Mediante la Ley 461 de 13 de febrero de 2025, se autoriza la transferencia de fondos extraordinarios a la Caja de Seguro Social para reforzar parcialmente los costos del Programa de Invalidez Vejez y Muerte correspondiente a la vigencia fiscal del año 2025. 

La transferencia de recursos financieros a la Caja desde el presupuesto asignado a las diferentes dependencias del Estado es por el monto de USD91,620,025.00 millones exclusivamente para cubrir parcialmente los costos de la pensión de los beneficiarios del Programa de Invalidez Vejez y Muerte. 

La nueva Ley 461 establece que la transferencia de los fondos debe pasar primero por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para su aprobación y los fondos destinados no podrán provenir de los destinados a inversión de las diferentes instituciones del Estado.

A este respecto, debemos señalar que el Proyecto de Ley 163 mediante el cual se pretende reformar la Ley 51 de 2005, fue aprobado en primer debate con modificaciones sustanciales al proyecto de Ley que había sido presentado por el Ejecutivo el pasado mes de noviembre de 2024. 

Dentro de las modificaciones introducidas en el primer debate es mantener la edad de jubilación en 57 años para las mujeres y 62 para los varones, lo cual difiere de la propuesta presentada por el Ejecutivo a la Asamblea que contemplaba el aumento de la edad de jubilación de 57 a 60 para las mujeres y de 62 a 65 para los hombres. 

El nuevo sistema reemplazaría al Subsistema de Beneficio Definido y el Subsistema Mixto que operan en la actualidad. Se llamaría Sistema Único de Capitalización Solidaria.

Siguiendo los trámites parlamentarios, el Proyecto, se encuentra pendiente de ser discutido en segundo debate en la Asamblea; sin embargo, los diputados aprobaron como metodología discutir, sustentar y aprobar el Proyecto de Ley 163, que el mismo sea dividido en 3 bloques, correspondiendo al primer bloque que comprende los artículos 2 al 50; el segundo bloque del artículo 51 al 112 y el tercer bloque del artículo 113 al artículo final, incluyendo el artículo 1 correspondiente al glosario.

Lo cierto es que, se requiere de profundas reformas al sistema de seguridad social en nuestro país, orientadas a lograr que el mismo sea sostenible en el tiempo y no un remiendo temporal, ya que desde hace varios lustros estamos debatiendo sobre este tema y no se ha podido encontrar una solución estable.

Por: José Ignacio Piña Rojas

Desde su toma de posesión, el pasado 20 de enero, el presidente Donald Trump se comprometió con su electorado a instrumentar una ambiciosa agenda y a reformar el Gobierno federal, a través de innumerables órdenes ejecutivas, en las que está dando prioridad a temas como la migración, el comercio y la seguridad nacional.

Como parte de su slogan de campaña “Make America Great Again”, Trump intenta en realidad revivir la “Edad Dorada” (Gilded Age) de los Estados Unidos, cuando el presidente de ese país era William McKinley (1897-1901) y cuya administración se caracterizó especialmente por  la imposición de aranceles a las importaciones para proteger la producción estadounidense, así como por la expansión de su territorio, que incluyó la adquisición en esa época de Puerto Rico, Guam, Filipinas y Hawaii.

En el contexto de esta agresiva política, el mandatario norteamericano ha formulado declaraciones provocadoras que van desde adquirir Groenlandia; recuperar el control del Canal de Panamá; convertir a Canadá en el estado 51 de los Estados Unidos, hasta imponer tarifas arancelarias a varios países, entre ellos a México y a Canadá, sus principales socios comerciales, con el argumento de que permiten la migración irregular y el tráfico de drogas por sus respectivas fronteras.

En el caso particular del Canal de Panamá, espacio de gran valor geoestratégico, Trump no ha descartado el uso de la coerción militar o económica para conseguir que Estados Unidos recupere su control ya que lo considera vital para sus intereses económicos y de seguridad nacional.

Dentro de esta misma narrativa disruptiva, el mandatario estadounidense ha realizado diversas afirmaciones a todas luces falsas como el hecho de que esta importante vía interoceánica está controlada por China. Si bien es cierto que la firma hongkonesa “Hutchison Holdings” se ha hecho de concesiones públicas, a través de las cuales ha adquirido instalaciones portuarias en ambas entradas del Canal, tanto en el Pacifico (Puerto de Balboa) como en el Atlántico (Puerto Cristóbal), ello no significa que esté bajo control de los chinos.

