En el libro “Buena Economía para Tiempos Difíciles” sus autores y premios Nobel de Economía en 2019 Banerjee y Dulfo, describen una serie de sucesos en diversas latitudes y destacan en sus análisis cómo fueron abordados dichos aspectos permitiendo que sus lectores pudieran extraer las experiencias más propicias y replicarlas dependiendo de las circunstancias y la idiosincrasia del lugar donde se impulsen.

La Corrupción como elemento presente en los ámbitos económico, político e institucional siempre ha estado en boca de muchos y hace un buen tiempo atrás sus tentáculos está mostrando parte del modus operandi en Panamá.

La Corrupción como un Acto Aislado

¿Es la corrupción algo inherente a los Gobiernos o las empresas como entes? O es algo que aparece acorde a las circunstancias y el ser humano, dentro de sus imperfecciones, suele sacarlo a la luz.

El escepticismo que recae sobre los Gobiernos parece ser una obsesión generalizada ya que la mínima gestión gubernamental suele generar mucha suspicacia en un gran porcentaje de la sociedad civil y cuando una investigación judicial suele aparecer, el panameño de a pie suele decir que el hijo de la cocinera es quién pagará los platos rotos y los beneficiarios finales de dicha acción quedarán impunes.

Las voces mejor organizadas de la sociedad civil suelen señalar no solo los casos, sino también los mecanismos que ayudarían mitigar esas acciones con ajustes en las legislaciones respectivas y de no haberlas, proponiendo leyes que castiguen dichos actos.

Para Banerjee y Dulfo, “la idea de que lo único que hace falta para acabar con la corrupción es la voluntad de hacerlo ignora un punto clave sobre el origen de la corrupción y es nuestra habilidad para controlarla”.

Y es que, ante las necesidades de la población y el deber constitucional del Gobierno de atender las mismas, solo el Gobierno debe actuar.

Si, por el contrario, las empresas privadas bajo las figuras de Acuerdos de Participación Privada proponen soluciones para determinados casos que en principio debiera atender el Gobierno, la figura de la corrupción, para el ciudadano común, igual estará presente.

Y como dice el refrán: Palo porque boga y palo porque no boga.

La Bendita Transparencia

Según Banerjee y Dulfo, por la naturaleza del trabajo a realizar por el Gobierno, éste muchas veces impide que los mecanismos del mercado funcionen y por ende combatir la corrupción se torna en una batalla cruda y continua, aun cuando existan las mejores intenciones.

Y es aquí donde surge la Transparencia como parte de la solución, sostienen algunos.

Los iconos de transparencia creados e insertados en las plataformas digitales de todas las entidades, deben ser los depositarios de toda la información que genera la entidad respectiva, especialmente los actos públicos con sus detalles y las planillas, de modo que la ciudadanía tenga la opción de saber, al menos, quienes y en qué se gastan sus impuestos.

Las sanciones incluidas en la ley debieran ser disuasorias para quienes forman parte del proceso de mantener al día las informaciones pertinentes, pero aún así las personas a cargo dilatan o incumplen este proceso.

Por algo existe la solicitud de Habeas Data cuando una entidad, por la razón que esgrima, no muestra o entrega a tiempo determinada información solicitada por la sociedad, pero con este mecanismo también dilata el proceso de entrega.

Casos y Casos

Aún con todo este arsenal de impedimentos legales, la corrupción se las ingenia para aparecer y lucrar a costa de la sociedad y por ello, revisaremos algunos de los actos que en suelo patrio hacen noticias.

Alguno de ellos de vieja data y otros casos muy recientes, dejan al descubierto los mecanismos utilizados para lograr su cometido, a saber:

1. FES-FIS hoy Programa de Ayuda Nacional (PAN): Compra de Comida Deshidratada.
2. Concesión Portuaria- Lesión Patrimonial según las auditorías de la Contraloría General de la República.
3. Lotería Nacional de Beneficencia; a- Libretas en manos de allegados y políticos; b- Chances Clandestinos cuya lesión al Estado se estima en más de B/. 200 millones anuales.

• ODEBRETCH-Coimas por licitaciones en varios gobiernos. Este caso en otras latitudes ha llegado a la justicia por los mismos delitos.

• Respiradores: En Pandemia se pretendió comprar estos equipos a precios más elevados de lo que ofrecía el mercado, lo que llevó a la destitución inmediata a un Viceministro.

• Universidad de Chiriquí (UNACHI)-Nepotismo rampante y sueldos excesivos.

• MEDUCA-Diplomas falsos de docentes. Más de 400 diplomas fraudulentos. Involucra a funcionarios del Ministerio y la investigación se extiende a las entidades que pudieran haber extendido dichos diplomas.

• Descentralización Paralela: Más de US$300 millones en transferencias presupuestarias sin sustento claro en las Juntas Comunales.

• Operación Pandora: Afectación digital del Sistema e-tax de la Dirección General de Ingresos (DGI) en el cual se borraron deudas y se generaron de manera fraudulenta Créditos Fiscales, derivando en detenciones de 17 personas entre funcionarios públicos, civiles, abogados y, sin obviar el destino final de dichos recursos hacia (4) bancos de la plaza comercial local que recibieron los Créditos Fiscales generados por el orden de más de US$ 40 millones, hasta ahora detectados.

Este último caso, con la aparición de bancos de nuestro centro bancario como parte de la trazabilidad de los recursos extraídos de la DGI, nos deja un mal sabor de boca ya que nuestro país, desde hace décadas, lucha contra organismos que a diario nos listan como un país que no colabora internacionalmente con una serie de normativas de conducta para perseguir delitos trascendentes y eso nos pasa factura siempre.

Este listado no deja de lado otros que escapan a mi memoria, incluso alguno que era exclusivo de la esfera privada, pero es una muestra de lo que la corrupción en la economía panameña afecta nuestra reputación como país dificultando la acogida de inversiones extranjeras y que las mismas se realicen bajo las fuerzas del mercado y no bajo la égida de la trampa.

Desde hace más de tres décadas, los ajustes a la Ley de Contrataciones Públicas se han realizado sobre el objetivo de que el proceso de compra a manos del Estado sea los más transparente posible y que los recursos adquiridos con los impuestos del pueblo sean en beneficio del propio pueblo, sin embargo, cada vez que surge una compra bajo la figura de una licitación o cualquiera de los otros mecanismos que permite la ley, la noción de la sociedad es que no se beneficia ella, pero sí algún particular o alguien del Gobierno.

Entonces, si la Ley en sí, cierra los portillos a una posible lesión patrimonial, ¿es la ley el problema o es quién la debe aplicar?

 Reflexiones

Este análisis parte del reconocimiento de que los seres humanos somos infinitamente imperfectos, pero igual tenemos la capacidad de discernir y reconocer los hechos que convencionalmente han sido señalado como buenos o malos.

La corrupción en sí no tiene conciencia de lo bueno y/o lo malo de algo. Pero las personas sí tenemos esa capacidad, por lo tanto, podemos decidir si hacemos las cosas bien o recibimos algo por debajo de la mesa y torcer un proceso que debe ser prístino.

Por lo tanto, la corrupción sale a relucir si nuestro camino, hasta el momento de darle paso a ella, ha estado marcado por seguir el buen ejemplo, a pesar de los réditos que dicho acto pudiera dejar en los bolsillos de alguien.

Lo más triste de ello, es que eventos como los listados, nos muestran al mundo como una economía que favorece la trampa y pagamos los platos rotos, incluso quienes no hemos tenido vela en esos entierros.

La confianza de los consumidores panameños registró un marcado deterioro durante los primeros seis meses de 2026, al descender de 92 puntos en enero a 75 puntos en junio, según los resultados del Índice de Confianza del Consumidor Panameño.

La medición, presentada por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, en conjunto con The Marketing Group, evidencia una caída de 17 puntos y mantiene el indicador por debajo de los 100 puntos, nivel que separa la confianza de la desconfianza entre los consumidores.

Este resultado refleja una percepción cada vez más cautelosa sobre la situación económica del país, las condiciones financieras de los hogares, las posibilidades de ahorro y la evolución del empleo.

Menores posibilidades de ahorro

Uno de los aspectos que más preocupa a los consumidores es su capacidad de ahorrar durante los próximos doce meses.

Este indicador disminuyó de 87 puntos en enero a 70 puntos en junio, lo que representa una reducción de 17 puntos. La cifra muestra que una parte importante de la población considera que tendrá pocas posibilidades de reservar dinero después de cubrir sus gastos habituales.

