Al hurgar los diferentes pormenores que constituyen e integran nuestra historia nacional, nos encontramos con hechos sui generis, sorpresas en situaciones que acontecen en el desempeño de la política y que no a pocos les debe llamar la atención por las realidades que conllevan estos sucesos fuera de serie. 

—  Pensar, por ejemplo, que en nuestro pequeño país la historia política reconoce que hubo tres períodos (de cuatro años) presidenciales con cinco presidentes de la República en cada uno de ellos.  Veamos cuáles fueron:

Período Presidencial de 1 de octubre 1908 hasta 1 de marzo de 1910 (cuatro años)
No.	DESDE	HASTA	NOMBRE DEL PRESIDENTE
1	1 de octubre de 1908	1 de marzo de 1910	José Domingo de Obaldía (Titular)
2	1 de marzo de 1910	1 de octubre de 1910	Carlos Antonio Mendoza
3	1 de octubre de 1910	5 de octubre de 1910	Federico Augusto Boyd López
4	5 de octubre de 1910	Se separó del cargo desde el 2 de febrero hasta el 7 de marzo de 19121, reasumió el cargo el 8 de mayo de 1912 y finalizó el período el 1 de octubre de 1912	Pablo Arosemena Alba
5	2 de febrero de 1912	7 de marzo de 1912	Rodolfo Chiari Robles
Período Presidencial de 1 de octubre 1916 hasta 1 de octubre de 1920 (cuatro años)
1	1 de octubre de 1916	3 de junio de 1918	Ramón Maximiliano Valdés  (Titular)
2	4 de junio de 1918	1 de octubre de 1918	Ciro Luis Urriola
3	1 de octubre de 1918	12 de octubre de 1918	Pedro Antonio Díaz
4	12 de octubre de 1918	26 de enero de 1920	Belisario Porras Barahona
5	26 de enero de 1920	1 de octubre de 1920	Ernesto Tisdel Lefevre
Período Presidencial de 1 de octubre 1948 hasta 1 de octubre de 1952 (cuatro años)
1	1 octubre de 1941	28 de julio de 1949	Domingo Díaz Arosemena (Titular)
2	28 de julio de 1949	20 de noviembre de 1949	Daniel Chanis Pinzón
3	20 de noviembre de 1949	24 de noviembre de 1949	Roberto Francisco Chiari
4	25 de noviembre de 1949	9 de mayo de 1951	Arnulfo Arias Madrid
5	9 de mayo de 1951	1 de octubre de 1952	Alcibiades Arosemena Quinzada

—  Otra particularidad muy especial de nuestra política nacional, ha sido la candidatura única en elecciones presidenciales panameñas, fenómeno éste que se ha dado a pesar de que se trata de una aberración política y que, lo queramos o no, forma parte de la historia de nuestros procesos presidenciales.

El primer caso de candidato único elegido Presidente de la República correspondió a Don José Domingo de Obaldía, quien fue elegido el 2 de julio de 1908.  Fue candidato único ya que su adversario político, Don Ricardo Arias Feraud, candidato del oficialismo, presentó su renuncia irrevocable a su candidatura presidencial el 6 de junio de 1908.

El segundo caso de candidato único a la Presidencia de la República se manifestó en las elecciones realizadas el 25 de junio de 1916, entre Ramón Maximiliano Valdés y Rodolfo Chiari Robles.  Los delegados de Rodolfo Chiari Robles, quienes debían defender sus aspiraciones presidenciales, no se presentaron el día 2 de agosto de 1916 a la reunión de la Junta de Electores, por ende se eligió como candidato único presidencial a Ramón Maximiliano Valdés para el período 1916-1920.

En los comicios electorales del 5 de agosto de 1928 debieron concurrir dos candidatos principales, de credenciales impecables, el Ing. Florencio Harmodio Arosemena y el Dr. Jorge Boyd, candidato de la oposición.  El día 3 de agosto de ese año, sólo dos días antes de las elecciones, el candidato Boyd de oposición retiró su candidatura, en protesta contra las reglas electorales por considerarlas irregulares y antidemocráticas por su objetivo de asegurar un fraude electoral.  Así, el Ing. Florencio Harmodio Arosementa fue elegido como candidato único a la presidencia, siendo el tercer caso donde un candidato único presidencial participa y es elegido en un proceso eleccionario.

Las elecciones presidenciales anunciadas para el 2 de junio de 1940 con la participación del Dr. Arnulfo Arias Madrid como candidato único debido a que el Dr. Ricardo J. Alfaro, de la oposición, declinó su candidatura presidencial señalando que no existían las garantías indispensables para continuar su campaña y participaren unas elecciones que a todas luces serían deshonestas.  Esta fue la última de las elecciones con candidato único presidencial hasta el presente. 

A nuestro juicio, la historia considera éstas como elecciones constitucionales, pero bajo ningún concepto podrán ser llamadas democráticas.

—  Otra aberración electoral observada en nuestra historia política concierne al recuento de votos en los procesos electorales presidenciales panameños.  Lamentablemente, dentro de nuestra historia republicana de elecciones presidenciales hubo dos casos de recuento de votos, es decir, que originalmente el Jurado Nacional de Elecciones reconoció la victoria electoral a un candidato presidencial, para después aceptar el triunfo de otro.  En ambos casos los candidatos favorecidos habían ocupado la segunda posición.

El primer caso de esta vergonzosa situación de recuento de votos sucedió en los comicios electorales del 7 de junio de 1936 para el período presidencial 1936 – 1940 entre Domingo Díaz Arosemena, de la oposición, y Juan Demóstenes Arosemena, el candidato oficialista.  Los seguidores de Domingo Díaz Arosemena proclamaron su triunfo electoral, a pesar de los abusos y otras anomalías sufridos, tales como el denominado “paquetazo de Veraguas”, donde ocurrieron alteraciones de actas.  Estas irregularidades pusieron al Jurado Nacional de Elecciones en una situación complicada pero el 7 de julio de 1936 la mayoría de los miembros de esa entidad reguladora reconoció el triunfo del candidato de la oposición, Don Domingo Días Arosemena, quien fue apoyado por el Frente Popular.  Según los datos del Jurado Nacional de Elecciones, Domingo Díaz Arosemena superó al candidato oficialista Dr. Juan Demóstenes Arosemena por más de 1,400 votos.  Sin embargo, de manera inimaginable y por Decreto Ejecutivo, removieron a un miembro del Jurado Nacional de Elecciones, basado esto en haber celebrado contratos con entidades del gobierno y se le reemplazó por uno adepto a la otra candidatura.  A pesar de esta arbitrariedad, la mayoría del Jurado Nacional de Elecciones expidió a Don Domingo Díaz Arosemena las credenciales de Presidente Constitucional Electo.  Acto seguido, se le negó la entrada al Jurado Nacional de Elecciones que había favorecido a Díaz Arosemena, y en su reemplazo un nuevo, ahora pro-gubernamental Jurado Nacional de Elecciones anuló las resoluciones del 30 de diciembre de 1935 y del 30 de abril de 1936 –que declaraban al Dr. Juan Demóstenes Arosemena inelegible y procedió a extenderle las credenciales como Presidente de la República para el cuatrienio 1936 – 1940, como resultado de un Jurado Nacional de Elecciones que hizo un recuento de los votos populares.  Según este Jurado Nacional de Elecciones, adepto al gobierno, Juan Demóstenes Arosemena obtuvo 41,827 votos y Domingo Díaz Arosemena obtuvo 39,982, para una diferencia de votos de 1,765 a favor del candidato oficial.

El segundo caso de recuento de votos se desarrolla en las elecciones del 9 de mayo de 1948 cuando se le reconoce la victoria electoral a Don Domingo Díaz Arosemena entre cinco candidatos presidenciales, en un torneo electoral caracterizado por diversidad de irregularidades.  El 31 de julio de 1948, el Jurado Nacional de Elecciones terminó el escrutinio con 72,153 votos por el candidato Díaz Arosemena, mientras su adversario más cercano, el Dr. Arnulfo Arias Madrid, obtuvo 71,073 sufragios, para una diferencia a favor de Díaz Arosemena de 1,116 votos.  Mas, por otro lado, un medio escrito no oficial le dio el triunfo al Dr. Arnulfo Arias Madrid, pero esto no impidió que el 1 de octubre de1948 Don Domingo Díaz Arosemena asumiera la Presidencia de la República para el cuatrienio 1948 – 1952.  A menos de un año de ejercer el cargo, teniendo 73 años y dando serias señales de deterioro de su salud, el Presidente Díaz Arosemena murió el día 23 de agosto de 1949 en la ciudad de Panamá.  Lo reemplazó su Primer Vicepresidente, el Dr. Daniel Chanis Pinzón, quien poco después procedió a remover al Jefe de la Policía Nacional, José Antonio Remón Cantera, orden que no fue acatada por la entidad castrense.  El Presidente Chanis fue destituido/forzado a renunciar y asumió el cargo el Segundo Vicepresidente, Don Roberto Francisco Chiari, quien a su vez se retiró por decisión propia cuando la Corte Suprema de Justicia declaró ilegítima la renuncia del Dr. Daniel Chanis.  Esto a su vez causó que el alto mando de la Policía Nacional reconociera al candidato derrotado en las elecciones de hacía un año, Dr. Arnulfo Arias Madrid.  Increíble pero cierto, más de un año después de las elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones señaló que el “verdadero” desenlace del torneo electoral del año 1948 fue el siguiente:   Arnulfo Arias Madrid, 74,080 votos; Domingo Díaz Arosemena, 71,536 sufragios.  Es decir, después del recuento de votos, la diferencia de 2,544 votos favoreció a Arias Madrid sobre Díaz Arosemena, quien había gobernado por nueve (9) meses y 27 días como Presidente de la República. 

