIFA amplía el acceso al terreno de juego, aunque no necesariamente a las gradas.

Las características políticas de Norteamérica también condicionan el desarrollo de la competencia. Los tres países anfitriones comparten intereses económicos y comerciales, pero mantienen diferencias en materia migratoria, seguridad, política exterior e identidad nacional.

Estados Unidos busca consolidarse como el principal centro económico y organizativo del fútbol mundial. Sin embargo, sus políticas migratorias y controles fronterizos pueden entrar en contradicción con la aspiración de organizar un evento abierto y global. Las restricciones de entrada, los interrogatorios prolongados y las actuaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas generan preocupación entre aficionados, periodistas y miembros de delegaciones internacionales.

Estas situaciones ponen de manifiesto una desigualdad estructural en la movilidad. Aunque el Mundial se presenta como un acontecimiento universal, no todas las personas tienen las mismas posibilidades de viajar, obtener una visa o atravesar una frontera. La nacionalidad y las políticas de seguridad condicionan el acceso al torneo.

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán añaden otra dimensión política. Los partidos de la selección iraní pueden convertirse en escenarios de protesta, tanto por parte de las autoridades de Teherán como de grupos de la diáspora que buscan visibilizar demandas democráticas. La FIFA debe gestionar estas presiones mientras insiste en mantener la neutralidad política de la competición.

México enfrenta principalmente desafíos de seguridad. La violencia asociada al crimen organizado ha obligado a desplegar amplios dispositivos policiales, militares y tecnológicos. También existe el riesgo de que redes criminales intenten aprovechar las oportunidades económicas generadas alrededor de las sedes, mediante actividades como transporte informal, estacionamientos o venta ambulante.

Canadá, por su parte, aprovecha el torneo para proyectar una imagen basada en la diversidad, el multiculturalismo y la apertura. En medio de tensiones políticas y comerciales con Estados Unidos, la competencia también sirve para reforzar una identidad nacional propia y diferenciarse simbólicamente de su vecino.

El Mundial funciona así como una plataforma para construir narrativas nacionales. Estados Unidos busca mostrarse como potencia organizativa y económica; México pretende reafirmarse como puente entre América del Norte y América Latina; y Canadá quiere consolidar una imagen de sociedad abierta y plural.

Al mismo tiempo, el torneo ofrece visibilidad a protestas sociales, reclamos laborales y cuestionamientos ambientales. Trabajadores temporales, organizaciones de derechos humanos y grupos ecologistas pueden aprovechar la atención internacional para denunciar condiciones laborales, políticas migratorias o el impacto energético y ambiental del evento.

La Copa del Mundo de 2026 refleja, por tanto, una de las principales contradicciones del orden internacional contemporáneo. Mientras aumentan la interdependencia, la conectividad y la circulación global de imágenes y contenidos, también se fortalecen las fronteras, las políticas de seguridad y los discursos nacionalistas.

El torneo será el más amplio y global de la historia, pero se celebrará en un contexto de fragmentación política. Reunirá a más países, mercados y audiencias, mientras persisten restricciones migratorias, disputas diplomáticas y desigualdades en el acceso.

La importancia del Mundial trasciende entonces el resultado de los partidos. En sus estadios, fronteras, ciudades y plataformas digitales se disputan prestigio, influencia, legitimidad y poder. La FIFA, los gobiernos anfitriones, las empresas, los medios de comunicación y las audiencias participan en una competencia paralela por definir las narrativas y los beneficios de uno de los acontecimientos más observados del planeta.

Comprender el Mundial de 2026 permite observar en tiempo real algunas de las tendencias que están transformando el mundo: la redistribución del poder global, la aparición de nuevos actores económicos, la tensión entre integración y soberanía, y el creciente valor político de la atención pública.

Mientras millones de personas siguen el recorrido del balón, la geopolítica continúa disputando su propio partido.

Bibliografía

REYES RAMÍREZ, Rocío de los. Mientras el mundo mira el balón, la geopolítica está jugando su propio partido: el Mundial de 2026. Documento de Análisis IEEE 53/2026. Instituto Español de Estudios Estratégicos, 1 de julio de 2026.

Por: MBA Rafael Brown Rangel. Abogado tributarista y ex magistrado del Tribunal Administrativo Tributario de la República de Panamá.

El pasado 23 de marzo de 2026, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el artículo 379 de la Ley 76 de 13 de febrero de 2019 del Código de Procedimiento Tributario, poniendo fin a una norma que, durante su breve vigencia, generó tanto debate en los círculos de la administración tributaria como esperanza entre los contribuyentes panameños, comparto la conclusión del fallo, pero disiento profundamente de su razonamiento y esa diferencia no es menor, en derecho, los motivos de la inconstitucionalidad no son un accesorio del dispositivo, son su columna vertebral.

