Por: Erika Mouynes, excanciller de la República de Panamá. ANO 2025 /
Nº 14 / ABR-JUN 2025. Este artículo fue publicado en CEBRI REVISTA.
Antes del amanecer de cada día, una procesión de colosales buques avanza a la deriva en la bruma tropical, formando fila para entrar en las cámaras de las esclusas del Canal de Panamá. Remolcadores empujan un buque portacontenedores Neo-Panamax hacia su posición mientras reflectores fluorescentes iluminan su casco. En el puente, el capitán del barco cede el paso a un práctico panameño del canal; por ley, todo buque debe ceder el control a estos prácticos expertos al transitar por la vía fluvial. Momentos después, las compuertas de acero se sellan tras el barco y el nivel del agua sube lentamente, elevándolo 26 metros sobre el nivel del mar. Esta rutina, aunque notable, coreografía, repetida unas 13.000 veces al año, subraya una verdad centenaria: la gestión de un istmo estrecho por parte de una pequeña nación mantiene el flujo fluido de las arterias del comercio mundial. Y durante décadas, la gestión firme y neutral del canal por parte de Panamá ha beneficiado enormemente a Estados Unidos y al mundo, garantizando un acceso directo fiable para el comercio estadounidense de costa a costa. La gestión neutral del Canal por parte de Panamá ha servido durante mucho tiempo a los intereses estratégicos y económicos estadounidenses. Pero ahora, la reciente presión política de Washington —alimentada por temores exagerados a la influencia china y que se vio recompensada con costosas concesiones panameñas— está poniendo a prueba la durabilidad de ese modelo. El resultado no solo transformará las relaciones entre Estados Unidos y Panamá, sino que podría tener repercusiones en todo el hemisferio, redefiniendo la forma en que las pequeñas democracias responden a la presión de las grandes potencias. A medida que aumentan las tensiones, el mundo observa hasta dónde están dispuestos a llegar tanto Panamá como Estados Unidos.
UNA ENTREGA ESTRATÉGICA, NO UNA RENDICIÓN
En medio de la renovada retórica de Washington sobre el Canal de Panamá, es fácil olvidar la lógica estratégica que llevó a Estados Unidos a ceder el control en primer lugar. La decisión de 1977 de transferir la autoridad a Panamá no fue una concesión surgida de la buena voluntad, sino una medida calculada y bipartidista para salvaguardar los intereses estadounidenses en Latinoamérica. Durante las siete décadas anteriores, Estados Unidos había sido propietario y operador del canal desde su apertura en 1914, una maravilla de la ingeniería y un trofeo geopolítico forjado en el territorio panameño. Sin embargo, para la década de 1970, los tiempos habían cambiado. Políticos republicanos como Henry Kissinger advirtieron que aferrarse a la Zona del Canal, controlada por Estados Unidos, avivaría el sentimiento antiamericano y amenazaría la estabilidad regional. «Si estas negociaciones [del Canal] fracasan, seremos derrotados en todos los foros internacionales y habrá disturbios en toda Latinoamérica», advirtió Kissinger a mediados de la década de 1970. Su preocupación no era hipotética. En 1964, las tensiones latentes por la presencia estadounidense en la Zona del Canal estallaron en disturbios mortales —ahora conmemorados en Panamá como el Día de los Mártires— que costaron la vida tanto a estudiantes panameños como a soldados estadounidenses. La violencia impulsó a Washington a reconocer la profundidad del nacionalismo panameño que bullía bajo la superficie.
A finales de esa década, los líderes estadounidenses de todos los partidos políticos habían llegado a considerar el control continuo del Canal por parte de Estados Unidos como un lastre geopolítico. El presidente republicano Richard Nixon inició las negociaciones para una cesión, y el presidente demócrata Jimmy Carter finalizó la transferencia mediante los Tratados Torrijos-Carter de 1977. Incluso Ronald Reagan, quien había hecho una feroz campaña contra la transferencia con lemas populistas, finalmente cumplió el acuerdo durante su presidencia. La ratificación de los tratados por parte del Senado requirió apoyo bipartidista y reflejó un consenso poco común: el pragmatismo estratégico prevalecería sobre los llamamientos emocionales. Críticos como el senador S. I. Hayakawa, quien declaró infamemente: «Deberíamos conservar el Canal de Panamá. Después de todo, lo robamos de forma justa», fueron desautorizados por un cálculo más frío.
