Reestructuración fiscal y equilibrio presupuestario en Panamá

Introducción

He manifestado la necesidad de revisar nuestra realidad fiscal de manera integral con el objetivo de corregir fallas no solo en los niveles actuales de los tributos nacionales, sino también en las legislaciones que los sostienen desde que se realizó la reforma tributaria en 1997.

Nuestra economía se ha caracterizado por tener un bajo nivel de impuestos y eso ha coadyuvado como elemento de atracción de inversiones, pero ese mismo hecho nos ha convertido en blanco de críticas considerándose a nuestro país un destino de baja imposición fiscal y por ende un Paraíso Fiscal.

Si bien, estas afirmaciones han sido desmentidas hasta la saciedad por profesionales y el gobierno nacional en determinados momentos, no es menos cierto que a pesar de los esfuerzos institucionales por defender nuestro sistema tributario de Renta Territorial y no Mundial, algunas latitudes nos siguen viendo con suspicacia.

Independientemente de estas situaciones, que poco a poco se están superando, nuestra realidad fiscal motiva a señalar que es fundamental hacer ajustes, no porque a otros así les parezca, sino porque nuestro fisco no cubre las necesidades presupuestarias en una proporción importante y su diferencia se plasma en endeudamiento externo.

Transiciones Tributarias

La adhesión de Panamá a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1997 condujo a nuestro gobierno a realizar una serie de concesiones como condición a las negociones posteriores para suscribir ese pacto comercial global.

Estas concesiones se materializaron en disminuciones a los niveles arancelarios establecidos en ese momento y estableciendo unos topes máximos mucho menores en la mayoría de los bienes importados, con excepción de los productos agropecuarios.

Culminada esta negociación y nuestro horizonte arancelario ajustado a la nueva relación comercial global, nuestro gobierno considero prudente hacer ajustes adicionales y dicha frontera se hizo aún menor y más accesible a la producción importada.

Igualmente, para 1997 el gobierno nacional realiza una reforma tributaria y en el Diagnóstico del Sistema Tributario de Panamá (1998) se concluye como conveniente simplificar el sistema en cuestión, con miras a disminuir la cantidad de impuestos, tasas y derechos que permitieran una mejor administración y por ende una recaudación más efectiva.

Los gobiernos siguientes determinaron como prioridad comercial, realizar tratados de libre comercio con socios comerciales importantes, llámese Centro América, México, Taiwán, Singapur, Estados Unidos de América y con la Comunidad Europea entre otros y esas acciones presionaron mucho más nuestro erario público debido a las concesiones arancelarias.

Todo eso condujo, desde el punto de vista fiscal, a una merma en nuestros impuestos de introducción (aranceles), y por ende una reducción de las recaudaciones.

Si bien nuestros aranceles disminuidos generaron una pérdida en tributos, otros argumentarían que el incremento de las importaciones de materia primas y bienes terminados podrían compensar dicha pérdida fiscal, por la vía de la diversidad de bienes y el consumo de los mismos y el pago del resto de los impuestos internos en la cadena comercial.

Por otro lado, se ha favorecido a segmentos salariales con el No Pago del Impuesto Sobre La Renta y con ello se reciente el Erario Público.

Como contrapropuesta, hace unos 12 años se incrementó el ITBMS y compensar un poco la recaudación de tributos en aras de un más robusto erario público.

Realidad Fiscal Actual

Luego de terminada la dictadura militar, los dos (2) primeros gobiernos democráticos hicieron ingentes esfuerzos por sanear las finanzas públicas, en especial la Deuda Externa, y posteriormente gestionar la cosa pública de manera tal que entre 2009-2014 Panamá lograra alcanzar Grado de Inversión, y los beneficios que esto conlleva para la economía nacional.

Pero, el actual gobierno enfrenta desde su llegada una exorbitante Deuda Pública, especialmente la Externa, que hoy el servicio a la misma se eleva a más B/. 5 mil millones, minando las posibilidades presupuestarias actuales y desviando recursos hacia el exterior en detrimento de la solución de necesidades prioritarias para la población.

Paralelo a ello sale a relucir, ante esta realidad fiscal, un elemento que cala mucho en la sociedad y es la llamada Evasión Fiscal y quién se beneficia de ello.

