La encuesta se realizó en agosto de 2024. La muestra y las estimaciones de población se basaron en los Censos de Población y Vivienda de 2010.

El universo de esta encuesta es la población de 15 años en adelante, la cual fue entrevistada mediante la visita a 16,323 viviendas de las cuales 991 estaban ubicadas en comarcas indígenas.

1. El desempleo abierto se incrementó notablemente entre 2023 y 2024, pasando de 121,658 personas en octubre de 2023 a 166,818 personas en octubre de 2024. Este cambio representa un aumento absoluto de 45,160 individuos, reflejando un crecimiento del 37.1% en este indicador.

La tasa de desempleo abierto como proporción de la población económicamente activa subió del 5.8% en 2023 al 7.8% en 2024, afectando principalmente a las mujeres, cuya tasa pasó del 7.7% al 10.5%, mientras que la de los hombres creció del 4.4% al 7.4%.

2. El desempleo oculto, que refleja a aquellos disponibles para trabajar pero que no buscan empleo activamente, también mostró un incremento entre 2023 y 2024. Este pasó de 33,967 personas en 2023 a 35,791 en 2024, un aumento del 5.4%.

• Diferencias de género: Las mujeres representan la mayor proporción de este segmento, pasando de 14,707 personas en 2023 a 16,131 en 2024 (9.7% más), mientras que los hombres aumentaron de 19,260 a 19,660 (2.1%).
• Por áreas: En las zonas rurales, el desempleo oculto creció un 72.8%, pasando de 4,731 personas en 2023 a 8,171 en 2024, mientras que en las zonas urbanas hubo una leve disminución, de 28,292 a 26,769 personas.

3. Las mujeres enfrentan mayores barreras de acceso al mercado laboral. Aunque representan el 42.9% de la población ocupada en 2024, su tasa de desempleo total es significativamente mayor al promedio nacional (12.3% frente al 9.5%).

• Mujeres desocupadas: Pasaron de 83,315 en 2023 a 112,246 en 2024, un incremento del 34.7%.
• Hombres desocupados: Pasaron de 72,310 en 2023 a 90,363 en 2024, equivalente a un aumento del 25%.

3. El desempeño laboral varía significativamente entre regiones urbanas y rurales:

• En las zonas urbanas, la población económicamente activa (PEA) disminuyó de 1,530,550 en 2023 a 1,431,880 en 2024, mientras que la desocupación creció del 8.5% al 11.3%. Este incremento se traduce en 30,507 personas más desocupadas en áreas urbanas.
• En las zonas rurales, aunque la PEA creció levemente del 63.2% al 63.6%, la desocupación aumentó del 5.0% al 6.7%, con 15,538 personas más desocupadas.

4. El empleo informal continúa siendo una característica estructural del mercado laboral panameño. En octubre de 2024, 49.3% de los trabajadores estaban en condiciones de informalidad, una leve subida respecto al 47.4% de 2023.

• En las áreas rurales, la informalidad afecta a más del 70% de los trabajadores, destacando provincias como Darién (69.8%) y la Comarca Ngäbe Buglé (69.6%).
• En términos absolutos, los ocupados informales aumentaron de 1,613,670 en 2023 a 1,566,014 en 2024, es decir, 47,656 personas más en este sector.

5. El desempleo total (abierto y oculto) muestra variaciones significativas por región:

1. Colón es la provincia más afectada, con una tasa de desocupación total del 10.3%, en comparación con el promedio nacional del 9.5%.
2. Chiriquí presenta un fuerte deterioro, con un desempleo total que aumentó del 6.3% en 2023 al 9.0% en 2024, sumando 10,320 desocupados más.
3. Las comarcas indígenas, como Ngäbe Buglé, mantienen niveles elevados de informalidad (69.6%) y baja generación de empleo formal.

6. El análisis histórico evidencia cambios sustanciales en la estructura del mercado laboral:

• Población económicamente activa (PEA): En la última década, la PEA pasó del 64.1% en 2014 al 63.3% en 2024, una leve disminución atribuida al envejecimiento de la población y la migración hacia la informalidad.
• Tasa de desempleo:

  • En 2014, la tasa de desempleo era del 4.8%, marcando uno de los niveles más bajos en décadas.
  • A partir de 2021, con la pandemia, el desempleo aumentó drásticamente al 11.3%, reduciéndose en 2023 al 7.4%, pero con un nuevo repunte al 9.5% en 2024.

Informalidad: Aunque la tasa de informalidad se ha mantenido históricamente alta, los niveles actuales del 49.3% en 2024 representan un retroceso frente al 47.0% registrado en 2014, cuando la economía mostraba mayores avances en la formalización.

