Recientemente, el gobierno argentino, liderado por el presidente Javier Milei, tomó la decisión de disolver la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y reemplazarla por una nueva entidad denominada Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Esta decisión representa una reforma profunda en el sistema de administración tributaria y aduanera de Argentina, enfocada en reducir el tamaño del aparato estatal, mejorar la eficiencia en la recaudación de impuestos, y optimizar el control sobre el comercio exterior.
El nuevo organismo, la ARCA, se estructura en dos entidades principales: la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA). La DGI se encargará de la recaudación de impuestos internos, mientras que la DGA se ocupará del control y regulación de las actividades de importación y exportación en el país. Esta reorganización responde a la visión del gobierno de Milei de un estado más «liviano y eficiente», donde la burocracia sea mínima y se eliminen procesos considerados excesivos o redundantes. Según el presidente y sus asesores, la AFIP, entidad responsable de estos mismos objetivos hasta ahora, era una estructura demasiado compleja que obstaculizaba la libertad económica de los ciudadanos y el crecimiento del país, por lo que decidieron reemplazarla completamente.
Uno de los puntos más relevantes de esta reforma es la reducción significativa de personal, con un recorte estimado del 34% de los puestos de trabajo en comparación con los que había en la AFIP. Esta medida incluye la eliminación de cargos y funciones que, según el gobierno, eran innecesarios y costosos para el presupuesto nacional. Además, en un esfuerzo por disminuir el gasto estatal, se han reducido los salarios de los funcionarios de alto nivel, incluyendo los de los dos directores de la DGI y la DGA. Con esta medida, también se eliminó una práctica conocida como la “Cuenta de Jerarquización”, que permitía que los directores de la AFIP recibieran salarios mucho más altos que otros funcionarios públicos. Con la creación de la ARCA, los sueldos de estos directivos se han igualado a los de otros roles gubernamentales, como ministros y secretarios de estado, lo que representa un ahorro para el erario público.
Además, la ARCA se ha comprometido a revisar los contratos de alrededor de 3,100 empleados que fueron contratados irregularmente en administraciones anteriores. Estos empleados serán reubicados o despedidos según los criterios de necesidad y desempeño, lo cual, según el gobierno, permitirá un ahorro adicional estimado de 640 millones de dólares anuales. Sin embargo, la decisión ha generado una fuerte reacción entre los empleados de la nueva agencia, especialmente en el sector aduanero, quienes han iniciado protestas en las instalaciones de la ARCA, afectando los trámites en aeropuertos y en otros puntos de ingreso y salida de bienes al país. Este cambio es parte de un conjunto más amplio de reformas que Javier Milei ha implementado desde su llegada al poder en diciembre, orientadas a estabilizar la economía argentina y reducir el déficit fiscal. Las reformas han incluido recortes de subsidios estatales y la devaluación de la moneda, buscando también reducir la inflación, que se ha mantenido entre las más altas del mundo. La política de Milei, considerada por algunos como radical, busca corregir décadas de problemas económicos en Argentina, apostando por un estado más reducido y una economía más abierta y competitiva.