El objetivo era claro: desactivar una importante fuente de resentimiento regional, salvaguardar el prestigio estadounidense y prevenir una mayor inestabilidad en el hemisferio. Dichos tratados garantizaron la neutralidad permanente del Canal y su operación continua bajo control panameño. Lejos de ceder los intereses estadounidenses, Washington reimaginó la mejor manera de protegerlos. La lógica detrás de esa decisión sigue siendo tan válida hoy como lo fue en 1977. Al eliminar voluntariamente un símbolo de dominio colonial, Estados Unidos mejoró su posición en el hemisferio y obtuvo un socio confiable en Panamá. Un Canal neutral, administrado por Panamá, no solo ha evitado conflictos, sino que también ha reforzado la estabilidad regional y asegurado el acceso ininterrumpido a una arteria vital del comercio mundial. Cabe destacar que el Acuerdo de Neutralidad que acompañó la entrega garantizó a los buques de guerra estadounidenses el derecho a un paso expedito en situaciones de emergencia, lo que significa que Estados Unidos aún podría mover su Armada por el canal con rapidez si realmente fuera necesario, sin tener que ser el propietario absoluto.
EL CANAL DESPOLITIZADO: UN ACTIVO ESTRATÉGICO QUE SE MANIPULA DERECHA
Más de dos décadas después, Panamá ha demostrado ser un administrador ejemplar del Canal. Desde la entrega de la administración en 1999, ha mantenido la eficiencia, la neutralidad y la accesibilidad de la vía interoceánica a todas las naciones, sin caer en la manipulación política ni la mala gestión. Previendo la transferencia, Panamá incluso reformó su constitución en la década de 1990 para crear una Autoridad del Canal de Panamá (ACP) autónoma, estructuralmente aislada de la interferencia partidista. Este modelo tecnocrático ha dado resultados impresionantes. La ACP está gobernada por una junta independiente de 11 miembros (todos panameños) y opera independientemente del gobierno central, con su propia administración, presupuesto y reglamentos.
Esta estructura de gobernanza garantiza que las operaciones diarias del canal se mantengan profesionales y apolíticas, centradas en la eficiencia a largo plazo en lugar de la política a corto plazo. Bajo la gestión panameña, los tiempos de tránsito han mejorado, las tasas de accidentes han disminuido y el Canal se ha mantenido como un modelo de transparencia y neutralidad. Todos los buques, estadounidenses, chinos o de cualquier otro país, reciben el mismo trato y se les cobran peajes estándar y transparentes (estos peajes varían considerablemente según el tamaño del buque y la carga, y pagarlos siempre es mucho más económico que la alternativa: las semanas adicionales de viaje y el costo del combustible para navegar por toda Sudamérica). Cuando el Canal de Panamá ha tenido que aumentar las tarifas o imponer restricciones de calado, lo ha hecho únicamente en respuesta a factores operativos y ambientales, como la escasez de agua provocada por la sequía, no para obtener influencia política.
Las medidas de eficiencia del canal siguen mejorando: en 2023, se introdujo un nuevo sistema de reservas para agilizar la programación. Mientras que antes los barcos podían esperar una semana o más para entrar durante las horas punta, hoy la mayoría de los buques esperan solo de dos a tres días para el tránsito, una mejora significativa que permite que las mercancías fluyan según lo previsto. Para apreciar la magnitud e importancia de la gestión panameña, considere los ritmos diarios del Canal. Cada año, aproximadamente 13,000 barcos (un promedio de 35 por día) transitan la vía fluvial de 80 kilómetros, transportando mercancías y productos que llegan a casi todos los rincones de la economía global. La clientela del Canal es verdaderamente internacional. El mayor usuario individual por número de buques es la danesa Maersk Line, y otras importantes navieras que transitan por Panamá provienen de países como Suiza, Francia, Grecia y Alemania.
Esta mezcla cosmopolita subraya la importancia del enfoque despolitizado de Panamá: el Canal es un bien común global neutral, abierto a todos. Y sigue siendo vital: al acortar aproximadamente 12.896 kilómetros de la travesía entre el Atlántico y el Pacífico, la vía fluvial ahorra a los transportistas una enorme cantidad de tiempo y dinero. Un buque portacontenedores que navega desde el este de Asia hasta la costa este de Estados Unidos vía Panamá, por ejemplo, paga un peaje, pero evita la peligrosa travesía alrededor del Cabo de Hornos, un desvío tan largo que solo el gasto en combustible superaría con creces las tarifas del Canal. En resumen, el mundo paga con gusto a Panamá por un paso seguro y confiable porque es una ganga en comparación con la alternativa.
