Fuente: https://www.defensa.gob.es/ceseden/-/cuaderno-de-estrategia-233

El espejismo de la abundancia

Durante siglos, el agua fue percibida como un recurso inagotable. Ríos caudalosos, lluvias previsibles y océanos infinitos construyeron la ilusión de abundancia. Sin embargo, en pleno siglo XXI, esa percepción ha cambiado radicalmente.

Hoy, el agua dulce disponible —aquella apta para el consumo humano— representa apenas una fracción mínima del total hídrico del planeta. A medida que aumenta la población mundial, se intensifican los efectos del cambio climático y crece la demanda industrial y agrícola, el agua ha dejado de ser únicamente un recurso natural para convertirse en un activo estratégico de primer orden.

Este nuevo escenario ha dado lugar a una realidad incuestionable:
el agua es poder.

La irrupción de la geopolítica del agua

El concepto de geopolítica del agua emerge como una de las claves para comprender las dinámicas contemporáneas de poder. A diferencia de otros recursos, el agua posee una característica única: su distribución geográfica no coincide con las fronteras políticas.

Más de 260 cuencas hidrográficas en el mundo son compartidas por dos o más países. En este contexto, el control del agua deja de ser una cuestión interna para convertirse en un asunto internacional.

Los países situados aguas arriba poseen una ventaja estratégica: pueden regular el flujo, construir infraestructuras hidráulicas o incluso alterar la disponibilidad del recurso. Por el contrario, los países aguas abajo dependen de decisiones que escapan a su soberanía directa.

Este desequilibrio configura nuevas relaciones de poder, donde el dominio hídrico puede traducirse en influencia política, presión económica o incluso conflicto.

Entre la cooperación y el conflicto

El agua, lejos de ser un factor exclusivamente divisivo, se presenta como un elemento ambivalente. Por un lado, su escasez puede intensificar tensiones entre Estados, especialmente en regiones donde la disponibilidad es limitada y la demanda es creciente.

Las disputas por el acceso y uso del agua pueden derivar en conflictos diplomáticos, crisis humanitarias o inestabilidad regional. No obstante, el mismo carácter compartido del recurso obliga, en muchos casos, a la cooperación.

A lo largo de las últimas décadas, se han desarrollado múltiples acuerdos internacionales orientados a la gestión conjunta de cuencas, la distribución equitativa del recurso y la prevención de conflictos.

Así, el agua plantea una dualidad fundamental:
puede ser fuente de confrontación, pero también catalizador de alianzas estratégicas.

La presión del crecimiento y el desafío urbano

El crecimiento demográfico y la expansión urbana han incrementado exponencialmente la presión sobre los recursos hídricos. Las grandes ciudades, especialmente en países en desarrollo, enfrentan desafíos significativos en materia de abastecimiento, saneamiento y gestión eficiente del agua.

La problemática ya no radica únicamente en la disponibilidad del recurso, sino en su administración. Sistemas ineficientes, pérdidas en la red de distribución y falta de planificación agravan una situación que, en muchos casos, podría mitigarse mediante una gestión adecuada.

En este contexto, el acceso al agua se convierte también en un tema de equidad social, donde las poblaciones más vulnerables suelen ser las más afectadas por la escasez y la mala distribución.

Tecnología y gestión inteligente: hacia un nuevo modelo hídrico

Ante este panorama, la innovación tecnológica se posiciona como una herramienta clave para enfrentar los desafíos del agua en el siglo XXI.

El desarrollo de sistemas de monitoreo, inteligencia artificial y análisis de datos permite optimizar el uso del recurso, reducir pérdidas y anticipar escenarios de escasez. Asimismo, tecnologías como la desalinización, la reutilización de aguas residuales y la captación eficiente están redefiniendo los modelos tradicionales de gestión hídrica.

El agua deja de ser un recurso pasivo para convertirse en un sistema dinámico, cuya eficiencia depende cada vez más de la capacidad tecnológica y de gestión de los Estados.

Riesgos emergentes: el agua como factor de vulnerabilidad

Además de su dimensión estratégica, el agua representa un importante factor de riesgo. Fenómenos extremos como sequías prolongadas e inundaciones intensas, exacerbados por el cambio climático, generan impactos significativos en la seguridad alimentaria, la salud pública y la estabilidad social.

La contaminación de fuentes hídricas, por su parte, compromete la calidad del recurso y agrava las desigualdades en el acceso.

En este sentido, la seguridad hídrica se configura como un componente esencial de la seguridad nacional y global, vinculada directamente con la estabilidad política y el desarrollo sostenible.

Conclusión: el agua como eje del nuevo orden global

El análisis contemporáneo permite afirmar que el agua ha trascendido su condición de recurso natural para convertirse en un elemento estructural del orden internacional.

En un mundo cada vez más interdependiente, la capacidad de los Estados para gestionar, proteger y cooperar en torno al agua será determinante para su estabilidad y desarrollo.

El siglo XXI no estará definido únicamente por la acumulación de recursos, sino por la capacidad de administrarlos de manera inteligente, sostenible y equitativa.

En este escenario, el agua se erige como el eje silencioso que redefine las relaciones de poder, plantea nuevos desafíos y abre la puerta a oportunidades de cooperación global.

Reflexión final

En un planeta donde el agua siempre pareció infinita, el mayor desafío no será encontrarla…
sino aprender a gobernarla.

La controversia en torno a los aranceles de emergencia impulsados durante la administración de Donald Trump alcanzó su punto decisivo el 20 de febrero de 2026, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos emitió su decisión en el caso Learning Resources, Inc. v. Trump. El tribunal, por mayoría de seis votos contra tres, concluyó que el Ejecutivo excedió su autoridad al utilizar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) como fundamento para imponer aranceles globales.

Al inicio de su mandato, el presidente Trump proclamó emergencias nacionales basadas en dos riesgos de origen externo: el aumento del ingreso de drogas ilícitas provenientes de Canadá, México y China, y los desequilibrios comerciales persistentes que impactaban las cadenas de suministro y la industria manufacturera de Estados Unidos. Amparándose en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), adoptó una política arancelaria que estableció gravámenes del 25 % sobre la mayoría de las importaciones desde Canadá y México, del 10 % sobre gran parte de los productos procedentes de China vinculados al narcotráfico y un arancel general mínimo del 10 % sobre todas las importaciones por razones asociadas al déficit comercial, con incrementos para numerosos países y ajustes reiterados en su aplicación.

Estas medidas fueron objeto de impugnación por dos grupos de demandantes. En el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, los demandantes en el caso Learning Resources obtuvieron una medida cautelar preliminar tras La sentencia, redactada por el presidente del tribunal, el magistrado John Roberts, estableció que la IEEPA —una norma diseñada para sanciones económicas y restricciones financieras en contextos de emergencia— no confiere al presidente la facultad de fijar aranceles de manera unilateral. En consecuencia, el fallo invalidó gran parte de los aranceles globales anunciados en abril de 2025 durante la estrategia comercial conocida como el “Día de la Liberación”. La solicitud del Gobierno para trasladar el asunto al Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos (CIT) fue rechazada.

Los aranceles cuestionados habían sido anunciados el 2 de abril de 2025, cuando la Casa Blanca impuso gravámenes recíprocos a decenas de países —incluyendo economías clave y gran parte de América Latina— con una tasa mínima del 10 % sobre las importaciones. Estas medidas se justificaron en preocupaciones sobre prácticas comerciales desleales, seguridad nacional y fenómenos como el tráfico de fentanilo.

Durante su vigencia, la política arancelaria generó ingresos superiores a los 130.000 millones de dólares y se convirtió en un eje central de la estrategia económica del gobierno. Sin embargo, múltiples empresas y estados federados interpusieron demandas cuestionando la base legal de la medida, argumentando que el poder de imponer aranceles pertenece al Congreso salvo delegación expresa.

