Introducción

Hace escasamente dos (2) años que fue aprobada la nueva ley de la Caja del Seguro Social (CSS) y el análisis se centraba, sin obviar aristas importantes, en las finanzas de la entidad y el sistema de pensiones establecido ya que su nivel de agotamiento requería urgentemente cirugía de alta precisión.

Los ajustes realizados debían cubrir no solo el déficit actuarial, sino también reflotar las finanzas de la CSS y mejorar integralmente la administración de la entidad.

Si bien, este ente debe responder a la protección de la población asegurada, las voces de sus protegidos aspiraban igualmente a un ajuste sustancial de sus pensiones. Sin embargo, una cosa era el objetivo de la ley y otra el ajuste a los pensionados y jubilados para sortear el nivel de vida actual.

¿Ajuste Real?

En vista que con la aprobación de la nueva ley que reorganizó la CSS los ajustes a los jubilados y pensionados no formaba parte del paquete, la Asamblea Nacional (AN) consideró que era justo atender la viabilidad de las solicitudes de la población pensionada y jubilada.

Como parte de sus deberes la AN discute y aprueba modificaciones a la Ley 6 de 1987 que atiende una diversidad de beneficios dirigidos a los jubilados, con el propósito de menguar las exigencias del nivel de vida actual.

Conozcamos los ajustes y ustedes decidirán si los mismos son realmente aprovechables por los jubilados y/o pensionados o hacia terceros que se escudan en la figura del adulto mayor.

El cuadro siguiente muestra los beneficios a los que tienen derecho los jubilados desde 1987 y en paralelo los ajustes recién aprobados por la AN.

De los descuentos contemplados en la ley de 1987, la mitad de ellos sufrió ajustes hacia arriba que van desde el 20% hasta el 100% en algunos casos.

Llama la atención el ajuste hacia arriba del descuento porcentual en el consumo del Agua y la Electricidad, sino también del margen del consumo de la cantidad de energía eléctrica y agua potable, lo cual en nada favorece el ahorro de estos bienes imprescindibles en el hogar.

O, incrementar el consumo telefónico incluyendo un celular con contrato hasta B/. 60.00. El beneficio anterior solo incluía telefonía fija.

Descuentos como los que acabo de mencionar requieren, a mi leal saber, de algún criterio para incluirlo en la ley, y me pregunto ¿Qué criterios utilizó la AN para realizar estos cambios? ¿Criterios Técnicos, encuestas oficiales u otras herramientas?

¿Cómo afectan estos incrementos en los descuentos en el día a día de las actividades económicas que deben otorgarlos? ¿Son realmente aprovechables los descuentos por la población a quien se dirigen los mismos?

No contenta con los ajustes hacia arriba, la AN extendió los beneficios que originalmente existían, en aras, supuestamente, de palear el nivel de vida de quienes dependen de jubilaciones o pensiones exiguas.

Veamos cuáles son esos nuevos beneficios y si podrían tener un real aprovechamiento por la población de la tercera edad.

A mi entender, los ítems 1,2, 9 y 10 son los más potables para que sean aprovechados plenamente por los jubilados y pensionados, pero el resto es más cuestionable ya que las actividades económicas no podrán discriminar si lo comprado sería aprovechado por un jubilado o pensionado u otra persona.

Del Veto por Inconveniente e Inexequible

Cuando una nueva legislación es aprobada en la AN, el proceso para que se oficialice en la vida nacional requiere que el Presidente de la República sancione con su firma la misma y como paso final que la misma sea publicada en la Gaceta Oficial.

Pero en este caso, el Ejecutivo se pronunció y formalmente vetó esta ley y expresó el porqué de su rechazo.

El fundamento del veto radica en que esta ley “no constituye un mecanismo adecuado para alcanzar este fin, especialmente, cuando no se diferencian las situaciones económicas y sociales del grupo que se pretende beneficiar”, por lo cual el Gobierno Central lo considera Inconveniente ya que vulnera los artículos 19 y 20 de la Constitución Política al no atender el posible trato diferenciado en el otorgamiento de los beneficios.

En vista que la ley mantiene la figura del Crédito Fiscal que se genera en favor de la actividad económica que otorga el descuento respectivo y al no presentar la AN un análisis de cómo las Finanzas Públicas pueden verse afectadas ni tampoco una alternativa viable para, al menos, contrarrestar esa pérdida de recursos, el Gobierno veta la ley por Inconveniente, ya que vulnera el Artículo 32 de la Constitución Política al no haber solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas un análisis del impacto a las finanzas públicas derivado de esta ampliación de beneficios, incumpliendo además del Artículo 11 del Código de Procedimiento Tributario.

Estos choques con la Constitución Política son los fundamentos para que el Presidente, en representación del Órgano Ejecutivo considere que esta ley sea vetada por Inexequible y por ella es devuelta a la AN para que cumpla con lo expresado en el veto presidencial.

Ahora bien, si la AN considera que el veto por Inconveniencia no tiene fundamento, puede aprobar la ley por Insistencia y de ser así el Ejecutivo tendrá que sancionarla.

Sin embargo, el veto va más allá porque el mismo señala varios artículos del Código Tributario y de la Constitución Política de la República y por ello el veto hace que la nueva ley sea considerada como Inexequible.

Si la AN insiste en su aprobación, esta nueva legislación pasará a instancias de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que mediante sus facultades dirima si la ley en cuestión tendrá vida práctica o no.

Conclusiones

Debemos entender que la AN tiene por derecho constitucional llevar a la vida pública las iniciativas que aspiran a mejorar el nivel de vida de la sociedad por la vía de las legislaciones, entre otras facultades. Pero tiene, igualmente la responsabilidad de que las iniciativas respectivas, en especial las que surgen del seno de ese órgano del Estado, sean económica, financiera y políticamente viables, sobre todo si las mismas requieren el concurso de otros órganos del Estado.

Si eso es así, porqué la AN no cumplió responsablemente en solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) un análisis financiero de las repercusiones que podrían tener sobre el erario público los ajustes a los beneficios de los jubilados.

De haberse cumplido esta formalidad, posiblemente no hubiera sido vetada la ley.

Por otro lado, ¿son estos beneficios de vieja data y ahora los nuevos, aprovechados íntegramente por los jubilados?

Por ejemplo, el ajuste hacia arriba en el Consumo del Agua y la Electricidad no creo que en nada favorezcan en algo a un jubilado o pensionado ya que es sabido que muchos familiares viven en casa de estas personas y ellos sí le sacarían provecho a ese descuento. Entonces, si esto es sabido porque favorecer el Desahorro en Agua y Electricidad.

Es el mismo caso con el nuevo beneficio del Internet y el Cable o el de tener, como equipo de comunicación residencial un celular con contrato que de seguro no solo sería aprovechado por el adulto mayor, sino por toda la parentela a costillas del resto de los mortales.

Fueron estos elementos analizados a conciencia por los miembros de la AN o simplemente impulsaron una ley que ante los ojos de los jubilados y pensionados y de la sociedad los dejara bien vistos y dejar que el Ejecutivo cumpliendo con su deber cargara con la culpa de una ley mal concebida y viéndose en la necesidad constitucional de vetarla.

Las legislaciones concebidas como Política Pública deben cumplir el objetivo establecido, el cual es incrementar el bienestar de la sociedad, pero si la misma sale a la palestra para ganarse la simpatía de la población a quien supuestamente debe beneficiar, descuidando el análisis responsable para su puesta en práctica, entonces qué rol están jugando quienes ocupan un escaño en la AN.

Introducción

¿Es el Presupuesto General del Estado (PGE) la hoja de ruta planificada del Gobierno Nacional o solo es una lista de Ingresos y Gastos vertidos a lo largo y ancho de la estructura gubernamental actual?

Esta es la pregunta que muchos se hacen cuando el Órgano Ejecutivo presenta ante la Asamblea Nacional el proyecto de Presupuesto en el cual se muestra el accionar del gobierno para el próximo año.

Son reales las expectativas contempladas en dicho proyecto o son las ilusiones a la que aspira, año a año, cada una de las entidades públicas que constituyen la estructura administrativa del actual gobierno.

¿Por qué aumenta cada año? ¿Qué criterios se usan para incrementar el PGE? ¿Alcanzan los Ingresos para cubrir ese incremento? ¿Se disminuirán los Gastos para que los Ingresos soporten mejor la carga? ¿Por qué no se trabaja con un Presupuesto similar al año anterior, incluso porque no un PGE menor al del año pasado?

Para quienes entendemos algo de esto, éstas serían algunas de las preguntas que nos haríamos año a año al momento de presentarse el proyecto de PGE siguiente.

¿Qué es el PGE?

Etimológicamente, la palabra Presupuesto está compuesta de dos partes: la primera, el prefijo “PRE” que quiere decir “ANTES DE”, y la segunda “SUPUESTO” que significa “SUCESO”, por lo cual, un Presupuesto es aquello que se organiza con anterioridad a que suceda.

Siguiendo al pie de la letra esta definición, el PGE viene a ser la organización previa de las acciones que un Gobierno pretende realizar en un año, cuantificadas en Gastos y la forma de costearlos vía los Ingresos Estimados que se aspira a recaudar.

Acorde a las declaraciones realizadas por el Ministro de Economía y Finanzas, el PGE-2027 se incrementará en un poco más de B/.400 millones.

Me pregunto que tanto se han incrementado los Ingresos para costear las acciones previstas en cada entidad o simplemente los mismos no alcanzan y la diferencia se cubre con Deuda Pública, como pasa generalmente.

Año a año, nuestro presupuesto ha venido en creciendo fuertemente, sin embargo, el respaldo para hacerlo realidad es otra cosa.

Este año el PGE muestra un cambio sustancial de acuerdo a la presentación realizada por el Ministro del ramo cuando manifiesta que el Servicio de la Deuda contemplada en el mismo será un tercio (1/3 o un 33%) más bajo que años anteriores, constituyéndose ese hecho en algo histórico en este país.

Es decir, que el pago de Intereses y Capital de nuestra Deuda Pública, por cada dólar a pagar por el servicio de la deuda respectivo será 33 centésimos menos, o sea que por cada dólar del servicio de la deuda se pagará 66 centésimos, al menos para el período 2027.

Veamos los ejercicios presupuestarios a partir del año 2020 a la fecha y conozcamos un poco las cifras administradas por el Gobierno.

Estos montos muestran diferencias sustanciales año a año en favor de los Gastos que realiza el gobierno nacional para cumplir su rol de administrar la cosa pública.

Como se aprecia, los gastos superan con creces los Ingresos Presupuestados y es aquí donde evaluamos si los jefes de todas las carteras, sean del Gobierno Central o de entidades Descentralizadas y de Empresas Públicas pareciera no ser conscientes de que el presupuesto a cargo de cada uno de ellos no es la lista al Niño Dios para Navidad a la espera que todo los solicitado sea recibido.

La pregunta de situaciones como éstas, es que de impulsar y gastar todo lo registrado como Gasto en el PGE, so pretexto de que el próximo presupuesto les sería recortado, es si los Ingresos Recaudados cubrirán toda o gran parte de la diferencia mostrada en el cuadro anterior.

Si bien, una cosa es lo presupuestado o estimado, otra es si la dinámica de la actividad económica te permite recaudar lo suficiente para cubrir los gastos presupuestados o cerrar la brecha sustancialmente.

El cuadro que a continuación mostramos, revela la realidad de nuestra estructura fiscal.

Si sumamos los Ingresos Presupuestados del período 2020-2025 versus la realidad de nuestro fisco, a la vista está que la realidad económica fiscal del país está muy por debajo de los deseos de los jefes de cartera, aun cuando los indicadores económicos señalen que la economía ha estado creciendo en los últimos años por encima del 4% cada año.

Lo preocupante aquí es que la diferencia es abismal y en dicho período nuestra fiscalidad se quedó corta en unos US$ 68 mil millones, equivalente a casi los dos últimos ejercicios presupuestarios.

