De Tomás García-Figueras, publicado como Documento de Opinión IEEE 61/2026.

1. Idea central del documento

El texto sostiene que los puertos españoles pueden convertirse en piezas clave para la autonomía energética europea gracias al hidrógeno verde. No se trata solo de una cuestión energética o industrial, sino también de seguridad nacional, porque quien controle la producción, almacenamiento y distribución del hidrógeno tendrá una posición estratégica en el nuevo mapa energético europeo.

2. Introducción: más allá de la molécula

La guerra de Ucrania mostró la vulnerabilidad europea por su dependencia del gas ruso. Antes de la invasión, la UE importaba más del 40 % de su gas natural de Rusia. Como respuesta, el plan REPowerEU fijó el objetivo de alcanzar 20 millones de toneladas de hidrógeno renovable para 2030, la mitad producida dentro de la UE y la otra mitad importada de socios fiables.

El hidrógeno verde no se presenta solo como una fuente energética limpia, sino como un vector geoeconómico: puede redistribuir poder entre países productores, países de tránsito y países consumidores. En ese contexto, los puertos son decisivos porque actúan como cuellos de botella físicos de la nueva cadena energética.

3. España ante la oportunidad

España parte con ventajas importantes: abundante energía renovable, 46 puertos de interés general y una posición geográfica entre el norte de África y Europa central. Sin embargo, el documento advierte que esas ventajas pueden perderse si no se ejecutan a tiempo los proyectos. El artículo subraya que España aún carece de una ley específica sobre hidrógeno verde, aunque ya ha movilizado miles de millones de euros en ayudas.

4. El hidrógeno verde como vector estratégico

La producción mundial de hidrógeno ronda los 95 millones de toneladas anuales, pero casi todo procede de combustibles fósiles. Solo una parte mínima es renovable. Por eso, escalar el hidrógeno verde exige inversiones masivas en electrólisis, renovables, almacenamiento, transporte e infraestructura portuaria.

España aspira a instalar 12 GW de capacidad de electrólisis para 2030 y podría exportar 1,22 millones de toneladas anuales de hidrógeno verde ese mismo año, según los resultados del proceso de interés de H2Med.

5. Nuevo mapa energético: del eje este-oeste al sur-norte

Durante décadas, la energía europea dependió de un eje este-oeste, con gas ruso llegando al centro de Europa. El hidrógeno verde cambia esa lógica hacia un eje sur-norte, en el que el Mediterráneo, España y el norte de África pueden abastecer a Alemania, Francia, Países Bajos y otros centros industriales.

El proyecto clave es H2Med, reconocido como Proyecto de Interés Común de la UE. Incluye la conexión terrestre CelZa, entre Portugal y España, y la conexión submarina BarMar, entre Barcelona y Marsella. BarMar podría transportar unos 2 millones de toneladas anuales, y el conjunto del corredor podría alcanzar 2,75 millones de toneladas al año.

6. H2Med y su avance institucional

El documento destaca que H2Med ha avanzado con rapidez: se constituyó la sociedad BarMar, hubo apoyo franco-alemán, la Alianza H2Med alcanzó 49 miembros y la financiación europea aprobó 75,8 millones de euros para estudios de ingeniería, prospecciones marinas y evaluaciones ambientales. La entrada en operación comercial de BarMar está prevista para 2032.

7. Competencia global

España no compite sola. Marruecos busca posicionarse como proveedor preferente del sur del Mediterráneo; Australia, Arabia Saudí y Chile desarrollan grandes proyectos; y China lidera la capacidad instalada de electrolizadores y podría dominar también su fabricación. La ventaja española existe, pero depende de la rapidez de ejecución.

8. Los puertos españoles: de nodos logísticos a hubs energéticos

El sistema portuario español gestionó 558 millones de toneladas de mercancías en 2024 y cuenta con infraestructura previa útil para el hidrógeno: terminales de GNL, tuberías, experiencia con sustancias peligrosas, almacenamiento, suelo industrial y conexiones logísticas. Esa infraestructura heredada del sector fósil puede reconvertirse y reducir costes frente a construir todo desde cero.

9. Cinco puertos estratégicos

Valencia

Valencia destaca por haber demostrado el uso operativo del hidrógeno en maquinaria portuaria real. El proyecto H2PORTS probó una reachstacker y una cabeza tractora propulsadas por pila de combustible. Además, el puerto cuenta con una hidrogenera operativa dentro del recinto portuario. Su principal valor es haber probado que la tecnología funciona en operaciones portuarias diarias.

Bilbao

Bilbao se posiciona como hub exportador hacia el norte de Europa, apoyado en el Corredor Vasco del Hidrógeno y en acuerdos con Ámsterdam y Duisburgo. El proyecto Bilbao Large Scale prevé un electrolizador de 100 MW en la refinería de Petronor, con una producción de hasta 15.000 toneladas anuales de hidrógeno verde.

Tarragona

Tarragona puede ser el punto de salida del hidrógeno producido en Aragón y Castilla y León hacia H2Med y los mercados mediterráneos. Su cercanía al polo petroquímico más importante de la Península le da una doble función: consumidor industrial y plataforma logística de importación/exportación.

Cartagena

Cartagena reúne condiciones para operar hidrógeno verde a escala industrial. Repsol proyecta un electrolizador de 100 MW en su refinería, y el puerto cuenta con suelo industrial, acceso eléctrico, agua y galerías de tuberías. Su ubicación en el sureste español le permite aprovechar el alto potencial solar para producir y exportar hidrógeno y derivados.

Huelva

Huelva busca convertirse en hub de hidrógeno verde del sur de Europa. Tiene acuerdos con Iberdrola, un plan estratégico hasta 2030 con visión 2050 y una posición relevante porque Huelva y el Campo de Gibraltar concentran el 40 % del consumo nacional de hidrógeno gris. Su reto es transformar ese consumo fósil en hidrógeno verde y amoníaco verde exportable.

10. Clústeres industriales como catalizadores

El documento explica que el modelo más prometedor es el de los valles del hidrógeno: zonas donde se concentran producción, almacenamiento, consumo industrial y exportación. El puerto actúa como nexo entre la generación renovable del interior y los mercados internacionales. España ha asignado 794 millones de euros a siete proyectos IPCEI Hy2Use, con una capacidad agregada de 652 MW de electrólisis.

11. Riesgo regulatorio

El primer gran obstáculo es la falta de una ley española específica de hidrógeno. Aunque hay un anteproyecto anunciado, su tramitación puede tardar entre 12 y 18 meses. Además, los concursos de acceso a la red eléctrica avanzan lentamente y la regulación europea RFNBO añade complejidad sobre cómo debe producirse el hidrógeno renovable.

12. Riesgo infraestructural

La red troncal española de hidrógeno aún no estará operativa antes de 2030. Si los puertos producen hidrógeno antes de tener conductos para transportarlo, el hidrógeno podría quedar “atrapado” en los muelles. También faltan inversiones ferroviarias: los accesos a puertos requieren unos 950 millones de euros, y sin ellos el transporte dependería demasiado de la carretera.