Los dos únicos casos expuestos de recuento de votos presidenciales representa, sin lugar a dudas, la descomposición política imperante de aquellos años entre los grupos de la clase política, incluyendo a los castrenses, quienes no escapaban protagonismo con su participación en la toma de decisiones, anteponiendo, como todos, sus intereses por encima de la voluntad popular.

—  En cuanto a los golpes de estado, nuestro pequeño país tampoco ha sido inmune a los golpes de estado, al igual que otros países del continente, aunque en menor grado. 

No son muchos los que conocen que a menos de un año de nuestra independencia de Colombia el 3 de noviembre de 1903, se gestaría el primer intento de golpe por el General Esteban Huertas López, quien fue nombrado Comandante General del Ejército por la Junta Provisional de Gobierno en reconocimiento de sus servicios a la independencia de Colombia.  Teniendo en cuenta el malestar de un Partido Liberal deseoso de mayor beligerancia en el gobierno, éste solicitó los buenos oficios del General Esteban Huertas López, para lograr que el Presidente Manuel Amador Guerrero, de afiliación conservadora, removiera algunos secretarios (ministros) de su gobierno.  La respuesta del Presidente Amador Guerrera fue acceder a la solicitud sólo de manera parcial, por lo que el General Huertas lanzó una proclama contra el Presidente Amador y buscó el apoyo del Primer Designado (Vicepresidente) Dr. Pablo Arosemena, liberal, quien rechazó tales planes golpistas.  Ante el consecuente ambiente de intranquilidad, la delegación de los Estados Unidos de América en Panamá le recomendó al Dr. Amador Guerrero la destitución del General Huertas y ordenar la disolución del ejército, hechos que se ejecutaron el 18 y 20 de noviembre de 1904.  Este fue el primer intento de golpe de estado en contra de nuestra incipiente república, que afortunadamente no se concretó.

El primer golpe de estado aconteció en el gobierno del Ing. Florencio Harmodio Arosemena, quien asumió la presidencia el 1 de octubre de 1928.  En 1931, a 27 meses de ejercer el cargo, el Movimiento Acción Comunal llevó a cabo el primer golpe de estado registrado en nuestra historia republicana.  Fue una acción armada que involucró el arresto del Presidente Arosemena y se le obligó a renunciar al algo cargo.  Con la renuncia obligada del presidente, obviamente no se respetó el orden constitucional, por lo que se trató de buscar una salida “constitucional” patrocinada por la Corte Suprema de Justicia, tratando de ocultar lo que verdaderamente fue un golpe de estado.

Otro golpe de estado ocurrió durante la primera administración del Dr. Arnulfo Arias Madrid.  En las elecciones celebradas el 9 de mayo de 1941, el Dr. Arias obtiene la victoria electoral como candidato único en las elecciones.  El día 7 de octubre de 1941, el Presidente Arias viaja a Cuba sin solicitar la autorización de la Asamblea Nacional.  Esta situación fue aprovechada por sus enemigos internos y externos para derrocarlo, según los golpistas, por haber violado la Constitución Nacional.  Se registra así el segundo golpe de estado en Panamá.

El tercer golpe de estado en Panamá sucede cuando el Presidente Arnulfo Arias Madrid asume el ejercicio del cargo como consecuencia de un recuento de votos realizado en 1949 con suma rapidez por el Jurado Nacional de Elecciones, que determinó que el Dr. Arias Madrid había ganado los comicios de 1948.  El Dr. Arnulfo Arias Madrid ocupó la presidencia por segunda vez el 24 de noviembre de 1949.  Posteriormente fue depuesto por una ola de protestas y una revuelta popular, con el apoyo de la Guardia Nacional, en respuesta al gobierno autoritario que imponía.  El Dr. Arias fue juzgado por la Asamblea Nacional  fue encontrado culpable, privándolo así en forma vitalicia del ejercicio de sus derechos políticos.  En este tercer golpe de estado hubo detenidos, tres muertos y más de un centenar de heridos.  En 1960, durante el gobierno de Don Roberto F. Chiari, se restituyeron los derechos políticos al Dr. Arias y se le permitió inscribir un partido político.

El cuarto golpe de estado ocurrido en Panamá fue el 11 de octubre de 1968 en horas de la noche, protagonizado por la Guardia Nacional, en un movimiento liderizado por el Mayor Boris Martínez y otros oficiales.  El Dr. Arias Madrid tenía solo 11 días de gobierno.  Los castrenses justificaron su acción mediante un comunicado, alegando que fue por la burla al querer popular de los comicios de 1968 con el despojo de diputaciones así como la crisis y decadencia de la clase política.  El dominio de los castrenses se extiende y se posesiona de la historia de Panamá por varios lustros.

Al resumir los cuatro golpes de estado que hemos tenido en el país, ha sido necesario omitir ciertos pormenores por razones de espacio.  También es importante recordar que en el devenir histórico hubo distintos proyectos de intentos golpistas, algunos brevemente narrados en los textos de historia y otros ocultos por sus conspiradores y protagonistas, que han sabido mantenerlos ocultos en el más profundo silencio.  Lo cierto es que los golpes de estado en Panamá y en cualquier parte del mundo traen desasosiego, discordia y violaciones de los derechos humanos, exilios y asesinatos. 

—  Nuestro país, en su corta historia política, ha tenido múltiples ejemplos de presidentes de la república que murieron en el ejercicio de su alto cargo gubernamental.

El primero que contemplamos en nuestra pequeña república fue el de Don José Domingo de Obaldía, nuestro segundo Presidente Constitucional.  Fue elegido para el cuatrienio 1908- 1912, sin embargo fue el primer presidente que falleció en el ejercicio de la primera magistratura, de un ataque al corazón, el 1 de mayo de 1910, a la edad de 65 años.  Fue presidente desde el 1 de octubre de 1908 hasta el 1 de marzo de 1910.

El segundo fue el caso del séptimo presidente constitucional de la República de Panamá para el cuatrienio 1916 – 1920, el Dr. Ramón Maximiliano Valdés.  El Dr. Valdés fue elegido a la edad de 48 años, abogado, compositor, músico, poeta, periodista y dominaba varios idiomas, como el francés, italiano, inglés y español.  Este gobernante panameño repentinamente falleció el 3 de junio de 1918 de un ataque cardíaco en la ciudad de Panamá a la edad de 50 años.  Así, el Dr. Valdés sólo gobernó desde el 1 de octubre de 1916 hasta el 3 de junio de 1918.

El tercer ejemplo trata del Dr. Juan Demóstenes Arosemena quien salió favorecido en las elecciones presidenciales celebradas el 7 de junio de 1936, convirtiéndose en el 18avo presidente constitucional de la República de Panamá.  El Dr. Arosemena ejerció el cargo de Presidente desde el 1 de octubre de 1936 hasta el 16 de diciembre de 1939, cuando muere de muerte natural en Penonomé, a los 63 años de edad.

El cuarto caso recayó en Don Domingo Díaz Arosemena, quien fue favorecido en las elecciones celebradas el 9 de mayo de 1948, para el cuatrienio 1948 – 1952.  Fue el presidente constitucional de mayor edad en asumir el cargo en la historia republicana en esos momentos.  El día 17 de julio de 1949, el septuagenario presidente se vio obligado a abandonar el poder por razones de salud, solicitando una licencia para tal fin.  El día 23 de agosto de 1949, Don Domingo Díaz Arosemena, fallece en la Clínica San Fernando, convirtiéndose en el cuarto mandatario constitucional que perece en el ejercicio de su cargo.

En las elecciones de mayo de 1952, el entonces Ex Comandante José Antonio Remón Cantera, logró una aplastante victoria contra su adversario, Roberto F. Chiari, convirtiéndose así en el presidente constitucional de la República de Panamá para el período 1952 – 1956.  El Presidente Remón fue asesinado a los 46 años de edad el domingo, 2 de enero de 1955 en los predios del Hipódromo Juan Franco, aproximadamente a las siete de la tarde.  El Presidente Remón se encontraba festejando el triunfo de su caballo con un grupo de amigos.  El Presidente Remón Cantera ocupó la presidencia desde el 1 de octubre de 1951 hasta el 2 de enero de 1955.  Fue el presidente constitucional número 29 y fue el quinto y último, a la fecha actual, presidente elegido por voto popular que fallece en el desempeño de su alto cargo gubernamental.

—  Nuestra política nacional tampoco ha sido ajena a los casos de presidentes de la república que han sido juzgados por el Órgano Legislativo, atribución que ha estado presente en todas las constituciones nacionales que hemos tenido.

El primer juzgamiento real de la Asamblea Nacional de Diputados contra un presidente fue contra el Dr. Arnulfo Arias Madrid el 16 de marzo de 1949.  Arias Madrid había asumido el cargo el 25 de noviembre de 1949, como consecuencia de un recuento de votos de las elecciones de1948, cuya victoria originalmente se le atribuyó a Domingo Díaz Arosemena y después al Dr. Arnulfo Arias Madrid.  Al finalizar su juicio el Dr. Arias Madrid lo declararon culpable del delito de extralimitación de sus funciones constitucionales y fue destituido de su cargo de presidente de la república e inhabilitado perpetuamente para ejercer cargo público.  Sin embargo, el próximo gobierno, presidido por Roberto Francisco Chiari, con una votación de 38 diputados a favor y 13 en contra, se reformó la sentencia del 25 de marzo de 1951 y se le devolvieron los derechos políticos al Dr. Arias.  Esta reforma contó con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia.

