El análisis “1898-2026. De Cuba a Groenlandia: el retorno del imperialismo estratégico estadounidense en la nueva ‘Cuba Ártica’” propone una interpretación provocadora del actual interés de Estados Unidos por Groenlandia: lejos de ser una idea aislada o coyuntural, reflejaría un cambio profundo en la lógica de su política exterior y en la estructura misma del sistema internacional.

El autor sostiene que Washington estaría transitando desde el modelo de liderazgo liberal basado en reglas —que promovió tras la Segunda Guerra Mundial— hacia una estrategia más cercana al realismo clásico, donde predominan el poder, la seguridad nacional y las esferas de influencia. Para explicarlo, el texto establece un paralelismo histórico con la guerra hispano-estadounidense de 1898. En aquel episodio, la explosión del acorazado Maine funcionó como detonante político y narrativo que permitió legitimar una intervención militar con consecuencias geopolíticas duraderas. Según el estudio, ese patrón —construcción de amenaza, legitimación pública y obtención de ventajas estratégicas— sigue presente en la cultura estratégica estadounidense.

Bajo esa misma lógica, Groenlandia aparece hoy como un territorio clave. Su ubicación en el Ártico, sus recursos minerales, la presencia de infraestructura militar y la apertura de nuevas rutas marítimas por el deshielo la convierten en un enclave decisivo para la competencia entre grandes potencias. El texto argumenta que la isla ha sido presentada discursivamente como un espacio vital para la seguridad estadounidense, lo que permite justificar medidas extraordinarias aun sin existir una amenaza inmediata. Este proceso se explica mediante la teoría de la securitización: cuando un asunto es definido como peligro existencial, pasa a tratarse como cuestión de seguridad nacional.

El autor denomina a esta reconfiguración doctrinal “Donroe”, una actualización contemporánea de la Doctrina Monroe que ya no se limita al hemisferio americano, sino que se extiende a cualquier región considerada estratégica. Desde esta perspectiva, el caso groenlandés sería un síntoma de la erosión del orden liberal internacional y del retorno de la política de poder como principio organizador del sistema mundial.

El análisis también subraya las implicaciones para Europa y los aliados occidentales: el episodio demostraría que las alianzas y las normas jurídicas ofrecen protección limitada cuando entran en juego intereses vitales de una potencia dominante. La principal lección estratégica sería que el multilateralismo sigue siendo necesario, pero ya no suficiente, en un entorno internacional cada vez más competitivo y jerárquico.

En conclusión, el artículo plantea que Groenlandia no es simplemente un tema territorial, sino un indicador de transformación histórica: el paso hacia una etapa global marcada nuevamente por rivalidad entre grandes potencias, primacía estratégica y redefinición de las reglas del orden internacional.

El debate sobre el nuevo régimen impositivo del Municipio de David dio un giro clave a inicios de febrero de 2026. Mediante Resolución de 4 de febrero de 2026, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ordenó la suspensión provisional de los efectos del Acuerdo Municipal No. 45 de 2025, que establecía un nuevo sistema de impuestos municipales para el distrito.

La decisión judicial se produce en el marco de una Demanda de Nulidad presentada por la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP), acompañada de una solicitud de suspensión provisional, así como de una intervención como tercero coadyuvante solicitada por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y representada por nosotros, Rivera, Bolívar y Castañedas, la cual se encuentra pendiente de admisión formal.

¿Qué estaba en juego con el Acuerdo Municipal No. 45?

El Acuerdo Municipal No. 45 de 23 de septiembre de 2025 introdujo un nuevo régimen impositivo municipal que debía entrar en vigor el 1 de enero de 2026. Su aprobación generó inquietud en diversos sectores empresariales y productivos del distrito de David, ante el impacto económico que implicaban los ajustes en los impuestos municipales y la forma en que estos fueron determinados.

El proyecto fue presentado para revisión ante la Sala Tercera el 2 de febrero de 2026, solicitándose de manera expresa la suspensión de sus efectos mientras se analiza el fondo de la controversia.

El criterio de la Sala Tercera

En lo medular de la Resolución, la Sala Tercera consideró que, de manera preliminar, no constaba que el Municipio de David hubiera realizado el procedimiento de aforo previsto en los artículos 87, 88 y 94 de la Ley 106 de 1973, norma que regula el Régimen Municipal en Panamá.

Este procedimiento es fundamental, ya que permite a la autoridad municipal evaluar individualmente la realidad económica de los contribuyentes antes de establecer o modificar cargas tributarias. La omisión de este trámite, según valoró la Sala, podría significar la adopción de un nuevo régimen impositivo sin tomar en cuenta la situación socioeconómica real de los contribuyentes del distrito.