13. Riesgo competitivo

Otros puertos europeos y mediterráneos avanzan rápido. Róterdam quiere ser el puerto del hidrógeno de Europa; Marsella-Fos desarrolla su propio ecosistema; Tánger-Med puede atraer inversiones por costes menores y acuerdos con Alemania. Además, China domina la fabricación de electrolizadores, lo que puede hacer que Europa dependa tecnológicamente de terceros.

14. Riesgo de seguridad

El hidrógeno, el amoníaco verde y el metanol verde tienen riesgos específicos. El hidrógeno es muy inflamable y su llama puede ser invisible; el amoníaco es tóxico y corrosivo; el metanol es inflamable y tóxico. Por eso, los puertos necesitarán nuevos protocolos, formación especializada, zonas de seguridad y planes de emergencia antes de operar a gran escala.

15. Dimensión estratégica: defensa y soberanía energética

Los puertos que produzcan, almacenen y distribuyan hidrógeno serán infraestructuras críticas de doble uso: civil y estratégico. Su interrupción no solo afectaría al comercio, sino también al suministro energético y a la seguridad nacional. Las directivas europeas NIS2 y CER refuerzan esta visión al exigir mayor ciberseguridad, protección física y continuidad operativa.

El documento también conecta el hidrógeno verde con la defensa: la OTAN y la UE estudian combustibles sintéticos y amoníaco para operaciones militares. Tener estos combustibles disponibles en puertos españoles daría más autonomía logística a las Fuerzas Armadas.

16. Papel de España entre África y Europa

España puede actuar como puente entre el norte de África, con gran potencial renovable, y el centro/norte de Europa, donde se concentra la demanda industrial. Los puertos españoles podrían gestionar tanto la producción nacional como el tránsito del hidrógeno norteafricano hacia Europa.

17. Conclusiones principales

El autor resume tres conclusiones. Primero, los puertos españoles tienen ventajas difíciles de replicar: infraestructura fósil reconvertible, ubicación geográfica, renovables y conexión con H2Med. Segundo, la oportunidad es limitada: si España no acelera regulación, red eléctrica, ferrocarril e infraestructura de hidrógeno, otros competidores captarán la inversión. Tercero, convertir los puertos en hubs de hidrógeno verde es una política de seguridad nacional, no solo una política energética.

18. Epílogo

El texto termina recordando que, tras la crisis del gas ruso en 2022, las plantas españolas de regasificación demostraron que la infraestructura heredada puede convertirse en ventaja estratégica. Con el hidrógeno verde ocurre algo similar, pero a mayor escala: España tiene sol, viento, puertos e ingeniería; lo que necesita es velocidad de ejecución.

Fuente:

GARCÍA-FIGUERAS, Tomás. Los puertos españoles como infraestructura crítica para la
autonomía energética europea: el caso del hidrógeno verde. Documento de Opinión IEEE 61/2026. https://www.defensa.gob.es/documents/2073105/3095923/ieee-2026-puertos-espa%C3%B1oles-hidrogeno-verde-opinion61.pdf (consultado 12/06/2026)

Resumen

Este artículo analiza cómo China ha intensificado sus tácticas híbridas contra Taiwán para modificar el statu quo sin provocar una guerra abierta. Estas tácticas incluyen maniobras militares coercitivas, desinformación, ciberataques, guerra legal, presión económica e incentivos selectivos. El caso de Taiwán se presenta como un laboratorio para entender cómo las amenazas híbridas afectan a las democracias y qué lecciones puede extraer Europa.

Introducción

La introducción parte de las maniobras chinas “Misión Justicia 2025”, realizadas alrededor de Taiwán. Estas maniobras simularon bloqueo, cerco y control de los espacios marítimo y aéreo de la isla. El documento explica que estas acciones no son solo militares, porque van acompañadas de desinformación, rumores sobre bloqueos de puertos, ciberataques e incursiones aéreas. El objetivo chino es aumentar la coerción sobre Taiwán, debilitar su voluntad de resistencia y desestabilizar la isla sin iniciar una guerra abierta.

También se define a Taiwán como un campo de experimentación de las tácticas híbridas chinas. Estas tácticas se desarrollan por debajo del umbral de guerra abierta y combinan diplomacia, economía, derecho, manipulación informativa, presión militar y ciberataques. El texto señala que estudiar a Taiwán permite anticipar amenazas que también pueden afectar a Europa.

Tácticas híbridas con características chinas: definición, literatura y diferencias con Rusia

Este apartado explica cómo China entiende las amenazas híbridas. El concepto de “conflicto híbrido” llegó tarde al debate estratégico chino, alrededor de 2014, y fue adoptado desde discusiones occidentales y japonesas. Para muchos analistas chinos, estas tácticas son vistas principalmente como herramientas utilizadas por Estados Unidos y Occidente contra China.

Sin embargo, el documento muestra que China también emplea estrategias que pueden considerarse híbridas. Estas se apoyan en tradiciones estratégicas chinas, como la influencia de Sunzi, quien defendía la idea de vencer sin combatir, y la tradición maoísta de la “guerra popular”, que integra propaganda, capacidades militares, movilización civil y actores irregulares.

La perspectiva china de lo híbrido

China se presenta a sí misma como víctima de amenazas híbridas estadounidenses: guerras comerciales, controles tecnológicos, manipulación de información, espionaje y uso de inteligencia artificial con fines militares. Desde esta visión, Washington sería el origen de las amenazas híbridas y Rusia sería el actor que mejor aprendió a utilizarlas en lugares como Ucrania y Siria.

Aunque los analistas chinos niegan que Pekín utilice tácticas híbridas, el documento explica que la estrategia china sí incorpora ambigüedad, presión política, operaciones psicológicas, manipulación legal, medios económicos y actores estatales y no estatales. Esa combinación encaja con la lógica de las amenazas híbridas.

Doctrina de las “tres guerras”

El documento destaca la doctrina china de las “tres guerras”, formalizada por el Ejército Popular de Liberación en 2003. Esta doctrina sostiene que la fuerza militar ya no es suficiente para vencer y que deben combinarse herramientas políticas, económicas, culturales, diplomáticas, informativas, cibernéticas y legales.

Las tres guerras son:

Guerra de opinión pública: busca manipular la información para influir en la percepción de la población, mejorar la imagen de China o dividir a otros países.

Guerra psicológica: busca generar miedo, impotencia, división y confusión en la población, las élites políticas y las fuerzas militares del adversario.

Guerra legal o lawfare: usa marcos legales nacionales e internacionales para deslegitimar al adversario y avanzar los intereses chinos.

Operaciones de dominio cognitivo y ciberespacio

Desde finales de la década de 2010, China ha dado más importancia a las operaciones de dominio cognitivo. Estas buscan influir en las emociones, percepciones y comportamientos de otros actores mediante información manipulada, redes sociales, bots, inteligencia artificial y big data.

El ciberespacio se convierte en un multiplicador de fuerza. China lo usa para difundir desinformación, realizar ciberataques, robar propiedad intelectual, vigilar, espiar y presionar al adversario. El documento también señala el crecimiento de capacidades asimétricas, como drones, vehículos no tripulados e inteligencia artificial militar.

