Para nadie es un secreto que la gesta patriótica del 9 de enero de 1964, que dio inicio a la recuperación del territorio nacional que en un momento constituyó la innombrable «zona del canal», y por ende a la plena soberanía de Panamá, no solo de dicho territorio, sino de la operación del Canal de Panamá, tuvo su inicio en el Instituto Nacional, conocido como el «Nido de Águilas».

Las vidas de los estudiantes de ese colegio estuvieron en peligro en esa memorable fecha y en los días subsiguientes, e incluso fueron el preludio de una acción de la policía que cobró vidas de distintas personas y provocó el rompimiento de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos por parte de la República de Panamá.

A lo largo de los años, el Instituto Nacional ha sido un bastión fundamental en la lucha por nuestra soberanía, y también de distintos movimientos ideológicos y reivindicativos que frecuentemente causan incomodidad a los gobernantes de turno.

Cuando, hace 25 años, se produjo la terminación de la presencia norteamericana en la administración del canal, fecha en que todo el pueblo panameño se volcó al área donde se encuentra el edificio de la Administración del Canal, el Instituto Nacional se hizo presente y sirvió como una prueba indubitable de su raigambre nacionalista, cuestionadora de cómo sería administrado este patrimonio público que sirve al comercio marítimo internacional.

Por eso, causa extrañeza y también incomodidad encontrarse que, al celebrarse hoy un cuarto de siglo de esa administración panameña, a todas luces aceptable y sobre la cual se ciernen amenazas públicas de un presidente electo de los Estados Unidos, no haya sido invitado el colegio público que mejor representa el perfil cívico y la semilla fértil de nuestra nacionalidad, omisión que no tiene justificación alguna ni mucho menos sustentación.

Deseamos desde aquí reiterar el reconocimiento al “Nido de Águilas” como el más importante de los gestores de este movimiento de reivindicación nacional, al mismo nivel que en su oportunidad lo hicieron muchos panameños a través de generaciones que, desde el primer momento, rechazaron las cláusulas del tratado que permitió la construcción del Canal de Panamá, particularmente la que concierne a la perpetuidad de esta presencia militar en nuestro país.

Creo que el país merece un pronunciamiento de disculpas, especialmente a los estudiantes del Instituto Nacional. Amanecerá y veremos…

Después de 20 años de inacción y acumulación de problemas, el gobierno actual se ha atrevido a afrontar una buena parte de las debilidades que presenta la Caja del Seguro Social.

Hay otras que no se han abordado, como el impacto de las jubilaciones especiales de los miembros de la policía y otros estamentos de seguridad, educadores y funcionarios que tienen leyes especiales que le otorgan jubilaciones discriminatorias frente al resto de los trabajadores.

La carga de beneficiarios y de terceros que utilizan los servicios de salud de la institución, como un árbol frondoso que afecta la condición financiera de la institución.

La sobrecarga de los empleados administrativos cuya proporción es abrumadora frente a entidades de seguridad social comparables, ausencia de tecnología y de métricas financieras para administrar los fondos que recauda la institución con mucha ineficiencia.

Sin embargo, el proyecto que ha sido preparado en un plazo muy corto, contiene los elementos suficientes para que se puedan introducir cambios que permitan salvar de la quiebra total no sólo al programa de invalidez, vejez y muerte sino a la misma entidad en su conjunto.

También debemos reconocer el valor que representa el hecho cierto que más de un centenar de panameños hayan estudiado el proyecto, y se han atrevido a comparecer ante la Asamblea de Diputados para hacer sus propuestas de distintos matices y contenidos, pero con mucho civismo, lo cual recuerda la Constituyente de 1946 que produjo un cambio en el rumbo de la Nación.

Ahora bien, no es posible pretender que un tema que tiene tantas implicaciones se pueda resolver en pocas semanas porque la responsabilidad de decidir sobre la aprobación de la Ley, les corresponde no sólo a los técnicos sino a los partidos y a otros entes nuevos en el panorama legislativo que tienen dudas razonables sobre la eficiencia y eficacia de los gobiernos anteriores y del gobierno actual.

El país tiene que llegar a buen puerto en este tema y es sabido que lo perfecto es enemigo de lo practico y por lo tanto, cabe la frase del General Torrijos en el sentido que “el que más consulta es el que menos se equivoca”. Todo tiene un limite y el objetivo es lograr un resultado creíble no solo para la población, sino también para los tomadores de decisiones locales e internacionales.

Ello da pie a incorporar el tema de las calificadoras de riesgo y el grado de inversión.

Todas han advertido que estamos a un tris de perder el grado de inversión que tiene múltiples consecuencias, tales como: reducir la inversión extranjera directa; aumentar las tasas de interés aplicables a créditos institucionales, comerciales y personales; afectar la confianza de depositantes e inversores que han confiado en las instituciones financieras y bancarias de nuestro país para depositar sus fondos y ubicar sus patrimonios en Panamá.

Otro elemento que debemos tener en cuenta en esta compleja ecuación, es el hecho cierto que nuestro país no ha aprovechado el incremento importante de las actividades de comercio electrónico y de tecnologías modernas para obtener ingresos producto de aranceles y también de impuestos sobre este tipo de actividad que representa el 80% del PIB mundial.

No hay en este momento en el escenario gubernamental, una propuesta de país que acoja las políticas tributarias vigentes tanto en América latina como en Europa y Asia y por ende, estamos dejando escapar ingresos que no gravamos en nuestro país y que como consecuencia de esta política interna se transfiere a los países donde se origina la inversión.

Finalmente, las calificadoras de riesgo se han referido al peso de los gastos de funcionamiento en el país que no han sido reducidos significativamente y la mejor prueba de ello, es el que el presupuesto aprobado para el año en curso no refleja recortes salariales sino incrementos exorbitantes en ciertas áreas como el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Educación, la Asamblea de Diputados, entre otros.