Con base en estos elementos, el Tribunal estimó que existía una apariencia de buen derecho y que la aplicación inmediata del Acuerdo podría generar un perjuicio grave, razones suficientes para ordenar la suspensión provisional de sus efectos mientras se resuelve la demanda principal.

¿Qué implica la suspensión provisional?

La suspensión provisional no decide aún sobre la legalidad definitiva del Acuerdo Municipal No. 45, pero detiene temporalmente su aplicación, evitando que el nuevo régimen impositivo produzca efectos mientras la Sala Tercera analiza el fondo del asunto.

El proceso continúa ahora con la fijación de un edicto de notificación, la comunicación formal a la Procuradora de la Administración y la revisión de la admisión de la demanda, etapa en la cual la CCIAP podrá participar activamente como tercero coadyuvante, reforzando la discusión jurídica del caso.

Un precedente relevante para los contribuyentes

Desde la óptica de los sectores que impulsaron la acción judicial, la suspensión provisional representa un hito importante en la defensa de la legalidad tributaria municipal y del derecho de los contribuyentes a que los impuestos se establezcan conforme a los procedimientos previstos por la ley.

Más allá del caso concreto del Municipio de David, la decisión de la Sala Tercera pone nuevamente sobre la mesa la importancia de que los municipios, en el ejercicio de su autonomía, respeten los principios de legalidad, razonabilidad y capacidad contributiva, especialmente cuando se trata de reformas con impacto directo en la actividad económica local.

El desenlace de este proceso será seguido de cerca, no solo por los contribuyentes del distrito de David, sino también por otros municipios y sectores que observan en este caso un referente clave sobre los límites y responsabilidades de la potestad tributaria municipal en Panamá.

Nos complace, como firma de abogados Rivera, Bolívar & Castañedas, haber participado en este proceso como tercería coadyuvante dentro de la Demanda de Nulidad presentada por la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP), representada por su apoderado judicial, el Lic. Eybar Chen Montoto, y por el señor Irving Domínguez, contribuyendo a la obtención de la suspensión provisional del acto impugnado.

Después de más de cincuenta años desde la última misión tripulada más allá de la órbita terrestre, la NASA se prepara para un nuevo capítulo en la exploración espacial con Artemis II, la primera misión tripulada del programa Artemis. El lanzamiento está previsto no antes del 8 de febrero de 2026, desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, y marcará el retorno de astronautas a las inmediaciones de la Luna por primera vez desde la era Apolo.

La misión forma parte de una estrategia a largo plazo que busca establecer una presencia humana sostenible en la Luna y utilizarla como plataforma para futuras misiones a Marte.

Fecha y ventana de lanzamiento

Según información oficial de la NASA, Artemis II tiene como fecha objetivo de lanzamiento “no antes del 8 de febrero de 2026”. Esta expresión indica que no se trata de una fecha fija, sino del inicio de una ventana de lanzamiento que puede extenderse durante varias semanas, dependiendo de factores técnicos, climáticos y orbitales. La agencia ha reiterado que la seguridad de la tripulación es la prioridad principal antes de confirmar el día exacto del despegue.

La nave y el cohete

La misión utilizará la nave Orion, diseñada para transportar astronautas en misiones de espacio profundo, impulsada por el Space Launch System (SLS), el cohete más potente desarrollado por la NASA hasta la fecha. Esta combinación fue probada por primera vez en un vuelo completo durante la misión Artemis I y constituye la base tecnológica del regreso humano a la Luna.

La tripulación de Artemis II

La tripulación de Artemis II está compuesta por cuatro astronautas:

Reid Wiseman, comandante de la misión;
Victor Glover, piloto;
Christina Koch, especialista de misión;
y Jeremy Hansen, especialista de misión y astronauta de la Agencia Espacial Canadiense.

Esta será la primera misión lunar tripulada en la que participe un astronauta canadiense, lo que subraya el carácter internacional del programa Artemis y la cooperación entre agencias espaciales.

Objetivos de la misión

Aunque Artemis II no incluye un alunizaje, su importancia radica en que será la primera prueba completa de todos los sistemas de la nave Orion con tripulación a bordo en el espacio profundo. Durante aproximadamente 10 días, la misión evaluará sistemas críticos como el soporte vital, las comunicaciones, la navegación y los procedimientos operativos en un entorno más lejano que la órbita terrestre baja.