El núcleo jurídico del fallo descansa precisamente en esta premisa: el tribunal sostuvo que, si el Congreso hubiera pretendido transferir al presidente una potestad tan extraordinaria como la fijación de aranceles generales, lo habría hecho de forma explícita en la legislación arancelaria correspondiente. La interpretación expansiva de la IEEPA fue considerada incompatible con el principio de separación de poderes.

La opinión mayoritaria, escrita por Roberts, fue acompañada por las magistradas y magistrados Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Neil Gorsuch, Amy Coney Barrett y Ketanji Brown Jackson. El tribunal afirmó que el lenguaje de la IEEPA no otorga poder tarifario al Ejecutivo y que aceptar esa interpretación equivaldría a permitir la imposición de aranceles “de cualquier tipo, duración o magnitud” sin control legislativo.

En contraste, los magistrados Clarence Thomas, Brett Kavanaugh y Samuel Alito formularon opiniones disidentes. Sostuvieron que los aranceles constituyen históricamente una herramienta para regular importaciones y que otras normas federales podrían legitimar medidas similares, advirtiendo además que una eventual devolución de los montos recaudados podría tener efectos fiscales significativos.

El fallo destaca por su relevancia institucional. La decisión representa uno de los controles más significativos ejercidos por el tribunal sobre el uso de poderes de emergencia en el segundo mandato de Trump, en un contexto en el que la Corte había permitido previamente avances de la agenda presidencial en otras áreas. La sentencia advierte que permitir una política arancelaria unilateral sustituiría el modelo histórico de colaboración entre Congreso y Ejecutivo por una formulación de política comercial esencialmente presidencial.

Desde la perspectiva del derecho público económico, el pronunciamiento refuerza la doctrina según la cual la delegación legislativa en materias estructurales —como la fijación de tributos o aranceles— debe ser expresa y delimitada. Asimismo, conecta con la denominada major questions doctrine, utilizada por el tribunal para restringir interpretaciones administrativas que impliquen transferencias amplias de poder sin autorización clara del Congreso.

A pesar de su contundencia sobre la legalidad de los aranceles, la Corte evitó pronunciarse sobre la restitución de los montos ya pagados. El tribunal no estableció un mecanismo automático de reembolso ni definió si existe un derecho general a la devolución, trasladando esa determinación a tribunales inferiores.

Este vacío procesal inaugura la fase más compleja del litigio. La discusión girará en torno a la restitución de tributos declarados ilegales, la identificación del sujeto que soportó económicamente el arancel y la posibilidad de un esquema uniforme frente a miles de reclamaciones individuales. Analistas prevén que el proceso podría extenderse por años y derivar en uno de los litigios económicos más significativos recientes.

En los tribunales federales de Estados Unidos comienza así a gestarse una disputa que no solo es económica, sino profundamente jurídica. Tras años de tensiones comerciales y decisiones ejecutivas controvertidas, miles de empresas estadounidenses observan ahora una misma pregunta: quién recuperará el dinero pagado en aranceles que la justicia declaró ilegales.

La historia inicia durante la administración de Donald Trump, cuando el Ejecutivo invocó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer aranceles de emergencia a decenas de países. La medida generó ingresos arancelarios que superan los 130.000 millones de dólares, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. El punto de inflexión llegó con el fallo de la Corte Suprema, que determinó que el presidente excedió su autoridad legal al utilizar esa normativa para imponer nuevos gravámenes, abriendo la puerta a un nuevo escenario: el de los reembolsos masivos.

El fallo estableció la ilegalidad de los aranceles, pero dejó sin resolver el aspecto más complejo: cómo, cuándo y a quién se devolverán los fondos. Esta omisión trasladó la controversia a tribunales inferiores y, con ello, a un proceso que expertos prevén largo, técnico y altamente litigioso.

Desde una perspectiva jurídica, el caso plantea cuestiones clave: la delimitación del alcance del poder ejecutivo en materia comercial, la procedencia de restituciones por tributos declarados ilegales, la determinación del sujeto legitimado para reclamar —importadores directos frente a la cadena económica— y el diseño de un procedimiento administrativo uniforme o reclamaciones caso por caso.

Organizaciones como la Cámara de Comercio de Estados Unidos y la Federación Nacional de Minoristas reaccionaron de inmediato, solicitando procesos rápidos de devolución y orientación clara por parte de las autoridades. El argumento central es económico, pero también jurídico: si el gravamen fue ilegal, sostienen, la restitución debe ser la consecuencia natural del Estado de derecho. Asociaciones sectoriales, incluyendo la American Apparel & Footwear Association, han solicitado lineamientos claros a la autoridad aduanera y el uso del sistema electrónico de reembolsos para agilizar el proceso.

Pese a la presión empresarial, funcionarios del Tesoro han anticipado que los reembolsos no serán inmediatos. Analistas financieros coinciden en que el proceso probablemente se resolverá gradualmente mediante reclamaciones individuales, lo que podría extenderse por años. Las estimaciones económicas ilustran la magnitud del conflicto: más de 133.500 millones de dólares recaudados bajo la normativa, proyecciones académicas que elevan la cifra por encima de 140.000 millones y cálculos de instituciones financieras que sitúan el impacto potencial cerca de los 200.000 millones. El elemento jurídico central será la restitución administrativa de pagos indebidos y la eventual litigación masiva contra el Estado federal.

Este caso trasciende el debate comercial. Representa un precedente relevante sobre el control judicial de medidas económicas de emergencia, la responsabilidad patrimonial del Estado por decisiones regulatorias inválidas, la seguridad jurídica en el comercio internacional y el riesgo regulatorio para empresas importadoras. En términos prácticos, la decisión podría redefinir la relación entre política comercial y control constitucional, consolidando el principio de que incluso las medidas económicas urgentes deben respetar límites legales claros.

En términos de política comercial, la decisión descarrila el núcleo de la estrategia arancelaria global del gobierno, pero no implica el fin del uso de aranceles. La administración podría recurrir a otras bases legales —como normas de seguridad nacional o instrumentos comerciales específicos— para implementar medidas similares.

Más allá de su impacto inmediato, el fallo redefine la relación entre emergencia económica y política comercial, fortalece el control judicial sobre la discrecionalidad presidencial y reintroduce el debate sobre seguridad jurídica en el comercio internacional. La sentencia confirma que incluso en contextos de crisis económica, la arquitectura constitucional impone límites claros a la expansión del poder ejecutivo.

En definitiva, la decisión no clausura la controversia: la transforma. La eliminación de los aranceles no cerró el capítulo; lo abrió. Lo que comenzó como una estrategia de política comercial se ha transformado en uno de los litigios económicos más relevantes de los últimos años. En el centro del debate no está solo el dinero, sino la arquitectura jurídica que determina cuándo el Estado debe devolver lo que cobró sin base legal. El litigio que sigue —centrado en la restitución, la responsabilidad estatal y el alcance de la delegación legislativa— perfila un precedente duradero para el derecho económico público y el comercio internacional contemporáneo, cuya respuesta previsiblemente se escribirá en los tribunales durante la próxima década.

FUENTES:

Desde las luminosas canchas de Doha hasta el rugido del Rommel Fernández en la fase clasificatoria, Panamá vivió un viaje que puso a toda una nación a soñar con el fútbol juvenil como nunca antes.

Todo comenzó en el corazón de la Concacaf: las eliminatorias rumbo al Mundial Sub-17 de la FIFA en Qatar 2026. Bajo la dirección del histórico Felipe Baloy, legendario por ser el primer panameño en llegar a un Mundial como jugador y técnico, la Selección Sub-17 escribió una página inédita en el fútbol juvenil nacional.