Todos estos elementos tienen un peso específico en la capacidad que tiene el país para salir del marasmo y del endeudamiento rampante para entrar en una nueva fase que vuelva la atracción de este mercado como uno de los principales centros financieros logísticos y de servicios de América Latina.

Amanecerá y veremos…

Primer Congreso de Tributación Internacional organizado por Grupo IFA Panamá, 04 de diciembre de 2024.

Sean mis primeras palabras para agradecer al Comité Organizador del Primer Congreso de Tributación Internacional la invitación para expresar algunas reflexiones con motivo de este importante evento en nuestro país. Tomando en cuenta que un número significativo de tributaristas que integran los paneles de este congreso son profesionales extranjeros, conviene mencionar que el evento organizado por el Grupo IFA Panamá constituye una oportunidad sin precedentes para abordar esta temática, dado que nuestro país tiene retos estructurales de gran calado que se están produciendo en este momento y que necesariamente nos conectan con decisiones que deben ser resueltas en un periodo relativamente corto, a las cuales me referiré de inmediato.

En primer lugar, la Asamblea Nacional de Diputados debate en estos momentos el Proyecto de Ley No. 163, que modifica, adiciona y deroga artículos de la Ley No. 51 de 2005, concernientes al manejo, administración y sostenibilidad de la Caja del Seguro Social. Estos cambios que son relevantes para el sistema de pensiones, así como normas sobre gobernanza, eficiencia y responsabilidades de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, entre otros.

Un aspecto fundamental en este proceso legislativo atañe a la responsabilidad que se le pretende asignar al Estado para que realice un aporte anual obligatorio para cubrir el déficit actuarial del Programa de Riesgo de Invalidez, Vejez y Muerte, el cual representa la suma de 966 millones de dólares anuales, monto que será ajustable cada año.

Esto supone que el Estado tendrá que obtener los recursos financieros para dar cumplimiento a esta nueva obligación financiera.

Otro tema presente en el escenario nacional es la rebaja en la calificación de riesgo de Panamá, que ha sido expuesta por la entidad Standard & Poor’s. Esta rebaja representa un golpe significativo para la percepción de estabilidad económica del país, colocándolo al borde de perder su grado de inversión. Esta decisión de la calificadora refleja preocupaciones sobre el manejo fiscal, el impacto del endeudamiento creciente y la dependencia del financiamiento externo, así como la falta de reformas profundas en la recaudación tributaria.

Debe indicarse también que otra calificadora, Moody’s, ha decidido mantener el grado de inversión de Panamá, aunque con una perspectiva negativa. Esto significa un voto de confianza moderada, confiando en la capacidad del país para cumplir con sus compromisos financieros y enfrentar sus desafíos fiscales.

Por ello, creo que la presencia de tributaristas locales e internacionales en nuestro país viene a demostrar que, aun con las circunstancias adversas, nuestra característica acumulada desde hace más de un siglo nos produce confianza de poder analizar, dentro de un marco del Estado de Derecho y con el aporte de los estudiosos de los temas tributarios, las propuestas adecuadas para que nuestro país pueda abordar con la capacidad que los distintos paneles del congreso le ofrecen, y así acometer una tarea de profunda reestructuración de las normativas tributarias en forma gradual, equilibrada, compartida con los agentes económicos y atenta a las tendencias internacionales que se han ido estructurando desde hace más de veinte años en el mundo.

En efecto, el primer abordaje se refiere a las implicaciones de la tributación internacional en la economía digital, donde tendremos la oportunidad de conocer el impacto que este tipo de actividad tiene en el mundo, cuáles son las soluciones que ha desarrollado la OCDE a través del Marco Inclusivo BEPS, con un enfoque en los pilares 1 y 2, qué beneficios representa para los diferentes países la asignación de derechos tributarios y la reubicación de beneficios de las multinacionales, teniendo en cuenta que estas actividades generan mucho valor sin presencia física significativa en los mercados.

En ese contexto, además de las explicaciones y experiencias de los panelistas, los asistentes al congreso también podrán consultar el Proyecto sobre Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios de la OCDE y el G20, en particular el Enfoque de dos pilares, publicado en octubre de 2021.

El segundo panel se referirá a la fiscalidad de activos digitales y criptoactivos, en el cual se estarán analizando las directrices de la OCDE y los cambios que trae la Ley de Infraestructura de 2021.

Un punto importante en este tipo de actividad productiva es la identificación de beneficiarios finales, las obligaciones de reporte bajo la normativa CRS y FATCA. También los participantes del congreso podrán ampliar sus conocimientos revisando las Normas Internacionales para el Intercambio Automático de Información en Materia Tributaria, en el marco de los informes sobre criptoactivos actualizados a 2023, documento preparado por la OCDE. Asimismo, podrán consultar la Sección 80603 de la Ley 117-58 de 2021 de los Estados Unidos, que introduce enmiendas al Código de Rentas Internas de 1986, agregando disposiciones sobre los corredores que gestionan activos digitales y los informes que deben presentar al respecto.

El panel 3 cuenta con una representación muy amplia de tributaristas nacionales e internacionales, y se referirá al instrumento multilateral y su impacto en la modernización de los tratados para evitar la múltiple imposición, con un enfoque en las cláusulas antiabuso. Además de escuchar las experiencias de los casos prácticos que se han generado a partir de la revisión de estas cláusulas, participantes podrán ampliar su conocimiento y experiencia práctica mediante el análisis de los documentos «Impedir la Utilización Abusiva de Convenios Fiscales» y «Prevención del Abuso de los Tratados Fiscales», publicados en 2015 y 2024 respectivamente, ambos elaborados en el marco del Proyecto de la OCDE y el G20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS).