Si los Ingresos a recaudar no alcanzan para cubrir la lista al niño Dios o como se dice, si la manta no te alcanza, y aun así se empuja a cumplir un PGE fuera de toda lógica, deberá emerger la varita de Harry Potter y cerrar esa brecha como por arte de magia o se cubrirá con Deuda el Déficit Fiscal.

Pues la primera opción por ser ficción no se dará nunca, pero la segunda seguirá haciendo su entrada triunfal año a año, tal cual se aprecia en el siguiente cuadro.

Si sumamos los compromisos financieros (Deuda Pública) adquiridos por Panamá, sean Internos o Externos, solo en el período 2019 y 2025 estimados en unos US$ 32.1 mil millones, los mismos solo podrían cubrir aproximadamente un 45% de esos deseos navideños o, mejor dicho, del Déficit Fiscal generado e incrementado año a año por los administradores de la gestión gubernamental.

Estas son las cosas que los jefes de carteras administrativas tienen que entender, SÌ o SÌ, y es que los presupuestos NO son una carta al Niño Dios y por ello es entendible, al menos en parte, cuando el MEF les recorta el presupuesto a las entidades, buscando éstas al final un salvavidas en la Asamblea Nacional y lograr que el recorte sea menor.

Si el manejo del presupuesto estatal por cada entidad, fuese mejor planificado, les aseguro que la solicitud de traslados solicitados a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea sería muchísimo menor al punto que les evitaría ir muchas veces a esa instancia de control y sobre todo a obviar cuestionamientos en cuanto al manejo administrativo de la entidad por parte de quienes no tienen experiencia en la administración gubernamental.

Conclusiones

Esta situación amerita realizar una reflexión seria y responsable por parte de los jefes de cartera y del ministro a cargo del manejo global del PGE y entender de cara a la realidad fiscal del país si el PGE requiere mantenerse igual por varios años, incluso si el mismo pudiera ser menor cada año al anterior y de esa forma hacer un cambio drástico al manejo de las contribuciones de quienes pagan impuestos y por ende todo el accionar gubernamental.

Introducción

El Mundial de futbol, posiblemente el evento deportivo de mayor magnitud en el globo y en términos de ingresos de todo tipo, por las actividades inherentes a éste, las estimaciones lo cifran entre US$ 11 y 15 mil millones.

No solo es la fase final, como la que recién terminó, es todo el proceso de clasificaciones globales que se realizan por las federaciones afiliadas a la Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA).

Si bien las pasiones se elevan al máximo tanto por jugadores como por los fanáticos y amantes de este deporte, las sensaciones de anomalías cubren al rector de este evento desde hace años, sobre todo debido a la forma como fue otorgado el Mundial de Catar y el recién terminado en tres sedes del continente americano.

Sin embargo, esos nubarrones que arroparon poco a poco al rector del futbol mundial desde 2010, se cimentaron en 2015 con el famoso caso FIFAGATE, logrando la defenestración de sus principales dirigentes, Joseph Blatter y Michele Platini, entre otros.

FIFAGATE 2015

Hasta ese momento, este caso podría convertirse en el delito de mayor alcance debido a las ramificaciones globales que tiene el futbol, y en especial su fase final denominada El Mundial.

Veamos algunos hechos:

1. Investigación realizada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).
2. Investigación iniciada en 2010 tras las adjudicaciones de los Mundiales de Futbol de Rusia y Catar.
3. Delitos investigados: Asociación Delictiva, Sobornos, Fraude Electrónico, Lavado de Activos por el orden de US$200 millones.
4. Acusación: Sobornos masivos a travès de empresas de Marketing Deportivo (Traffic y Torneos Competitivos), a cambio de la cesión de los Derechos de Transmisión televisiva de la Copa América y la Copa Libertadores.
5. Hotel Baur au Lac- fue el escenario del operativo de arrestos de altos funcionarios de la FIFA llevados a cabo por agentes de USA y Suiza.
6. Resultados de los operativos: Caídas de las cúpulas federativas de la CONCACAF (América del Norte, Centroamérica y el Caribe), CONMEBOL (América del Sur) y la propia FIFA.
7. Arrestos y Condenas
8. Juan Ángel Napout (Paraguay)- 9 años
9. José María Marín (Brasil) – 2 años
10. Sergio Jadue (Chile) Se convirtió en Delator. Sin Culpa
11. Eugenio Figueredo (Uruguay) Arresto Domiciliario
12. Luis Bedoya (Colombia) Libertad Condicional
13. Julio Grondona (Argentina) Falleció antes de Sentencia y según las investigaciones el máximo receptor de Coimas.
14. Alfredo Hawit (Honduras) Arrestado en Suiza.
15. Rafael Callejas (Honduras) Culpable por aceptar Coimas.
16. Eduardo Li (Costa Rica)- Arrestado en Suiza.
17. Julio Rocha (Nicaragua) fallecido antes de la condena.

• Otros Involucrados
• Hernán López- 21 Century Fox
• Hugo y Mariano Jinkis-Empresa FULL PLAY

Si bien, Joseph Blatter y Michele Platini fueron encontrados inocentes de los cargos, ambos perdieron sus cargos en la FIFA debido a la aplicación del protocolo de la FIFA en cuanto al voto de confianza.

Pero todo no quedó allí, porque a pesar de todas las investigaciones y pruebas aportadas durante el caso, surgió un argumento legal que al día de hoy tiene en vilo el proceso de presentación de pruebas y las sentencias dictadas, al menos en los Estados Unidos de Norteamérica debido a una de las Reglas Federales de procedimiento penal.

Regla 29

El sistema legal que impera en Panamá parte del Derecho Romano-Germánico y hago esta aclaración porque algunas decisiones, derivado de procesos legales en el caso que nos ocupa, puede que no estén contemplados o se manejen distinto en nuestro sistema legal.

En vista que las investigaciones del FIFAGATE parten del FBI y siendo este un ente de jurisdicción en los Estados Unidos de Norteamérica, aun cuando sus actuaciones sean compartidas con agencias europeas en determinados momentos, el sistema legal que imperó aquí es el Common Law o Derecho Anglosajón, sistema practicado en USA, Reino Unido, Canadá y en otras latitudes que estuvieron vinculadas históricamente a Inglaterra.

En el acápite previo, listamos los hechos que fueron figura principal en el FIFAGATE y los delitos imputados a los investigados, procesados y condenados.

Sin embargo, en septiembre de 2023 un Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito dejó sin efecto el fallo de la jueza Pamela Chen y declaró nulas las condenas a varios imputados por los delitos de sobornos y lavado de activos, devolviendo el caso a la instancia previa con el objetivo que se lleven a cabo nuevos procedimientos de conformidad con la opinión emitida en el tribunal superior.

Alguien se preguntará, si en opinión de un jurado y la actuación de la jueza en cuestión los imputados fueron declarados culpables, ¿que motiva que un tribunal superior anule lo actuado?

Y aquí entra en juego la Regla Federal 29 y los argumentos bajo los cuales la misma puede ser aplicada, a saber:

“(a) Antes de la presentación ante el jurado. Una vez que el gobierno haya concluido la presentación de sus pruebas o una vez concluida la presentación de todas las pruebas, el tribunal, a solicitud del acusado, deberá dictar sentencia absolutoria por cualquier delito para el cual las pruebas sean insuficientes para sustentar una condena. El tribunal podrá, por su cuenta, considerar si las pruebas son insuficientes para sustentar una condena.

Si el tribunal deniega la solicitud de sentencia absolutoria al concluir la presentación de las pruebas del gobierno, el acusado podrá presentar pruebas sin haberse reservado el derecho a hacerlo.

b) Reserva de decisión. El tribunal podrá reservarse la decisión sobre la moción, continuar con el juicio (cuando la moción se presente antes de la conclusión de la presentación de todas las pruebas), someter el caso al jurado y resolver la moción antes de que el jurado emita un veredicto o después de que emita un veredicto de culpabilidad o sea disuelto sin haber emitido un veredicto. Si el tribunal se reserva la decisión, deberá resolver la moción con base en las pruebas disponibles al momento de la reserva.

(c) Después del veredicto del jurado o de la absolución.

(1) Plazo para una moción. Un acusado puede solicitar una sentencia absolutoria, o renovar dicha moción, dentro de los 14 días posteriores a un veredicto de culpabilidad o después de que el tribunal disuelva al jurado, lo que ocurra más tarde.

(2) Decisión sobre la moción. Si el jurado ha emitido un veredicto de culpabilidad, el tribunal podrá anularlo y dictar una sentencia absolutoria. Si el jurado no ha emitido un veredicto, el tribunal podrá dictar una sentencia absolutoria.

(3) No se requiere moción previa. Un acusado no está obligado a solicitar una sentencia absolutoria antes de que el tribunal someta el caso al jurado como requisito previo para presentar dicha moción después de la disolución del jurado.

(d) Decisión condicional sobre una moción para un nuevo juicio.

(1) Solicitud de nuevo juicio. Si el tribunal dicta sentencia absolutoria tras un veredicto de culpabilidad, deberá determinar, de forma condicional, si procede conceder una solicitud de nuevo juicio en caso de que la sentencia absolutoria sea posteriormente anulada o revocada. El tribunal deberá justificar dicha decisión.

(2) Firmeza. La orden del tribunal que concede condicionalmente una moción para un nuevo juicio no afecta la firmeza del fallo absolutorio.

(3) Apelación.

(A) Concesión de una moción para un nuevo juicio. Si el tribunal concede condicionalmente una moción para un nuevo juicio y un tribunal de apelación posteriormente revoca la sentencia absolutoria, el tribunal de primera instancia debe proceder con el nuevo juicio a menos que el tribunal de apelación ordene lo contrario.

(B) Denegación de una moción para un nuevo juicio. Si el tribunal deniega condicionalmente una moción para un nuevo juicio, el apelado puede alegar que la denegación fue errónea. Si el tribunal de apelación posteriormente revoca la sentencia absolutoria, el tribunal de primera instancia deberá proceder según lo disponga el tribunal de apelación”.

Después de tanta cháchara legal, alguien se preguntará, y ¿esto que tiene ver con todo lo actuado?

Pues bien, la sección 1346 del Código de los Estados Unidos que es la ley Federal principal que regula delitos de fraude por privación de servicios honestos entre otros, entra en escena en este caso y es aplicada por el Tribunal de Apelaciones.

A la fecha de los veredictos respectivos, la jueza Chen apoyó su decisión condenatoria en las leyes Anti-Fraude, sin embargo, el Tribunal Superior declaró que el delito de fraude electrónico, realizado bajo esquemas de soborno comercial extranjero, no podía ser imputado a ningún investigado en este caso por no haberse dado en la jurisdicción norteamericana, y por ende algunas condenas están siendo revisadas.

¿Un nuevo FIFAGATE?

No había terminado el mundial 2026 y el FBI con el apoyo de fiscales federales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, inician otra investigación, pero esta vez sobre transacciones bancarias realizados por la Asociación de Futbol Argentino (AFA), a través de la empresa, Tour ProdEnter LLC, constituida 9 días antes de mundial según arrojan las investigaciones.

Esta vez por manejo de contratos con marcas como ADIDAS Y WARNER por el orden de US$ 300 millones, de los cuales unos US$ 57 millones no tienen destino claro pero ese monto sí llegó a sociedades y beneficiarios ligados a la AFA.

La trazabilidad de las transacciones realizadas indica que, los recursos antes descritos pasaron por entidades financieras como Citibank, Bank of America, PNC Bank, Synovus y JP Morgan, por lo tanto, también están siendo investigados.

Los delitos que amparan esta investigación son Lavado de Activos y Fraude Bancario siendo los primeros investigados el Presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino (investigado en Argentina), Javier Faroni, Erica Gillette y Diego Lucero.

¿Un nuevo FIFAGATE? Pues si me preguntan, yo diría que sí.