La reciente rebaja en la calificación de riesgo de Panamá por parte de Standard & Poor’s (S&P) representa un golpe significativo para la percepción de estabilidad económica del país, colocándolo al borde de perder su grado de inversión. Esta decisión, que refleja preocupaciones sobre el manejo fiscal y el impacto del endeudamiento creciente, subraya problemas estructurales que ya se habían señalado previamente, como la dependencia del financiamiento externo y la falta de reformas profundas en la recaudación tributaria. Aunque Panamá ha sido históricamente reconocido por su capacidad de atraer inversión extranjera y mantener un crecimiento económico sostenido, la incertidumbre generada por esta rebaja aumenta la presión sobre las autoridades para adoptar medidas correctivas que salvaguarden la confianza de los mercados.

La posibilidad de perder el grado de inversión tendría consecuencias devastadoras no solo para las finanzas públicas, sino también para la economía en general. Los costos de endeudamiento se dispararían, limitando la capacidad del Estado para financiar proyectos clave en infraestructura y programas sociales, mientras que el aumento en la percepción de riesgo podría desalentar la inversión extranjera, afectando pilares fundamentales del modelo económico panameño como la logística, el comercio y el sector financiero. Adicionalmente, este deterioro impactaría directamente a la población, incrementando las tasas de interés para consumidores y empresas, encareciendo el acceso al crédito y ralentizando la inversión privada, lo cual exacerbaría las desigualdades y limitaría las oportunidades de desarrollo.

En medio de esta situación, las agencias calificadoras han urgido al gobierno a implementar reformas estructurales que incluyan la contención del gasto público y una administración más eficiente y transparente de los recursos estatales. La inacción ante estas advertencias no solo podría erosionar la confianza de los mercados internacionales, sino también dificultar la recuperación económica en un entorno global ya marcado por múltiples desafíos. Este contexto exige liderazgo político para priorizar iniciativas que generen un impacto real en el desarrollo humano y envíen señales claras de compromiso con la estabilidad fiscal.

Sin embargo, en contraste con la rebaja de S&P, Moody’s ha decidido mantener el grado de inversión de Panamá, aunque con una perspectiva negativa. Este voto de confianza moderado resalta la capacidad del país para cumplir con sus compromisos financieros, pero también advierte sobre un deterioro fiscal más severo del previsto para 2024 y la existencia de obstáculos significativos para una consolidación fiscal efectiva en el corto plazo. La dualidad en las evaluaciones de estas agencias refleja percepciones divergentes sobre la capacidad de Panamá para responder a sus desafíos fiscales: mientras Moody’s reconoce fortalezas como un sistema financiero robusto y su posición estratégica en el comercio internacional, insiste en que estas ventajas serán insuficientes sin reformas profundas para contener el gasto y fortalecer la recaudación.

La advertencia de Moody’s, junto con la rebaja de S&P, no dejan dudas sobre la gravedad del panorama actual. El mantenimiento del grado de inversión por parte de Moody’s debe interpretarse como una señal de alerta temprana y no como un motivo de complacencia, dado que el margen de maniobra para evitar un deterioro adicional se reduce cada día. Panamá enfrenta un momento decisivo en el que las decisiones tomadas determinarán su trayectoria económica en los próximos años. La adopción de una política fiscal disciplinada y responsable no solo preservará el grado de inversión, sino que garantizará un futuro más sostenible e inclusivo para sus ciudadanos.

Donald Trump, tras su regreso al poder, ha propuesto sustituir el impuesto sobre la renta por ingresos provenientes de aranceles aduaneros. Esta idea, expresada en el Club Económico de Chicago, sugiere aumentar un 10% los aranceles sobre todos los productos importados, exceptuando a Canadá y México. En el caso de China, estos podrían oscilar entre un 60% y un 100%. Su objetivo es doble: reducir el déficit comercial de $800 mil millones y financiar recortes fiscales, incluidos los impuestos corporativos y beneficios sociales exentos.

Aunque la propuesta parece disruptiva, tiene precedentes históricos. Durante gran parte del siglo XIX, los aranceles fueron la principal fuente de ingresos para Estados Unidos. En ese periodo, protegían la economía doméstica de las importaciones europeas y financiaban al joven gobierno federal. Sin embargo, con la creación del impuesto sobre la renta en 1913, los aranceles comenzaron a disminuir en relevancia, dando paso a un sistema fiscal más justo y progresivo.