¿Qué impulsa la predilección china por estrategias híbridas?

El texto identifica varias razones. Primero, la rivalidad con Estados Unidos y la inferioridad militar relativa de China hacen que Pekín busque avanzar sus objetivos sin provocar una escalada directa. Segundo, la ambigüedad permite presionar a actores más débiles, como Taiwán, sin asumir totalmente los costos de una agresión abierta.

Tercero, la centralización del poder bajo Xi Jinping facilita la coordinación entre ministerios, ejército, empresas estatales y otros actores. Cuarto, la fusión civil-militar y los avances tecnológicos multiplican los canales de subversión y permiten proyectar poder más allá de las capacidades militares convencionales.

¿Aprendiendo del maestro? Convergencias y diferencias entre Rusia y China

Este subtítulo compara las estrategias híbridas de Rusia y China. Ambos países entienden el conflicto híbrido como una herramienta usada por Occidente contra ellos, pero también han desarrollado tácticas propias de desinformación, ciberataques, presión política y manipulación social.

China ha estudiado las operaciones rusas en Crimea, Ucrania y Europa. Desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, se observa una mayor amplificación de narrativas rusas en ecosistemas chinos de desinformación, especialmente aquellas que buscan desacreditar a Estados Unidos, la democracia y las instituciones occidentales.

La diferencia principal es que Rusia suele usar tácticas más caóticas, descentralizadas y orientadas a la subversión, mientras que China actúa de forma más calculada, gradual, centralizada y orientada al control de narrativas. Sin embargo, el documento advierte que China está empezando a usar métodos de desinformación más parecidos a los rusos en Taiwán y Japón.

Tácticas híbridas en el vecindario chino: el caso de Taiwán

Este apartado explica que centrarse solo en una posible invasión china de Taiwán es insuficiente. La estrategia de Pekín se guía más por la idea de “ganar sin librar batalla”, es decir, modificar la situación de Taiwán sin recurrir necesariamente a una guerra abierta.

Taiwán es el escenario principal de estas tácticas porque combina soberanía disputada, tensiones identitarias, apoyo militar estadounidense y fuertes vínculos económicos y sociales con China continental. China combina medidas militares, desinformación, ciberataques, incentivos económicos y manipulación legal para explotar vulnerabilidades internas de la sociedad taiwanesa.

Fases de la estrategia china hacia Taiwán

El documento identifica tres fases:

Primera fase, 1995-2008: China aplicó una presión más abiertamente coercitiva, especialmente militar y legal. El ejemplo principal fue la tercera crisis del estrecho de Taiwán, entre 1995 y 1996.

Segunda fase, 2008-2016: con el gobierno de Ma Ying-jeou, del Kuomintang, hubo una etapa de mayor acercamiento con China continental y relativa distensión.

Tercera fase, desde 2016: con Tsai Ing-wen y luego Lai Ching-te, ambos del Partido Progresista Democrático, China intensificó y diversificó la presión. Esta etapa incluye incursiones militares, coerción económica, campañas de desinformación, ciberataques y manipulación del derecho internacional.

Medidas militares

China ha aumentado la coerción militar contra Taiwán desde 2019 mediante incursiones frecuentes en la Zona de Identificación de Defensa Aérea taiwanesa. La visita de Nancy Pelosi a Taiwán en agosto de 2022 marcó un punto de inflexión, porque Pekín respondió con maniobras militares de cerco por mar y aire alrededor de la isla.

El documento señala que China ha normalizado ejercicios militares cada vez más agresivos. En 2025, con “Misión Justicia 2025”, China impuso ocho zonas marítimas de bloqueo, el mayor número hasta entonces, destinadas a controlar los principales puertos taiwaneses. Esto mostró la capacidad china de aislar a Taiwán y enviar un mensaje también a Estados Unidos y Japón.

Medidas no militares: lawfare, economía y desinformación

Este apartado explica que la presión china contra Taiwán no se limita a lo militar. Pekín también utiliza herramientas no militares con un fuerte componente psicológico y cognitivo para desmoralizar y disuadir a la población taiwanesa.

Lawfare o guerra legal

China utiliza leyes nacionales e interpretaciones del derecho internacional para presentar la relación con Taiwán como una disputa interna china. Sus objetivos son aislar internacionalmente a Taiwán, limitar su autodeterminación y condicionar la respuesta de otros Estados.

El ejemplo principal es la Ley Antisecesión de 2005, que establece condiciones bajo las cuales China justificaría el uso de la fuerza contra Taiwán. Aunque no legitima jurídicamente el uso de la fuerza según el derecho internacional, sí cumple una función psicológica: instala la idea de que cualquier paso hacia la independencia provocaría una guerra.

Economía

China utiliza la economía como herramienta de presión e influencia. Durante el periodo 2008-2016, hubo una fuerte integración económica entre ambos lados del estrecho, especialmente con el Acuerdo Marco de Cooperación Económica de 2010. Sin embargo, el Movimiento de los Girasoles en 2014 y la llegada del Partido Progresista Democrático al poder en 2016 frenaron ese proceso.

Desde entonces, China combina incentivos económicos con medidas punitivas. Ofrece oportunidades a sectores taiwaneses que favorecen el acercamiento, pero también aplica restricciones comerciales selectivas contra productos o regiones políticamente contrarias a Pekín.

Desinformación

La desinformación es una de las herramientas centrales de la estrategia china. El documento señala que estas campañas buscan debilitar la confianza de los taiwaneses en Estados Unidos, generar dudas sobre el ejército taiwanés y erosionar el apoyo al Gobierno de Lai Ching-te.

Las campañas no siempre inventan mensajes desde cero; muchas veces amplifican voces internas taiwanesas que ya expresan desconfianza hacia Estados Unidos, el Gobierno o las capacidades militares de la isla. También se menciona el uso creciente de inteligencia artificial generativa, microinfluencers y comentaristas para difundir narrativas falsas.

¿Hasta qué punto ha conseguido Pekín sus objetivos mediante estas tácticas híbridas?

El documento concluye que China ha logrado algunos éxitos parciales. Ha contribuido al aislamiento internacional de Taiwán, que solo cuenta con trece países que la reconocen diplomáticamente, y ha modificado gradualmente el statu quo del estrecho mediante una escalada militar constante.

Sin embargo, Pekín no ha logrado conquistar la opinión pública taiwanesa. Según los datos citados en el documento, solo el 7,2 % de la población quiere la reunificación con China, mientras que el 81,7 % prefiere mantener el statu quo. Las campañas de desinformación tampoco lograron que el Kuomintang ganara la presidencia en 2020 o 2024, aunque sí han contribuido a la polarización interna.

¿Cómo responde Taiwán a las amenazas híbridas de China?

Taiwán ha respondido en varios niveles. En el ámbito militar, el presidente Lai Ching-te anunció un aumento del presupuesto de defensa hasta el 3,3 % del PIB para 2026 y el 5 % para 2030, además de un presupuesto extraordinario para adquirir equipamiento útil en una estrategia asimétrica frente a China. También se reformularon los ejercicios Han Kuang para incluir más atención a amenazas híbridas.