Si revisan el caso de FIFAGATE 2015, las conductas son similares al igual que los delitos, solo cambian los nombres de los imputados, pero esta vez existe una diferencia sustancial con relación al primer caso, y es que la jurisdicción donde recaen los delitos anunciados es Estados Unidos de Norteamérica.

De imputarse cargos a los investigados y desarrollarse el proceso legal correspondiente y los iniciados son encontrados culpables, la Regla 29 y la sección 1346 del título 18 del Código de Estados Unidos no servirán de salvavidas para ninguno de los caídos en desgracia.

Paralelo a ello, el Presidente de la FIFA está siendo acusado de múltiples acciones contrarias al manejo transparente con el que debería regirse el organismo e investigado a lo interno del organismo por cercanos colaboradores y por el Parlamento Europeo, a quién se le puede aplicar la clausula de No Confianza lo que derivaría en su destitución automática, a menos que renuncie previamente a que se lleve a cabo dicho proceso interno, lo cual no lo exime de cualquier investigación debido a una serie de decisiones administrativas, durante y después del Mundial 2026.

La gota que colmó el vaso ha sido la promoción de futuros mundiales de futbol bajo la figura empresarial de participación de empresas privadas con un 49% de acciones y el resto bajo control de la FIFA, y debido a ello, la presidencia de Infantino pende de un hilo muy delgado, que a mi parecer de esta deshilachando rápidamente.

En el libro “Buena Economía para Tiempos Difíciles” sus autores y premios Nobel de Economía en 2019 Banerjee y Dulfo, describen una serie de sucesos en diversas latitudes y destacan en sus análisis cómo fueron abordados dichos aspectos permitiendo que sus lectores pudieran extraer las experiencias más propicias y replicarlas dependiendo de las circunstancias y la idiosincrasia del lugar donde se impulsen.

La Corrupción como elemento presente en los ámbitos económico, político e institucional siempre ha estado en boca de muchos y hace un buen tiempo atrás sus tentáculos está mostrando parte del modus operandi en Panamá.

La Corrupción como un Acto Aislado

¿Es la corrupción algo inherente a los Gobiernos o las empresas como entes? O es algo que aparece acorde a las circunstancias y el ser humano, dentro de sus imperfecciones, suele sacarlo a la luz.

El escepticismo que recae sobre los Gobiernos parece ser una obsesión generalizada ya que la mínima gestión gubernamental suele generar mucha suspicacia en un gran porcentaje de la sociedad civil y cuando una investigación judicial suele aparecer, el panameño de a pie suele decir que el hijo de la cocinera es quién pagará los platos rotos y los beneficiarios finales de dicha acción quedarán impunes.

Las voces mejor organizadas de la sociedad civil suelen señalar no solo los casos, sino también los mecanismos que ayudarían mitigar esas acciones con ajustes en las legislaciones respectivas y de no haberlas, proponiendo leyes que castiguen dichos actos.

Para Banerjee y Dulfo, “la idea de que lo único que hace falta para acabar con la corrupción es la voluntad de hacerlo ignora un punto clave sobre el origen de la corrupción y es nuestra habilidad para controlarla”.

Y es que, ante las necesidades de la población y el deber constitucional del Gobierno de atender las mismas, solo el Gobierno debe actuar.

Si, por el contrario, las empresas privadas bajo las figuras de Acuerdos de Participación Privada proponen soluciones para determinados casos que en principio debiera atender el Gobierno, la figura de la corrupción, para el ciudadano común, igual estará presente.

Y como dice el refrán: Palo porque boga y palo porque no boga.

La Bendita Transparencia

Según Banerjee y Dulfo, por la naturaleza del trabajo a realizar por el Gobierno, éste muchas veces impide que los mecanismos del mercado funcionen y por ende combatir la corrupción se torna en una batalla cruda y continua, aun cuando existan las mejores intenciones.

Y es aquí donde surge la Transparencia como parte de la solución, sostienen algunos.

Los iconos de transparencia creados e insertados en las plataformas digitales de todas las entidades, deben ser los depositarios de toda la información que genera la entidad respectiva, especialmente los actos públicos con sus detalles y las planillas, de modo que la ciudadanía tenga la opción de saber, al menos, quienes y en qué se gastan sus impuestos.

Las sanciones incluidas en la ley debieran ser disuasorias para quienes forman parte del proceso de mantener al día las informaciones pertinentes, pero aún así las personas a cargo dilatan o incumplen este proceso.

Por algo existe la solicitud de Habeas Data cuando una entidad, por la razón que esgrima, no muestra o entrega a tiempo determinada información solicitada por la sociedad, pero con este mecanismo también dilata el proceso de entrega.

Casos y Casos

Aún con todo este arsenal de impedimentos legales, la corrupción se las ingenia para aparecer y lucrar a costa de la sociedad y por ello, revisaremos algunos de los actos que en suelo patrio hacen noticias.

Alguno de ellos de vieja data y otros casos muy recientes, dejan al descubierto los mecanismos utilizados para lograr su cometido, a saber:

1. FES-FIS hoy Programa de Ayuda Nacional (PAN): Compra de Comida Deshidratada.
2. Concesión Portuaria- Lesión Patrimonial según las auditorías de la Contraloría General de la República.
3. Lotería Nacional de Beneficencia; a- Libretas en manos de allegados y políticos; b- Chances Clandestinos cuya lesión al Estado se estima en más de B/. 200 millones anuales.

• ODEBRETCH-Coimas por licitaciones en varios gobiernos. Este caso en otras latitudes ha llegado a la justicia por los mismos delitos.

• Respiradores: En Pandemia se pretendió comprar estos equipos a precios más elevados de lo que ofrecía el mercado, lo que llevó a la destitución inmediata a un Viceministro.

• Universidad de Chiriquí (UNACHI)-Nepotismo rampante y sueldos excesivos.

• MEDUCA-Diplomas falsos de docentes. Más de 400 diplomas fraudulentos. Involucra a funcionarios del Ministerio y la investigación se extiende a las entidades que pudieran haber extendido dichos diplomas.

• Descentralización Paralela: Más de US$300 millones en transferencias presupuestarias sin sustento claro en las Juntas Comunales.

• Operación Pandora: Afectación digital del Sistema e-tax de la Dirección General de Ingresos (DGI) en el cual se borraron deudas y se generaron de manera fraudulenta Créditos Fiscales, derivando en detenciones de 17 personas entre funcionarios públicos, civiles, abogados y, sin obviar el destino final de dichos recursos hacia (4) bancos de la plaza comercial local que recibieron los Créditos Fiscales generados por el orden de más de US$ 40 millones, hasta ahora detectados.

Este último caso, con la aparición de bancos de nuestro centro bancario como parte de la trazabilidad de los recursos extraídos de la DGI, nos deja un mal sabor de boca ya que nuestro país, desde hace décadas, lucha contra organismos que a diario nos listan como un país que no colabora internacionalmente con una serie de normativas de conducta para perseguir delitos trascendentes y eso nos pasa factura siempre.

Este listado no deja de lado otros que escapan a mi memoria, incluso alguno que era exclusivo de la esfera privada, pero es una muestra de lo que la corrupción en la economía panameña afecta nuestra reputación como país dificultando la acogida de inversiones extranjeras y que las mismas se realicen bajo las fuerzas del mercado y no bajo la égida de la trampa.

Desde hace más de tres décadas, los ajustes a la Ley de Contrataciones Públicas se han realizado sobre el objetivo de que el proceso de compra a manos del Estado sea los más transparente posible y que los recursos adquiridos con los impuestos del pueblo sean en beneficio del propio pueblo, sin embargo, cada vez que surge una compra bajo la figura de una licitación o cualquiera de los otros mecanismos que permite la ley, la noción de la sociedad es que no se beneficia ella, pero sí algún particular o alguien del Gobierno.

Entonces, si la Ley en sí, cierra los portillos a una posible lesión patrimonial, ¿es la ley el problema o es quién la debe aplicar?

 Reflexiones

Este análisis parte del reconocimiento de que los seres humanos somos infinitamente imperfectos, pero igual tenemos la capacidad de discernir y reconocer los hechos que convencionalmente han sido señalado como buenos o malos.

La corrupción en sí no tiene conciencia de lo bueno y/o lo malo de algo. Pero las personas sí tenemos esa capacidad, por lo tanto, podemos decidir si hacemos las cosas bien o recibimos algo por debajo de la mesa y torcer un proceso que debe ser prístino.

Por lo tanto, la corrupción sale a relucir si nuestro camino, hasta el momento de darle paso a ella, ha estado marcado por seguir el buen ejemplo, a pesar de los réditos que dicho acto pudiera dejar en los bolsillos de alguien.

Lo más triste de ello, es que eventos como los listados, nos muestran al mundo como una economía que favorece la trampa y pagamos los platos rotos, incluso quienes no hemos tenido vela en esos entierros.

Introducción

He realizado algunos análisis sobre aspectos educativos, sobre todo algunos resultados al final del ciclo educativo, pero el tema más que tedioso es espinoso.

Hay quienes al día de hoy consideran que, al no impulsarse la reforma educativa a final de los años 70, hoy estuviéramos mejor, pero la cuestión aquí es que no hay forma alguna de medir eso ya que dicha reforma jamás vio la luz.

Cualquier prueba o test a ser aplicado, bien concebido, puede dar luces para atender con más tino el objetivo que se persigue y por ello creo que en la primera gestión y en la actual, la ministra de educación se equivoca al no incluirnos en las pruebas PISA.

Puedo entender qué, si no hay cambios cualitativos a lo interno de nuestro sistema educativo como para que mejoremos algunos peldaños en dichas pruebas, nos saltemos algún ciclo y mientras tanto qué se hace.

Dicho esto, intentaremos analizar algunos informes internos que destacan nuestro desempeño escolar en la base del sistema y así el lector podrá comprender un poco mejor los resultados educativos que año a año nos hace preguntar por qué se exige y gasta en tanto en Educación si los resultados son peores.

Informe CRECER

Entre 2016 y 2018, el Gobierno Nacional realiza una serie de pruebas para medir el nivel educativo en aspectos como Lectura, Español y Matemáticas.

Dirigido a 62,195 estudiantes de Tercer Grado distribuidos en 3,055 escuelas, entre Oficiales y Particulares, sean éstas Multi o Unigrados, la primera fase de estas pruebas se concentraron en las capacidades de Lectura de los estudiantes.

“Los instrumentos empleados en las pruebas Crecer 2016 se enfocan en la evaluación de tres dominios fundamentales para las competencias lectoras. Cada uno de ellos informa sobre aspectos clave en el desarrollo de las competencias para leer, comprender lo leído y seguir aprendiendo a través de la lectura. Comenzando por la Apropiación del sistema alfabético, luego la Comprensión lectora y finalmente los Usos sociales de la lengua…”. (Informe Crecer 2016)

La prueba aplicada y sus resultados se plasman en una matriz de resultados o Logros con puntajes que van desde 400 a 1000 puntos y dependiendo de dicho puntaje, el estudiante es ubicado en determinado nivel de Logro que oscila entre lo más elemental de la alfabetización (logros muy bajos o bajos) hasta niveles que superan las metas previstas (logros excelentes), los cuales se representan en las siglas siguientes: L0, L1, L2, L3 y L4.

De un total de 62,195 estudiantes a quienes se les aplicaron las pruebas, los resultados son contundentes en cuanto a los logros alcanzados, a saber:

El 16.3% se ubicó en L0; el 34% en L1; el 37.2% en L2; el 15.1% en L3 y solo el 2% en L4. Estos resultados bañan a todas las regiones educativas del país.

En resumen, el 77.5% de los estudiantes alcanzan solamente Niveles o Logros Elementales, lo cual se puede traducir sin temor a equivocarnos, siempre que se puedan extrapolar los resultados que, hacia los años superiores, la falta de comprensión lectora de un estudiante producto de una formación básica deficiente, no podría aspirar a mucho.