La Rojita no dejó lugar a dudas. Goleadas contundentes, dominio en cada partido y una mentalidad ganadora — Panamá selló su clasificación con autoridad tras vencer 4-1 a Nicaragua en una noche vibrante ante su gente.

El capitán del equipo, Estevis López, lo dijo claro: “teníamos que hacer respetar la casa”.

Con ese triunfo, Panamá aseguró su quinto Mundial Sub-17, sumándose a las ediciones de 2011 (México), 2013 (EAU), 2023 (Indonesia) y 2025 (Qatar); un récord que muestra la constancia de nuestra juventud futbolística.

La clasificación no fue casualidad: Panamá había dominado su grupo en el clasificatorio de Concacaf (que también vio a Estados Unidos, Costa Rica y Haití clasificar), destacándose como una de las selecciones más sólidas de la región.

Del Sueño a la Competencia Mundial

Llegar al Mundial fue solo el comienzo. En Doha, Panamá tuvo la oportunidad de medir fuerzas con potencias juveniles del fútbol mundial. En el Grupo J, compartieron el campo con Irlanda, Paraguay y Uzbekistán, rivales que exigieron al máximo la garra canalera.

La Rojita debutó ante Irlanda, donde a pesar de un descuidado comienzo que terminó en derrota, el equipo mostró carácter y consiguió su primer gol mundialista, un hito para muchos jóvenes talentos.

Luego, en un duelo emocionante frente a Paraguay, Panamá luchó hasta el final, anotando pero cayendo por la mínima diferencia.

Más que Resultados: Un Legado

Aunque en el Mundial Sub-17 la Rojita quedó fuera de la fase de eliminación directa esta vez, el impacto va mucho más allá de los resultados.

Este grupo representa una generación con hambre de gloria, forjada en torneos internacionales y preparada para dar el salto a la selección mayor en los próximos años.

Cada gol, cada atajada y cada carrera por la banda simboliza la esperanza de miles de jóvenes panameños que ven en el fútbol una oportunidad de trascender.

Desde el Rommel Fernández hasta los estadios de Doha, Panamá volvió a demostrar que no es solo un país que participa: es un país que compite con alma y visión de futuro.

Fuentes:

Noticias recientes sobre la clasificación y campaña

• Panamá y Costa Rica sellan su boleto al Mundial sub 17 (CLARO SPORTS)
• Haiti, Panama, Costa Rica, USA book tickets to FIFA U-17 World Cup (Concacaf)
• Panamá Sub‑17: “Teníamos que hacer respetar la casa” (RPC)
• ¡Histórico! Felipe Baloy clasifica a Panamá al Mundial Sub‑17 (Telemetro)
• Panamá celebra su clasificación a la Copa Mundial SUB‑17 en Catar 2026 (EcoTV)

• Panamá Sub‑17 sella su boleto al Mundial Catar 2026 (La Prensa)
• Panamá masculina clasificó a su quinta Copa Mundial Sub‑17 (Panamá América)
• Panamá cae 4‑1 ante Irlanda en su debut mundialista (Centroamérica 360)
• Panamá Sub‑17 se enfrentó a Paraguay en Qatar (APF / Foot‑Africa)
• https://www.laestrella.com.pa/deportes/futbol/felipe-baloy-hace-historia-el-primer-panameno-en-llegar-a-un-mundial-como-jugador-y-tecnico-NB19900508#pk_campaign=MASwpn&pk_kwd=Felipe+Baloy+hace+historia%3A+El+primer+paname%C3%B1o+en+llegar+a+un+Mundial+como+jugador+y+t%C3%A9cnico

(Artículo original basado en: Ministerio de Defensa de España, “Dos Estados, una misma cultura”)

El año 2025 se desarrolla en un entorno internacional marcado por la incertidumbre, la fragmentación política y la reconfiguración del poder global. El análisis presentado por el Ministerio de Defensa de España bajo el título “Dos Estados, una misma cultura” ofrece una visión estratégica sobre cómo ciertas dinámicas contemporáneas están produciendo escenarios en los que coexisten estructuras de poder rivales dentro de un mismo territorio. Esta situación, conocida como “dualidad estatal”, surge de tensiones profundas que afectan la gobernabilidad, la legitimidad institucional y la seguridad de las sociedades.

Este artículo desarrolla, de forma clara y accesible, los principales ejes conceptuales del documento, examinando los factores que impulsan estas divisiones, sus efectos en la seguridad internacional y los desafíos que enfrentan los gobiernos para evitar que estas situaciones se conviertan en conflictos prolongados.

La tensión entre el orden estatal y la transformación global

El sistema internacional atraviesa un momento en el que las potencias compiten no solo por recursos y territorios, sino también por influencia tecnológica, narrativa y estratégica. Esta competencia genera presiones adicionales sobre Estados vulnerables o con instituciones debilitadas, que pueden verse superados por este entorno volátil. El estudio resalta que la globalización ha adquirido un carácter más complejo: continúa interconectando a las sociedades, pero lo hace dentro de un marco donde las rivalidades geopolíticas se expresan con mayor intensidad.

En consecuencia, la cohesión interna de los países se vuelve un elemento clave para su supervivencia. Los Estados que no logran responder de manera eficaz a estos desafíos corren el riesgo de fragmentarse o de permitir la aparición de estructuras de poder paralelas que compiten por el control del territorio o de la población.

El fenómeno de los “dos Estados”

El documento examina cómo, bajo determinadas circunstancias, puede surgir un escenario de “dos Estados”: una situación en la que dos autoridades distintas —ya sean gobiernos locales, movimientos armados, facciones políticas o incluso estructuras ideológicas— disputan la legitimidad y el mando dentro de un mismo país.

Estas dualidades no siempre se manifiestan en enfrentamientos bélicos directos. En ocasiones, se expresan a través de disputas administrativas, conflictos institucionales, erosión de la separación de poderes o fragmentación territorial silenciosa. La falta de cohesión social, la desigualdad económica y la desconfianza ciudadana en las instituciones son factores que pueden acelerar estas divisiones.

El fenómeno también puede ser instigado por actores externos que, mediante estrategias híbridas, fomentan la polarización para debilitar a un Estado rival. En este sentido, los escenarios de “dos Estados” no solo representan una amenaza interna, sino también un instrumento geopolítico.

Impacto en la seguridad y estabilidad global

Las consecuencias de la fragmentación estatal son profundas. Cuando dos estructuras de poder compiten, la provisión de servicios públicos se ve afectada, las instituciones pierden funcionalidad y la sociedad experimenta un deterioro de la confianza y la seguridad. El documento enfatiza que estos escenarios pueden desencadenar:

• crisis humanitarias por desplazamientos internos o externos,
• debilitamiento del Estado de derecho,
• proliferación de actores armados,
• aumento del crimen organizado,
• interrupción del comercio y la economía local,
• pérdida de capacidad para actuar en foros internacionales.

A nivel global, estas fracturas generan inestabilidad regional, especialmente en áreas donde existen disputas fronterizas, tensiones ideológicas o intereses estratégicos de grandes potencias. Por ello, el análisis plantea que las instituciones internacionales deben fortalecer sus mecanismos de alerta temprana y diplomacia preventiva.

Desafíos internos: gobernabilidad, identidad y tecnología

El estudio subraya que, en 2025, los Estados enfrentan simultáneamente presiones económicas, tecnológicas, sociales y políticas. La rápida digitalización, la concentración de poder en grandes corporaciones tecnológicas, la difusión de información falsa y la polarización mediática están alterando la manera en que los ciudadanos se relacionan con sus instituciones.

En sociedades donde la desigualdad o la discriminación persisten, estos elementos pueden amplificar el descontento y propiciar que grupos con agendas diferentes reclamen autoridad. Las redes sociales, por ejemplo, permiten que visiones radicales o separatistas se propaguen más rápido, generando un caldo de cultivo para la aparición de liderazgos paralelos que desafían al poder central.

