La carrera por los chips: cómo Corea del Sur prepara a sus jóvenes para la era de la inteligencia artificial

La carrera por los chips

Si quieres entender cómo el auge de la inteligencia artificial está transformando el mercado laboral, vale la pena mirar hacia Corea del Sur. Allí, la industria de los semiconductores no solo está generando grandes inversiones y beneficios empresariales: también está cambiando las aspiraciones profesionales de miles de jóvenes.

En Seúl han comenzado a proliferar academias especializadas que preparan a estudiantes y recién graduados para ingresar a compañías como Samsung Electronics y SK Hynix, dos de los principales fabricantes de semiconductores del mundo. Los programas combinan conocimientos técnicos sobre componentes, diseño y fabricación de chips con análisis de datos, preparación de currículums y entrenamiento para entrevistas laborales.

Uno de estos programas tiene una duración aproximada de tres meses y medio y mantiene jornadas intensivas de formación de lunes a viernes. La competencia para ingresar es considerable, reflejo de una realidad más amplia: cada vez son más los jóvenes surcoreanos que ven en la industria tecnológica una oportunidad de obtener empleos estables, especializados y altamente remunerados.

De la medicina a los semiconductores

Durante décadas, si preguntabas a una familia surcoreana cuál era una de las carreras que ofrecía mayor prestigio y seguridad económica, probablemente la respuesta sería medicina. Hoy, esa percepción está comenzando a cambiar.

El auge de la inteligencia artificial y la creciente demanda mundial de chips han fortalecido enormemente a los grandes fabricantes surcoreanos. Como consecuencia, los programas universitarios especializados en semiconductores —algunos desarrollados directamente en colaboración con Samsung y SK Hynix— están captando una atención que antes estaba reservada para las carreras tradicionales de mayor prestigio.

En el proceso de admisión de 2026, algunos programas vinculados a SK Hynix en importantes universidades surcoreanas registraron incluso mayores tasas de solicitudes que determinadas facultades de medicina. Paralelamente, las solicitudes para estudiar medicina disminuyeron significativamente.

¿Qué está impulsando este cambio? Además de las oportunidades profesionales, existe un poderoso incentivo económico.

Los buenos resultados obtenidos por las empresas de semiconductores gracias a la expansión de la inteligencia artificial han permitido establecer importantes esquemas de reparto de beneficios y bonificaciones para sus trabajadores. De acuerdo con la información publicada, Samsung alcanzó un acuerdo de reparto de beneficios con decenas de miles de trabajadores de su división de semiconductores, mientras que SK Hynix acordó distribuir durante los próximos años una parte de sus beneficios operativos entre sus empleados.

Las habilidades prácticas ganan terreno

El fenómeno tampoco se limita a los ingenieros.

La percepción del trabajo técnico y de producción está cambiando entre los jóvenes y sus familias. Algunos graduados universitarios están incluso optando por puestos especializados dentro de las fábricas de semiconductores debido a las perspectivas de estabilidad y remuneración que ofrece el sector.

Este cambio se produce, además, en un contexto laboral complejo. El desempleo juvenil surcoreano alcanzó un promedio del 7,1 % durante los tres meses terminados en junio de 2026, mientras los jóvenes enfrentan una fuerte competencia por los empleos disponibles en los principales conglomerados empresariales del país.

Ante esta situación, el Gobierno surcoreano también ha anunciado iniciativas destinadas a facilitar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral y promover inversiones en sectores de crecimiento, particularmente aquellos vinculados con la inteligencia artificial y la tecnología.

Para quienes observamos desde otros países, la experiencia de Corea del Sur deja una reflexión importante: la transformación tecnológica no solamente modifica las industrias, sino también la educación, las decisiones profesionales y la manera en que una sociedad entiende el éxito laboral.

¿Una transformación permanente?

Sin embargo, el crecimiento del sector no está exento de riesgos.

Especialistas en educación advierten que los semiconductores siguen perteneciendo a una industria altamente cíclica. El extraordinario atractivo actual de estas carreras está estrechamente relacionado con el buen momento que atraviesan los fabricantes de chips debido al desarrollo de la inteligencia artificial.

Por ello, aunque hoy los programas especializados ganan terreno frente a profesiones tradicionales, permanece abierta una pregunta fundamental: ¿estamos ante un cambio estructural en las preferencias profesionales de los jóvenes o ante una tendencia impulsada por un ciclo extraordinariamente favorable para la industria tecnológica?

Lo cierto es que Corea del Sur ya está preparando a una nueva generación de trabajadores para competir en uno de los sectores más estratégicos de la economía mundial. Y mientras la inteligencia artificial siga aumentando la demanda de capacidad computacional, la carrera por formar especialistas capaces de diseñar, fabricar y perfeccionar los chips que hacen posible esta tecnología continuará intensificándose.

Fuente: Adaptado de Financial Times, “Dentro de las escuelas de formación para la fabricación de chips en Corea del Sur”, por Song Jung-a y Daniel Tudor, publicado el 22 de agosto de 2026.




Recaudación tributaria en Panamá: ¿qué hay detrás del crecimiento de 4.3%?

Recaudación tributaria

Este 18 de agosto de 2026, la Dirección General de Ingresos (DGI) informó que los ingresos tributarios de Panamá alcanzaron aproximadamente B/.3,454.3 millones durante el primer semestre del año, lo que representa un crecimiento de 4.3% frente al mismo período de 2025.

A primera vista, el dato refleja una evolución positiva de la recaudación. Sin embargo, más allá de la cifra global, resulta especialmente relevante analizar cuáles impuestos están explicando ese crecimiento y qué señales puede estar dejando su comportamiento sobre la estructura actual de los ingresos tributarios del país.

Los impuestos indirectos muestran mayor dinamismo

De acuerdo con la información divulgada por la DGI, varios de los incrementos más significativos se concentran en impuestos vinculados al consumo, las importaciones y determinadas transacciones económicas.

El ITBMS sobre ventas registró un crecimiento de 13.3%, mientras que el ITBMS sobre importaciones aumentó 10.8%. Por su parte, el impuesto de inmuebles creció 22.1%, el impuesto de transferencia de bienes inmuebles registró un incremento de 72.4% y el impuesto selectivo al consumo de automóviles aumentó 17.6%.

El comportamiento contrasta con el impuesto sobre la renta de las personas jurídicas, cuyo crecimiento fue de apenas 0.4% durante el mismo período.

La diferencia resulta relevante porque permite advertir que el aumento de la recaudación no se está produciendo de manera uniforme entre las distintas categorías de tributos.

Según el Informe Preliminar de Recaudación correspondiente a junio de 2026, los impuestos indirectos recaudados en efectivo acumularon aproximadamente B/.1,402.8 millones durante el primer semestre, frente a B/.1,255.6 millones en igual período de 2025. Esto supone un aumento cercano al 11.7%.

Los impuestos directos, en cambio, registraron un crecimiento aproximado de 2%.

En términos generales, las cifras sugieren que una parte importante del crecimiento de la recaudación durante el primer semestre de 2026 está siendo impulsada por los impuestos indirectos.

Factores detrás de algunas variaciones relevantes

Más allá del crecimiento general de la recaudación, algunas de las variaciones registradas durante el primer semestre de 2026 pueden estar asociadas a cambios normativos y transformaciones concretas en determinados mercados.

En el caso del impuesto de inmuebles, cuyo crecimiento fue de 22.1%, debe considerarse el vencimiento progresivo de antiguas exoneraciones concedidas sobre mejoras. Panamá utilizó durante décadas este tipo de beneficio como incentivo a la construcción; por ejemplo, el Decreto de Gabinete No. 44 de 1990 concedió exoneraciones de hasta veinte años sobre determinadas mejoras. A medida que estos beneficios llegan a su término, los valores anteriormente exonerados comienzan a incorporarse a la base gravable. A ello se suma la incidencia que tienen regímenes como el Patrimonio Familiar Tributario y la Vivienda Principal, cuya aplicación también afecta directamente el monto efectivamente sujeto al impuesto.

El incremento de 72.4% en el impuesto de transferencia de bienes inmuebles presenta una particularidad adicional. Durante 2025 se mantuvo temporalmente una exoneración aplicable a la primera venta de determinadas viviendas nuevas, cuya vigencia terminó el 31 de diciembre de ese año. Así, el primer semestre de 2026 ya recoge operaciones que anteriormente podían quedar amparadas por dicho beneficio. Aunque no puede atribuirse todo el incremento exclusivamente a su vencimiento, el cambio permite observar con bastante claridad cómo la creación o terminación de un incentivo tributario puede reflejarse rápidamente en las cifras de recaudación.