El segundo caso involucra acontecimientos relacionados al Presidente José Antonio Remón Cantera, quien tomó posesión de su cargo el 1 de octubre de 1952.  Después de dos años y dos meses de ejercer el cargo de presidente, Remón Cantera fue asesinado en el Hipódromo Juan Franco.  Fue reemplazado por su Primer Vicepresidente, Ingeniero José Ramón Guizado.  El Presidente Guizado es sindicado como autor intelectual del asesinato.  Una comisión investigativa de la Asamblea Nacional de Diputados lo separó del cargo de presidente.  El 15 de enero de 1955 el Segundo Vicepresidente, Ricardo Arias Espinoza, lo sustituyó y  tomó posesión como Presidente de la República.  En un juicio rápido y controversial la Asamblea condenó a Guizado a la destitución del cargo y pena de prisión por 10 años, quedando reducida a seis años y ocho meses de reclusión.  Cuarenta y tres diputados votaron a favor de esta sentencia, ocho la objetaron y formularon un salvamento de voto.  Poco menos de dos años después, un juzgado de conciencia declaró inocentes a los acusados y detenidos por el crimen de Remón.  Es decir, se concluyó que si no había autor material del crimen entre los que estaban acusados y detenidos, mucho menos hubo autoría intelectual en la persona del Presidente Guizado.  La Corte Suprema de Justicia se vio obligada a decretar la libertad inmediata del Ingeniero José Ramón Guizado, quien salió de la cárcel el 10 de diciembre de 1957, colocando al Organo Legislativo en una lamentable situación histórica.

El siguiente caso sucede cuando en las elecciones de 1964 salió favorecido Don Marco A. Robles como Presidente de la República.  Al principio el Presidente Robles contaba con el apoyo de una gran mayoría de diputados.  Al final de su gestión el Presidente Robles fue acusado ante la Asamblea Nacional por extralimitación de funciones constitucionales debido al respaldo excesivo que dio a favor del candidato de gobierno para las elecciones de 1968, Ingeniero David Samudio Avila.  La ahora opositora mayoría de diputados juzga al Presidente Robles y éste fue destituido el 24 de marzo de 1968 en un apresurado proceso.  En el mes de Marzo de 1968, el Organo Judicial estaba de vacaciones.  Ante tal situación, los defensores del Presidente Robles presentaron un Amparo de Garantías Constitucionales ante un Juez Municipal de Turno, quien lo recibió y lo guardó hasta que la Corte Suprema de Justicia reanudara sus funciones en el siguiente mes de Abril de 1968.  Al reanudar sus funciones, la Corte Suprema de Justicia declaró el proceso como viciado de nulidad, revocando lo  actuado por la Asamblea Nacional y ordenó el archivo del expediente, manteniendo así el Presidente Robles su cargo de Presidente.

El último caso de presidente juzgado por la Asamblea Nacional se desarrolla cuando se reconoció la victoria en el torneo electoral de 1984 al Dr. Nicolás Ardito Barletta como Presidente de la República, Eric Arturo Delvalle como Primer Vicepresidente y el Dr. Roderick Esquivel como Segundo Vicepresidente.  A un año de ejercer el cargo, el 26 de septiembre de 1985, el Dr. Barletta renunció de su cargo.  Lo sustituyó Eric Arturo Delvalle y el Dr. Esquivel pasó a ser Primer Vicepresidente.  El 25 de febrero de 1988, el Presidente Eric Arturo Delvalle, en el ejercicio de sus funciones constitucionales, anunció al país que separó de su cargo al Comandante en Jefe de las Fuerzas de Defensa, General Manuel Antonio Noriega y además que haría cambios en la Jefatura de la institución.  Las Fuerzas de Defensa no acataron la orden del Presidente y éste se refugió en la Embajada de los Estados Unidos en Panamá hasta que fue posible su salida del país con destino a Washington, D.C.  En la madrugada del 26 de febrero de 1988, la mayoría de diputados de la Asamblea Nacional, sometidos a los castrenses, de manera apresurada aprobó la destitución del Presidente Eric Arturo Delvalle y la del Vicepresidente Dr. Roderick Esquivel, sin mediar renuncia de ellos a sus cargos, dando lugar a que el Lic. Manuel Solís Palma, Ministro de Educación, fuese designado Ministro Encargado de la Presidencia.  Este fue un juicio rápido.  El Organo Legislativo no se declaró en sesión judicial y no se cumplieron una serie de condiciones elementales para un proceso de tal naturaleza.  Esta fue una sesión flagrantemente violatoria de las normas constitucionales, entre ellas primero destituir al Presidente e inmediatamente destituir al Vicepresidente Esquivel, una conducta totalmente irregular.

Cuando analizamos todos estos casos de presidentes juzgados por la Asamblea Legislativa notamos el papel que desempeñó la fuerza pública, cuya participación fue determinante en estos procesos.  Igualmente, de acuerdo a sus intereses, el papel que jugó la Corte Suprema de Justicia en algunos de los casos expuestos, ya sea confirmando el proceso o declarándolo viciado de nulidad.  También jugó un papel importante las rivalidades políticas, aunado a la discordia entre las clases poderosas, con sed de control del poder político.  El ´quítate tú para ponerme yo´, a nuestro juicio imperó en todos estos juzgamientos, que no deben ser olvidados y mucho menos repetidos.

Ya para terminar con este pantallazo de casos interesantes acontecidos en nuestra política tumultuosa-desordenada-subdesarrollada, termino mencionando la vida política de un gran abogado y político que durante su devenir político ocupó posiciones de mucha envergadura en el país y lo que más me llama la atención es que se convirtiera en el panameño que más veces ocupó el alto cargo de Designado (Vicepresidente) de la República, Don Carlos Laureano López, en los períodos 1924-1926, 1926-l1928, 1928-1930 y 1930-1932.  Sin embargo, este connotado abogado  político jamás se encargó del Organo Ejecutivo, otra de las particularidades de nuestra política.

Finalizo evocando aquella frase “el pueblo que no conoce su historia está condenado a  repetirla”, sentencia que encierra una gran sabiduría y es positivo recordarla.

Rememorar a nuestros próceres es una tarea obligada para todos los que somos panameños y que nos sentimos orgullosos de nuestra identidad nacional, habiendo nacido o adoptado este pequeño y hermoso país, bendecido por Dios.

El insigne Eusebio Antonio Morales Magallón nació en Sincelejo, Estado de Bolívar, Colombia, el 5 de febrero de 1865, hijo de Juan José Morales y Ramona Magallón de Morales.  Estudió Derecho en la Universidad de Cartagena y desde temprano militó en el Partido Liberal Colombiano.  De aproximadamente veintiún años se estableció en Colón, Departamento de Panamá, donde se casó con distinguida dama panameña, Doña María Enriqueta Bermúdez de Morales, con quien tuvo seis hijos.  Ejerció la práctica privada como profesional del Derecho hasta el estallido de la Guerra de los Mil Días, donde se incorporó al movimiento revolucionario liberal, junto a sus colegas Belisario Porras Barahona, Carlos A. Mendoza y los Generales Benjamín y Emiliano Herrera.  Con el rango de Coronel se embarcó en la nave La Monotombo con Belisario Porras y Carlos A. Mendoza, quien llegó a ser su más íntimo amigo, y participó en la invasión que desembarcó en San Bartolo, cerca de Charco Azul en Punta Burica, Chiriquí.  Una vez finalizada la guerra, representó a los revolucionarios en la firma del Tratado de Wisconsin, a bordo del navío USS Wisconsin, el 21 de noviembre de 1902.

El día de nuestra independencia de Colombia, glorioso 3 de noviembre de 1903, el Dr. Eusebio A. Morales formó parte del movimiento independentista y le tocó el gran honor de formar parte del primer gabinete de gobierno de la Junta de Gobierno Provisional de la nueva República de Panamá, como Secretario (Ministro) de Gobierno y la gran responsabilidad de ser uno de los fundadores de la república.  Como tal, le tocó redactar el Manifiesto de la Independencia de Panamá y los objetivos de la nueva nación panameña, encomendado por Don José Agustín Arango.   Igualmente el Prócer Morales elaboró el Mensaje de la Junta de Gobierno Provisional a la Convención Nacional Constituyente, ocupando la Secretaría (Ministro) de Gobierno de la incipiente república, por lo cual le tocó colaborar en la elaboración de nuestra primera Constitución de 1904.

El insigne Dr. Morales ocupó posiciones de gran importancia en el país, entre ellas la de Diputado y Presidente de la Asamblea Nacional de Diputados, Secretario (Ministro) de Relaciones Exteriores, Secretario (Ministro) de Hacienda y Tesoro, Embajador de Panamá en Washington, Estados Unidos, y Comisionado por Panamá para la negociación de un nuevo tratado sobre el Canal de Panamá.  Co-negociador del Tratado de 1926 con los Estados Unidos de América.  Fue Jefe de la Delegación Panameña ante la Sociedad de las Naciones y Ministro de la República ante los gobiernos de Holanda y Bélgica.  Fue uno de los jefes del Partido Liberal y es considerado uno de los estadistas más destacados de la República de Panamá.  Asimismo impulsó el diseño y la construcción de las carreteras nacionales y el buen uso del Ferrocarril de Panamá.

