Resumen
El artículo analiza la transición política colombiana tras las elecciones presidenciales de 2026 y el cambio de orientación desde la «paz total» hacia la «seguridad total» impulsada por Abelardo de la Espriella. Examina las causas de esa transformación, los límites institucionales del nuevo Gobierno y las consecuencias de sus primeras decisiones sobre la seguridad, la gobernabilidad y la convivencia. La autora plantea que el desafío central consiste en recuperar la autoridad estatal preservando la estabilidad democrática y la cohesión social, en un país marcado por profundas divisiones políticas y territoriales.
Introducción
La autora sitúa el escenario colombiano dentro de una sucesión de cambios políticos que han puesto a prueba sus instituciones y su modelo de desarrollo. Presenta la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia en 2022 como una ruptura con el predominio de las élites tradicionales, favorecida por las protestas sociales de 2019 y 2021, las consecuencias económicas de la pandemia y el desencanto ciudadano. A ello se sumaban la desigualdad, la persistencia de la violencia y las dificultades de implementación del Acuerdo de Paz de 2016.
El programa de Petro proponía una transformación amplia: reformas tributarias, pensionales y sanitarias; reducción de la dependencia del petróleo; promoción de energías limpias; restablecimiento de relaciones con Venezuela y una relación con Estados Unidos centrada en la cooperación ambiental y la política de drogas. Aunque inicialmente contó con un respaldo parlamentario considerable, la diversidad de su coalición exigía mantener equilibrios entre sectores con posiciones distintas.
La «paz total» constituía su principal apuesta en seguridad. Buscaba negociar simultáneamente con el ELN, las disidencias de las FARC y organizaciones criminales procedentes del paramilitarismo. Para ello se levantaron órdenes de captura y se recuperaron protocolos de negociación. Sin embargo, esta estrategia enfrentó un territorio fragmentado, con numerosos grupos armados sostenidos por el narcotráfico y la minería ilegal.
El artículo explica que, en regiones como el Pacífico, el Cauca y el Catatumbo, la ausencia histórica del Estado permitió que otros actores ejercieran autoridad y resolvieran conflictos. Los cultivos ilícitos desplazaron actividades tradicionales, mientras los compromisos de sustitución no siempre estuvieron acompañados por las inversiones prometidas.
La distancia entre las expectativas de transformación y las posibilidades reales del Gobierno favoreció el surgimiento de De la Espriella. Su discurso de recuperación de la autoridad reunió a sectores urbanos preocupados por la inseguridad, personas vinculadas a la fuerza pública, iglesias cristianas y jóvenes sin identificación partidista. La autora interpreta esta irrupción como la expresión de un cansancio social amplio y de la búsqueda de un nuevo equilibrio entre paz, seguridad, gobernabilidad y desarrollo.
La crisis del relato: el vacío de poder que alimentó al «Tigre»
El artículo sostiene que el proyecto iniciado en 2022 llegó a 2026 con un desgaste asociado a la separación entre las negociaciones de paz y el control efectivo del territorio. La expansión de organizaciones criminales, el deterioro de la seguridad urbana, la parálisis de reformas y la fragmentación gubernamental desplazaron las prioridades ciudadanas hacia la exigencia de una autoridad capaz de ofrecer resultados.
La autora aclara que el denominado «vacío de poder» correspondía, en realidad, a una sustitución de la autoridad estatal. En numerosas comunidades, grupos armados regulaban actividades económicas y condicionaban la vida cotidiana. El Estado tenía dificultades para garantizar de manera sostenida seguridad, servicios públicos y presencia institucional.
En ese contexto se formalizó la candidatura de De la Espriella mediante firmas, bajo el movimiento Defensores de la Patria. El sobrenombre de «el Tigre», procedente de su trayectoria como abogado litigante, se convirtió en un recurso de campaña asociado con fuerza y determinación. La inscripción en Cali, escenario de las protestas de 2021, reforzó su intención de vincularse con territorios donde la demanda de orden tenía especial relevancia.
Su candidatura adquirió capacidad de movilización mediante tres apoyos principales: militares retirados y miembros de la reserva, iglesias evangélicas y empresarios regionales. Su discurso combinaba el cuestionamiento de la justicia negociada, la defensa de la propiedad y la reducción del aparato estatal. En el plano internacional, el texto destaca su afinidad con liderazgos como el de Javier Milei y su posición favorable al restablecimiento de relaciones con Israel.