Por otro lado, el impuesto selectivo al consumo de automóviles aumentó 17.6%, en un contexto de fuerte dinamismo del mercado automotor. Las ventas de vehículos nuevos crecieron durante el primer semestre y, al mismo tiempo, la entrada y expansión de marcas asiáticas, ha ampliado considerablemente la oferta disponible, introduciendo alternativas más competitivas en precio, tecnología y equipamiento. Este escenario puede estar influyendo en las decisiones de consumo de los hogares, especialmente en un momento en que la adquisición de vivienda enfrenta condiciones distintas a las de años anteriores y la oferta residencial ha evolucionado hacia espacios más reducidos en determinados segmentos.

No sería atinado concluir únicamente a partir de estas cifras que los consumidores están sustituyendo la compra de vivienda por la adquisición de vehículos. Sin embargo, la evolución simultánea de ambos mercados sí evidencia que los incentivos fiscales, las condiciones de acceso y los cambios en la oferta pueden modificar las decisiones económicas de las personas y, finalmente, terminar reflejándose en la recaudación tributaria.

El ITBMS y el incentivo de exigir factura

Dentro de este escenario, uno de los datos más interesantes es el comportamiento del ITBMS sobre ventas.

Días antes de divulgar los resultados generales del primer semestre, la propia DGI destacó el aumento observado en la recaudación de este impuesto y vinculó parte de ese desempeño con iniciativas dirigidas a fomentar el cumplimiento voluntario, entre ellas la Lotería Fiscal.

El mecanismo parte de una lógica sencilla, pero relevante desde la perspectiva de administración tributaria: si el consumidor tiene un incentivo para exigir la factura correspondiente a una compra, aumenta también la presión para que el comerciante documente correctamente la operación.

La emisión de la factura permite registrar la transacción, facilita su trazabilidad y reduce los espacios para que determinadas ventas queden fuera de los sistemas de control de la Administración Tributaria.

En ese sentido, la Lotería Fiscal introduce un elemento interesante en la relación tradicional entre contribuyente y Administración: el consumidor pasa a tener un incentivo directo para participar, aunque sea indirectamente, en el proceso de formalización de las operaciones comerciales.

No obstante, sería apresurado atribuir todo el crecimiento observado en la recaudación del ITBMS a una sola medida.

El desempeño de este impuesto también puede estar asociado a una combinación de factores como el comportamiento del consumo interno, el nivel de las importaciones, una mayor actividad económica, los mecanismos de fiscalización implementados por la DGI y los cambios en los niveles de cumplimiento de los contribuyentes.

Por ello, más que establecer una relación automática de causa y efecto, las cifras permiten identificar una tendencia que merece seguimiento durante los próximos meses.

Más recaudación, pero todavía por debajo de la meta presupuestaria

Existe además otro elemento que resulta necesario considerar al interpretar los resultados.

Aunque los ingresos tributarios han aumentado frente al año anterior, la recaudación acumulada continúa por debajo de lo presupuestado para el período.

De acuerdo con el informe correspondiente a junio de 2026, los ingresos tributarios en efectivo alcanzaron aproximadamente B/.3,391.3 millones durante el primer semestre, frente a una meta presupuestaria cercana a B/.3,903.4 millones.

La diferencia es de aproximadamente B/.512 millones.

Esto significa que las dos afirmaciones pueden ser correctas al mismo tiempo: Panamá está recaudando más que durante el mismo período de 2025, pero todavía no ha alcanzado los niveles de ingresos tributarios previstos en el presupuesto para 2026.

Esta distinción es importante porque permite evitar una lectura exclusivamente optimista de las cifras y colocar el resultado dentro de un contexto fiscal más amplio.

¿Qué nos dicen realmente estas cifras?

El dato de crecimiento de 4.3% es relevante, pero probablemente no sea el elemento más interesante de la información publicada por la DGI.

La composición de ese crecimiento ofrece una lectura más profunda.

Durante el primer semestre de 2026, los impuestos indirectos muestran un desempeño considerablemente más dinámico que los impuestos directos. El ITBMS, las importaciones y diversos impuestos vinculados a transacciones económicas presentan incrementos importantes, mientras que el impuesto sobre la renta empresarial prácticamente se mantiene estable en términos comparativos.

Esto abre varias interrogantes que merecen seguimiento.

¿El crecimiento de la recaudación responde principalmente a una mayor actividad económica? ¿Estamos viendo mejores niveles de cumplimiento tributario? ¿Las nuevas herramientas de fiscalización y los incentivos para exigir factura están comenzando a producir resultados medibles?

Probablemente la respuesta no se encuentre en un solo factor.

La evolución de la recaudación durante el segundo semestre permitirá determinar si la tendencia observada hasta junio se mantiene y, particularmente, si el crecimiento de los impuestos indirectos logra reducir la brecha existente frente a las metas presupuestarias.

Más allá de celebrar un aumento porcentual, el reto estará en identificar si Panamá está logrando no solamente recaudar más, sino también mejorar de manera sostenida la eficiencia y el cumplimiento dentro de su sistema tributario.




Cuando la demora administrativa extingue el derecho de cobro: análisis de la resolución N.° TAT-RF-017

apelación

El día 11 de diciembre de 2025, la firma forense, actuando en su calidad de apoderada especial del contribuyente, presentó ante el Tribunal Administrativo Tributario Recurso de Apelación contra la Resolución n.° 201-8939 de 12 de noviembre de 2025, emitida por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas.

Mediante la referida resolución, la Dirección General de Ingresos resolvió mantener en todas sus partes la Resolución n.° 201-4360 de 6 de julio de 2018, mediante la cual se había determinado una obligación tributaria a cargo del contribuyente.

Como fundamento de su decisión, la Administración Tributaria señaló que, mediante carta de citación dirigida al contribuyente en el año 2018, se determinaron supuestas inconsistencias entre lo declarado por este y la información reflejada en los informes de compras correspondientes al período objeto de revisión.

Posteriormente, mediante la Resolución n.° 201-4360 de 6 de julio de 2018, notificada al contribuyente el 10 de septiembre de 2018, la Dirección General de Ingresos exigió el pago de TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES BALBOAS CON 08/100(B/.30,883.08) en concepto de impuesto nominal, más TRES MIL OCHENTA Y OCHO BALBOAS CON 31/100 (B/.3,088.31) en concepto de recargo, para un total de TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN BALBOAS CON 39/100 (B/.33,971.39), correspondiente al ITBMS del período objeto de la controversia.

Por su parte, la apoderada especial del contribuyente alegó que había transcurrido un período superior a siete (7) años desde la presentación del recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución n.° 201-4360 de 6 de julio de 2018 hasta la decisión de dicho recurso, contenida en la Resolución n.° 201-8939 de 12 de noviembre de 2025.

En virtud de lo anterior, sostuvo que correspondía declarar prescrita la obligación de pago exigida por la Administración Tributaria, de conformidad con lo dispuesto en el Parágrafo 18 del artículo 1057-V del Código Fiscal, así como con los criterios establecidos en diversos pronunciamientos de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos, el Fallo de 7 de julio de 1999, dictado dentro del proceso Foto Plaza, S.A. vs. Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, y las Resoluciones n.° TAT-RF-042 de 18 de marzo de 2022, TAT-RF-072 de 27 de octubre de 2023 y TAT-RF-020 de 27 de marzo de 2024, emitidas por el Tribunal Administrativo Tributario.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

El Tribunal Administrativo Tributario señaló que debía resolver la presente causa atendiendo a las normas vigentes al momento de la notificación de la Resolución n.° 201-4360 de 6 de julio de 2018, mediante la cual la Administración Tributaria determinó la obligación a cargo del contribuyente.

Asimismo, consideró pertinente pronunciarse sobre el tiempo transcurrido desde la presentación del recurso de reconsideración interpuesto por el contribuyente contra la referida Resolución n.° 201-4360 de 6 de julio de 2018.

En ese sentido, el Tribunal destacó que dicho recurso de reconsideración fue resuelto más desiete (7) años después de su presentación, mediante la Resolución n.° 201-8939 de 12 de noviembre de 2025, por medio de la cual la Administración Tributaria decidió mantener en todas sus partes la resolución recurrida.

Al respecto, el Tribunal consideró oportuno remitirse a los preceptos contenidos en la Constitución Política de la República de Panamá, particularmente al artículo 18, el cual establece que los servidores públicos son responsables por infracción de la Constitución o de la ley, así como por extralimitación de funciones u omisión en el ejercicio de estas.

Asimismo, el Tribunal advirtió que no debe perderse de vista que la mora en las actuaciones de la Administración Tributaria genera perjuicios no solo al contribuyente, ante la falta de una respuesta oportuna, circunstancia que puede implicar la vulneración de los principios de legalidad, eficacia y seguridad jurídica, sino también a la propia Administración, en tanto se menoscaba el esfuerzo desplegado en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras y recaudadoras.