La gobernabilidad, por tanto, se convierte en un aspecto esencial para evitar la fragmentación. Los Estados deben invertir en fortalecer sus instituciones, promover el diálogo social, garantizar la transparencia y desarrollar sistemas de respuesta ante crisis políticas y tecnológicas.

La guerra híbrida: un factor catalizador

Un elemento que el documento considera fundamental es el uso de tácticas de guerra híbrida. Estas incluyen la desinformación, los ciberataques, el financiamiento encubierto de facciones políticas y la interferencia digital en procesos electorales. Cada una de estas herramientas permite debilitar la cohesión social y fomentar tensiones internas que pueden desembocar en escenarios de “dos Estados”.

Los actores que emplean estas estrategias suelen buscar desestabilizar a un país sin recurrir al conflicto abierto, maximizando el impacto político con un costo limitado. Para contrarrestar esta amenaza, los gobiernos deben fortalecer su ciberseguridad, educar a la población en pensamiento crítico digital y desarrollar capacidades de resiliencia institucional.

Cooperación internacional y prevención estratégica

Frente a estas dinámicas, la cooperación internacional emerge como una herramienta indispensable. La seguridad en 2025 requiere una visión integradora, donde los países colaboren en inteligencia, diplomacia, desarrollo sostenible y misiones de estabilización. El documento destaca que ninguna nación puede enfrentar sola los riesgos derivados de los escenarios de doble autoridad estatal.

La participación en organismos multilaterales, el intercambio de información y la implementación de políticas conjuntas son elementos clave para prevenir crisis mayores. Asimismo, es esencial que las potencias regionales promuevan soluciones basadas en el diálogo y en el fortalecimiento de instituciones legítimas que garanticen la estabilidad y la cohesión social.

Finalmente, concluimos en que el análisis del artículo “Dos Estados, una misma cultura” ofrece una reflexión profunda sobre los riesgos que amenazan a los Estados contemporáneos. La existencia de estructuras políticas paralelas, la polarización social, la intervención externa y la guerra híbrida son factores que pueden desestabilizar un país desde dentro. Para hacer frente a estas amenazas, se requiere una combinación de gobernabilidad sólida, cooperación internacional y políticas públicas orientadas a reforzar la unidad nacional.

Comprender estas dinámicas no solo es fundamental para evaluar la seguridad internacional actual, sino también para anticipar los desafíos que marcarán el futuro del orden global.

Fuente consultada:

Ministerio de Defensa de España. “Dos Estados, una misma cultura”.
Si desean ver el documento completo, pueden acceder a la fuente:
Disponible en:
https://www.defensa.gob.es/documents/2073105/2320887/dos_estados_2025_dieeeo87.pdf

El creador de ChatGPT se fundó como una organización sin fines de lucro, pero ha estado compitiendo para desbloquear nuevas inversiones.

Microsoft, que invirtió 1.000 millones de dólares en OpenAI en 2019, dijo que su participación vale unos 135.000 millones de dólares bajo la nueva estructura © Andrey Rudakov/Bloomberg

OpenAI ha completado una reestructuración largamente esperada, entregando a su mayor accionista, Microsoft, una participación de 135 mil millones de dólares e impulsando al gigante del software a una capitalización de mercado de 4 billones de dólares.

Microsoft adquirirá una participación del 27 por ciento en el creador de ChatGPT, que fue fundado como una organización sin fines de lucro pero que ha estado compitiendo para desbloquear nuevas inversiones al permitir que los accionistas posean acciones tradicionales.

El acuerdo crea una entidad con fines de lucro, llamada OpenAI Group, que la startup de 500 mil millones de dólares sostiene que es esencial para recaudar las enormes sumas necesarias para construir grandes modelos de lenguaje y buscar una eventual cotización pública.

Sam Altman, cofundador y director ejecutivo de OpenAI , dijo el martes que una IPO era «el camino más probable» dados los enormes requisitos de capital del grupo, pero dijo que aún no tenía planes específicos.

El anuncio hizo subir las acciones de Microsoft un 2 por ciento, superando una valoración de 4 billones de dólares , un hito también alcanzado por Nvidia y Apple.

Si bien el acuerdo otorga a Microsoft la participación individual más grande en OpenAI Group, el brazo sin fines de lucro del pionero de la IA pretende conservar el control a través de sus derechos exclusivos para contratar y despedir a los miembros de la junta.

«Esto desbloquea cualquier duda persistente sobre si podemos recaudar dinero y confirma que podemos asociarnos con quien queramos en el lado de la nube», dijo una persona cercana a OpenAI sobre la reestructuración. OpenAI se fundó en 2015 con la misión de garantizar que la inteligencia artificial general [IAG], que superaría la inteligencia humana, beneficiara a la humanidad una vez alcanzada. Microsoft había sido el principal obstáculo para su transición a una estructura con fines de lucro más convencional.

Como parte del acuerdo, OpenAI acordó permitir a Microsoft acceder a su tecnología de IA hasta 2032 y prometió gastar 250 mil millones de dólares con el brazo de nube del gigante tecnológico a lo largo del tiempo.

La participación del 27 por ciento de Microsoft valdrá alrededor de 135.000 millones de dólares, casi 10 veces más que los 13.750 millones de dólares que el gigante tecnológico ha invertido en OpenAI desde 2019.

El acuerdo implica que inversores como SoftBank de Masayoshi Son y las firmas de capital riesgo Thrive Capital, Andreessen Horowitz y Sequoia Capital también podrán participar en el negocio de OpenAI. Anteriormente, solo tenían derecho a una parte de las ganancias. 

Altman no tomaría acciones como parte de la reestructuración y no tenía planes de hacerlo, según la persona cercana a OpenAI. 

Los inversores podrían obtener una ganancia inesperada si OpenAI sale a bolsa. Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia —que tiene un acuerdo para invertir hasta 100 000 millones de dólares en OpenAI en los próximos años—, anunció el martes que una oferta pública inicial podría tener lugar el próximo año.

«Creo que esta será una de las ofertas públicas más exitosas de la historia», dijo.

El grupo dijo el martes que la organización sin fines de lucro, rebautizada como OpenAI Foundation, tendrá el 26 por ciento del capital del nuevo negocio, actualmente valorado en alrededor de 130 mil millones de dólares.

Los empleados y otros inversores tendrán el 47 por ciento restante.

La junta directiva de la organización sin fines de lucro será la única responsable de responsabilizar a la organización con fines de lucro de su misión de garantizar que la IAG beneficie a toda la humanidad. Su principal forma de ejercer este control será mediante la contratación y el despido de los miembros de la junta. Altman permanece en ambas juntas.

OpenAI dijo que la fundación se centraría inicialmente en financiar la investigación sobre atención médica y cura de enfermedades, y soluciones técnicas para la “resiliencia de la IA” para hacer que los modelos de IA sean más robustos.

El acuerdo había sido firmado por los fiscales generales de Delaware, donde está constituida OpenAI, y de California, donde tiene su sede.

La cuestión del control había sido uno de los principales focos de las negociaciones entre OpenAI, que contaba con el asesoramiento de Goldman Sachs y Michael Klein, y Microsoft, que trabajaba con Morgan Stanley.

Las inversiones anteriores de Microsoft le dieron al director ejecutivo Satya Nadella acceso a la tecnología de OpenAI, que su compañía incorporó a su software empresarial y productos de consumo, así como derechos exclusivos como proveedor de computación en la nube del grupo de IA.

Pero la relación entre los dos grupos se deterioró con el tiempo a medida que crecieron las ambiciones de OpenAI y los ejecutivos se enfrentaron por la cantidad de potencia informática asignada a la empresa emergente mientras se apresuraba a construir modelos cada vez más potentes para competir con rivales como Google y Anthropic.