El debilitamiento de la capacidad de ahorro puede estar relacionado con el aumento del costo de vida, el precio de los combustibles y la incertidumbre económica, factores que obligan a las familias a destinar una mayor proporción de sus ingresos al pago de necesidades básicas.

Aumenta la preocupación por el empleo

Las expectativas relacionadas con el desempleo también mostraron un deterioro. El indicador pasó de 101 puntos en enero a 87 puntos en junio, con una caída de 14 puntos.

Aunque este componente continúa siendo el mejor evaluado dentro del índice, regresó a la zona de desconfianza, lo que refleja una percepción menos favorable sobre el comportamiento del mercado laboral durante los próximos meses.

Al ser consultados sobre la posibilidad de conseguir empleo en los próximos seis meses, el 22 % de los participantes consideró que era muy probable, mientras que el 21 % señaló que era bastante probable.

En contraste, el 16 % manifestó que era poco probable encontrar trabajo y el 26 % consideró que no lograría conseguirlo. El 15 % restante no expresó una opinión definida.

Estos resultados demuestran que, aunque existe un grupo de consumidores que mantiene expectativas positivas, una proporción importante de la población percibe dificultades para acceder a nuevas oportunidades laborales.

Las familias mantienen una visión cautelosa

La percepción sobre la situación económica de los hogares disminuyó de 96 puntos en enero a 79 puntos en junio, lo que representa una reducción de 17 puntos.

Este resultado indica que las familias panameñas mantienen una actitud prudente respecto de sus ingresos, gastos y estabilidad financiera para los próximos doce meses.

Cuando los hogares sienten incertidumbre sobre sus finanzas, suelen reducir los gastos no esenciales, aplazar compras importantes y evitar asumir nuevas obligaciones económicas.

Esta cautela puede influir directamente en el consumo interno y, en consecuencia, en la actividad de los comercios y empresas que dependen de la demanda de bienes y servicios.

Mayor pesimismo sobre la economía nacional

El componente que registró la caída más pronunciada fue el relacionado con la situación económica general del país.

El indicador descendió de 84 puntos en enero a 63 puntos en junio, lo que representa una reducción de 21 puntos.

La cifra refleja un elevado nivel de pesimismo sobre el rumbo de la economía panameña y sobre las posibilidades de que las condiciones económicas mejoren en el corto plazo.

Este resultado puede estar asociado con las preocupaciones sobre el costo de vida, la estabilidad del empleo, el precio de los combustibles y los efectos de factores económicos nacionales e internacionales.

Los cuatro indicadores se encuentran en desconfianza

Los cuatro componentes evaluados —situación económica del hogar, situación económica del país, capacidad de ahorro y expectativas sobre el desempleo— se ubicaron por debajo de los 100 puntos.

En términos generales, el estudio muestra que los consumidores panameños están menos optimistas que a comienzos de 2026 y que observan con preocupación la evolución de la economía.

María Alejandra Cuéllar, CEO y gerente general de The Marketing Group, explicó que el incremento del precio de los combustibles y la incertidumbre generada por factores internos y externos han influido en el comportamiento del índice.

La disminución de la confianza podría llevar a los consumidores a ser más cuidadosos con sus gastos, reducir las compras no prioritarias y postergar decisiones de consumo durante los próximos meses.

La confianza del consumidor es un indicador relevante para conocer el estado de ánimo de la población frente a la economía. Cuando las personas confían en la estabilidad de sus ingresos y en las perspectivas del país, suelen estar más dispuestas a consumir, invertir o adquirir compromisos financieros.

Por el contrario, cuando aumenta la incertidumbre, los hogares tienden a ahorrar cuando pueden, limitar sus gastos y actuar con mayor prudencia.

La caída de 17 puntos registrada durante el primer semestre de 2026 constituye, por tanto, una señal de alerta sobre la percepción económica de los panameños y sobre el posible comportamiento del consumo durante el resto del año.

Fuente: Economía Panamá, con información del Índice de Confianza del Consumidor Panameño elaborado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y The Marketing Group.

Parte II: Sector externo, banca, consumo, vivienda y la ruta de inversión hacia 2030

En la primera entrega de esta serie examinamos una economía que crece, pero que continúa expuesta a fuertes presiones internacionales y a importantes desequilibrios internos. El aumento del petróleo, la inflación concentrada en transporte y alimentos, la debilidad de la inversión y una tasa de desempleo de 10.4 % muestran que el crecimiento de Panamá todavía no se traduce de manera uniforme en bienestar y oportunidades.

Esta segunda entrega retoma ese diagnóstico para analizar la otra cara del panorama: los sectores que mantienen en movimiento la economía panameña y los proyectos que podrían transformar su estructura productiva durante los próximos años.

El Canal de Panamá, la Zona Libre de Colón, las exportaciones, el Aeropuerto Internacional de Tocumen y el sistema bancario continúan ofreciendo señales de solidez. Al mismo tiempo, el consumo se vuelve más cauteloso, el mercado inmobiliario muestra dos realidades distintas y el país apuesta por megaproyectos logísticos, hídricos, energéticos y de movilidad para sostener el crecimiento hacia 2030.

El Canal mantiene su papel como motor económico

El Canal de Panamá presentó resultados favorables durante los primeros meses de 2026. Los ingresos acumulados por peajes aumentaron aproximadamente 8.9 %, mientras los peajes de mayo crecieron 18.6 %.

Las toneladas netas se incrementaron 16.2 % y el volumen de carga aumentó 25.4 %.

Estos resultados reflejan una recuperación del tránsito y una mayor movilización de carga, reafirmando la importancia del Canal dentro de la economía nacional.

El desempeño canalero tiene efectos que se extienden a los servicios marítimos, la logística, el transporte terrestre, los puertos, las actividades comerciales y las finanzas públicas.

Zona Libre de Colón y actividad portuaria

La carga portuaria creció aproximadamente 1.2 %, mientras el movimiento de contenedores aumentó cerca de 0.6 %.

La Zona Libre de Colón mostró un desempeño más dinámico. Su actividad comercial creció 11.5 % y las reexportaciones aumentaron 22.6 %.

Los productos con mayor participación fueron los químicos, la maquinaria, los equipos electrónicos y los textiles.

El resultado confirma que la plataforma logística y comercial continúa siendo una de las principales ventajas competitivas del país. No obstante, el reto es ampliar su capacidad, modernizar su infraestructura e integrar mejor a las empresas nacionales dentro de las cadenas de suministro internacionales.

Exportaciones en crecimiento

Las exportaciones panameñas alcanzaron aproximadamente B/.581.9 millones, con un incremento cercano a 31 %.

Entre los principales productos exportados se encuentran los camarones, el banano, la harina y el aceite de pescado, el azúcar, los medicamentos, el café, la madera y otros productos agroindustriales.

Estados Unidos concentró aproximadamente 18.7 % de las exportaciones. También fueron relevantes Taiwán, la Zona Libre de Colón, India, Costa Rica y los Países Bajos.

Cerca de 64.7 % del comercio se movilizó por vía marítima, lo que confirma la relevancia de la conectividad portuaria y del posicionamiento geográfico panameño.

Tocumen y la conectividad internacional

El Aeropuerto Internacional de Tocumen registró aproximadamente 7.6 millones de pasajeros, un aumento de 15 % respecto del período anterior.

El movimiento de aeronaves creció 12 %, hasta alcanzar 59,351 operaciones, mientras la carga aérea aumentó 10 %, llegando a unas 84,532 toneladas.

Del total de pasajeros, 71 % se encontraba en transferencia, 15 % correspondía a desembarques y 14 % a embarques.

Tocumen mantenía conexiones con 91 destinos internacionales y uno doméstico. Su desempeño fortalece el turismo, el comercio, los servicios y la posición de Panamá como centro regional de conexiones.

Un sistema bancario sólido, pero con poco impulso al crédito productivo interno

El sistema bancario mantiene elevados niveles de liquidez, capitalización y solvencia.

La cartera crediticia neta creció 3.74 %, los activos líquidos netos aumentaron 12.41 %, las inversiones en valores avanzaron 14.14 % y los depósitos crecieron 7.43 %.

La mayor parte del aumento de los depósitos provino de clientes particulares y privados, lo que fortalece la estabilidad estructural del sistema.

Sin embargo, existe una diferencia importante entre el crédito externo y el interno. La cartera externa aumentó aproximadamente 9.71 %, mientras la interna creció apenas 0.34 %.

En el mercado local, los bancos incrementaron los créditos para consumo personal, hipotecas y comercio. En cambio, redujeron el financiamiento destinado a la industria, la construcción y las actividades financieras.

El sistema conserva recursos y liquidez, pero una proporción limitada se canaliza hacia la inversión productiva interna.