En atención a lo anterior, y al haber transcurrido el término legal correspondiente sin que la Administración Tributaria ejerciera oportunamente su derecho de cobro, el Tribunal concluyó que la facultad de la Dirección General de Ingresos para exigir el pago de la obligación tributaria se encontraba prescrita.

En consecuencia, el Tribunal consideró que no correspondía realizar un mayor pronunciamiento sobre el particular, toda vez que la finalidad última de la Resolución n.° 201-4360 de 6 de julio de 2018, consistente en el ejercicio del derecho de cobro del tributo determinado, se encontraba prescrita.

PARTE RESOLUTIVA

El Tribunal declaró prescrita la facultad de la Dirección General de Ingresos para cobrar la suma de B/.33,971.39, correspondiente al ITBMS del mes de diciembre de 2014.

En consecuencia, dejó sin efecto las Resoluciones n.° 201-8939 de 12 de noviembre de 2025 y n.° 201-4360 de 6 de julio de 2018, mediante las cuales se había ordenado al contribuyente el pago de dicha suma.

VOTO RAZONADO

MAGISTRADA YARIBETH GONZÁLEZ RAMÍREZ

El voto de la magistrada González señala que, aunque comparte la decisión adoptada en la parte resolutiva de la Resolución n.° TAT-RF-017 de 25 de mayo de 2026, discrepa del criterio expuesto sobre la fecha límite para exigir el cobro del tributo. A su juicio, el término de cinco (5) años con que contaba la Dirección General de Ingresos para exigir el pago del ITBMS se reinició al día siguiente de la notificación de la Resolución n.° 201-4360 de 6 de julio de 2018, realizada el 10 de septiembre de 2018. Por tanto, considera que el plazo inició el 11 de septiembre de 2018y venció el 11 de septiembre de 2023, y no el 10 de septiembre de 2023.

OPINION

Desde mi perspectiva, el criterio del Tribunal resulta importante porque pone de relieve que los principios de seguridad jurídica, eficacia y legalidad también deben ser observados por la Administración Tributaria. No basta con que la Administración determine correctamente una obligación; también debe actuar dentro de los términos que establece la ley para hacer efectivo su cobro.




Etax 2.0: reemplazar o fortalecer y mejorar el programa actual

Etax 2.0

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, en días pasados anunció una serie de medidas, luego de la detección de un esquema irregular dentro de la Dirección General de Ingresos (DGI) que, según explicó, durante años logró evadir los controles establecidos en la institución.

En un mensaje dirigido al país, Chapman calificó lo ocurrido como “inaceptable” y aseguró que las personas responsables de defraudar al Estado tendrán que responder ante la justicia.

El funcionario también salió en defensa de la mayoría de los trabajadores de la DGI y señaló que las acciones de un grupo reducido no pueden afectar la imagen de todos los servidores públicos.

Como parte de las medidas anunciadas, informó que impulsará una transformación tecnológica de la DGI y reemplazará el actual sistema e-Tax por una nueva plataforma digital más robusta.

Chapman explicó que el nuevo sistema permitirá que cada trámite quede registrado y pueda ser rastreado paso a paso.

A mi parecer, la decisión del Gobierno de sustituir el programa existente sería la opción más costosa. En su lugar, considero más conveniente fortalecer y mejorar el programa actual, el cual durante muchos años ha funcionado de manera eficiente y cuenta con un historial consolidado de cada contribuyente. Esto permitiría aprovechar la información y experiencia acumuladas, evitando los costos y riesgos asociados con la implementación de un sistema completamente nuevo.

Para ello, se podrían implementar controles de auditoría y monitoreo de usuarios, así como mecanismos que permitan supervisar el uso del sistema, proteger la información y detectar oportunamente actividades no autorizadas, inconsistencias o posibles errores, mediante alertas, tokens de seguridad y otros mecanismos de control. Algunos ejemplos son:

  1. Control de acceso por usuarios y roles por cargo o evento.
  2. Auditorias que revisen el historial de acciones.
  3. Monitoreo de uso del sistema.
  4. Control de cambios realizados.
  5. Alertas de seguridad que debe llegar a personal autorizado y responsable.
  6. Reportes e informes.
  7. Respaldo de seguridad y recuperación de incidentes.
  8. Bloqueo de usuarios por intentos fallidos de acceso y gestión de cuentas para poder activar o desactivar usuarios.
  9. Manuales de procesos y roles.
  10. Supervisión constante y periódica de auditoría interna y externa.

Estos controles fortalecen la seguridad del sistema, reducen el riesgo de fraude, facilitan las auditorías y mejoran la trazabilidad de todas las operaciones realizadas por los usuarios del sistema incluyendo los contribuyentes.




El SATRAPA de la tierra de los lagos y volcanes

nicaragua

La República de Nicaragua es una tierra maravillosa, conocida como la tierra de lagos y volcanes, o como dice la famosa canción inspirada en su belleza, “es una tierra hermosa y valiente”.  Sin embargo, la historia política de nuestros hermanos nicas o pinoleros, como también se les llama cariñosamente, no ha sido tan afortunada, pues ha estado plagada de sucesos desestabilizantes, antidemocráticos y violentos, tales como dictaduras y otros sucesos puntuales listados abajo. 

Las dictaduras comienzan con la revolución de 1893 de Santos Zelaya, el liberal quien gobernó Nicaragua por 16 años.  Luego ocurrieron las intervenciones estadounidenses en 1912 y en 1916 al entrar en vigencia el Convenio Bryan-Chamorro sobre la opción de edificar un canal interoceánico.  En 1925 hubo intervención de los Marines estadounidenses, quienes lucharon por años contra la guerrilla de Augusto César Sandino.  Se dio la elección de Juan Bautista Sacasa como Presidente y su designación de Anastasio Somoza García como Comandante de la Guardia Nacional, quien posteriormente hizo ejecutar al guerrillero Augusto César Sandino.  En 1937, Anastasio Somoza García es elegido Presidente de la República, implantando una saga dictatorial por más de cuarenta años que generalizó descontento social y rebeliones.  El 21 de septiembre de 1956 Anastasio Somoza García es asesinado por el poeta Rigoberto López Pérez de 27 años.  Continuando con la dinastía Somoza, lo reemplaza su hijo mayor, Luis Somoza Debayle, quien murió el 13 de abril de 1967 a la edad de 44 años.  En 1967, el hijo menor del antiguo dictador Anastacio (Tachito) Somoza Debayle es elegido Presidente y estableció una dictadura apoyada por su mal recordada Guardia Nacional, reprimiendo a toda la oposición.  En el aciago 23 de diciembre de 1972, Managua, la  capital de Nicaragua, fue destruida totalmente por un terremoto que dejó aproximadamente 20,000 fallecidos y cientos de miles de heridos y damnificados.  En los primeros meses de 1978 el líder opositor, editor del Diario La Prensa, Pedro Joaquín Chamorro, es asesinado y Somoza fue acusado de complicidad, lo cual motivó ambiente de violencia que desembocó prácticamente en una guerra civil.  La oposición contra el Somocismo fue liderizada por el grupo guerrillero fundado en 1962, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).  Posteriormente, presionado por los Estados Unidos y otras fuerzas, Anastacio Somoza Debayle renunció a la Presidencia y el 17 de julio de 1979 abandonó el país.  Fue una dinastía de más de 40 años caracterizada por el miedo, la miseria, el hambre y la desnutrición, sin hablar de violaciones de los derechos humanos contra el sufrido pueblo nicaragüense.  Anastasio Somoza Debayle murió el 17 de septiembre de 1980, asesinado en Asunción, Paraguay, donde estaba exilado.

En 1979 los sandinistas designaron un gobierno denominado de Reconstrucción Nacional para dirigir el país.  En 1981 la administración del estadounidense Presidente Ronald Reagan inició un bloqueo económico y financió un grupo armado antisandinista llamado la Contra Nicaraguense, iniciando así otra guerra civil que causó un profundo sufrimiento en el pueblo nicaragüense.  En 1983, el FSLN se constituyó en partido político y el 4 de noviembre de 1984 participaron en las primeras elecciones de la Revolución Sandinista donde Daniel Ortega fue elegido presidente por abrumadora mayoría, avalada por observadores internacionales, la Comunidad Europea y otros países que manifestaron que las elecciones fueron justas y democráticas.  No obstante, el gobierno estadounidense del Presidente Ronald Reagan se negó a reconocer los resultados.  El 25 de febrero de 1990 se realizaron los próximos comicios electorales y Violeta Chamorro de la Alianza Unión Nacional Opositora (UNO), la viuda del líder asesinado Joaquín Chamorro, logra la victoria sobre Daniel Ortega Saavedra.  Se efectuó una transferencia de poder pacífica y la Presidenta Violeta Chamorro gobernó su período completo.

