El 10 de junio de 2025, la Comisión Europea emitió un reglamento delegado que actualiza su lista de jurisdicciones de alto riesgo en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esta revisión marca un hito para Panamá, que ha sido oficialmente excluido de dicha lista tras varios años de estar bajo observación internacional. La decisión, que también favorece a territorios como Gibraltar, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Jamaica, Barbados, Senegal y Uganda, tiene como base una evaluación técnica rigurosa llevada a cabo por la Comisión, con el apoyo de los análisis y el monitoreo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La salida de Panamá de esta lista responde a un proceso sostenido de reformas legales e institucionales que comenzaron en 2019 y que permitieron al país salir de la lista gris del GAFI en octubre de 2023. Posteriormente, en marzo de 2024, la Comisión Europea reconoció esos avances al anunciar su intención de retirar a Panamá de su propia lista de alto riesgo, lo cual ahora se ha materializado oficialmente. Este cambio mejora de forma significativa la reputación internacional del país, facilita su acceso a relaciones financieras con entidades europeas y consolida la confianza de inversores que anteriormente enfrentaban restricciones de cumplimiento por la clasificación anterior.
Aunque el Parlamento Europeo se había mostrado reticente en años anteriores a aprobar propuestas similares, especialmente en lo referente a Gibraltar, esta vez no hubo objeciones suficientes que impidieran la entrada en vigor del nuevo reglamento. Cabe recordar que las instituciones financieras de la UE están obligadas a aplicar medidas de diligencia reforzada cuando realizan transacciones con países enlistados, por lo que la exclusión de Panamá reduce la carga operativa y reputacional para sus entidades financieras y comerciales.
En el caso de Gibraltar, la situación fue más compleja. A comienzos de año, la comisaria portuguesa María Luís Alburquerque enfrentó una fuerte oposición parlamentaria a la propuesta de retirar conjuntamente a Gibraltar, Panamá y Emiratos Árabes Unidos de la lista. Sin embargo, tras intensas gestiones técnicas y diplomáticas, la Comisión decidió avanzar finalmente con una nueva propuesta que abordó de forma más segmentada las preocupaciones políticas, permitiendo así la exclusión de estos tres territorios sin que se votaran de forma conjunta, como se había intentado anteriormente sin éxito.
El contexto político también fue determinante. Las tensiones derivadas del Brexit y las negociaciones entre España, Reino Unido y la Comisión Europea sobre el futuro de Gibraltar influyeron en los debates legislativos. No obstante, con el avance de las conversaciones trilaterales y el interés común en cerrar los últimos flecos pendientes del acuerdo, se desbloquearon algunas resistencias políticas clave, lo cual facilitó que la actualización reglamentaria de la lista se adoptara sin bloqueos significativos en el Parlamento.
El retiro de Panamá de esta lista refleja no solo una mejora sustancial en sus mecanismos de supervisión y control del sistema financiero, sino también un cambio de percepción dentro de la comunidad internacional. A pesar de que ciertos grupos parlamentarios todavía cuestionan la efectividad de la implementación de las leyes en algunos territorios, en el caso panameño ha prevalecido el criterio técnico por encima de las consideraciones políticas. La Comisión ha reiterado su compromiso con una supervisión continua y con el mantenimiento de estándares globales alineados con el GAFI. Se espera que el reglamento delegado entre en vigor de forma automática aproximadamente un mes después de su publicación, siempre que no medie objeción formal por parte del Parlamento Europeo o del Consejo. En este nuevo escenario, Panamá se reposiciona como una jurisdicción comprometida con la transparencia financiera, con consecuencias positivas para su economía, sus relaciones internacionales y su integración en el sistema financiero global.