Como es de todos conocido, los Tratados Torrijos-Carter, suscritos en septiembre de 1977, no fueron un acto caprichoso, sino el resultado de años de lucha y protesta del pueblo panameño para recuperar la plena soberanía sobre la totalidad de su territorio. Además del Tratado del Canal, mediante el cual la administración de la vía acuática pasó de los Estados Unidos a Panamá, cuyo proceso culminó el 31 de diciembre de 1999, también se suscribió el Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente del Canal, en el que se establecieron diversas obligaciones para que dicha vía interoceánica permanezca en todo momento neutral y abierta al tránsito de naves de todas las naciones sin discriminación alguna. En este instrumento, además del compromiso de Estados Unidos de garantizar su seguridad permanente, se estableció la concesión de dar prioridad de paso a los buques de guerra estadounidenses por el Canal, pero sin que ello implicara la condonación del pago del peaje correspondiente.

Desde su transferencia a Panamá en diciembre de 1999, el Canal ha operado con gran eficiencia y ha significado un gran activo no sólo para la economía panameña, sino para el comercio internacional. Actualmente, se estima que por el Canal de Panamá transita alrededor del 6% del comercio mundial, siendo sus principales usuarios Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur, Chile y México.

De acuerdo con recientes cifras de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), en los últimos 25 años, la vía interoceánica le ha aportado al Tesoro panameño más de 28 mil millones de dólares, monto 15 veces mayor a los 1,878 millones de dólares aportados durante 86 años por la administración norteamericana, entre 1913 y 1999.

Además, desde el año 2000, la administración panameña ha invertido más de 15 mil millones de dólares para mantener, mejorar y modernizar el Canal de Panamá. Lo anterior posibilitó, entre otras acciones, que en 2016 se realizara una importante ampliación del Canal que contempla nuevas esclusas que permiten la navegación de buques más grandes y de mayor capacidad, conocidos como “Neopanamax”.

En el contexto de las amenazas del presidente Trump de recuperar el control de la vía interoceánica, el pasado 2 de febrero, el Secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, realizó una breve visita a Panamá, durante la cual sostuvo reuniones con el presidente José Raúl Mulino y con otras autoridades del gobierno panameño.

Si bien el presidente Mulino reiteró que el Canal seguirá bajo la soberanía panameña, anunció que su gobierno no renovaría el acuerdo de la “Ruta de la Seda” suscrito con China el 17 de noviembre de 2017, a fin de atender las preocupaciones estadounidenses sobre la influencia de esa nación asiática. Inclusive, desde el pasado mes de enero, la Contraloría General de la República inició una auditoría a Panama Ports Company, subsidiaria de la empresa china Hutchison Holdings, que opera desde 1997 los puertos de Balboa y Cristóbal, lo cual ha generado especulaciones de que la administración panameña estaría considerando cancelar la concesión vigente o al menos renegociarla. 

En resumen, parece evidente que las amenazas del presidente Trump hacia Panamá son parte de una estragia para conseguir dos claros objetivos: 1) eliminar la creciente presencia china en el Canal interoceánico y, 2) obtener mayores concesiones de parte del Estado panameño, particularmente en lo que se refiere a los peajes que deben pagar los buques comerciales y militares de los Estados Unidos que transitan por esa importante vía acuática. En 2024, el 52% de los tránsitos del Canal registrararon puertos con origen-destino en Estados Unidos y más del 76% de la carga que transitó por esa vía también tuvo el mismo origen-destino.

Debido a las enormes repercusiones que tendría en el ámbito internacional el uso de la fuerza contra un pequeño país de Centroamérica, dudo mucho que Trump se atreva a utilizar el poderío militar de los Estados Unidos para recuperar el control del Canal de Panamá; sin embargo, está claro que la diplomacia de la imposición del chantaje seguirá prevaleciendo como fórmula para obtener todo aquello que  considere responda a su interés nacional.

 *Diplomático de carrera (en retiro); Ex embajador de México en Panamá en dos períodos distintos (2001-2005 y 2015-2019), Miembro de la Unidad de Estudio y Reflexión de América Latina y el Caribe del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI).