El siguiente torneo electoral presidencial se realizó el 20 de octubre de 1996 con la participación de 21 candidatos presidenciales.  Obtuvo la victoria electoral Arnoldo Alemán, de la Alianza Liberal contra Daniel Ortega Saavedra del FSLN.

El 4 de noviembre de 2001 gana las elecciones presidenciales Enrique Bolaños Geyer, del Partido Liberal Constitucionalista.  En esta oportunidad, Daniel Ortega Saavedra, el eterno candidato presidencial, perdería por tercera vez consecutiva la candidatura.

El 5 de noviembre de 2006 se realizan las siguientes elecciones presidenciales y Daniel Ortega Saavedra del FSLN es elegido Presidente de la República frente a Eduardo Montealegre de la Alianza Liberal Nicaraguense.  La tercera posición la ocupó José Rizo Castellón del Partido Liberal Constitucionalista.  De acuerdo a nuestro criterio, el triunfo de Daniel Ortega Saavedra se debió en parte al divisionismo turbio de las fuerzas liberales.

El siguiente evento electoral presidencial se realizó el domingo, 6 de noviembre de 2016.  Ortega Saavedra con su esposa, Rosario María Murillo Zambrano, fueron elegidos como Presidente y Vicepresidente en el orden dado.  El liberalismo igualmente participó dividido con elPartido Liberal Constitucionalista, el Partido Liberal Independiente, la Alianza Liberal Nicaraguense y otras fuerzas opositoras.

Las últimas elecciones generales de Nicaragua se realizaron el domingo, 7 de noviembre de 2021.  Con estas elecciones, Daniel Ortega Saavedra participaba en ocho elecciones presidenciales seguidas.  En estas elecciones el imperecedero candidato presidencial mantiene el control del Consejo Supremo Electoral según la opinión de muchos.  También muchos piensan que el FSLN se ha infiltrado en otras organizaciones políticas, como el Partido Liberal Constitucional, a través de un supuesto pacto con el FSLN, beneficiando a un alto dirigente quien fue condenado a 20 años de prisión por corrupción y le han dado impunidad.  La Corte Suprema de Justicia no quedó exenta de los comentarios de control por el FSLN.  Sus órdenes de arresto a posibles candidatos presidenciales opositores han opacado la transparencia de sus acciones.  El binomio Ortega-Murillo tienen la clara intención de perpetuarse en el poder per secula seculorum.  Así, tal como se vaticinaba, obtiene la victoria electoral en las elecciones del 7 de noviembre de 2021, logrando, según el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, el 75% de la votación electoral.

La continuidad  del binomio Ortega-Murillo ha evidenciado su verdadera naturaleza de gobierno represor, no sólo por una política de violación descarada de los derechos humanos contra los ciudadanos nicaragüenses, sino también una agresión severa contra la Iglesia Católica, deportando a sus obispos, considerándolos traidores a la patria quitándole la nacionalidad nicaragüense y acusándolos de ser cómplices en un complot apoyado por los Estados Unidos para derrocar al gobierno.

La dictadura llegó hasta a encarcelar a sus propios militares del sandinismo que hicieron un trabajo arduo contra el régimen de Somoza.  Se suman también el encarcelamiento de importantes empresarios nicaragüenses que han sido acusados de conspiración, terrorismo, traición  la patria y de solicitar invasiones militares contra Nicaragua.

Ahora ya la incuestionable esencia de tirano de Daniel Ortega sale a relucir nuevamente al anunciar que en Nicaragua no volverá a celebrarse elecciones democráticas, que en teoría se realizarían el Noviembre de 2027.

El gobierno del autócrata Ortega Saavedra se ha caracterizado por ejercer un régimen de acusaciones de fraude electoral, persecución política y eliminación de rivales para impedir competencia electoral.  Bajo este gobierno, Nicaragua se encuentra sometida a un régimen autoritario que penaliza la disidencia, y que le está negando a los nicaragüenses el derecho al voto democrático porque sabe ya que perdería las elecciones.  Al no convocar al pueblo nicaragüense a las urnas, afianza aún más el autoritarismo dinástico.  El dictador ha sacado al exilio a aproximadamente 950,000 nicaraguenses, a quienes la tiranía sigue persiguiendo y vigilando y pretendiendo la desaparición de la sociedad civil organizada.  La Nicaragua del Sátrapa Ortega abandonó la Organización de Estados Americanos en el Año 2023 y en el 2025 anunció su retirada de otras cinco organizaciones multilaterales y hubo ruptura con UNESCO.

Pensar y recordar que en un principio la juventud, principalmente, depositó sus esperanzas en el movimiento sandinista después de haber sufrido por décadas el autoritarismo dinástico somocista por más de cuatro décadas, nos hace un llamado a las democracias internacionales de aplicar un aislamiento diplomático, sanciones económicas contra los mandos superiores del gobierno déspota y  apoyar a la oposición y a la sociedad civil en el exilio.  Solamente así tendremos una Nicaragua libre!                




Las tarifas del Canal de Panamá alcanzan un máximo histórico debido a que El Niño y la guerra con Irán están paralizando el transporte marítimo.

El descenso del nivel del agua provocado por fenómenos meteorológicos podría limitar los espacios de tránsito a través de un paso marítimo crucial.

Las subastas diarias para obtener un espacio de tránsito a través de las esclusas de uso común del Canal de Panamá promediaron alrededor de 1,1 millones de dólares en lo que va del mes, más de 16 veces el precio promedio del mismo período del año pasado © Martin Bernetti/AFP/Getty Images

Los precios de las rutas marítimas más transitadas del Canal de Panamá han alcanzado un nuevo récord, debido a que el descenso del nivel del agua, vinculado a la intensificación del fenómeno de El Niño, y a la fuerte demanda derivada de la guerra con Irán, están limitando el tráfico.

Las subastas diarias para obtener un espacio de tránsito en agosto a través de las esclusas más utilizadas del canal han promediado alrededor de 1,1 millones de dólares en lo que va del mes, más de 16 veces el precio promedio del mismo período del año pasado. Los precios se han disparado desde que Estados Unidos e Israel iniciaron el bombardeo de Irán el 28 de febrero, lo que provocó el cierre del estrecho de Ormuz.

Al mismo tiempo, un fenómeno de El Niño más intenso, un calentamiento de la superficie del océano Pacífico que puede causar sequías severas y temperaturas invernales más cálidas, comenzó a desarrollarse en junio y podría ser más fuerte de lo habitual este año, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Los precios están subiendo debido a que se prevé que los bajos niveles de agua limiten la cantidad de carga que los buques pueden transportar a través del canal y, potencialmente, reduzcan el número de franjas horarias de paso a finales de este año.

«El problema ahora mismo es que los niveles de agua están bajando de forma constante, y no debería ocurrir así entre mayo y diciembre», declaró Ross Griffith, director de precios de flete para América en Argus. El fenómeno de El Niño de este año ya ha afectado al tráfico marítimo en ríos europeos como el Rin y el Danubio, provocando la cancelación de cruceros y el desvío de mercancías.

Mientras tanto, el cierre del estrecho de Ormuz, punto estratégico por donde fluye una quinta parte del petróleo mundial, ha obligado a los compradores asiáticos a aumentar sus compras de crudo y productos derivados del petróleo en la costa del Golfo de Estados Unidos, impulsando la demanda y los precios del tránsito por el canal de Panamá.

En las últimas semanas, el precio promedio para usar las esclusas más grandes del canal —que permiten el paso de buques de mayor tamaño— alcanzó los 2,5 millones de dólares, el más alto registrado en cualquiera de las subastas, según datos recopilados por Argus.

Los precios de algunas subastas individuales para las esclusas Neopanamax y Panamax han alcanzado los 3,78 millones de dólares y los 2,63 millones de dólares, respectivamente, desde el 28 de julio. Los nombres de las esclusas hacen referencia al tamaño de los buques según su capacidad de carga.

Los grandes armadores que utilizan con frecuencia el Canal de Panamá, como los grandes portacontenedores y las compañías de gas licuado de petróleo, suelen reservar franjas horarias con antelación a precios fijos, generalmente muy inferiores a los precios promedio de las subastas, en lugar de competir por ellas en las subastas diarias. Sin embargo, hasta el 30 % del tráfico total del canal puede competir en las subastas diarias en lugar de reservar franjas horarias con antelación.

El reciente aumento de precios se produce tras la entrada en vigor, en julio, de restricciones por parte de la Autoridad del Canal de Panamá que regulan la altura mínima a la que pueden flotar los buques, lo que se conoce como calado.

La reducción del calado obliga a los buques a transportar menos carga, por lo que flotan más alto. Esto eleva los precios para las navieras y sus clientes, y puede generar largas colas de embarcaciones en la entrada de la vía fluvial de 80 kilómetros de longitud.