Informe Crecer 2018

Este informe se enfoca en la evaluación de las asignaturas como Español y Matemáticas, igualmente dirigido a estudiantes de Tercer Grado, sin embargo, en esta ocasión la aplicación de pruebas se concentró en la región educativa de Panamá Centro.

Los resultados se muestran en el siguiente cuadro.

5 años después de aplicadas las primeras pruebas destacan resultados más preocupantes, a saber:

L0-L2=82% y L3-L4=18%.

Como afirmé antes, si la comprensión lectora es deficiente en aspectos elementales, cuando el tópico sea más complejo los resultados serán más dramáticos.

En vista de los resultados de pruebas aplicadas a lo interno de nuestro sistema, sin comparativo internacional alguno, a sabiendas de las deficiencias que destacan las mismas, cuáles han sido los correctivos de los actores principales, como el MEDUCA y los gremios docentes, si es que ha habido alguno.

PRUEBAS PISA

Si es para quedar “detrás de la ambulancia” como se dice en el lenguaje hípico, entonces entiendo con creces la decisión de la ministra del ramo de no aplicar las PISA en su segunda gestión como pasó anteriormente.

Estas pruebas estandarizadas para determinados niveles educativos y ciertas materias, nos permiten comparar resultados educativos con el resto del mundo.

Las PISA evalúan las competencias de jóvenes de 15 años en materias como Lectura, Matemáticas y Ciencias.

El Informe Aprenda al Máximo del 2009 resaltaba las deficiencias en las mismas materias que atiende esta prueba y es allí donde, a mi entender, la no aplicación de estas pruebas NO nos permite saber que tan lejos estamos de los mejores y cómo mejorar.

Conozcamos algunos resultados y los avances o retrocesos que muestran las valoraciones obtenidas.

Estos primeros resultados fueron comparados con los análisis realizados en el Segundo (2008) y Tercer (2013) Estudio Regional de Calidad Educativa y se concluía que NO HUBO CAMBIOS SIGNIFICATIVOS.

Profundicemos un poco más en las valoraciones posteriores y confiemos, que los ajustes realizados a lo interno de nuestro sistema educativo, en alguna forma, avizore avances positivos.

A la luz de este cuadro, más que avances hubo retrocesos y me pregunto ¿qué se hizo en el camino para la mejora de nuestros educandos?

Veamos ahora, cómo nos vemos frente al resto de los países que participaron en las últimas pruebas en 2022 y si los avances aparecen o no.

Y como dije párrafos atrás, seguimos detrás de la ambulancia.

Aprendizaje del Comparativo

Estas pruebas que homologan el rendimiento escolar entre quienes aplican a las mismas, independientemente de su país de origen y los recursos de que disponga cada sistema educativo, nos deben permitir rescatar algunas enseñanzas.

“PISA no solo verifica si los estudiantes pueden reproducir los conocimientos, sino que además examina qué tan bien pueden extrapolar lo que han aprendido y aplicar esos conocimientos en entornos no conocidos, tanto dentro como fuera del centro educativo. El anterior enfoque, que se describe con mayor profundidad en el capítulo 2 del informe, refleja el hecho de que las economías modernas recompensan a los individuos no por lo que saben, sino más bien por lo que pueden hacer con lo que saben. Por medio de cuestionarios contextuales distribuidos a estudiantes, padres, directores y docentes, PISA también recopila información sobre el hogar del estudiante, sus aproximaciones al aprendizaje y sus entornos educativos”.

En 2018 participamos nuevamente en las PISA y el ámbito de aplicación se muestra en el siguiente párrafo:

“La prueba PISA 2018 fue aplicada a una muestra de estudiantes que representaba alrededor del 53,5% de la población de jóvenes de 15 años en Panamá. Esta muestra incluyó tanto a estudiantes de áreas rurales como de áreas urbanas, al igual que a estudiantes de centros educativos oficiales y particulares. La prueba PISA 2018 se administró en español en centros educativos oficiales y particulares de las 16 regiones educativas. También se administró la prueba en inglés en algunos centros educativos particulares donde se instruía en dicho idioma. En cuanto a la aplicación, entre julio y agosto de 2018, 6,270 estudiantes de 253 escuelas representando a 58,835 jóvenes de 15 años en Panamá presentaron la prueba, que tuvo 2 horas de duración, en los tres dominios: Lectura, Matemática y Ciencias. También los jóvenes contestaron 4 cuestionarios que reunían información sobre su entorno y sus centros educativos. Los resultados son un producto de los efectos acumulativos de la familia, la comunidad y los recursos escolares en la vida del estudiante”.

Como se puede observar, más que los resultados y el comparativo antes mostrado, existen otras valoraciones que derivan de la aplicación de dichas pruebas y me pregunto nuevamente, ¿Cuánto de estas valoraciones hemos puesto en práctica para mejorar?

El Informe destaca una serie de aspectos que aluden a determinadas Inequidades que rodean los resultados educativos antes vistos, entre los cuales se mencionan al Ingreso familiar y Profesión de los padres, y el centro educativo donde reciben instrucción como condicionantes a los resultados.

El entorno familiar y social incide igualmente en los resultados.

Sin querer hilar más delgado, dicho informe resalta las diferencias educativas por género, áreas urbana y rural, centros educativos oficiales y particulares, etnias indígenas, lenguas, entre otros.

Otra arista importante, es el nivel de grados Repetidos y cómo incide en el educando esta situación.

Como se puede observar, las PISA ofrecen un panorama amplio del sistema educativo interno y una comparación con nuestros pares, por lo tanto, por qué no seguir participando en cada ciclo.

Es por presupuesto o por los malos resultados que no volvemos aplicar.

Reflexiones Finales

En reciente entrevista, ante nuestra futura participación en las pruebas PISA, la titular del ramo decía que “Si con esas pruebas no hacemos nada, no sirve de nada haber estado en las pruebas”.

Y aquí sí concordamos con la ministra de educación. Ya que, si revisamos los resultados y no atacamos nuestras debilidades, la inversión realizada en dicha prueba se convierte en un simple gasto de recursos.

Sin embargo, si el resto de los estudios y pruebas aplicadas y mencionadas en este escrito revelan situaciones a corregir, por qué dichas mejoras no se notan, o es que tampoco hubo interés en utilizar sus resultados para mejorar, si es que algo se ha hecho al respecto.

Algo curioso de estas pruebas es que los resultados apuntan únicamente sobre el aprovechamiento educativo del estudiante, como si el mismo recibiera el conocimiento sin que medie nadie más.

Esto es, como si un estudiante cada vez que ingresa a un aula de clases, por arte de magia, se nutre de los conocimientos de cada materia.

Aprende a leer, a escribir, a razonar solo, sin ayuda alguna.

Pero existe un componente, que, por alguna razón, pareciera soslayarse en dichos estudios, pero que este servidor lo trae al ruedo y es el Personal Docente.

En uno de estos informes, en la sección de Prácticas Pedagógicas, se indicaba que “la Formación Docente en cursos de Educación Continua o Post Grado es Baja”.

En otra sección del mismo informe se indica que “estas pruebas no son determinantes para juzgar el desempeño docente ni de las escuelas”.

Entonces, si estas pruebas no ponen en duda la capacidad del maestro o profesor en el aula de clases, porque es esta variable en la ecuación educativa quién ayuda a formar a un estudiante por medio de la escritura, la lectura y el impulso al razonamiento, entonces ¿el problema es solo estudiantil?

Esta variable, el Docente, quien realmente imparte el conocimiento que debe adquirir un estudiante, NO debe ser cuestionado en cuanto a los resultados en las pruebas internas y en la homologadas internacionalmente.

Pues no lo creo.

Hace un poco más de una década fui invitado como conferencista a un foro sobre perspectivas económicas y en mi intervención mi última filmina, mal escrita con una sutil intención, llamó la atención de la audiencia al punto que la primera pregunta fue dirigida a mi persona sobre qué yo haría con los docentes si tuviera poder de decisión.

Respondí que yo los botaría a todos. Mi respuesta fue tan dura que se sintió el rumoreo en la sala y el moderador sorprendido me dice “cómo es posible, mí mamá es maestra y yo le respondí, la mía igual”.

Ante mi comentario, manifesté que estaba seguro que había muchos maestros y profesores con vocación e interés de honrar su profesión, pero había muchos que debían salir o ser sacados del sistema.

Hoy recordando esta anécdota, creo firmemente que muchos más docentes, no deben estar en el sistema y los resultados así lo comprueban.

Si alguien opina lo contrario a mis afirmaciones, le destaco las últimas investigaciones que adelanta el MEDUCA con los 500 diplomas falsos de docentes, lo cual evidencia lo corrupto del sistema, ya que no solo es un Pseudo docente enquistado sino el administrativo que favoreció su inscripción en el sistema y por ende reluce él juega vivo.

Si no podemos compararnos ante nuestros pares como país, al menos pongamos en práctica acciones que mejoren de verdad las deficiencias que salen a relucir cada vez que hacemos estos estudios.

El mercado laboral lo exige cada vez más, y si los nacionales quedan relegados por falta de competencias a trabajos sencillos y rutinarios, tal cual lo demuestran los niveles o Logros de las pruebas revisadas.

Introducción

Los primeros reportes del año en cuanto a las expectativas de crecimiento de las economías, tanto en Panamá como en otras latitudes, muestran informes disímiles entre unas y otras.

Los organismos internacionales como la CEPAL, el Banco Mundial, el FMI y los análisis que resalten en el Foro de Davos y del Foro Económico-CAF en Panamá, estarán dictando la pauta sobre cuál podría ser el desempeño de las economías en el orbe este 2026.

Mientras esos reportes salen a la luz, acá en Panamá debemos sortear los vaivenes diarios, ya que, para muchos la economía familiar no mejora.

Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía señala que “preocupa que la globalización esté produciendo países ricos con población pobre”, tal cual develé en mis últimas dos entregas y es por esta razón que los países deben atraer inversiones que diversifiquen la vida económica y con ello los gobiernos mejorar las condiciones de la sociedad.

Antecedentes Económicos y Legales

Harto es conocido el cuadro económico que el actual gobierno recibió hace año y medio y la suerte que han corrido algunas inversiones que de seguro ayudarían a darle la vuelta a los problemas que nos aquejan.

El Tesoro Nacional, a pesar de que la economía ha estado creciendo, no se corresponde con los resultados fiscales.

Las inversiones y el efecto multiplicador deben generar los resultados esperados como más empleo, más ingresos para la población y más impuestos, entre otros.

Es aquí donde entra al debate público uno de los proyectos que de seguro potenciaría, una vez más, la economía panameña como lo es la Mina de Cobre en el Distrito de Donoso.

Por un lado, el Gobierno Nacional adelanta una serie de informes sobre el estado de la Mina de Cobre y su posibilidad para seguir operando y generar con ello una dinamización del área de influencia y, por ende, de la región central del país.

Importantes serán también tanto el operador como la figura administrativa que regirán de reiniciar operaciones la mina.

Y, por otro lado, los detractores de inversiones como ésta que salieron a relucir en el 2023 y el resultado de sus acciones conllevó a la Corte Suprema de Justicia a declarar el contrato que amparaba esa inversión como inconstitucional, quienes una vez más sacan a relucir lo maquiavélico de emprender acciones de reactivación de la mina.

Todo ello sin contar con las demandas que hoy día están interponiendo sendos abogados por las faltas que el proyecto minero en su momento cometió, y que se unen al coro pesimista de inversiones extractivas.

Es importante recordar que una cosa fue el fallo judicial declarando inconstitucional el contrato que amparó la explotación del yacimiento y otra cosa es negar inversiones que mejoren el nivel de vida de la población, incluyendo las actividades de extracción, que por cierto la legislación vigente permite.

De Encuestas y Resultados

Ante esta disyuntiva, una encuesta reciente muestra, según sus estimaciones, que la sociedad panameña se opone a la Minería en Panamá.

La encuesta revela que el 64.9% de la población panameña objeta la Minería como herramienta para mejorar la economía y solo el 29.9% considera como buena dicha actividad.