Trump se presenta como un defensor de esta tradición. Según sus argumentos, los aranceles protegen la producción nacional al encarecer los bienes importados, incentivando el consumo de productos estadounidenses. Además, sostiene que no son los consumidores locales quienes pagan estos costos, sino los países exportadores. Esta postura ha generado polémica, ya que numerosos economistas argumentan que, en última instancia, son los ciudadanos quienes enfrentan precios más altos.

Si bien los aranceles han demostrado ser herramientas efectivas en contextos específicos, un aumento generalizado podría tener consecuencias negativas. En un mundo profundamente globalizado, donde las cadenas de suministro son complejas y multinacionales, imponer tarifas generalizadas puede aumentar costos para las empresas que dependen de insumos importados. Esto, a su vez, podría traducirse en precios más altos para los consumidores.

Desde el punto de vista internacional, esta medida podría intensificar las tensiones comerciales, especialmente con China, principal socio comercial de Estados Unidos. Además, el enfoque unilateral de Trump podría debilitar los principios del multilateralismo, esenciales para la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Para países como Panamá, cuyo modelo económico está profundamente vinculado al comercio internacional, estas políticas proteccionistas presentan riesgos y oportunidades. Por un lado, el Canal de Panamá podría experimentar una disminución en los flujos comerciales, especialmente si el costo de las importaciones hacia Estados Unidos aumenta considerablemente. Esto afectaría no solo al tránsito de mercancías, sino también a los ingresos fiscales y al empleo en sectores relacionados con la logística y el transporte.

Por otro lado, estas tensiones podrían motivar a las empresas estadounidenses a buscar alternativas más cercanas para reducir costos, favoreciendo a los países con acuerdos comerciales preferenciales. Panamá, con su estratégica posición geográfica y tratados como el TPC (Tratado de Promoción Comercial), podría atraer inversiones y convertirse en un punto clave para el nearshoring, siempre que ajuste sus políticas para aprovechar esta coyuntura.

Los críticos del plan de Trump argumentan que basar la economía en aranceles como principal fuente fiscal es un modelo regresivo. A diferencia del impuesto sobre la renta, que grava más a quienes tienen mayores ingresos, los aranceles afectan proporcionalmente más a los hogares de ingresos bajos y medianos, que destinan una mayor parte de su presupuesto a bienes de consumo. Además, la Oficina de Presupuesto del Congreso ha estimado que los aranceles generarían solo el 2% del presupuesto federal, insuficiente para sustituir el 49% que aporta actualmente el impuesto sobre la renta.

En términos geopolíticos, esta propuesta podría alterar el equilibrio comercial global, incentivando a otros países a adoptar medidas proteccionistas en respuesta. Esto podría llevar a una contracción en el comercio mundial, afectando tanto a grandes potencias como a economías en desarrollo.

La propuesta de Trump representa un retorno a políticas económicas del pasado, adaptadas a un contexto contemporáneo. Si bien tiene el potencial de revitalizar ciertas industrias estadounidenses y reducir déficits comerciales, sus implicaciones globales son inciertas. Para Panamá, y América Latina en general, el desafío estará en adaptarse a un entorno comercial más proteccionista, buscando capitalizar las oportunidades que surjan mientras mitigan los riesgos inherentes.

En última instancia, esta iniciativa plantea preguntas fundamentales sobre el equilibrio entre soberanía económica y cooperación internacional en un mundo cada vez más interconectado.

El Acuerdo No. 106 de 2 de octubre de 2024, emitido por el Concejo Municipal de San Miguelito, representa un avance fundamental en el control ambiental del distrito, atacando de raíz el problema de la disposición ilegal de desechos sólidos provenientes de otras zonas y que son arrojados irresponsablemente en el área de San Miguelito. La medida es una respuesta directa a los crecientes problemas de salud pública y medioambientales que se intensifican en la región, especialmente en zonas urbanas vulnerables. Las inundaciones, causadas en gran parte por la acumulación de escombros y basura en canales y cauces naturales, han exacerbado las condiciones de riesgo y han afectado gravemente a la comunidad. Este acuerdo busca mitigar estos efectos a través de sanciones, regulaciones específicas y un enfoque educativo a largo plazo.

Los antecedentes de esta normativa reflejan una serie de intentos previos del municipio por mantener el orden ambiental y la limpieza en sus territorios, aunque los resultados han sido insuficientes. Desde el Acuerdo No. 77 de 2015, que introdujo regulaciones iniciales sobre la disposición de desechos y el abandono de chatarra, y su posterior actualización en 2024 con el Acuerdo No. 74, las autoridades han buscado proteger el entorno del distrito y mejorar la calidad de vida de los residentes. Sin embargo, estas disposiciones se concentraban en las prácticas de los habitantes del distrito y no abordaban explícitamente el problema de la basura que llega desde otros lugares. De ahí surge el Acuerdo No. 106, que amplía el marco regulatorio e introduce sanciones específicas para las personas y empresas que transportan y arrojan desechos de otras áreas dentro de San Miguelito.

