Nuestro Tribunal Electoral de Panamá es el máximo órgano del estado encargado del registro civil, cedulación, certificación de estado civil y celebración de elecciones en nuestro territorio nacional. Este órgano está compuesto, en la actualidad, por tres magistrados que son designados por cada uno de los órganos de estado en acuerdo con nuestra Carta Magna, uno que representa a la Asamblea Legislativa, otro por la Corte Suprema de Justicia y otro por el Órgano Ejecutivo.
Sin duda alguna, el Tribunal Electoral desempeña un papel trascendental en la democracia y tiene como objetivo lograr la excelencia electoral, aportarnos servicios que optimicen la democracia y obviamente los derechos de los ciudadanos en un estado de derecho. Son muchas las funciones que tienen, entre ellas asegurar la concurrencia de las organizaciones políticas y de los distintos candidatos que aspiren a ser elegidos. Asimismo, desarrollar los servicios que la entidad debe brindar a los ciudadanos al momento de depositar su voto, contribuyendo con la educación, participación cívico-electoral y robustecer la democracia y el imperio de la ley. Es importante destacar que esta entidad es independiente de los órganos ejecutivo y judicial, y esta autonomía se le otorgó mediante una reforma constitucional en 1956.
El Tribunal Electoral tiene la misión de resolver controversias en materia electoral y proteger los derechos políticos de los electores, de los ciudadanos, es decir, imparte justicia en el entorno electoral. Independientemente de esta particularidad es relevante resaltar el comportamiento histórico de la entidad en algunos procesos eleccionarios, que dejaron mucho que desear y que es importante mencionarlo para así calibrar si el Tribunal Electoral de nuestros tiempos actuales se ha limpiado de sus profundos fallos a lo largo de toda nuestra historia.
En 1925, durante la administración del Presidente Rodolfo Chiari Robles, se cambió la nomenclatura de la corporación por la de Jurado Nacional de Elecciones y asume el escrutinio y proclamación de los diputados así como la del presidente de la república. En 1930 se amplió el período de los nombramientos de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones de dos a cuatro años y el número de sus integrantes de cinco a siete. Posterior a la segunda constitución nacional de 1941 se crea la primera autoridad electoral a nivel constitucional, convirtiendo al Jurado Nacional de Elecciones en un tribunal electoral integrado por cinco miembros. En la tercera constitucional nacional, de 1946, se crea un organismo electoral que mantiene el nombre de Jurado Nacional de Elecciones. Posterior a un cambio constitucional en 1956 se crea el Tribunal Electoral, tal como se le conoce hoy, como una entidad desligada de los Organos Ejecutivo y Judicial, con competencia privativa en materia electoral, se le da autonomía financiera y sus partidas de gastos serán separados del Organo Ejecutivo y Judicial.
Uno de los primeros traspiés que cometen las autoridades que regulan las elecciones ocurre en las elecciones de 1948, cuando se le reconoce primero la Presidencia de la República a Domingo Díaz Arosemena, quien luego renuncia a su cargo por motivos de salud y es reemplazado por su Primer Vicepresidente Daniel Chanis. El Dr. Chanis decide y ordena la dimisión del Jefe de la Policía Nacional, orden que los militares no acatan, por lo que sucede que el Segundo Vicepresidente asume el cargo, aunque pocos días después se retira del cargo para no caer en pugna con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que establecía que la dimisión del Dr. Chanis, Primer Vicepresidente, fue ilegal. Seguidamente, el alto mando de la Policía Nacional ordena al Jurado Nacional de Elecciones hacer un reconteo de los votos de las elecciones de 1948 y prestarse a declarar oficialmente que el verdadero ganador de las elecciones de 1948 fue el Dr. Arnulfo Arias Madrid y no Don Domingo Díaz Arosemena. Sin duda alguna este ejemplo histórico no deja más remedio de clasificarlo como desvergüenza en desvergüenza.
La campaña política y elección de 1952 fueron violentas, con señalamientos de corrupción en la Policía Nacional, entidad desacreditada que cargaba con el arrastre de un pasado de atropellos, aunado a las acusaciones de negociados en maderas preciosas, inclusive de tráfico de armas hacia Colombia entre otras actividades. Ambos bandos se señalaban de corruptos y atracadores del erario público. Baste recordar anécdotas sobre testigos que señalaban la ubicación de indígenas en corrales de ganado para pagarles B/.3.00 por persona y luego llevarlos a las urnas a depositar su voto por el candidato del oficialismo, mientras que las autoridades electorales brillaban por su ausencia. En las mesas de votación tenía derecho a votar el que ordenaba el Presidente de la mesa. Hubo lugares donde el número de votos sobrepasaba el número de personas inscritas en las listas de votación por lo que la Policía quemaba el número de votos sobrantes. Evidentemente y según lo esperado, el ganador era el candidato oficialista. Toda esta historia negra y de bochorno formó parte de muchas de nuestras elecciones ante la indiferencia y a veces complicidad de las autoridades encargadas de supervisarlas.