El testimonio más contundente de la gestión de Panamá se produjo con la exitosa ejecución de la enorme ampliación del Canal entre 2007 y 2016. Este proyecto de 5.400 millones de dólares (más unos 1.600 millones de dólares en inversiones relacionadas) añadió un nuevo juego de esclusas colosales y profundizó los canales existentes para dar cabida a megabuques modernos. La ambiciosa expansión permite al canal recibir buques Neo-Panamax que transportan casi tres veces el volumen de carga anteriormente posible. Muchos dudaban de que un pequeño país en desarrollo pudiera completar un megaproyecto de tal magnitud a tiempo y dentro del presupuesto, especialmente en comparación con sobrecostos notorios como el túnel carretero «Big Dig» de Boston, cuyo costo se disparó de 2.800 millones de dólares a casi 15.000 millones de dólares. Sin embargo, la Autoridad del Canal de Panamá gestionó una logística compleja e inauguró el Canal ampliado en junio de 2016, aproximadamente dentro de las expectativas originales. El resultado: el doble de capacidad y la posibilidad de acoger a la mayoría de los buques tanque de gas natural licuado (GNL) y grandes portacontenedores del mundo, transformando los patrones mundiales de transporte marítimo.
Cabe destacar que la expansión se financió con los ingresos propios del canal por peajes, complementados con préstamos de bancos multilaterales de desarrollo; no se necesitó ni un solo dólar del dinero de los contribuyentes estadounidenses. De hecho, Panamá ya ha reembolsado, con intereses, cada centavo que Estados Unidos invirtió en la construcción del Canal original hace más de un siglo. Estados Unidos ha sido el principal beneficiario de estas mejoras. Como el mayor usuario del Canal de Panamá, Estados Unidos ahora depende de la vía fluvial ampliada para el transporte eficiente de las exportaciones de energía, los graneles secos del Medio Oeste y el flujo incesante de bienes manufacturados y de consumo que abastecen los anaqueles estadounidenses. De hecho, aproximadamente el 70% de la carga que transita por el canal tiene como destino o procede de puertos estadounidenses, incluyendo volúmenes masivos de productos electrónicos y ropa de fabricación asiática con destino a las costas este y del Golfo de Estados Unidos, así como gas licuado, granos y otros productos básicos estadounidenses enviados hacia el oeste, a Asia. En contraste, solo alrededor del 20% del tráfico del canal tiene algún vínculo con China, lo que desmiente la idea de que Pekín domina este paso. De manera crucial, Panamá ha financiado por sí sola las operaciones y mejoras de su canal. Hoy, Estados Unidos disfruta de pleno acceso a una ruta comercial estratégicamente esencial y de clase mundial sin tener que asumir la carga de operarla. Panamá, por su parte, ha ganado orgullo nacional y beneficios económicos, ofreciendo un ejemplo excepcional de una transición poscolonial fluida que beneficia a todos.
EL ESPEJISMO DE CHINA: TEMORES EXAGERADOS A LA INFLUENCIA
Gran parte de la reciente inquietud estadounidense sobre el Canal se centra en China y su aparente creciente presencia en la región. Sin embargo, la realidad es mucho más matizada y significativamente menos amenazante. Empresas chinas efectivamente operan terminales portuarias comerciales en las entradas atlántica y pacífica del Canal, mediante concesiones otorgadas en 1997 a la empresa Hutchison Ports, con sede en Hong Kong (parte de Hutchison Whampoa). En otras palabras, las instalaciones portuarias de Panamá han tenido presencia china durante más de dos décadas. Cabe destacar que, desde entonces, no se han otorgado nuevas concesiones portuarias chinas en la vía fluvial del Canal de Panamá, ni siquiera durante períodos de intensa inversión china en el exterior a nivel mundial. Las terminales administradas por Hutchison en Panamá funcionan como innumerables otras operaciones portuarias internacionales. Hutchison Ports, por ejemplo, también opera importantes terminales en ambas entradas del Canal de Suez y en Felixstowe, el puerto de contenedores de mayor actividad del Reino Unido —que se extiende esencialmente a ambos lados del Canal de la Mancha—, así como en otros centros comerciales globales clave. Incluso administran la terminal de contenedores de Freeport en las Bahamas, a menos de 50 millas de la costa de Florida.