En el ámbito institucional, Taiwán ha fortalecido la lucha contra la desinformación y la injerencia extranjera. Ha creado nuevas agencias, promovido coordinación interministerial, aprobado leyes sobre medios, orden social y anti-infiltración, y restringido ciertas plataformas chinas. También ha incorporado alfabetización mediática en escuelas para enseñar a detectar información falsa.

Además, la sociedad civil taiwanesa se ha movilizado mediante organizaciones de verificación de datos, educación digital y preparación civil. Tras la invasión rusa de Ucrania, aumentaron las organizaciones que preparan a la población para escenarios de guerra, primeros auxilios, apoyo psicológico y defensa civil.

Conclusiones e implicaciones para la Unión Europea

El documento concluye que China ha intensificado su estrategia híbrida tanto en el plano doctrinal como en el práctico. Pekín busca obtener pequeñas victorias acumulativas mediante maniobras militares, desinformación, ciberataques, presión económica y guerra legal, transformando el statu quo sin provocar una guerra abierta.

Para Europa, el caso de Taiwán es una advertencia y una oportunidad de aprendizaje. La Unión Europea tiene intereses en Taiwán, como los semiconductores y la libre navegación, pero el punto más importante es que las amenazas híbridas atacan directamente la resiliencia democrática.

Europa ya cuenta con herramientas como el EU Hybrid Toolbox, la directiva NIS2, la Ley de Servicios Digitales, células especializadas del Servicio Europeo de Acción Exterior y cooperación con la OTAN. Sin embargo, puede aprender de Taiwán en coordinación institucional, enfoque de toda la sociedad, alfabetización mediática y capacidad de respuesta rápida frente a amenazas difusas.

El documento sostiene que Taiwán anticipa las formas de coerción del siglo XXI. China no necesita invadir para presionar: puede desgastar, dividir, aislar y condicionar a una democracia mediante acciones híbridas constantes. La gran lección es que la defensa democrática no depende solo de armas y ejércitos, sino también de instituciones fuertes, sociedad preparada, confianza pública, alfabetización mediática y resiliencia frente a la manipulación.

Fuente:

ARCO ESCRICHE, Inés. La República Popular de China y la intensificación de su estrategia híbrida en Taiwán: doctrina, prácticas e implicaciones para la Unión Europea. Documento de Análisis IEEE 44/2026. https://www.defensa.gob.es/documents/2073105/4098013/ieee-2026-China-estrategia-Taiwan-analisis44.pdf (consultado 10/06/2026)

Por: El Capital Financiero

Expertos de tres continentes analizaron las nuevas tendencias en resolución de controversias, ciberseguridad y transparencia comercial.

Del 27 al 29 de mayo, la Ciudad de Panamá se convirtió en el epicentro del debate jurídico regional con la celebración del ICC PANARB 2026.

Organizado por la Cámara de Comercio Internacional – Capítulo de Panamá (ICC Panamá), con el respaldo de ICC Dispute Resolution Services, el evento congregó a destacados árbitros, abogados, académicos y autoridades de América Latina, Norteamérica y Europa con el fin de examinar las tendencias y desafíos en la resolución de controversias internacionales.

Impulso a la seguridad jurídica y la inversión

La apertura institucional del encuentro subrayó la estrecha relación entre los mecanismos alternativos de resolución de conflictos y el dinamismo económico del país. S.E. María Cristina Chen Stanziola, presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá, destacó el papel del arbitraje como una herramienta complementaria indispensable para la administración de justicia estatal.

Según la magistrada, este modelo no solo robustece el Estado de Derecho, sino que genera la seguridad jurídica y la confianza necesarias para atraer flujos de inversión extranjera y dinamizar el desarrollo de la economía nacional.

Por su parte, Dayra Castañedas, vicepresidenta de ICC Panamá, recalcó durante la bienvenida el compromiso de la organización por consolidar al país como el punto de encuentro idóneo para el diálogo institucional, empresarial y jurídico dentro de la región de América Latina.

Innovación y mejores prácticas globales

El análisis técnico de la conferencia se centró en las transformaciones que experimenta el sector a nivel global. Mayte Sánchez, presidenta de la Comisión de Arbitraje y ADR de ICC Panamá, puso en valor el liderazgo global de la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC, haciendo hincapié en las mejoras implementadas en materia de eficiencia operativa, transparencia, innovación tecnológica y alcance internacional. Sánchez reiteró la urgencia de promover estos espacios de intercambio para diseminar las mejores prácticas globales en la resolución de disputas.

Durante las sesiones de trabajo se abordaron temáticas críticas para la práctica contemporánea, tales como:

• La integridad, transparencia y prevención de la corrupción en los procesos arbitrales.
• Los retos actuales en la ejecución de laudos a nivel internacional.
• La ciberseguridad y el manejo de la evidencia digital.
• Los factores humanos y estratégicos que intervienen en la toma de decisiones por parte de los tribunales.

Como complemento académico, el evento acogió por segundo año consecutivo el entrenamiento especializado del ICC Institute of World Business Law. En esta ocasión, la formación llevó por título “Presentación oral de alegatos en el arbitraje internacional: lo bueno, lo malo y lo regular”, un taller enfocado en proveer destrezas prácticas y herramientas de argumentación y representación para los profesionales del sector.

Impacto regional

El cierre de la séptima edición de ICC PANARB ratifica la aspiración de Panamá de operar como un centro logístico y jurídico estratégico en el continente. La convocatoria demostró la capacidad de la plaza local para fomentar la cooperación internacional, la actualización del conocimiento especializado y la excelencia en la gestión de controversias comerciales internacionales.

Fuentes: Panamá consolida su liderazgo regional en arbitraje con ICC PANARB 2026

La Lotería Fiscal Regional culminó su primera edición nacional con un sorteo realizado en la Región 4, conformada por las provincias de Herrera, Coclé y Los Santos. El evento tuvo lugar en el centro comercial Paseo Central de Chitré, donde se premió a contribuyentes que participaron mediante la entrega de sobres con facturas fiscales.

En esta etapa regional participaron 48,068 sobres, que contenían un total de 240,340 facturas fiscales. Durante el sorteo se entregaron 25 premios, por una suma total de $110,000, beneficiando a ciudadanos de las provincias centrales.

Con este cuarto sorteo, la iniciativa completó su recorrido por el país, alcanzando un total de 100 panameños premiados y $440,000 entregados en premios a nivel nacional. En toda la primera edición se recibieron 401,035 sobres, equivalentes a 2,005,175 facturas fiscales, lo que refleja una participación significativa de la ciudadanía.

El programa, impulsado por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, tiene como objetivo incentivar a los consumidores a solicitar sus facturas fiscales al momento de realizar compras o recibir servicios. De esta manera, se busca fortalecer la cultura tributaria, promover la transparencia y apoyar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en Panamá.