La nave seguirá una trayectoria conocida como retorno libre, que aprovecha la gravedad de la Tierra y de la Luna para rodear el satélite natural y regresar de forma segura. En el punto más lejano del viaje, los astronautas se alejarán más que cualquier tripulación humana anterior, superando las distancias alcanzadas durante las misiones Apolo.

El regreso a la Tierra culminará con un amerizaje en el Océano Pacífico, donde equipos especializados de la NASA se encargarán de la recuperación de la cápsula y la tripulación.

El antecedente: Artemis I

El camino hacia Artemis II comenzó con Artemis I, una misión no tripulada lanzada el 16 de noviembre de 2022. Durante ese vuelo, la nave Orion orbitó la Luna y permaneció varias semanas en el espacio profundo antes de regresar exitosamente a la Tierra el 11 de diciembre de 2022.

Artemis I permitió validar sistemas fundamentales como el escudo térmico, la propulsión, la navegación y las comunicaciones de largo alcance. Los datos obtenidos fueron clave para certificar la nave Orion como apta para transportar astronautas y autorizar el siguiente paso del programa.

Más allá de la Luna

El programa Artemis no busca únicamente repetir las hazañas del pasado, sino avanzar hacia una exploración lunar sostenida. Entre sus objetivos se incluyen el desarrollo de infraestructura lunar, la futura estación orbital Gateway, la investigación científica y la preparación de tecnologías que permitan, en el futuro, misiones humanas a Marte.

En ese contexto, Artemis II representa un ensayo general histórico: el momento en que la humanidad vuelve a viajar hacia la Luna para probar, con astronautas a bordo, las capacidades que definirán la exploración espacial de las próximas décadas.

Durante siglos, Groenlandia fue percibida como un territorio remoto, inhóspito y marginal en la política internacional. Sin embargo, el deshielo acelerado del Ártico, la competencia entre grandes potencias y la carrera por recursos estratégicos han colocado a esta inmensa isla en el centro de la geopolítica global.

Con más de dos millones de kilómetros cuadrados —la isla más grande del mundo— y una población reducida, mayoritariamente inuit, Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca, aunque goza de una amplia autonomía que incluye el derecho de autodeterminación. La independencia es una aspiración mayoritaria entre sus habitantes, siempre que no implique una pérdida sustancial de calidad de vida. El principal obstáculo es económico: su economía depende casi exclusivamente de la pesca y de una fuerte subvención anual danesa, que desaparecería en caso de secesión.

Desde el punto de vista estratégico, Groenlandia ocupa una posición clave entre Norteamérica, Europa y Rusia. Controla accesos fundamentales al océano Ártico y alberga infraestructuras críticas para la defensa de Estados Unidos, como la base aérea de Thule, integrada en el sistema de alerta temprana y defensa antimisiles norteamericano. Esta localización convierte a la isla en una pieza esencial del equilibrio de seguridad transatlántico.

El cambio climático ha intensificado esta relevancia. El deshielo abre nuevas rutas marítimas —las del noroeste y noreste— y facilita el acceso a importantes reservas de recursos naturales. Groenlandia posee grandes yacimientos de tierras raras, uranio, petróleo y gas, fundamentales para las industrias tecnológicas y energéticas del siglo XXI. No obstante, la explotación de estos recursos genera una profunda división interna entre quienes los ven como una vía hacia la independencia económica y quienes alertan de los graves riesgos medioambientales y sociales, especialmente en el caso del uranio.

Esta riqueza potencial ha atraído el interés de China, que ha intentado utilizar Groenlandia como puerta de entrada al Ártico y como fuente de materias primas estratégicas. La presencia china, especialmente en proyectos mineros como Kuannersuit, ha generado inquietud tanto en Washington como en Copenhague, que han actuado coordinadamente para limitar su influencia. Estados Unidos, por su parte, ha reforzado su atención sobre la isla, llegando incluso a plantearse —de forma polémica— su compra en 2019, un episodio que evidenció hasta qué punto Groenlandia ha dejado de ser periférica.

En este contexto, la Unión Europea también desempeña un papel relevante. Aunque Groenlandia abandonó la Comunidad Económica Europea en 1985, mantiene una relación estrecha con la UE como País y Territorio de Ultramar (OCT). Para Bruselas, la isla es un socio estratégico en el Ártico, tanto por su posición geográfica como por su potencial en materias primas críticas, en un momento de creciente rivalidad geopolítica y reconfiguración de las cadenas de suministro globales.