Sin embargo, en cada caso, Hutchison es simplemente un cliente o inquilino de la autoridad marítima del país anfitrión, no el controlador de la infraestructura soberana. Panamá no es la excepción. La Autoridad del Canal de Panamá (y, por extensión, el Estado panameño) mantiene el control soberano total del canal y sus aguas. Todos los concesionarios portuarios, chinos o no, operan bajo las leyes y la supervisión panameñas. Y, a diferencia de los puertos administrados por Hutchison en otros lugares, cualquier buque que navegue hacia una terminal portuaria a lo largo del Canal de Panamá debe ceder el mando a un práctico panameño al ingresar a las aguas del canal; una afirmación inequívoca de la autoridad panameña que garantiza que ninguna entidad extranjera pueda dictar su movimiento a través del canal. Además, la presencia de Hutchison dista mucho de ser dominante en el panorama naviero general de Panamá: de las cinco principales terminales portuarias comerciales adyacentes al Canal, Hutchison administra dos, mientras que las otras tres son operadas por empresas multinacionales aliadas de Estados Unidos u otras empresas.
Los acontecimientos recientes subrayan la determinación de Panamá de salvaguardar su autonomía. Tras descubrirse irregularidades en la extensión de la concesión portuaria de Hutchison, la Contraloría de Panamá inició una auditoría exhaustiva y una revisión legal en 2024. Estos hallazgos han dado lugar a una serie de recursos legales que podrían anular la extensión del contrato de Hutchison y reabrir la concesión portuaria a nuevos licitadores, lo que podría generar una oportunidad para que empresas estadounidenses o aliadas intervengan. Más recientemente, en 2025, Hutchison anunció que estaba en negociaciones para vender una participación mayoritaria en una de sus terminales panameñas a un consorcio liderado por Estados Unidos, supuestamente respaldado por la firma de inversión BlackRock. Lejos de caer en la órbita de China, Panamá está buscando activamente más inversión estadounidense en su infraestructura crítica.
El contexto más amplio es importante. En 2017, al igual que muchos países latinoamericanos en aquel entonces, Panamá transfirió su reconocimiento diplomático de Taiwán a Pekín, lo que abrió la puerta a vínculos oficiales con la República Popular China. En el auge de esta nueva relación, el gobierno panameño adjudicó inicialmente varios proyectos de infraestructura de alto perfil a empresas chinas, incluyendo un puerto para cruceros y un gran puente vial sobre el Canal, e incluso se unió a la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China. Sin embargo, ese impulso inicial se desaceleró significativamente con las administraciones panameñas posteriores, llegando prácticamente a estancarse. No se ha adjudicado ni un solo nuevo contrato importante de infraestructura con China en los últimos cinco años.
Más recientemente, la administración del presidente José Raúl Mulino (2024-presente) ha indicado explícitamente que Panamá no renovará ni ampliará su participación en la Franja y la Ruta. En cambio, el gobierno del presidente Mulino ha reafirmado proactivamente la alineación estratégica de Panamá con Washington, enfatizando que los intereses a largo plazo del país dependen de la profundización de sus vínculos con Estados Unidos. En resumen, la incursión de Pekín parece haber sido limitada, mientras que Panamá mantiene su activo más vital, el Canal, firmemente neutral y abierto a todos.
LA GAMBITA DEL CANAL DE TRUMP: PRESIÓN, CONCESIONES Y SUS LÍMITES
Hoy, el Canal de Panamá se ha convertido inesperadamente en un punto de conflicto político en Washington. Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha aprovechado el Canal en su retórica, incluso convirtiendo la vía fluvial en un elemento central de su agenda de «América primero». Sorprendentemente, durante su reciente discurso inaugural en enero, «Panamá» fue, según se informa, la segunda palabra más utilizada, con más frecuencia que cualquier otro término excepto «Estados Unidos». Trump ha caracterizado repetidamente la entrega del Canal en 1999 como un error histórico, insinuando que podría intentar recuperar la influencia estadounidense allí. Incluso ha reflexionado ocasionalmente sobre la posibilidad de una intervención militar para «asegurar» el canal. De manera alarmante, una encuesta reciente en Estados Unidos indicó un apoyo significativo entre su base política a recuperar el control del Canal por cualquier medio necesario.