Los indicadores bancarios continúan siendo positivos:

• Liquidez aproximada de 56.58 %, frente a un mínimo legal de 30 %.
• Adecuación de capital de 16.04 %.
• Morosidad cercana a 1.47 %.
• Cobertura de cartera de aproximadamente 134.47 %.
• Retorno sobre patrimonio de 15.09 %.
• Margen neto de intermediación de 2.58 %.

La utilidad neta disminuyó alrededor de 3.4 %, principalmente por el aumento de provisiones y gastos de saneamiento. A pesar de ello, el sistema se mantiene solvente, líquido y rentable.

Un consumidor más prudente

Las ventas generales disminuyeron aproximadamente 1.8 % y el volumen vendido cayó 2.1 %. Al mismo tiempo, el número de compradores aumentó cerca de 0.7 %.

Esto significa que más personas están comprando, pero adquieren cantidades menores.

Los supermercados perdieron participación, mientras los minisúperes y las tiendas de conveniencia crecieron. El consumidor favorece establecimientos cercanos, compras pequeñas y operaciones que le permiten controlar mejor su presupuesto.

El nuevo comportamiento se caracteriza por:

• Mayor comparación de precios.
• Compras más frecuentes, pero de menor valor.
• Sustitución de marcas.
• Preferencia por productos básicos.
• Reducción de compras discrecionales.
• Mayor sensibilidad a promociones y descuentos.

El consumo no se ha detenido, pero se ha vuelto más selectivo.

El mercado inmobiliario presenta dos realidades

Durante el primer semestre de 2026 se vendieron aproximadamente 3,648 unidades, por cerca de US$487 millones.

Las unidades comercializadas disminuyeron alrededor de 13 %, pero el capital movilizado aumentó aproximadamente 20 %. En otras palabras, se vendieron menos propiedades, aunque las operaciones fueron de mayor valor.

En la vivienda subsidiada, las unidades vendidas disminuyeron 21 %, el valor de las operaciones cayó en la misma proporción y el inventario disponible se redujo 19 %.

El segmento enfrenta una disminución significativa de proyectos y unidades, lo que puede limitar el acceso a vivienda para los sectores de menores ingresos.

En la vivienda no subsidiada, las unidades vendidas disminuyeron aproximadamente 6 %, pero el valor de las operaciones aumentó 20 %. El inventario disponible se redujo alrededor de 7 %.

La vivienda subsidiada presenta una rotación aproximada de 20.7 meses, frente a 27.6 meses en la vivienda no subsidiada. La primera se vende más rápido, pero dispone de una oferta más reducida.

El documento identifica dos modelos de negocio inmobiliario. El primero se basa en unidades pequeñas, menor valor individual y mayor velocidad de venta. El segundo se concentra en proyectos de mayor valor, con una rotación más lenta, pero ingresos superiores por cada operación.

Megaproyectos para sostener el crecimiento

La estrategia de crecimiento hacia 2030 descansa sobre dos pilares: los megaproyectos de la Autoridad del Canal de Panamá y la expansión de la infraestructura pública mediante inversión estatal y asociaciones público-privadas.

Entre los principales proyectos se encuentran:

• Gasoducto transoceánico, con una inversión aproximada de US$8,000 millones.
• Puertos de Corozal y Telfers, con alrededor de US$2,000 millones.
• Reservorio de Río Indio, con una inversión entre US$1,500 y US$1,600 millones.
• Corredor logístico, con una inversión aproximada de B/.1,782 millones.

Estas iniciativas buscan fortalecer la posición logística, energética e hídrica del país.

Río Indio: infraestructura y compensación social

El proyecto del reservorio de Río Indio no se limita a una obra de infraestructura. También implica un proceso social relacionado con la reubicación y compensación de las comunidades afectadas.

El nivel de confianza de las comunidades aumentó de aproximadamente 26 % en mayo de 2025 a 70 % en febrero de 2026, después de nueve meses de reuniones y más de doscientos encuentros comunitarios e individuales.

El marco de compensación contempla viviendas, terrenos, actividades económicas, condiciones sociales y culturales, infraestructura comunitaria, salud y educación.

El objetivo es que la reubicación no se reduzca a un traslado físico, sino que preserve las condiciones de vida, las relaciones comunitarias y las fuentes de ingreso.

Movilidad, salud, agua y saneamiento

Dentro de los principales proyectos de movilidad se encuentran:

• Línea 3 del Metro, con un avance aproximado de 87 %.
• Cuarto puente sobre el Canal, con un avance cercano a 38 %.
• Ampliación de la Línea 1.
• Teleférico de San Miguelito.
• Línea 2A.
• Tren Panamá-David.

La estrategia también incluye hospitales, policlínicas, centros oncológicos regionales, telemedicina, recetas electrónicas y automatización de farmacias.

En materia de agua y saneamiento se proponen nuevas plantas potabilizadoras, ampliación de redes de distribución, reparación de fugas y modernización de sistemas.

Empleo privado e inversión

La meta planteada es generar aproximadamente 80,000 empleos privados, principalmente en tecnología, agroindustria, turismo, construcción, logística y pequeñas y medianas empresas.

También se propone movilizar cerca de US$1,000 millones mediante organismos como BID Invest y aproximadamente US$250 millones para ampliar la capacidad logística de la Zona Libre de Colón.

La proyección económica se divide en tres etapas:

• 2025-2026: período de transición, con crecimiento entre 4.1 % y 4.4 %.
• 2027: inicio de la ejecución de megaproyectos.
• 2028-2030: etapa de consolidación, con crecimiento entre 4.1 % y 4.7 %.

El objetivo sería movilizar aproximadamente US$15,000 millones y fortalecer la resiliencia logística, energética e hídrica del país.

La ruta hacia 2030

Panamá cuenta con ventajas importantes: el Canal, una plataforma logística internacional, conectividad aérea, un sistema bancario estable y capacidad para atraer inversiones.

Sin embargo, los megaproyectos no producirán automáticamente un desarrollo inclusivo. Su impacto dependerá de la capacidad para generar empleos formales, incorporar proveedores nacionales, formar trabajadores, proteger a las comunidades afectadas y mantener la sostenibilidad fiscal.

La ruta hacia 2030 exige diversificar la matriz energética, fortalecer la capacitación laboral, impulsar la formalización, preservar la inversión pública productiva y gestionar activamente la deuda.

La economía panameña ha demostrado capacidad para resistir choques externos y recuperar sus principales motores. El desafío de los próximos años será convertir esa resiliencia en transformación: pasar de una economía que crece a una economía que distribuye mejor las oportunidades, eleva la productividad y construye bases más sólidas para su futuro.

Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Indicadores y Escenarios Económicos 2026-2030.

El 14 de mayo de 2026, Rivera, Bolívar y Castañedas (RBC) recibió la visita de representantes de la reconocida firma brasileña Gaia Silva Gaede Advogados y autoridades del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (MICI), en un encuentro orientado al fortalecimiento de relaciones estratégicas, cooperación internacional y oportunidades de inversión regional.

La reunión permitió generar un espacio de diálogo de alto nivel sobre el panorama jurídico, económico y comercial entre Panamá, Brasil y Europa, resaltando el papel de Panamá como una plataforma estratégica para la inversión internacional y el desarrollo de operaciones corporativas modernas bajo estándares de transparencia, cumplimiento y buena gobernanza.

Una firma de prestigio internacional

Con más de tres décadas de trayectoria desde su fundación en 1990, Gaia Silva Gaede Advogados se ha consolidado como una de las firmas legales más prestigiosas de Brasil. Mucho más que un bufete de abogados representa un equipo altamente especializado y comprometido con ofrecer asesoramiento jurídico estratégico de primer nivel, enfocado en comprender profundamente las necesidades de sus clientes y brindar soluciones eficientes e innovadoras para diversos sectores económicos.

Actualmente, la firma cuenta con cerca de 400 profesionales y un sólido board conformado por 55 socios, preparados para atender complejas demandas legales tanto en Brasil como en mercados internacionales. Su presencia estratégica se extiende a importantes capitales brasileñas como São Paulo, Río de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte y Brasilia, además de contar con oficinas en Madrid, España, uno de los principales centros financieros de Europa.

La apertura de su sede en España responde a una visión global orientada a fortalecer el acompañamiento legal de clientes vinculados a operaciones comerciales entre Brasil y la Unión Europea, tomando en consideración que España representa uno de los principales inversionistas extranjeros en Brasil.