Como parte del acuerdo del martes, Microsoft renunció a sus derechos exclusivos sobre el suministro de nube. También ha renunciado a su derecho a bloquear adquisiciones y la emisión de valores, según una persona con conocimiento del acuerdo. Dichos derechos se volvieron difíciles de manejar a medida que OpenAI aumentaba de tamaño y fueron eliminados como parte de la reestructuración, añadieron.

Pero Microsoft conservará el acceso a los modelos de OpenAI hasta 2032. Anteriormente, esto estaba previsto que se rescindiera una vez que la junta directiva de OpenAI determinara que se había alcanzado la AGI, lo que se convirtió en un importante punto de discordia en las conversaciones.

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Gillian Tett

La IA tiene un problema de culto a la carga

 «Hemos negociado un gran acuerdo para nuestros accionistas, con un valor masivo creado en nuestra inversión y garantías clave sobre la asociación en el futuro», dijo una persona familiarizada con la posición de Microsoft.

Ahora también le corresponderá a un panel independiente verificar si se ha alcanzado la AGI, aunque la persona familiarizada con el asunto dijo que aún no se había decidido su tamaño y composición, al igual que la definición exacta de AGI.

Microsoft conservará por separado el acceso a la investigación, como los métodos y técnicas utilizados para desarrollar los modelos de OpenAI, hasta 2030 o hasta que el panel de expertos verifique la IAG, lo que ocurra primero.

Información adicional de Oliver Barnes en Nueva York y Alex Rogers en Washington.

Fuente: https://www.ft.com/content/74d537c6-bd80-4797-9897-3d5455dfc414?accessToken=zwAGQk6CqMHgkc901TfGvYBHl9OYlz1UVd_EFA.MEQCIF-5xtKZU58wFByYHbMhFs8491Jb-tPCQWUERzsic0npAiAFRbow6uiHK7PO6uXGR3FOmSoINSu5BA2gQYc4qzo-jw&sharetype=gift&token=0380ebb9-f532-4960-968b-7680cb43dcb8

Líderes firman acuerdos sobre implementación comercial y tierras raras en la primera cumbre en Tokio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la izquierda, y el primer ministro japonés, Sanae Takaichi, llegan al Palacio de Akasaka en Tokio el 28 de octubre. APSHOTARO TANI y MITSURU OBE

TOKIO — La primera ministra Sanae Takaichi y el presidente Donald Trump en su primera cumbre se comprometieron a profundizar la cooperación económica y de seguridad, al tiempo que promocionaron una «nueva era dorada» para la alianza Japón-Estados Unidos, mientras que el líder japonés prometió una mayor contribución de Tokio a la seguridad internacional.

Takaichi le dijo a Trump al comienzo de su reunión el martes que la alianza entre los países se ha convertido en «la más grande del mundo» y que Japón, junto con Estados Unidos, «contribuirá a la paz y la prosperidad mundial».

«Restauraré una diplomacia japonesa sólida para proteger nuestros intereses nacionales. También quiero impulsar la cooperación entre Japón y Estados Unidos para el desarrollo de un Indopacífico libre y abierto», declaró Takaichi, enfatizando que desea «crear una nueva era dorada para la alianza entre Japón y Estados Unidos» junto con Trump.

En un discurso pronunciado junto a Trump más tarde ese mismo día en la base naval estadounidense en Yokosuka, Takaichi dijo que Japón estaba dispuesto a asumir un papel más proactivo en el mantenimiento de la estabilidad de la región.

Nos enfrentamos a un entorno de seguridad sin precedentes. La paz no se puede preservar solo con palabras. Solo se puede proteger con determinación y acción inquebrantables —afirmó—. Japón se compromete a reforzar radicalmente sus capacidades de defensa y está dispuesto a contribuir de forma aún más proactiva a la paz y la estabilidad de la región.

Trump afirmó que la relación entre Estados Unidos y Japón «será más sólida que nunca» y que esperaba con interés colaborar con Takaichi. El presidente también reconoció que Japón busca aumentar su gasto militar y que su país ha recibido pedidos de Tokio de una «gran cantidad» de nuevo equipo militar.

Su reunión se produce una semana después de que Takaichi fuera elegida primera ministra por los legisladores, convirtiéndose en la primera mujer del país en asumir ese cargo. Busca estrechar lazos con el presidente estadounidense en un momento en que Japón lidia con los aranceles que este le ha impuesto, así como con la creciente presión de Washington para que tome más medidas en su propia defensa.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi (derecha), habla con el presidente estadounidense, Donald Trump, al comienzo de su cumbre en el Palacio de Akasaka el 28 de octubre en Tokio. © Getty Images

Takaichi, el segundo nuevo líder de Japón en aproximadamente un año, tiene la misión de ganarse la confianza de Trump logrando estabilidad política en el país y cumpliendo los compromisos que el país ha asumido con Trump, incluyendo un fuerte aumento del gasto de defensa e invertir 550 mil millones de dólares (o 84 billones de yenes) en Estados Unidos para enero de 2029.

Tras su reunión, ambos líderes firmaron un acuerdo que exige la implementación de acuerdos comerciales previos, incluida la inversión. El acuerdo resaltó el firme compromiso de los líderes con la implementación y afirmó que este ayudará a ambos países a fortalecer la seguridad económica, promover el crecimiento económico y, por lo tanto, a impulsar la prosperidad global.

Agregó que los dos líderes «instruyeron a los ministros y secretarios relevantes a tomar medidas adicionales para una NUEVA ERA DORADA de la creciente alianza entre Estados Unidos y Japón», siendo las mayúsculas un aparente guiño al uso frecuente de ellas por parte de Trump en sus publicaciones en las redes sociales.

Takaichi y Trump también firmaron un acuerdo que establece un marco para asegurar el suministro de minerales críticos y tierras raras. Ambos países acordaron movilizar el apoyo de los sectores público y privado en sus esfuerzos por acelerar el suministro seguro de minerales críticos y tierras raras.

Según el acuerdo, ambas partes identificarán conjuntamente proyectos de interés para abordar las deficiencias en las cadenas de suministro y, en un plazo de seis meses, adoptarán medidas para brindarles apoyo financiero. También adoptarán medidas para acelerar, agilizar o desregular los plazos y procesos de obtención de permisos, incluidos los de minería de minerales críticos y tierras raras.

En su intento de ganarse la confianza de Trump, Takaichi lo elogió por sus esfuerzos por la paz global.

Takaichi afirmó que Trump «contribuyó a la paz en Asia» al mediar en un acuerdo entre Tailandia y Camboya, que sus primeros ministros firmaron el domingo en Kuala Lumpur en su presencia. También se refirió al alto el fuego entre Israel y Hamás en Oriente Medio, en el que Trump también jugó un papel decisivo, calificándolo de «logro histórico sin precedentes».

Trump había hecho que el mundo «fuera mucho más pacífico en un corto período de tiempo», dijo Takaichi, y agregó que el difunto primer ministro japonés Shinzo Abe -su mentor político- había hablado sobre la «diplomacia dinámica» del presidente estadounidense.

También le dijo a Trump que lo nominaría para el Premio Nobel de la Paz, dijo la Casa Blanca.

Takaichi y Trump son compañeros conservadores, y el presidente en su primer mandato tuvo una estrecha química personal con Abe, quien fue asesinado en julio de 2022. Japón espera que la asociación común de los líderes con Abe consolide las relaciones personales y los ayude a convertirse en socios cercanos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la izquierda, y el primer ministro japonés, Sanae Takaichi, muestran los documentos que firmaron en Tokio el 28 de octubre. © Reuters

El difunto primer ministro «habló muy bien de usted mucho antes de conocernos», dijo Trump. «Por lo que sé de Shinzo y otros, será uno de los grandes primeros ministros», añadió.