Para Panamá —una pequeña nación de 4 millones de habitantes, pero estratégicamente crucial—, estas declaraciones no son meras bravuconadas políticas. Se perciben como amenazas directas a su soberanía y un repudio a décadas de colaboración. En respuesta a la creciente presión de Washington, el gobierno panameño, bajo la presidencia de José Raúl Mulino, adoptó inicialmente una postura conciliadora. Deseoso de apaciguar las preocupaciones estadounidenses, Panamá se esforzó por demostrar que no era cliente de Pekín. Además de retirarse de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China, la administración Mulino aceleró los esfuerzos para reducir la participación de empresas chinas en las operaciones portuarias locales, medidas que coincidieron con una visita de alto perfil de funcionarios estadounidenses (incluida la del secretario de Estado, Marco Rubio).
Panamá también ofreció concesiones no relacionadas para apaciguar la agenda de la administración Trump: llegó a acuerdos para endurecer los controles migratorios, incluyendo la mejora de un centro de detención de migrantes y la expansión de una pista de aterrizaje remota en la región del Darién para facilitar los vuelos de deportación estadounidenses a Latinoamérica. A petición de Washington, Panamá incluso aceptó el traslado de 299 deportados de Estados Unidos —personas que no eran de nacionalidad panameña, sino que provenían de países tan distantes como Irán, China y Afganistán, enviadas a Panamá como destino de un tercer país—. Estos gestos extraordinarios —destinados a distender las tensiones— han tenido un coste interno sustancial en Panamá. En lugar de calmar la situación, los actos de abierta conciliación desencadenaron una reacción nacionalista y un intenso debate dentro de los propios círculos políticos panameños. Las concesiones, que pretendían comprar buena voluntad, parecieron, en cambio, alentar nuevas exigencias de la administración Trump.
Durante una visita posterior del Secretario de Defensa de EE. UU., Peter Hegseth, Panamá fue presionada para que otorgara concesiones adicionales que afectaban directamente al Canal. Se anunció un nuevo y controvertido acuerdo marco de seguridad, que autorizaba actividades de seguridad conjuntas entre EE. UU. y Panamá y permitía una presencia militar rotatoria estadounidense en algunas antiguas bases estadounidenses en territorio panameño. Además, el Canal firmó una declaración para «buscar mecanismos» que otorgaran prioridad y paso gratuito a los buques de guerra estadounidenses. Para los panameños, esto representó una extralimitación inaceptable. La idea de un trato especial y gratuito para los buques militares estadounidenses tocó una fibra sensible, socavando el principio fundamental de igualdad de acceso que había definido la neutralidad del canal. Además, fue en gran medida gratuita: según el Tratado de Neutralidad vigente de 1977 (Artículo VI), los buques de guerra estadounidenses ya gozan de derechos de paso expedito; en la práctica, con solo 48 horas de aviso, un buque de guerra estadounidense puede pasar al frente de la fila, y de hecho, ningún buque militar estadounidense ha esperado jamás más de 24 horas para transitar, ni siquiera en situaciones de crisis. Es más, el ejército estadounidense actualmente paga sólo una fracción simbólica de los peajes habituales para el tránsito de buques de guerra (tan sólo entre el 6% y el 30% de las tarifas cobradas a los buques comerciales).
Exigir un paso completamente libre trascendió estos privilegios de larga data y a muchos panameños les pareció una humillante afirmación del dominio de una nación sobre una vía fluvial que se supone pertenece a todos. Como era de esperar, estas últimas concesiones provocaron una indignación generalizada en Panamá. El Canal está profundamente arraigado en la identidad nacional panameña, y cualquier amenaza percibida a su autonomía ha generado históricamente una intensa resistencia pública. La noticia de la secreta promesa de «paso libre de peajes» encendió las alarmas. La indignación se avivó aún más por las inconsistencias y la falta de transparencia, en particular, las flagrantes discrepancias entre los anuncios del gobierno estadounidense y las declaraciones públicas del gobierno panameño sobre lo acordado.