Especialización y visión empresarial

Durante la visita se destacó la amplia experiencia de Gaia Silva Gaede en áreas estratégicas del derecho moderno, entre ellas:

• Planificación Patrimonial
• Gobernanza Corporativa y Compliance
• Derecho Laboral
• Derecho Regulatorio
• Derecho Digital
• Sostenibilidad
• Derecho Corporativo
• Derecho Cooperativo

Asimismo, su experiencia se desarrolla en sectores clave de la denominada industria 4.0, incluyendo agroindustria, energía, construcción, finanzas, minería, petróleo y gas, salud y farmacéutica, seguros, telecomunicaciones, tecnología e innovación, comercio electrónico, transporte y navegación, entre otros.

Entre los servicios internacionales que ofrecen desde Europa destacan las operaciones relacionadas con Mercado de Capitales e IPOs (Ofertas Públicas Iniciales), fortaleciendo su capacidad de acompañar a empresas en procesos de expansión, financiamiento e inversión internacional.

Panamá como centro estratégico de inversión

La jornada contó también con la valiosa participación de representantes del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (MICI). Estuvieron presentes la licenciada Jeannette Díaz Granados, Directora General de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM), y el licenciado Eric Dormoi, Director Nacional de Promoción de Exportaciones.

Durante el encuentro, los presentes intercambiaron perspectivas sobre el crecimiento sostenido del sector exportador panameño y las ventajas competitivas que ofrece Panamá como centro logístico, financiero y corporativo para el establecimiento de operaciones multinacionales y el desarrollo de negocios internacionales.

La conversación permitió profundizar en las oportunidades que brindan los regímenes especiales SEM y EMA, los cuales continúan fortaleciendo el posicionamiento de Panamá como un destino atractivo para la inversión extranjera, gracias a su estabilidad económica, incentivos competitivos y un marco de seguridad jurídica sostenible en el tiempo.

Asimismo, se abordaron posibles sinergias entre el sector legal y empresarial internacional, destacando la importancia del intercambio de conocimientos, la estructuración de operaciones modernas y el fortalecimiento de relaciones estratégicas entre Panamá y Brasil en un entorno alineado con principios de legalidad, cumplimiento y buena gobernanza corporativa.

Un encuentro que fortalece alianzas

Para Rivera, Bolívar y Castañedas, fue un verdadero privilegio recibir a una firma de tan alto prestigio internacional y compartir este espacio junto a representantes del MICI. Este encuentro reafirma el compromiso de RBC con la excelencia jurídica, la internacionalización de los servicios legales y la construcción de alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo empresarial y económico de la región.

Más allá de una visita institucional, esta reunión representó un importante intercambio de experiencias, perspectivas y visión de futuro sobre el papel que desempeñan Panamá y Brasil en la dinámica de los mercados internacionales y la transformación del entorno corporativo global.

Dato de interés

¿Qué es una IPO?

Una IPO (Oferta Pública Inicial) es el proceso mediante el cual una empresa privada ofrece acciones al público por primera vez para cotizar en bolsa, convirtiéndose en una empresa pública y permitiéndole obtener financiamiento para su crecimiento y expansión.

Introducción

Los primeros reportes del año en cuanto a las expectativas de crecimiento de las economías, tanto en Panamá como en otras latitudes, muestran informes disímiles entre unas y otras.

Los organismos internacionales como la CEPAL, el Banco Mundial, el FMI y los análisis que resalten en el Foro de Davos y del Foro Económico-CAF en Panamá, estarán dictando la pauta sobre cuál podría ser el desempeño de las economías en el orbe este 2026.

Mientras esos reportes salen a la luz, acá en Panamá debemos sortear los vaivenes diarios, ya que, para muchos la economía familiar no mejora.

Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía señala que “preocupa que la globalización esté produciendo países ricos con población pobre”, tal cual develé en mis últimas dos entregas y es por esta razón que los países deben atraer inversiones que diversifiquen la vida económica y con ello los gobiernos mejorar las condiciones de la sociedad.

Antecedentes Económicos y Legales

Harto es conocido el cuadro económico que el actual gobierno recibió hace año y medio y la suerte que han corrido algunas inversiones que de seguro ayudarían a darle la vuelta a los problemas que nos aquejan.

El Tesoro Nacional, a pesar de que la economía ha estado creciendo, no se corresponde con los resultados fiscales.

Las inversiones y el efecto multiplicador deben generar los resultados esperados como más empleo, más ingresos para la población y más impuestos, entre otros.

Es aquí donde entra al debate público uno de los proyectos que de seguro potenciaría, una vez más, la economía panameña como lo es la Mina de Cobre en el Distrito de Donoso.

Por un lado, el Gobierno Nacional adelanta una serie de informes sobre el estado de la Mina de Cobre y su posibilidad para seguir operando y generar con ello una dinamización del área de influencia y, por ende, de la región central del país.

Importantes serán también tanto el operador como la figura administrativa que regirán de reiniciar operaciones la mina.

Y, por otro lado, los detractores de inversiones como ésta que salieron a relucir en el 2023 y el resultado de sus acciones conllevó a la Corte Suprema de Justicia a declarar el contrato que amparaba esa inversión como inconstitucional, quienes una vez más sacan a relucir lo maquiavélico de emprender acciones de reactivación de la mina.

Todo ello sin contar con las demandas que hoy día están interponiendo sendos abogados por las faltas que el proyecto minero en su momento cometió, y que se unen al coro pesimista de inversiones extractivas.

Es importante recordar que una cosa fue el fallo judicial declarando inconstitucional el contrato que amparó la explotación del yacimiento y otra cosa es negar inversiones que mejoren el nivel de vida de la población, incluyendo las actividades de extracción, que por cierto la legislación vigente permite.

De Encuestas y Resultados

Ante esta disyuntiva, una encuesta reciente muestra, según sus estimaciones, que la sociedad panameña se opone a la Minería en Panamá.

La encuesta revela que el 64.9% de la población panameña objeta la Minería como herramienta para mejorar la economía y solo el 29.9% considera como buena dicha actividad.

¿Saben los lectores y opositores a la minería en qué consisten actividades como éstas?

Para conocimiento del público en general, las actividades extractivas según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) incluyen la Extracción de Petróleo y Gas, Carbón de Piedra, Gas Natural, Minerales de Hierro, Minerales No Ferrosos, Piedra, Arena y Arcilla, Canteras, Sal, entre otras.

De apegarme a esa lista de actividades extractivas, ese 64.9% que se opone a la minería ¿se opondrá al resto de estas actividades ya que algunas de ellas forman parte del entramado empresarial panameño como las canteras, la extracción de Arena de mar y ríos, molienda de piedra y arcilla?

Según los resultados, la encuestadora afirma que existe un RECHAZO que no es Coyuntural, sino ESTRUCTURAL a las actividades mineras.

Quisiera saber qué elementos existen en la encuesta, para afirmar que el Rechazo a la Minería es una cuestión de carácter Estructural o simplemente es la opinión de la empresa encuestadora sobre alguna base que no se devela en la encuesta.

Según los encuestados, Panamá debe priorizar en los temas que se muestran en el siguiente cuadro.

Las respuestas en cuestión dan lugar a analizar algunas cosas:

La primera y cuarta respuesta agrupan un 52.8% (40.3% y 12.5%) de los encuestados que se oponen al desarrollo minero en el país, y como dice un grupo, aun así, se afecte la economía.

El 20.9% considera que debe haber Equilibrio Económico y Protección Ambiental, lo cual deja entrever que no necesariamente haya oposición a la minería si existen mecanismos que garanticen la protección al ambiente.

En otra de las respuestas, el 18.7% de los encuestados señalan que puede darse Crecimiento Económico con Controles Ambientales respuesta similar a la anterior respuesta, por lo cual, desde mi apreciación de los resultados de la encuesta, un 39.6% daría lugar a que la minería sea desarrollada, 10 puntos más que la respuesta a la primera pregunta donde se mostraba apoyo a la minería de solo el 29.9%.

Si confronto estos resultados con la primera pregunta, no veo que exista una oposición a la minería del 64.9%, sino de un 52.8%, un 12.1% menos.

Otra de las respuestas que llaman la atención es cuando el encuestado considera que los Costos Ambientales y Sociales superan los beneficios que generaría la Minería.

Y pregunto, ¿qué nivel de conocimiento técnico tienen los encuestados para afirmar que los Costos Ambientales y Sociales superan los beneficios probados de esta actividad extractiva?

No veo cálculos de ninguna clase que avalen estas respuestas, solo opiniones.

