¿Es realmente efectivo el proyecto de Ley No. 52, que establece el uso obligatorio de Sillas de Retención Infantil (SRI)?

Seguridad vial niños

El pasado 26 de marzo de 2025, la Asamblea Nacional de Panamá aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley No. 52, que establece el uso obligatorio de sillas de retención infantil (SRI) en vehículos particulares. Esta ley busca proteger a los menores de 135 cm de estatura (aproximadamente 12 años) durante su transporte en automóviles, reduciendo así las lesiones y muertes en accidentes viales. La iniciativa ahora se dirige al Órgano Ejecutivo para su sanción final.

Puntos claves sobre el proyecto de ley:

A. Proceso Legislativo y Participación
La Comisión de Comunicación y Transporte, aprobó una subcomisión técnica para revisar el proyecto con participación de distintos profesionales en la materia como:
• Representantes de la ATTT, Policía Nacional y la Autoridad de Aduanas.
• Organizaciones civiles: Fundación Educación Vial, Fundación Reconocer y CAIPI Bethel Garden, entre otras.
• Empresarios del sector de importación y venta de sillas de retención infantil.

B. Investigaciones y Referencias Internacionales
El proyecto se fundamentó en investigaciones y normativas internacionales que demuestran la eficacia de las SRI:

  1. Organización Mundial de la Salud (OMS): Destacó que el uso correcto de estas sillas reduce hasta un 70% las muertes infantiles y un 80% las lesiones graves en accidentes.
  2. Experiencias regionales:
    Varios países de la región han implementado con éxito legislaciones sobre el uso obligatorio de sistemas de retención infantil, demostrando resultados significativos en la reducción de víctimas infantiles en accidentes de tránsito.

    Costa Rica
    Desde la entrada en vigor de la Ley de Tránsito No. 9078 en 2012, los menores de 12 años o con una estatura menor a 1.45 metros deben viajar en sillas especiales, siguiendo estándares internacionales como UNECE R44/04 e i-Size (R129). Resultando:
    • 23% menos muertes infantiles en accidentes viales.
    • 31% menos lesiones graves en niños.

    Colombia
    El Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002, Art. 82) establece que los menores de 10 años deben viajar en sistemas de retención infantil, alineándose con las recomendaciones de la OMS y la OPS. Resultando:
    • 28% de reducción en la mortalidad infantil por siniestros viales.
    • 35% menos lesiones graves en menores.

Los datos nacionales fueron clave para justificar la urgencia de la ley:

Según la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), en 2022 hubo un total de 13,917 heridos y 252 muertos en accidentes viales, con un porcentaje significativo de víctimas infantiles. Proyecciones hasta 2030 indicaban un aumento en infracciones relacionadas con la falta de medidas de seguridad para menores.

El proyecto busca revertir estas cifras mediante:

  • Educación: Campañas de sensibilización y capacitación en escuelas de manejo.
  • Sanciones progresivas: Multas desde B/.100 hasta B/.500 y suspensión de licencia para reincidentes.
  • Exclusiones claras: Taxis, vehículos escolares y de emergencia quedan exentos por razones prácticas.

Sin embargo, ¿Será realmente efectiva la sanción de este proyecto de ley?
La efectividad de esta ley dependerá de tres factores clave: fiscalización rigurosa, educación continua y ajustes técnicos basados en datos. Si bien el proyecto panameño es un avance importante, al compararlo con regulaciones más detalladas como la canadiense, se evidencian oportunidades para fortalecerlo. Aquí un ejemplo de como se organiza esta regulación:

La aprobación de este proyecto de ley representa un avance en la seguridad vial de Panamá, aunque aún requiere mayor precisión en especificaciones técnicas como rangos de peso/altura por etapa y sistemas de anclaje obligatorios para optimizar su efectividad; su verdadero impacto dependerá de una implementación rigurosa que combine fiscalización constante, educación vial accesible y actualizaciones periódicas basadas en datos, pues si bien marca un hito al priorizar la protección de menores en vehículos, el camino hacia una regulación verdaderamente robusta exige seguir fortaleciendo estos marcos normativos con mejores herramientas técnicas y operativas.