Las consecuencias políticas en Panamá han sido graves. En cuestión de semanas, la crisis provocó la renuncia del viceministro de Relaciones Exteriores y de su secretario de prensa. La Asamblea Nacional incluso tomó la inusual medida de citar al ministro de Relaciones Exteriores para interrogarlo y planteó la idea de una moción de censura. En la Ciudad de Panamá estallaron manifestaciones callejeras, con ciudadanos ondeando la bandera nacional y coreando promesas de proteger la soberanía del Canal. Hasta la fecha, las dolorosas concesiones de Panamá no han producido ningún beneficio tangible, ni siquiera una moderación de la retórica agresiva del presidente Trump. El riesgo es evidente: los intentos de Panamá por ser pragmáticos están sentando un precedente preocupante, lo que sugiere que ceder a la presión solo invita a más. Durante los primeros 100 días del nuevo mandato de Trump, Panamá se encontró acercándose rápidamente al límite de lo que podía conceder sin comprometer fundamentalmente su soberanía. Ahora, cinco meses después del inicio de la administración, es evidente que esos esfuerzos han llegado a su límite. El patrón de apaciguamiento ha demostrado ser insostenible, con rendimientos decrecientes y costos internos crecientes.
EFECTOS DOMINÓ: COSTOS ESTRATÉGICOS MÁS ALLÁ DEL ISTMO
La mano dura de Washington hacia Panamá conlleva costos estratégicos que van mucho más allá del propio Canal. Durante los intensos debates en Estados Unidos sobre los tratados del Canal de Panamá en la década de 1970, varios funcionarios y estrategas militares estadounidenses señalaron que la importancia militar directa del canal había disminuido con el tiempo. Los avances en la tecnología naval y las cambiantes prioridades de defensa significaron que el Canal ya no era esencial para la proyección de fuerzas estadounidenses; de hecho, sus estrechas esclusas no podían albergar muchos buques de guerra estadounidenses modernos. El senador Barry Goldwater argumentó notablemente que el Canal era inherentemente vulnerable —un solo explosivo bien colocado o un buque hundido podrían inutilizarlo— y señaló que pocos en el Congreso o en la opinión pública estaban dispuestos a enviar tropas estadounidenses a morir defendiéndolo.
En la práctica, la geografía del canal (un cuello de botella largo y estrecho) lo hace prácticamente indefendible contra sabotajes o ataques. Estos argumentos reforzaron la idea de que Estados Unidos podía ceder el control con seguridad en 1999 sin perjudicar sus intereses de seguridad fundamentales. Sin embargo, económica y estratégicamente, la administración neutral de Panamá ha garantizado operaciones ininterrumpidas durante décadas, protegiendo directamente los intereses comerciales estadounidenses e internacionales. Hoy en día, Estados Unidos depende en gran medida del Canal para facilitar flujos comerciales cruciales, desde las exportaciones de soja y maíz hasta los productos en contenedores procedentes de Asia que abastecen los estantes de las tiendas de todo el país. Cualquier interrupción importante en el funcionamiento del canal provocaría miles de millones de dólares en pérdidas, retrasos en los envíos y aumentos de precios, lo que causaría un perjuicio inmediato a empresas y consumidores mucho más allá de Panamá.
Si el Canal de Panamá se cerrara, aunque fuera por un día, o se politizara, las compañías navieras tendrían que desviar sus buques en un desvío de 13.000 kilómetros alrededor del tormentoso Cabo de Hornos, en el extremo sur de Sudamérica, lo que añadiría semanas de tránsito y costos de combustible exorbitantes. La última vez que ocurrió algo similar —el bloqueo de Suez, que duró una semana—, se estimó que se detuvo un comercio mundial de 10.000 millones de dólares diarios. El notable historial de fiabilidad del Canal de Panamá ha permitido que las cadenas de suministro globales no hayan tenido que preocuparse por un escenario similar en el hemisferio occidental. Sorprendentemente, el compromiso de Panamá con la neutralidad y la igualdad de acceso para todas las naciones ha mantenido al Canal fuera de la lista de objetivos de posibles adversarios. A diferencia de las bases militares u otros activos estratégicos, el Canal de Panamá ha resistido la inestabilidad global sin convertirse en un objetivo directo ni en moneda de cambio en los conflictos. No ha sido bloqueado, atacado ni siquiera ocupado temporalmente por ninguna potencia hostil desde que Panamá asumió el control, lo que demuestra que su neutralidad no es solo simbólica, sino un verdadero baluarte de la seguridad.