Las oposiciones a esto siempre han sido de carácter emocional por una parte y de otra, simplemente por ignorancia, pero es más preocupante cuando personas impulsen acciones contra inversiones de este tipo utilizando argumentos con sesgos ideológicos y además utilizando acciones que nada tienen que ver con la mina, para levantar polvo y frenar discusiones realistas sobre las bondades o no de inversiones como éstas.

Veamos algunos ejemplos de este tipo de argumentaciones:

1. “Mientras el clientelismo minero siga repartiendo jamones que saben a rendición seguiremos perdiendo bosques que saben a futuro”. (Artículo en La Estrella de Panamá).

Según este escrito la entrega de jamones es producto de una estrategia corporativa de la empresa inversora en la mina.

Triste es vincular la entrega de jamones para época de navidad, actividad que políticos y el gobierno nacional realizan muchos años antes de realizarse la inversión minera en Panamá.

2-Segùn el escrito en cuestión, la “dignidad de las personas que defienden el derecho ambiental” ha sido atacada. Pero al igual que ellos podemos afirmar que quienes también tenemos derecho a opinar y apoyar las inversiones mineras hemos sido atacados por tener criterio contrario.

Calificar de clientelistas a quienes con argumentos y cálculos que consideramos viables con los controles respectivos, una inversión que ha generado mejoras sustanciales, no es lo mismo que atacar la dignidad de quienes se oponen a la minería.

3-El escrito en cuestión también afirma que “la entrega de Becas por gerentes de sostenibilidad”, es otro de los mecanismos utilizados para favorecer la reapertura minera.

Por si no lo sabía, la entrega de becas por el gobierno nacional data de muchos años antes de la inversión en la mina de cobre. Igualmente, es conocido que la empresa minera capacitó a personal panameño en varias áreas, conocimiento que hoy día le ha permitido a ese mismo personal panameño impartirlo en otro país, donde su conocimiento favorece una explotación similar a la panameña.

Dejo solo estos tres comentarios o argumentos, hay otros más, como prueba de quien se opone a una inversión que, a pesar de las afectaciones lógicas de una inversión de estas características, dio lugar a una mejora sustancial a la región central del país.

El escrito en cuestión, independientemente de estos comentarios, deja entrever posibles “alternativas reales” al mejoramiento de la economía, si la inversión minera no se diera.

Analicemos algunas de ellas y consideremos si las mismas pueden sustituir una inversión de más del doble de lo que costó la ampliación del Canal de Panamá, a saber:

1. Plan Maestro de Turismo Sostenible 2023-2028, según el cual potencialmente pueden generarse 35,000 empleos permanentes y no temporales como la minería.

• Agroforesterìa y Cacao Fino con posibilidades de generar 12 mil fincas familiares que generarían potencialmente entre B/.8 mil y B/. 12 mil por hectárea.
• Energías Renovables: Generación de 5,000 técnicos en energía solar.

Interesantes números arrojan estas alternativas a la inversión en la mina, sin embargo, el término que todo esto muestra es que dichas alternativas se presentan como Potenciales, y una cosa son valores potenciales y otra son los números reales que una inversión muestra al llevarse a la realidad.

Si son tan factibles estas alternativas, ¿cuántas de ellas han sido llevadas a la vida real luego del cierre de la mina?

Una cosa son los planes y objetivos fijados, pero cómo lograr los mismos es otra cosa.

Los estudios de factibilidad pueden dar fe que el mercado acoge estas alternativas como mejores que lo que la explotación minera ofrece.

¿Hay estudios de factibilidad? O, es que se espera que sea el gobierno que apoye las mismas con fondos públicos para que alguna de esas alternativas se haga realidad.

¿Que universidad está en capacidad de formar técnicos en energía solar y si los mismos podrían ser absorbidos por el mercado laboral?

Esta opción es muy parecida a formar especialistas como los abogados o médicos de los cuales unos sobran y otros faltan para cubrir las necesidades de la población panameña.

Frente a las alternativas expuestas, dejaré por aquí, algunos de los beneficios reales y no potenciales que aportó la Mina de Cobre mientras operaba:

1. 40,000 empleos entre directos e indirectos.
2. Salarios más elevados que el Salario Mínimo.
3. Capacitación especializada del personal panameño.
4. 4.5% del Producto Interno Bruto.
5. Incremento generalizado de la actividad económica en la Región Central del País.
6. Incremento y diversificación de las Exportaciones.
7. Generación de negocios y compra a proveedores nacionales.
8. Pago de impuestos nacionales.
9. Construcción de una Carretera
10. Construcción de un Puerto.
11. Construcción de una Central de Energía
12. Reforestación del área impactada y otras fuera de los límites de la mina. (Según el contrato minero declarado inconstitucional, el compromiso era la reforestación de la huella impactado y otras áreas del país deforestadas por otras actividades no mineras.

Como se observa, una cosa son cifras reales, medibles y cuantificables y otra son las potencialidades que ofrecen acciones alternas.

Otra de las preguntas de la encuesta busca a conocer la opinión del encuestado respecto a sí la economía mejoraría con la reapertura de la mina y un 58.3% considera que No Mejoraría.

Si los efectos de derrame o aportes de la Mina de Cobre a la Economía antes listados, son desconocidos por este 58.3% de encuestados, cómo este gran porcentaje puede opinar sobre algo que desconoce y obviar los aportes de esta actividad al PIB mientras estuvo operando.

¿Si una inversión que fue un poco más del doble del costo de la ampliación del Canal de Panamá y que no llega todos los días a cualquier país, que tiende a diversificar con creces las actividades económicas desarrolladas, capacitando a profesionales panameños directamente que hoy día, en otras latitudes capacitan a personas que trabajan en la minería y a juicio de los encuestados no mejoraría la economía panameña, entonces qué actividad la mejoraría la vida del panameño?

¿La venta de frituras de pescado, empanadas y carimañolas, saus, verduras y frutas en las esquinas, recoger metales para reciclar, malabarismos en los semáforos, sin descontar la posibilidad de formar parte del ámbito delictivo, solo por mencionar algunas actividades que ejemplifican la gran cantidad de informales que existen en Panamá, las cuales el día de mañana no coadyuvan a lograr una jubilación digna, serán las actividades que sí ayudarían a la economía panameña frente a la minería?

Si este 58.3% se opone a la minería, ¿se opondrán también a que las actividades de molienda de piedra (Canteras), la extracción de arena, arcilla y yeso que forman parte de la economía formal en Panamá desde hace mucho tiempo deberían ser canceladas?

Quienes se oponen a esta actividad, esgrimen que el desarrollo de la Mina de Cobre se reduce a Ingresos Fiscales y lo que cuesta Cerrar, de manera definitiva, el tajo abierto luego de iniciada la producción del material exportable.

Incluso, las actividades mostradas como alternativas a la mina, tampoco se hacen de la noche a la mañana.

Eso NO funciona como quien sube o baja un interruptor de electricidad y se apaga o enciende un foco casero.

Conclusiones

He listado doce hechos comprobados sobre los aportes de la mina en cuestión y que, a mi entender, ofrecen más réditos que los daños que se ocasionan.

No puedo aceptar que ese supuesto coro nacional que se manifestó en contra de la susodicha inversión clientelista, y que tienen el derecho a brindar su opinión por vivir en un país democrático, afirme que es representativo de la sociedad en su conjunto.

En el caso de la encuesta a la que hemos hecho referencia, pareciera ofrecer datos qué, si se extrapolan o extienden al resto de la población, indicarían que la gente no quiere minería.

Somos del criterio que, si alguien no tiene conocimiento técnico de algo tan complejo, no puede tener bases sólidas para opinar objetivamente. Por lo tanto, su opinión se sustenta en meras emociones o líneas ideológicas que se oponen a todo, pero no aportan en nada, salvo a la controversia.

Para los detractores, inversiones como éstas solo favorecen lo que denominan “el clientelismo minero”, enumerando una serie de hechos que algunos son ciertos como las Desigualdades que están presentes en la población panameña pero que las mismas no las generó la minería.

Por el contrario, la minería sí podría ir minimizando las desigualdades en la región central del país, hecho que ya se comprobó.

Es lógico que una inversión de estas características afecta un bosque y el hábitat de muchas especies, pero lo que no mencionan es el programa de reforestación ejecutado no solo en el área de influencia de la explotación, sino en otras zonas del país, programa de reforestación que antes no existía en las áreas fuera de la zona de influencia extractiva.

Otras afirmaciones indican que los niveles exportados son más del doble de lo reportado por el inversionista (no se dice que fuente lo afirma) sin embargo, si las personas que afirman eso, creen que de una tonelada métrica extraída se obtiene una tonelada métrica de cobre, pues esa matemática es muy parecida al 4 x 8= 40.