¿Qué es el Abanderamiento de buques para Panamá?

Abanderamiento de buques

Panamá mantiene una de las posiciones geográficas más estratégicas a nivel marítimo, lo que lo convierte en un punto clave para el comercio internacional. Una de nuestras instituciones nacionales, el Canal de Panamá, desempeña un papel fundamental en las rutas comerciales marítimas a nivel mundial.

Gracias a esta ventaja estratégica, el comercio marítimo es un pilar esencial para la economía nacional. La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) es la entidad encargada de regular todo lo relacionado con el país como HUB marítimo, incluyendo una de sus actividades más relevantes: el abanderamiento de buques.

La Ley 57 del 6 de agosto de 2008, en su primer artículo, define el abanderamiento de buques como:

«La inscripción o registro de una nave, es el acto jurídico mediante el cual la República de Panamá admite dicha nave como parte de la Marina Mercante Nacional y le permite enarbolar su pabellón nacional, a solicitud de su propietario, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la presente ley.

Todo buque inscrito en la Marina Mercante Nacional está sujeto al cumplimiento de la legislación panameña, sin importar el lugar en el que se encuentre. «

Este procedimiento, aunque parece sencillo, es de gran interés a nivel internacional debido a los diversos beneficios que ofrece. Entre ellos destacan:

  • Marco legal sólido: Panamá cuenta con normas claras que protegen los derechos de los propietarios de los buques.
  • Sistema de registro accesible: El proceso de inscripción es sencillo y comprensible. Para registrar un buque internacionalmente, es obligatorio hacerlo a través de un apoderado legal.
  • Beneficios fiscales y costos competitivos: Los buques abanderados en Panamá disfrutan de tasas de registro y aranceles relativamente bajos en comparación con otros países.

Gracias a estas atractivas ventajas, Panamá se ha consolidado como líder en el abanderamiento de buques a nivel internacional. Actualmente, hay 8,806 buques registrados en la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), lo que representa aproximadamente el 16% de la flota mundial.

En 2024, el abanderamiento de buques generó 112 millones de balboas (B/.) en ingresos anuales para el Tesoro Nacional.

Por lo tanto, una reducción significativa o incluso la desaparición de esta actividad representaría un impacto grave en los ingresos nacionales, afectando directamente la economía del país. La disminución de estos ingresos podría repercutir en sectores clave como infraestructura, educación y salud, ya que se vería comprometida una fuente importante de financiamiento para el Estado panameño.

Es importante tener conocimiento sobre este tema porque el abanderamiento de buques no solo es una actividad comercial clave, sino también una fuente de ingresos significativa para Panamá.

Fuentes:




Asamblea aprueba en segundo debate el proyecto de ley de la Caja del Seguro Social

Es de conocimiento general que la Caja de Seguro Social (CSS) desempeña un papel fundamental en la sociedad panameña. No obstante, a lo largo de los años, diversos problemas principalmente, financieros y administrativos, han comprometido su funcionamiento, generando preocupaciones sobre su capacidad para cumplir con su misión.

Ante esta situación, la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social ha presentado un proyecto de ley que busca, entre otros objetivos, mejorar el funcionamiento de la CSS y garantizar que la entidad estatal cumpla con su mandato constitucional. Sin embargo, para que estas reformas se materialicen, es necesario seguir el debido proceso legislativo, asegurando que las propuestas sean debatidas, evaluadas y aprobadas conforme a la normativa vigente.

Proceso de Debate del Proyecto de Ley 163

Mediante la Resolución N°1 del 8 de noviembre de 2024, se estableció la metodología para debatir la propuesta de ley. Esta se dividió en dos etapas: la primera consistió en una consulta ciudadana, y la segunda se llevó a cabo en distintas provincias con el objetivo de alcanzar una mayor cobertura nacional.