Tres restricciones de calado anunciadas el mes pasado para las esclusas Panamax reducirían el nivel del agua en el que puede operar un buque a 47,5 pies para el 3 de septiembre, desde su nivel habitual de 50 pies.

Unos 113 buques esperaban para transitar por el canal el 3 de agosto, ya sea mediante franjas horarias reservadas con antelación o participando en subastas diarias, frente a los 40 del 2 de enero.

Los niveles de agua en el lago artificial Gatún, que alimenta el Canal de Panamá, están por debajo del promedio del período 1965-2022 y se prevé que disminuyan aún más en los próximos meses, según estimaciones de Argus. Si bien los niveles de agua son más altos que en 2023, un año excepcionalmente seco, el descenso previsto es mucho más pronunciado y se produce antes del inicio de la estación seca en diciembre.

«Así que, potencialmente, podríamos tener una situación peor que la de 2023», dijo Griffith.

La Autoridad del Canal de Panamá informó al Financial Times que algunos buques que transitaron recientemente pagaron cantidades superiores a 1 millón de dólares en subasta para satisfacer sus necesidades específicas de mercado, lo que reflejaba «fluctuaciones temporales del mercado» y no una tarifa establecida por el Canal de Panamá.

«Los ajustes anunciados al borrador no reducirán el número de tránsitos diarios de buques», declaró un portavoz de la autoridad. Sin embargo, dependiendo de cómo evolucionen las condiciones, la autoridad podría imponer restricciones adicionales, añadió el portavoz.

Fuente: Este artículo fue publicado el 11 de agosto en el Financial Time por Jamie Smyth y Eva Xiao en Nueva York https://www.ft.com/content/38083cb5-3892-40a1-b90f-102109f96b17?accessToken=zwAAAZ_7i6Y-kc84CDy1OJJAodO5DxAhCflrFw.MEQCICz4SsZVFvvSON-ibskjWRxLEQvx572c_ENoMtGVuGPyAiB-_VLQPKMQF6Kf2ZHgImQIWjuQ9_jvuev0C1vfjXh5Gg&sharetype=gift&token=aa9eade4-7040-49ef-b54b-1608f8cc8073&syn-25a6b1a6=1




Autonomía estratégica o dependencia aliada. El debate que Europa no puede aplazar

Otan EU

Autores: Manuel de la Cámara y Fernando del Pozo
Documento de Opinión IEEE 81/2026 – 13 de julio de 2026

El artículo analiza los cambios políticos y militares que han transformado el entorno de seguridad euroatlántico y plantea la necesidad de que Europa avance hacia una mayor autonomía estratégica. Examina la defensa europea, la Política Común de Seguridad y Defensa de la Unión Europea, su relación con la OTAN, las estructuras de mando, la dimensión nuclear y las alternativas institucionales disponibles para fortalecer la capacidad europea de defensa.

La defensa de Europa

Durante más de 75 años, la OTAN ha constituido la piedra angular de la defensa colectiva de Europa. Su fundamento se encuentra en el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, según el cual un ataque armado contra un aliado se considera un ataque contra todos. La Alianza dispone de estructuras permanentes de mando, planificación militar integrada, fuerzas nacionales y multinacionales y del respaldo de la disuasión nuclear estadounidense.

Sin embargo, los autores consideran que el entorno de seguridad euroatlántico ha cambiado profundamente. Identifican como factores principales la amenaza de Rusia, reflejada en la guerra contra Ucrania, los ataques híbridos, la guerra cibernética, el sabotaje de infraestructuras y las amenazas nucleares; la pérdida de fiabilidad de Estados Unidos como principal aliado europeo, especialmente a raíz de las políticas de la Administración Trump; y la creciente inestabilidad en el sur, derivada de los conflictos en Oriente Medio, Irán, el Golfo Pérsico y el Sahel, que pueden afectar a Europa mediante nuevas presiones migratorias y problemas en el suministro energético, incluido el eventual cierre del estrecho de Ormuz.

Este escenario coloca en primer plano una pregunta fundamental: qué papel debe desempeñar la Unión Europea en su propia defensa y cómo debe relacionarse con la OTAN.

La Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD)

El Tratado de la Unión Europea creó la Política Común de Seguridad y Defensa para proporcionar a la UE capacidad operativa mediante los recursos civiles y militares aportados por sus Estados miembros.

A diferencia de la OTAN, la PCSD se ha orientado principalmente hacia operaciones de gestión de crisis fuera del territorio de la Unión, como misiones de mantenimiento de la paz, asistencia humanitaria, prevención de conflictos y estabilización.

El principal límite es que la seguridad nacional continúa siendo responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro. La defensa territorial corresponde fundamentalmente a los Estados y, para 23 de los 27 miembros de la Unión Europea, también a la OTAN.

La cláusula de asistencia mutua

El artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea establece que, cuando un Estado miembro sea víctima de una agresión armada en su territorio, los demás tienen la obligación de prestarle ayuda y asistencia por todos los medios a su alcance.

Los autores destacan que algunos especialistas consideran esta obligación jurídicamente más fuerte que el artículo 5 de la OTAN, porque este último permite a cada Estado adoptar las medidas que considere necesarias, mientras que el Tratado de la UE habla de utilizar todos los medios disponibles.

La cláusula también debe respetar las políticas particulares de Estados neutrales como Austria, Irlanda y Malta, aunque estos continúan obligados a prestar asistencia.

No obstante, la principal diferencia entre la UE y la OTAN no estaría tanto en el contenido jurídico de sus respectivas cláusulas como en la capacidad militar efectiva para aplicarlas. La OTAN dispone actualmente de una estructura militar integrada que la Unión Europea todavía no posee.

Hacia una defensa común europea

El artículo 42.2 del Tratado de la Unión Europea contempla la posibilidad de avanzar progresivamente hacia una defensa común, siempre que exista una decisión unánime del Consejo Europeo y la aprobación de los Estados conforme a sus respectivos procedimientos constitucionales.

El problema es que Europa todavía carece de las estructuras operativas necesarias para desarrollar de manera independiente una defensa colectiva a gran escala.

Para alcanzar una verdadera autonomía estratégica, los autores consideran necesario reorganizar las estructuras militares de la UE, establecer una estructura europea integrada de mando, disponer de cuarteles generales capaces de planificar y dirigir operaciones, integrar mejor las fuerzas multinacionales existentes y aumentar su nivel de preparación.

También resulta indispensable disponer de capacidades estratégicas propias, incluida defensa antimisiles y otros elementos que actualmente dependen en buena medida de Estados Unidos o de la OTAN.

La conclusión es especialmente clara: Europa no puede reclamar autonomía estratégica mientras continúe dependiendo de capacidades críticas que no controla. Junto con ello, deberá invertir más, invertir mejor y hacerlo de manera conjunta, fortaleciendo simultáneamente su propia industria de defensa.

Vías de acción institucionales

Una modificación de los tratados europeos para crear una defensa común resulta políticamente muy difícil en las actuales circunstancias. Por ello, los autores analizan mecanismos que ya existen y que podrían utilizarse para avanzar sin necesidad de una gran reforma institucional.

Una posibilidad es la cooperación reforzada, que permitiría que un grupo de al menos nueve Estados avanzara en materia de defensa. Otra es potenciar la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO), aunque los autores consideran que podría ser necesaria una especie de PESCO 2.0, menos inclusiva pero más ambiciosa y orientada hacia capacidades y necesidades operativas reales.

También plantean la eventual constitución de una Unión Europea de Defensa mediante un acuerdo intergubernamental, siguiendo un modelo similar al utilizado inicialmente con Schengen. Esta alternativa permitiría incluso integrar a países europeos que no pertenecen a la UE, como Reino Unido, Noruega o Turquía y, eventualmente, Ucrania.

Otra posibilidad es utilizar fórmulas informales como las reuniones del E5, integrado por Francia, Alemania, Italia, Polonia y Reino Unido.

Cooperación UE-OTAN: el pilar europeo

Para los autores, desarrollar una defensa común de la Unión Europea y construir un pilar europeo dentro de la OTAN son dos aspectos de un mismo proceso: lograr que Europa asuma una responsabilidad mucho mayor sobre su propia seguridad.

El objetivo del pilar europeo sería que los aliados europeos dejaran de actuar únicamente como Estados individuales y funcionaran como una unidad estratégica dentro de la OTAN, aportando la mayor parte de las fuerzas convencionales necesarias para defender el continente y desarrollando capacidades militares suficientes para reducir la dependencia estadounidense.

Esto exige avanzar en los compromisos de gasto asumidos en la Cumbre de La Haya de 2025, que contemplan alcanzar para 2035 un gasto equivalente al 5 % del PIB, dividido entre capacidades de defensa e inversiones relacionadas con la seguridad.