¿Saben los lectores y opositores a la minería en qué consisten actividades como éstas?

Para conocimiento del público en general, las actividades extractivas según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) incluyen la Extracción de Petróleo y Gas, Carbón de Piedra, Gas Natural, Minerales de Hierro, Minerales No Ferrosos, Piedra, Arena y Arcilla, Canteras, Sal, entre otras.

De apegarme a esa lista de actividades extractivas, ese 64.9% que se opone a la minería ¿se opondrá al resto de estas actividades ya que algunas de ellas forman parte del entramado empresarial panameño como las canteras, la extracción de Arena de mar y ríos, molienda de piedra y arcilla?

Según los resultados, la encuestadora afirma que existe un RECHAZO que no es Coyuntural, sino ESTRUCTURAL a las actividades mineras.

Quisiera saber qué elementos existen en la encuesta, para afirmar que el Rechazo a la Minería es una cuestión de carácter Estructural o simplemente es la opinión de la empresa encuestadora sobre alguna base que no se devela en la encuesta.

Según los encuestados, Panamá debe priorizar en los temas que se muestran en el siguiente cuadro.

Las respuestas en cuestión dan lugar a analizar algunas cosas:

La primera y cuarta respuesta agrupan un 52.8% (40.3% y 12.5%) de los encuestados que se oponen al desarrollo minero en el país, y como dice un grupo, aun así, se afecte la economía.

El 20.9% considera que debe haber Equilibrio Económico y Protección Ambiental, lo cual deja entrever que no necesariamente haya oposición a la minería si existen mecanismos que garanticen la protección al ambiente.

En otra de las respuestas, el 18.7% de los encuestados señalan que puede darse Crecimiento Económico con Controles Ambientales respuesta similar a la anterior respuesta, por lo cual, desde mi apreciación de los resultados de la encuesta, un 39.6% daría lugar a que la minería sea desarrollada, 10 puntos más que la respuesta a la primera pregunta donde se mostraba apoyo a la minería de solo el 29.9%.

Si confronto estos resultados con la primera pregunta, no veo que exista una oposición a la minería del 64.9%, sino de un 52.8%, un 12.1% menos.

Otra de las respuestas que llaman la atención es cuando el encuestado considera que los Costos Ambientales y Sociales superan los beneficios que generaría la Minería.

Y pregunto, ¿qué nivel de conocimiento técnico tienen los encuestados para afirmar que los Costos Ambientales y Sociales superan los beneficios probados de esta actividad extractiva?

No veo cálculos de ninguna clase que avalen estas respuestas, solo opiniones.

Las oposiciones a esto siempre han sido de carácter emocional por una parte y de otra, simplemente por ignorancia, pero es más preocupante cuando personas impulsen acciones contra inversiones de este tipo utilizando argumentos con sesgos ideológicos y además utilizando acciones que nada tienen que ver con la mina, para levantar polvo y frenar discusiones realistas sobre las bondades o no de inversiones como éstas.

Veamos algunos ejemplos de este tipo de argumentaciones:

1. “Mientras el clientelismo minero siga repartiendo jamones que saben a rendición seguiremos perdiendo bosques que saben a futuro”. (Artículo en La Estrella de Panamá).

Según este escrito la entrega de jamones es producto de una estrategia corporativa de la empresa inversora en la mina.

Triste es vincular la entrega de jamones para época de navidad, actividad que políticos y el gobierno nacional realizan muchos años antes de realizarse la inversión minera en Panamá.

2-Segùn el escrito en cuestión, la “dignidad de las personas que defienden el derecho ambiental” ha sido atacada. Pero al igual que ellos podemos afirmar que quienes también tenemos derecho a opinar y apoyar las inversiones mineras hemos sido atacados por tener criterio contrario.

Calificar de clientelistas a quienes con argumentos y cálculos que consideramos viables con los controles respectivos, una inversión que ha generado mejoras sustanciales, no es lo mismo que atacar la dignidad de quienes se oponen a la minería.

3-El escrito en cuestión también afirma que “la entrega de Becas por gerentes de sostenibilidad”, es otro de los mecanismos utilizados para favorecer la reapertura minera.

Por si no lo sabía, la entrega de becas por el gobierno nacional data de muchos años antes de la inversión en la mina de cobre. Igualmente, es conocido que la empresa minera capacitó a personal panameño en varias áreas, conocimiento que hoy día le ha permitido a ese mismo personal panameño impartirlo en otro país, donde su conocimiento favorece una explotación similar a la panameña.

Dejo solo estos tres comentarios o argumentos, hay otros más, como prueba de quien se opone a una inversión que, a pesar de las afectaciones lógicas de una inversión de estas características, dio lugar a una mejora sustancial a la región central del país.

El escrito en cuestión, independientemente de estos comentarios, deja entrever posibles “alternativas reales” al mejoramiento de la economía, si la inversión minera no se diera.

Analicemos algunas de ellas y consideremos si las mismas pueden sustituir una inversión de más del doble de lo que costó la ampliación del Canal de Panamá, a saber:

1. Plan Maestro de Turismo Sostenible 2023-2028, según el cual potencialmente pueden generarse 35,000 empleos permanentes y no temporales como la minería.

• Agroforesterìa y Cacao Fino con posibilidades de generar 12 mil fincas familiares que generarían potencialmente entre B/.8 mil y B/. 12 mil por hectárea.
• Energías Renovables: Generación de 5,000 técnicos en energía solar.

Interesantes números arrojan estas alternativas a la inversión en la mina, sin embargo, el término que todo esto muestra es que dichas alternativas se presentan como Potenciales, y una cosa son valores potenciales y otra son los números reales que una inversión muestra al llevarse a la realidad.

Si son tan factibles estas alternativas, ¿cuántas de ellas han sido llevadas a la vida real luego del cierre de la mina?

Una cosa son los planes y objetivos fijados, pero cómo lograr los mismos es otra cosa.

Los estudios de factibilidad pueden dar fe que el mercado acoge estas alternativas como mejores que lo que la explotación minera ofrece.

¿Hay estudios de factibilidad? O, es que se espera que sea el gobierno que apoye las mismas con fondos públicos para que alguna de esas alternativas se haga realidad.

¿Que universidad está en capacidad de formar técnicos en energía solar y si los mismos podrían ser absorbidos por el mercado laboral?

Esta opción es muy parecida a formar especialistas como los abogados o médicos de los cuales unos sobran y otros faltan para cubrir las necesidades de la población panameña.

Frente a las alternativas expuestas, dejaré por aquí, algunos de los beneficios reales y no potenciales que aportó la Mina de Cobre mientras operaba:

1. 40,000 empleos entre directos e indirectos.
2. Salarios más elevados que el Salario Mínimo.
3. Capacitación especializada del personal panameño.
4. 4.5% del Producto Interno Bruto.
5. Incremento generalizado de la actividad económica en la Región Central del País.
6. Incremento y diversificación de las Exportaciones.
7. Generación de negocios y compra a proveedores nacionales.
8. Pago de impuestos nacionales.
9. Construcción de una Carretera
10. Construcción de un Puerto.
11. Construcción de una Central de Energía
12. Reforestación del área impactada y otras fuera de los límites de la mina. (Según el contrato minero declarado inconstitucional, el compromiso era la reforestación de la huella impactado y otras áreas del país deforestadas por otras actividades no mineras.

Como se observa, una cosa son cifras reales, medibles y cuantificables y otra son las potencialidades que ofrecen acciones alternas.

Otra de las preguntas de la encuesta busca a conocer la opinión del encuestado respecto a sí la economía mejoraría con la reapertura de la mina y un 58.3% considera que No Mejoraría.

Si los efectos de derrame o aportes de la Mina de Cobre a la Economía antes listados, son desconocidos por este 58.3% de encuestados, cómo este gran porcentaje puede opinar sobre algo que desconoce y obviar los aportes de esta actividad al PIB mientras estuvo operando.

¿Si una inversión que fue un poco más del doble del costo de la ampliación del Canal de Panamá y que no llega todos los días a cualquier país, que tiende a diversificar con creces las actividades económicas desarrolladas, capacitando a profesionales panameños directamente que hoy día, en otras latitudes capacitan a personas que trabajan en la minería y a juicio de los encuestados no mejoraría la economía panameña, entonces qué actividad la mejoraría la vida del panameño?

¿La venta de frituras de pescado, empanadas y carimañolas, saus, verduras y frutas en las esquinas, recoger metales para reciclar, malabarismos en los semáforos, sin descontar la posibilidad de formar parte del ámbito delictivo, solo por mencionar algunas actividades que ejemplifican la gran cantidad de informales que existen en Panamá, las cuales el día de mañana no coadyuvan a lograr una jubilación digna, serán las actividades que sí ayudarían a la economía panameña frente a la minería?

Si este 58.3% se opone a la minería, ¿se opondrán también a que las actividades de molienda de piedra (Canteras), la extracción de arena, arcilla y yeso que forman parte de la economía formal en Panamá desde hace mucho tiempo deberían ser canceladas?

Quienes se oponen a esta actividad, esgrimen que el desarrollo de la Mina de Cobre se reduce a Ingresos Fiscales y lo que cuesta Cerrar, de manera definitiva, el tajo abierto luego de iniciada la producción del material exportable.

Incluso, las actividades mostradas como alternativas a la mina, tampoco se hacen de la noche a la mañana.

Eso NO funciona como quien sube o baja un interruptor de electricidad y se apaga o enciende un foco casero.

Conclusiones

He listado doce hechos comprobados sobre los aportes de la mina en cuestión y que, a mi entender, ofrecen más réditos que los daños que se ocasionan.

No puedo aceptar que ese supuesto coro nacional que se manifestó en contra de la susodicha inversión clientelista, y que tienen el derecho a brindar su opinión por vivir en un país democrático, afirme que es representativo de la sociedad en su conjunto.

En el caso de la encuesta a la que hemos hecho referencia, pareciera ofrecer datos qué, si se extrapolan o extienden al resto de la población, indicarían que la gente no quiere minería.

Somos del criterio que, si alguien no tiene conocimiento técnico de algo tan complejo, no puede tener bases sólidas para opinar objetivamente. Por lo tanto, su opinión se sustenta en meras emociones o líneas ideológicas que se oponen a todo, pero no aportan en nada, salvo a la controversia.

Para los detractores, inversiones como éstas solo favorecen lo que denominan “el clientelismo minero”, enumerando una serie de hechos que algunos son ciertos como las Desigualdades que están presentes en la población panameña pero que las mismas no las generó la minería.

Por el contrario, la minería sí podría ir minimizando las desigualdades en la región central del país, hecho que ya se comprobó.

Es lógico que una inversión de estas características afecta un bosque y el hábitat de muchas especies, pero lo que no mencionan es el programa de reforestación ejecutado no solo en el área de influencia de la explotación, sino en otras zonas del país, programa de reforestación que antes no existía en las áreas fuera de la zona de influencia extractiva.

Otras afirmaciones indican que los niveles exportados son más del doble de lo reportado por el inversionista (no se dice que fuente lo afirma) sin embargo, si las personas que afirman eso, creen que de una tonelada métrica extraída se obtiene una tonelada métrica de cobre, pues esa matemática es muy parecida al 4 x 8= 40.

Si se desconoce lo que implica la Ley de Corte, cómo atreverse a afirmar lo anterior. Esperemos que este análisis coadyuve al mejor entendimiento de las actividades económicas que mejoran el bienestar de la sociedad, atendiendo también las afectaciones que al medio ambiente genera la presencia humana.

Por: Víctor Cruz
Economista

Introducción

No es la primera vez que, con el argumento de la Producción de Armas de Destrucción Masiva, un país en Oriente Medio es atacado militarmente.

Pasó con Irak en 2003 y hoy sucede lo mismo con Irán, ambos acusados de apoyar a grupos terroristas enemigos de países pro occidentales.

