Barclays emite informe actualizado sobre Panamá
El más reciente informe elaborado por Barclays sobre Panamá, fechado el 13 de mayo de 2025, es una radiografía contundente del deterioro progresivo de los fundamentos fiscales y políticos del país. Bajo el título “Panama: Tests on Multiple Fronts”, el análisis describe con precisión técnica, pero sin ambages, un escenario marcado por un intento débil de ajuste fiscal, una gobernabilidad menguada, protestas sociales en aumento y una falta de claridad en la hoja de ruta frente a temas estratégicos como el canal, la minería y la sostenibilidad de las pensiones. A primera vista, podría pensarse que la economía panameña muestra signos de recuperación: los ingresos del sector público no financiero (SPNF o NFPS, por sus siglas en inglés) han crecido gracias al repunte en las operaciones del Canal y a la desaparición de ciertos efectos de base negativa del año anterior. Sin embargo, esa mejoría no se ha traducido en una reducción significativa del déficit fiscal. El informe es claro al subrayar que, si bien los ingresos aumentaron un 8.9% interanual en el primer trimestre de 2025, los gastos lo hicieron en un 20.6%, generando un déficit de 2.35% del PIB a nivel del gobierno central, cifra superior al 1.88% registrado un año antes. En otras palabras, el desequilibrio fiscal se mantiene, y los esfuerzos de consolidación han sido más retóricos que reales.
Barclays destaca que el cumplimiento formal con la Ley de Responsabilidad Fiscal (cuyo techo de déficit se sitúa en 4.0% del PIB) se ha sostenido en los últimos años gracias a ingresos extraordinarios —como el swap de intereses en 2022, la venta de terrenos al Canal y los ingresos mineros en 2023— que no están presentes en 2025. Esto genera dudas legítimas sobre la sostenibilidad del cumplimiento fiscal sin medidas estructurales de ajuste, especialmente en el contexto de una administración que ha descartado categóricamente introducir una reforma tributaria en el corto plazo. Sin nuevas fuentes de ingreso ni recortes en el gasto, la proyección de Barclays es tajante: el déficit del SPNF para 2025 será cercano al 5.0% del PIB, mientras que el del gobierno central alcanzaría el 5.9%.
Esta rigidez fiscal no es solo un problema técnico. Está íntimamente ligada a la erosión del capital político del presidente José Raúl Mulino. El informe detalla cómo la aprobación de la reforma a las pensiones el 18 de marzo de 2025 —pese a haber evitado medidas impopulares como elevar la edad de jubilación— desató un ciclo de protestas persistentes. Lejos de disiparse, estas manifestaciones se han ampliado con la participación de sectores como el magisterio, trabajadores de la construcción, personal sanitario e incluso grupos indígenas. A ello se suma el malestar por el memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos sobre cooperación en seguridad en el Canal, el cual ha sido percibido por amplios sectores como una cesión de soberanía. La reacción popular incluyó protestas estudiantiles, declaraciones conjuntas de líderes opositores y demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema.
La encuesta de La Estrella de Panamá al cierre de marzo revela con crudeza el costo político: la desaprobación del presidente pasó de 39.5% en enero a 67.9% en apenas tres meses. Aunque Barclays no anticipa un escenario de protestas masivas como las de 2023, sí advierte que el clima social podría deteriorarse aún más, y que el gobierno ha optado por una postura de fuerza, descartando concesiones ante los manifestantes. Esta actitud, aunque reafirma el control del Ejecutivo, limita su capacidad de construir consensos para implementar ajustes de fondo, particularmente en un contexto legislativo fragmentado.
Un desarrollo marginalmente positivo es la concesión de asilo político en Colombia al expresidente Ricardo Martinelli, quien ya ha abandonado el país. Su distancia podría, paulatinamente, brindar al presidente Mulino un margen de maniobra más directo para negociar con su partido político, Realizando Metas. Aunque es incierto cómo funcionará esa dinámica, se reportó que Martinelli utilizaba el Congreso para impulsar su propia agenda, por lo que su alejamiento podría facilitar un diálogo más fluido. Aunque podría existir la percepción de que Mulino le otorgó cierta impunidad, dicha percepción debería mitigarse al considerar que Martinelli no fue indultado.