Además, se podrá consultar la Ley 170 de 15 de octubre de 2020, por la cual se aprueba la Convención Multilateral para Aplicar las Medidas Relacionadas con los Tratados Fiscales para Prevenir la Erosión de las Bases Imponibles y el Traslado de Beneficios, hecha en París, el 24 de noviembre de 2016, firmada por Panamá el 24 de enero de 2018.

En el panel 4 se abordará un tema de gran importancia para las entidades financieras y bancarias respecto del cumplimiento de los estándares de intercambio automático de información, como FATCA, QI y CRS, y en particular la forma en que las instituciones pueden cumplir con los requisitos de reporte y debida diligencia, en un entorno regulatorio muy exigente y en constante evolución. Los participantes del congreso podrían beneficiarse enormemente al revisar el marco de información proporcionado por el documento titulado «Estándar para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras», segunda edición, preparado por la OCDE de fecha 2017.

En el panel 5, denominado “Régimen de Precios de Transferencia: Retos y Evoluciones”, tendremos un intercambio entre la DGI, las firmas de auditoría e incluso empresas sobre el Monto B, dentro del Pilar 1, concerniente a definir el valor de intangibles, de difícil valoración, y activos de propiedad intelectual. Para ampliar el conocimiento referente a este tema, sería conveniente consultar el documento preparado por la OCDE en el Marco Inclusivo sobre BEPS, titulado “Pilar Uno – Monto B” de fecha 2024.

El panel 6, está complementado por representantes de firmas de auditoría y de abogados tributaristas que plantearán los retos actuales que enfrentan los contribuyentes y sus asesores para cumplir las obligaciones de reporte de estructuras patrimoniales y sucesorias, sin comprometer la confidencialidad y la seguridad de los activos. Los participantes del congreso podrán ampliar sus conocimientos consultando el documento titulado «Diseño de Normas Efectivas para Empresas Extranjeras Controladas», preparado por la OCDE de fecha 2015.

El panel 7, que será el de cierre, contará con invitados internacionales que tendrán la responsabilidad de explicar a la audiencia no solamente los contenidos expuestos, sino también cómo potenciar las herramientas, las experiencias y las conveniencias que tiene Panamá para abordar una reforma tributaria profunda que nos inserte en un ámbito internacional. Esta reforma debe permitirnos recuperar nuestra buena imagen como una economía dinámica, que atraiga la inversión extranjera directa, local e internacional, recupere el grado de inversión y aproveche las tendencias internacionales de carácter universal. De esta manera, las actividades financieras, bancarias, logísticas, de servicio, turismo, industriales, farmacéuticas, de semiconductores, agroindustriales y de aprovechamiento de nuestros recursos naturales constituirán un motor de desarrollo para fortalecer nuestra educación y lograr el crecimiento individual y colectivo que el país merece y necesita para mantener la estabilidad económica, política y social.

El anuncio del Gobierno de Panamá de invertir 450 millones de dólares en la adquisición de laptops para implementar el programa One Laptop Per Child (OLPC) ha generado una avalancha de cuestionamientos. Si bien la propuesta busca reducir la brecha digital en comunidades vulnerables, su ejecución parece ignorar aspectos fundamentales tanto técnicos, como administrativos y constitucionales dejando entrever serias falencias en el proceso de toma de decisiones del Ministerio de Educación. 

En primer lugar, se trata de una compra directa que presuntamente elude los procedimientos constitucionales establecidos en Panamá para contrataciones de esta envergadura. Este tipo de adquisiciones no solo compromete la transparencia del gasto público, sino que también plantea dudas sobre el escrutinio técnico al que deberían someterse estos equipos antes de ser adquiridos. La ministra de Educación, quien lidera esta iniciativa, parece haber pasado por alto las graves críticas que recibió su gestión por excluir al país de las pruebas PISA, un movimiento que ya había dejado entre dicho su enfoque estratégico en temas educativos. 

Desde un punto de vista técnico, las laptops OLPC presentan una serie de limitaciones significativas que impactan su funcionalidad en contextos educativos modernos. Con procesadores de baja potencia, memorias RAM de apenas 512 MB a 1 GB y almacenamiento interno insuficiente, estas computadoras no solo se quedan cortas frente a las demandas actuales del software educativo, sino que también comprometen la experiencia del usuario. Por ejemplo, el sistema operativo Linux y el entorno educativo Sugar, aunque adecuados para aplicaciones básicas, distan mucho de ofrecer un ecosistema compatible con herramientas estándares como Microsoft Office o plataformas colaborativas ampliamente utilizadas en la educación superior y el ámbito laboral. 

Aun cuando la resistencia de las OLPC y su bajo costo pueden parecer ventajosos, estos factores no compensan su obsolescencia tecnológica. Equipos con hardware tan básico no preparan a los estudiantes para enfrentar un futuro donde el dominio de herramientas avanzadas es imprescindible. Además, las OLPC dependen de una comunidad de código abierto para actualizaciones y soporte técnico, lo que podría convertirse en un obstáculo para su mantenimiento en el largo plazo, especialmente en zonas rurales con acceso limitado a expertos en tecnología. 

Es preocupante que esta decisión no parezca estar alineada con un análisis integral del sistema educativo panameño ni con una visión clara de las metas a largo plazo. Más allá del costo, el verdadero problema radica en la falta de planificación estratégica. Un ejemplo es la implementación exitosa de OLPC en Uruguay, donde el programa se especializó y limitó a objetivos específicos. Sin embargo, replicar ese modelo requiere una visión fundamentada en datos y no en decisiones improvisadas. 

Finalmente, cabe resaltar que este proyecto refleja una desconexión entre la dirección del Ministerio de Educación y las necesidades reales del sistema educativo panameño. Mientras se prioriza una compra masiva de equipos tecnológicamente limitados, otros aspectos fundamentales, como la capacitación docente, la mejora en la infraestructura educativa y la actualización curricular, permanecen desatendidos. Panamá merece un liderazgo educativo que actúe con visión, planificación y responsabilidad, especialmente cuando se trata de inversiones multimillonarias del Tesoro Nacional en el futuro de sus estudiantes.