Si se desconoce lo que implica la Ley de Corte, cómo atreverse a afirmar lo anterior. Esperemos que este análisis coadyuve al mejor entendimiento de las actividades económicas que mejoran el bienestar de la sociedad, atendiendo también las afectaciones que al medio ambiente genera la presencia humana.

En el marco del diálogo permanente entre el sector público y el sector empresarial, representantes del Ministerio de Comercio e Industrias sostuvieron un encuentro con gremios empresariales para compartir los principales resultados de gestión alcanzados durante 2025 y presentar las prioridades estratégicas previstas para 2026.

Durante la reunión se abordaron temas clave para la agenda económica del país, entre ellos la adhesión de Panamá al Mercosur, el fortalecimiento de las exportaciones, las estrategias para la atracción de inversiones, el impulso a la industria nacional y los programas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas.

A continuación, presentamos una síntesis de los principales puntos discutidos en este espacio de intercambio, orientado a fortalecer la coordinación entre el sector público y el sector productivo y a impulsar el crecimiento económico del país:

1. Adhesión de Panamá al Mercosur

El Ministro informó que Panamá formalizó su adhesión como Estado asociado al Mercosur en diciembre de 2025.

Como parte del proceso preparatorio se realizaron encuentros de consulta en siete regiones del país, con la participación de más de 700 actores del sector productivo, incluyendo empresas, productores y gremios.

Para 2026 se prevé iniciar las negociaciones bilaterales con los países miembros, las cuales se desarrollarán de manera gradual y en consulta permanente con el sector empresarial.

2. Programa “Sello Panamá”

Se informó sobre la actualización del Programa Sello Panamá, iniciativa destinada a fortalecer la identidad y competitividad de los productos nacionales.

Entre los avances destacan:

• Actualización del manual técnico del programa.
• Rediseño del sello mediante un proceso participativo con más de 1,300 propuestas.
• Preparación de un registro digital simplificado para empresas.

Se prevé que el programa entre en una nueva etapa de implementación y posicionamiento durante 2026.

3. Desempeño de las exportaciones

Las exportaciones de origen panameño alcanzaron aproximadamente 980 millones de dólares, la cifra más alta registrada en los últimos 16 años.

Los principales productos exportados incluyen:

• Productos del mar
• Aceite de palma
• Banano

Al incorporar los regímenes especiales, el total exportado asciende a aproximadamente 1,293 millones de dólares.

Para 2026 se proyecta alcanzar 1,400 millones de dólares en exportaciones, mediante acciones de promoción comercial y apoyo a empresas exportadoras.

4. Estrategia de exportación de servicios modernos

El Ministerio anunció que durante 2026 presentará la Estrategia Nacional de Exportación de Servicios Modernos, orientada a sectores de alto valor agregado, tales como:

• software
• ciberseguridad
• servicios profesionales
• producción audiovisual
• telemedicina

Esta estrategia cuenta con el acompañamiento técnico de organismos internacionales.

5. Atracción de inversión

Se reportaron avances en distintos regímenes de atracción de inversiones:

• Zonas francas: 103.2 millones de dólares en inversión y más de 1,000 empleos generados.
• Régimen SEM: 37.3 millones de dólares en inversión.
• Industria audiovisual: aproximadamente 25 millones de dólares generados por producciones internacionales.
• Programa de Inversionista Calificado: 185 inversionistas certificados y cerca de 131 millones de dólares en inversión.

6. Desarrollo industrial

Durante 2025 se registraron avances en el fortalecimiento del sector industrial:

• 20 nuevos certificados bajo el Régimen de Fomento Industrial, asociados a inversiones por 17.5 millones de dólares.
• 30 nuevas empresas inscritas en el Registro de la Industria Nacional.
• 8 empresas ampliaron operaciones y 44 actualizaron su registro.

Asimismo, se adoptó una medida temporal de protección para el arroz en cáscara, con el objetivo de proteger la producción nacional y el empleo.

7. Programas de apoyo a PYMES

Se destacaron programas de fortalecimiento empresarial:

• Mujer Exporta: más de 560 mujeres capacitadas desde 2020.
• Industria Competitiva: apoyo a más de 290 PYMES y 1,700 beneficiarios directos.

Para 2026 se prevé ampliar la cobertura de estos programas y fortalecer el acceso de las PYMES a mercados y financiamiento.

8. Desarrollo productivo en Bocas del Toro

El Ministerio informó sobre acciones dirigidas a la recuperación económica de la provincia, incluyendo la reactivación del sector bananero, con aproximadamente 5,000 empleos recuperados y una proyección de hasta 7,000 empleos.

Adicionalmente, se trabaja en estrategias de diversificación productiva en sectores como:

• cacao
• agroindustria
• ganadería
• turismo.

Conclusión

El Ministro reiteró la importancia de mantener un diálogo permanente entre el sector público y el sector privado para impulsar el crecimiento económico, fortalecer las exportaciones, atraer inversión y generar empleo.

Se invitó a los gremios empresariales a continuar participando en los espacios de consulta y colaboración que impulsa el Ministerio.

El posible arbitraje internacional por concesiones portuarias y mineras plantea riesgos para la seguridad jurídica y la percepción del riesgo país de Panamá.

Luego de las protestas en contra de la minería en 2023, iniciamos un amplio análisis de las repercusiones que eventos como un arbitraje internacional podría ver comprometida la imagen institucional de la República de Panamá, al intentar detener la mayor inversión productiva recibida en el país indicando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fallos en el contrato de concesión minera negociado con el Gobierno Nacional.

Al final se declara la inconstitucionalidad del contrato que sostenía la operación minera de First Quantum Minerals (FQM) y eso conlleva a que el inversionista iniciara un proceso de arbitraje en contra de la República de Panamá considerando lesiva la decisión adoptada.

No es la primera vez ni la segunda ocasión que una entidad panameña es llevada a arbitrajes por un inversionista, ya que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) enfrenta al momento varios asaltos arbitrales por el orden de $3,500 millones.

Sacyr-WeBuild reclama $2,200 millones por los trabajos realizados en torno a costos, diseño y ejecución del contrato de ampliación del Canal de Panamá, apoyando parte de su demanda al amparo del Tratado Bilateral de Inversión firmado entre la República de Panamá y la República de Italia bajo el paraguas de la Cámara de Comercio Internacional de Arbitraje (CCI).

Una cosa son las diferencias en la interpretación de un contrato o la exigencia de pagos por costos adicionales y aspectos técnicos, pero luego de 25 años operativos, se declare inconstitucional tu cubierta legal que ha permitido que una concesión prosperara, es otra cosa.

Nuevamente, la imagen jurídica panameña es noticia y estará bajo el escrutinio de empresas calificadoras de riesgo y de los inversionistas, al declarar la CSJ la inconstitucionalidad de otro contrato de concesión administrativa que desde 1997 permitió la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal por el principal y único inversionista Panamá Ports Company (PPC), subsidiaria de CK Hutchinson Holdings.

Instancias arbitrales

Todo contrato establece derechos y deberes de quienes lo suscriben y de seguro tendrá una cláusula de Solución de Controversias y/o Arbitraje para ventilar posibles diferencias.

En Panamá, cualquier situación que requiera llevar un caso a este nivel, puede recurrir al Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias y Agricultura de Panamá, siempre que el contrato así lo estipule.

De no ser así, las partes en conflicto podrán recurrir a la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), al Centro de Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI) o a la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI).

Asumo que, por lo complejo del caso, la empresa concesionaria de los puertos se dirigirá a alguna de estas tres instancias internacionales si considera que las acciones requieran llegar a ese ente superior.

Contrato de concesión de 1997

El contrato de concesión de los puertos panameños establece en su Cláusula 3.4-Arbitraje que “en caso de cualquier conflicto entre el Estado y la empresa que surjan en relación con este contrato y que no pudieren ser solucionados en la forma antes indicada, dentro de un período de veinte (20) días calendario contados desde la primera comunicación escrita enviada por fax por cualquiera de las partes en relación con el conflicto deberán ser sometidos a arbitraje de acuerdo con las reglas de conciliación y arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI)”.

Acuerdos comerciales o de inversión

Como parte de su defensa, las partes en conflicto pueden utilizar las cláusulas de Trato Nacional y Nación Más Favorecida y/o la de Solución de Controversias existentes en el Tratado de Libre Comercio (TLC) y aquellas similares en el Tratado de Protección de Inversiones (TPI) de existir estos entre las partes dirimentes o suscrito entre los países de origen y receptor de la inversión, respectivamente.