Autoridades regionales destacaron que el formato por regiones permitió una distribución más equitativa de los premios y abrió mayores oportunidades de participación para ciudadanos del interior del país. La Lotería Fiscal se presenta así como una estrategia para acercar la educación tributaria a la población, al mismo tiempo que recompensa a quienes contribuyen al fortalecimiento del sistema fiscal mediante una práctica tan sencilla como pedir su factura.

Fuentes: https://economiapanama.com/loteria-fiscal-regional-premia-a-100-panamenos-con-440000-en-provincias-centrales/

Por Julia del Carmen Regales

El nombramiento de Ilya Espino de Marotta como administradora del Canal de Panamá no es solamente una buena noticia institucional. Es un hecho histórico, político, técnico y simbólico.

Por primera vez, una mujer asumirá la dirección de la vía interoceánica más importante del hemisferio, esa arteria de agua dulce, hierro, comercio y soberanía que durante más de un siglo ha estado atravesada por las tensiones del mundo: imperios, tratados, logística global, sequías, intereses portuarios, presiones geopolíticas y orgullo nacional.

Pero sería un error reducir su designación a la celebración legítima de que una mujer llega por fin a la cima del Canal. Ese dato importa, y mucho.

Importa porque el Canal nació y creció dentro de una cultura técnica, marítima e industrial marcada durante décadas por una lógica masculina, militarizada y heredera de estructuras coloniales. Importa porque abrir esa puerta en la institución más estratégica del país significa corregir una deuda simbólica con las mujeres panameñas que han trabajado, estudiado, dirigido, reparado, calculado, administrado y sostenido espacios donde muchas veces tuvieron que demostrar el doble para ser reconocidas la mitad.

Sin embargo, la grandeza del nombramiento está precisamente en que Ilya Espino de Marotta no llega allí por ser mujer. Llega siendo mujer, sí, pero llega porque era una de las personas mejor preparadas para ocupar ese puesto. Y esa diferencia es fundamental.

No estamos ante una concesión de género ni ante un gesto decorativo para maquillar la historia. Estamos ante una ingeniera que conoce el Canal desde sus entrañas: desde los talleres, desde la operación, desde los proyectos de infraestructura, desde la ampliación, desde la gestión del tránsito, desde la sostenibilidad y, sobre todo, desde el desafío más decisivo de este siglo para Panamá: el agua.

Su trayectoria habla antes que cualquier discurso. Inició su carrera canalera en 1985 como la única ingeniera en el astillero de la División Industrial. Esa imagen tiene una fuerza casi cinematográfica: una mujer joven entrando a un territorio donde el metal, la maquinaria, la jerarquía técnica y el prejuicio podían pesar más que cualquier credencial universitaria.

No se quedó en la postal de la pionera. Caminó la institución por dentro, ascendió, aprendió sus lenguajes, sus ritmos, sus zonas de poder y sus zonas de riesgo. Fue vicepresidenta de Negocios de Tránsito y vicepresidenta ejecutiva de Ingeniería durante el Programa de Ampliación del Canal, una de las obras más complejas y decisivas de la historia moderna panameña. Luego fue subadministradora y oficial de Sostenibilidad.

Es decir: no llega a aprender el Canal desde el despacho. Llega después de haberlo pensado, operado, defendido y transformado. Eso tiene un valor enorme en una coyuntura donde el Canal ya no puede ser administrado solamente con criterios de eficiencia operativa.

El Canal del siglo XXI es una empresa, pero también es un sistema hídrico, una plataforma logística, un activo geopolítico, una fuente de ingresos nacionales, una institución de soberanía y un espejo moral del país. La nueva administración tendrá que tomar decisiones en medio de la crisis climática, la presión sobre las cuencas, la competencia de rutas alternativas, la reorganización del comercio mundial, la disputa entre Estados Unidos y China, el debate sobre puertos, gasoductos, corredores logísticos y nuevas inversiones.

Quien dirija el Canal no puede limitarse a contar barcos. Tiene que leer el mundo.

En ese sentido, Ilya Espino de Marotta posee una ventaja singular: entiende que el futuro del Canal no se juega solamente en las esclusas, sino en las fuentes de agua. Durante años, Panamá vivió con la ilusión de que la lluvia era una garantía natural. La sequía reciente destruyó esa comodidad. El país descubrió que el agua no es paisaje: es infraestructura vital, seguridad nacional y justicia social.

El Canal necesita agua para operar, pero la población también la necesita para vivir. Allí está el nudo más delicado de los próximos años. Cualquier solución hídrica tendrá que combinar ciencia, ingeniería, consulta ciudadana, sensibilidad ambiental, respeto a las comunidades y visión de largo plazo.

No bastará imponer. Habrá que convencer. No bastará construir. Habrá que cuidar.

La designación de una ingeniera con experiencia en ampliación y sostenibilidad envía, por tanto, un mensaje correcto: el Canal reconoce que su próxima gran batalla no será únicamente comercial, sino hídrica y civilizatoria. En una época de cambio climático, el liderazgo técnico debe tener alma pública.

La eficiencia sin legitimidad social puede convertirse en conflicto. La soberanía sin agua se vuelve retórica. La competitividad sin sostenibilidad es pan para hoy y sequía para mañana.

También hay un componente político que no debe subestimarse. El Canal vuelve a estar en el centro de miradas externas. Las declaraciones, presiones y apetitos geopolíticos que han rodeado a Panamá en los últimos años recuerdan que la vía interoceánica nunca ha sido una infraestructura inocente. Para las grandes potencias, el Canal es ruta, ventaja, tablero. Para Panamá, debe seguir siendo patrimonio, memoria y destino.

En esa tensión, la administradora tendrá que sostener una línea fina: dialogar con todos, servir al comercio mundial, garantizar confianza internacional, pero sin olvidar que el Canal no es botín ni apéndice de ninguna potencia.

Por eso importa que quien lo dirija tenga sentido institucional y temple patriótico. No patriotismo de consigna, sino patriotismo de responsabilidad: el que entiende que defender el Canal no es gritar más duro, sino decidir mejor; no es encerrarse al mundo, sino negociar desde la dignidad; no es convertir la soberanía en frase de tarima, sino en planificación, transparencia, excelencia técnica y coraje frente a cualquier presión indebida.

La llegada de Ilya Espino de Marotta también tiene un efecto cultural poderoso para las niñas y jóvenes panameñas. En un país donde todavía muchas mujeres cargan con techos invisibles, verla al frente del Canal significa que la ingeniería, la navegación, la infraestructura, la economía y la dirección estratégica también tienen rostro femenino.

Su casco rosado, tantas veces mencionado, no debe leerse como anécdota simpática. Fue una declaración. No pidió permiso para borrar su feminidad en un mundo masculino. Entró con ella. Y esa es una lección profunda: la igualdad no consiste en que las mujeres imiten a los hombres para ser aceptadas, sino en que puedan ejercer autoridad sin amputarse a sí mismas.

Ahora bien, la confianza ciudadana no debe ser un cheque en blanco. Toda designación importante merece esperanza, pero también vigilancia democrática. Espino de Marotta llega con un capital técnico y moral considerable. Le corresponde preservarlo.