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10 de febrero

• Impuesto Primas Brutas Seguro- Incendio y renovaciones.

15 de febrero

• Declaración Jurada mensual sobre Primas cobradas ( no incluye renovaciones, ni incendio).
• Impuesto primas brutas cobradas ( Aseguradoras).
• Pago de ITBMS (Mensual).
• Declaración de Retenciones de ITBMS Mensual.
• Informe de Ventas con tarjeta de crédito y débito.
• Impuesto Selectivo al Consumo.
• Impuesto de timbre.
• Impuesto sobre Juego de Suerte y Azar.
• Consumo de Combustibles y Derivados del Petróleo (Informe Mensual).

25 de febrero

• Ultimo día para la presentación de las Planillas SIPE.

28 de febrero

• Presentación de Informe de contribuyentes no declarantes.
• Informe de Compras e importación de bienes y servicios. Formulario 43.
• Impuesto de inmueble pago con descuento del 10% de descuento.
• Reporte de la planilla 03 presentar mensual.
• Reporte formulario # 1027 sobre informe de ventas y prestaciones de servicio.
• Informe de recursos minerales no metálicos.
• Último día para pagar la planilla CSS.
• Pago impuesto municipal mensual.

*Nota: En caso de fechas que correspondan a días no hábiles, la DGI tiene facultad discrecional para extender las fechas de pago al siguiente día hábil.

Fuente: CEPAL

Los países de América Latina y el Caribe (ALC) deberían mejorar la recaudación de impuestos, el gasto y la gestión de la deuda pública, así como movilizar más recursos privados para financiar sus ambiciosas agendas de desarrollo, según la edición de 2024 de las Perspectivas económicas de América Latina (LEO): Financiando el Desarrollo Sostenible  .

La 17a edición del informe sostiene que para reducir la brecha de financiamiento sostenible de ALC – estimado en 99 000 millones de USD al año – se debe mejorar la coordinación entre los actores públicos y privados, con ayuda de sus socios internacionales.

Dado el difícil contexto socioeconómico de la región, se necesita un conjunto de reformas de gran alcance. El crecimiento de la productividad sigue siendo escaso: la productividad laboral promedio ascendió a tan solo un 33% de los niveles registrados en la OCDE en 2023, mientras que ese mismo año un 27.3% de la población total de la región vivía en situación de pobreza, el nivel más bajo de las dos últimas décadas. La pobreza extrema, sin embargo, se ha mantenido persistentemente alta, al afectar a una de cada diez (10.6%) personas de América Latina y el Caribe.

Muchos países mantienen una postura estricta en materia de política monetaria, con el fin de mantener bajo control las expectativas sobre la inflación, y están atravesando una fase de consolidación fiscal, tras el descenso considerable del espacio fiscal de la región después de la pandemia del COVID-19. En este contexto, el margen de maniobra para formular políticas económicas expansionistas que respalden la demanda agregada y promuevan la consecución de objetivos sociales es limitado.

El informe identifica las siguientes prioridades para movilizar recursos en favor de un desarrollo sostenible en ALC:

• Mejorar la forma en que se gravan los impuestos. En la mayoría de economías de ALC, los ingresos tributarios son bajos, con un promedio del 21.5% del PIB en 2022, frente al 34% de la OCDE. Además, ajustar la estructura tributaria o potenciar los impuestos existentes podría ayudar a reducir las desigualdades, contribuir a la transición verde, impulsar los resultados en materia de salud y promover el emprendimiento.
• Optimizar la asignación presupuestaria y aumentar la eficiencia del gasto puede liberar recursos adicionales. El gasto público se concentra en el gasto corriente (un 82% en 2023), es cortoplacista y su asignación resulta ineficiente.
• Mejorar la gestión de la deuda a través de marcos fiscales sólidos para mantener la sostenibilidad fiscal. Los países de ALC han visto incrementado su servicio de la deuda desde el 9.8% de los ingresos tributarios en 2012 a un 12.2% en 2022. En la pasada década, en algunos países, el pago de intereses ha llegado inclusive a duplicar el gasto en educación, a triplicar el gasto en salud y a cuadruplicar las inversiones de capital.
• Profundizar los mercados financieros y fomentar la innovación para canalizar más recursos privados hacia los objetivos de desarrollo. En ALC, los sistemas financieros carecen de profundidad, pues el crédito interno al sector privado asciende a un 50% del PIB. Los sistemas financieros siguen excluyendo a algunos grupos vulnerables, entre ellos a las mujeres. Cerca del 15% de los hogares formales tenía acceso a préstamos hipotecarios en 2020, frente a tan solo un 2.3% de los hogares informales.
• Fomentar la transformación de la producción para alcanzar un crecimiento sostenible y promocionar sectores competitivos aumentando la presencia de emisores privados y la liquidez en los mercados de capitales. En la actualidad, los mercados de deuda de la región de ALC se ven impulsados principalmente por el sector público, que representó un 81% de las emisiones locales entre 2015 y 2023. Para reducir esta concentración, las políticas deberían tratar de incrementar la participación de los inversores institucionales, actualizar los marcos regulatorios, mejorar la competencia financiera y reforzar la integración regional.
• Las instituciones financieras de desarrollo (IFD) desempeñan un papel crucial en un mercado financiero que todavía se encuentra en desarrollo. Un 34% de las IFD tienen el mandato específico de promover la inclusión financiera de las micro y las pequeñas y medianas empresas, pero solo un 19% de los instrumentos financieros que proponen abordan la transición verde, la igualdad de género y la transformación digital o la innovación.
• La cooperación internacional es fundamental para movilizar nuevos recursos, entre ellos la Agenda de Inversiones Global Gateway UE-LAC, que moviliza financiamiento a través de asociaciones público-privadas para cubrir las necesidades de infraestructura, además de crear valor agregado local y promover el crecimiento, el empleo y la cohesión social.
• Instrumentos financieros tales como los bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad siguen siendo un mecanismo atractivo, que aumentó del 9.3% del total de emisiones de bonos de ALC en los mercados internacionales en 2020 hasta casi un 35% en 2023. Los bonos para catástrofes, los canjes de deuda por naturaleza y las cláusulas sobre desastres naturales pueden movilizar también inversión pública y privada allí donde más se necesite. La creación de marcos armonizados y mecanismos fiables de seguimiento y supervisión de estos instrumentos debería evitar casos de green washing.
• Por último, la región debería coordinarse para presentar una perspectiva regional propia en la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de las Naciones Unidas (que se celebrará en Sevilla a mediados de 2025).

Un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) destaca cómo el diálogo social puede permitir que los países busquen el desarrollo económico al mismo tiempo que el progreso social, mientras que aseguran transiciones digitales y de baja emisión de carbono que sean justas e inclusivas.

El Informe sobre el Diálogo Social 2024: El diálogo social en el más alto nivel para el desarrollo económico y el progreso social, se centra en el » diálogo social en el más alto nivel» (DSAN): un conjunto de instituciones y procesos en los que los gobiernos, las organizaciones de empleadores y de trabajadores negocian, consultan entre sí e intercambian información sobre asuntos laborales, económicos y sociales a nivel nacional o sectorial.

El informe demuestra que el DSAN puede contribuir al trabajo decente, a una distribución más equitativa de los ingresos laborales y a transiciones digitales y ecológicas justas. También subraya que el respeto a la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva en la legislación y en la práctica son esenciales. Sin embargo, la capacidad del DSAN para moldear los cambios se ve debilitado cuando las políticas socioeconómicas están impulsadas por consideraciones a corto plazo y excluyen a segmentos importantes de la sociedad.

El informe se basa en estudios de caso, datos sobre relaciones laborales, una revisión global de los procesos y resultados del DSAN, y una encuesta de percepción a 71 organizaciones de empleadores y trabajadores en 38 países sobre la efectividad e inclusividad de las instituciones nacionales de diálogo social (INDS).

El informe enfatiza los requisitos esenciales para un DSAN efectivo. En particular, señala que el cumplimiento de los países con la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva ha disminuido en un 7 % entre 2015 y 2022. Esta disminución fue impulsada por un aumento en las violaciones de las libertades civiles fundamentales y los derechos de negociación de empleadores, trabajadores y sus organizaciones representativas.