Si existiese un TLC entre la República de Panamá y la República Popular China (RPC), el TLC sería una de las posibles herramientas a utilizar como apoyo en la demanda por la anulación del contrato portuario; sin embargo, este instrumento no existe entre ambas naciones, por lo cual no podría ser invocado.

Pero, ¿existe algún TPI que pudiera servir de herramienta de apoyo para el litigio que se avecina?

No y sí.

Pareciera contradictorio, pero, si bien no existe un TPI con China, sí existe uno con el Reino Unido que data de 1985.

Hago esta salvedad, ya que al suscribirse el contrato entre la empresa concesionaria de los puertos y el gobierno panameño, el origen del capital mantenía su sede en Hong Kong, que para ese momento era territorio administrado por el Reino Unido.

El contrato de concesión en cuestión es firmado entre las partes el 16 de enero de 1997 y el TPI entre Panamá y el Reino Unido suscrito en 1985 podría ser parte del instrumental legal al cual se podría acoger el inversionista portuario.

Sí, en julio de 1997, el Reino Unido transfiere la soberanía de ese territorio a la RPC, me pregunto entonces, si la transferencia de soberanía de Hong Kong a la RPC se realiza en julio de 1997 ¿La empresa concesionaria de los puertos podría invocar este tratado como parte de su defensa en el arbitraje?

Protección de la Inversión

A manera de ejemplo, utilizaremos la letra del TPI suscrito entre Panamá y el Reino Unido, para conocer con cierto nivel de detalle las cláusulas que cualquiera de los dirimentes pudiera invocar como defensa en el arbitraje que se ve en el horizonte.

El TPI de 1985, en su artículo 2, concerniente al Fomento, Trato y Protección de la Inversión, numeral 2, queda claramente establecido que “las inversiones de nacionales o sociedades de cada una de las partes contratantes, recibirán en todo momento un trato justo y equitativo, y gozarán de plena protección y seguridad en el territorio de la otra parte contratante”…

“Ninguna de las partes contratantes perjudicará, mediante medidas irrazonables o discriminatorias, la administración… Enajenación de sus inversiones en territorio de la otra parte contratante”.

En su artículo 5, el convenio aborda la “Expropiación” y expresamente indica “que las sociedades de alguna de las partes contratantes no serán nacionalizadas o expropiadas ni a ninguna medida que tenga efecto equivalente a nacionalización o expropiación…”.

El artículo 7, por su parte, establece claramente dirigir la solución de las diferencias a las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI.

Comentarios finales

Es importante entender el proceso que espera a la República de Panamá ante un eventual Arbitraje Internacional y las posibles herramientas que tanto el demandante y el Estado panameño tendrán a la mano para enfrentar este litigio.

Otras aristas deben contemplarse, al menos por la parte panameña, y es el hecho que este proceso que dentro de poco se establecerá en firme en algún tribunal arbitral, pudiera afectar la mejora o no de nuestro riesgo país.

Algunos analistas han expresado que el proceso que deriva de la declaratoria de inconstitucionalidad del contrato de concesión entre la República de Panamá y PPC no repercute en nuestro grado de inversión y/o riesgo país, pues sí lo hace.

Si una concesión administrativa lleva 25 años, con la anuencia de varios gobiernos y ahora surge un fallo de inconstitucionalidad por la CSJ, es lógico que el concesionario se pare de cabeza y reclame.

La evaluación que realizan las empresas calificadoras de riesgos entre otros organismos pueden ver con preocupación, no solo la decisión adoptada por la CSJ, sino también el inversor que, en principio, ve a Panamá como un destino seguro para colocar recursos en nuestra economía.

La pelota está rodando y veamos cómo se desarrolla un evento de este tipo y las consecuencias legales y económicas que esto acarrea.

«Dado que Hong Kong era territorio administrado por el Reino Unido al momento de la firma del contrato en 1997, surge la interrogante sobre si el TPI Panamá–Reino Unido podría invocarse tras la transferencia de soberanía a la República Popular China en julio de ese mismo año”.

Fuente: Arbitrajes internacionales y sus afectaciones a la seguridad jurídica y al riesgo país

El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, que declaró inconstitucional la concesión otorgada a la filial panameña de CK Hutchison Holdings para operar los puertos de Balboa y Cristóbal, ha trascendido el ámbito jurídico nacional para convertirse en un episodio de alto impacto político, económico y geoestratégico.

La decisión —adoptada de manera unánime— no solo pone fin a una relación contractual vigente desde finales de la década de 1990, sino que también altera el delicado equilibrio entre los intereses de Estados Unidos y China en una de las rutas comerciales más relevantes del mundo: el Canal de Panamá, por donde transita aproximadamente el 5% del comercio marítimo global.

Un fallo con raíces legales

De acuerdo con el Financial Times, el caso se origina en demandas presentadas desde 2021 y en una auditoría gubernamental realizada en 2025, la cual identificó presuntas irregularidades en la concesión y pérdidas estimadas en más de mil millones de dólares para el Estado panameño. En particular, se cuestionó la renovación por 25 años otorgada en 2021, realizada sin un proceso de licitación pública.

El New York Times coincide en que el tribunal fundamentó su decisión en aspectos técnicos, señalando que la extensión contractual no habría seguido los procedimientos de aprobación exigidos por la legislación panameña. El propio gobierno sostuvo que el fallo fue resultado de “extensas deliberaciones” judiciales y de procesos iniciados años antes, rechazando que la decisión haya respondido a presiones externas.

Desde la óptica interna, el mensaje oficial ha sido consistente: el Ejecutivo no intervino en el criterio del órgano judicial y corresponde acatar lo resuelto como expresión del Estado de derecho.

Transición operativa y nueva concesión

Tras conocerse el fallo, el presidente José Raúl Mulino anunció que, una vez la sentencia entre plenamente en vigor, los puertos serán administrados temporalmente por APM Terminals, filial del grupo danés A.P. Møller–Mærsk, mientras se diseña un nuevo proceso concesional.

El gobierno ha adelantado que la futura concesión deberá establecer condiciones “favorables para Panamá”, y no se descarta que ambos puertos sean licitados por separado, a fin de evitar concentrar su operación en un solo operador. El objetivo declarado es garantizar continuidad operativa, estabilidad laboral y mayor transparencia contractual.

El componente corporativo: un acuerdo en suspenso

El fallo judicial impacta directamente el acuerdo anunciado en 2025 mediante el cual CK Hutchison pretendía vender su participación en los puertos panameños —junto con decenas de terminales alrededor del mundo— a un consorcio liderado por BlackRock y Mediterranean Shipping Company (MSC), en una transacción cercana a los 23 mil millones de dólares.

Mientras el Financial Times destaca que el acuerdo había sido inicialmente celebrado por el presidente estadounidense, el New York Times recuerda que la operación quedó en entredicho luego de que Beijing manifestara su inconformidad y solicitara la inclusión de la empresa estatal china COSCO Shipping como accionista relevante.

Desde Asia, Nikkei Asia subraya que la decisión de la Corte panameña “reinicia el tablero”, pues al declararse inconstitucional la concesión original, cualquier nuevo operador —ya sea estadounidense, europeo o chino— deberá competir bajo las normas del marco legal panameño, devolviendo el proceso “a punto cero”.

Reacciones desde Washington, Beijing y Hong Kong

El fallo fue interpretado en Washington como una señal favorable. El Financial Times reporta que el embajador estadounidense en Panamá elogió la decisión como una afirmación del estado de derecho, mientras que el New York Times destaca que la Casa Blanca expresó públicamente su respaldo.

Para el presidente Donald Trump, quien ha insistido en reducir la influencia china en el hemisferio occidental, la decisión representa una victoria simbólica en su estrategia regional.

En contraste, la reacción china fue inmediata. Según Nikkei Asia, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China afirmó que adoptará “todas las medidas necesarias” para proteger los intereses legítimos de sus empresas. El gobierno de Hong Kong fue aún más directo, rechazando el fallo y exhortando a sus compañías a revisar inversiones actuales y futuras en Panamá.

Estas posturas reflejan cómo un litigio de naturaleza contractual ha escalado hasta convertirse en un nuevo capítulo de la competencia entre potencias por influencia en América Latina.

Más allá de los puertos: soberanía jurídica como tercera vía

Uno de los elementos más relevantes del análisis internacional, destacado por Nikkei Asia, es la interpretación de la estrategia panameña como un ejercicio de soberanía jurídica. En lugar de alinearse abiertamente con una potencia o ceder ante presiones geopolíticas, Panamá optó por activar sus mecanismos legales internos.

Analistas citados por el medio asiático señalan que esta vía permitió al país crear una “tercera opción”: resolver el conflicto desde el derecho interno, obligando a todos los actores internacionales —BlackRock, MSC, COSCO u otros— a someterse a las reglas panameñas.