Sin embargo, el actual pilar europeo continúa siendo insuficiente. Persisten deficiencias en gasto, preparación de fuerzas, transporte estratégico, inteligencia, vigilancia y reconocimiento, defensa aérea y antimisiles, municiones y cohesión política.

La preocupación central es que Europa continúa dependiendo de capacidades estadounidenses sin tener la certeza absoluta de que estarán disponibles en una futura crisis.

Fuentes de fricción entre la UE y la OTAN

Aunque existen mecanismos de cooperación entre ambas organizaciones, persisten importantes obstáculos.

Uno de ellos es el conflicto entre Chipre y Turquía, que dificulta el intercambio de información y la cooperación institucional. También existe una escasa coordinación entre programas europeos como CARD, PESCO y el Fondo Europeo de Defensa y el sistema de planificación militar de la OTAN, lo que puede provocar duplicidades e ineficiencias.

Otro punto de debate es precisamente la autonomía estratégica europea. Algunos aliados consideran que crear estructuras de mando o estándares europeos paralelos podría perjudicar la interoperabilidad y generar dos cadenas de mando diferentes en situaciones de crisis.

También existen diferencias importantes respecto de la industria europea de defensa. Las políticas de la UE pretenden favorecer la producción europea, mientras algunos aliados externos consideran estas medidas proteccionistas. Los autores recuerdan, no obstante, que aproximadamente el 64 % de las adquisiciones europeas de armamento proceden actualmente de Estados Unidos y que Washington aplica desde hace décadas políticas de preferencia nacional mediante el principio de “Buy American”.

Estructuras de mando en la OTAN

La estructura militar integrada de la OTAN ha distribuido históricamente sus principales responsabilidades entre europeos y estadounidenses. Tradicionalmente, el secretario general es europeo, mientras que el comandante supremo aliado en Europa (SACEUR) ha sido siempre estadounidense.

El artículo plantea la posibilidad de que esta situación cambie progresivamente y que, en el futuro, el puesto de SACEUR pueda ser ocupado por un europeo.

Algunos reajustes ya reflejan una redistribución de responsabilidades dentro de la estructura de mando. Al mismo tiempo, frente a las propuestas de reducir la presencia estadounidense en Europa, el Congreso de Estados Unidos estableció límites mediante la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2026, dificultando una reducción significativa de tropas estadounidenses o el abandono del puesto de SACEUR sin determinadas condiciones.

La dimensión nuclear de la autonomía estratégica

La cuestión nuclear constituye uno de los mayores obstáculos para una autonomía estratégica europea completa.

Rusia dispone de un amplio arsenal nuclear estratégico y táctico. La OTAN se define como una alianza nuclear, pero no posee armas nucleares propias: su principal garantía continúa siendo el arsenal estratégico de Estados Unidos.

Además, aproximadamente un centenar de ojivas nucleares estadounidenses permanecen desplegadas en Europa, aunque los mecanismos para activarlas continúan bajo control estadounidense.

Europa cuenta también con las fuerzas nucleares independientes de Francia y Reino Unido, que poseen aproximadamente 290 y 225 ojivas, respectivamente. Ambas constituyen un importante elemento de disuasión, pero no alcanzan por sí solas la cobertura proporcionada por Estados Unidos.

Francia ha comenzado a mostrar una mayor disposición a integrar su capacidad nuclear dentro de una reflexión sobre la seguridad europea. La cooperación nuclear franco-británica también se ha intensificado. Sin embargo, París continúa reservándose exclusivamente las decisiones sobre el eventual empleo de su arsenal nuclear.

La incertidumbre sobre el compromiso estadounidense plantea así una cuestión fundamental: ¿podrían Francia y Reino Unido garantizar por sí solos una disuasión nuclear europea creíble?

El artículo considera que ambos países poseen una enorme capacidad de destrucción y, por tanto, una capacidad disuasoria considerable. Sin embargo, existe un importante desequilibrio respecto de Rusia, especialmente en armas nucleares tácticas, donde Europa depende prácticamente de las ojivas estadounidenses actualmente desplegadas en el continente.

Conclusiones

La creciente inestabilidad internacional, las guerras en los espacios oriental y meridional de Europa y la incertidumbre sobre la continuidad del compromiso estadounidense hacen que, para los autores, Europa deba desarrollar las fuerzas, capacidades militares y estructuras operativas necesarias para actuar con mayor autonomía estratégica.

Para lograrlo será imprescindible contar con una base industrial y tecnológica europea sólida, acompañada de voluntad política, liderazgo y capacidad financiera. Europa sigue siendo una gran potencia económica y regulatoria, pero continúa dependiendo militarmente de Estados Unidos.

Ese cambio tendrá importantes consecuencias económicas. El incremento del gasto militar, unido a mayores costes energéticos vinculados a los conflictos en Oriente Medio y a la guerra contra Irán, podría aumentar los déficits públicos, la deuda, la inflación y los tipos de interés en las economías europeas. Por ello, los autores insisten en que el desarrollo de nuevas capacidades deberá realizarse con la máxima eficiencia posible.

Los tratados europeos ya contienen mecanismos que podrían conducir hacia una defensa común, pero la dificultad de alcanzar consensos puede impedir avanzar con la rapidez requerida. De ahí que algunos Estados puedan recurrir a fórmulas flexibles o acuerdos intergubernamentales.

Paralelamente, un pilar europeo fortalecido dentro de la OTAN permitiría reequilibrar las responsabilidades dentro de la Alianza, haciendo que Europa asuma la carga principal de su defensa convencional.

El artículo considera indispensable mantener una coordinación estrecha entre la Unión Europea y la OTAN para evitar duplicidades y aprovechar mejor los recursos disponibles, así como mejorar la relación con los aliados europeos que no pertenecen a la UE y, particularmente, reforzar el diálogo y la cooperación con Turquía.

La reflexión final es que Europa ya no puede basar su seguridad en la certeza de que las garantías estadounidenses serán permanentes. Debe estar preparada para proteger sus propios intereses, actuar de forma unida y disponer de los instrumentos políticos, industriales y militares necesarios para hacerlo.

Fuente: Manuel de la Cámara y Fernando del Pozo, Autonomía estratégica o dependencia aliada. El debate que Europa no puede aplazar, Documento de Opinión IEEE 81/2026, Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), 13 de julio de 2026.https://www.defensa.gob.es/documents/2073105/3095923/ieee-2026-autonomia-estrategica-dependencia-aliada-documento-opinion-81.pdf




De Panamá a Universidad de Yale: cuando la perseverancia convierte un sueño en destino

yale

A sus 18 años, Lucas Castillo Degracia demuestra que el talento necesita oportunidades, pero también disciplina, paciencia y la capacidad de levantarse después de cada derrota. Su camino, iniciado en la robótica cuando apenas tenía seis años, lo llevará ahora a una de las universidades más prestigiosas del mundo.

Hay historias que merecen ser contadas no solamente por la magnitud del logro alcanzado, sino por todo lo que ocurrió antes de llegar a él. Historias que recuerdan a nuestros jóvenes que los grandes resultados casi nunca aparecen de un día para otro y que, detrás de una oportunidad extraordinaria, suelen existir años de trabajo silencioso, tropiezos, aprendizaje y perseverancia.

La de Lucas Castillo Degracia es una de esas historias.

Con apenas 18 años, este joven panameño fue admitido en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, con una beca completa valorada en aproximadamente 400 mil dólares. De acuerdo con información divulgada por la Fundación Nacional para el Desarrollo de las STEAM (FUNDESTEAM), Lucas fue además el único panameño admitido en Yale para la promoción académica 2026-2030.

El dato adquiere todavía mayor dimensión cuando se observa el nivel de competencia que enfrentó. Para este ciclo, Yale recibió 54,919 solicitudes internacionales y admitió únicamente a 2,328 estudiantes, lo que representó una tasa general de aceptación de 4.2%; durante la etapa de Decisión Regular, esa proporción descendió a menos del 3%.

Sin embargo, reducir esta historia a una admisión universitaria o al valor económico de una beca sería quedarse solamente con el último capítulo.

Diez años construyendo una oportunidad

Lucas comenzó a participar en competencias locales de robótica a los seis años. Desde entonces transcurrió aproximadamente una década de formación, competencias y experiencias que fueron moldeando no solo sus capacidades técnicas, sino también su carácter.

A lo largo de ese camino consiguió múltiples títulos nacionales en la World Robot Olympiad (WRO) Panamá. El punto culminante de su trayectoria competitiva llegó en 2025, cuando obtuvo el primer lugar en el campeonato mundial FIRST Global Challenge.

Pero quizá la enseñanza más poderosa de su historia no esté en las medallas.