Recomendamos a la ministra que reconsidere totalmente este proyecto, porque viola normas constitucionales de libre competencia y libre concurrencia. Además, porque esta herramienta tecnológica presenta una debilidad para su propósito y resultará insuficiente para las necesidades de los estudiantes.

Amanecerá y veremos…

Breve explicación de este artículo

En nuestra Firma, hemos considerado de importancia capital, revisar detenidamente este tema en vista de los efectos perversos que tendría reiterar una decisión equivocada de retirar a nuestro país de estas pruebas. Tal como se indica en el título, resulta paradójico reconocer que el universo de estudiantes tanto de escuelas públicas como privadas que podrían estar participando en estas pruebas ahora y en el futuro desconocen, y por lo tanto podemos inferir que en su mayoría carecen de un criterio formado para activarse junto con sus padres y la comunidad empresarial con el fin de recuperar el tiempo perdido y reivindicar la condición de un país serio que apuesta por medir transparentemente la eficacia de su sistema educativo.

Peor aún, muchos padres creen que nuestro sistema educativo es el adecuado para procurarle a sus hijos las habilidades necesarias para atravesar los tiempos actuales, que, como ya sabemos, están intervenidos hoy por hoy,  por la inteligencia artificial.

Debemos reconocer la consistencia y seriedad que ha tenido el periódico La Prensa para acoger y promover opiniones autorizadas y entrevistas puntuales, manteniendo a sus lectores informados sobre este asunto.

Lo que deseamos presentar es una sinopsis de los contenidos que han aparecido en el diario ya mencionado y otras fuentes que hemos consultado, dada la importancia del tema.

Tres son los elementos que nos interesan en este momento, a saber:

1. Provocar una conciencia nacional sobre la necesidad imperiosa que no se pierda esta oportunidad de participar en las pruebas que se deben ejecutar el próximo año.
2. En ausencia de un financiamiento estatal, le corresponde al sector privado, que es el principal afectado por la calidad de la educación y la productividad de los estudiantes, educadores, trabajadores, emprendedores, pequeños empresarios, artistas, escritores, aspirantes a becas y otros agentes de cambio en el país, que agregarían valor a nuestra economía, si los niveles educativos se incrementaran. Cuando hablamos del sector privado, nos referimos a gremios como la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), la Asociación Bancaria de Panamá, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), las asociaciones de médicos, ingenieros, arquitectos, abogados, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), la Coalición Gremial por la Nación (Coalición GANA), la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón (AU), la Cámara Marítima de Panamá, la Cámara Americana de Comercio e Industrias de Panamá (AMCHAM), el Gabinete Logístico, la Federación de Cámaras de Comercio (FEDECAMARAS), Unidos por la Educación, el Consejo Empresarial Logístico (COEL), la Cámara Panameña de Tecnologías de Información, Innovación y Telecomunicaciones (CAPATEC), La Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá (ARAP) y La Asociación panameña de Hoteles (APATEL).
3. Otro sector que se potenciaría en el futuro con las pruebas PISA corresponde a los partidos políticos, que verían robustecer el pensamiento crítico de sus afiliados y, por ende, tendrían mejores representantes en sus respectivas campañas políticas. Por ello, recomendamos que parte importante del subsidio electoral que reciben del Estado sea destinado a sufragar el costo de estas pruebas de manera inmediata. Además, los diputados de la Asamblea Nacional también pueden aportar directamente, destinando parte de los fondos que reciben para sus gastos o actividades políticas a la financiación de estas pruebas, demostrando su compromiso con la mejora de la educación y el futuro del país.

En fin de cuentas, si lo que se requiriese fuera una «colecta nacional» para llevar al país en andas hasta lograr el cometido.

Antecedentes

La semana pasada, la Ministra de Educación de nuestro país, Lucy Molinar, anunció a los medios de comunicación que Panamá no participará en la prueba PISA 2025 (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos), organizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Señaló que el dinero podría destinarse a la capacitación de docentes y al equipamiento de escuelas.

El Informe PISA es un estudio llevado a cabo por la OCDE a nivel mundial que mide el rendimiento académico de los estudiantes en matemáticas, ciencia y lectura. Este estudio, implementado desde el año 2000, se lleva a cabo cada tres años y se basa en el análisis del rendimiento de estudiantes de 15 años a través de exámenes estandarizados aplicados en diversos países, tanto miembros como no miembros de la OCDE. Las pruebas PISA proporcionan datos comparables que permiten a los países mejorar sus políticas educativas y sus resultados, ya que no buscan evaluar al alumno individualmente, sino al sistema educativo en el que este se desarrolla. En lugar de medir únicamente el conocimiento académico, PISA valora la capacidad de los estudiantes para comprender y resolver problemas reales, aplicando lo aprendido en las áreas principales que abarca la prueba.

Un mes antes de este anuncio, la viceministra académica, Agnes de Cotes, durante el IV Encuentro de Ministros de Educación de Latinoamérica, organizado por la Red Latinoamericana por la Educación, presentó los resultados que obtuvimos en la última prueba PISA 2022. En el año 2022, Panamá ocupó el puesto 74 de 81 países evaluados, incluyendo 14 países de América Latina y el Caribe. En dicho encuentro, la viceministra académica señaló que mantienen un Plan de Acción 2024-2029 distribuido en áreas estratégicas específicas, como la calidad de la educación, la gestión institucional, el educador y los ambientes escolares.