Las Instituciones Nacionales de Diálogo Social tienen una gran presencia, son relevantes, pero deben ser más inclusivas

El informe revela que las INDS están presentes en el 87 % de los Estados Miembros de la OIT. Tres cuartas partes de los trabajadores y dos tercios de los empleadores las consideran efectivas, pero persisten preocupaciones sobre el seguimiento inadecuado por parte de los gobiernos o las autoridades públicas a los resultados del diálogo social, como destacó la encuesta de percepción realizada para este informe. Otra preocupación es la falta de inclusividad de las INDS y las brechas en relación con las necesidades de grupos subrepresentados, como las mujeres, los jóvenes y los trabajadores y unidades económicas de la economía informal.

Mayor involucramiento de los socios sociales en la formulación de políticas

En muchos países se reconoce la importancia de la participación de las organizaciones de empleadores y trabajadores en el diseño y la gobernanza de las políticas de empleo o los sistemas de protección social. Por ejemplo, más del 30 % de los servicios públicos de empleo incluyen a representantes de empleadores y trabajadores en sus juntas de gestión, mientras que el 25 % de las políticas nacionales de empleo identifican la consulta tripartita como un requisito clave. Aproximadamente el 80 % de los 187 Estados Miembros de la OIT han establecido cuerpos tripartitos de seguridad y salud en el trabajo (SST) de alto nivel, mientras que las reformas de protección social en 65 países han ampliado la cobertura de pensiones, salud y beneficios para los empleados con la participación de los socios sociales.

Instituciones más fuertes de DSAN para abordar la crisis del costo de vida

El informe también revisa el papel de la fijación de salarios mínimos, que involucra a los socios sociales y la negociación colectiva sectorial en la lucha contra la crisis del costo de vida y la promoción de la igualdad salarial. Destaca que, cuando los salarios mínimos nacionales fijados por los gobiernos en consulta con los socios sociales coexisten con salarios mínimos sectoriales determinados mediante negociación colectiva, el DSAN es más efectivo para abordar la alta desigualdad de ingresos laborales.

Fomentar el DSAN para transiciones digitales y verdes justas

La evidencia sugiere que el DSAN fomenta el consenso social sobre la transformación digital y las políticas de descarbonización. Sin embargo, la dependencia del DSAN para gestionar esta doble transición es más frecuente en países con instituciones de diálogo social bien establecidas y donde la penetración digital es más intensa. Una revisión de 118 procesos de diálogo social entre 2022-2023 muestra que alrededor de una cuarta parte abordaron temas relacionados con la doble transición, principalmente en Europa. Una nueva generación de políticas industriales orientadas a la diversificación económica y la transformación estructural, centradas en la doble transición, presenta una ocasión muy oportuna para avanzar en el papel del DSAN en la guía de esta transición.

Un llamado a la acción para desbloquear el poder del DSAN

Para desbloquear completamente la inclusividad y efectividad del DSAN, el informe insta a los países a:

• Respetar los principios y derechos fundamentales en el trabajo, especialmente la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.
• Dotar a las administraciones laborales y a los socios sociales de los recursos y capacidades técnicas necesarios para participar eficazmente en el DSAN.
• Ampliar el alcance de las INDS y los socios sociales hacia los grupos subrepresentados.
• Realizar evaluaciones regulares basadas en evidencia sobre el papel e influencia de las instituciones de DSAN en la toma de decisiones socioeconómicas.

En horas de la mañana de hoy, jueves 2 de enero de 2025, se llevó a cabo la instalación de la segunda legislatura del primer periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional. El presidente de la República, José Raúl Mulino, en medio de sus declaraciones durante este acto, destacó haber solicitado al Ministro de Salud que, en el transcurso del mes de enero, pusiera a disposición de las farmacias un descuento significativo en las 20 medicinas más utilizadas. Según expresó el mandatario, esta medida responde a que «las medicinas están impagables, independientemente de la profundidad del bolsillo».

A continuación, adjuntamos la lista de dichas medicinas.

La encuesta se realizó en agosto de 2024. La muestra y las estimaciones de población se basaron en los Censos de Población y Vivienda de 2010.

El universo de esta encuesta es la población de 15 años en adelante, la cual fue entrevistada mediante la visita a 16,323 viviendas de las cuales 991 estaban ubicadas en comarcas indígenas.

1. El desempleo abierto se incrementó notablemente entre 2023 y 2024, pasando de 121,658 personas en octubre de 2023 a 166,818 personas en octubre de 2024. Este cambio representa un aumento absoluto de 45,160 individuos, reflejando un crecimiento del 37.1% en este indicador.