Su reto será demostrar que la excelencia que la llevó hasta allí puede traducirse en una administración transparente, firme, sensible a las comunidades, abierta al escrutinio y capaz de mantener al Canal en la primera línea del comercio mundial sin sacrificar la confianza nacional.

Panamá debe celebrar este nombramiento con madurez. Celebrarlo porque una mujer rompe una puerta histórica. Celebrarlo porque no se trata de cualquier mujer, sino de una profesional formada en la cultura canalera, probada en la ampliación y consciente de que el agua será la gran frontera del futuro.

Celebrarlo porque el Canal necesita continuidad, pero también necesita una nueva inteligencia: más integral, más sostenible, más dialogante y más alerta frente a los vientos geopolíticos.

El Canal entra en una nueva hora. Y esa hora tiene nombre de mujer. Pero, sobre todo, tiene nombre de capacidad.

Ilya Espino de Marotta no recibe una corona: recibe una responsabilidad inmensa. Si la ejerce con la firmeza técnica, la prudencia institucional y el sentido patriótico que su trayectoria permite esperar, Panamá habrá dado no solo un paso histórico para las mujeres, sino un paso estratégico para defender, modernizar y humanizar su mayor patrimonio.

Más de medio siglo después del último viaje tripulado a la Luna, la NASA volvió a encender motores —literalmente— el 1 de abril de 2026, a las 18:35 (hora local de Florida). Desde el Centro Espacial Kennedy despegó Artemis II, llevando a cuatro astronautas en una travesía que no solo recorre el espacio, sino que marca el regreso de una ambición que llevaba décadas en pausa.

El viaje, de aproximadamente diez días, no incluye un alunizaje. En su lugar, la cápsula Orion realizará un amplio sobrevuelo alrededor de la Luna —incluida su cara oculta— antes de emprender el regreso a la Tierra. Si todo sigue según lo previsto, la misión culminará el 10 de abril de 2026, cuando la nave americe en el Océano Pacífico, frente a la costa de California.

Más que una expedición, Artemis II es un ensayo general para el futuro. La misión está diseñada para probar tecnologías clave, medir cómo responde el cuerpo humano al espacio profundo y validar los sistemas que permitirán, en los próximos años, el regreso efectivo de astronautas a la superficie lunar. Es, en esencia, el paso intermedio entre la nostalgia del programa Apolo y una nueva fase de presencia sostenida en la Luna.

A bordo viaja una tripulación que refleja el cambio de época: Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen. Koch podría convertirse en la primera mujer en llegar a la Luna, mientras que Glover aspira a ser el primer hombre negro en lograrlo. Más allá de los hitos individuales, la misión también proyecta una narrativa contemporánea: la exploración espacial como vitrina de diversidad, cooperación internacional y legitimidad pública.

El lanzamiento no estuvo exento de obstáculos. En semanas previas, problemas técnicos —incluyendo fugas de hidrógeno y helio— obligaron a retrasar la misión. Superarlos no solo permitió el despegue, sino que también sirvió como prueba de resiliencia para un programa que ha sido observado con creciente escepticismo por sus costos y demoras.

Pero Artemis II no se entiende sin su contexto. La NASA acelera sus planes para volver a la Luna en 2028 y, eventualmente, establecer una presencia permanente en su superficie. Al mismo tiempo, la competencia con China —que también apunta a enviar astronautas antes de 2030— añade una dimensión estratégica que trasciende la ciencia. La nueva carrera espacial ya no es solo una cuestión de descubrimiento: es también una disputa por influencia, capacidad tecnológica y liderazgo global.

En ese sentido, Artemis II no es solo un viaje de ida y vuelta. Es el prólogo de una nueva era.

En la vida, existen situaciones que marcan un antes y un después. Una de ellas, sin duda, es la enfermedad de un ser querido. No se trata únicamente de un diagnóstico médico, sino de un evento que transforma la cotidianidad, altera las emociones y reconfigura la manera en que las personas perciben su entorno y a sí mismas.

Quienes atraviesan esta experiencia suelen enfrentarse a un torbellino emocional difícil de nombrar con precisión. La incertidumbre se instala, el miedo aparece de forma constante y la preocupación se convierte en un estado casi permanente. Desde la psicología, se reconoce que estas reacciones no solo son esperables, sino profundamente humanas.

Diversas investigaciones han evidenciado que acompañar a un familiar enfermo puede generar elevados niveles de estrés, ansiedad e incluso síntomas depresivos. Esto ocurre, en gran medida, porque la persona se ve expuesta a una situación que escapa de su control, lo que incrementa la sensación de vulnerabilidad. Además, se produce una especie de duelo silencioso: no necesariamente por la pérdida de la persona, sino por la pérdida de la normalidad, de la estabilidad y de las certezas que antes se daban por sentadas.

A esta carga emocional se suma otro elemento menos visible, pero igual de significativo: la necesidad de mantenerse firme. Muchas personas, aun atravesando momentos de gran dificultad, asumen el rol de sostén emocional. Acompañan, cuidan, resuelven y continúan. Este fenómeno, conocido en la literatura psicológica como la “carga del cuidador”, refleja el peso físico y emocional que implica estar presente para otro mientras se gestionan las propias emociones.

Y, sin embargo, es precisamente en este escenario donde emerge una de las capacidades más notables del ser humano: la resiliencia.

Lejos de ser una cualidad excepcional, la resiliencia es un proceso dinámico que permite a las personas adaptarse frente a la adversidad. No implica ausencia de dolor, ni tampoco fortaleza inquebrantable. Por el contrario, supone reconocer el sufrimiento, transitarlo y, aun así, encontrar la manera de continuar.

Resulta llamativo observar cómo, incluso en medio de la incertidumbre, muchas personas logran seguir adelante. Cumplen con sus responsabilidades, acompañan a sus seres queridos y, de alguna manera, encuentran equilibrio dentro del caos. Este avance no ocurre por negación, sino por una capacidad interna de reorganización emocional que ha sido ampliamente estudiada en la psicología contemporánea.

Factores como el apoyo social, la regulación emocional, las creencias personales y el sentido de propósito juegan un papel fundamental en este proceso. Contar con una red de apoyo permite compartir la carga; expresar las emociones facilita su procesamiento; y encontrar significado en la experiencia contribuye a fortalecer la capacidad de adaptación.

Asimismo, la literatura científica ha identificado un fenómeno conocido como crecimiento postraumático, mediante el cual las personas, tras atravesar situaciones altamente estresantes, desarrollan nuevas perspectivas de vida, fortalecen su carácter y revalorizan aspectos esenciales como las relaciones y el tiempo compartido.

Esto no significa que el proceso sea sencillo. Tampoco que el dolor desaparezca. Significa, más bien, que el ser humano posee una profunda capacidad de transformación, incluso en los momentos más complejos.

Hablar de seguir adelante, en este contexto, no implica ignorar lo que se siente. Implica, por el contrario, validar el dolor, permitirse sentir y, al mismo tiempo, construir formas de sostenerse. El autocuidado, el acompañamiento emocional y la búsqueda de ayuda profesional cuando es necesario, se convierten en herramientas clave para transitar estas experiencias de manera más saludable.