Según el documento, De la Espriella aventajó a Iván Cepeda en la primera vuelta del 31 de mayo y ganó la segunda vuelta del 21 de junio por un margen inferior al 1 %. La coincidencia entre el preconteo y el escrutinio definitivo contribuyó al reconocimiento del resultado. La votación reflejó dos bloques de tamaño semejante, división que también se manifestó en el exterior: De la Espriella predominó en América y Cepeda obtuvo mejores resultados en Europa.
La posesión del 7 de agosto en la Arena USC de Cali completó esa estrategia territorial. La autora interpreta que trasladar la ceremonia fuera de Bogotá buscaba acercar simbólicamente el poder a los lugares donde se reclamaba mayor seguridad. Sin embargo, el estrecho resultado electoral y la ausencia de una mayoría legislativa automática condicionaban desde el inicio la capacidad de gobierno.
El gobierno del límite
Este apartado examina el encuentro entre las promesas de campaña y las restricciones del sistema institucional colombiano. La autora señala que el nuevo presidente, sin una bancada mayoritaria propia, debía conciliar el pragmatismo de sus ministros técnicos, interesados en ofrecer certidumbre económica, con su inclinación a impulsar cambios mediante facultades excepcionales.
El documento describe el terremoto del 10 de agosto, de magnitud 7,4 y con afectación en dieciséis departamentos, como un acontecimiento que precipitó este dilema. La declaración del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica otorgó al Ejecutivo facultades extraordinarias que facilitaron la aceleración de algunas iniciativas.
El programa «Colombia, Patria Milagro» contemplaba reducir los ministerios de diecinueve a diez, suprimir miles de cargos, combatir la denominada nómina paralela y promover medidas tributarias como la eliminación del gravamen a las transacciones financieras del 4×1000. Su orientación general era disminuir el tamaño del sector público y ampliar la desregulación económica.
La autora cuestiona la incorporación de reformas mineroenergéticas, incluidas disposiciones favorables a prácticas como el fracking, dentro de los once decretos de emergencia relacionados con la reconstrucción. Interpreta esa actuación como un intento de superar las dificultades del trámite parlamentario mediante la excepcionalidad. A su juicio, ello incrementaba la controversia jurídica y la incertidumbre para inversionistas y agencias de calificación, en un contexto de exigencias de disciplina fiscal y protestas agrarias y sindicales.
En seguridad y política exterior, el artículo identifica una reorientación hacia la «autoridad democrática», entendida como la aplicación firme de la ley dentro del marco constitucional. El acercamiento a Estados Unidos se expresa, según el texto, en la visita de Marco Rubio y los «Acuerdos de Barranquilla», vinculados al «Escudo de las Américas». La cooperación tecnológica y financiera quedaba relacionada con el retorno a políticas de erradicación forzada. Asimismo, el documento menciona la firma de setenta extradiciones durante las primeras semanas de gobierno.
El apartado concluye con la intervención judicial que ordenó retirar publicaciones gubernamentales con imágenes explícitas de combatientes muertos y cadáveres. Para la autora, este episodio demuestra que la política de seguridad encuentra límites en los derechos y garantías que protege el Estado de derecho, aun cuando el Ejecutivo invoque un mandato electoral de firmeza.
Vectores de polarización comunitaria: de los corredores rurales a la intermediación comunicativa
El artículo plantea que la confrontación electoral se trasladó al funcionamiento del Estado y a las relaciones entre comunidades. Los conflictos parlamentarios y judiciales tienen una expresión social: sectores de las grandes ciudades reclaman mayor intervención coercitiva, mientras las poblaciones rurales afrontan las consecuencias de la suspensión de ceses al fuego y de nuevas disputas por el control territorial.
En el Pacífico y el Catatumbo, la reducción de los programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y la reactivación de operaciones militares intensificaron el descontento campesino y de comunidades étnicas. La autora subraya que, para estas poblaciones, la paz comprendía garantías de protección, proyectos productivos e inversiones que permitieran abandonar la economía de la coca. La erradicación forzada, sin alternativas suficientes, debilitaba esas expectativas.