Uno de los aspectos centrales del acuerdo es la asignación de competencias al Juez de Aseo del distrito, quien ahora podrá llevar procesos administrativos en casos de disposición ilegal de basura. Las sanciones estipuladas oscilan entre mil y cinco mil balboas para quienes infrinjan esta norma, pero pueden llegar hasta los diez mil balboas si se demuestra que la actividad de transporte y disposición de desechos se realiza con fines comerciales. Este castigo severo tiene la intención de disuadir a los infractores y, al mismo tiempo, establecer un precedente claro de que las prácticas de disposición irresponsable no serán toleradas. Además, la ley obliga a los infractores a retirar los desechos arrojados, promoviendo así una corrección inmediata del daño causado.

El respaldo jurídico de este acuerdo se basa en varias leyes panameñas que ya ofrecen una estructura regulatoria para el tratamiento de residuos y sanciones por incumplimientos ambientales. En particular, el artículo 402 del Código Penal establece penas por la manipulación indebida de desechos sin autorización; la Ley 41 de 1998, conocida como la Ley General del Ambiente, sostiene que toda actividad que ponga en riesgo la salud humana o el medio ambiente debe ser castigada; y la Ley de Justicia Comunitaria de Paz de 2016 asigna a los Jueces de Paz la autoridad de manejar las infracciones municipales. Estos marcos legales no solo refuerzan la legitimidad del acuerdo, sino que también facilitan su aplicación y aseguran que exista una estructura adecuada para el procesamiento de los casos.

El Acuerdo No. 106 proyecta sus efectos a futuro con una intención clara de cambiar la relación de los ciudadanos con el manejo de residuos. Una de las estrategias más innovadoras incluidas en el documento es la destinación de los fondos recaudados por las multas a programas educativos en escuelas primarias. Este plan busca inculcar en las nuevas generaciones un sentido de responsabilidad y respeto hacia el medio ambiente desde temprana edad, incentivando así una cultura de cuidado y protección del entorno en el distrito de San Miguelito. Se espera que, al integrarse en el sistema educativo, estos programas fortalezcan el compromiso ambiental de los jóvenes y aseguren un cambio cultural sostenible que se mantenga en el tiempo.

En definitiva, el Acuerdo No. 106 de 2 de octubre de 2024 refleja una política pública ambiental comprometida con el desarrollo sostenible y la calidad de vida de los ciudadanos de San Miguelito. Con un enfoque integral que combina sanciones económicas, corrección inmediata del daño, competencias jurisdiccionales y educación ambiental, este acuerdo no solo responde a las necesidades actuales de la comunidad, sino que establece un precedente importante para futuras normativas de gestión de residuos en Panamá. La visión del Concejo Municipal es clara: proteger el entorno de San Miguelito, preservar sus recursos y fomentar un cambio de mentalidad en la ciudadanía, para que la gestión responsable de desechos se convierta en un pilar de la identidad y el bienestar de este distrito.

Desde el inicio, el caso entre The Coca-Cola Company (TCCC) y el IRS ha girado en torno a cómo la empresa multinacional gestionaba sus impuestos sobre los ingresos generados por sus subsidiarias extranjeras bajo las normas de precios de transferencia. Estos precios internos regulan cuánto debe pagar en impuestos una empresa que opera en distintos países, distribuyendo sus ingresos entre sus subsidiarias internacionales y su sede central en Estados Unidos.

En 2015, el IRS realizó una auditoría a Coca-Cola y determinó que la compañía no estaba cumpliendo correctamente con sus obligaciones fiscales en EE.UU., señalando que utilizaba un método de precios de transferencia que subestimaba los ingresos de su sede en EE.UU. y favorecía a las subsidiarias en otros países. Según el IRS, esta práctica permitía a Coca-Cola declarar menores ingresos en Estados Unidos y transferir más ingresos a países con impuestos más bajos. Debido a este ajuste, el IRS reclamaba un pago adicional de aproximadamente 3,300 millones de dólares en impuestos.