El pasado martes 15 de octubre, la ministra de Educación, Lucy Molinar, comentó lo siguiente: “Ahora que estamos empezando a hacer cambios, esos fondos nos sirven para proporcionar recursos a esas transformaciones y, después, los evaluamos. Además, la prueba PISA compara países; hay otra evaluación que sí vamos a realizar el próximo año, que es la de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés), y que nos permite ver en qué aspectos fallan nuestros estudiantes. Esa prueba sí nos sirve para tomar decisiones, mientras que la prueba PISA no nos sirve de nada como país; solo nos compara con una lista de países”. También comentó que “la prueba de la Unesco sí mide conocimientos en las materias y no cuesta los millones que requiere PISA. Lo que ocurre es que PISA ha vendido muy bien su nombre y cuenta con buena publicidad”. Aseguró que la prueba de la Unesco sí mide conocimientos en las materias y no cuesta los millones que requiere PISA. Andreas Schleicher, director de Educación de la OCDE, indicó a La Prensa que el costo de participación del país en la evaluación ascendía a 199,105 euros (217,910 dólares), lo que cubría los costos básicos de la evaluación internacional.

En qué consiste la prueba PISA

Mientras que PISA evalúa a estudiantes de 15 años en más de 80 países cada tres años, ERCE evalúa a estudiantes de tercer y sexto grado de educación primaria y se lleva a cabo cada cinco años en países de América Latina y el Caribe. La evaluación tiene como finalidad valorar la resolución y el desarrollo de capacidades y habilidades en el manejo de diversos contenidos y en el desenvolvimiento en variados contextos multiculturales. La evaluación debe estar estrechamente vinculada al desarrollo personal, donde se aprende de los aciertos y errores, enfocado hacia los cambios de las conductas y rendimientos, mediante los cuales verificamos los logros adquiridos dentro de un proceso permanente. Según el director de Educación de la OCDE, la participación en la prueba de la UNESCO tendrá un costo de $80,000 y se aplicará en junio de 2025.

La opinión del Presidente de la República

“Yo apoyo lo que ella está diciendo. Ella es la técnica en esto; yo no. Si ella dice que esa prueba no sirve, ¡es porque no sirve!”, dijo el presidente José Raúl Mulino este jueves 17 de octubre, en su conferencia semanal desde el anfiteatro del Palacio de las Garzas. La especialista en educación Mariana León precisó que la prueba PISA está concebida para ser representativa a nivel nacional, utilizando un muestreo aleatorio que asegura la inclusión proporcional de escuelas de diversas regiones, tipos y contextos socioeconómicos.

Asimismo, dentro de las escuelas seleccionadas, los estudiantes de 15 años son elegidos de manera aleatoria, lo que garantiza la validez estadística de los resultados. León también subrayó la diferencia entre PISA y el Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE), mencionando que, mientras el ERCE evalúa a estudiantes de tercer y sexto grado, PISA se concentra en jóvenes de 15 años, lo que permite examinar distintas fases del proceso educativo. Esta distinción es clave para entender los objetivos y alcances de cada evaluación. La polémica en torno a la utilidad y representatividad de estas pruebas refleja la complejidad inherente a la medición del rendimiento del sistema educativo, un aspecto que ha cobrado importancia en la agenda educativa de Panamá.

¿Es la prueba PISA un derecho ciudadano?

La transparencia en la educación es un derecho ciudadano. Abandonar las pruebas PISA con el fin de ocultar las deficiencias en el sistema educativo tiene graves consecuencias para un país. En lugar de enfrentar los problemas estructurales, la decisión retrasa las reformas necesarias y perpetúa una baja calidad educativa, lo que afecta tanto a los estudiantes como al futuro socioeconómico del país. Sin evaluaciones internacionales, es más difícil implementar mejoras, lo que genera una manipulación política que presenta una visión distorsionada del sistema. Esto provoca una desconexión con los estándares internacionales, afectando la competitividad global de los estudiantes y del país.

Además, esta decisión limita la capacidad de abordar las desigualdades educativas, perpetuando la exclusión social y la pobreza. PISA es crucial para medir la calidad del capital humano, esencial para los inversores y para desarrollar políticas que preparen a los jóvenes para el mercado laboral global. Además, demuestra disposición a ser evaluado externamente, algo importante en la lucha contra paraísos fiscales.

En resumen, evitar PISA puede parecer un alivio a corto plazo, pero las consecuencias a largo plazo son perjudiciales para el desarrollo educativo y económico del país. La participación en el Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) no excluye a PISA. Ambas pruebas son complementarias y ofrecen una visión integral del sistema educativo, necesaria para una planificación efectiva y proyección internacional.

Qué dicen los expertos en educación

Líderes de la educación y de distintas áreas han expresado su preocupación ante la ausencia del país en las pruebas PISA, señalando que esta decisión podría tener un impacto significativo en el sistema educativo. Según sus observaciones, la falta de participación impedirá obtener una visión clara sobre el rumbo y progreso de la educación en el país. En consecuencia, han propuesto que el costo de las pruebas PISA, que asciende a 2 millones, sea financiado a través de los subsidios electorales.

Panamá debería reconsiderar su retiro de PISA, integrando esta prueba en su estrategia global para mejorar su imagen, fortalecer su sistema educativo y fomentar la transparencia, clave para su desarrollo competitivo y sostenible. La comparación entre PISA y ERCE revela diferencias significativas en las evaluaciones educativas. PISA se centra en la evaluación de habilidades aplicadas en un contexto global, mientras que ERCE se enfoca en la comprensión básica y el aprendizaje de los estudiantes en su entorno regional.

Los expertos en educación plantean que estas características reflejan la necesidad de que las pruebas se adapten a las realidades locales para ser más efectivas. Ambas evaluaciones desempeñan un papel importante en el análisis del panorama educativo y en la identificación de áreas de mejora en el desarrollo de los estudiantes. Panamá informó a la OCDE su retiro de la prueba PISA 2025 en julio pasado, a pesar de los avances que se tenían para su realización en el país.

¿Es Panamá un país abierto a la educación y a la inversión extranjera?