En definitiva, enfrentar la enfermedad de un ser querido es una experiencia que deja huella. Remueve, confronta y transforma. Pero también revela algo esencial: la capacidad humana de resistir, adaptarse y continuar.

Porque, aun cuando el peso emocional es grande, hay algo en las personas que les permite mantenerse de pie. Y es precisamente en ese equilibrio entre la fragilidad y la fortaleza donde se encuentra una de las expresiones más auténticas de la condición humana.

El deterioro de la democracia a nivel global ya no es una advertencia abstracta, sino una tendencia cada vez más visible en distintas regiones del mundo. En ese contexto, el Democracy Report 2026 del V-Dem Institute lanza una de sus conclusiones más contundentes: por primera vez en más de medio siglo, Estados Unidos ha dejado de ser considerado una democracia liberal.

El informe identifica un desgaste acelerado de las instituciones democráticas en el país norteamericano, con indicadores comparables a los de 1965. Entre los factores señalados figuran la concentración de poder en el Ejecutivo y el debilitamiento progresivo de los controles institucionales, elementos que reflejan una transformación profunda en su sistema político.

Lejos de tratarse de un caso aislado, el retroceso estadounidense forma parte de un escenario internacional más amplio marcado por el debilitamiento de la democracia y el ascenso del autoritarismo.

Un referente democrático que pierde terreno

Durante décadas, Estados Unidos ocupó un lugar central como referente de democracia liberal. Sin embargo, ese estatus se ha ido erosionando por una combinación de factores estructurales que, según el informe, afectan pilares fundamentales del sistema.

Entre los principales retrocesos se encuentran la reducción de los controles legislativos sobre el poder Ejecutivo, el deterioro de los derechos civiles y de la igualdad ante la ley, así como el debilitamiento de la libertad de expresión y del ecosistema mediático.

Pese a este escenario, el componente electoral se mantiene relativamente estable, lo que sugiere que no se trata de un colapso inmediato, sino de una erosión progresiva del modelo democrático.

Un mundo cada vez más inclinado hacia el autoritarismo

El caso de Estados Unidos se inscribe dentro de una tendencia global que redefine el equilibrio político internacional. Según el estudio, el 74% de la población mundial vive actualmente bajo regímenes autocráticos, mientras que existen 92 autocracias frente a 87 democracias. Aún más revelador, solo el 7% de la población habita en democracias liberales.

Estas cifras reflejan un cambio estructural: la democracia ha dejado de ser el sistema predominante en el mundo, mientras los modelos autoritarios consolidan su avance.

Un retroceso que devuelve al mundo a 1978

Uno de los hallazgos más contundentes del informe es que la democracia global ha retrocedido a niveles similares a los de 1978, lo que implica la pérdida de buena parte de los avances alcanzados desde la denominada tercera ola democratizadora.

El deterioro no se limita a regiones tradicionalmente inestables, sino que también alcanza a zonas históricamente asociadas con la estabilidad democrática, como Europa y América del Norte.

Entre los indicadores más afectados aparece la libertad de expresión, que registra retrocesos en 44 países. A esto se suma el deterioro de la calidad electoral y la reaparición de prácticas como la tortura en decenas de países como mecanismo de represión política.

Más autocratización, menos democratización

El estudio también muestra un desequilibrio preocupante entre los países que avanzan hacia modelos autoritarios y aquellos que logran transiciones democráticas. Actualmente, 44 países atraviesan procesos de autocratización, frente a solo 18 que muestran avances hacia la democracia.

Entre las estrategias más utilizadas por gobiernos autoritarios destacan la censura a los medios, la represión de la sociedad civil y el control del debate público. Más que un simple retroceso, el informe retrata un escenario de estancamiento en la expansión democrática global.

Un cambio con impacto en el orden internacional

Las conclusiones del estudio apuntan a un cambio de fondo en la distribución del poder global. El deterioro democrático en grandes potencias, incluido Estados Unidos, estaría desplazando el centro de gravedad internacional hacia sistemas menos democráticos.

Ese movimiento podría repercutir en el funcionamiento de los organismos multilaterales, en las reglas del comercio internacional y en la defensa de los derechos humanos a escala global.

Fuente:

Estados Unidos pierde estatus de democracia liberal tras 50 años, según informe global

Por: Por Lourdes García Armuelles | 19/03/2026 00:00 | La Estrella de Panamá

Con esta contundencia, el jurista José Javier Rivera pone el dedo sobre la llaga de uno de los temas más sensibles para el erario público: la gestión de los contratos estatales y el riesgo de los arbitrajes internacionales.

En un escenario global donde la seguridad jurídica es la moneda de cambio más valiosa, Panamá busca consolidarse como el epicentro del arbitraje regional. Sin embargo, el camino hacia la excelencia enfrenta retos estructurales.

En entrevista con La Estrella de Panamá, José Javier Rivera, vicepresidente del Centro de Conciliación y Arbitraje (CeCAP), analiza la evolución de este ecosistema, la importancia de profesionalizar la defensa del Estado y por qué el país debe abandonar definitivamente las prácticas contractuales del siglo pasado para blindar su futuro económico.

Las declaraciones se dieron en el marco del Panama´S Arbitration & ADR Week, un evento que exploró las últimas tendencias, mejores prácticas y desafíos en el arbitraje nacional e internacional, así como ADR (Mediación y Dispute Boards). Reunió a experto del 16 hasta este jueves 18 de marzo.

¿Qué avances recientes ha tenido el CeCAP en fortalecer la institucional arbitral?

Muchos. El Centro es un lugar de actualización permanente. Brindamos seminarios a árbitros, peritos y egresados universitarios. Hemos incorporado con fuerza la conciliación; es conveniente que, antes de una controversia, las partes tengan ese intercambio. Además, el nuevo Código de Procedimiento Civil busca que exista una conciliación obligatoria. Nos hemos integrado con la Procuraduría de la Administración para capacitar funcionarios. En esta jornada, no solo trataremos el arbitraje comercial y de inversión, sino también el arbitraje deportivo, una especialidad creciente ahora que tendremos importantes eventos deportivos en el país.

¿Qué rol juega la Corte Suprema en la modernización del proceso civil para complementar el arbitraje?

El magistrado Olmedo Arrocha, vicepresidente de la Corte, ha sido uno de los grandes impulsores del nuevo Código de Procedimiento Civil. Este código plantea la inmediatez del juez, incluye audiencias y establece períodos definidos para resolver. Existe una simbiosis: mientras el proceso civil se moderniza, el arbitraje ofrece una alternativa eficiente. Ambos entes transitan por la misma autopista para dar servicio a la comunidad, generando mayor confianza y evitando procesos dilatados.

¿Qué aprendizajes dejan casos como Panama Ports y otros arbitrajes donde el Estado ha estado involucrado?