“Lo que decía la norma”

El artículo 379 del CPT establecía que todo contribuyente que hubiera sufrido un perjuicio por acciones temerarias o de mala fe por parte de un funcionario de la Administración Tributaria podría iniciar un proceso sancionador y solicitar indemnización por daños y perjuicios ante el Tribunal Administrativo Tributario, el propio artículo precisaba que dicho proceso se reglamentaría conforme a los artículos 1644, 1644-A y 1645 del Código Civil, disposiciones relativas a la responsabilidad personal  del agente que causa el daño. El sujeto pasivo de la norma, en todo su texto, era el funcionario responsable NO la Dirección General de Ingresos, NO el Ministerio de Economía y Finanzas, NO el Estado panameño.

“El error del Pleno, una confusión de sujetos con consecuencias constitucionales”

La sentencia construye su ratio decidendi sobre la premisa de que el artículo 379 habilitaría al TAT para “condenar al Estado”, partir de allí, concluye que esa potestad es exclusiva de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, conforme al artículo 206 numeral 2 de la Constitución Política.

El problema es que esa premisa no se sostiene en el texto de la norma.

El Pleno y antes de él, el accionante equipara repetidamente al «funcionario de la Administración Tributaria» con «la Dirección General de Ingresos», llegando a afirmar que el proceso abreviado podría derivar en «la consiguiente condena patrimonial al Estado», pero el Código Civil panameño, en sus artículos 1644 y siguientes, distingue con claridad la responsabilidad del Estado de la responsabilidad personal del agente público, el artículo 379 remitía expresamente a ese régimen de responsabilidad individual, hablar de «condena al Estado» en ese contexto es introducir en la norma un sujeto que simplemente no figura en ella.

La Corte resuelve, en esencia, un problema que el artículo 379 no creaba y al hacerlo, deja intacto el verdadero vicio constitucional.

“El vicio real del artículo 379 del Código de Procedimiento Tributario”

La tasación judicial de daños como acto de jurisdicción

Desde mi perspectiva y con el respaldo de los artículos 323 y 324 del propio Código de Procedimiento Tributario, el TAT es un órgano de control administrativo especializado, sus funciones son de control de legalidad, razonabilidad y corrección procedimental de los actos de la Administración Tributaria, sus decisiones agotan la vía gubernativa, no es, ni puede ser, un tribunal de justicia.

La inconstitucionalidad del artículo 379 del CPT radica, a mi juicio, precisamente en que, tasar, cuantificar y condenar patrimonialmente a una persona natural aun cuando sea un funcionario público es un acto de naturaleza jurisdiccional, implica determinar la existencia de un daño, establecer el nexo causal, valorar pruebas de conducta dolosa o temeraria y fijar una condena pecuniaria con efectos definitivos sobre los derechos del sancionado, nada de eso encuadra en el ejercicio de la función administrativa de control para el que fue creado el TAT, ese es el desbordamiento competencial real, no que el TAT pudiera «condenar al Estado», sino que se le pretendía conferir potestades jurisdiccionales sobre el patrimonio de un particular.

Así, el artículo 379 era inconstitucional, pero por vulnerar la reserva de función jurisdiccional consagrada en el artículo 206 de la Constitución desde otra perspectiva, la del juez natural del funcionario, no la de la tutela exclusiva de la Sala Tercera frente al Estado.

“La orfandad del contribuyente, el problema que nadie está resolviendo”

Más allá del debate técnico sobre la correcta fundamentación del fallo, hay una consecuencia práctica que me preocupa profundamente y que debo exponer con la franqueza que da la experiencia directa.

Como ex magistrado del Tribunal Administrativo Tributario, puedo dar fe de haber conocido cientos de actuaciones de funcionarios de la administración tributaria que, lejos de ajustarse al principio de legalidad, rozaron o directamente cruzaron los linderos de la arbitrariedad, la temeridad y en algunos casos, la conducta que el ordenamiento penal califica como delictiva. Fiscalizaciones sin sustento, embargos desproporcionados, resoluciones dictadas para perjudicar a un contribuyente específico, actuaciones diseñadas no para recaudar sino para hostigar.