En definitiva, Groenlandia se ha convertido en un territorio clave donde convergen cambio climático, recursos naturales, aspiraciones identitarias y rivalidades entre potencias. Su futuro —entre una mayor autonomía, una eventual independencia o una integración reforzada en las estrategias occidentales— será determinante para el equilibrio político y estratégico del Ártico en las próximas décadas.

Referencias:

AZNAR FERNÁNDEZ-MONTESINOS, Federico. Groenlandia en la geopolítica ártica. Documento de Análisis IEEE 31/2024. https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2024/DIEEEA31_2024_FEDAZN_Groenlandia.pdf (consultado 29/01/2026)

El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, que declaró inconstitucional la concesión otorgada a la filial panameña de CK Hutchison Holdings para operar los puertos de Balboa y Cristóbal, ha trascendido el ámbito jurídico nacional para convertirse en un episodio de alto impacto político, económico y geoestratégico.

La decisión —adoptada de manera unánime— no solo pone fin a una relación contractual vigente desde finales de la década de 1990, sino que también altera el delicado equilibrio entre los intereses de Estados Unidos y China en una de las rutas comerciales más relevantes del mundo: el Canal de Panamá, por donde transita aproximadamente el 5% del comercio marítimo global.

Un fallo con raíces legales

De acuerdo con el Financial Times, el caso se origina en demandas presentadas desde 2021 y en una auditoría gubernamental realizada en 2025, la cual identificó presuntas irregularidades en la concesión y pérdidas estimadas en más de mil millones de dólares para el Estado panameño. En particular, se cuestionó la renovación por 25 años otorgada en 2021, realizada sin un proceso de licitación pública.

El New York Times coincide en que el tribunal fundamentó su decisión en aspectos técnicos, señalando que la extensión contractual no habría seguido los procedimientos de aprobación exigidos por la legislación panameña. El propio gobierno sostuvo que el fallo fue resultado de “extensas deliberaciones” judiciales y de procesos iniciados años antes, rechazando que la decisión haya respondido a presiones externas.

Desde la óptica interna, el mensaje oficial ha sido consistente: el Ejecutivo no intervino en el criterio del órgano judicial y corresponde acatar lo resuelto como expresión del Estado de derecho.

Transición operativa y nueva concesión

Tras conocerse el fallo, el presidente José Raúl Mulino anunció que, una vez la sentencia entre plenamente en vigor, los puertos serán administrados temporalmente por APM Terminals, filial del grupo danés A.P. Møller–Mærsk, mientras se diseña un nuevo proceso concesional.

El gobierno ha adelantado que la futura concesión deberá establecer condiciones “favorables para Panamá”, y no se descarta que ambos puertos sean licitados por separado, a fin de evitar concentrar su operación en un solo operador. El objetivo declarado es garantizar continuidad operativa, estabilidad laboral y mayor transparencia contractual.

El componente corporativo: un acuerdo en suspenso

El fallo judicial impacta directamente el acuerdo anunciado en 2025 mediante el cual CK Hutchison pretendía vender su participación en los puertos panameños —junto con decenas de terminales alrededor del mundo— a un consorcio liderado por BlackRock y Mediterranean Shipping Company (MSC), en una transacción cercana a los 23 mil millones de dólares.

Mientras el Financial Times destaca que el acuerdo había sido inicialmente celebrado por el presidente estadounidense, el New York Times recuerda que la operación quedó en entredicho luego de que Beijing manifestara su inconformidad y solicitara la inclusión de la empresa estatal china COSCO Shipping como accionista relevante.

Desde Asia, Nikkei Asia subraya que la decisión de la Corte panameña “reinicia el tablero”, pues al declararse inconstitucional la concesión original, cualquier nuevo operador —ya sea estadounidense, europeo o chino— deberá competir bajo las normas del marco legal panameño, devolviendo el proceso “a punto cero”.

Reacciones desde Washington, Beijing y Hong Kong

El fallo fue interpretado en Washington como una señal favorable. El Financial Times reporta que el embajador estadounidense en Panamá elogió la decisión como una afirmación del estado de derecho, mientras que el New York Times destaca que la Casa Blanca expresó públicamente su respaldo.

Para el presidente Donald Trump, quien ha insistido en reducir la influencia china en el hemisferio occidental, la decisión representa una victoria simbólica en su estrategia regional.

En contraste, la reacción china fue inmediata. Según Nikkei Asia, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China afirmó que adoptará “todas las medidas necesarias” para proteger los intereses legítimos de sus empresas. El gobierno de Hong Kong fue aún más directo, rechazando el fallo y exhortando a sus compañías a revisar inversiones actuales y futuras en Panamá.