En este ambiente enrarecido, la reactivación del proyecto minero Cobre Panamá —clave para la economía nacional— avanza a paso lento. Tras la suspensión del contrato-ley que regía su operación y el fallo de inconstitucionalidad emitido por la Corte Suprema, el gobierno ha intentado retomar el diálogo con la empresa operadora, pero enfrenta obstáculos jurídicos, técnicos y sociales. Aunque se logró la suspensión de los arbitrajes internacionales, el Ministerio de Comercio e Industrias aún no ha autorizado oficialmente la exportación de concentrado de cobre ni aprobado el plan de cuidado y mantenimiento de la mina. Además, no se han iniciado las auditorías ambientales que el propio Ejecutivo planteó como requisito previo a cualquier reapertura.
El informe señala que el gobierno estaría considerando una estructura distinta de explotación minera, basada en un esquema de asociación directa del Estado con la empresa, sin necesidad de pasar por la Asamblea. Esta vía, si bien legalmente viable, podría ser políticamente explosiva. En primer lugar, porque requeriría la creación de una empresa estatal minera —lo cual sí debe ser aprobado por el legislativo— y, en segundo lugar, porque podría interpretarse como una forma de eludir el rechazo ciudadano. Aunque la percepción pública sobre la minería ha mejorado levemente desde octubre de 2024, todavía un 57% de los encuestados mantiene una opinión negativa, y más del 60% se opone a un nuevo contrato, incluso si este ofreciera mejores condiciones para el Estado.
La situación se complica aún más con las tensiones diplomáticas derivadas del MoU con EE. UU., particularmente por la falta de reconocimiento explícito, en la versión estadounidense del comunicado conjunto, de la soberanía panameña sobre el Canal. A esto se añade una serie de declaraciones del expresidente Donald Trump sobre el despliegue de tropas y la posible exoneración de peajes para barcos comerciales estadounidenses, lo cual —de concretarse— tendría un impacto devastador en los ingresos del Canal, ya que cerca del 75% del tráfico proviene de ese país. Barclays advierte que cualquier concesión en esta línea constituiría una «línea roja» para Panamá y socavaría gravemente su credibilidad internacional.
Desde el punto de vista del mercado, la percepción de riesgo soberano se ha traducido en un aumento de los spreads de los bonos panameños. Aunque el país no ha emitido eurobonos en más de 15 meses, recurrió a financiamiento puente por más de USD 4,500 millones con entidades como Merrill Lynch, Santander y JPMorgan, cuyas condiciones reflejan un encarecimiento del crédito externo. A pesar de que la demanda local por bonos soberanos ha mantenido los spreads dentro de un rango aceptable, la presión sigue latente, sobre todo considerando que Panamá necesitará entre USD 3,500 y 4,500 millones adicionales para cubrir sus necesidades de financiamiento en lo que resta del año. Estos fondos serán indispensables para afrontar amortizaciones y nuevas obligaciones en un contexto de alta deuda y acceso complicado a mercados internacionales.
A pesar de la estabilización reciente de los spreads, las preocupaciones sobre la débil consolidación fiscal y la inestabilidad política sugieren un riesgo creciente. Barclays mantiene su recomendación de Underweight para la deuda panameña, lo cual significa que no ve una buena relación riesgo-retorno para los inversionistas. Sugiere vender específicamente los bonos PANAMA 6.4% 2035s, PANAMA 6.7% 2036s y PANAMA 6.875% 2036s, cuya cotización y spreads se han deteriorado recientemente. La falta de avances en la reforma tributaria y la consolidación fiscal son un lastre que podría afectar la calificación de inversión de Panamá si no se adoptan medidas correctivas creíbles, especialmente en lo referente a consolidación fiscal, resolución del conflicto minero y mejora del clima institucional.
El panorama que se desprende de este análisis es complejo, pero no irreversible. Panamá sigue contando con activos estratégicos valiosos: un canal interoceánico cuya relevancia geopolítica es innegable, una economía dolarizada que impone disciplina monetaria, y un historial de crecimiento que, hasta hace pocos años, era la envidia de la región. Sin embargo, ninguno de estos factores bastará si el país continúa postergando reformas estructurales y decisiones impopulares, pero necesarias.
Para el lector panameño —ya sea funcionario, empresario, académico o ciudadano informado— este informe no debe leerse como una sentencia, sino como un llamado de atención. Las advertencias están sustentadas en datos, tendencias y percepciones que, de no corregirse, podrían aislar financieramente a Panamá y profundizar su fragmentación social. El reto es mayúsculo, pero también lo es la oportunidad de actuar antes de que la pérdida de confianza se torne irreversible.
Fuente: Barclays Research. Tests on multiple fronts. 13 de mayo de 2025.