Fue miembro fundador del Primer Comité Ejecutivo de la Cruz Roja Nacional de la República de Panamá en 1917.  Fue catedrático de la entonces llamada Facultad Nacional de Derecho.  También se destacó en los predios del periodismo y fue fundador del periódico Diario de Panamá.  Llegó a formar parte del selecto grupo de 18 connotados intelectuales panameños nombrados miembros de la Academia Panameña de la Lengua desde su fundación el 9 de agosto de 1926.  Fue miembro de agrupaciones científicas y artísticas nacionales, regionales e internacionales.  Recibió la Medalla al Mérito de Primera Clase de la República de Ecuador y la Medalla de Oro del Congreso de los Estados Unidos.

El Dr. Morales se desempeñó como Secretario de Instrucción Pública con sagacidad e iniciativa en su mandato, organizando la enseñanza primaria.  Gran sentido pedagógico reveló en su discurso en la inauguración del Instituto Nacional, el cual se consagró en su gestión como Secretario de Instrucción Pública del gobierno constitucional de Don José Domingo de Obaldía.  Este colegio público fue fundado el 1 de junio de 1907 e inaugurado el 25 de abril de 1909 durante la administración del Presidente Don Domingo de Obaldía, en un acto de gran importancia en presencia de selecta concurrencia de altas personalidades del gobierno nacional.  Al principio trabajaron profesores extranjeros y también panameños de la talla de un José D. Moscote, Ricardo J. Alfaro, Narciso Garay y el mismo Eusebio A. Morales entre otros distinguidos panameños.  Hay que destacar que el constante esfuerzo y esmero, así como firme determinación del Dr. Eusebio A. Morales lo convirtieron en el alma creadora que condujo al inicio de labores del Instituto Nacional el 25 de abril de 1909.  Así, el Prócer Morales es considerado por muchos como el Padre del Instituto Nacional y por éste y muchos otros méritos más de este estadista, se pensó bautizar con su nombre el primer plantel de educación secundaria creado en la República de Panamá. 

Al respecto es importante citar el contenido de la Ley 20 de 21 de octubre de 1930, cuyo contenido dice textualmente: “Después de las consideraciones hechas por la Asamblea Nacional en memoria del Doctor Eusebio Antonio Morales, prócer de la patria, como consecuencia de su fallecimiento y los grandes servicios prestados al país, DECRETA: 

Artículo 1.  La República de Panamá deplora hondamente la trágica desaparición del Doctor Eusebio Antonio Morales y reconoce los importantes servicios que le prestó tan distinguido ciudadano, prócer y eminente estadista.

Artículo 2.  Como testamento elocuente de este reconocimiento, se erigirá un busto de este destacado hombre público en uno de los parques o paseos de la ciudad de Panamá, en la misma forma y con la misma inscripción de los bustos a los próceres de que trata el Artículo 3 de la Ley 49 de 1924.

Artículo 3.  Un retrato al óleo del Doctor Morales será colocado en la Secretaría de Hacienda y Tesoro, a cuyo frente estuvo por largos años el notable hacendista.

Artículo 4.  El Instituto Nacional de Panamá se llamará en lo sucesivo EUSEBIO A. MORALES, en reconocimiento perenne de sus nobles esfuerzos en pro de la cultura patria.

Artículo 5.  El gobierno costeará la educación de uno de los nietos del ilustre prócer hasta por cinco años, en una institución nacional o extranjera.

Artículo 6.  En el presupuesto de gastos de la próxima vigencia económica y en los sucesivos se incluirá la partida que sea necesaria para dar cumplimiento a la presente ley.

Artículo 7.  Un ejemplar de la misma, con firmas autógrafas, será enviada a la viuda e hijos del Doctor Morales.

Artículo 8.  Esta ley regirá desde su sanción.

Dada en Panamá, a los veinte días del mes de octubre del año mil novecientos treinta.

Comuníquese y Ejecútese.  F.H. AROSEMENA, DANIEL BALLEN.  El Secretario de Gobierno y Justicia.”

El subrayado es nuestro.

Sin embargo, se consideró que nuestros primeros gobernantes en su conjunto formaban parte de una logia masónica, y, sospechándose una posible confrontación con la sociedad religiosa preponderante, según algunos se decidió por identificar al Instituto Nacional con un nombre original que fuera razonable con la naturaleza de este primer centro educativo de Panamá.  Así, posteriormente se promulgó la Ley 43 del 20 de noviembre de 1930, por medio de la cual se estableció lo siguiente:  

“Artículo 2.  El establecimiento docente creado por la Ley 22 de 1907 conservará el nombre de Instituto Nacional.”

“Artículo 4.  La biblioteca del Instituto Nacional se llamará en lo sucesivo Biblioteca Eusebio A. Morales, en reconocimiento de sus nobles esfuerzos en pro de la cultura patria.”

Otro detalle importante de la vida de este connotado pensador político sucedió durante la campaña presidencial de 1916, cuando obtuvo el triunfo electoral Ramón Maximiliano Valdés como candidato único, ya que su adversario, Rodolfo Chiari Robles y sus partidarios no concurrieron a las urnas.  Ramón Maximiliano Valdés fue un ungido del Presidente Belisario Porras y lo ayudó enormemente para que lograra la Presidencia de la República.  Por su parte, el Dr. Eusebio A. Morales también apoyó la candidatura de Maximiliano Valdés, quien inmediatamente lo nombró en su gabinete como Secretario (Ministro) de Gobierno y Justicia.  Una vez asumida la Presidencia de la República del Dr. Ramón Maximiliano Valdés se planteó la posibilidad de hacer reformas a la Constitución Nacional de 1904.  Entre los cambios que se perseguían estaba la abolición de la pena de muerte, la creación de la figura del Vice-Presidente y otros cambios muy importantes como lo era el reemplazo de la cláusula que señalaba que para aspirar a la Presidencia de la República había que ser “panameño por nacimiento”, a fin de permitir que el Dr. Eusebio A. Morales, quien había nacido en Sincelejo, Colombia, pudiera aspirar y fungir en el cargo de Presidente de la República.  Así, durante el gobierno del Presidente Valdés, la discusión se dividió entre los que estaban de acuerdo con hacer las reformas y los contarios a ellas.  El Presidente Valdés murió inesperadamente el 3 de junio de 1918 en pleno debate a favor y en contra de las reformas.  Algunos sostienen que el Presidente Valdés no tomó partido sobre el tema, sin embargo sus amigos, al igual que los Chiaristas, sí las favorecían.  Por el contrario, los Porristas se manifestaban en contra de las reformas porque se sabía que el Dr. Belisario Porras aspiraba a sustituir al Presidente Valdés.  Por otra parte, otros sostienen que antes de fallecer el Presidente Valdés había manifestado su oposición a las reformas.  Otra tesis sostiene que la Asamblea Nacional había aprobado en primera instancia todas las reformas constitucionales en Marzo de 1918 y éstas fueron sancionadas por el Presidente Valdés y su Secretario (Ministro) de Gobierno y Justicia Eusebio A. Morales.  Sin embargo, se requería una ratificación final de la siguiente Asamblea, que sería electa en Julio de 1918.

Luego de su fallecimiento, el Presidente Valdés fue reemplazado temporalmente por su Primer Designado (Vice-Presidente), Dr. Ciro Urriola, quien estaba en contra de las reformas y por ende del Artículo 70 ya citado.  El Dr. Urriola cambió al Dr. Eusebio A. Morales en su posición de Secretario de Gobierno e intervino para que en las elecciones de 1918 para Diputados se lograra que la Asamblea fuera contraria a las reformas.  La Asamblea Nacional conformada por Diputados electos en 1918, eligió al Dr. Belisario Porras como Primer Designado (Vice-Presidente).  El haber sido elegido como Primer Designado llevó al Dr. Porras a ser Presidente de la República una vez más, pues cuando venció el período del Dr. Urriola  en reemplazo del Dr. Valdés, fue reemplazado por el Dr. Porras.  El Dr. Porras rechazó la modificación del Artículo 70 de la Carta Magna que había sido aprobada por la Asamblea Nacional previa a 1918.

Obviamente, al referirnos a la vida de este prestigioso prócer de la Patria nos quedamos cortos en la narración de todos los pormenores de lo que fue su encomiable vida y los innumerables logros que dejaron huellas imborrables en nuestro país.  Como consecuencia de un trágico accidente automovilístico falleció el 8 de febrero de 1929 a los 64 años de edad, lo que representó una fecha de triste recordación y también de mucho dolor.  Es deber de todos aquellos que defendemos y tenemos fé en nuestra nacionalidad panameña mantener su recuerdo en nuestra memoria para así fortalecer y consolidar nuestra identidad nacional.

El Dr. Morales fue un hombre de un intelecto excepcional, de raciocinio ingenioso y en todo momento y circunstancia dispuesto a servir a su país.  Prueba de ellos es que el Dr. Morales ocupó todas las Secretarías (Ministerios) de la época, excepto la Secretaría (Ministerio) de Fomento y Obras Públicas. 

Dejó muchas destacadas obras, ensayos,  documentos y enjundiosos discursos, como el pronunciado en Ginebra en 1927, dignos de admirar.  Sin ser economista de profesión, también se refirió con lucidez a trabajos referentes a las condiciones económicas del país, recomendando ciertas reformas al sistema tributario y sobre nuestro Banco Nacional.

Ciertamente el país quedó en deuda con el Prócer Don Eusebio A. Morales al no prosperar aquel momento reformista del Artículo 70 de nuestra primera Constitución Nacional de 1904 que exigía “la calidad de panameño por nacimiento para ser Presidente de la República”, privando así al país de tener uno de sus hijos más preclaros, honestos, inteligentes, preparados, patriotas, aunado a una conducta recta, como Primer Magistrado de la Nación.