Estas posturas reflejan cómo un litigio de naturaleza contractual ha escalado hasta convertirse en un nuevo capítulo de la competencia entre potencias por influencia en América Latina.

Más allá de los puertos: soberanía jurídica como tercera vía

Uno de los elementos más relevantes del análisis internacional, destacado por Nikkei Asia, es la interpretación de la estrategia panameña como un ejercicio de soberanía jurídica. En lugar de alinearse abiertamente con una potencia o ceder ante presiones geopolíticas, Panamá optó por activar sus mecanismos legales internos.

Analistas citados por el medio asiático señalan que esta vía permitió al país crear una “tercera opción”: resolver el conflicto desde el derecho interno, obligando a todos los actores internacionales —BlackRock, MSC, COSCO u otros— a someterse a las reglas panameñas.

Este enfoque, aunque genera incertidumbre a corto plazo, otorga al Estado mayor margen de control y negociación sobre un activo estratégico sin precedentes.

Un precedente de alcance regional

El fallo de inconstitucionalidad de la concesión de Panama Ports Company no solo redefine el futuro de dos terminales clave del Canal, sino que sienta un precedente relevante para América Latina. En un contexto de creciente rivalidad entre grandes potencias, la decisión panameña muestra cómo los marcos legales nacionales pueden convertirse en instrumentos centrales de política estratégica.

Lo que ocurra en los próximos meses —el diseño de la nueva concesión, la reacción de los mercados y la eventual competencia internacional— determinará si este episodio fortalece la imagen de Panamá como un país que combina apertura económica con control institucional, o si introduce nuevos desafíos en materia de seguridad jurídica e inversión extranjera.

Referencias

• Financial Times — Jude Webber, Michael Stott, Milagro Vallecillos, Arjun Neil Alim.
  “Panama court kicks Hong Kong’s CK Hutchison out of canal ports”, 29 de enero de 2026.
• The New York Times — Peter Eavis, Alexandra Stevenson.
  “Panamanian Court Strikes Down Hong Kong Firm’s Canal Contract”, 30 de enero de 2026.

Nikkei Asia — James Hand-Cukierman.
“China vows to protect companies after CK Hutchison loses Panama ports”, 30 de enero de 2026.

Chile inicia un nuevo ciclo político tras las elecciones presidenciales de 2025, marcadas por el triunfo de José Antonio Kast. Más allá del cambio de signo político, este resultado refleja un giro profundo en las prioridades ciudadanas: tras años de estallido social, procesos constituyentes fallidos e incertidumbre institucional, una parte significativa del electorado optó por el orden, la seguridad y la estabilidad como demandas inmediatas.

El artículo analiza cómo este giro interno redefine los márgenes reales de acción del nuevo gobierno y condiciona la proyección internacional de Chile en un contexto global crecientemente volátil. La autora sostiene que el país no enfrenta una ruptura estructural, sino una reconfiguración pragmática: las instituciones chilenas —el marco fiscal, el Banco Central, el sistema jurídico y la apertura comercial— siguen actuando como anclajes de continuidad que limitan transformaciones abruptas tanto en política interna como exterior.

Desde el punto de vista político, el nuevo Ejecutivo deberá gobernar con un Congreso fragmentado y sin mayorías claras, lo que obliga a negociar acuerdos puntuales y favorece una estrategia gradualista antes que reformas profundas. A ello se suma una sociedad menos movilizada que en 2019, pero no necesariamente más cohesionada, donde las demandas estructurales persisten aunque hoy se expresan con mayor fuerza en clave de seguridad, migración y control del orden público.

En el plano internacional, Chile se moverá en un escenario marcado por la competencia entre grandes potencias y por la presión de temas transnacionales como la migración, el crimen organizado y la seguridad regional. Frente a este entorno, el país tenderá hacia una autonomía estratégica condicionada: mayor asertividad discursiva y selectividad política, pero dentro de límites impuestos por su interdependencia económica y su posición como país de tamaño medio.

La relación con China, primer socio comercial de Chile, se mantendrá como pilar central, aunque con una mirada más cautelosa en sectores estratégicos como infraestructura crítica, recursos naturales y tecnologías sensibles. No se anticipan rupturas, sino ajustes prudentes que equilibren beneficios económicos y consideraciones de soberanía y seguridad.

Estados Unidos, en cambio, aparece como un aliado clave en el nuevo ciclo, especialmente en materias de seguridad, migración y estabilidad regional. El respaldo político de Chile a iniciativas lideradas por Washington —sin asumir costos militares directos— ilustra esta lógica de alineamientos funcionales que refuerzan el orden interno sin comprometer recursos más allá de sus capacidades reales.