Pero, a pesar del conflicto militar, subyacen tensiones que políticamente generan más conflictos y son aquellas que responden a situaciones teológicas entre las principales etnias de esa región como son las Sunníes y Chiitas, diferencias que marcan mucho más a esa región que otra cosa, pero que repercuten en la producción de la materia prima más volátil de la economía global, el petróleo.

Mercado Petrolero

Los factores que inciden en la producción y precio de un barril de petróleo son tan variados, ya sea por el lado de la Oferta como por el de la Demanda, que hoy día sigue generando crisis, dependiendo de que agite sus aguas.

Elementos propios de la explotación como lo son  Costos de Exploración, Posición Geográfica, Capacidad de Producción, Refinación y Almacenamiento, Nivel de Reservas Mundiales, Reservas Estratégicas, Eventos Terroristas, Eventos Político-Religiosos, Logística Global, Capacidad de Transporte, Salidas al Mar, Exploración y Explotación en Aguas Profundas y Eventos Militares son tan interdependientes que ante la  mínima perturbación se genera gran incertidumbre y volatilidad en el precio de barril, denotando lo complejo de incursionar en un negocio con muchas áreas en las que difícilmente alguien tiene el control de alguna de ellas.

Con excepción de la Geología, los Eventos Naturales, la Explotación en Aguas Profundas, las Nuevas Tecnologías y la Producción de Petróleo de Esquisto, los factores listados previamente, hoy se ven nuevamente trastocados por un conflicto militar en Oriente Medio.

Hechos Relevantes

Luego de la creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en 1960 con el objetivo de mermar el dominio de las Siete (7) Hermanas, refiriéndose a las petroleras que controlaban hasta ese momento la producción de crudo, otros eventos han trastocado la producción petrolífera en los últimos 66 años.

Derivado de la guerra del Yom Kipur en 1973 y el embargo petrolero a los aliados de Israel en 1974, el precio del crudo creció en 300%.

Al final de la década del 70, con el derrocamiento del Sha de Irán y posterior conflicto militar entre Irak e Irán, el mercado recibe otro remezón.

A mediados de los 80`s, surge la figura de los Topes de Producción para estabilizar el precio del crudo y, por primera vez, Arabia Saudita, el mayor productor de crudo, disminuye su producción y el precio del barril alcanza los US$ 100.00.

La Guerra del Golfo Pérsico (1990-1991) y en 2003 el derrocamiento de Sadam Hussein nuevamente sacuden el mercado mundial.

Los Huracanes Katrina y Rita (2003 y 2005) destruyen el 30% de la capacidad de producción y refinamiento en el Golfo de México, incrementándose hasta 18% el precio del crudo en el primer evento y hasta un incremento del 50% por el segundo.

Especialistas en esta materia indicaban a esa fecha que construir una refinería pequeña podría, como mínimo, costar unos US$ 10 mil millones, pero a ese momento escaseaba la mano de obra para emprender obras de esas características.

Un año después, en 2006 el conflicto militar en Irak generado por disputas étnicas entre Suniies y Chiitas, logra que el precio del crudo oscile entre US$ 80 y US$ 90 el barril.

Dieciséis años más tarde, la Invasión de Rusia a Ucrania genera otro sobre salto al mercado mundial.

Magnitudes de un Conflicto

Listamos previamente algunos elementos que generan incertidumbre en este mercado, pero no todos influyen en el precio con la misma fuerza.

No es lo mismo si una Refinería limita la producción de diversos combustibles por realizar un mantenimiento a las instalaciones, a que la misma sea paralizada por una explosión accidental o un evento natural como sucedió en 2003 y 2005 en el Golfo de México.

No es lo mismo si un país limita la producción de Gas Natural (GN) a que un Gasoducto sufra un atentado terrorista y la Distribución de Gas sea interrumpida y los países consumidores vean restringida su Oferta para uso del transporte, generación eléctrica o calefacción, algo parecido a lo que ocurre por la invasión a Ucrania y el paso del Gas Ruso a los países europeos que ven limitado su consumo y por ende el precio de este rubro se dispara.

Si bien en el mercado existen sustitutos para casi o todos los productos, para estos bienes en particular un sucedáneo no está a la orden del día.

Afectación del transporte naviero

Entre el 20% y 27% del Petróleo y un 20% del Gas Natural, consumido mundialmente, es distribuido a través del Estrecho de Ormuz.

Un informe de Maritime Traffic, analistas especializados en transporte naviero, señalan una caída entre el 40% y 50% de la carga de petróleo o gas natural producto del conflicto, ya que unos 240 barcos iniciado el conflicto bélico se encontraban en aguas del Golfo Pérsico y el Golfo de Omán.

De ese total, hay 40 Súper Tanqueros, cada uno con capacidad de transporte de 2 millones de barriles y a pesar de estar cargados, no pueden transitar por el Estrecho de Ormuz por la amenaza de ser atacados por Irán y aliados de éste.

Clarkson Research, otro especialista en transporte naviero estima que unos

3,200 barcos, cuya carga puede ser crudo o gas, se encuentran inactivos dentro del Golfo Pérsico.

Solo Maersk tiene 100 portacontenedores atrapados en el Golfo Pérsico y son estos datos los que magnifican un problema a gran escala en la cadena de suministros global, sobre todo si parte de su decisión en este conflicto es suspender operaciones navieras en el Puerto de Salalah en Omán.

Como dije antes, no solo se afecta el precio del crudo, el desvío de barcos por el Cabo de Buena Esperanza (África), hace que la travesía se incremente entre 10 y 14 días y el costo del contenedor para cualquier suministro podría triplicarse, pasando de US$1000 a US$3000 y el costo final por barco podría a ascender hasta US$10 millones.

Igualmente, la prima del Seguro por la Cobertura de Guerra se ha duplicado de 0.5% a 1%, pudiendo llegar al 4% del costo total, tanto del barco como de la carga.

Si tuviéramos que señalar a una economía que podrá perder mucha fuerza por falta de suministro de petróleo sería China, ya que este país consume el 40% de crudo proveniente de Irán.

Cadena de Suministros

El bloqueo o cierre del Estrecho de Ormuz, por cualquier circunstancia acarrea un riesgo sustancial para la economía global.

En vista de la concentración de la producción de petróleo y de gas a lo interno del área de conflicto, las rutas alternas como el Océano Índico se ven afectadas debido a lo inseguro de transitar por el Estrecho de Ormuz.

La analogía utilizada por un experto en transporte de carga terrestre señala que el bloqueo de Ormuz es como utilizar un TREN LARGO, en el cual, si un vagón se descarrila, el resto podría caer como el Efecto Dominó. 

En el caso específico del Gas Natural (GNL), el 80% de su producción y que transita por Ormuz, es consumido por Corea del Sur y Japón trastocando la producción industrial, sin contar que Europa, otro gran consumidor de Gas Natural, ve restringido su consumo.

Así como estos países, la India ve afectada su producción Farmacéutica y de Semi Conductores y AMAZON ve muy comprometido sus Centros de Datos ubicados en el área de conflicto, por lo cual, no solo el consumo de combustibles muestra restricciones globales, sino también una gran cantidad de bienes que no llegaran a sus destinos por efectos directos e indirectos del conflicto.

Cantidades y Precios

Ante los ataques de Irán a instalaciones de producción en países como Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Bahréin, adicional a las amenazas y ataques a todo barco que transite por el área en conflicto, el obstaculizar el Estrecho de Ormuz con Minas con la posibilidad de trancar íntegramente el estrecho, el precio del crudo de seguro subirá como la espuma de una cerveza al ser servida.

Iniciado el conflicto el precio de referencia del Petróleo BRENT, incrementó el precio del crudo a US$83.5/barril.

El mercado de materias primas se dispara ya que los contratos a 6 meses para compras del BRENT ascienden a US$108/barril.

Por su parte, el petróleo de referencia para América Latina, el  West Texas Intermediate (WTI), muestra en el Corto Plazo (6 meses) un precio de US$ 107/barril.

Los precios del GNL, luego de la suspensión de la producción en la mayor planta del mundo RASTAFFAR, situada en Qatar se dispararon en un 50%.

El Alquiler de un Súper Carguero para trasegar hidrocarburos se incrementó en 600%, alcanzando un costo diario de US$ 200 mil.

Si la travesía se desvía por el Cabo de Buena Esperanza entre 10 y 14 días, el costo por el uso de este súper carguero ascendería entre US$2 y US$3 millones, sin contar el resto de los costos.

Los Fletes y Seguros por riesgo o Cobertura de Guerra se incrementan entre el 25% y 50% del costo antes del conflicto.

Si bien el Tráfico Aéreo no parece tener vela en este entierro, al verse afectado por el uso de Jet Fuel el transporte de productos perecederos de alto valor como los Fármacos, Electrónica y productos agrícolas como Fertilizantes, se trastoca debido a que el 35% del consumo global de estos rubros verá incrementos en sus precios.

Alternativas al Estrecho de Ormuz

Hace más de cuatro (4) décadas, pensando a muy Largo Plazo y considerando un conflicto bélico de las magnitudes actuales, Arabia Saudita emprendió la construcción del Oleoducto Este-Oeste, conocido como Petroline, de 1200 kilómetros de largo y que atraviesa el desierto saudí hasta el puerto de Yanbu.

Esto preveía descongestionar, de ser necesario como ahora, la distribución petrolífera del Golfo Pérsico, el Estrecho de Ormuz y el Golfo de Omán, utilizando la travesía marítima por el Mar Rojo.

Por otro lado, y con el objetivo de estabilizar el mercado petrolero, Saudí Aramco emprendió inicialmente la producción de 1 millón de barriles diarios adicionales, sin embargo, la escalada militar ha llevado a que este nivel no sea acorde a las necesidades de consumo y prevé incrementar a 7 millones de barriles diarios la producción de petróleo.

Conclusiones

Si la dinámica productiva se corta en los principales surtidores de hidrocarburos como lo son Arabia Saudita, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Bahrein, incluyendo a Irán, los cuales producen diariamente unos 18 millones de barriles diarios, el precio no solo del Diésel, Gasolina y Jet Fuel incrementarán con creces sus precios.

El consumo de otros rubros, solo en costos de Transporte, Flete, Seguros, Reaseguros, igualmente verán incrementados el precio de estos y por ende el precio en frontera del resto de los productos que a diario consumimos.

Al final, la temida Inflación por efectos de la guerra en el Medio Oriente, hace una vez su aparición en escena y el resto del globo deberá hacerle frente.

Fuente: https://www.financieronews.com/post/mercado-petrolero-repercusiones-de-un-conflicto-militar-en-oriente-medio

El posible arbitraje internacional por concesiones portuarias y mineras plantea riesgos para la seguridad jurídica y la percepción del riesgo país de Panamá.

Luego de las protestas en contra de la minería en 2023, iniciamos un amplio análisis de las repercusiones que eventos como un arbitraje internacional podría ver comprometida la imagen institucional de la República de Panamá, al intentar detener la mayor inversión productiva recibida en el país indicando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fallos en el contrato de concesión minera negociado con el Gobierno Nacional.

Al final se declara la inconstitucionalidad del contrato que sostenía la operación minera de First Quantum Minerals (FQM) y eso conlleva a que el inversionista iniciara un proceso de arbitraje en contra de la República de Panamá considerando lesiva la decisión adoptada.

No es la primera vez ni la segunda ocasión que una entidad panameña es llevada a arbitrajes por un inversionista, ya que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) enfrenta al momento varios asaltos arbitrales por el orden de $3,500 millones.

Sacyr-WeBuild reclama $2,200 millones por los trabajos realizados en torno a costos, diseño y ejecución del contrato de ampliación del Canal de Panamá, apoyando parte de su demanda al amparo del Tratado Bilateral de Inversión firmado entre la República de Panamá y la República de Italia bajo el paraguas de la Cámara de Comercio Internacional de Arbitraje (CCI).

Una cosa son las diferencias en la interpretación de un contrato o la exigencia de pagos por costos adicionales y aspectos técnicos, pero luego de 25 años operativos, se declare inconstitucional tu cubierta legal que ha permitido que una concesión prosperara, es otra cosa.