En un Estado de Derecho, una persona sólo puede ser castigada por violar una ley que se ha establecido y nada más.  La igualdad ante la ley significa que no debe haber discriminación de una persona.  Este concepto procede de la teoría del Estado de Derecho.  Por consiguiente, no debe haber persona ni grupo superior, por ende ni la ley ni autoridad alguna podrán crear diferencias injustas.  Todos los individuos que cometen un delito en particular reciben la misma sanción indistintamente de lo que sea esa persona y su estatus en general. 

Dicha expresión es muy frecuentemente utilizada por conocidos políticos, presidentes, dirigentes de distintos gremios, etc.  Veamos algunos pronunciamientos recientes al respecto.  Mike Pence, exvicepresidente de Donald Trump, se pronunció sobre la posible detención de Trump diciendo “Nadie está por encima de la ley”.  Durante la campaña presidencial mexicana de 2018, cuando era candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, uno de los principales puntos de sus discursos era la frase “Nadie por encima de la ley”, comprometiéndose a combatir la impunidad y la corrupción.  No son pocos los que han hecho mención de tal frase, antes, ahora y seguro lo seguirán haciendo en el futuro.  

En estos momentos el expresidente Trump comienza a enfrentar una serie de acusaciones, siendo la primera en haber encubierto ilegalmente un pago de US$130,000, realizado por su joven y cercano abogado Michael Cohen a la estrella porno Stormy Daniels para silenciarla sobre una relación antes de las elecciones de 2016.  Este hecho podría representar, llegado el caso, un delito de campaña.  Como es característico de Trump, niega totalmente los hechos, intimida a los fiscales, hace llamados a sus irracionales y leales copartidarios a unirse a él en protestas para, según él, recuperar la Nación.  Sus tácticas nos recuerda el llamado que hizo a sus seguidores el fatídico 6 de enero de 2021, induciendo a la violencia para favorecer sus intereses y alterar el resultado electoral que lo desfavoreció y, para decirlo con toda claridad, “dar un golpe de Estado”.

El partido al que pertenece, el Republicano, dejó de ser lo que fue.  Por el momento es un partido secuestrado por un expresidente demagogo e intensamente mentiroso, apoyado por fervientes correligionarios que han intimidado a la mayoría de sus legisladores y funcionarios, quienes lamentablemente les temen por asegurar sus carreras políticas.

Como es ya usual, Donald Trump trata de politizar este y otros casos que le vienen para distraer la atención de las acusaciones en su contra.  Lo cierto y evidente es que un Gran Jurado de Nueva York  presentó cargos al expresidente Donald Trump y lo convierte así en el primer expresidente de E.E.U.U. en enfrentar cargos penales en toda la historia nacional de su país.  Como si fuera poco, el mendaz expresidente es investigado por el Departamento de Justicia por su intento de subversión electoral y de incitación al asalto del Capitolio el 6 de enero de 2021, cuando cientos de sus seguidores sediciosos irrumpieron en momentos en que los legisladores ratificaban la victoria del candidato del Partido Demócrata, Joe Biden en las elecciones de Noviembre de 2020.  Trump perdió esas elecciones de 2020 por más de siete (7) millones de votos populares, ventaja que es la segunda mayor desde el año 2000.  Esta ventaja también fue dos veces y medio mayor que aquella del voto popular de Hillary Clinton sobre Trump en el año 2016.  Con su característico culto a la mentira, Trump y sus fanáticos insisten en que se trató de un fraude electoral, por supuesto sin aportar pruebas que validen la temeraria mentira. 

Por otro lado, el apellido Trump continúa ligado a investigaciones criminales.  La Organización Trump fue declarada culpable de fraude y falsificación de registros comerciales y fue multada por US$1.6 millones.  Su Director Financiero, alto ejecutivo, fue condenado a cinco meses de cárcel. 

Trump se declara inocente de todo y señala que la multiplicidad de acusaciones en su contra  se trata de la mayor cacería de brujas en la historia, por motivaciones políticas.  Esto incluye también al Departamento de Justicia que investiga el hallazgo de documentos oficiales clasificados del gobierno en su mansión privada llamada Mar-A-Lago en el Estado de Florida.  Le confiscaron aproximadamente 11,000 documentos oficiales, incluídos cerca de 100 marcados como clasificados, algunos de ellos con marcación de ultrasecretos.   Expertos y observadores han opinado que esta investigación criminal puede implicar también cargos contra el expresidente Trump.  En este caso ocurrió una redada del FBI, autorizada por un juez.  Algunos creen que  posiblemente el falaz expresidente pudo haber violado la Ley de Espionaje al haber extraído de la Casa Blanca y haber mantenido en su propiedad información de seguridad nacional, que pudiera perjudicar a los Estados Unidos.  Igualmente, en este caso se está considerando cargos por  obstrucción de la justicia como otro posible delito.

Otro de los casos que tiene ocupados a varios organismos federales investigando, y que para mí constituye un acto extremadamente vergonzoso para la gran democracia estadounidense, es el supuesto papel de Trump  en el ataque al Capitolio, acontecido el 6 de enero de 2021, cuando una turba de sus seguidores se toma violentamente la sede del Congreso de los Estados Unidos, con el indudable y evidente objetivo de suspender la confirmación de la diáfana victoria electoral de Joe Biden, candidato presidencial del Partido Demócrata.  La investigación se centra en determinar la participación de Trump en este bochornoso acto.  El Congreso designó un comité que investigó por 18 meses la participación de Trump, realizando múltiples audiencias televisadas para presentar el argumento de que las denuncias no sustanciadas de Trump sobre fraude electoral condujeron directamente al motín.  Al finalizar estas audiencias, el Comité del Congreso acusó a Trump de incitar a la insurrección y otros delitos, en lo que prácticamente fue un vulgar intento de golpe de estado.  Esta es una investigación de enormes implicaciones para la historia del país pues incluye todos los esfuerzos que se hicieron para anular las elecciones presidenciales del Año 2020.  El Comité del Congreso determinó recomendar cuatro cargos penales contra Donald Trump que luego envió al Departamento de Justicia.

La investigación criminal del Departamento de Justicia también ha tocado a muchas personas que intervinieron en el asalto al Capitolio y que también han sido acusadas.  En su usual y predecible actitud de “tirar la piedra y esconder la mano”, Trump negó ser responsable de la revuelta, a pesar de lo que el mundo entero vio y escuchó los testimonios de los involucrados que incriminan a Trump.  Algunos de ellos ya han sido juzgados y sentenciados mas todavía quedan muchos que tienen casos penales pendientes.

El polémico empresario y político expresidente Donald John Trump tiene otro polémico caso relacionado a su supuesto intento de anular la estrecha derrota que sufrió en el Estado de Georgia durante las elecciones de Noviembre de 2020.  Resulta ser que se divulgó una llamada telefónica de casi una hora del Presidente, en ese entonces Donald Trump, y el principal funcionario electoral del Estado de Georgia, el también republicano Secretario de Estado de Georgia Brad Raffensperger, realizada el 2 de enero de 2021.  En esta llamada Trump le dice (al Sr. Raffensperger) “sólo quiero que me encuentres 11,780 votos”, es decir la cantidad de votos que necesitaba para poder ganar en ese estado.   Obviamente esta irregular petición ha sido investigada por los fiscales estatales y puede conllevar delitos potenciales como el de la solicitud de cometer un fraude electoral, declaraciones falsas a funcionarios gubernamentales y extorsión.  Por el momento se tiene conocimiento de que algunos de sus cómplices son parte de la pesquisas.  Si las acusaciones se formalizan, los implicados y condenados enfrentarían sentencias de prisión.  Al final de las elecciones presidenciales de 2020 en el Estado de Georgia, tradicionalmente republicano, el ganador fue el demócrata Joe Biden con un 49.5% de los votos populares y Donald Trump fue vencido al obtener un 49.2%.  Obviamente, Biden se llevó los 16 votos electorales que representan dicho estado en el Colegio Electoral.

Como si no fuera suficiente el anteriormente descrito acumulamiento de casos graves que vinculan seriamente al expresidente Donald Trump, ahora un juzgado de Nueva York ha declarado culpable a Donald Trumlp de abusar sexualmente y de difamar a la columnista y escritora E. Jean Carroll, por lo que deberá indemnizarla con cinco millones de dólares.  La escritora Carroll acusó a Donald Trump de violarla en un probador de ropa de uno de los grandes almacenes de Nueva York a mediados de los años noventa.  Por su parte, Trump, como siempre, se declaró inocente, señalando que ella “no es mi tipo”, lo que nos hace recordar aquel testimonio suyo salido a la luz pública durante la campaña política de 2016 en el que afirmaba que las estrellas pueden “agarrar a la mujeres por los genitales”, desatinada expresión que por cierto causó tremenda controversia.

Independientemente de los escándalos serios y sus vinculaciones a evidentes conductas irregulares que atentan contra la democracia y el estado de derecho del país, de acuerdo a mi criterio, tal como lo he señalado anteriormente, el expresidente Trump se hace merecedor de ser considerado el peor presidente que ha tenido los Estados Unidos de Norteamérica.  El mundo está pendiente de los antecedentes que acompañan al sujeto de marras, quien ha dañado gravemente las instituciones políticas y legales de los Estados Unidos.  Tenemos la esperanza de que las instituciones de la democracia y el estado de derecho sean lo suficientemente fuertes para exigirle responsabilidades a aquel que viola la ley y se aplique ese principio sagrado:  NADIE ESTA POR ENCIMA DE LA LEY.  La justicia estadounidense tiene la última palabra.