En conjunto, el análisis concluye que Chile optará por una política exterior pragmática, orientada a preservar previsibilidad y estabilidad en un sistema internacional incierto. Más que redefinir su lugar en el mundo, el país buscará gestionar sus vínculos externos como herramientas para sostener el orden interno, confirmando un perfil de continuidad estratégica con ajustes selectivos.

Referencias:

Reyes Ramírez, Rocío de los. Chile ante el nuevo orden o desorden global. Documento de Análisis IEEE 02/2026, Instituto Español de Estudios Estratégicos, 14 de enero de 2026

El 28 y 29 de enero de 2026, Panamá será sede del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, en un encuentro de alto nivel que reunirá a líderes políticos, económicos y sociales de la región y del mundo, con el objetivo de analizar los desafíos actuales y construir soluciones para un desarrollo sostenible e inclusivo.

El Foro contará con la participación de jefes de Estado, ministros, organismos multilaterales, empresarios, académicos y expertos internacionales, consolidándose como uno de los espacios de diálogo más relevantes para la región en 2026.

Un espacio para el diálogo regional y global

En un contexto internacional marcado por la transformación tecnológica, la fragmentación geopolítica y los retos económicos y climáticos, el Foro busca promover conversaciones estratégicas orientadas a:

• Fortalecer la estabilidad macroeconómica
• Impulsar el crecimiento sostenible y la inversión
• Promover la integración regional
• Analizar el impacto de la inteligencia artificial y la economía digital
• Avanzar en la transición energética y la acción climática
• Reforzar la democracia, la gobernabilidad y la inclusión social

Participación de líderes internacionales

La sesión inaugural contará con la participación de destacados líderes de la región, entre ellos:

• Sergio Díaz-Granados, Presidente Ejecutivo de CAF
• José Raúl Mulino, Presidente de la República de Panamá
• Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente de Brasil
• Daniel Noboa, Presidente de Ecuador
• Bernardo Arévalo, Presidente de Guatemala
• Andrew Holness, Primer Ministro de Jamaica
• José Antonio Kast, Presidente electo de Chile

A lo largo del Foro también participarán expresidentes, ministros de Estado, directivos de organismos internacionales y líderes del sector privado.

Conferencias magistrales destacadas

El programa incluye ponencias de reconocidas figuras internacionales, entre ellas:

• James Robinson, Premio Nobel de Economía 2024, quien abordará el rol de las instituciones en el desarrollo económico.
• Michio Kaku, físico teórico y futurista, con una conferencia sobre cómo la inteligencia artificial y la economía digital están redefiniendo la competitividad global.
• Philippe Aghion, Premio Nobel de Economía 2025, con una presentación enfocada en innovación, productividad y crecimiento.

Estas intervenciones permitirán conectar la reflexión académica con la toma de decisiones públicas y privadas.

Agenda temática

El Foro contará con sesiones plenarias y paneles simultáneos organizados en distintas salas temáticas, donde se abordarán asuntos clave como:

• Estabilidad macroeconómica, deuda y espacio fiscal
• Inversión, productividad y transformación productiva
• Comercio internacional y nuevas reglas globales
• Energías limpias y transición energética
• Economía azul y biodiversidad
• Inclusión financiera y equidad de género
• Infraestructura, transporte y conectividad regional
• Inversión de impacto y financiamiento para el desarrollo
• Democracia, seguridad y gobernabilidad

Cada espacio fomentará el intercambio de experiencias, buenas prácticas y propuestas concretas para el futuro de América Latina y el Caribe.

Panamá como punto de encuentro regional

La realización del Foro en Panamá refuerza el rol del país como plataforma de diálogo regional, centro de conectividad y puente estratégico entre América Latina, el Caribe y el mundo.

El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 representa una oportunidad única para construir consensos, fortalecer alianzas público-privadas y generar una agenda compartida orientada al desarrollo sostenible de la región.

La posibilidad de que Estados Unidos intente tomar el control de Groenlandia ha dejado de ser una provocación retórica para convertirse en una crisis diplomática de primer orden. Así lo advirtió la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, quien afirmó que un ataque estadounidense contra el territorio ártico significaría, sin rodeos, el fin de la OTAN.