En el acta de la propuesta de ley se detalla el desarrollo de ambas etapas, así como la fecha y el procedimiento del primer debate. Dicho debate inició el 23 de diciembre de 2024 con la lectura del proyecto y la adaptación de la metodología en cuatro bloques, los cuales abarcan la totalidad del contenido de la ley. Se acordó, además, una vez realizada la votación del último bloque, se llevaría a cabo una última revisión para evitar contradicciones internas.

Cabe resaltar que en el acta también se encuentran registradas las propuestas presentadas por cada comisionado.

Primer Debate

En el tercer punto del acta se mencionan las modificaciones realizadas en este primer debate. Entre los cambios más relevantes, se destacan los siguientes:

  • Artículo 12 (modifica el artículo 17 de la ley vigente): Se implementan nuevos sistemas tecnológicos en las entidades estatales, destacando la importancia de estas mejoras para la eficiencia en la gestión de trámites. En particular, la Caja de Seguro Social (CSS), al ser una de las instituciones más concurridas y con mayor urgencia para los ciudadanos, se beneficiará de estas innovaciones al agilizar procesos y mejorar la eficiencia administrativa.
  • Artículo 29 (modifica el artículo 41 de la ley vigente): Se introducen cambios en las facultades del Director y Subdirector, estableciendo la obligación de presentar un informe anual que incluya, entre otros aspectos, informes financieros auditados y el último informe actuarial. Este ajuste busca fortalecer la transparencia en la administración de la CSS.

Segundo Debate

El segundo debate inició el 17 de febrero del presente año y se adoptó la metodología de revisión del proyecto en tres bloques:

  1. Del artículo 2 al 50: Se abordaron temas relacionados con la naturaleza de la institución, normas de gobernanza, órganos de gobierno, funcionarios y asegurados.
  2. Del artículo 51 al 112: Se discutieron asuntos financieros, económicos y prestaciones de salud.
  3. Del artículo 113 hasta el final del proyecto de ley, incluyendo el artículo primero (glosario): se discuten medidas como la instauración del Fondo Único Solidario, así como la implementación de la pensión básica universal, la pensión por invalidez, la pensión para viudez y la pensión de retiro por vejez.

Durante el debate, se estableció que cada diputado tendría 30 minutos de intervención, con la posibilidad de contar con 30 minutos adicionales por cada bloque. La votación de cada bloque se realizaría una vez finalizada la discusión correspondiente.

El primer bloque concluyó el 19 de febrero y el segundo el 21 del mismo mes. El período de presentación de propuestas culminó el 6 de marzo. Sin embargo, la H.D. Arianna Coba presentó una solicitud de apelación para extender dicho período, argumentando que aún quedaban propuestas de gran relevancia para el futuro de la CSS. La solicitud fue aprobada y el 7 de marzo se presentaron 34 propuestas adicionales, sumando un total de aproximadamente 368 propuestas. Cabe mencionar que este último bloque del proyecto incluye los artículos desde el 113 hasta el final, pero varios diputados han presentado más de 180 propuestas de modificaciones a artículos discutidos en los bloques previos.

Ayer, 10 de marzo, estas propuestas fueron evaluadas y sometidas a votación. Una vez finalizada la votación y aprobado el proyecto por la mayoría del total de los diputados del pleno de la asamblea, el Proyecto de Ley 163 pasó al tercer debate.

Tercer Debate

En esta fase ya no se aceptarán nuevas propuestas y el proyecto será sometido a votación final por la mayoría de los diputados presentes. Es importante destacar que, según la constitución, cada votación debe realizarse en días diferentes. Por lo tanto, con el segundo debate aprobado, se debe esperar al día siguiente para abrir el tercer debate y concluir el proceso legislativo.

Sanción del proyecto de ley

Una vez aprobado, el proyecto de ley pasará al Ejecutivo, que tendrá un plazo de 30 días hábiles para objetarlo. Si transcurrido este período no se presentan objeciones, el proyecto deberá ser sancionado y promulgado como ley.

En caso de que el Ejecutivo objete el proyecto, este será devuelto a la Asamblea Nacional para su revisión en el tercer debate. Si es necesario, el proyecto podrá regresar al segundo debate únicamente para considerar las objeciones planteadas.