A pesar de los desafíos económicos planteados por Trump, Japón sigue dependiendo de Estados Unidos para su seguridad. Tokio, frente a una China cada vez más poderosa y a las amenazas de embargos económicos de Pekín, se esfuerza por reforzar su defensa y sus cadenas de suministro en colaboración con Washington.

Trump se encuentra en Tokio en la segunda etapa de su gira por Asia, cuyo objetivo es fortalecer los lazos con los aliados y socios estadounidenses en la región, mientras Washington se prepara para una prolongada competencia con Pekín. La gira lo llevó a Malasia el domingo para reunirse con países del Sudeste Asiático , y el presidente visitará Corea del Sur el miércoles y el jueves.

La visita a Japón es la primera de Trump en seis años y la primera desde que comenzó su segundo mandato presidencial en enero.

Trump tiene previsto reunirse el martes por la noche con líderes de empresas japonesas, entre ellas Toyota Motor. Se espera que el fabricante de automóviles anuncie un plan para importar a Japón automóviles fabricados en Estados Unidos como forma de reducir el déficit comercial bilateral.

Fuente: https://asia.nikkei.com/politics/international-relations/japan-pm-takaichi-and-us-president-trump-tout-new-golden-age-for-alliance

En el hospital Gustavo Nelson Collado, en Chitré, provincia de Herrera, apenas cinco anestesiólogos cubren toda la atención quirúrgica. Todos se acercan a la edad de jubilación. Cada cirugía es un acto de equilibrio entre la vida de los pacientes, la presión del personal limitado y la infraestructura que, por sí sola, no puede garantizar atención.

Paulino Vigil De Gracia, jefe del Departamento Nacional de Docencia e Investigación de la CSS, explica que este escenario no es exclusivo de Chitré. “En áreas apartadas, la carencia de especialistas refleja un problema estructural que también afecta a otras regiones del país”, afirma. La falta de personal no es solo una cifra; es un riesgo directo para los pacientes que esperan atención quirúrgica y especializada.

Para entender la magnitud del déficit, la CSS evalúa varios factores: población, ubicación geográfica, especialistas en servicio, quienes están en formación y los próximos a jubilarse. Esta planificación revela vacíos críticos no solo en zonas apartadas, sino también en provincias centrales y en la ciudad capital, donde la expansión de hospitales ha elevado la demanda de anestesiólogos y cardiólogos.

En 2025, la CSS abrió 187 plazas de especialidades y subespecialidades, un 20% más que en años anteriores, pero solo 137 fueron ocupadas, quedando 50 vacantes. La razón no siempre es la falta de recursos; muchos médicos jóvenes rechazan trasladarse a áreas donde más se les necesita, prefiriendo permanecer en ciudades con mejores condiciones laborales o combinando su salario básico con turnos adicionales.

La anestesiología representa la necesidad más apremiante. Este año, 19 médicos iniciaron su residencia en anestesiología, sumando junto con cohortes anteriores más de 60 especialistas en formación. Sin embargo, quienes ingresaron en 2025 solo estarán disponibles en 2029, tras completar los cuatro años de preparación que exige la especialidad.

En cardiología la situación también es crítica. Durante el primer concurso del año, se ofertaron 3 plazas y ninguna fue ocupada. En la segunda etapa, de agosto a septiembre, se abrieron ocho plazas entre el MINSA y la CSS, pero solo cinco médicos se postularon. Los primeros cardiólogos de esta nueva generación estarán disponibles en octubre de 2028.

Formar un especialista es una inversión de tiempo significativa. Para ser oncólogo, un médico necesita cinco años de cirugía más la especialidad; para cardiología, tres años de medicina interna y tres más de cardiología. Muchos jóvenes médicos consideran que este compromiso de tiempo y esfuerzo representa un obstáculo frente a alternativas más rápidas y económicamente atractivas.

“La formación de especialistas no solo depende de abrir plazas; necesitamos atraer y motivar a los médicos jóvenes”, asegura Vigil De Gracia. Muchos prefieren quedarse como generales, combinando su salario básico con turnos adicionales en lugar de invertir seis o siete años más en especialización.

Para garantizar que los médicos formados con recursos de la CSS trabajen en zonas de difícil acceso, la institución establece contratos que incluyen sanciones económicas que van de $60,000 a $120,000, según la especialidad y los años de formación.

Por ejemplo, un internista que completa tres años de residencia debe trabajar seis años en la región asignada. Un ginecólogo, tras cuatro años de formación, tiene un compromiso de ocho años. Aunque la mayoría continúa trabajando en la institución más allá de este período, ya no existe obligación contractual. El objetivo de estas medidas no es recuperar dinero, sino garantizar que la población tenga acceso a especialistas.

Panamá cuenta con 7,314 médicos, lo que equivale a 1.7 profesionales por cada mil habitantes, ligeramente por encima del estándar recomendado por la OMS (1.6). Sin embargo, esta cifra oculta desigualdad regional: la mayoría de especialistas se concentra en áreas urbanas, dejando zonas apartadas sin la cobertura necesaria.

Además, el envejecimiento del personal agrava el déficit. Si se aplicaran las edades de jubilación, 57 años para mujeres y 62 para hombres, el 60% de los especialistas actuales deberían retirarse, lo que generaría un caos en la atención médica si no se han formado reemplazos a tiempo.

La propuesta de abrir centros de salud y policlínicas 24 horas ha generado debate. Vigil De Gracia advierte: “No es que sea malo; es excelente para la población, pero con la cantidad de médicos disponibles hoy sería crear más deficiencia”.

Actualmente, la atención continua es viable solo en hospitales de tercer y cuarto nivel. Extender este modelo a todos los centros de salud requeriría médicos, enfermeras y técnicos suficientes, un desafío que la CSS encara junto con la necesidad de mantener la calidad de atención.

A pesar de los desafíos, Panamá sigue formando especialistas y subespecialistas, consolidando un proceso que depende de planificación, motivación, distribución territorial e infraestructura. Abrir plazas sin aspirantes no resolverá el déficit; la solución requiere un enfoque integral: motivar a los jóvenes, asegurar su formación y garantizar que trabajen donde más se necesitan.

Cada cirugía realizada, cada paciente atendido es un recordatorio de que detrás de los números hay historias de sacrificio, compromiso y la urgencia de planificar. En un país donde un latido puede depender de la disponibilidad de un cardiólogo o un anestesiólogo, la formación de especialistas no es solo un reto institucional: es un asunto de vida o muerte para miles de panameños.

Fuente: https://www.prensa.com/sociedad/falta-de-medicos-especialistas-cardiologos-y-anestesiologos-los-mas-necesitados/

En la Caja de Seguro Social se libra una guerra que no aparece en los partes oficiales ni se escucha en los discursos políticos. Es una batalla silenciosa, marcada por la escasez, la desconfianza y la confrontación entre quienes curan y quienes administran.

Todo comenzó con cartas y comunicados que rompieron la rutina hospitalaria. Los neurocirujanos, quince en total, alzaron la voz para denunciar un “embudo” insoportable: camas de cuidados intensivos insuficientes, quirófanos cerrados, escasez de suministros y listas de espera que crecen como un monstruo imposible de detener. En otro frente, los gastroenterólogos hicieron lo propio. Señalaron que médicos generales tomaban decisiones clínicas para las que no tenían competencias, poniendo en riesgo la seguridad de los pacientes. Lo describieron como una extralimitación que vulnera no solo su trabajo, sino también la confianza de quienes llegan en busca de atención.

En medio del ruido de las quejas, apareció la respuesta del director médico, Ricardo Sandoval, con una frase que encendió aún más el debate: “Muchos harán resistencia, otros se irán ante los cambios”. Su declaración no hablaba únicamente de quirófanos ni de horarios, sino de disciplina, productividad y la capacidad de los especialistas de adaptarse a un sistema que intenta reorganizarse a contrarreloj.