Frederiksen sostuvo que el presidente Donald Trump habla “en serio” cuando insiste en que Estados Unidos necesita Groenlandia por razones de seguridad nacional. En una entrevista con la televisión danesa, fue tajante: si un país de la OTAN decide atacar militarmente a otro, “todo se detiene”, incluida la alianza que ha garantizado la seguridad occidental desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

La advertencia danesa no llegó sola. El ministro de Exteriores de Noruega respaldó públicamente esa postura y señaló que un ataque estadounidense contra Groenlandia rompería la idea misma de la OTAN, haciendo casi imposible su supervivencia como alianza defensiva.

Una retórica que inquieta a Europa

La tensión se intensificó después de que Trump ignorara los llamados de Copenhague para moderar su discurso y reiterara que Estados Unidos “necesita” Groenlandia. Las especulaciones crecieron tras la reciente intervención militar estadounidense en Venezuela, que reforzó la percepción de que Washington está dispuesto a actuar de forma unilateral bajo un concepto ampliado de “defensa hemisférica”.

El malestar aumentó cuando Katie Miller, esposa de un alto asesor de Trump, publicó en redes sociales un mapa de Groenlandia con la bandera estadounidense superpuesta y la palabra “pronto”. El gesto fue calificado de irrespetuoso e inaceptable tanto por el gobierno danés como por las autoridades groenlandesas.

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, rechazó de forma contundente cualquier insinuación de anexión. Subrayó que Groenlandia es una sociedad democrática y que no puede compararse con otros escenarios de intervención militar. Su mensaje fue claro: basta de presiones, insinuaciones y fantasías de anexión.

Soberanía, seguridad y una alianza en riesgo

Trump ha insistido en que Dinamarca no ha protegido adecuadamente la seguridad de la isla, a pesar de que Copenhague ha anunciado inversiones por más de 4.000 millones de dólares para reforzar la defensa del territorio ártico. Frederiksen respondió que Estados Unidos no tiene derecho a anexar ninguna parte del Reino de Dinamarca —que incluye también a las Islas Feroe— y recordó que Groenlandia está plenamente amparada por el artículo de defensa colectiva de la OTAN.

Paradójicamente, Estados Unidos ya cuenta con un acuerdo de defensa que le permite mantener una base militar en Groenlandia, aunque su presencia se ha reducido drásticamente en las últimas décadas. Para Dinamarca, este hecho desmonta el argumento de que Washington esté excluido de la seguridad de la isla.

Por qué este episodio importa

Más allá de Groenlandia, el conflicto plantea una pregunta inquietante para el lector: ¿qué ocurre con una alianza defensiva cuando uno de sus miembros amenaza la soberanía de otro? Las advertencias de Dinamarca y el respaldo europeo reflejan el temor de que este episodio marque un punto de inflexión en la relación transatlántica, justo en un momento de alta tensión geopolítica global.

Lo que está en juego no es solo una isla en el Ártico, sino la credibilidad de la OTAN, el respeto al derecho internacional y el equilibrio entre seguridad y soberanía entre aliados históricos.

En un giro inesperado de la política internacional, Estados Unidos eligió a Delcy Rodríguez, la exvicepresidenta venezolana y cercana colaboradora de Nicolás Maduro, como líder interino de Venezuela, tras la captura del propio Maduro en una operación militar estadounidense. Al mismo tiempo, el expresidente Donald Trump descartó a la principal líder opositora, María Corina Machado, como candidata a encabezar la transición política.

Por qué EE. UU. eligió a Delcy Rodríguez

La Casa Blanca ya tenía identificada a Rodríguez como una figura “aceptable” incluso antes de la operación militar contra Maduro. Según funcionarios estadounidenses, su desempeño al frente de la industria petrolera —clave para la economía venezolana y los intereses energéticos norteamericanos— impresionó por su profesionalismo y se consideró que podría proteger futuras inversiones extranjeras en el país.

Un alto funcionario citado en el artículo dijo que Rodríguez no es la “solución permanente” a los problemas de Venezuela, pero sí alguien con quien Estados Unidos “cree poder trabajar a un nivel más profesional que con Maduro”.

El rechazo a María Corina Machado

A pesar de sus esfuerzos por ganar el apoyo de Trump —incluido elogiarlo públicamente y dedicarle su Premio Nobel de la Paz—, Machado no logró convencer al expresidente estadounidense. Trump declaró que sería “muy difícil” para ella liderar Venezuela porque, a su juicio, no tiene el respeto y apoyo necesarios dentro del país.

Machado —exdiputada y figura prominente de la oposición venezolana— se había declarado lista para liderar el país tras la captura de Maduro y aseguró estar preparada para asumir el poder, pero la Casa Blanca no la respaldó oficialmente.