Si la Asamblea Nacional reconsidera las objeciones y aprueba el proyecto con el voto favorable de dos tercios de sus diputados, el Ejecutivo estará obligado a sancionarlo y promulgarlo sin posibilidad de presentar nuevas objeciones. En caso contrario, si el proyecto no obtiene el respaldo de dos tercios del Pleno, quedará rechazado.

Si el Ejecutivo considera que el proyecto es inexequible y la Asamblea Nacional, con la mayoría requerida, insiste en su adopción, este será remitido a la Corte Suprema de Justicia para que decida sobre su constitucionalidad. Si la Corte falla a favor de la constitucionalidad del proyecto, el Ejecutivo deberá sancionarlo y proceder con su promulgación.

Una vez sancionado, se abrirá un plazo de seis días hábiles para su promulgación.

Bibliografía:

Preview – Asamblea de Panamá. (s. f.). https://www.asamblea.gob.pa/Noticias/Actualidad

Tello, N. (2025, 5 febrero). Aprueban en primer debate el tercer bloque de reformas a CSS – CSS Noticiashttps://prensa.css.gob.pa/2025/02/05/aprueban-en-primer-debate-el-tercer-bloque-de-reformas-a-css/

https://www.asamblea.gob.pa/Uploads/GestorFiles/Reglamento_Organico_del_Regimen_Interno.pdf?Menu-Type=NavBar



Realidades de la Franja Canalera

franja Canalera

El pasado 26 de febrero, de 9 a.m. a 12 p.m., en el emblemático Teatro Nacional, se llevó a cabo el foro Realidades de la Franja Canalera, un espacio de análisis y reflexión sobre la administración, historia y futuro del Canal de Panamá. El evento moderado José María Torrijos, contó con la participación de figuras clave en la gestión y negociación del canal, siendo estos:

  • Adolfo Ahumada, miembro del equipo negociador de los Tratados Torrijos-Carter, destacó el papel de Jimmy Carter en la recuperación de la soberanía panameña.
  • Jorge Eduardo Ritter, exministro de Asuntos del Canal, aportó su conocimiento en derecho constitucional y relaciones internacionales.
  • Arístides Royo, expresidente de Panamá y negociador de los tratados de 1977, ofreció una perspectiva histórica sobre la evolución del canal.
  • Ilya Marotta, actual subadministradora del canal y la primera mujer en ocupar este cargo, abordó los desafíos técnicos y estratégicos en la gestión de la vía interoceánica.

El foro abordó temas como la importancia del tratado de neutralidad, las tensiones en torno a la soberanía y la administración del canal, el impacto de la expansión de 2016 y los retos de sostenibilidad y competitividad en el comercio global. La discusión permitió analizar cómo el canal ha sido clave para el desarrollo de Panamá y su posicionamiento como un actor estratégico en la economía mundial.

  1. Contexto Histórico y Negociaciones

Durante el periodo de negociaciones en tiempos de Torrijos, se enfrentaron posturas encontradas que marcaron un antes y un después en la historia del Canal de Panamá.

Uno de los puntos centrales discutidos en el foro, fue la controversia sobre la permanencia de las fuerzas militares estadounidenses en territorio panameño tras la intervención. Adolfo Ahumada explicó, como muchos panameños se opusieron rotundamente a que, una vez firmado el tratado, se permitiera la permanencia de estas tropas, interpretándolo como una intromisión que comprometía la soberanía nacional.

El tratado de neutralidad se planteó como un pilar fundamental para la regulación del Canal, garantizando que este permaneciera abierto y operativo sin injerencia externa. Se discutió en profundidad la cláusula que, en teoría, permitía la intervención de Estados Unidos en caso de que el canal se viera amenazado. Sin embargo, los panameños defendían que la neutralidad implicaba que, ante cualquier amenaza, ambas naciones deberían cooperar para restablecer el funcionamiento normal del canal, sin que ello se tradujera en una invasión o en la toma de poder unilateral por parte de Estados Unidos.