Cuando Panamá se independizó de Colombia, uno de los legados fue la continuación del bipartidismo de los partidos políticos Liberal y Conservador.  Al momento de la escisión del istmo panameño, la inmensa mayoría del pueblo era de ideología liberal.  Sin embargo, para lograr la independencia del istmo y crear la incipiente República de Panamá, ambos grupos políticos unieron fuerzas para alcanzar el objetivo de la independencia, pero no podemos soslayar el reconocer que la iniciativa del movimiento independentista del istmo de Panamá fue de los conservadores.

En su inicio, la dirección del nuevo estado fue delegada a una Junta de Gobierno Provisional integrada por miembros del Partido Conservador y del Partido Liberal.  Acto seguido, la Junta de Gobierno Provisional nombró un gabinete constituido también por miembros de ambos partidos políticos. 

Uno de los primeros actos de la Junta de Gobierno Provisional fue continuar la vigencia de todas las leyes que habían regido el anterior Departamento de Panamá, añadiendo algunas reformas, nuevos decretos orgánicos sobre organización judicial y sobre hacienda pública.  El 5 de noviembre de 1903 fue creado el Ejército de la República, integrado por tres divisiones, Panamá, Colón y David.  Posteriormente inició el reconocimiento de la naciente República de Panamá por parte de algunos países de la comunidad internacional.

Seguidamente los panameños fueron citados por la Junta de Gobierno para elegir una Asamblea Constituyente integrada por 32 convencionales, tres por cada provincia para un total de 24, más 8 convencionales por la Provincia de Panamá.  Este ejercicio democrático resultó en la elección de 16 convencionales liberales y 16 conservadores, un total de 32 convencionales cuyo propósito fue redactar la primera Constitución Nacional.  Estos convencionales aprobaron la Primera Constitución Nacional en Febrero de 1904 y escogieron al político conservador Dr. Manuel Amador Guerrero como Primer Presidente de Panamá y al liberal Dr. Pablo Arosemena, al conservador José Domingo de Obaldía y al liberal Dr. Carlos A. Mendoza como Primer, Segundo y Tercer Designados respectivamente a la Presidencia de la República.  El período del Presidente Dr. Manuel Amador Guerrero, del Partido Conservador, era por cuatro años y su vigencia terminaba el 30 de septiembre de 1908 y el período de los Designados (Vicepresidentes) era por dos años, es decir hasta el 30 de septiembre de 1906.

Uno de los artículos más polémicos de nuestra primera Constitución de 1904 lo fue el Artículo 136, que señalaba que “El Gobierno de los Estados Unidos de América podrá intervenir en cualquier punto de la República de Panamá para restablecer la paz pública y el orden constitucional si hubiese sido turbado, en el caso de que por virtud de Tratado Público aquella nación asumiere o hubiere asumido la obligación de garantizar la independencia y la soberanía de la República”.  Esta disposición fue aprobada después de violento debate. 

Con el transcurrir del tiempo, sus defensores vieron los resultados positivos del mismo, como evitar conflictos y luchas electorales con sus escenas vergonzosas y derramamiento de sangre entre adversarios políticos.  En otras ocasiones, el gobierno estadounidense, a solicitud del gobierno panameño, impidió la amenaza persistente de Colombia de invadir a la República de Panamá, al no poder resignarse a la independencia de los panameños.  En otro caso, el General Esteban Huertas, Jefe Militar, pretendió intervenir en la marcha del gobierno del Presidente Dr. Manuel Amador Guerrero, haciendo exigencias indebidas, tratando de desobedecer sus órdenes y hasta violentar su persona.  La delegación estadounidense apoyó al Presidente Amador Guerrero y recomendó la eliminación del ejército y adoptar medidas de orden público, lo cual hizo posible el retorno de la tranquilidad al país.  El Artículo 136 fue aprobado por la mayoría de los convencionales conservadores con excepción de Juan Vásquez G.  Por su parte, la mayoría de los convencionales liberales votaron en contra, con excepción del Dr. Pablo Arosemena, del General Ignacio Quinzada y del convencional Nicolás Tejada de la Provincia de Panamá.

Finalizado el primer gobierno constitucional 1904-1908 presidido por el Dr. Manuel Amador Guerrero, quien desistió de buscar la reelección por motivos de salud, el Sr. Ricardo Arias Feraud, Secretario de Relaciones Exteriores, se presentó como candidato a la Presidencia de la República, respaldado por un nuevo partido político llamado Partido Constitucional y por recomendación del Dr. Amador Guerrero.  El Partido Constitucional estuvo integrado por allegados al Presidente Amador Guerrero, eran en su mayoría conservadores aunque también militaban algunos liberales, todos quienes postularon el 13 de abril de 1908 al Dr. Ricardo Arias Feraud. 

El otro candidato a la Presidencia de la República era el conservador José Domingo de Obaldía Gallegos, Designado (Vicepresidente) a la Presidencia, quien se encargó interinamente del Órgano Ejecutivo desde el 24 de junio hasta el 29 de diciembre de 1907 durante la ausencia por licencia del Presidente Titular, Dr. Amador Guerrero, por motivos de salud.  El Dr. De Obaldía Gallegos, de filiación conservadora, ahora candidato de “oposición”, fue apoyado y postulado por la llamada Coalición Republicana, bajo el liderazgo del Dr. Carlos A. Mendoza, quien congregó a figuras distinguidas del liberalismo y también a connotadas figuras conservadoras.

Así, en las elecciones de 1908 se enfrentaron dos alianzas políticas constituídas ambas por miembros liberales y conservadores.  Ante una inminente derrota por el poco apoyo de la población, el Dr. Ricardo Arias Feraud declinó sus aspiraciones presidenciales y se retiró de la contienda electoral.  Esto permitió que el 1 de octubre de 1908 el Dr. José Domingo de Obaldía ascendiera a la Presidencia de la República como candidato único.  Por su parte, la Asamblea Nacional de Diputados, que también tenía la responsabilidad de elegir a los Designados (Vicepresidentes) a la Presidencia de la República, escogió como Primer Designado al conservador José Agustín Arango y al liberal Dr. Carlos Antonio Mendoza como Segundo Designado.  Planteada así la situación política, el Presidente de Obaldía fue el primer presidente elegido por el voto popular indirecto después de la independencia del istmo en 1903.

El Presidente de Obaldía se graduó de abogado y culminó su carrera de jurista en New Haven, Connecticut, Estados Unidos.  Fue Concejal, Administrador de Hacienda, Inspector de Penitenciaría y Director de Instrucción Pública.  El Presidente de Obaldía fue el último gobernador que tuvo el istmo de Panamá como parte de Colombia.  Fue arrestado el 3 de noviembre de 1903 como tal, pero el Dr. Manuel Amador Guerrero, protagonista del movimiento independentista y gran amigo de de Obaldía, le dictaminó casa por cárcel y se unió a los forjadores de la república.  Fue Diputado Constituyente de la Asamblea Constituyente de la nueva nación.  Fue el primer panameño que ejerció el puesto de Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Panamá en Washington, D.C.  Ejerció el cargo de Presidente Provisional de la República de Panamá en su condición de Primer Designado (Vicepresidente) del Presidente titular, Dr. Manuel Amador Guerrero, desde el 24 de junio al 29 de diciembre de 1907.

Durante sus casi dos años de gobierno, Don José Domingo de Obaldía, segundo Presidente Constitucional titular de la República de Panamá, se caracterizó por trabajar en un ámbito de armonía, organizando una administración de conciliación con el nombramiento de ilustres liberales en su gobierno, a pesar de ser él miembro del Partido Conservador.  Su administración impulsó la hacienda pública y la educación. 

Aprobó la legislación sobre el régimen político y municipal, organizó la estadística nacional y creó la policía secreta, entre otros.  Llevó a término el Tratado tripartito Arosemena-Cortés-Root para deslindar los límites de Panamá con Colombia.  El Presidente de Obaldía Gallegos ocupó el cargo desde el 8 de octubre de 1908 hasta el 1 de marzo de 1910, cuando, a los 65 años de edad, fallece como consecuencia de un ataque al corazón.

Al fallecer el Presidente de Obaldía, el Partido Conservador tenía previsto su continuidad en el poder tras haber elegido como su Primer Designado (Vicepresidente) al también conservador Don José Agustín Arango.  Sin embargo, esta expectativa se derrumbó ya que el Primer Designado Arango murió inesperadamente el 19 de mayo de 1909 en la ciudad de Panamá. 

En estas circunstancias, el día 1 de marzo de 1910 le correspondió asumir la Presidencia de la República al Segundo Designado (Vicepresidente), Dr. Carlos Antonio Mendoza, connotado político liberal, periodista y abogado, ascendiendo así a la primera magistratura de la nación como Encargado del Poder Ejecutivo y convirtiéndose así en el primer mandatario del Partido Liberal en nuestra historia nacional.

Antes de la independencia de Panamá, el Dr. Carlos Antonio Mendoza defendió al líder indígena Victoriano Lorenzo ante los tribunales, quien fue juzgado severamente por un homicidio en defensa propia.  También en esa época defendió la autonomía del istmo de Panamá, combatió la guerra de los mil días en territorio istmeño.  Igualmente, el 30 de marzo de 1900, Mendoza desembarcó en Punta Burica junto a Belisario Porras y Eusebio A. Morales, defendiendo la causa liberal.