El conflicto surge en torno a los métodos específicos de precios de transferencia. El IRS sostiene que Coca-Cola debería haber usado el Comparable Profits Method (CPM), o método de beneficios comparables, el cual se basa en comparar la rentabilidad de las subsidiarias de Coca-Cola con la de empresas similares e independientes en circunstancias comparables. Este método tiene como objetivo garantizar que las subsidiarias de una multinacional, en este caso las de Coca-Cola en países como México y Brasil, no estén generando ingresos desproporcionados en comparación con las funciones que desempeñan y los riesgos que asumen. El IRS argumentó que los beneficios registrados en estos países eran desproporcionadamente altos para el nivel de actividad real que realizaban las subsidiarias. Estas subsidiarias mayormente se encargaban de la producción y distribución de concentrado de Coca-Cola, pero no llevaban a cabo las actividades clave de creación de valor, como el desarrollo de la marca y la gestión de derechos de propiedad intelectual, los cuales eran controlados desde la sede en Estados Unidos. Por lo tanto, el IRS consideraba que los ingresos generados por estas subsidiarias no reflejaban su verdadera contribución al negocio de Coca-Cola, sino que estaban inflados en función de una metodología de precios que beneficiaba las operaciones fuera de EE.UU.

Coca-Cola, en cambio, defendía que el método correcto para calcular los ingresos era el de Participación de Utilidades, el cual se basa en distribuir los beneficios generados entre la sede y sus subsidiarias, tomando en cuenta la contribución de cada parte en la generación de ingresos. Según Coca-Cola, sus subsidiarias en otros países realizaban funciones importantes de producción y distribución que justificaban una parte considerable de los ingresos, por lo que este método distribuía los beneficios de manera equitativa. Además, Coca-Cola argumentaba que su uso de este método se basaba en un acuerdo con el propio IRS que data de la década de los 90, en el cual se había establecido un enfoque de precios de transferencia específico. La empresa alegaba que, tras seguir fielmente este método durante años, el IRS no podía cambiar repentinamente su interpretación sin presentar una razón justificada o una modificación en la normativa.

El caso fue llevado al Tribunal Fiscal de Estados Unidos en 2020. En su fallo, el tribunal respaldó la posición del IRS, considerando que la agencia tributaria tenía derecho a cambiar su interpretación de los precios de transferencia y aplicar un método diferente al establecido previamente. El tribunal razonó que los acuerdos de precios de transferencia podían ser revisados si las circunstancias comerciales y de mercado habían evolucionado, y que el método CPM distribuía mejor los beneficios entre la sede en EE.UU. y las subsidiarias extranjeras de Coca-Cola, dado que la mayor parte del valor de la empresa residía en su marca, cuyo valor originaba en Estados Unidos. De acuerdo con el tribunal, los ingresos de Coca-Cola debían reflejarse en EE.UU. en función de la importancia de los activos subyacentes, como su marca, y las funciones de la sede central. Con base en esto, se respaldó el ajuste fiscal de 3,300 millones de dólares.

A pesar de este fallo, Coca-Cola decidió apelar, argumentando que el Tribunal Fiscal había ignorado el acuerdo previo con el IRS y que el cambio de método no era justificado. La apelación continúa en instancias superiores, y su resultado podría tener un impacto considerable en otras multinacionales, ya que podría establecer un precedente que permitiría al IRS revisar y ajustar retroactivamente los acuerdos de precios de transferencia con las empresas si considera que ya no reflejan la realidad económica. Una derrota de Coca-Cola podría implicar revisiones fiscales más rigurosas y una mayor exposición fiscal para otras multinacionales que operan con acuerdos de precios de transferencia.

La Real Academia de las Ciencias de Suecia ha decido que para el 2024 los profesores John J. Hopfield y Geoffrey E. Hinton serían los ganadores del Premio Nobel de Física debido a sus magníficos aportes para el entrenamiento de las redes neuronales artificiales. A raíz de esta noticia ha surgido una incógnita en el pensamiento colectivo, ¿por qué avances en la Inteligencia Artificial deben llevarse un premio que supone un galardón al crecimiento y desarrollo de la física, y para las personas que dedican su vida a descifrar la misma?

Ellen Moons, presidenta del Comité Nobel de Física, afirma que “El trabajo de los galardonados ha sido de gran utilidad. En física, utilizamos redes neuronales artificiales en una amplia gama de áreas, como por ejemplo en el desarrollo de los nuevos materiales con propiedades específicas”. Además, la Academia dice que Hopfield y Hinton han utilizado la física para poder entrenar las redes neuronales artificiales. Pero, ¿cómo es esto?

Para poder explicar de una manera sencilla de lo que se está hablando hágase una pregunta: ¿cómo diferencia un cuaderno de una libreta? Inicialmente puede que no encuentre una respuesta a esta incógnita, pero seguramente al ver ambos objetos puede diferenciar uno del otro. Esto es porque el cerebro humano cuenta con una red de trillones de neuronas que han sido entrenadas desde nuestro nacimiento en base a la experiencia, intuición, cultura y demás aspectos que nos hacen ser quienes somos.