Este enfoque, aunque genera incertidumbre a corto plazo, otorga al Estado mayor margen de control y negociación sobre un activo estratégico sin precedentes.

Un precedente de alcance regional

El fallo de inconstitucionalidad de la concesión de Panama Ports Company no solo redefine el futuro de dos terminales clave del Canal, sino que sienta un precedente relevante para América Latina. En un contexto de creciente rivalidad entre grandes potencias, la decisión panameña muestra cómo los marcos legales nacionales pueden convertirse en instrumentos centrales de política estratégica.

Lo que ocurra en los próximos meses —el diseño de la nueva concesión, la reacción de los mercados y la eventual competencia internacional— determinará si este episodio fortalece la imagen de Panamá como un país que combina apertura económica con control institucional, o si introduce nuevos desafíos en materia de seguridad jurídica e inversión extranjera.

Referencias

• Financial Times — Jude Webber, Michael Stott, Milagro Vallecillos, Arjun Neil Alim.
  “Panama court kicks Hong Kong’s CK Hutchison out of canal ports”, 29 de enero de 2026.
• The New York Times — Peter Eavis, Alexandra Stevenson.
  “Panamanian Court Strikes Down Hong Kong Firm’s Canal Contract”, 30 de enero de 2026.

Nikkei Asia — James Hand-Cukierman.
“China vows to protect companies after CK Hutchison loses Panama ports”, 30 de enero de 2026.

Introducción

Ante un crecimiento económico respetable según se desprende de las estadísticas oficiales, el mercado laboral parece no responder como muchos quisieran.

Algunas personalidades ratifican que el país recobra su ímpetu. Otros señalan que estamos viviendo una contracción.

Recientemente, la directora del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), manifestó que el 70% de los panameños no encontrará trabajo en los próximos 20 años.

Ante estas opiniones, nos preguntamos, ¿Crecemos realmente o no? ¿Responde el mercado el laboral a ese nivel de crecimiento?

¿Nuestra educación tiende a preparar al educando para la Informalidad?

Veamos algunas relaciones que pueden ratificar o no los cuestionamientos expresados, considerando las particularidades y desafíos que enfrenta nuestra economía y en especial, el mercado laboral.

Crecimiento Económico

La medida de bienestar de la sociedad comúnmente aceptada es el Producto Interno Bruto (PIB), aun cuando otros especialistas consideran que la misma requiere evaluar otros indicadores para constatar si un país se desarrolla.

Salvo por el período de pandemia, la economía panameña mostró valores positivos continuos desde el año 1990, y en algunos años a doble dígito.

Aparejado a esos niveles de bienestar, se aprecia una mejora del mercado laboral, no sin antes mostrar algunas situaciones que poco a poco se han corregido como los ajustes al Salario Mínimo.

Mientras el PIB (corriente) crece aproximadamente en 9.8% entre 2009 y 2022, la ocupación solo creció en 2.1% unas 4 veces menos que éste.

Después del Covid 19, la estructura del mercado laboral cambió drásticamente y la consecución de un trabajo, formalmente hablando se ha dificultado, sin mencionar una disminución sustancial de los salarios que se pagaban antes del mismo.

Mercado Laboral

Si un país crece en términos del PIB, los niveles de Ocupación, en principio, van aparejados con dicho crecimiento económico.

Ante ese hecho se precisa revisar la estructura de ese nivel de Ocupación y es aquí donde se revelan los niveles de Formalidad e Informalidad de la economía panameña.

Dependiendo de determinadas circunstancias, el empleo Informal muestra su presencia con más fuerza si hay una población flotante que deriva de la migración.

A pesar de un constante crecimiento económico, es poco lo que crece el nivel de empleo. La Desocupación, sin embargo, crece aproximadamente en 12% en igual período, unas 6 veces más que el Empleo y casi 3 puntos por encima del crecimiento del PIB.

Si analizamos las tres (3) variables, se puede constatar que la Ocupación mantiene un constante crecimiento, pero en menor escala que lo hace el PIB.

Se esperaría por lo tanto que el Desempleo descendiera, pero las cifras no indican eso.

El Desempleo tiende a crecer mucho más que el PIB y que el nivel de Empleo en igual período y pareciera que, sin realizar mayores cálculos matemáticos, la estructura de la economía panameña tiende al Desempleo.

Crecimiento e Informalidad

Si contrastamos las cifras de crecimiento versus el de la Población Ocupada y a lo interno de ella, el Empleo Formal y/o el Empleo Informal, pareciera que nuestra dinámica económica favorece la creación de empleos informales.

Muchos de estos empleos denominados informales, lo conforman profesionales independientes que tienen elevado grado de estudios y desarrollan sus profesiones de manera liberal.

Otros se aventuran en los llamados “Emprendimientos”, la mayoría de los cuales al poco tiempo desaparecen y el resto no se manifiestan siquiera con permisos de operación como para darle formalidad a dicha actividad.

Para el período representado en el cuadro que antecede, se muestra el comportamiento de la economía que rondaba el 9.8% y el del Empleo Informal un 4.3%, siendo este último un valor superior en más del doble que el crecimiento de la Ocupación para igual período.

Aprovechando estas cifras e intentando establecer relaciones directas entre el Crecimiento Económico y el Empleo o la Producción y el Desempleo utilizaremos una herramienta desarrollada en la década del 60 del siglo pasado por el economista estadounidense Arthur Okun que indicaba la existencia de una relación inversa entre el Crecimiento y el Desempleo.

El uso de esta herramienta permite indicar la tendencia del Desempleo, siempre que la economía crezca por encima de su Tasa Natural.

Al establecer la Tasa Natural de Crecimiento de la Economía, si la economía crece en determinado porcentaje por encima de dicha Tasa Natural, se prevé que el Desempleo se retraiga en determinada proporción.

Esta relación responde de manera distinta en los países donde se han realizado estudios para evaluar el desempeño del mercado laboral y en el caso de la economía panameña pareciera que NO se cumple con lo que la Ley de Okun intenta demostrar.   

Para hacer una evaluación más estricta mostraremos una serie de datos mucho más extensa que la previamente utilizada y con ello el resultado deriva en un análisis más profundo desde que se tienen estadísticas estructuradas.

El cuadro anterior revela la realidad del comportamiento del mercado laboral panameño desde 1963 al año 2022 y las cifras son preocupantes ya que la Tasa de Ocupación alcanzan un exiguo 2.9%, pero la Desocupación superan con creces el nivel de empleo alcanzando un 5.1% para los 60 años que contiene la serie de tiempo utilizada.

Conclusiones

Con una serie de datos más extensa que con aquella que iniciamos nuestro análisis, ambas resaltan un crecimiento de nuestra economía que tiende al Desempleo o viéndolo desde otra perspectiva, favorece la generación de Empleo Informal.

Siendo rigurosos en nuestro análisis, es preciso señalar que la economía panameña en estos 60 años ha cambiado drásticamente, en especial desde 1990, y mucho más aún en los últimos 15 años con una serie de mega obras y determinadas políticas de atracción de inversiones.

Los avances tecnológicos han favorecido a que la Productividad de los factores, en especial la Tecnología, se haga amigable o no al crecimiento del empleo y en esa línea de pensamiento William Mittal, jefe del área de Inteligencia Artificial de Deloitte (Consultora Global) ha indicado que “Quienes no muestren curiosidad por aprender y solo dedican su tiempo a navegar por internet, probablemente se verán desplazados laboralmente”.

Recién el gobierno anunciaba que en los primeros 10 meses de este año se han generado 226,538 contratos de trabajo, lo que ante la opinión publica pudiera entenderse como puestos de trabajos nuevos.

Sin embargo, no se anuncia si esa cantidad de contratos es por Tiempo Definido o Indefinido. Tampoco se anuncia la cantidad de Despidos en el mismo período, y si éstos se deben a que dichos contratos solo se hacen por tres o cuatro meses, generando una gran rotación del personal contratado tendiendo a la inestabilidad del trabajador.

Esto precisa evaluar sí, las estructuras de nuestras actividades económicas generan riqueza derivado de la Productividad por el uso de la tecnología o por la ruta de la contratación de mano de obra semi o profesional.

El mismo análisis cabe si las actividades que sostienen la economía panameña tienden a la Informalidad.

Lo cierto es que esta evaluación es importante sea realizada y con ello la determinación de una política de generación de inversiones que cimente el nivel de Empleo Formal y que la efervescencia coyuntural no sea vista solo en los momentos de la construcción de los proyectos.