Continuidad ideológica y tensiones internas

El artículo destaca que, aunque Trump ahora reconoce a Rodríguez como presidenta interina, ellos mismos habían calificado anteriormente al gobierno de Maduro como ilegítimo. La contradicción quedó en evidencia cuando Rodríguez, al hablar por televisión en Venezuela, aseguró que Maduro sigue siendo el presidente legítimo, rechazó la intervención estadounidense e incluso negó haber aceptado algún acuerdo oculto con altos funcionarios como Marco Rubio.

Además, la noticia resalta que en la televisión estatal venezolana Rodríguez sigue siendo presentada como vicepresidenta, no como presidenta, lo que refleja las tensiones de lealtad dentro de las estructuras del chavismo y la resistencia de muchos sectores a aceptar un liderazgo impuesto desde el exterior.

El papel de los intereses petroleros

Aunque las sanciones petroleras estadounidenses se mantienen por ahora, algunos interlocutores esperan que la administración flexibilice el acceso a la industria energética venezolana, permitiendo que empresas estadounidenses participen en la reactivación económica del país. Rodríguez, con su experiencia técnica, podría ser clave en ese escenario, siempre y cuando logre convencer a Washington de su disposición a cooperar.

Conclusión

La elección de Rodríguez como líder interino, más que una señal de apoyo al chavismo, representa una apuesta estratégica de Estados Unidos por una figura técnica y con conocimiento del sistema venezolano, a pesar de sus vínculos con el régimen anterior. En contraste, el rechazo a Machado pone de manifiesto la prioridad que Washington otorga al “manejo profesional” y la estabilidad percibida por encima del respaldo popular o las credenciales democráticas.

Fuentes: https://www.lanacion.com.ar/estados-unidos/por-que-trump-acepto-a-una-leal-a-maduro-como-nuevo-lider-de-venezuela-y-desecho-a-machado-nid04012026/?utm_source=appln

En las últimas décadas, China ha dejado de ser solo “la fábrica del mundo” para convertirse en un actor central del sistema económico global. Su expansión comercial, productiva y financiera no solo ha transformado su economía interna, sino que está reconfigurando el orden internacional y el funcionamiento del multilateralismo tal como lo conocíamos.

Este proceso de internacionalización se apoya en un modelo propio, conocido como sino-capitalismo, que combina mecanismos del mercado con un fuerte control y planificación estatal. Gracias a este esquema, China ha logrado integrarse en la globalización sin renunciar a dirigir su desarrollo, apostando por la industrialización, el avance tecnológico y la consolidación de cadenas globales de valor en las que cada vez ocupa posiciones de mayor liderazgo.

Uno de los pilares de esta estrategia es la inversión china en el exterior, especialmente en América Latina y África. A través de grandes proyectos de infraestructura, energía y producción —impulsados, entre otros, por la Iniciativa de la Franja y la Ruta—, China se ha convertido en un socio clave para muchos países en desarrollo. Estas inversiones han generado oportunidades de crecimiento, empleo e integración comercial, aunque también plantean interrogantes sobre el riesgo de reforzar dependencias y modelos económicos basados en la exportación de materias primas.

Otro elemento relevante es la progresiva internacionalización del renminbi, la moneda china. Sin pretender reemplazar de forma inmediata al dólar, China busca reducir su dependencia del sistema financiero dominado por Estados Unidos y ofrecer una alternativa monetaria gradual, controlada y estratégica, cada vez más presente en reservas y transacciones internacionales.

Todo ello tiene profundas consecuencias políticas y geoeconómicas. El ascenso chino está alimentando un multilateralismo contestatario, en el que nuevos actores cuestionan las reglas y equilibrios establecidos tras la Segunda Guerra Mundial. Sin imponer aún un nuevo orden global, China sí está construyendo una órbita de influencia propia, que convive —no sin tensiones— con la hegemonía occidental.

En definitiva, más que una potencia imperial clásica, China aparece como un Estado que internacionaliza su economía para sostener su desarrollo interno, pero cuya magnitud y alcance inevitablemente alteran el equilibrio global. El resultado es un mundo cada vez más interdependiente, competitivo y fragmentado, donde el futuro del multilateralismo sigue abierto y en disputa.

SAMPER SERRA, Maria. La internacionalización de la economía china: implicaciones sobre el multilateralismo contemporáneo. Documento de Opinión IEEE 106/2025. https://www.defensa.gob.es/documents/2073105/2320887/economia_china_2025_dieeeo106.pdf (consultado 29/12/2025)