Las redes neuronales artificiales simulan este concepto, pero al ser ejecutadas por máquinas que se basan en un modelo de entrada y salida, un modelo que sigue un procedimiento específico y que no cuenta con la flexibilidad e interconexión del cerebro humano, por mucho tiempo no pudo funcionar de la manera en que realmente se quiso, y aquí es donde entran Hopfield y Geoffrey.

John Hopfiel creó una red que utilizaba un método para guardar y recrear patrones, el cual se basaba en la física que describe las características de un material debido a su espín atómico, que no es más que una propiedad de todas las partículas donde los átomos actúan como imanes. Al introducir una imagen distorsionada o incompleta, esta red analizaba cada pixel y actualizaba sus valores para rehacerlas en base a una imagen anteriormente guardada y que se pareciera a la distorsionada que inicialmente se introdujo.

Luego, Geoffrey Hinton toma esta red y mediante un nuevo método crea un proceso capaz de aprender a reconocer elementos característicos de un tipo determinado de datos, la cual debe alimentarse con ejemplos y que ejecuta un proceso de autoaprendizaje en base a las ejecuciones previas para aumentar la red de reconocimiento de patrones. Esto utiliza conceptos de la física estadística donde los sistemas se construyen a partir de componentes similares.

Ambos profesores han utilizado herramientas de la física para establecer lo que es la base del machine learning actual, y lo cual ha dado paso a una transformación masiva en cuanto a la Inteligencia Artificial y cómo afecta, tanto de manera positiva como negativa, la cotidianidad de las personas y profesionales. Sin embargo, ¿es suficiente estos aportes, que, si bien han sido en gran manera de beneficio para nuestro avance, para reconocerlos como los ganadores del Premio Nobel de Física? Como todo en la vida hay opiniones cruzadas sin conciliación media, pero al fin de cuentas el premio ya fue otorgado.

El Acuerdo No. 79 del 6 de agosto de 2024, que establece una alianza entre el Municipio de San Miguelito y el Registro Público, marca un punto clave en la transformación administrativa del distrito. La principal innovación de este acuerdo radica en la implementación de la firma electrónica certificada y la emisión digital de certificados de propiedad, herramientas que modernizan los procesos legales y administrativos. Este esfuerzo, liderado por la alcaldesa Irma Hernández, refleja el compromiso de su gestión con la eficiencia y la mejora en el servicio a los ciudadanos.

San Miguelito, siendo uno de los distritos más grandes y densamente poblados de Panamá, ha sufrido históricamente de una gestión burocrática lenta y, en ocasiones, ineficaz. En este contexto, el convenio busca ofrecer una solución tangible a los problemas de trámites y atención, particularmente en lo que respecta a la documentación oficial. La adopción de la firma electrónica permitirá que muchos procesos se realicen de manera remota, eliminando la necesidad de que los ciudadanos se desplacen físicamente a las oficinas municipales.

La situación actual de San Miguelito, con una creciente demanda por servicios más ágiles, ha impulsado a la nueva administración a tomar medidas concretas para reducir la burocracia. La administración digital es un componente esencial de esta reforma. Este convenio representa un avance significativo al posibilitar que los certificados de propiedad sean emitidos de manera rápida y segura, ahorrando tiempo a los ciudadanos y garantizando que los procesos administrativos se desarrollen sin contratiempos. Esto es especialmente importante en un distrito donde el crecimiento poblacional y urbano genera una mayor necesidad de trámites relacionados con la propiedad.

La colaboración con el Registro Público también ofrece un beneficio institucional al municipio, dado que esta entidad es responsable de resguardar la autenticidad de documentos y títulos que otorgan seguridad jurídica sobre la propiedad privada. La digitalización no solo agiliza los trámites para los usuarios, sino que garantiza una mayor seguridad y control sobre la información registrada. Este convenio facilita el acceso rápido a los registros, lo que mejora la transparencia y la confianza en el sistema.

Otro aspecto relevante es el programa de capacitación y asistencia técnica contemplado en el acuerdo. No se trata únicamente de implementar una nueva tecnología, sino de asegurar que los funcionarios municipales estén preparados para utilizarla de manera eficiente. Este componente es esencial para que la transición hacia una administración digital sea exitosa y no quede limitada a un cambio superficial. Con el apoyo técnico del Registro Público, se garantizará que el personal del municipio esté debidamente capacitado en el manejo de archivos digitales y en el uso de la firma electrónica certificada.