Sin embargo, las consecuencias geopolíticas de las tensiones actuales trascienden la seguridad física del canal. Al amenazar a un aliado pacífico y democrático basándose en supuestas vulnerabilidades estratégicas, Estados Unidos corre el riesgo de socavar su propia credibilidad y crear una ruptura en su diplomacia regional. Estas amenazas transmiten un mensaje inquietante a toda Latinoamérica: que alinearse estrechamente con Washington no garantiza respeto ni estabilidad, y que incluso tratados de larga data podrían reabrirse por capricho.
En una región donde el recuerdo del intervencionismo estadounidense sigue vivo, la retórica agresiva de Trump hacia el Canal de Panamá está reavivando sospechas históricas. Los aliados que valoran su soberanía y estabilidad podrían empezar a reconsiderar su postura, cubriendo sus riesgos diversificando sus alianzas o incluso distanciándose de la influencia estadounidense. Es probable que las potencias adversarias estén observando de cerca y aprovechando la oportunidad para presentarse como socios más respetuosos que no presionarán a las naciones más pequeñas sobre infraestructuras críticas. Dentro de Panamá, la reacción a la presión de Washington ya está cambiando el panorama político. Este país ha sido históricamente uno de los más proestadounidenses de Latinoamérica; tan solo en 2023, las encuestas mostraban que más del 80% de los panameños veían a Estados Unidos con buenos ojos, un legado de cooperación e intereses compartidos. Sin embargo, el sentimiento nacionalista está en auge. Orgullosos del Canal y lo que representa, panameños de todos los partidos políticos se unen en defensa de su neutralidad.
Grandes protestas han llenado las calles de la Ciudad de Panamá con cánticos de «El Canal es Panameño», rechazando cualquier atisbo de control externo. Políticos de todo el espectro político —desde tecnócratas moderados del partido gobernante hasta líderes de la oposición— han encontrado una causa común para contrarrestar la percepción de intromisión estadounidense. Además, varios líderes latinoamericanos prominentes en otros países han expresado públicamente su apoyo a la postura de Panamá, reforzando un consenso regional contra las tácticas de mano dura. La implicación es clara: la postura de Estados Unidos hacia Panamá está siendo vigilada de cerca por sus vecinos, y podría influir en la forma en que esos países interactúen con Washington en el futuro.
LECCIONES APRENDIDAS: RENUNCIAR, LEVANTARSE Y SEGUIR ADELANTE
¿Cuáles son, entonces, las enseñanzas de este nuevo y complejo capítulo en la larga y simbólica historia del Canal? Para Panamá, la lección reside en la firmeza calibrada. Las concesiones pueden tener su lugar cuando se alinean con los propios intereses panameños y defienden la transparencia o la buena gobernanza, como se vio en la iniciativa del propio presidente Mulino para revisar y corregir problemas en los contratos portuarios chinos. Pero ceder ante la presión externa solo para apaciguar a una potencia extranjera, en particular cuando dicha presión se basa en una narrativa política divorciada de los hechos, sienta un precedente peligroso. La historia sugiere que la fortaleza de Panamá —de hecho, su legitimidad misma en la gestión del Canal— reside en afirmar su soberanía mediante la seguridad jurídica, el aplomo diplomático y la integridad institucional. En la práctica, Panamá podría necesitar trazar límites más claros en torno a la neutralidad del Canal y comunicarlos tanto internamente como en el exterior.
La reciente agitación también expuso las deficiencias de la estrategia panameña para lidiar con Washington. El gobierno invirtió fuertemente en firmas de cabildeo tradicionales de Washington D. C., una estrategia que podría no haber estado alineada con el momento político actual. En un entorno donde la administración Trump favorece la interacción abierta y transaccional desde la cúpula, la defensa tras bambalinas dirigida a funcionarios del Congreso y de nivel medio tuvo un impacto limitado en los tomadores de decisiones. Más críticamente, este enfoque interno se produjo a expensas de una campaña de diplomacia pública más amplia. Al no comunicar de forma más asertiva los hechos sobre la administración del Canal de Panamá al público estadounidense —por ejemplo, que Panamá mantiene el canal funcionando de manera eficiente, neutral y de maneras que benefician enormemente a los consumidores estadounidenses— Panamá permitió que una narrativa falsa se arraigara entre el público estadounidense. Fue una oportunidad perdida, especialmente al tratar con un presidente estadounidense muy sensible a las percepciones y la cobertura mediática de sus bases.