Sandoval asegura que no se trata de falta de insumos, sino de compromiso. Que hay quirófanos listos y plazas disponibles, pero que no se aprovechan. Que durante su gestión ha logrado aumentar de ocho a quince las salas operativas y extender los horarios quirúrgicos hasta duplicar la oferta de horas de cirugía. Para él, el problema radica en que algunos médicos no cumplen con los horarios ni con el número de procedimientos establecidos. “Si llevas dos, tres o cuatro años sin trabajar al 100 %, lo que debes hacer es aumentar tu compromiso”, sentenció.

El relato, sin embargo, no es tan simple. Porque tanto los neurocirujanos como los gastroenterólogos ven otra cara de la moneda: la carencia de recursos, las decisiones centralizadas sin consulta técnica, las condiciones laborales hostiles. En su visión, exigir más productividad sin garantizar lo básico es como pedirle a un cirujano que opere sin bisturí.

Los quirófanos se han convertido en el símbolo de esta disputa. En el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, apenas ocho de veinte funcionaban. En la imponente Ciudad de la Salud, de veinticinco, solo siete estaban en uso, algunos cerrando incluso antes del mediodía. La administración habla de reorganización, de optimización, de ampliar la capacidad instalada. Los médicos responden que sin equipos, insumos ni personal técnico, la productividad es una ilusión.

El desenlace de esta historia aún está abierto. Lo que sí está claro es que la transición no será fácil. Sandoval lo reconoce: “habrá resistencia, otros se acomodarán y otros se irán”. Sus palabras dibujan un panorama de ruptura, donde el sistema busca depurarse en plena tormenta.

Pero, más allá de los comunicados y los llamados de atención, hay un protagonista silencioso que no puede esperar: el paciente. El asegurado que pasa horas en una sala de urgencias, el que aguarda meses por una cirugía de neurocirugía, el que necesita con urgencia un procedimiento de gastroenterología, el que se aferra a la promesa de un sistema de salud que debería ser su refugio.

La batalla de la CSS no se libra en un solo frente. Es la lucha entre la productividad exigida y las condiciones necesarias para alcanzarla. Entre la disciplina y la precariedad. Entre la administración que reorganiza y los médicos que resisten. Y mientras tanto, la herida más profunda sigue abierta: la de un país donde la salud pública camina siempre en el filo entre la esperanza y la frustración.

Quizás esta crisis nos obliga a mirarnos en un espejo incómodo. Nos revela que detrás de cada disputa gremial, de cada cifra de productividad y de cada quirófano cerrado, hay rostros que esperan. No podemos permitir que el debate se reduzca a quién tiene la razón. La verdadera urgencia está en devolverle la dignidad al acto de atender y al derecho de ser atendido.

La esperanza no está perdida. Si médicos y directivos logran tender puentes, si la disciplina se acompaña de recursos y la exigencia se sostiene en la empatía, la Caja de Seguro Social podría convertirse en la institución que el país merece: una que no se debata entre la resistencia y el abandono, sino que sea capaz de reconciliar productividad con humanidad. Al final, no se trata de quién gana esta batalla, sino de que los pacientes, los que esperan por neurocirugía, por gastroenterología y por tantas otras especialidades, no sigan siendo las víctimas invisibles de un conflicto que, si no se resuelve, amenaza con convertirse en la herida más dolorosa de la Nación.

Fuente: https://www.prensa.com/sociedad/muchos-haran-resistencia-otros-se-iran-ante-los-cambios-director-medico-de-la-css/

En julio de 2025, el Tribunal Administrativo Tributario (TAT) emitió la Resolución de Fondo n.° TAT-RF-039, resolviendo un caso de gran interés para el sector sin fines de lucro y los profesionales en derecho tributario. La controversia giró en torno a la negativa de la Dirección General de Ingresos (DGI) de inscribir a una organización sin fines de lucro (OSFL) en el registro que autoriza a recibir donaciones deducibles del impuesto sobre la renta. Este fallo delimita las competencias entre el Ministerio de Gobierno y la DGI y al mismo tiempo resalta un aspecto esencial para el sector de la exigencia estricta de la certificación sectorial como requisito indispensable para acceder al reconocimiento fiscal y, en consecuencia, al beneficio de las donaciones deducibles.

La organización solicitante, constituida en 2019 y reconocida con personería jurídica mediante Resuelto n.° 47-PJ-47 de 23 de abril de 2021, había impulsado actividades deportivas, culturales y comunitarias, alegando que cumplía con los fines de una entidad de beneficencia. Sin embargo, la DGI, a través de la Resolución n.° 201-7455 de 1 de agosto de 2023, negó la inscripción, argumentando que los estatutos mostraban una estructura más cercana a una asociación de interés público que a una OSFL. Además, observó actividades comerciales, como cobro de tarifas y arrendamiento de locales, que a su juicio desnaturalizaban el carácter no lucrativo. A este razonamiento sumó un elemento crucial: la falta de la certificación emitida por la entidad gubernamental competente (cultural, educativa o de beneficencia) que acreditara la naturaleza de sus actividades, requisito establecido en la Resolución n.° 201-16900 de 2015.

Ante la negativa, la entidad interpuso recurso de reconsideración, rechazado en agosto de 2024, y posteriormente recurso de apelación ante el TAT. Sus abogados sostuvieron que la DGI carecía de competencia para “reclasificar” el tipo de persona jurídica ya reconocida por el Ministerio de Gobierno, insistiendo además en que el hecho de realizar actos de comercio no invalida la condición de OSFL, siempre que no se repartan utilidades entre miembros o directivos. También defendieron que las actividades y espacios de la organización estaban abiertos al público en general y no restringidos exclusivamente a residentes de un proyecto inmobiliario, como insinuaba la autoridad tributaria.

El Tribunal Administrativo Tributario, al analizar los argumentos de ambas partes, optó por centrar su decisión en el aspecto documental. Si bien reconoció las discusiones sobre la naturaleza jurídica y las actividades económicas, concluyó que el elemento determinante era la ausencia de la certificación sectorial. Recordó que la Resolución n.° 201-16900 de 2015 establece que toda OSFL que pretenda ser reconocida como receptora de donaciones deducibles debe presentar una copia autenticada de la resolución o certificación de la entidad gubernamental competente, la cual avale expresamente que su actividad es educativa o de beneficencia del país, sin fines de lucro. En el expediente no constaba tal certificación, a pesar de que la organización había manifestado haber iniciado el trámite ante el Ministerio de Cultura desde 2022. Lo que sí aportó, de manera extemporánea, fue la resolución de personería jurídica emitida por el Ministerio de Gobierno, documento que ya obraba en el expediente y que no sustituía el requisito exigido.

Con base en ello, el Tribunal decidió mantener la negativa de la DGI. No obstante, dejó claro que la resolución no constituye cosa juzgada definitiva, una vez la entidad solicitante obtenga la certificación correspondiente, podrá presentar nuevamente su petición ante la DGI para ser reconocida como receptora de donaciones deducibles.

El fallo aporta varias reflexiones relevantes para el ecosistema de las organizaciones sin fines de lucro, a saber:

Primero, marca con claridad la distinción entre el reconocimiento legal de la personería jurídica y el reconocimiento fiscal para efectos de donaciones deducibles: uno no sustituye al otro.

Segundo, reafirma que las OSFL pueden realizar actos de comercio, pero siempre bajo la condición de que sus excedentes no se distribuyan entre asociados.

Tercero, confirma la tendencia hacia un cumplimiento formal estricto en materia tributaria, la falta de un documento esencial, como la certificación sectorial, basta para desestimar la solicitud, independientemente de los fines declarados o de la trayectoria comunitaria de la entidad.