El liderazgo de la alcaldesa Irma Hernández se pone a prueba con este convenio, ya que su gestión se ha comprometido a mejorar los servicios municipales y responder de manera eficiente a las necesidades de la población. Este acuerdo es uno de los primeros pasos visibles en esa dirección, con el potencial de transformar significativamente la interacción entre el gobierno local y los ciudadanos. Al reducir los tiempos de respuesta y eliminar barreras burocráticas, la alcaldesa apuesta por una gobernabilidad moderna que favorezca el desarrollo económico y social del distrito.

A futuro, este acuerdo no solo beneficia al municipio y a sus habitantes en el corto plazo, sino que abre la puerta a aspiraciones más amplias. La implementación de herramientas digitales en la gestión pública podría ser el punto de partida para una reestructuración más amplia de los servicios municipales. Desde la digitalización de otros trámites hasta la creación de plataformas en línea que permitan a los ciudadanos acceder a servicios adicionales, las posibilidades son numerosas. Además, al promover una mayor eficiencia, este convenio también podría atraer inversiones y fomentar el desarrollo de nuevas infraestructuras en el distrito. El impacto de esta alianza entre el Municipio de San Miguelito y el Registro Público, bajo el liderazgo de Irma Hernández, tiene un alcance significativo. En un distrito que enfrenta desafíos demográficos y económicos, la modernización administrativa no es solo una necesidad, sino una herramienta esencial para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La alcaldesa ha hecho una apuesta estratégica al adoptar soluciones tecnológicas que no solo mejorarán la eficiencia del municipio, sino que también permitirán a San Miguelito colocarse a la vanguardia de la innovación administrativa en el país.

El pasado domingo 28 de julio, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en la República Bolivariana de Venezuela, las cuales estuvieron marcadas por graves irregularidades. El proceso, ampliamente cuestionado a nivel nacional como internacional, ha sido rechazado por varios países de la región debido a la falta de transparencia. El resultado ha generado un profundo descontento entre los venezolanos, tanto residentes en el país como aquellos en el extranjero, quienes se sienten indignados por el bloqueo en el proceso democrático.

Ante esta situación, Panamá, bajo la administración del recién electo presidente José Raúl Mulino, expresó su desacuerdo con el resultado electoral. El 29 de julio, el gobierno panameño decidió retirar a todo su personal diplomático de Venezuela y suspender indefinidamente las relaciones bilaterales.

Este rompimiento ha afectado gravemente a los venezolanos en Panamá, quienes dependen de los servicios consulares para gestionar trámites como la renovación de pasaportes y documentación relacionada con viajes. Con la paralización de estos servicios, muchos pasaportes han vencido, dejando a sus titulares en una situación migratoria irregular. Esto ha bloqueado su capacidad para realizar trámites esenciales como la solicitud de permisos de trabajo, renovación de licencias de conducir, trámites fiscales, matriculación escolar de hijos, y otras gestiones necesarias para su vida cotidiana en Panamá.

En respuesta a esta problemática, el Presidente de la República de Panamá, mediante Decreto Ejecutivo No. 188 del 3 de octubre de 2024, ha dispuesto que, a partir del 4 de octubre y durante los siguientes seis meses, todas las entidades públicas y empresas privadas deberán aceptar pasaportes vencidos de ciudadanos venezolanos como documentos válidos de identificación. Se considerarán válidos aquellos pasaportes que hayan expirado a partir del 1 de septiembre de 2023, y con ellos se podrán realizar trámites migratorios, laborales, fiscales, educativos, comerciales, y la obtención o renovación de licencias de conducir.

En la Gaceta Oficial del 9 de septiembre, la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas publicó la Resolución No. 201-5687 de fecha 26 de agosto de 2024.

Mediante esta resolución, la Dirección General de Ingresos oficializa la inclusión de 31 profesionales en el Banco de Datos de Peritos de la Dirección General de Ingresos, quienes están autorizados para realizar pruebas periciales en procedimientos tributarios.

Este proceso de selección comenzó el 16 de enero del presente año, y la DGI ha confirmado que estos profesionales cumplen plenamente con el perfil requerido para formar parte del mencionado banco de datos.

A continuación, se presenta la lista de profesionales con sus datos correspondientes:

Desde el inicio de la transición de gobierno, tras las elecciones del pasado 1 de julio, el Alcalde Electo Mayer Mizrachi y su Vicealcalde, Roberto Ruíz, han expuesto públicamente el estado financiero en que recibieron las arcas de la Alcaldía de Panamá. Han denunciado presupuestos inflados, planillas abultadas y otras irregularidades, destacando principalmente las deudas insostenibles que enfrenta la municipalidad. Ante esta situación, han implementado medidas de austeridad con el objetivo de recuperar la estabilidad financiera del municipio y seguir trabajando para que «Panamá Brille».