Después de la independencia de Panamá, redactó el Acta de Independencia por encargo de José Agustín Arango.  Fue Convencional de la Asamblea Constituyente de 1904; se opuso a la llamada Enmienda Platt Panameña, que permitió la intromisión de Estados Unidos en el país para mantener el orden público y que se convirtió en el controversial Artículo 136 de la Constitución Nacional de 1904.  Fue el redactor del primer Código Civil del país, y se le considera el creador de la organización judicial y codificador de la República de Panamá.  Fue el primer Secretario (Ministro) de Justicia de la República, así como Secretario (Ministro) de Hacienda en el gobierno de Don José Domingo de Obaldía.

El gobierno del Dr. Carlos Antonio Mendoza se caracterizó por ser una administración tormentosa por pugnas entre sus correligionarios y sus enemigos políticos.  Igualmente no fue figura atrayente para los Estado Unidos de Norteamérica por su oposición al ya descrito Artículo 136 de nuestra Carta Magna de 1904.

El gobierno de Carlos Antonio Mendoza sólo duró siete meses.  Teniendo en cuenta que su período como Designado a la Presidencia finalizaba el 30 de Septiembre de 1910, el Dr. Mendoza hizo gestiones con el propósito de ser reelegido en el cargo por la Asamblea Nacional por dos años más.  Esta pretensión provocó una reacción adversa del Partido Conservador, que se sintió desplazado, a pesar de ser conscientes los conservadores de que los liberales contaban con el apoyo de la mayoría de la población.  El Dr. Carlos Antonio Mendoza, a pesar de contar con los votos necesarios en la Asamblea Nacional para reelegirse como Primer Designado y por lo tanto continuar como Presidente de la República, hizo que su nombre fuera retirado de la lista de aspirantes.   El 1 de octubre de 1910 correspondió a la Asamblea Nacional de Diputados elegir a los Designados (Vicepresidentes) por dos años a partir del 1 de octubre de 1910 hasta el 30 de septiembre de 1912.  La Asamblea eligió como Primer Designado (Vicepresidente) al Dr. Pablo Arosemena para que gobernase hasta el final del período constitucional, hasta 1912, del finado Presidente de Obaldía.  La Asamblea eligió como Segundo Designado al Sr. Federico Boyd y como Tercer Designado al Sr. Rodolfo Chiari Robles.  El Dr. Päblo Arosemena asumió la Presidencia de la República en su condición de Primer Designado el 5 de octubre de 1910, reemplazando así al Dr. Carlos Antonio Mendoza. 

El liberalismo de nuestro país ha sido y es la ideología preeminente entre la mayoría de los presidentes de la República de Panamá, con más de 30 mandatarios en toda su historia nacional y con mucha admiración recordamos que el Dr. Carlos Antonio Mendoza fue el primero de ellos.

Autor: Rafael Fernández Lara

De la tierra del laureado poeta Rubén Darío, máximo representante del modernismo literario de la lengua española, nicaragüense, difícilmente se puede decir que ha tenido la suerte de haber estado gobernado por gobiernos dignos de recordar, basados en la democracia, la justicia y la libertad.  Por el contrario, conlleva etapa de gobiernos dictatoriales.  Basta recordar la revolución de 1893 que llevo al poder al líder liberal José Santos Zelaya, quien gobernó Nicaragua durante los siguientes 16 años de manera autocrática.  Zelaya fue derrocado en 1909 y dos años después Adolfo Díaz asumió la presidencia con el respaldo de los Estados Unidos.  Seguidamente acontecieron una serie de intervenciones norteamericanas, una en 1912 y luego en 1916, cuando entró en vigor el Tratado Bryan-Chamorro sobre la opción de construir un canal interoceánico a través del país.  Posteriormente continuaron las protestas y nuevamente intervinieron los Marines norteamericanos, quienes  desde 1925 lucharon contra la guerrilla del dirigente liberal Augusto C. Sandino.  En 1928 se celebran nuevas elecciones y el General José María Moncada, un liberal, asumió la presidencia.

Los Marines se retiraron en 1933 y el nuevo presidente, Juan Bautista Sacasa, nombró a Anastasio Somoza García como Comandante de la Guardia Nacional, quien después mandó a ejecutar al guerrillero Augusto C. Sandino.  En 1937 Anastasio Somoza García fue elegido presidente, iniciando así una dinastía que gobernaría al país de forma dictatorial durante más de cuarenta años.  Durante esta dictadura somocista, ocurrieron una serie de rebeliones y expresiones del descontento social que fueron controlados.  El 21 de septiembre de 1956 Anastasio Somoza García fue muerto en un atentado.  Lo reemplazó su hijo, Luis Somoza Debayle, quien murió el 13 de abril de 1967 a la edad de 44 años.  En 1967, el hijo más joven del antiguo dictador, Anastasio (Tachito) Somoza Debayle, fue elegido presidente y estableció un régimen autoritario y cruel, reprimiendo cualquier y toda oposición política a su gobierno a través de su mal recordada Guardia Nacional.  Viviendo bajo estas lamentables condiciones políticas, el 23 de diciembre de 1972, la ciudad de Managua fue destruida totalmente por un terremoto que se estima causó casi 20,000 muertos, otros tantos resultaron heridos y cientos de miles de damnificados.

A principios de 1978 el opositor Pedro Joaquín Chamorro, editor del Diario La Prensa de Managua, fue asesinado.  Somoza fue acusado de ser cómplice del crimen y el país entró en un período de violencia que prácticamente desembocó en una guerra civil.  La oposición fue encabezada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), grupo guerrillero formado en 1962, contra la fuerzas del somocismo.  Presionado por los Estados Unidos, el dictador Anastasio Somoza Debayle renunció a la presidencia y el 17 de julio de 1979 abandonó el país.  Ese día fue considerado “el día de la alegría” porque significó el fin de la dinastía de los Somoza, para muchos se había acabado con una dictadura caracterizada por la violación de los derechos humanos, el hambre y desnutrición, la miseria, el miedo, analfabetismo, en resumen, más de 40 años de ignonimia contra el sufrido pueblo nicaragüense.  Anastasio Somoza Debayle murió el 17 de septiembre de 1980, asesinado en Asunción, Paraguay, donde estaba exilado.  La tiranía y represión de la dictadura de los Somoza se extendió por más de 40 años.

En 1979 los sandinistas nombraron un Gobierno de Reconstrucción Nacional para dirigir el país, el que se caracterizó por enfrentar enormes dificultades, entre ellas, la oposición de los Estados Unidos por su política izquierdista y fueron acusados de abastecer a la guerrilla de El Salvador.  Así, en 1981 el gobierno de Ronald Reagan inició un bloqueo económico contra el país y financió un grupo armado antisandinista, la llamada Contra Nicaragüense, iniciando así otra guerra civil que resultó en numerosos muertos, heridos y el sufrimiento profundo del pueblo nicaragüense.

En 1983 el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se transformó en partido político y participó en las primeras elecciones de la Revolución Sandinista, celebradas el 4 de noviembre de 1984, y nuestro personaje de marras, Daniel Ortega Saavedra, fue elegido Presidente de la República de Nicaragua por amplio margen, mayoría absoluta del 66.97% de los sufragios y los mismos fueron verificados por observadores internacionales, la Comunidad Económica Europea y otros estados como Canadá e Irlanda, quienes declararon que las elecciones fueron justas y democráticas.  Por su parte, el gobierno estadounidense del Presidente Ronald Reagan se negó a reconocer los resultados.

Los próximos comicios electorales se adelantaron y celebraron el 25 de febrero de 1990.  A pesar de que Daniel Ortega estaba confiado de su victoria, fue derrotado por Violeta Chamorro, quien logró el 54.74% de los votos con la Alianza Unión Nacional Opositora (UNO), de inclinación conservadora y derechista.  Por su parte Daniel Ortega y el FSLN sólo lograron el 40.85% de los votos presidenciales.

Las siguientes elecciones para escoger el sucesor de Violeta Chamorro se realizaron el 20 de octubre de 1996.  Frente a la disolución de la UNO se constituyó la Alianza Liberal que llevó a la victoria electoral a Arnoldo Alemán, exalcalde de Managua por la UNO, quien obtuvo el 50.99% de los sufragios presidenciales, contra Daniel Ortega Saavedra quien obtuvo el 37.83%.  Asombrosamente, en ese torneo electoral participaron otros 21 candidatos presidenciales, quienes entre todos lograron menos de un 12% de los votos.  

El 4 de noviembre de 2001 se celebran las siguientes elecciones donde Daniel Ortega Saavedra perdió por tercera vez consecutiva, esta vez frente a Enrique Bolaños Geyer del Partido Liberal Constitucionalista, quien logró una aplastante victoria, al igual que una mayoría absoluta de escaños en la Asamblea Nacional de Diputados.  Enrique Bolaños Geyer logró el 56.31% de los votos presidenciales y Daniel Ortega Saavedra el 42.28%. 

El domingo 5 de noviembre de 2006 se celebran los siguientes comicios electorales.  Estas elecciones dieron un cambio histórico a la política de Nicaragua, siguiendo el patrón de llegada al poder de gobiernos de centroizquierda en Latinoamérica.  Daniel Ortega Saavedra  del FSLN, con el 37.59% de los votos presidenciales es elegido Presidente de la República frente a Eduardo Montealegre de la Alianza Liberal Nicaragüense, quien obtuvo el 29% de los sufragios presidenciales y un tercer candidato del Partido Liberal Constitucionalista, José Rizo Castellón, obtiene el 26.21% de los votos.  De cuarto llegó Edmundo Jarquin Calderón, del Movimiento Renovador Sandinista, con el 6.44% de los votos.  En quinto y último lugar llegó el conocido Comandante Cero, Edén Atanacio Pastora Gómez de Alternativa por el Cambio, con el 0.27% de los votos.  Obviamente, el triunfo del FSLN se debió en parte al divisionismo sospechoso, de acuerdo a mi criterio, de las fuerzas liberales.  Esto puso fin a los 16 años de gobiernos derechistas posterior a la terminación de la Revolución Sandinista en 1990.  Esta fue la primera victoria electoral de un partido de izquierda durante un período de democracia institucional en Nicaragua.