Lucas ha explicado que la robótica le enseñó a trabajar bajo presión, tomar decisiones difíciles mientras el tiempo corre y dirigir equipos hacia un objetivo común. Por encima de todo, aprendió algo que puede ser aplicado a prácticamente cualquier profesión y a cualquier etapa de la vida: no tener miedo de fracasar.

Antes de convertirse en campeón mundial, perdió muchas veces. Fueron necesarios diez años para alcanzar aquella victoria internacional. Para él, precisamente esa persistencia resultó determinante.

Esa confesión convierte su historia en algo mucho más cercano.

Porque los grandes logros suelen mostrarnos la fotografía final: la universidad prestigiosa, la beca, la medalla, el reconocimiento. Rara vez vemos todos los días anteriores. Los entrenamientos. Los errores. Las competencias que no terminaron como se esperaba. Las horas dedicadas a aprender. Las decisiones de continuar cuando habría sido más fácil abandonar.

Lucas nos recuerda que fracasar no necesariamente significa retroceder. En ocasiones significa estar acumulando la experiencia necesaria para el siguiente intento.

La educación que transforma

Su admisión se produjo además en un momento especialmente significativo para la educación científica y tecnológica panameña: a pocos días de celebrarse la XII Olimpiada Nacional de Robótica WRO Panamá 2026, organizada por FUNDESTEAM y Editorial Aprender STEAM.

Por eso, el éxito de Lucas no puede contemplarse únicamente como una conquista individual.

También representa el resultado posible cuando un niño encuentra tempranamente espacios donde desarrollar su curiosidad; cuando existen competencias que lo desafían; cuando maestros, organizaciones y familias comprenden que educar no consiste solamente en transmitir información, sino también en enseñar a resolver problemas, colaborar, experimentar, equivocarse y volver a intentarlo.

La educación STEAM —ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas— encuentra precisamente allí una de sus mayores fortalezas: convierte al estudiante en protagonista de su aprendizaje.

Y Panamá ha venido recorriendo ese camino.

Durante los últimos doce años, las olimpiadas regionales y nacionales de robótica han alcanzado a miles de estudiantes y docentes de centros educativos oficiales y particulares. De acuerdo con la información publicada, este esfuerzo contribuyó a posicionar al país entre los diez mejores del mundo en torneos internacionales de robótica.

Panamá también se convirtió en sede de tres encuentros internacionales de especial relevancia: la World Robot Olympiad 2023, la Intercontinental de Robótica 2025 y el FIRST Global Challenge 2025.

Lucas participó activamente en esos tres escenarios. Aquellas experiencias le permitieron competir, aprender, relacionarse con jóvenes de otras partes del mundo y fortalecer el expediente académico que posteriormente sería evaluado por el comité de admisiones de Yale.

Cuando una oportunidad abre otras cien

Quizás allí se encuentre una de las lecciones más importantes de esta historia.

Cuando un país ofrece oportunidades educativas a sus niños y jóvenes, nunca puede saber con exactitud hasta dónde llegará el efecto de esa inversión.

Una competencia local puede despertar una vocación.

Una primera derrota puede enseñar perseverancia.

Un profesor puede descubrir una habilidad que el propio estudiante todavía desconoce.

Una olimpiada nacional puede convertirse en la antesala de un campeonato internacional.

Y un niño que comienza armando robots a los seis años puede, doce años después, recibir una de las oportunidades académicas más extraordinarias del mundo.

Por eso la historia de Lucas también es una invitación para padres, educadores, instituciones y empresas. Invertir en educación, innovación, ciencia y tecnología es invertir directamente en el potencial humano de Panamá.

Necesitamos más espacios donde nuestros jóvenes puedan descubrir qué son capaces de hacer. Más lugares donde equivocarse sea parte del aprendizaje y no motivo de vergüenza. Más oportunidades para competir, crear, investigar y pensar diferente.

Porque el talento existe. Muchas veces lo que necesita es un escenario donde desarrollarse.

Una victoria que pertenece también a Panamá

El titular puede decir que un panameño ganó una beca cercana a los 400 mil dólares para estudiar en Yale. Y ciertamente es una noticia extraordinaria. La información original, publicada el 6 de agosto de 2026, destacó precisamente el ingreso de Castillo a Yale y el impacto de la educación STEAM en el país.

Pero detrás de esa cifra existe algo quizá más valioso.

Existe un mensaje.

Los jóvenes panameños pueden competir al más alto nivel.

Pueden llegar a los mejores escenarios académicos y científicos del mundo. Pueden liderar equipos internacionales. Pueden ganar campeonatos globales. Pueden transformar las oportunidades educativas que reciben en puertas hacia destinos que alguna vez parecieron inalcanzables.

Lucas resume su experiencia identificándose como una prueba de que la robótica educativa y la formación STEAM pueden transformar vidas, y anima a otros estudiantes a aprovechar esas oportunidades.

Su mensaje merece multiplicarse.

A los jóvenes que hoy están comenzando, especialmente a aquellos que alguna vez han perdido una competencia, recibido una respuesta negativa o sentido que todavía están demasiado lejos de su meta, esta historia les deja una enseñanza sencilla:

No permitan que una derrota decida el final de su historia.

Tal vez todavía falten años. Tal vez sea necesario intentarlo muchas veces. Tal vez haya que cambiar estrategias, estudiar más, pedir ayuda o comenzar nuevamente.

Pero cada experiencia puede estar construyendo algo que todavía no alcanzamos a ver.

Lucas Castillo Degracia tardó diez años en llegar a un campeonato mundial.

Después llegó Yale.

Y posiblemente lo más emocionante de todo sea que, con apenas 18 años, su historia apenas comienza, es demuestra que los talentos abre posibilidades, pero son la perseverancia, la preparación y la capacidad de aprovechar las oportunidades las que pueden convertir esas posibilidades en grandes logros.

La enseñanza que nos deja esta historia, sin embargo, no debe limitarse únicamente al mundo de la robótica. El espectro queda abierto para todos aquellos jóvenes que encuentran su vocación en las ciencias, las artes, la educación, las humanidades, la agricultura, el ambiente, la medicina, la música, la pintura, la danza, los deportes y tantas otras áreas capaces de transformar una vida y aportar al desarrollo del país. La historia de Lucas Castillo Degracia, recogida por La Prensa, nos recuerda que cuando el talento encuentra oportunidades, acompañamiento y perseverancia, puede llegar mucho más lejos de lo imaginado. Su experiencia debe servirnos como una invitación a descubrir, estimular y apoyar las distintas capacidades de nuestros jóvenes, entendiendo que no existe un solo camino hacia la excelencia y que Panamá necesita científicos, artistas, educadores, médicos, agricultores, músicos, investigadores, humanistas y creadores comprometidos con construir un mejor futuro.

Artículo elaborado a partir de la noticia “Gana beca de $400 mil: Panameño que cosechó logros en robótica fue admitido en la Universidad de Yale”, publicada por La Prensa Panamá, de Martha Vanessa Concepción.




¿Capital privado en los bufetes de abogados? Una transformación que podría cambiar el negocio legal

abogados e inversiones

Las grandes firmas estadounidenses comienzan a explorar estructuras que permitirían la entrada de inversionistas externos, mientras la inteligencia artificial y la competencia por el talento presionan al modelo tradicional de los bufetes.

Durante décadas, los grandes bufetes de abogados han operado bajo una premisa prácticamente incuestionable: la firma pertenece a sus abogados.

Ese principio, profundamente arraigado en las normas éticas de la profesión jurídica estadounidense, ha mantenido al sector legal relativamente aislado de una tendencia que ha transformado numerosas industrias durante los últimos años: la entrada del capital privado o private equity.

Pero esa barrera comienza a ser puesta a prueba.

Algunas de las firmas más reconocidas de Estados Unidos, entre ellas Paul Weiss, Quinn Emanuel y Proskauer, han sostenido conversaciones con fondos de capital privado, bancos de inversión o asesores para evaluar mecanismos que permitan obtener capital externo sin entregar directamente a personas que no sean abogados la propiedad de la práctica jurídica. White & Case también estaría estudiando estas estructuras, mientras que McDermott Will & Schulte habría mantenido reuniones con potenciales inversionistas y asesores.

Aunque ninguna de estas conversaciones significa necesariamente que las firmas terminarán concretando una operación, el simple hecho de que algunas de las organizaciones jurídicas más importantes del mundo estén estudiando esta posibilidad constituye una señal relevante sobre la evolución del mercado legal.

La fórmula que podría abrir la puerta: las MSO

El centro de esta discusión está en una estructura conocida como Management Services Organization (MSO) u organización de servicios de gestión.

El modelo consiste, esencialmente, en separar un bufete en dos estructuras.

La primera continúa siendo propiedad de abogados y mantiene exclusivamente la prestación de servicios legales.