Las restricciones económicas han afectado la gestión de proyectos y la prestación de servicios esenciales a los ciudadanos. En respuesta a esta situación, el Concejo Municipal de Panamá ha aprobado un periodo de moratoria para el pago de impuestos municipales, vigente desde el 16 de septiembre hasta el 16 de octubre de 2024. Esta medida exonera el 100% de los recargos e intereses en impuestos de negocios y el 50% en multas por no presentar la declaración jurada. Para acceder a este beneficio, los contribuyentes deben cancelar la totalidad de su deuda acumulada hasta la fecha, incluido el mes corriente.

Además, la exoneración de recargos e intereses también se aplica a los arreglos de pago vigentes y a los expedientes en la jurisdicción coactiva, siempre que se cancele la totalidad de las cuotas pendientes o el monto adeudado. Los contribuyentes deben presentar, de manera presencial, todas las declaraciones juradas pendientes en las oficinas de Servicio al Contribuyente del Edificio Hatillo, aunque también pueden realizar los trámites digitalmente en el sitio web de la Alcaldía, donde se aceptan pagos con tarjetas Visa, MasterCard, Clave o a través del sistema de banca en línea.

Cabe destacar que esta moratoria no aplica para deudas relacionadas con impuestos de vehículos, obras y construcciones, publicidad, otras multas, ni para nuevos arreglos de pago. La Alcaldía ha tomado esta medida como parte de sus esfuerzos para recaudar los fondos necesarios para el desarrollo y mantenimiento de la ciudad, ofreciendo a los contribuyentes la oportunidad de regularizar su situación fiscal, lo que permitirá asegurar el ingreso de recursos esenciales para continuar brindando servicios de calidad a la comunidad.

La gestión entrante también ha descubierto que, en el periodo anterior, el presupuesto municipal había sido inflado en más de 100 millones de dólares, y que la capacidad real de recaudación de las arcas municipales rondaría solo los 220 millones de dólares para finales de año, muy por debajo de las expectativas iniciales de un municipio financieramente sólido. Además, se han identificado deudas significativas que superan los 150 millones de dólares, lo cual compromete aún más la situación financiera del municipio y pone de relieve una gestión previa deficiente y una falta de transparencia.

Uno de los aspectos más críticos señalados por la nueva administración es el aumento desmedido de la planilla municipal. Desde 2019, bajo la gestión de José Luis Fábrega, el número de empleados pasó de 3,564 a 6,380 en mayo de 2024, lo que representa un crecimiento del 79% en comparación con un incremento del 10% durante la gestión de José Isabel Blandón (2014-2019). Esta expansión ha generado cuestionamientos sobre la eficiencia en el uso de los recursos públicos, especialmente ante la persistente percepción de deficiencias en la prestación de servicios básicos como el mantenimiento de parques y la gestión de trámites administrativos.

Ante este panorama, el Alcalde Mayer Mizrachi ha manifestado su compromiso de implementar recortes y medidas de austeridad para reducir la nómina y recuperar la estabilidad financiera del municipio. Asimismo, se ha comprometido a buscar nuevas fuentes de ingresos para mejorar la liquidez y asegurar el sostenimiento de los servicios esenciales que la Alcaldía brinda a los ciudadanos.

Aunque la implementación de una moratoria fiscal por parte de la Alcaldía de Panamá representa un esfuerzo positivo para aliviar la carga financiera de los contribuyentes, el plazo de un mes resulta insuficiente para muchos ciudadanos que no tenían prevista esta oportunidad de regularización. Un periodo mínimo de dos meses sería más adecuado, permitiendo una mejor planificación y cumplimiento por parte de los contribuyentes. Además, sería beneficioso extender los horarios de atención, incluyendo los días sábados, para facilitar el acceso a los servicios municipales.

Por otro lado, es crucial que los funcionarios municipales reciban entrenamiento adecuado para mejorar su trato hacia los ciudadanos, promoviendo una cultura de servicio más amable y eficiente. Sería valioso que el propio Alcalde supervise las oficinas de cobro y utilice sus redes sociales para fomentar la participación de los contribuyentes. Asimismo, esta iniciativa no debería limitarse únicamente al Municipio de Panamá; su promoción en otros municipios podría generar un impacto más amplio y positivo en la economía local y en la relación entre las autoridades y los ciudadanos.