La reciente rebaja en la calificación de riesgo de Panamá por parte de Standard & Poor’s (S&P) representa un golpe significativo para la percepción de estabilidad económica del país, colocándolo al borde de perder su grado de inversión. Esta decisión, que refleja preocupaciones sobre el manejo fiscal y el impacto del endeudamiento creciente, subraya problemas estructurales que ya se habían señalado previamente, como la dependencia del financiamiento externo y la falta de reformas profundas en la recaudación tributaria. Aunque Panamá ha sido históricamente reconocido por su capacidad de atraer inversión extranjera y mantener un crecimiento económico sostenido, la incertidumbre generada por esta rebaja aumenta la presión sobre las autoridades para adoptar medidas correctivas que salvaguarden la confianza de los mercados.
La posibilidad de perder el grado de inversión tendría consecuencias devastadoras no solo para las finanzas públicas, sino también para la economía en general. Los costos de endeudamiento se dispararían, limitando la capacidad del Estado para financiar proyectos clave en infraestructura y programas sociales, mientras que el aumento en la percepción de riesgo podría desalentar la inversión extranjera, afectando pilares fundamentales del modelo económico panameño como la logística, el comercio y el sector financiero. Adicionalmente, este deterioro impactaría directamente a la población, incrementando las tasas de interés para consumidores y empresas, encareciendo el acceso al crédito y ralentizando la inversión privada, lo cual exacerbaría las desigualdades y limitaría las oportunidades de desarrollo.
En medio de esta situación, las agencias calificadoras han urgido al gobierno a implementar reformas estructurales que incluyan la contención del gasto público y una administración más eficiente y transparente de los recursos estatales. La inacción ante estas advertencias no solo podría erosionar la confianza de los mercados internacionales, sino también dificultar la recuperación económica en un entorno global ya marcado por múltiples desafíos. Este contexto exige liderazgo político para priorizar iniciativas que generen un impacto real en el desarrollo humano y envíen señales claras de compromiso con la estabilidad fiscal.
Sin embargo, en contraste con la rebaja de S&P, Moody’s ha decidido mantener el grado de inversión de Panamá, aunque con una perspectiva negativa. Este voto de confianza moderado resalta la capacidad del país para cumplir con sus compromisos financieros, pero también advierte sobre un deterioro fiscal más severo del previsto para 2024 y la existencia de obstáculos significativos para una consolidación fiscal efectiva en el corto plazo. La dualidad en las evaluaciones de estas agencias refleja percepciones divergentes sobre la capacidad de Panamá para responder a sus desafíos fiscales: mientras Moody’s reconoce fortalezas como un sistema financiero robusto y su posición estratégica en el comercio internacional, insiste en que estas ventajas serán insuficientes sin reformas profundas para contener el gasto y fortalecer la recaudación.
La advertencia de Moody’s, junto con la rebaja de S&P, no dejan dudas sobre la gravedad del panorama actual. El mantenimiento del grado de inversión por parte de Moody’s debe interpretarse como una señal de alerta temprana y no como un motivo de complacencia, dado que el margen de maniobra para evitar un deterioro adicional se reduce cada día. Panamá enfrenta un momento decisivo en el que las decisiones tomadas determinarán su trayectoria económica en los próximos años. La adopción de una política fiscal disciplinada y responsable no solo preservará el grado de inversión, sino que garantizará un futuro más sostenible e inclusivo para sus ciudadanos.