Otro de los tantos casos ocurrió en la campaña electoral del 12 de mayo de 1968 entre el candidato oficialista, Ing. David Samudio, y el Dr. Arnulfo Arias Madrid por la oposición. Los recursos del estado se utilizaban excesivamente a favor del candidato oficialista y el Tribunal Electoral de la época no intervenía. Mentiríamos si no reconociéramos que los recursos del estado se utilizaban para favorecer al candidato gubernamental en casi todos los procesos electorales panameños, situación anómala que el Tribunal Electoral debe empeñarse más en solucionar y evitar. En las elecciones de 1916 entre Ramón M. Valdés, respaldado por el Presidente Dr. Belisario Porras, tuvo un apoyo evidente de funcionario públicos a favor de su campaña. Inclusive se rumoró en aquella campaña presidencial que a los funcionarios públicos se les descontaba parte de sus salarios para sufragar los gastos de la campaña política. Todo tipo de irregularidades e intimidaciones y arrestos contra los simpatizantes del candidato opositor, Rodolfo Chiari Robles, quienes abandonaron el recinto ante la presión del oficialismo.
El mismo apoyo gubernamental se dedicó a favor del candidato oficialista Florencio Harmodio Arosemena en las elecciones del 5 de agosto de1928 contra su opositor Don Jorge E. Boyd, quien se retiró de la contienda electoral ante el evidente apoyo gubernamental.
Deshonroso fue el caso del torneo electoral de Marzo de 1936, cuando se utilizaron los recursos del estado a favor del candidato gubernamental Juan Demóstenes Arosemena contra el candidato opositor, Domingo Díaz Arosemena. La desfachatez del Jurado Nacional de esas elecciones fue tal, que primero reconoció el triunfo del candidato opositor Don Domingo Díaz Arosemena y posteriormente, el 7 de julio de 1936, después de la destitución de un integrante del Jurado Nacional de Elecciones anunció el triunfo del candidato del gobierno, Juan Demóstenes Arosemena.
Similares situaciones se vivieron en las elecciones de 1940, cuando el candidato opositor, Dr. Ricardo J. Alfaro, ante el apoyo notorio de los estamentos del gobierno a favor del candidato gubernamental Dr. Arnulfo Arias Madrid, se retiró de la campaña pues no habían las garantías indispensables para participar en la contienda electoral, de manera tal que el Dr. Arnulfo Arias Madrid es victorioso por quedar como candidato único. Y así algunas veces más y otras veces menos las campañas subsiguientes se han caracterizado por el mismo defecto hasta nuestros días.
De manera tal que estos ejemplos y otros más nos hacen un profundo llamado a la reflexión de todos los ciudadanos, estemos o no inscritos en partidos políticos, los independientes, principalmente a los tres Magistrados del Tribunal Electoral, sobre la gran responsabilidad que nos toca a todos enfrentar frente a las elecciones generales de Panamá a llevarse a cabo el 5 de mayo de 2024.
Si bien es cierto que a partir de la invasión estadounidense a Panamá en 1989 el comportamiento del Tribunal Electoral de Panamá ha mejorado sustancialmente, algunas irregularidades han estado presente en los últimos torneos electorales. La ejecutoria del Tribunal Electoral no puede retroceder a tiempos pasados, más bien debe superarse y mejorarse cada vez más y subsanar la eterna crítica del Tribunal Electoral por la población que ha sido testigo de las costumbres que se repiten en los diferentes gobiernos, que incluyen el uso indebido de los bienes del estado, incluyendo los fondos estatales para actividades partidarias de distintas naturalezas.
Exhortamos al Tribunal Electoral a mantener reglas claras de competencia, igualdad de derechos para todos los candidatos y partidos políticos e independientes. Reiteramos a los Magistrados que nuestro respeto hacia ellos emana de la labor sagrada que deben desempeñar antes, durante y, después de la realización de las elecciones, otorgarle el triunfo al candidato ganador de las elecciones del 5 de mayo de 2024. Los tres Magistrados del Tribunal Electoral serán los responsables ante el país, el mundo y la historia de que puedan los panameños sentirse orgullosos del respeto a su decisión.