Nuevamente, la imagen jurídica panameña es noticia y estará bajo el escrutinio de empresas calificadoras de riesgo y de los inversionistas, al declarar la CSJ la inconstitucionalidad de otro contrato de concesión administrativa que desde 1997 permitió la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal por el principal y único inversionista Panamá Ports Company (PPC), subsidiaria de CK Hutchinson Holdings.

Instancias arbitrales

Todo contrato establece derechos y deberes de quienes lo suscriben y de seguro tendrá una cláusula de Solución de Controversias y/o Arbitraje para ventilar posibles diferencias.

En Panamá, cualquier situación que requiera llevar un caso a este nivel, puede recurrir al Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias y Agricultura de Panamá, siempre que el contrato así lo estipule.

De no ser así, las partes en conflicto podrán recurrir a la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), al Centro de Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI) o a la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI).

Asumo que, por lo complejo del caso, la empresa concesionaria de los puertos se dirigirá a alguna de estas tres instancias internacionales si considera que las acciones requieran llegar a ese ente superior.

Contrato de concesión de 1997

El contrato de concesión de los puertos panameños establece en su Cláusula 3.4-Arbitraje que “en caso de cualquier conflicto entre el Estado y la empresa que surjan en relación con este contrato y que no pudieren ser solucionados en la forma antes indicada, dentro de un período de veinte (20) días calendario contados desde la primera comunicación escrita enviada por fax por cualquiera de las partes en relación con el conflicto deberán ser sometidos a arbitraje de acuerdo con las reglas de conciliación y arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI)”.

Acuerdos comerciales o de inversión

Como parte de su defensa, las partes en conflicto pueden utilizar las cláusulas de Trato Nacional y Nación Más Favorecida y/o la de Solución de Controversias existentes en el Tratado de Libre Comercio (TLC) y aquellas similares en el Tratado de Protección de Inversiones (TPI) de existir estos entre las partes dirimentes o suscrito entre los países de origen y receptor de la inversión, respectivamente.

Si existiese un TLC entre la República de Panamá y la República Popular China (RPC), el TLC sería una de las posibles herramientas a utilizar como apoyo en la demanda por la anulación del contrato portuario; sin embargo, este instrumento no existe entre ambas naciones, por lo cual no podría ser invocado.

Pero, ¿existe algún TPI que pudiera servir de herramienta de apoyo para el litigio que se avecina?

No y sí.

Pareciera contradictorio, pero, si bien no existe un TPI con China, sí existe uno con el Reino Unido que data de 1985.

Hago esta salvedad, ya que al suscribirse el contrato entre la empresa concesionaria de los puertos y el gobierno panameño, el origen del capital mantenía su sede en Hong Kong, que para ese momento era territorio administrado por el Reino Unido.

El contrato de concesión en cuestión es firmado entre las partes el 16 de enero de 1997 y el TPI entre Panamá y el Reino Unido suscrito en 1985 podría ser parte del instrumental legal al cual se podría acoger el inversionista portuario.

Sí, en julio de 1997, el Reino Unido transfiere la soberanía de ese territorio a la RPC, me pregunto entonces, si la transferencia de soberanía de Hong Kong a la RPC se realiza en julio de 1997 ¿La empresa concesionaria de los puertos podría invocar este tratado como parte de su defensa en el arbitraje?

Protección de la Inversión

A manera de ejemplo, utilizaremos la letra del TPI suscrito entre Panamá y el Reino Unido, para conocer con cierto nivel de detalle las cláusulas que cualquiera de los dirimentes pudiera invocar como defensa en el arbitraje que se ve en el horizonte.

El TPI de 1985, en su artículo 2, concerniente al Fomento, Trato y Protección de la Inversión, numeral 2, queda claramente establecido que “las inversiones de nacionales o sociedades de cada una de las partes contratantes, recibirán en todo momento un trato justo y equitativo, y gozarán de plena protección y seguridad en el territorio de la otra parte contratante”…

“Ninguna de las partes contratantes perjudicará, mediante medidas irrazonables o discriminatorias, la administración… Enajenación de sus inversiones en territorio de la otra parte contratante”.

En su artículo 5, el convenio aborda la “Expropiación” y expresamente indica “que las sociedades de alguna de las partes contratantes no serán nacionalizadas o expropiadas ni a ninguna medida que tenga efecto equivalente a nacionalización o expropiación…”.

El artículo 7, por su parte, establece claramente dirigir la solución de las diferencias a las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI.

Comentarios finales

Es importante entender el proceso que espera a la República de Panamá ante un eventual Arbitraje Internacional y las posibles herramientas que tanto el demandante y el Estado panameño tendrán a la mano para enfrentar este litigio.

Otras aristas deben contemplarse, al menos por la parte panameña, y es el hecho que este proceso que dentro de poco se establecerá en firme en algún tribunal arbitral, pudiera afectar la mejora o no de nuestro riesgo país.

Algunos analistas han expresado que el proceso que deriva de la declaratoria de inconstitucionalidad del contrato de concesión entre la República de Panamá y PPC no repercute en nuestro grado de inversión y/o riesgo país, pues sí lo hace.

Si una concesión administrativa lleva 25 años, con la anuencia de varios gobiernos y ahora surge un fallo de inconstitucionalidad por la CSJ, es lógico que el concesionario se pare de cabeza y reclame.

La evaluación que realizan las empresas calificadoras de riesgos entre otros organismos pueden ver con preocupación, no solo la decisión adoptada por la CSJ, sino también el inversor que, en principio, ve a Panamá como un destino seguro para colocar recursos en nuestra economía.

La pelota está rodando y veamos cómo se desarrolla un evento de este tipo y las consecuencias legales y económicas que esto acarrea.

«Dado que Hong Kong era territorio administrado por el Reino Unido al momento de la firma del contrato en 1997, surge la interrogante sobre si el TPI Panamá–Reino Unido podría invocarse tras la transferencia de soberanía a la República Popular China en julio de ese mismo año”.

Fuente: Arbitrajes internacionales y sus afectaciones a la seguridad jurídica y al riesgo país

Introducción

Ante un crecimiento económico respetable según se desprende de las estadísticas oficiales, el mercado laboral parece no responder como muchos quisieran.

Algunas personalidades ratifican que el país recobra su ímpetu. Otros señalan que estamos viviendo una contracción.

Recientemente, la directora del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), manifestó que el 70% de los panameños no encontrará trabajo en los próximos 20 años.

Ante estas opiniones, nos preguntamos, ¿Crecemos realmente o no? ¿Responde el mercado el laboral a ese nivel de crecimiento?

¿Nuestra educación tiende a preparar al educando para la Informalidad?

Veamos algunas relaciones que pueden ratificar o no los cuestionamientos expresados, considerando las particularidades y desafíos que enfrenta nuestra economía y en especial, el mercado laboral.

Crecimiento Económico

La medida de bienestar de la sociedad comúnmente aceptada es el Producto Interno Bruto (PIB), aun cuando otros especialistas consideran que la misma requiere evaluar otros indicadores para constatar si un país se desarrolla.

Salvo por el período de pandemia, la economía panameña mostró valores positivos continuos desde el año 1990, y en algunos años a doble dígito.

Aparejado a esos niveles de bienestar, se aprecia una mejora del mercado laboral, no sin antes mostrar algunas situaciones que poco a poco se han corregido como los ajustes al Salario Mínimo.

Mientras el PIB (corriente) crece aproximadamente en 9.8% entre 2009 y 2022, la ocupación solo creció en 2.1% unas 4 veces menos que éste.

Después del Covid 19, la estructura del mercado laboral cambió drásticamente y la consecución de un trabajo, formalmente hablando se ha dificultado, sin mencionar una disminución sustancial de los salarios que se pagaban antes del mismo.

Mercado Laboral

Si un país crece en términos del PIB, los niveles de Ocupación, en principio, van aparejados con dicho crecimiento económico.

Ante ese hecho se precisa revisar la estructura de ese nivel de Ocupación y es aquí donde se revelan los niveles de Formalidad e Informalidad de la economía panameña.

Dependiendo de determinadas circunstancias, el empleo Informal muestra su presencia con más fuerza si hay una población flotante que deriva de la migración.

A pesar de un constante crecimiento económico, es poco lo que crece el nivel de empleo. La Desocupación, sin embargo, crece aproximadamente en 12% en igual período, unas 6 veces más que el Empleo y casi 3 puntos por encima del crecimiento del PIB.

Si analizamos las tres (3) variables, se puede constatar que la Ocupación mantiene un constante crecimiento, pero en menor escala que lo hace el PIB.

Se esperaría por lo tanto que el Desempleo descendiera, pero las cifras no indican eso.

El Desempleo tiende a crecer mucho más que el PIB y que el nivel de Empleo en igual período y pareciera que, sin realizar mayores cálculos matemáticos, la estructura de la economía panameña tiende al Desempleo.

Crecimiento e Informalidad

Si contrastamos las cifras de crecimiento versus el de la Población Ocupada y a lo interno de ella, el Empleo Formal y/o el Empleo Informal, pareciera que nuestra dinámica económica favorece la creación de empleos informales.

Muchos de estos empleos denominados informales, lo conforman profesionales independientes que tienen elevado grado de estudios y desarrollan sus profesiones de manera liberal.

Otros se aventuran en los llamados “Emprendimientos”, la mayoría de los cuales al poco tiempo desaparecen y el resto no se manifiestan siquiera con permisos de operación como para darle formalidad a dicha actividad.

Para el período representado en el cuadro que antecede, se muestra el comportamiento de la economía que rondaba el 9.8% y el del Empleo Informal un 4.3%, siendo este último un valor superior en más del doble que el crecimiento de la Ocupación para igual período.

Aprovechando estas cifras e intentando establecer relaciones directas entre el Crecimiento Económico y el Empleo o la Producción y el Desempleo utilizaremos una herramienta desarrollada en la década del 60 del siglo pasado por el economista estadounidense Arthur Okun que indicaba la existencia de una relación inversa entre el Crecimiento y el Desempleo.

El uso de esta herramienta permite indicar la tendencia del Desempleo, siempre que la economía crezca por encima de su Tasa Natural.

Al establecer la Tasa Natural de Crecimiento de la Economía, si la economía crece en determinado porcentaje por encima de dicha Tasa Natural, se prevé que el Desempleo se retraiga en determinada proporción.

Esta relación responde de manera distinta en los países donde se han realizado estudios para evaluar el desempeño del mercado laboral y en el caso de la economía panameña pareciera que NO se cumple con lo que la Ley de Okun intenta demostrar.   

Para hacer una evaluación más estricta mostraremos una serie de datos mucho más extensa que la previamente utilizada y con ello el resultado deriva en un análisis más profundo desde que se tienen estadísticas estructuradas.

El cuadro anterior revela la realidad del comportamiento del mercado laboral panameño desde 1963 al año 2022 y las cifras son preocupantes ya que la Tasa de Ocupación alcanzan un exiguo 2.9%, pero la Desocupación superan con creces el nivel de empleo alcanzando un 5.1% para los 60 años que contiene la serie de tiempo utilizada.

Conclusiones

Con una serie de datos más extensa que con aquella que iniciamos nuestro análisis, ambas resaltan un crecimiento de nuestra economía que tiende al Desempleo o viéndolo desde otra perspectiva, favorece la generación de Empleo Informal.

Siendo rigurosos en nuestro análisis, es preciso señalar que la economía panameña en estos 60 años ha cambiado drásticamente, en especial desde 1990, y mucho más aún en los últimos 15 años con una serie de mega obras y determinadas políticas de atracción de inversiones.

Los avances tecnológicos han favorecido a que la Productividad de los factores, en especial la Tecnología, se haga amigable o no al crecimiento del empleo y en esa línea de pensamiento William Mittal, jefe del área de Inteligencia Artificial de Deloitte (Consultora Global) ha indicado que “Quienes no muestren curiosidad por aprender y solo dedican su tiempo a navegar por internet, probablemente se verán desplazados laboralmente”.

