En colaboración con Francisco Bustamante
La abrupta decisión de Chiquita Panamá de cesar las operaciones y despedir a 5,000 trabajadores en Bocas del Toro no puede ser analizada únicamente desde una perspectiva laboral o empresarial. Lo que enfrentamos es un fenómeno de profundo alcance tributario, económico, patrimonial y de seguridad social, cuyas consecuencias amenazan con desestabilizar no solo la región, sino impactar las finanzas públicas y el equilibrio fiscal del Estado panameño. La magnitud de este evento exige una lectura integral y una reacción institucional urgente.
Cada uno de los trabajadores despedidos percibía un ingreso mensual promedio de $700, lo que representa una pérdida directa de $3.5 millones mensuales, o $42 millones al año que dejarán de circular en una economía local de 170,000 habitantes. Esta inyección de liquidez, que anteriormente dinamizaba el comercio, el transporte, la vivienda y los servicios, ha desaparecido de golpe. A nivel fiscal, esto equivale a una evaporación del consumo gravable, la recaudación de impuestos sobre la renta, y las contribuciones a la Caja de Seguro Social. El impacto real, al considerar el efecto multiplicador — estimado entre 1.5x y 2.5x en economías rurales — podría representar una contracción de entre $63 y $105 millones anuales en el Producto Interno Bruto local. Se trata, en efecto, de una amputación económica.
La estructura económica de Bocas del Toro está altamente concentrada en el sector agroexportador, particularmente el bananero. Por ello, la pérdida de estos 5,000 empleos directos también arrastra consigo entre 5,000 y 10,000 empleos indirectos, afectando a comerciantes, transportistas, proveedores, servicios técnicos y de mantenimiento. En términos cuantitativos, entre 10,000 y 15,000 personas podrían quedar sin ingresos en un área cuya Población Económicamente Activa se estima en 102,000 personas. Esto empujaría la tasa de desempleo de un 5% actual (≈5,100 desempleados) a entre 14.8% y 19.7%, cifras que equivalen a una situación de crisis estructural de empleo. Desde el punto de vista jurídico-tributario, esto representa una erosión de la base contributiva del país.
El impacto en la Caja de Seguro Social es inmediato y crítico. Con una caída proyectada del 22% en la recaudación de la nómina, es decir, $9.2 millones menos al año, el sistema enfrenta un desbalance actuarial, pues los costos médicos permanecen constantes. Adicionalmente, el programa de retiro anticipado para bananeros, que se financia con aportes complementarios de estos mismos trabajadores, entra en riesgo de colapso, dejando desprotegidos a quienes no hayan cumplido los 18 años mínimos exigidos por la Ley 45 de junio de 2017 que adiciona artículos a la ley 51 de 2005, Orgánica de la Caja de Seguro Social, en el artículo 6 de la mencionada Ley. Muchos de los trabajadores afectados no alcanzarán ese umbral y podrían quedar atrapados en una zona gris legal, sin jubilación y sin derecho adquirido.
Otro efecto estructural, no siempre evidente en los titulares, es la devaluación del patrimonio inmobiliario rural. En comunidades agrícolas, el valor de la tierra, las fincas y las viviendas depende directamente de la existencia de una economía activa. Con la desaparición de los ingresos laborales, disminuye la demanda de propiedad, aumentan los embargos y se profundiza la morosidad. Este fenómeno empuja el valor del metro cuadrado a la baja y, como consecuencia, erosiona la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles, además de comprometer el valor colateral de muchas hipotecas agrícolas. La afectación no es solo social, es contable.
Los sectores más golpeados ya están mostrando señales claras de asfixia. El comercio local enfrenta una caída de $3.5 millones mensuales en consumo; el sector vivienda experimenta un incremento en la morosidad de alquileres y créditos hipotecarios; el transporte, tanto de carga como de pasajeros, reduce frecuencias por falta de demanda; y los servicios básicos como educación privada, clínicas y telecomunicaciones comienzan a registrar cancelaciones masivas. Todo esto contribuye a un colapso de la tributación directa e indirecta: menos ISR, menos ITBMS, y una retracción general del sistema fiscal descentralizado.
En este contexto, el ingreso per cápita regional podría caer en torno al 20%, lo cual no solo expande los índices de pobreza, sino que fomenta una migración interna y externa con efectos desestabilizadores en otras provincias o incluso países vecinos como Costa Rica y EE.UU. El Estado panameño se verá obligado a aumentar su gasto social de emergencia: subsidios, alimentación, atención médica, entre otros, generando mayor presión sobre un presupuesto público ya comprometido.
Desde una óptica jurídica y fiscal, las soluciones deben ser integrales y no paliativas. Se propone un paquete de medidas de mitigación que incluyan: créditos fiscales e incentivos especiales para atraer industrias agroindustriales o manufactureras a la región; reactivación de zonas francas agroexportadoras con beneficios aduaneros y laborales; programas de diversificación agrícola, como cultivos de alto valor añadido (piña, cacao); y subsidios temporales condicionados por ejemplo, $200/mes durante 6 meses para evitar un colapso del consumo interno, siempre con contraprestaciones comunitarias. Además, se impone la necesidad de reformar o flexibilizar la Ley 45 de junio de 2015, para proteger a los trabajadores desvinculados que no alcanzaron los 18 años de antigüedad, quienes podrían quedar excluidos de beneficios previsionales por causas ajenas a su voluntad.
En conclusión, la crisis detonada por el retiro de Chiquita Panamá no es una simple contingencia empresarial ni un asunto local. Es, en términos fiscales, un evento estructural que compromete la estabilidad financiera, social y territorial de la República de Panamá. La inacción o la demora en una respuesta articulada por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, la CSS, el MIDA, la Asamblea Nacional y organismos multilaterales, podría acelerar el contagio económico hacia otras regiones. Panamá enfrenta un desafío de Estado. Y el tiempo para actuar se agota.