El principal aprendizaje es la preparación de los contratos. La Autoridad del Canal es un modelo; llevó a cabo una obra extraordinaria fortaleciendo su capacidad local e internacional para acometer un proyecto sin precedentes. La preparación contractual es independiente de los resultados, pero es la base de todo. El país debe buscar siempre las “mejores prácticas” antes de embarcarse en un contrato. Ya los contratos a perpetuidad no tienen cabida; esa tendencia murió en 1904. Los contratos de larga data deben tener espacios de revisión para ajustarse a las realidades actuales. Los tribunales arbitrales internacionales hoy analizan si los beneficios que recibe el Estado son adecuados. No puede ser que el Estado deba pedir permiso a un concesionario sobre algo de lo cual el Estado es el dueño original.

¿Cómo puede Panamá blindarse mejor en sus contratos para evitar riesgos en tribunales internacionales?

Es simple, pero no sencillo: necesitamos políticas de largo plazo y una carrera administrativa real. El servicio público debe dignificarse. No podemos tener profesionales que se capaciten y luego se van porque cambia el gobierno. Necesitamos equipos permanentes, bien remunerados y actualizados que sepan cuáles son las tendencias globales. El país no puede blindarse si improvisa. Ese es el gran error.

¿Tiene Panamá los elementos suficientes para defender o prevenir arbitrajes?

Para tener un arbitraje fuerte, hay que tener un contrato fuerte. Esa es la fuente de nuestra fortaleza. El contrato debe estar bien definido, analizado y comparado con las mejores prácticas internacionales. Debemos aprovechar nuestros recursos y presentarnos al mundo con seriedad. Por ejemplo, Panamá es un país carbono negativo; esa debería ser nuestra tarjeta de presentación para exigir compromisos reales a quienes invierten aquí.

¿Cómo se encuentra Panamá en comparación con otros países en materia de arbitraje?

En lo nacional, hay una amplia aceptación del arbitraje como modalidad para resolver controversias. Cerca del 40% de los arbitrajes en el CeCAP ya son temas internacionales. Siendo un país pequeño, estamos aprovechando las ventajas de nuestra ubicación y legislación para resolver conflictos en tiempo oportuno, lo que amplía la confianza del inversionista en Panamá.

Fuente:

https://www.laestrella.com.pa/economia/blindar-al-estado-jose-rivera-sobre-la-urgencia-de-mejores-contratos-en-panama-EN20872996

La informalidad laboral es uno de los principales desafíos del mercado de trabajo en Panamá. Si observas con detenimiento la estructura económica y social del país, notarás que no se trata de un fenómeno aislado ni reciente, sino de una realidad profundamente ligada a factores estructurales, económicos y sociales. Comprender sus causas es el primer paso para identificar soluciones sostenibles que permitan avanzar hacia un mercado laboral más equitativo, productivo y formal.

Causas de la informalidad laboral

A partir del análisis del documento “Reformas CSS: proceso, contexto y lecciones aprendidas”, se evidencia que casi la mitad de los trabajadores en Panamá se desempeña en actividades informales. Esto refleja desequilibrios importantes en el funcionamiento del mercado laboral. Entre las principales causas, destacan las siguientes:

1. Estructura económica concentrada y poco diversificada

La economía panameña depende en gran medida del sector servicios, que representa cerca del 80% de la actividad económica. En contraste, sectores como la industria y el agro tienen una participación limitada. Esto reduce las oportunidades de generar empleos formales en áreas productivas con mayor capacidad de absorción de mano de obra.

2. Limitada generación de empleo formal por parte del sector privado

Una proporción significativa del empleo formal se concentra en el sector público. Esto sugiere que el sector privado no está creando suficientes oportunidades de empleo formal de calidad, lo que empuja a muchos trabajadores hacia la informalidad.

3. Impacto de choques económicos

Eventos como la pandemia tuvieron efectos severos en el empleo. Se estima que se perdieron cerca de 300 mil puestos de trabajo, de los cuales alrededor de 200 mil aún no se han recuperado hacia 2025. Ante esta realidad, muchas personas recurrieron a actividades informales como mecanismo de subsistencia.

4. Costos y barreras de la formalidad

Aunque no siempre se explicita en los documentos, es ampliamente reconocido que factores como los altos costos de contratación, la complejidad de los trámites y las cargas fiscales y de seguridad social desincentivan la formalización, especialmente en microempresas y emprendimientos.

5. Brechas en habilidades y capacitación

El sector informal suele absorber a trabajadores con menor nivel educativo o sin formación técnica especializada. Esta situación limita sus posibilidades de acceder a empleos formales, perpetuando así el ciclo de la informalidad.

Estrategias para reducir la informalidad laboral

Frente a este panorama, es posible identificar diversas estrategias que, combinadas, pueden contribuir a reducir la informalidad y fortalecer el empleo formal:

1. Promover un crecimiento económico más inclusivo

Es fundamental fortalecer sectores productivos y diversificar la economía para generar empleos formales sostenibles. Una economía más resiliente facilita la creación de oportunidades laborales de calidad.

2. Simplificar la formalización y reducir costos

Facilitar el registro de empresas, reducir las cargas iniciales para pequeños negocios y establecer regímenes tributarios simplificados puede incentivar la transición hacia la formalidad.

3. Fortalecer el sistema de seguridad social

Un sistema de pensiones sostenible y una seguridad social eficiente hacen que la formalización resulte más atractiva tanto para trabajadores como para empleadores. En este contexto, el rol de la CSS es clave.

4. Incentivar al sector privado

El impulso a las pequeñas y medianas empresas mediante acceso a financiamiento, programas de apoyo y beneficios para la creación de empleo formal puede dinamizar el mercado laboral.

5. Expandir la formación y capacitación laboral

Mejorar las habilidades de la fuerza laboral incrementa sus oportunidades de acceder a empleos formales y más estables, alineando la oferta de trabajo con las necesidades del mercado.

6. Apostar por la modernización y la tecnología

El uso de plataformas digitales, sistemas de pago formales y herramientas tecnológicas puede facilitar la integración de trabajadores independientes y microemprendedores al sistema formal.

7. Implementar políticas sociales integrales

Las políticas orientadas a mejorar la equidad, la productividad y el acceso a servicios básicos contribuyen indirectamente a reducir la informalidad al disminuir las condiciones de vulnerabilidad.

Una precisión clave: dos dimensiones de la informalidad

Cuando analizas la informalidad, es importante distinguir al menos dos dimensiones:

• Informalidad laboral: cuando el trabajador no cuenta con una relación contractual ni está registrado formalmente.
• Informalidad en la cobertura social: cuando no se tiene acceso a servicios como salud, pensiones u otros beneficios.

En este sentido, la Caja de Seguro Social (CSS) juega un papel fundamental, especialmente en la ampliación de la cobertura social, lo que puede ser un paso importante hacia una mayor formalización.

Abordar la informalidad laboral requiere una visión integral. No basta con intervenir en un solo frente; es necesario actuar simultáneamente sobre la estructura económica, las políticas públicas y las condiciones sociales. Solo así será posible avanzar hacia un mercado laboral más inclusivo, dinámico y sostenible.