¿Es verdad que nos interesa la suerte de las grandes mayorías que no tienen acceso a una educación de calidad?

En nuestro país prevalece el individualismo mezquino y muy pocos, en verdad, se interesan por lo que pasa en la educación, especialmente la pública, que es la más ineficiente en cuanto a su capacidad para liderar cambios y ascenso social; pero es la que provee las herramientas educativas a la mayoría de la población.

Estamos inmersos en nuestro éxito individual y familiar, y no hemos entendido que sólo a través de la educación de calidad que beneficie a las grandes mayorías, podemos alcanzar el nivel de bienestar, seguridad, salud, estabilidad política, atracción de inversiones, rentabilidad de nuestras actividades y negocios, buenos precios, y la mayoría de las ventajas de la sociedad de bienestar. Necesitamos corregir esa conducta; una forma pacífica, ordenada, eficiente, transparente, económica, satisfactoria y de efecto duradero la tenemos en nuestras manos, y no podemos dejarla pasar.

Si su respuesta es positiva, entonces deberíamos pensar que quienes vivimos en este país, independientemente de su origen, nacionalidad y actividad debemos considerar ciertos aportes equivalentes a una hipoteca social, para apoyar iniciativas como la que motiva este artículo, y además, la arborización de nuestras calles y barrios, disposición de los desechos, reparación de nuestras calles, programas de primer empleo para estudiantes que terminan su formación profesional, creación de mercados comunitarios y venta de productos artesanales, entre otros.

En fin de cuentas, convertirnos en motivadores de un cambio en nuestro país.

Reiteramos: debemos reincorporarnos a las pruebas PISA.

Amanecerá y veremos…

Fuente: Artículos de La Prensa sobre las pruebas PISA.

El Órgano Ejecutivo presentó, el pasado 14 de octubre, el Proyecto de Ley 0138, en cuya exposición de motivos se explica en qué consiste la moratoria, la cual tiene un alcance en el Impuesto Sobre la Renta, el Impuesto de Inmuebles, el Impuesto de Aviso de Operación, Impuesto a la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios, el Impuesto Selectivo al Consumo, la Tasa Única de personas jurídicas, y el Seguro Educativo.

En los dos últimos párrafos de la exposición de motivos, se menciona la intención de introducir ajustes al Código de Procedimiento Tributario, aprobado en 2019 y prorrogado por cinco años, ya que acaba de entrar en vigencia el 01 de junio del año en curso. Finalmente, se indica que estas actualizaciones y adecuaciones no deben afectar los derechos y garantías de los contribuyentes, ni el debido proceso.

Una lectura atenta del artículo 10 del Proyecto de Ley 0138 permite a cualquier lector notar que, en dicho artículo, se están derogando 37 artículos del Código de Procedimiento Tributario, derogatoria sobre la cual se guarda un silencio sepulcral, lo que echa por tierra el principio de legalidad tributaria, que, en términos muy simples, significa que a la Asamblea de Diputados se le debe informar de manera expresa, completa y transparente en qué consisten estas normas que se pretenden derogar.

No corresponde a esta publicación hacer un examen extenso del contenido de cada uno de los 37 artículos que se derogan, pero sí es preocupante el mutismo con que se ha estructurado este proyecto.

En función de nuestro propósito informativo, haremos un extracto del impacto de esta derogatoria, refiriéndonos a los artículos que generan afectación a las garantías de los contribuyentes, y seguiremos el mismo orden del listado de estos artículos.

Artículo 9: Se elimina la posibilidad que el Órgano Ejecutivo pueda suspender o diferir el pago de tributos en casos de estado de emergencia declarados por ley.

Artículo 13: Se elimina el principio de que las normas tributarias no tienen efecto retroactivo.

Artículo 20: Se elimina la Cláusula antielusiva que obliga a la DGI a probar la existencia de fraude a la ley tributaria de las operaciones efectuadas por el contribuyente.

Artículo 68: Se elimina la dación de pago en especie y la compensación de deudas entre el estado y el contribuyente.

Artículo 70: Se elimina la tasa de interés moratorio en los casos de deuda tributaria.

Artículo 78: Se elimina la facultad del Órgano Ejecutivo para conceder prórrogas, fraccionamientos y plazos para el pago de obligaciones en virtud de caso fortuito o fuerza mayor.

Artículo 82 y 83: Se elimina el reconocimiento de créditos fiscales y su cesión.

Artículo 88: Se elimina el plazo y el cómputo para la prescripción de obligaciones tributarias.

Artículo 135: Se elimina la obligación de la Administración Tributaria de resolver las peticiones y solicitudes que se formulen dentro de los procedimientos de fiscalización.

Artículo 178: Se elimina el plazo de un mes para contestar las solicitudes por parte de la DGI.

Artículo 185: Se elimina la acción a favor de los contribuyentes para reclamar la restitución de lo pagado indebidamente o de más.

Artículo 205: Se elimina el plazo de seis meses para concluir las actuaciones de fiscalización.

Artículo 206: Se elimina la obligación de suscribir el acta final de cierre de la fiscalización de los contribuyentes y la posibilidad de indicar la posición del contribuyente ante una fiscalización.

Artículo 276: Se elimina la posibilidad de rebajar las sanciones en los casos en que el infractor repare el incumplimiento.

Artículo 292: Se elimina el catálogo de infracciones formales relacionadas con la obligación de llevar libros y registro contables, y tributarios incluyendo los de carácter electrónico.

Artículo 14 de la Ley 208 de 2021: Se elimina la autorización a la DGI para realizar convenios y acuerdos de pago en casos de estado de emergencia nacional.

No obstante, en este Proyecto de Ley no se indica cuando se pondrá en ejecución la jurisdicción administrativa tributaria y se designarán los jueces de esta jurisdicción, tal como lo señala los artículos 316, 317, 318 y 319 del Código de Procedimiento Tributario.