La tasa de desempleo abierto como proporción de la población económicamente activa subió del 5.8% en 2023 al 7.8% en 2024, afectando principalmente a las mujeres, cuya tasa pasó del 7.7% al 10.5%, mientras que la de los hombres creció del 4.4% al 7.4%.

2. El desempleo oculto, que refleja a aquellos disponibles para trabajar pero que no buscan empleo activamente, también mostró un incremento entre 2023 y 2024. Este pasó de 33,967 personas en 2023 a 35,791 en 2024, un aumento del 5.4%.

• Diferencias de género: Las mujeres representan la mayor proporción de este segmento, pasando de 14,707 personas en 2023 a 16,131 en 2024 (9.7% más), mientras que los hombres aumentaron de 19,260 a 19,660 (2.1%).
• Por áreas: En las zonas rurales, el desempleo oculto creció un 72.8%, pasando de 4,731 personas en 2023 a 8,171 en 2024, mientras que en las zonas urbanas hubo una leve disminución, de 28,292 a 26,769 personas.

3. Las mujeres enfrentan mayores barreras de acceso al mercado laboral. Aunque representan el 42.9% de la población ocupada en 2024, su tasa de desempleo total es significativamente mayor al promedio nacional (12.3% frente al 9.5%).

• Mujeres desocupadas: Pasaron de 83,315 en 2023 a 112,246 en 2024, un incremento del 34.7%.
• Hombres desocupados: Pasaron de 72,310 en 2023 a 90,363 en 2024, equivalente a un aumento del 25%.

3. El desempeño laboral varía significativamente entre regiones urbanas y rurales:

• En las zonas urbanas, la población económicamente activa (PEA) disminuyó de 1,530,550 en 2023 a 1,431,880 en 2024, mientras que la desocupación creció del 8.5% al 11.3%. Este incremento se traduce en 30,507 personas más desocupadas en áreas urbanas.
• En las zonas rurales, aunque la PEA creció levemente del 63.2% al 63.6%, la desocupación aumentó del 5.0% al 6.7%, con 15,538 personas más desocupadas.

4. El empleo informal continúa siendo una característica estructural del mercado laboral panameño. En octubre de 2024, 49.3% de los trabajadores estaban en condiciones de informalidad, una leve subida respecto al 47.4% de 2023.

• En las áreas rurales, la informalidad afecta a más del 70% de los trabajadores, destacando provincias como Darién (69.8%) y la Comarca Ngäbe Buglé (69.6%).
• En términos absolutos, los ocupados informales aumentaron de 1,613,670 en 2023 a 1,566,014 en 2024, es decir, 47,656 personas más en este sector.

5. El desempleo total (abierto y oculto) muestra variaciones significativas por región:

1. Colón es la provincia más afectada, con una tasa de desocupación total del 10.3%, en comparación con el promedio nacional del 9.5%.
2. Chiriquí presenta un fuerte deterioro, con un desempleo total que aumentó del 6.3% en 2023 al 9.0% en 2024, sumando 10,320 desocupados más.
3. Las comarcas indígenas, como Ngäbe Buglé, mantienen niveles elevados de informalidad (69.6%) y baja generación de empleo formal.

6. El análisis histórico evidencia cambios sustanciales en la estructura del mercado laboral:

• Población económicamente activa (PEA): En la última década, la PEA pasó del 64.1% en 2014 al 63.3% en 2024, una leve disminución atribuida al envejecimiento de la población y la migración hacia la informalidad.
• Tasa de desempleo:

  • En 2014, la tasa de desempleo era del 4.8%, marcando uno de los niveles más bajos en décadas.
  • A partir de 2021, con la pandemia, el desempleo aumentó drásticamente al 11.3%, reduciéndose en 2023 al 7.4%, pero con un nuevo repunte al 9.5% en 2024.

Informalidad: Aunque la tasa de informalidad se ha mantenido históricamente alta, los niveles actuales del 49.3% en 2024 representan un retroceso frente al 47.0% registrado en 2014, cuando la economía mostraba mayores avances en la formalización.

Por considerarlo de interés para nuestros lectores, inlcuímos el discurso del presidente argentino, Javier Milei, sobre el libre comercio y su impacto en el MERCOSUR.