Recién el gobierno anunciaba que en los primeros 10 meses de este año se han generado 226,538 contratos de trabajo, lo que ante la opinión publica pudiera entenderse como puestos de trabajos nuevos.

Sin embargo, no se anuncia si esa cantidad de contratos es por Tiempo Definido o Indefinido. Tampoco se anuncia la cantidad de Despidos en el mismo período, y si éstos se deben a que dichos contratos solo se hacen por tres o cuatro meses, generando una gran rotación del personal contratado tendiendo a la inestabilidad del trabajador.

Esto precisa evaluar sí, las estructuras de nuestras actividades económicas generan riqueza derivado de la Productividad por el uso de la tecnología o por la ruta de la contratación de mano de obra semi o profesional.

El mismo análisis cabe si las actividades que sostienen la economía panameña tienden a la Informalidad.

Lo cierto es que esta evaluación es importante sea realizada y con ello la determinación de una política de generación de inversiones que cimente el nivel de Empleo Formal y que la efervescencia coyuntural no sea vista solo en los momentos de la construcción de los proyectos.

Introducción

¿Goza Panamá de un elevado nivel de alfabetización en su población?

¿Qué implica que una persona sea considerada alfabetizada?

¿Es suficiente saber leer y escribir para que una sociedad crezca integralmente y contribuya con ello al desarrollo del país?

Estas preguntas deben ser de estricto cumplimiento hacérselas, no solo por las autoridades nacionales, sino también por el cuerpo docente y el resto de la sociedad.

Los resultados escolares año a año demuestran que el resultado educativo, a pesar del enorme presupuesto asignado al área educativa, no es nada agradable.

Algunos aducen que, al no haberse dado la reforma educativa impulsada por el gobierno militar en 1979, los resultados de hoy son obvios.

Afirmar eso, sin una base real para comparar el desempeño educativo a la fecha con algo que nunca llegó a ver la luz, es vivir un sueño de opio.

Analfabetismo Funcional

En 1991, mientras laboré en el Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación (ICASE) escuché a uno de los profesores e investigadores del instituto hacer referencia al término Analfabeto Funcional (AF) y me sorprendió mucho no solo el término, sino lo que el mismo implicaba.

Este término describe “la incapacidad de una persona para comprender y utilizar la información escrita de manera efectiva, a pesar de saber leer y escribir. Es decir, aunque una persona pueda descifrar palabras y frases, tiene dificultades para interpretar textos, entender instrucciones complejas o aplicar la información para resolver problemas cotidianos”.

“Este fenómeno afecta tanto a personas con educación básica como aquellas con estudios avanzados, incluyendo estudios universitarios que han perdido el hábito de la lectura”.

Si utilizamos la matriz de este fenómeno (AF) y montamos en ella, a manera de un experimento, las protestas que meses atrás impulsaron determinadas organizaciones, llámense SUNTRACS, gremios magisteriales, asociaciones médicas y enfermeras, personas en las redes e incluyendo sus exigencias en la misma matriz, y confrontamos todo ello con lo que ellos desaprobaban, sea la Ley 462 o con las de un par de años en contra de la Minería, pareciera que estamos en presencia de este fenómeno.

Veamos algunos de los argumentos específicos que se aducen en las protestas en contra de la Ley 462 y de la Minería e intentemos corroborar si el AF se hace presente o no en quienes protestan.

En el caso de la CSS, los opositores a la nueva legislación mostraban su oposición a tres cosas básicas: Aumento de la Edad de Jubilación; Aumento del porcentaje de la cotización del trabajador a la Seguridad; y, Aumento de las cuotas mínimas para acceder a la jubilación.

 Estos aspectos fueron presentados por los mismos grupos en las mesas técnicas y en las consultas en la Asamblea de diputados y al final del camino, la aprobación de la nueva ley de la CSS no incluyó nada de eso.

 Nos preguntamos entonces, si la aprobación acogía sus propuestas, por qué las protestas. ¿Será que NO se leyeron la Ley? Y, si se leyeron la ley y aun así afirman cosas que la misma NO TIENE, entonces esas personas no saben leer; y si saben leer, no entienden lo que leyeron, y si todo ello es así parece que estamos en presencia del Analfabetismo Funcional el cual, por lo visto, se extiende a gran parte de nuestra sociedad.

En el caso de la Mina, la situación fue parecida. Quienes se oponían a la Mina argüían que la Mina contaminaba los ríos, al igual que a las personas; que el proceso productivo utilizaba Cianuro; que el proyecto obstaculizaba el corredor trànsistimico Mesoamericano, entre otros argumentos, a pesar de las explicaciones de los responsables del proyecto, incluyendo estudios de la Autoridad del Canal, que se hacían para explicar con detalle que los argumentos de los quejosos, técnicamente, no eran viables.

Podemos afirmar que los tintes políticos tuvieron más cabida en ambos eventos, pero cuando los dirigentes vertían sus argumentos en los diversos medios de comunicación, sean visuales, impresos y digitales, los mismos se masificaban a tal magnitud, que los comentarios de la sociedad eran similares, sin que la misma sociedad se detuviera a tratar de entender los problemas con objetividad, prestándose así al juego político que detrás de todo esto perseguían los principales protagonistas en las protestas.

Estos eventos me retrotraen a mi época escolar, en la cual el aprenderse un vocabulario, con sus respectivas definiciones; el uso continuo del diccionario o ir a las bibliotecas, leer los periódicos, el hacer planas, ya sea para afirmar conocimientos o por castigo; usar el libro de caligrafía para mejorar la letra; leer novelas y hacer resumen de las mismas, me hacen preguntarme, cuanto de estas cosas se siguen haciendo o simplemente la falta de vocación de muchos docentes y la irresponsabilidad paternal han echado al olvido estas buenas prácticas que ayudaron a mi generación a lograr masa crítica e internalizar conocimientos.

No he encontrado datos o estudios en Panamá que analicen este fenómeno, pero en aras de ilustrar algunos rasgos del mismo utilizaré los resultados de las pruebas PISA de 2018 e intentaré corroborar si estamos en presencia de este fenómeno o hay otras explicaciones para evaluar el desempeño de la masa trabajadora y su contribución en el crecimiento económico.

Pruebas PISA

En 2018, el gobierno nacional aplica dichas pruebas a una muestra representativa del 53.5% de la población de 15 años de edad, tanto en áreas urbanas como rurales, incluyendo las 16 regiones educativas del país.

Institucionalmente fueron incluidas 253 escuelas con una población de 58,835 estudiantes, de los cuales 6270 realizaron las pruebas en dominios como Lectura, Matemáticas y Ciencias.

Las Pruebas fueron aplicadas a 79 países y los resultados no fueron nada halagüeños para nuestro país.

Panamá ocupó el lugar 71 en Lectura; 76 en Matemáticas, y; 75 en Ciencias, casi “detrás de la ambulancia” parafraseando el término hípico para cuando un caballo pierde por mucho una carrera.

Para aterrizar un poco más estos datos, los resultados de dichas pruebas nos indican que, solo el 36% de los estudiantes, alcanzó el nivel mínimo en Lectura; el 19% de los estudiantes alcanzó el nivel mínimo en Matemáticas y que el 29% lograron niveles mínimos en Ciencias.

En otras palabras, el 64% de los estudiantes en Lectura, el 81% en Matemáticas y el 71% en Ciencias NO lograron ni siquiera el mínimo.

Sí, estadísticamente la muestra es representativa del universo estudiantil de 15 años y extrapolamos los resultados, siendo los estudiantes la base o fundación para ir generando mejores derroteros a la sociedad, el mercado laboral para el panameño muestra un horizonte oscuro.

Si estos resultados son insertados en la matriz de análisis del Analfabetismo Funcional, y lo trasladamos a los eventos explicados antes, las protestas contra la Mina o en contra de la Ley 462, creo que el fenómeno evaluado se hace presente en la sociedad panameña con números muy preocupantes.

Estos datos pueden parecen muy generales para quienes desconocen a profundidad lo que los mismos representan.

Hace un tiempo atrás en otro análisis, revelábamos parte de los resultados educativos en el país y las consecuencias que esto conlleva para lograr un desarrollo integral de nuestra sociedad.

Veamos algunos registros más concretos de nuestros resultados educativos y podremos comprobar que las Pruebas PISA se materializan en la realidad educativa panameña.

En 2023 un funcionario de la UNICEF destacaba algunas cifras nacionales y destacaba que de los 800 mil y tantos estudiantes que tiene el sector oficial, alrededor de 200 mil están sobre la edad y de éstos últimos, unos 73 mil tienen entre 2 ò 3 años sobre la edad.

Explicaba el experto que la capacidad de Comprensión –Lectora de estos estudiantes les impide mantenerse en un grado educativo acorde a su edad. Es decir que, si un estudiante tiene 11-12 años edad, lo más seguro es que curse 6to grado o primer año de secundaria.

Pero si hay una sobre edad de 2 o 3 años implicaría que un joven de 18 años, pudiera estar cursando 3ro o 4to año y esta situación tiende, no solo a empeorar si es de mayor edad llevando incluso a la deserción del sistema.

Este déficit en la Comprensión-Lectora dificulta a las personas cumplir con las competencias respectivas y por ende ingresar al mercado laboral con mejores puestos y mejores salarios por lo cual la productividad laboral de estas personas tiende a ser baja.

De ingresar a la universidad tendrían el mismo resultado si es que llegan a ingresar ya que su nivel de entendimiento de materias o temas de mayor complejidad requieren conocimientos más avanzados a los que ha adquirido.

El Censo de 2023 revela que el nivel de Escolaridad de la Población Panameña es de 10.9 años.

Al confrontar esta cifra con las de los Censos del año 2000 y del 2010 los resultados son sorprendentes, no por los avances sino por el gran deterioro de la educación panameña y paso a explicarlo a partir del siguiente cuadro.

El Censo del año 2000, considerando los diversos grupos de edad entre 4 y 59 años revelan que, de una población educativa que ronda un poco más de 2.3 millones de personas, ésta tiene un Nivel de Escolaridad de 10.2 años

De ese universo educativo, solo el 3.5% ha cursado algún año universitario, sin terminar la carrera. Solo el 1.4% de dicho universo tiene un título universitario y, el 0.2% logra título sea post grado, maestría o doctorado.

En el caso del Censo del 2010 los resultados muestran que la población educativa es de un poco más de 2.7 millones de personas cuyas edades oscilan entre los 4 y 59 años, y su nivel de Escolaridad es de 10.8 años.

De esta población, solo el 3% ha cursado estudios universitarios, más no ha terminado alguna carrera. Solo el 1.3% tiene título universitario y, únicamente el 0.3% ostenta títulos, ya sea un post grado, maestría o doctorado.

Las cifras del cuadro anterior muestran el Nivel de Escolaridad de la población panameña en los últimos 30 años, ya que los censos en cuestión recogen el desempeño década a década destacan que la Población Panameña, en promedio no llega a los 11 grados educativos, o sea, no llega al 5to año.

Conclusiones

Los datos previamente presentados, revelan con claridad los problemas educativos que tiene nuestro sistema educativo.

Durante la pandemia se perdieron unos 400 mil puestos de trabajos permanentes y a la fecha todos ellos no se han recuperado, muchos menos los salarios que eran pagados a esas fechas.

La inserción en el mercado laboral hoy día requiere de personal que cumpla con las exigencias educativas que por lo visto nuestros educandos no cumplen y las cifras así lo demuestran.

El panameño clama por buenos trabajos y, por ende, mejores salarios, pero bajo estas realidades esto no les será fácil.

El mercado laboral, por su parte, encontrará un acomodo natural y se suplirá por personal extranjero con mejores niveles educativos y con mejores actitudes hacia la responsabilidad de un empleo.Esto refuerza la tesis que esbocé hace un tiempo atrás, en la cual afirmo que nuestra economía no tiene el capital humano local que la sustente.