Como ha quedado demostrado palmariamente en este artículo, se están cercenando de un solo tajo aquellas normas que permiten un equilibrio entre la Administración Tributaria y los contribuyentes, situación que afecta el Estado de Derecho, la confianza de los contribuyentes y la percepción de la vigencia de la seguridad jurídica.

Confiamos en que la Asamblea de Diputados pondere en toda su magnitud las derogaciones contenidas en este artículo y rechace esta pretensión que altera el ambiente de cumplimiento de obligaciones que se plantea en este Proyecto de Ley.

Amanecerá y veremos…

Mediante fallo de un Tribunal de Casación, fechado el 10 de septiembre de 2024, se resolvió una reclamación interpuesta por la Comisión Europea en un proceso de anulación de sentencia, inicialmente dictada el 15 de julio de 2020, a instancias de Irlanda y otros demandantes, entre los que se encontraba el Grupo Apple. El caso concernía a ciertas decisiones fiscales anticipadas solicitadas por subsidiarias de Apple mediante escritos del 29 de enero de 1991 y 23 de mayo de 2007, relativas a la determinación de beneficios imponibles de las entidades filiales de Apple, constituidas como sociedades de derecho irlandés pero que no son residentes fiscales en Irlanda.

Estas decisiones fiscales versaban sobre temas como la compra de productos acabados de la marca Apple, actividades de distribución relacionadas con la venta de productos en distintas regiones, la venta en línea, las operaciones logísticas y la gestión del servicio postventa.

Como es sabido, el Grupo Apple tiene su sede en Estados Unidos y se dedica al diseño, fabricación y comercialización de dispositivos multimedia y de comunicación móvil, ordenadores personales, reproductores de música digital portátil, programas informáticos, otros servicios y soluciones de red propios, así como contenido digital y aplicaciones de terceros. Apple comercializa sus productos y servicios a consumidores, empresas y administraciones de todo el mundo, a través de sus tiendas minoristas, su tienda en línea, servicios de venta directa, operadores de telefonía móvil mayoristas, distribuidores y revendedores no vinculados.

La actividad mundial del grupo está estructurada en torno a áreas funcionales clave, gestionadas y dirigidas desde los Estados Unidos.

El aspecto central de la controversia surgió del hecho de que las decisiones emitidas por el Gobierno de Irlanda, con efectos tributarios durante los años 1991 y 2007, nunca fueron comunicadas a la Comisión Europea. No fue hasta mayo de 2013 que la Comisión tuvo conocimiento de un informe del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos sobre la situación fiscal mundial del Grupo Apple. A raíz de este informe, la Comisión envió su primera solicitud de información a Irlanda el 12 de junio de 2013.

Esto significa que el proceso ha concluido después de 11 años de trámite. Aunque se trata de un expediente voluminoso, en esencia, la Unión Europea ha considerado que las ayudas otorgadas por el Gobierno de Irlanda a Apple son incompatibles con el trato otorgado al resto de los contribuyentes en circunstancias similares. Por lo tanto, representan una ventaja económica indebida para el conglomerado.

El razonamiento del Tribunal también criticó la postura del Gobierno de Irlanda por haber concedido una ayuda sin notificarla y por actuar con poca diligencia al otorgar un trato favorable a empresas que ni siquiera tenían una presencia que se pudiera considerar como personería jurídica propia en Irlanda, es decir, que no eran residentes fiscales irlandeses.

Es importante señalar que el núcleo de esta controversia radica en el examen sobre los precios de transferencia entre la casa matriz y sus sucursales, en particular en la aplicación del principio de plena competencia.

Mediante sentencia de 17 de julio de este año, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, resolvió una demanda interpuesta por los representantes del Colegio de Abogados y del Sindicato de Artesanos de Panamá que plantearon la inconstitucionalidad de dos temas contemplados en la Ley 256 de 2021 que en la parte pertinente se referían a los servicios prestados en el ejercicio de profesionales liberales, artesanales y artísticas de forma independiente o través de sociedades civiles.

También se alegaba que establecer una obligación de utilizar factura electrónica o equipo fiscal en la prestación de servicios implicaba limitaciones en el ejercicio de profesiones y consecuentemente debía considerarse inconstitucional.

La génesis de esta controversia radica en el hecho cierto de una obligación de vieja data de emitir facturas. Esta obligación es cónsona con la debida fiscalización de los contribuyentes y también, el respaldo que deben tener los usuarios de actividades comerciales, industriales y de servicios respecto de las erogaciones que se llevan a cabo en el país.

El Pleno consideró que no es inconstitucional que la obligación de facturar afecte la prestación de servicios, es decir, que quien presta servicios debe facturar. Esto no es inconstitucional.

Ahora bien, en lo que respecta al ejercicio de profesiones liberales, artesanales y artísticas, ya sea que se hagan en forma independiente o través de sociedades civiles, no requiere la utilización de una factura electrónica o un equipo fiscal.

El fallo analizó un tema de impacto complementario y es que las profesiones liberales no pueden estar sujetas tampoco a la obtención de un Aviso de Operación.

Esta resolución viene a completar un ciclo de incomodidad que se observó hace mas de un año cuando distintos profesionales entre ellos, abogados y médicos, plantearon que la expedición de una factura electrónica podría significar el traslado de información privativa y confidencial del cliente y de los pacientes a la administración tributaria.

En ese sentido, nuestra opinión es que la expedición de una factura electrónica en efecto, puede implicar la entrega de cierto nivel de información del caso o de las condiciones de un determinado paciente o cliente.

A partir de este fallo, estos profesionales podrán mantener el uso de su factura sin tener que utilizar los mecanismos ya mencionados.

