Por: Abner Arosemena y Javier Said Acuña
El Consejo de Gabinete de Panamá aprobó el Proyecto de Ley 38-24, que introduce una moratoria para el pago de intereses y recargos derivados de varios impuestos en fase de cobranza administrativa o coactiva. Esta moratoria estará vigente desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2024 y busca proporcionar un alivio a los contribuyentes morosos, tanto personas naturales como jurídicas, permitiéndoles ponerse al día con sus obligaciones fiscales bajo condiciones más favorables.
El objetivo principal de esta moratoria es exonerar a los contribuyentes de los intereses, recargos y sanciones relacionados con impuestos tales como el Impuesto sobre la Renta (ISR), el Impuesto de Inmuebles, el Impuesto de Aviso de Operación, el Impuesto a la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y Prestación de Servicios (ITBMS), el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y la Tasa Única aplicable a las personas jurídicas, siempre que los morosos cancelen el saldo nominal adeudado.
La Dirección General de Ingresos (DGI) ha estimado que la morosidad tributaria asciende a 3,210 millones de balboas, y se espera recuperar entre el 15% y el 18% de este monto durante el período de moratoria. Adicionalmente, en una proyección más conservadora, la DGI ha realizado estimaciones que sugieren que si se logra recuperar solo el 5% de esta cartera morosa, las recaudaciones ascenderían a 160 millones de balboas, mientras que una recuperación del 10% generaría ingresos por 320 millones, y del 20% alcanzaría los 600 millones.
Esta medida está diseñada para facilitar el cumplimiento de los contribuyentes, ofreciendo condiciones más accesibles para saldar sus deudas con el fisco y promoviendo el principio de justicia tributaria. Es importante recalcar que esto no constituye una condonación total de las obligaciones, sino un alivio que exime del pago de recargos e intereses sobre obligaciones vencidas y exigibles.
El proyecto incluye también una disposición especial para los agentes de retención que hayan acumulado deudas por el Impuesto sobre la Renta y el Seguro Educativo hasta junio de 2024, quienes podrán regularizar su situación hasta el 31 de diciembre de 2024.
Una fase crucial para la implementación de esta moratoria será la alineación de las resoluciones, reglamentaciones y formularios, así como las adecuaciones de los sistemas informáticos de la DGI, para asegurar que los contribuyentes puedan acogerse sin mayores complicaciones.
La DGI, en conjunto con el Ministerio de la Presidencia, ha enfatizado que este proyecto no pretende premiar la falta de pago, sino corregir deficiencias en el sistema tributario y brindar mejores condiciones a los contribuyentes para que puedan cumplir con sus responsabilidades fiscales. Al mismo tiempo, se espera que la iniciativa contribuya a mejorar la recaudación fiscal y dinamice la economía, en un contexto donde la morosidad tributaria y las metas de recaudación generan preocupación en el panorama fiscal del país.
Es relevante señalar que este proyecto de ley también incluirá modificaciones al Código de Procedimiento Tributario (CPT), aprobado mediante la Ley 76 de 2019, lo que podría tener implicaciones en la administración de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. Estas modificaciones serán objeto de un análisis más detallado una vez se presente el texto final para discusión en la Asamblea Nacional.
Desde Rivera, Bolívar y Castañedas, estamos atentos a la promulgación oficial de esta Ley. Instamos a los contribuyentes a revisar sus obligaciones tributarias para evaluar la mejor manera de atenderlas y cumplir. Si requieren apoyo para cualquier revisión o consulta en materia tributaria, estamos a su disposición para brindar la asistencia profesional necesaria.