La segunda, la MSO, administra determinadas funciones empresariales de la organización, como tecnología, propiedad intelectual, infraestructura y servicios administrativos. Es precisamente en esta segunda entidad donde podría ingresar el capital de inversionistas externos.

La firma jurídica paga a la MSO por los servicios que esta le proporciona.

De esta manera, el inversionista no adquiere directamente una participación en la entidad que ejerce la profesión jurídica, sino en la compañía que administra parte de la plataforma empresarial que sostiene su funcionamiento.

La fórmula no es completamente nueva. Estructuras similares ya han sido utilizadas por inversionistas en sectores sujetos a restricciones profesionales, como servicios médicos y firmas de contabilidad. Sin embargo, su aplicación a las grandes firmas jurídicas podría tener consecuencias mucho más profundas para la industria legal.

¿Por qué una firma de abogados necesitaría capital externo?

La pregunta es especialmente interesante porque los grandes bufetes tradicionalmente han financiado sus operaciones mediante sus propios ingresos y aportes de socios.

Sin embargo, el negocio legal está cambiando.

Las firmas compiten cada vez más agresivamente por abogados capaces de generar grandes volúmenes de negocios; necesitan invertir importantes cantidades de dinero en tecnología y, particularmente, enfrentan el desafío de incorporar inteligencia artificial en sus operaciones.

Todo esto requiere capital.

Una inversión externa podría proporcionar recursos para realizar adquisiciones, desarrollar plataformas tecnológicas, financiar proyectos de inteligencia artificial, expandirse internacionalmente o competir por los profesionales más rentables del mercado.

Precisamente, uno de los asuntos que estaría siendo evaluado por los bufetes estadounidenses es si una estructura MSO podría utilizarse como herramienta dentro de la denominada “guerra por el talento”.

El capital permitiría, por ejemplo, ofrecer participaciones económicas que se consoliden con el tiempo para retener a socios considerados estratégicos o atraer abogados estrella procedentes de firmas competidoras.

Y esa posibilidad toca uno de los puntos más sensibles de la economía de los grandes bufetes: sus socios.

Los “rainmakers” están cambiando el mercado

En el modelo tradicional, una de las principales fortalezas de una firma reside en sus abogados capaces de generar importantes clientes y negocios, conocidos en el mercado estadounidense como rainmakers.

La competencia por estos profesionales se ha intensificado considerablemente.

Si el capital privado permite ofrecer incentivos económicos diferentes a los esquemas tradicionales de participación en utilidades, las firmas respaldadas por inversionistas podrían contar con una nueva herramienta para atraer y retener talento.

Pero lo que constituye una ventaja también podría convertirse en un riesgo.

Algunos socios podrían rechazar la idea de trabajar dentro de una organización respaldada por un fondo de inversión. Esto podría generar movimientos de abogados hacia firmas que mantengan estructuras tradicionales.

El capital privado, por tanto, no necesariamente solucionaría la batalla por el talento. También podría intensificarla.

La pregunta incómoda: ¿quién controla realmente la firma?

Existe además un problema mucho más profundo.

Una firma jurídica no es una compañía tradicional.

Los abogados tienen obligaciones éticas frente a sus clientes y deben preservar su independencia profesional.

Precisamente por eso existen restricciones a la propiedad de firmas jurídicas por personas que no sean abogados.

La llegada de inversionistas introduce inevitablemente nuevas preguntas.

¿Quién decide cuáles inversiones debe realizar la firma?

¿Qué ocurre cuando los objetivos de rentabilidad del inversionista no coinciden con las prioridades profesionales de los abogados?

¿Podría el interés en generar determinados retornos financieros influir indirectamente sobre las decisiones empresariales de la firma?

Algunos líderes jurídicos también temen que estas operaciones puedan interpretarse como una oportunidad para que las generaciones actuales de socios moneticen el valor de la firma mientras trasladan las consecuencias económicas a los socios más jóvenes.

La distribución de beneficios entre generaciones podría convertirse así en uno de los aspectos más delicados de cualquier futura operación.

Incluso el private equity tiene dudas

Curiosamente, las reservas no provienen únicamente de los abogados.

Los propios inversionistas también están evaluando cuidadosamente los riesgos.

Uno de ellos es regulatorio. La utilización de estructuras MSO dentro de grandes firmas jurídicas todavía no ha sido ampliamente probada y podría enfrentar cuestionamientos por parte de autoridades profesionales.

Pero existe otro elemento particularmente interesante: la inteligencia artificial.

Los fondos de inversión analizan no solamente cuánto pueden crecer las firmas jurídicas, sino también cuánto podría cambiar su modelo de negocio como consecuencia de la automatización.

Si determinadas tareas que históricamente requerían grandes equipos de abogados comienzan a realizarse con tecnología, la estructura económica de las firmas podría modificarse sustancialmente.

Paradójicamente, por tanto, la inteligencia artificial aparece en ambos lados de la ecuación: es una de las razones por las cuales las firmas podrían necesitar mayores inversiones y, al mismo tiempo, constituye uno de los riesgos que hacen dudar a potenciales inversionistas.

Diferentes inversionistas, diferentes fórmulas

Tampoco existe un único modelo sobre la mesa.

Burford Capital, conocida principalmente por el financiamiento de litigios, se ha presentado ante grandes firmas como un posible inversionista minoritario que no participaría activamente en la administración.

Fortress Investment Group, por otra parte, habría planteado una alternativa diferente: crear una MSO y utilizarla para obtener financiamiento mediante deuda, en lugar de vender directamente participaciones de capital.

Mientras tanto, New Mountain Capital, que administra aproximadamente US$60.000 millones y cuenta con experiencia aplicando estructuras similares en firmas de contabilidad, también ha estudiado el mercado jurídico. Ejecutivos de Paul Weiss llegaron a reunirse con representantes del grupo, aunque la firma posteriormente indicó que no estaba actualmente persiguiendo una operación de este tipo.

El abanico de posibilidades demuestra que todavía se está definiendo cuál podría ser el modelo financiero adecuado para una industria sometida a reglas profesionales muy diferentes a las de una empresa convencional.

Fuera de Estados Unidos, el movimiento ya comenzó

Mientras las grandes firmas estadounidenses estudian sus opciones, en otros mercados algunas operaciones ya se están materializando.

La firma offshore Mourant anunció la venta de una participación del 27 % a MML, mientras que la boutique británica de derecho deportivo Northridge Law alcanzó un acuerdo con Cordillera Investment Partners.

Appleby, otra conocida firma offshore, también habría estado explorando la posible venta de una participación a inversionistas de capital privado.

Estos precedentes pueden convertirse en laboratorios para determinar hasta qué punto la convivencia entre capital privado y ejercicio profesional puede funcionar.

¿Estamos ante el futuro de los grandes bufetes?

Todavía es demasiado pronto para afirmarlo.

Muchas firmas simplemente están estudiando el modelo y ninguna quiere convertirse en el experimento que demuestre sus debilidades.

Una frase citada por el Financial Times resume perfectamente el sentimiento existente en la industria:

todos están interesados, pero todos quieren ser los segundos.

La afirmación refleja el momento que atraviesa el mercado jurídico: existe curiosidad, existen incentivos económicos importantes y existe capital disponible, pero también permanece un considerable nivel de incertidumbre.

Quizás la pregunta más importante no sea si los fondos de inversión pueden encontrar una estructura jurídicamente viable para ingresar al negocio legal.

La verdadera pregunta es otra:

¿Qué haría un bufete de abogados con ese dinero?

Trisha Rich, abogada de Holland & Knight que trabaja en la estructuración de operaciones MSO, planteó precisamente ese interrogante después de haber conversado con aproximadamente la mitad de las firmas más grandes del ranking Am Law 100.

Su conclusión resulta especialmente relevante: si una firma no puede identificar claramente los beneficios de largo plazo que generará ese capital, probablemente no debería realizar la operación.

Un cambio que merece seguimiento

La posible entrada del capital privado en las grandes firmas jurídicas podría representar mucho más que una nueva fuente de financiamiento.

Podría transformar la propiedad de los negocios legales, la compensación de los socios, la competencia por talento, las inversiones tecnológicas y hasta la forma en que se administra una firma de abogados.

El modelo tradicional no ha desaparecido y las barreras éticas continúan siendo significativas. Pero el debate ya comenzó.

Y cuando firmas como Paul Weiss, Quinn Emanuel, Proskauer, White & Case y McDermott analizan nuevas estructuras financieras, el mercado jurídico internacional tiene razones suficientes para prestar atención.

Porque, después de décadas en que los abogados fueron prácticamente los únicos propietarios posibles del negocio legal, el capital privado finalmente está buscando una puerta de entrada.

Fuente: Financial Times, “Biggest US law firms explore selling stakes to private equity”, publicado el 5 de agosto de 2026, por Stephen Foley, Kaye Wiggins y Suzi Ring.