El artículo 379, lejos de ser una amenaza para el buen funcionario que, reitero, constituye la abrumadora mayoría era una garantía de civilidad mínima, puedo afirmar con conocimiento de causa que esa norma provocaba genuino estupor y pavor en el funcionario que actúa de mala fe, no en el que cumple su labor con rigor y buena fe, ese no tiene nada que temer de un mecanismo de rendición de cuentas.

Con la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 379, el panorama para el contribuyente agraviado se reduce a lo siguiente: una demanda contencioso-administrativa ante la Sala Tercera que conoce de la responsabilidad del Estado, no necesariamente del funcionario a título personal en términos expeditos, la vía penal ordinaria para los casos más graves y el procedimiento disciplinario administrativo, ninguna de estas vías ofrece al contribuyente un mecanismo rápido, especializado, accesible y orientado específicamente al resarcimiento del daño individual causado por la conducta maliciosa de un agente tributario.

El resultado neto es que el contribuyente queda nuevamente desprotegido frente al funcionario que ejerce su cargo de mala fe.

“Lo que urge, una norma clara, técnicamente correcta y con consecuencias reales”

La declaratoria de inconstitucionalidad no cierra el debate, lo reabre con mayor urgencia, Panamá necesita, a la brevedad, una norma que establezca con precisión técnica y rango constitucional adecuado los mecanismos para sancionar pecuniariamente más allá de la sanción laboral y penal al funcionario de la administración tributaria que actúe con dolo, mala fe o temeridad manifiesta en perjuicio del contribuyente.

Esa norma debe, atribuir la competencia a un órgano jurisdiccional, en respeto al principio del juez natural, establecer un procedimiento expedito y accesible, distinguir con claridad la responsabilidad personal del funcionario de la responsabilidad patrimonial del Estado y consagrar consecuencias disuasorias reales no meramente simbólicas para quien abuse de la posición de poder que le confiere el cargo.

El derecho tributario moderno no puede seguir siendo, en la práctica, una relación asimétrica en la que el contribuyente responde con todo su patrimonio ante cualquier incumplimiento, mientras que el funcionario que actúa de mala fe enfrenta, en el peor de los casos, un expediente disciplinario que rara vez concluye en consecuencias tangibles.

“La protección efectiva del contribuyente no es un privilegio, es un elemento esencial del Estado de Derecho.”

Fuente: ABC, “El ‘tigre’ De la Espriella acaricia la Presidencia de Colombia”, 16 de junio de 2026.

El ascenso de Abelardo de la Espriella en la carrera presidencial colombiana ha sorprendido incluso a sus adversarios. Según la nota publicada por ABC, el candidato derechista llega a la segunda vuelta, prevista para el 21 de junio de 2026, con ventaja sobre Iván Cepeda y con una campaña que ha logrado convertir símbolos simples —el tigre, la “manada” y el lema “Firme por la Patria”— en una identidad política de alto impacto.

La noticia describe una campaña agresiva, emocional y de gran eficacia comunicacional. De la Espriella no solo ha captado buena parte del voto de derecha, sino que también ha sabido presentarse como un candidato ajeno a las formas tradicionales de la política. En un escenario marcado por la polarización, el desgaste del centro y el rechazo al gobierno de Gustavo Petro, su candidatura ha encontrado terreno fértil.

Para el mundo jurídico y empresarial, el fenómeno merece especial atención. Colombia no solo elige presidente: define también el rumbo institucional, económico y regulatorio de los próximos años. Una eventual victoria de De la Espriella podría implicar un giro hacia políticas de mayor énfasis en seguridad, orden público, confianza inversionista y confrontación directa con el proyecto político de izquierda.

ABC destaca que la campaña del candidato ha sido eficaz por su capacidad de conectar con el elector desde el lenguaje, la imagen y la emoción. Esa estrategia evidencia una tendencia regional: las elecciones ya no se ganan únicamente con programas de gobierno, sino también con narrativas capaces de movilizar identidad, frustración y esperanza.

Colombia entra así en una etapa decisiva. El resultado de la segunda vuelta no solo será relevante para los colombianos, sino también para la región, incluyendo Panamá, por los vínculos comerciales, financieros y migratorios existentes. Para los despachos jurídicos y los inversionistas, el mensaje es claro: habrá que observar con atención el nuevo equilibrio político, la estabilidad institucional y las señales que emita el próximo gobierno sobre seguridad jurídica, inversión extranjera y política económica.

En definitiva, la elección colombiana confirma que América Latina atraviesa un momento de reconfiguración política profunda. El caso De la Espriella muestra cómo un candidato puede transformar una campaña en fenómeno nacional cuando logra interpretar el malestar ciudadano y convertirlo en una propuesta de poder.