En conclusión, desde la perspectiva de nuestra Firma, este caso envía un mensaje contundente al sector de las OSFL. La obtención del beneficio tributario de recibir donaciones deducibles no depende únicamente de la voluntad altruista o del reconocimiento de la personería jurídica, el mismo require tambien el cumplimiento riguroso de los requisitos formales previstos en la normativa tributaria. Este precedente pone de relieve que, en materia fiscal, la buena intención y la labor social de una organización deben estar respaldadas por un manejo documental y procedimental impecable.

El aprendizaje es claro para todas las organizaciones sin fines de lucro, antes de solicitar su inscripción ante la Dirección General de Ingresos, deben asegurarse de contar con la certificación sectorial correspondiente, emitida por la entidad gubernamental competente que avale de manera expresa la naturaleza educativa, cultural o de beneficencia de sus actividades. Este requisito, que podría parecer un trámite más, se convierte en el pilar que sostiene la validez de la solicitud.

Desde una visión institucional, consideramos que el fallo no representa un obstáculo insalvable, más bien constituye una oportunidad para que las organizaciones fortalezcan sus procesos internos y eleven sus estándares de cumplimiento. Al mismo tiempo, este fallo resalta la importancia de que el sector comprenda que el reconocimiento fiscal no se limita a habilitar la recepción de donaciones deducibles, ya que también otorga un sello de legitimidad y confianza frente a donantes, autoridades y la sociedad en general.

La posición del Tribunal Administrativo Tributario debe leerse, entonces, como un llamado a la profesionalización del sector sin fines de lucro. El cumplimiento estricto de la normativa tributaria es condición indispensable para acceder a beneficios fiscales que, lejos de ser un privilegio, constituyen una herramienta legítima de sostenibilidad institucional.

En definitiva, el verdadero impacto social requiere tanto del compromiso con la comunidad como del cumplimiento con el marco legal. Solo así las organizaciones estarán en condiciones de proyectar credibilidad, consolidar su financiamiento y cumplir su rol como actores fundamentales en la construcción de un país más equitativo y solidario.

El ajuste al puntaje mínimo de aprobación en el examen de certificación médica no es un hecho aislado. Responde a una tendencia que ha venido desarrollándose por años y que ahora se vuelve imposible de ignorar. Las estadísticas acumuladas entre 2014 y 2024 revelan una realidad profundamente desigual en la preparación de los futuros médicos según su universidad de origen.

Durante ese período, 10,381 aspirantes presentaron el examen de certificación básica en medicina aplicado tres veces al año: en enero, mayo y agosto, pero 4,670 de ellos no lograron aprobar, lo que representa una tasa de reprobación cercana al 45%. Sin embargo, al desglosar los resultados por institución, la diferencia entre universidades públicas y privadas es aún más marcada.

La Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá (UP), con un enfoque pedagógico estrictamente presencial, registra apenas un 5% de fracaso: solo 106 de 2,079 graduados no superaron el examen. En la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), el índice de reprobación sube al 29%, con 178 estudiantes reprobados de un total de 615. En cambio, las universidades privadas presentan un panorama crítico, con un alarmante 57% de fracaso: 4,386 de los 7,687 egresados de estas instituciones no alcanzaron el puntaje requerido.

Estos datos confirman Io que distintos gremios de salud y docentes venían advirtiendo: la calidad de la formación médica no es uniforme, y los estudiantes provenientes de universidades con menor carga práctica, uso excesivo de plataformas virtuales o limitada supervisión clínica son los más afectados. El nuevo aumento del puntaje mínimo ahora fijado en 45%, no hará más que acentuar estas diferencias si las universidades no realizan ajustes estructurales inmediatos.

Cabe destacar que este examen de certificación no es un mecanismo informal. Su obligatoriedad está contemplada en la Ley 43 del 21 de julio de 2004, que regula el ejercicio de la medicina en Panamá y establece que ningún profesional puede ejercer sin demostrar las competencias básicas necesarias. La ley no solo establece los criterios, sino que protege al paciente panameño exigiendo mínimos de idoneidad en quienes tendrán a su cargo decisiones médicas vitales.

En este contexto, el país no puede limitarse a subir el puntaje. Es imperativo fortalecer la supervisión de los planes de estudio, aumentar la rigurosidad académica, exigir prácticas clínicas reales y promover un modelo educativo que responda a las necesidades del sistema de salud, no solo al negocio universitario. El futuro de la medicina panameña y la seguridad de miles de pacientes depende de ello.

Finalmente, en nuestra última publicación, del pasado 20 de junio, advertimos con cifras concretas el preocupante índice de reprobación entre los egresados de universidades privadas en el examen de certificación médica y adicionalmente presentamos una propuesta concreta que puede servir como punto de partida para revertir esta tendencia y cerrar la brecha formativa. La clave está en entender que la solución no depende exclusivamente de una universidad o de una política estatal aislada. Se necesita responsabilidad institucional compartida, liderazgo del Estado, apertura del sector privado y voluntad académica real.

Señalamos también que una de las causas principales de este fenómeno es la escasa o en muchos casos inexistente formación clínica práctica durante los primeros años de carrera. A partir de ello, propusimos la necesidad urgente de que las universidades privadas puedan integrarse a un inventario nacional de instalaciones hospitalarias disponibles para prácticas médicas supervisadas, para la reducción de este déficit.

Inventario de oportunidades: instalaciones que pueden hacer la diferencia

En ese sentido, tanto el Ministerio de Salud (MINSA) como la Caja de Seguro Social (CSS) están llamados a desempeñar un papel más activo en la formación médica del país. Estas instituciones deben fortalecer sus alianzas con universidades públicas y privadas y organismos internacionales, promoviendo estándares académicos unificados, facilitando el acceso a rotaciones clínicas y estableciendo convenios sostenibles con hospitales docentes.

Panamá ya cuenta con una red hospitalaria nacional con capacidad de formación clínica, que debe ser formalmente reconocida y puesta al servicio de la educación médica.

En el caso del MINSA, destacan el Hospital Santo Tomás, el Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel, el Hospital Regional Luis “Chicho” Fábrega en Veraguas y el Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía en Chiriquí. Por parte de la CSS, se suman el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, el Hospital de Especialidades Pediátricas, el Hospital Irma De Lourdes Tzanetatos, el Complejo Hospitalario Dr. Manuel Amador Guerrero en Colón, el Hospital Regional Dr. Rafael Estévez en Coclé, el Hospital Regional Dr. Gustavo Nelson Collado en Herrera y el Hospital Regional Dr. Rafael Hernández en Chiriquí.

Estos centros además de atender a miles de panameños cuentan con la infraestructura, el talento humano y la casuística clínica necesarios para convertirse en plataformas activas de formación para estudiantes, internos y residentes, independientemente de su universidad de origen.

A través de estas instituciones, los futuros médicos pueden capacitarse en más de 30 especialidades clínicas y líneas de investigación médica, incluyendo: alergología, inmunología, anestesiología, cardiología (pediátrica y de adultos), cirugía general y especializada (cardiovascular, torácica, vascular periférica), endocrinología, gastroenterología, ginecología y obstetricia, medicina familiar, medicina del trabajo, nefrología, neumología, neurología, neonatología, oftalmología, oncología, ortopedia, otorrinolaringología, psiquiatría, radiología, salud pública, terapia física y urología, entre otras.

Esta diversidad de especialidades permite que el aprendizaje clínico sea integral, contextualizado y acorde con las realidades epidemiológicas y sociales del país. Si se logran establecer convenios equitativos y bien estructurados, estas instituciones podrían ofrecer las condiciones necesarias para que miles de estudiantes de medicina especialmente de universidades privadas completen su formación de manera ética, técnica y profesionalmente competente.

Fuente: La Prensa. «Aumenta el puntaje mínimo en el examen de certificación médica: Ahora es del 45%»