Durante estas negociaciones, se trataron diversos puntos, pero la insistencia en no ceder el control militar fue la que generó mayor controversia. Panamá dejó claro que firmar el tratado con la condición de mantener una presencia militar estadounidense sería inaceptable, pues ello atentaría contra la autonomía del país y su capacidad para manejar uno de sus activos estratégicos. Este conflicto de intereses reflejaba la lucha por equilibrar la cooperación internacional y el respeto a la soberanía, aspectos que aún hoy son esenciales en la administración y funcionamiento del Canal de Panamá.

  1. Discusión sobre la Administración y el Funcionamiento del Canal

El foro abordó en profundidad la compleja estructura administrativa y operativa que ha permitido al Canal de Panamá mantenerse como una infraestructura estratégica a nivel mundial. Se destacan los puntos esenciales tratados en la discusión:

Estructura Administrativa y Autonomía:

Se resaltó que, desde la firma de los tratados, se ha configurado una entidad autónoma para administrar el canal, consagrada incluso en nuestra Constitución. Esta autonomía garantiza que la gestión operativa y técnica del canal se realice sin la injerencia directa del gobierno, permitiendo una administración especializada y enfocada en la eficiencia. Tal estructura ha sido clave para asegurar que las decisiones se tomen desde un enfoque técnico y profesional, separando el ámbito político de la operación cotidiana.

Mecanismos de Peaje y Subastas:

Los panelistas explicaron cómo el sistema de peajes se ajusta de acuerdo con la ruta comercial, el tipo de buque y otros parámetros económicos. Diariamente se permite el paso de 36 embarcaciones y de esas 3 subastas.

Se discutió, de igual manera, la dinámica de las subastas, en las cuales ciertos buques (particularmente de origen estadounidense) podían beneficiarse de condiciones específicas.

Este debate evidenció la necesidad de un sistema flexible que asegure la competitividad del canal en el comercio internacional, al mismo tiempo que se garantizan principios de equidad y rentabilidad para Panamá, dejando en claro que las declaraciones sobre el alto precio de los peajes no son verdaderas.

Transparencia y Profesionalismo en la Gestión:

Otro aspecto crucial fue la forma en que la administración del canal se ha orientado hacia la transparencia y el mérito. La existencia de una junta directiva compuesta por personalidades con altos niveles de competencia técnica y experiencia, sumada a la separación entre lo político y lo administrativo, ha permitido que el canal opere de manera eficaz y se adapte a los cambios globales. Los participantes subrayaron que este modelo de gestión ha sido fundamental para sostener la eficiencia operativa, realizar mejoras continuas y responder a las fluctuaciones del mercado internacional.

  1. Implicaciones Internacionales y Solidaridad Global

El foro puso de relieve que la relevancia del Canal de Panamá trasciende fronteras, siendo un activo estratégico que involucra no solo intereses nacionales, sino también dinámicas internacionales y acuerdos de cooperación global. En este sentido, se discutieron varios aspectos clave:

Influencia y Debate en el Ámbito Internacional:

Los panelistas destacaron que la administración y la neutralidad del canal han sido objeto de intensos debates en foros internacionales, donde se han cuestionado las interpretaciones divergentes de lo que significa mantener un canal “neutral”. Mientras algunos países y actores internacionales ven en el tratado un mecanismo para asegurar la operatividad y la estabilidad regional, otros señalan el riesgo de que esta neutralidad se convierta en pretexto para intervenciones unilaterales. Esta tensión ha generado posturas firmes en la diplomacia, evidenciando cómo el canal es un tema de interés y disputa en la arena global.

Solidaridad Internacional y Apoyo Global:

Se resaltó el papel de la solidaridad internacional como elemento fundamental para la defensa de la soberanía panameña. Durante el foro se mencionaron casos de apoyo de diversas naciones y movimientos; incluso de sectores sociales como el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, que han manifestado respaldo a la administración autónoma del canal. Este apoyo no solo subraya la importancia del canal en el comercio mundial, sino también el reconocimiento de la lucha de Panamá por mantener el control sobre un recurso de gran trascendencia histórica y estratégica.