Por otro lado, a pesar de la agitación interna, la estrategia de apaciguamiento de Panamá ha evitado hasta el momento una ruptura más profunda con Estados Unidos. No se han impuesto sanciones punitivas a Panamá ni se han materializado cambios formales en la política estadounidense, al menos no todavía. En ese sentido, el gobierno panameño logró desactivar lo que podría haber sido una crisis aún más drástica, ganando tiempo para reagruparse. De cara al futuro, Panamá podría recalibrar su enfoque para enfatizar la unidad interna (para que cualquier concesión futura no sea políticamente tóxica) y la claridad externa (para que los hechos prevalezcan sobre los temores en la narrativa sobre el Canal).
Para Estados Unidos, la lección debería ser aún más estratégica. La gestión neutral y profesional del Canal por parte de Panamá se erige como una de las alianzas más exitosas del hemisferio occidental tras la Guerra Fría. Ha generado estabilidad, eficiencia y beneficio mutuo, ofreciendo un modelo excepcional de responsabilidad compartida y cooperación pacífica entre una superpotencia y un pequeño Estado. Socavar ese modelo no beneficia a nadie: ni a los importadores y consumidores estadounidenses, ni a los exportadores estadounidenses, y, desde luego, no beneficia la influencia ni el prestigio de Estados Unidos en la región. En todo caso, el actual impasse ha ilustrado la vital importancia de la buena voluntad y la colaboración de Panamá para los intereses estadounidenses.
El presidente Trump, tras haber exigido y recibido varias concesiones, puede, y posiblemente debería, proclamar cierta victoria en este punto. Su administración ha obtenido promesas costosas: Panamá se retiró de las iniciativas chinas, reforzó los controles migratorios a instancias de Estados Unidos y profundizó la cooperación en seguridad. El punto está claro. Ahora es el momento de pasar de la presión a la colaboración. Washington tiene la oportunidad de convertir este episodio en un nuevo capítulo de compromiso constructivo. En lugar de ver a Panamá como un activo díscolo que hay que controlar, Estados Unidos debería reconocerlo como un socio leal, digno de inversión y respeto.
Panamá está abierto a los negocios y a los aliados. Ambos países podrían ampliar su cooperación de maneras mutuamente beneficiosas que no comprometan su soberanía. Por ejemplo, Panamá está embarcado en un proyecto multimillonario de conservación de cuencas hidrográficas e infraestructura para garantizar el suministro de agua del Canal (crucial para sus operaciones frente al cambio climático). Se podría alentar a empresas y expertos estadounidenses a participar en estos esfuerzos, no solo como contratistas con ánimo de lucro, sino como socios a largo plazo que contribuyen al éxito de Panamá. Asimismo, cuando Panamá solicita ofertas para mejoras portuarias o nuevos parques logísticos, las empresas estadounidenses deberían participar, no porque Panamá se vea obligada a aceptarlas, sino porque aportan valor y se ganan la confianza.
En esencia, Estados Unidos puede competir donde importa —económica y diplomáticamente— en lugar de replantear posturas militares o demandas de suma cero. En definitiva, lo que está en juego en la fricción actual es mucho más que una simple ruta marítima o un motivo de orgullo nacional. Se trata de la credibilidad de un sistema global en el que las pequeñas naciones, mediante la competencia y la neutralidad, pueden ganarse la confianza de las grandes potencias y gestionar con éxito los activos estratégicos compartidos. El Canal de Panamá ha demostrado durante mucho tiempo que una transferencia pacífica de poder —de una superpotencia a un Estado mucho más pequeño— puede conducir no a la disfunción, sino a la excelencia. Ese modelo está ahora bajo escrutinio. Las tensiones entre Washington y Panamá son más que un simple estallido de política exterior bilateral; envían un mensaje a la región y al mundo sobre cómo Estados Unidos trata a sus aliados. Lo que suceda a continuación definirá más que una simple ruta comercial. Es una oportunidad para demostrar que, en una era de cambio de poder, el verdadero liderazgo significa respaldar a los socios que hacen el trabajo y saber cuándo respaldarlos, no obstaculizarlos.
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