En mi análisis previo a esta evaluación denominado ¿Elusión o Evasión Fiscal?, indicábamos que la evaluación realizada por la Dirección General de Ingresos (DGI) y plasmados en sus boletines tributarios dedicados a este tópico, se daba entender que una gran cantidad de recursos que pudieran ingresar al Tesoro Nacional se diluía en el proceso contable mostrándose muy favorable a las Personas Jurídicas, es decir, al empresariado panameño.

Pero las cifras revisadas no solo exponen al resto de los contribuyentes y los montos que por razones que más adelante explicaremos, no ingresaban al erario público, sino que la DGI no explica una serie de legislaciones que favorecen un cúmulo de exoneraciones que en la práctica dichos valores no ingresan al erario público.

Hicimos referencia a la Brecha Normativa, la cual permite por las legislaciones del momento descontar avales y por ende los tributos serán menores.

Si la norma, luego de una evaluación objetiva por la DGI, no cumple su cometido o la misma es aprovechada por segmentos de la población no contemplados en la misma, su modificación o sanción deben ser consideradas a aplicar.

Si, por otro lado, la Brecha de Cumplimiento muestra excesos en los valores a descontar, estamos frente a una clara violación legal y quedamos frente a la Evasión Fiscal, ante lo cual la DGI tiene pleno derecho para tomar las acciones correspondientes.

Señalamos al principio que los análisis realizados por la DGI en sus Evaluaciones de Gasto Tributario e Incumplimiento, presente en sus boletines oficiales, tienden a afirmar un elevado Grado de Incumplimiento, esto es, montos no declarados cuyos saldos podrían resolver no solo las necesidades de la población con creces, sino también saldar nuestra Deuda Externa sin los sobresaltos financieros actuales.

El cuadro que a continuación presentamos revela cierto nivel de detalles de nuestra realidad legal fiscal que redunda, supuestamente, en beneficios a la sociedad y evaluemos si se requiere hacer ajustes legales o no para mejorar el nivel de recaudación actual.

Estos valores son los sacrificios fiscales que hacen los contribuyentes para sostener estos Incentivos, los cuales se acercan a los B/. 3 mil millones para el período 2019-2023.

Veamos solo dos (2) ejemplos de los contemplados en este cuadro y consideremos si vale o no mantenerlos o si es necesario realizar ajustes que redunden no solo en beneficios a quien recibe este apoyo y a la vez, que sea menos impactado el Erario Público.

El Subsidio a la Energía es el rubro que arroja el mayor saldo y nos preguntamos, ¿Hacia qué sector está dirigido el mismo? ¿Clase popular o Media acorde a los niveles de consumo?

En el caso del Subsidio al Gas Licuado, ¿Hacia qué sector está dirigido el mismo? ¿Segmento popular o Comercial?

Sin esos análisis, la opinión de propios y extraños, generará en una percepción u opinión sesgada de los datos que ofrece la DGI en cuanto a la Brecha de Incumplimiento o como se le pudiera atribuir a una descarada Evasión Fiscal.

Conclusión

Los mayores impactos al Presupuesto General del Estado (PGE) están condicionados, tal cual lo ha expresado el Ministro de Economía y Finanzas, a los ajustes automáticos por Leyes Especiales y en un abultadísimo Servicio a la Deuda.

Si a ello le sumamos los recursos dirigidos a programas sociales y las exoneraciones y subsidios como los del cuadro anterior, sin contar con el resto de los ítems que pueden deducirse legalmente en las declaraciones juradas de rentas, nuestro Tesoro Nacional seguirá en déficit frente a lo que requiere nuestro PGE.

Si el crecimiento económico, por bueno que parezcan los resultados del PIB, no permea a la mayor cantidad de la población, como hasta ahora se ve en las calles con una gran cantidad de personas desempleadas, entonces cualquier mejora será meramente cosmética.

Una revisión integral de todos estos aspectos, es requerida con urgencia. Si no es así, nuestras necesidades seguirán siendo cubiertas con Deuda y el futuro de la sociedad, en especial, los segmentos menos favorecidos, se verá seriamente comprometido.