El próximo torneo electoral presidencial se realizó el domingo 6 de noviembre de 2011.  En esta ocasión Daniel Ortega Saavedra se reelige de manera convincente con el 62.46% de los votos.  En segundo lugar quedó Fabio Gadea Mantilla del Partido Liberal Independiente con el 31% de los votos, y, de tercero, otra vez el Partido Liberal Constitucionalista con Arnoldo Alemán,  quien obtuvo el 5.91% de los votos.  Hubo otros dos candidatos presidenciales que entre los dos no lograron el 1% de la votación general. 

Las siguientes elecciones se realizaron el día domingo, 6 de noviembre de 2016.  El mandatario Daniel Ortega Saavedra, con su esposa Rosario María Murillo Zambrano, fueron elegidos como presidente y vicepresidente respectivamente, ambos candidatos del FSLN.  Obtuvieron el 68.20% de los sufragios.  Segundo quedó Maximino Rodríguez Martínez del Partido Liberal Constitucionalista, con tan sólo el 15.03% de los votos.  De tercero se ubicó José del Carmen Alvarado del Partido Liberal Independiente.  La cuarta posición la ocupó Saturnino Cerrato de la Alianza Liberal Nicaragüense con el 4.31% de los votos presidenciales.  En el quinto lugar estuvo Erick Cabezas del Partido Conservador con el 2.30% de los sufragios y en la sexta y última posición Carlos Canales de Alianza por la República con el 1.40% de los votos.

Las últimas elecciones generales de Nicaragua se realizaron el domingo, 7 de noviembre de 2021.  El único candidato presidencial de sobra conocido fue el Presidente Daniel Ortega Saavedra, quien con estas elecciones del 2021 ha participado en ocho elecciones presidenciales continuas y por ende se convierte en un eterno candidato presidencial.  Tal como habíamos pronosticado meses antes, si se realizaba ese evento, el panorama para la oposición no se presentaba nada halagador.  Los supuestos candidatos de oposición en el momento no representaron una verdadera cohesión, como existió en Noviembre de 1980, cuando la coalición de los partidos importantes de Nicaragua organizó la UNO y llevaron a la victoria a Violeta Barría Viuda de Chamorro como presidente y Virgilio Godoy como vicepresidente.  Daniel Ortega Saavedra mantiene el control del Consejo Supremo Electoral según muchos, y en servicio a sus propios intereses políticos.  También es un hecho cierto que el FSLN se ha infiltrado en otros partidos políticos como el Partido Liberal Constitucionalista, que a través de un supuesto pacto con el FSLN, le han dado impunidad para un alto dirigente de ese partido quien fue condenado a 20 años de cárcel por corrupción.  También se dice que la Corte Suprema de Justicia está controlada por el FSLN.  Los arrestos de posibles candidatos presidenciales y de opositores empañaron la transparencia y legalidad de las elecciones.  Es notorio que la pareja presidencial Ortega-Murillo tiene la intención de perpetuarse en el poder a toda costa.  Los comicios electorales de Nicaragua se realizan el 7 de noviembre de 2021, y, tal como se esperaba, transcurre en un clima de alta tensión política, una sociedad dividida y politizada, una evidente intención de invalidar a las fuerzas que signifiquen un riesgo real de cambio político, y de la continuidad del binomio Ortega-Murillo.

En el ambiente de intolerancia política descrita, el eterno “Presidente” Ortega “logró” el 75% de la votación según el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua en estas cuestionadas elecciones, donde algunas organizaciones de la oposición las declarara fraudulentas, donde hubo desconfianza entre los nicaragüenses y una abstención que ronda el 80%.  Después de cinco meses de realizadas las elecciones de pantomima, el supuesto “gobierno democrático” ha mostrado su verdadero rostro de gobierno dictatorial y represor ejercido también, no sólo por una política de violación de los derechos humanos contra el pueblo, sino también una represión severa contra la Iglesia Católica.

El Obispo de Matagalpa, Rolando Alvarez, fue sentenciado a 26 años de prisión tras negarse a ser deportado a Estados Unidos.  En un comunicado del gobierno fue acusado de difundir información falsa, socavar al gobierno, obstrucción de funciones y desobediencia.  El Obispo fue trasladado de su casa, donde cumplía prisión domiciliaria a una cárcel temida y de máxima seguridad “El Chipote”.  Fue inhabilitado de forma perpetua para ejercer la función pública en nombre o al servicio del estado, así como ejercer cargos de elección popular.  Incalificablemente se le consideró como traidor a la Patria y también se le adjudicó la pérdida de la nacionalidad nicaragüense.  El autócrata Ortega ha acusado a la Iglesia de participar de un complot apoyado por Estados Unidos para sacarlo del cargo.  Los sandinistas orteguistas han señalado que las iglesias en Nicaragua fueron usados por estudiantes para resguardarse y por ello surgieron los ataques contra la Iglesia Católica.  El dictador Ortega ha catalogado al Obispo Alvarez de soberbio y desquiciado.

Es importante recordar que Ortega Saavedra ha venido aplastando todo signo de oposición en el país desde el inicio de las multitudinarias protestas contra la reforma al sistema de Seguro Social que pretendió realizar el régimen Ortega, las cuales resultaron en la muerte de alrededor de 400 personas fallecidas, lo que fue altamente condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y numerosos gobiernos de otros países.  Igual que al obispo, a 222 presos políticos nicaragüenses le retiraron la ciudadanía nicaragüense, declarándolos apátridas y traidores a la Patria.  Algunos de ellos han pasado años en prisión, sin poder ejercer sus libertades fundamentales, en pésimas condiciones y sin acceso al debido proceso.

El tirano Ortega ha encarcelado a sus propios compañeros del sandinismo, como al ex general Hugo Torres Jiménez, conocido como Comandante Uno, célebre por la toma de la casa de José María “Chema” Castillo en 1974, participando también como comando sandinista cuya misión era tomar rehenes somocistas para intercambiarlos por presos políticos, entre los que estuvo Daniel Ortega Saavedra bajo el régimen de Somoza.  Otra camarada apresada por Ortega fue la excomandante guerrillera Dora María Téllez, quien fue llevada a la cárcel El Chipote y fue condenada a ocho años de prisión sin que le justicia le hubiese garantizado el debido proceso.  Fue víctima de tortura psicológica, en una celda de castigo sin luz, sin suficiente acceso al sol y con alimentación limitada.

La ya incuestionable naturaleza dictatorial de Daniel Ortega resulta en el  cierre de cien ONG, con lo que sumarían 950 organizaciones civiles sin fines de lucro disueltas tras la revuelta popular de Abril de 2018 que se acentuó tras las controversiales elecciones de Noviembre de 2021, que para muchos no fueron libres, justas o transparentes.

Según Ortega, él está defendiendo a su país contra enemigos sin escrúpulos, empeñados en derrocarlo con el apoyo de potencia extranjera.  Ortega encarceló a varios importantes empresarios que fueron acusados de conspiración, terrorismo, traición a la patria y de solicitar intervenciones militares, además de estar relacionados al lavado de dinero.

Desde ya hace tiempo, la República de Nicaragua se encuentra sometida a un régimen autocrático donde se detienen a sus opositores arbitrariamente, donde se cancela las organizaciones políticas rivales y se penaliza la disidencia.  Nicaragua es el segundo país más pobre del hemisferio occidental, sólo superado por Haití.  La pobreza y la desesperación de su pueblo, aunado a la dictadura que lo oprime, resulta en que cientos de miles de nicaragüenses intenten escapar del país en busca de nuevos horizontes.  

La oposición primero debe estar verdaderamente unida para poder coordinar acciones para presionar al dictador.  Así, es trascendental y fundamental redoblar la presión internacional para que se restablezca la democracia y el estado de derecho en Nicaragua.  No podemos ignorar que Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, quien para muchos es quien realmente ejerce el poder en el país, no sólo persiguen seguir en el poder por algunos años, sino que desean instaurar una sucesión familiar.

Lo que hemos visto recientemente es que la malas relaciones entre el régimen del dictador Daniel Ortega y la Iglesia Católica en Nicaragua se han agravado y atraviesan un momento sumamente difícil.  El arresto del Obispo de Matagalpa, Rolando José Alvarez, de 55 años, la expulsión del país del Nuncio del Vaticano, monjas de la Orden Misionera de la Caridad, el cierre de varias emisoras de radio católicas, el encarcelamiento de sacerdotes y otras atrocidades contra la Iglesia Católica, que sigue siendo la institución más influyente de este país, implica para este régimen tiránico que en un futuro nada halagador más cercano que lejano, gobernado por un “desquiciado y Nazi” como lo señaló Su Santidad el Papa Francisco, lleno de calamidades, cada vez más aislado en todos los aspectos, siempre más difícil de gobernar, sin duda alguna entra en el inicio de la caída como otra dictadura más, la peor de todas y de triste recordación en toda su historia nacional.

Autor: Rafael Fernández Lara