La cancelación de diálogos regionales y el predominio de la respuesta militar dejaron a comunidades expuestas a enfrentamientos entre el Ejército y organizaciones criminales interesadas en proteger sus rutas. El documento vincula esa situación con desplazamientos y confinamientos, así como con una mayor desconfianza entre los centros urbanos y las regiones periféricas.
La desaparición forzada constituye otra preocupación central. El artículo recoge denuncias sobre líderes sociales, reclamantes de tierras y jóvenes cuyo paradero se desconoce. Sostiene que la ruptura de canales humanitarios dificulta la activación de mecanismos de búsqueda y corredores de protección. También menciona alertas sobre el ocultamiento de cuerpos y el subregistro de la violencia, que impiden apreciar plenamente la situación de las víctimas.
En el ámbito cultural, la autora describe una confrontación alrededor de la familia tradicional, las políticas de inclusión y la diversidad de género. Sectores de oposición y organizaciones de derechos humanos interpretan el discurso gubernamental como una amenaza a libertades consolidadas. El análisis considera que esta estrategia mantiene movilizados a votantes conservadores y evangélicos, pero incrementa la estigmatización y sustituye espacios de concertación por enfrentamientos morales.
La comunicación oficial ocupa un lugar destacado. El texto cuestiona el uso de las redes sociales gubernamentales para establecer una relación directa y personalista con la ciudadanía y descalificar a periodistas que investigan al presidente o examinan su política de seguridad. Según la autora, la división del debate entre «patriotas» y «villanos» genera un entorno hostil al periodismo independiente y debilita la libertad de prensa y el derecho a la información.
Finalmente, el artículo examina la movilización de la oposición progresista, encabezada por Iván Cepeda en el Senado, junto con estudiantes, sindicatos y centrales obreras. Las protestas expresan rechazo a las reformas y funcionan como instrumentos de presión sobre el Gobierno y las bancadas parlamentarias. La autora interpreta que también buscan evidenciar ante los mercados e inversionistas la falta de consenso social para sostener el programa económico. La gobernabilidad queda así condicionada por la interacción entre oposición política, movilización ciudadana y controles institucionales.
Conclusión
La autora interpreta el triunfo de De la Espriella como una respuesta a la pérdida de confianza en la capacidad transformadora del Gobierno anterior y como expresión de una demanda de autoridad, seguridad y presencia estatal. Sin embargo, advierte que la legitimidad electoral no garantiza por sí misma la capacidad de ejecutar una agenda.
El estrecho margen de victoria, la ausencia de una mayoría parlamentaria cohesionada, la actuación de las altas cortes y del Banco Central, y la movilización opositora limitan el margen del Ejecutivo. Desde esta perspectiva, la estructura institucional colombiana conserva capacidad para contener la concentración del poder y exigir que las reformas se negocien dentro de los mecanismos constitucionales.
En seguridad, el tránsito de la «paz total» a la «seguridad total» supone privilegiar la coerción frente a la negociación. El artículo concluye que los instrumentos policiales y militares resultan insuficientes para resolver, por sí solos, la persistencia de economías ilegales, las carencias regionales y la debilidad histórica del Estado.
La autora considera que el deterioro de la cohesión social podría convertirse en uno de los mayores obstáculos para la gobernabilidad. La confrontación política, cultural y territorial amenaza con transformar cada iniciativa pública en una nueva causa de conflicto y bloqueo.
El futuro del país dependerá, por tanto, de la capacidad para construir acuerdos que permitan compatibilizar seguridad, legalidad y estabilidad democrática. La eficacia de la «autoridad democrática» deberá apreciarse en su contribución a la legitimidad estatal y a la protección de las libertades, además de sus resultados operativos. El artículo cierra planteando que Colombia entra en una nueva disputa sobre la naturaleza del Estado, el alcance de la autoridad pública y el equilibrio entre orden y democracia.
Resumen del artículo de Rocío de los Reyes Ramírez, analista principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE). Documento de Análisis 62/2026, de 16 de septiembre de 2026. file:///C:/Users/elvira.anderson/Downloads/ieee-2026-colombia-paz-seguridad-analisis-62.pdf