Si bien el fallo corresponde al Pleno de la Corte Suprema, vale mencionar que hubo un salvamento de voto de la magistrada Maribel Cornejo Batista y un voto razonado del Magistrado Carlos Alberto Vásquez Reyes.

Sabido es que el pasado domingo 28 de julio, todos los venezolanos residentes, así como los millones que han tenido que abandonar el país, esperaban ansiosamente el resultado de las elecciones. Quedaron frustrados hasta el amanecer del lunes, pues el gobierno imperante bloqueó el proceso y los dejó en ascuas.

A mitad de la noche, se presentó el jefe del ejército venezolano para agregar confusión a la tensa situación, manifestando que, si bien el comportamiento de los venezolanos había sido ejemplar, no había garantía de las autoridades militares en cuanto al respeto de la decisión ciudadana local, ni mucho menos internacional.

En la madrugada del lunes, se presentaron los miembros del Consejo Nacional Electoral y, sin exhibir un solo resultado de lo que había pasado en las urnas, dijeron que Maduro había logrado el 51% de los votos y el candidato opositor Edmundo González había obtenido el 44%. En menos de lo que canta un gallo, declararon el resultado y se esfumaron.

A renglón seguido, apareció en una plaza cercana al Palacio de Gobierno el ya reconocido Presidente Electo, y con pasos tímidos fue acercándose al lugar en el cual sus seguidores se habían congregado en un ambiente “sin tón ni son”. La coalición opositora tardó mucho en manifestarse, y de ahí en adelante, los ciudadanos que se sentían burlados iniciaron una protesta de cacerolazos que se ha ido incrementando, como es natural, hasta llegar a confrontaciones que ya han producido víctimas mortales. Un número representativo de países han expresado su rechazo a esta farsa, pero como el gobierno está acostumbrado a atrincherarse, parecía que se repetiría el guión que se vivió en el año 2019.

No contaba Maduro con una posición adversa de parte de los dueños de los principales vehículos de información moderna, como Elon Musk y Mark Zuckerberg, quienes han expresado directamente su rechazo a este estatus quo y ahora han tomado una posición beligerante, de largo efecto, que se ha traducido en divulgar en el mundo lo que está ocurriendo en Venezuela.

El tirano no enfrenta todavía ninguna contienda judicial local o internacional, pero sí está sintiendo no solo su aislamiento como sujeto político, sino un verdadero tsunami de información que le está minando el ínfimo capital de apoyo, especialmente de sus compinches que radican en Cuba, Nicaragua, Bolivia, Rusia, Irán y China.

En el caso de Colombia, Brasil y España, cuyos mandatarios se han escondido en el anonimato, se han convertido a la vez en una especie de apátridas en el concierto de países que mantienen un sistema de gobierno cuya base es la democracia.

Esta es una lección sumamente interesante porque demuestra que en Occidente no caben las conductas vacilantes de los mandatarios, ni tampoco los pueblos están dispuestos a tolerar de manera indefinida el irrespeto a lo que deciden libremente sus ciudadanos.

Maduro, entonces, se puede sentir acorralado y tendrá que meditar junto con sus pares cuál es la mejor salida después de este desliz electoral. Mientras tanto, la oposición venezolana tiene un largo camino por recorrer, porque debemos tener presente que este proceso de deterioro institucional tiene más de 25 años. Con independencia de un resultado favorable para la oposición, la reconstrucción del país tomará décadas, salvo que se genere un liderazgo que pueda convencer a los millones de venezolanos que regresen a su país y se levante como el Ave Fénix.

Amanecerá y veremos…

El abogado Keir Starmer, es el nuevo primer ministro de Gran Bretaña después de la renuncia de Rishi Sunak, una vez se conocieron los resultados de la votación celebrada ayer y en la cual el partido Conservador de Sunak, sufrió una derrota devastadora, obteniendo apenas un tercio de los escaños que había mantenido en la votación anterior (122) por su parte los Laboristas ganaron 411 de los 650 escaños de la Cámara de los comunes.

Starmer, es un abogado de origen humilde, pero con una trayectoria pública y con experiencia en derechos humanos.

Las elecciones que fueron convocadas por Richi Sunak, hace pocas semanas se produjeron cuando los conservadores sentían que estaban perdiendo la confianza de los electores en función de Políticas migratorias extremas y una caída significativa de la calidad de los servicios hospitalarios y médicos en Gran Bretaña y una sensación de pérdida de oportunidades después de la decisión de alejarse de la comunidad económica europea mediante el Brexit.

Esta elección de Gran Bretaña devuelve al partido laborista el control del Gobierno después de 14 años consecutivos de un Gobierno Conservador.

Sin embargo, según los analistas, el ya primer ministro Keir Starmer ha modificado su discurso para no generar aprensiones sobre temas cruciales como las políticas migratorias, el alza de impuestos y las reglas económicas que se aplicarán a partir de la nueva administración.

Ocurre este movimiento político simultáneamente con elecciones que se están celebrando en Francia y que culminará este domingo 7 de julio cuando se enfrenten la ultraderecha, que resultó triunfadora de la primera vuelta de las elecciones el domingo pasado y una alianza de extrema izquierda y los seguidores del presidente Macron que quieren evitar a toda costa perder la mayoría legislativa a manos del partido que lidera  la posible candidata a la presidencia de Francia en el año 2027, Marine Le Pen.

Como si este confuso panorama en Europa no fuera suficiente, en los Estados Unidos las fuerzas políticas del partido demócrata se están debatiendo con el presidente Joe Biden, para determinar si él se mantendrá como candidato a la presidencia a las elecciones de noviembre de este año.

En fin, de cuentas el caldero político en varios países de Europa y también en los Estados Unidos será muy intenso y como consecuencia de ello tendremos que acostumbrarnos a cambios bruscos y a liderazgos que se fragmentan y que pueden alcanzar a países como Francia, Alemania y finalmente a Estados Unidos.  Amanecerá y veremos…