Como es conocido, la opinión pública viene manifestándose sobre la conveniencia o no de aprobar la Ley que contiene el contrato entre Minera Panamá y el Estado para continuar la explotación minera, extracción de cobre y otros metales, tales como oro y molibdeno, en un yacimiento ubicado en las provincias de Panamá y Colón.
Una vez que el documento llegó a la Asamblea de Diputados para su análisis y posterior aceptación o rechazo, específicamente en el primer debate, un universo de ciudadanos, gremios, expertos, defensores y detractores de ese contrato acudieron masivamente para fijar su posición sobre este proyecto de Ley. Así mismo, se hicieron visitas a las comunidades circundantes con la mina y al final de esa primera etapa la Comisión de Comercio de la Asamblea recomendó al Ejecutivo que se devolviera el contrato para introducirle una serie de cambios con el objeto de acoger las recomendaciones que se habían discutido ampliamente.
Lejos de lo que era apenas aconsejable, el Ejecutivo si bien acordó estas modificaciones, no las divulgó, sino que envió un documento a la Asamblea y esta, dándole la espalda al sentido común, lo llevó a segundo y tercer debate sin que se percibiera un interés de revisar el alcance de los cambios y mucho menos orientar a la opinión publica sobre las conveniencias de este contrato.
Algo peor ocurrió cuando el contrato se aprobó en tercer debate y se envió al Órgano Ejecutivo para su sanción y promulgación que no tomó 24 horas.
Aún con las evidentes realidades del contrato ya que se trata de un hecho cumplido, pues la mina tiene más de 10 años de existencia, emplea a un número importante de trabajadores y permite al país exportar minerales; la actuación de estos órganos del Estado Legislativo y Ejecutivo, no ha hecho más que incrementar la desconfianza ciudadana y ha coincidido con unas nefastas modificaciones a la legislación electoral que propician un acomodo del partido PRD y sus aliados para asegurarse unas curules de Diputados. Si se hubiesen tomado el tiempo de explicar las modificaciones introducidas en el contrato que resultan materiales y también para crear la Autoridad de Recursos Minerales y actualizar el Código de Recursos Minerales, se hubiese logrado un equilibrio contractual y un reforzamiento de la institucionalidad para garantizar la aplicación de las mejores prácticas en la actividad extractiva.
Tanto en países similares como en países llamados “desarrollados”, la actividad minera existe y desde hace mucho tiempo se han establecido normas de cumplimento obligatorio para esta misma actividad y esas mejores prácticas son las que deben aplicarse para que el desarrollo de este contrato sea sostenible en el tiempo y provea nuevos recursos a las finanzas del Estado. Incluso agregando valor a la actividad minera en nuestro país.
Como esto no ocurrió, esta prevaleciendo un vacío en el país que esta siendo aprovechado por las facciones extremistas que en julio del año pasado se tomaron las vías nacionales, concentrándose en el interior y paralizaron el país.
Hay otro segmento de personas que tienen intereses políticos propios del torneo electoral y también, por primera vez en muchos años un sector de la juventud del país está presente en manifestaciones donde se reclama no sólo la cancelación del contrato sino una especie de prohibición de la actividad minera en Panamá.
También, hay un grupo de delincuentes que están asaltando a los pequeños, medianos y grandes comerciantes mediante el uso de la violencia y la destrucción de la propiedad privada.
Otros miembros del SUNTRACS, están cerrando vías publicas y amenazando a los propietarios de vehículos, a los trabajadores y hasta los servicios de ambulancia. Hay personas que no han podido cruzar hacía Panamá Oeste y continúan sin poder ver a sus familiares por más de cuatro días; niños sin saber porque no pueden ir a las escuelas y estos sin entender que esta sucediendo y porque sus padres están ausentes en casa.
De manera insólita, los médicos de los establecimientos de salud pública han decretado un paro de labores, como si los pacientes tuvieran alguna responsabilidad en este estado de cosas.
Los maestros y profesores de los colegios públicos han prorrogado su situación de paro y el país hoy exhibe su peor imagen nacional e internacional.
Es necesario que el Órgano Ejecutivo tome medidas que conduzcan a un diálogo nacional y al mismo tiempo que la policía nacional impida esta paralización en el país que está produciendo un caos y un deterioro importante en la calidad de vida de los panameños, especialmente los más necesitados.
Este sistema presidencialista requiere una presencia permanente de las autoridades. Hay que actuar con firmeza; respetando el Estado de Derecho, el libre tránsito y el desarrollo de las actividades productivas en general.
Esperamos un cambio en la dirección correcta para devolver la confianza en el sistema democrático que hoy ya está en su peor momento.
Amanecerá y veremos…