Retos en las Relaciones Bilaterales y Multilaterales:

La discusión también abordó los retos derivados de la relación con Estados Unidos, resaltando que las diferencias en la interpretación del tratado de neutralidad han generado tensiones que, en ocasiones, han requerido mediación y cooperación internacional. Los participantes señalaron que, para evitar conflictos y preservar la soberanía, es esencial que cualquier intervención o acción en el canal se realice en el marco del diálogo y la colaboración conjunta entre las naciones implicadas.

En conjunto, estos puntos muestran que el Canal de Panamá no es únicamente una infraestructura de gran valor económico, sino también un símbolo de la compleja interacción entre la soberanía nacional y los intereses internacionales. El foro subrayó la necesidad de mantener un equilibrio entre la cooperación global y la defensa de la autonomía, elemento esencial para garantizar que el canal continúe siendo un motor de desarrollo y estabilidad en la región.

  1. Reflexiones y Proyecciones a Futuro

El foro culminó con una profunda reflexión sobre el futuro del Canal de Panamá, destacando tanto los logros alcanzados como los desafíos venideros. Entre las ideas centrales se destacan los siguientes puntos:

Logros Alcanzados y Modernización:

Los participantes subrayaron cómo, a lo largo de las últimas décadas, el Canal ha experimentado importantes modernizaciones y expansiones que le han permitido adaptarse a las exigencias del comercio internacional. La implementación de nuevos sistemas de peaje, la optimización de la infraestructura y la incorporación de tecnologías de punta han contribuido a mejorar la eficiencia operativa y a aumentar la competitividad del canal.

Desafíos Administrativos y Laborales:

A pesar de los avances, se reconoció que el canal enfrenta desafíos en materia de administración y en la gestión de su fuerza laboral. La necesidad de continuar perfeccionando los procesos internos, promover la transparencia y asegurar una formación continua para el personal técnico y administrativo es crucial para responder a las fluctuaciones del mercado global y a las demandas de un entorno en constante cambio.

Sostenibilidad y Adaptación al Entorno Global:

Los panelistas coincidieron en la importancia de incorporar criterios de sostenibilidad en la gestión del canal. Esto incluye no solo la adaptación a los retos medioambientales, como el cambio climático, sino también la diversificación de estrategias financieras y operativas para asegurar la resiliencia frente a crisis económicas o cambios abruptos en las dinámicas comerciales internacionales.

Proyecciones y Futuras Reformas:

Mirando hacia el futuro, se destacó la necesidad de continuar innovando en la estructura administrativa y operativa del canal. Algunos expertos propusieron la revisión y posible reforma de ciertos mecanismos internos, tales como la forma en que se gestionan las subastas y los peajes, así como la modernización del régimen laboral, con el fin de aprovechar al máximo el potencial del canal y reforzar la soberanía nacional en su administración. Estas reformas se plantean como una vía para consolidar al canal no solo como una infraestructura esencial para el comercio, sino también como un modelo de gestión pública y de colaboración internacional.

El foro Realidades de la Franja Canalera permitió una discusión profunda y bien fundamentada sobre el Canal de Panamá, abordando su historia, administración, desafíos y proyecciones futuras. Cada uno de los temas tratados sigue teniendo una gran relevancia en la actualidad, ya que el canal no solo representa un pilar fundamental para la economía nacional, sino también un símbolo de soberanía, gestión eficiente y desarrollo estratégico para el país.

Como panameños, es esencial comprender el funcionamiento y la realidad de esta institución, ya que su impacto trasciende lo económico, influyendo en la política, las relaciones internacionales y el desarrollo social. La administración del canal es un reflejo de la capacidad de Panamá para gestionar un recurso de importancia global con autonomía y eficiencia, manteniendo un equilibrio entre la cooperación internacional y la protección de los intereses nacionales.

Asimismo, los desafíos discutidos en el foro, como la modernización, la sostenibilidad y la competitividad en el comercio internacional, deben ser considerados con visión de futuro. La capacidad del país para adaptarse a estos retos será clave para asegurar que el canal continúe siendo un motor de desarrollo, no solo para Panamá, sino para el mundo entero.