El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), en su serie original, presentó en septiembre de 2024, una variación positiva de 3.25% respecto al mismo mes del año anterior (variación interanual); resultado que es menor al 3.79% publicado doce meses atrás, de acuerdo con la información compilada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). 

La tendencia ciclo presentó una tasa de variación interanual de 3.21%, para el mismo período.

El IMAE acumulado de enero a septiembre de 2024, registró una variación de 2.57% en su serie original, al compararlo con igual período del 2023.

A nivel interanual (septiembre 2024-23), los sectores que registraron un buen desempeño fueron: Pesca; Actividades comunitarias, sociales y personales de servicios; Suministro de electricidad y agua; Intermediación financiera; Transporte, almacenamiento y comunicaciones; Hoteles y restaurantes; Construcción; Comercio; Industria Manufacturera y Agropecuario.

El resto de los sectores mostraron un desempeño positivo, pero en menor escala; con excepción de la Explotación de minas y canteras, que presento resultados negativos.

La actividad pesquera favorecida por la mayor captura de camarón, pescado y filete de pescado (fresco, refrigerado y congelado), especies orientadas a la exportación. Excepto otros productos del mar que mostraron resultados negativos. 

La prestación de servicios de diversión y esparcimiento presentó estadísticas positivas, por la venta bruta de chances y billetes de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), por los ingresos provenientes del número de apuestas en: Máquinas tragamonedas tipo A, los juegos de suerte y azar a través de Internet y las salas en eventos deportivos. No obstante, disminuyeron las actividades hípicas, las salas de bingos y mesas de juego.                                                                                                                            

La categoría de electricidad y agua continuó su tendencia creciente, impulsada por la generación de energía hidráulica y solar, sin embargo, mantuvieron tasas negativas la generación térmica y eólica y la facturación de agua potable.

La intermediación financiera registró variación positiva, debido al buen desempeño de la cartera crediticia, tanto interna como externa y al aumento de los depósitos del sistema bancario.

El sector transporte y comunicaciones presentó un buen comportamiento en actividades como: Movimiento de carga (en toneladas métricas) en el Sistema Portuario Nacional, el movimiento de contenedores TEU, las telecomunicaciones, el transporte aéreo, y los ingresos por peaje del Canal de Panamá. 

La actividad comercial mostró una buena dinámica, atribuible al crecimiento en las ventas de bienes y servicios en el comercio minorista y mayorista, incluidas las reexportaciones de bienes desde la Zona Libre de Colón y la venta de combustible de 95 octanos.

Sin embargo, registraron disminuciones, las importaciones en Valor CIF, la gasolina de 91 octanos, el diésel bajo en azufre, el fuel oil, el gas licuado y la venta de vehículos nuevos.

La construcción presentó un crecimiento moderado, acorde con la ejecución de obras de inversiones privadas, aunado a la menor demanda de insumos básicos como el concreto y cemento utilizado en el sector.

La producción industrial reportó un leve aumento, efecto de la elaboración de productos alimenticios como: Leche evaporada, condensada y en polvo, carne de pollo, seco y otros licores.

Por el contrario, reflejaron disminución el sacrificio de ganado vacuno y porcino, los derivados del tomate, la leche pasteurizada, las bebidas gaseosas, la cerveza, ron y ginebra. 

El sector agropecuario mostró resultados positivos, por la cría de aves de corral, el cultivo de banano y piña, fundamentalmente, destinados a la exportación y la producción de leche natural. Sin embargo, disminuyeron la actividad ganadera, en la cría de ganado vacuno y porcino y el cultivo de tomate. 

Otras actividades que registraron variaciones positivas fueron: Enseñanza privada, Servicios domésticos en hogares privados y las Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler.

La Explotación de minas y canteras mantuvo su tendencia negativa, afectada por el cierre de la actividad de extracción de minerales de cobre y sus concentrados.   

Desde el inicio, el caso entre The Coca-Cola Company (TCCC) y el IRS ha girado en torno a cómo la empresa multinacional gestionaba sus impuestos sobre los ingresos generados por sus subsidiarias extranjeras bajo las normas de precios de transferencia. Estos precios internos regulan cuánto debe pagar en impuestos una empresa que opera en distintos países, distribuyendo sus ingresos entre sus subsidiarias internacionales y su sede central en Estados Unidos.

En 2015, el IRS realizó una auditoría a Coca-Cola y determinó que la compañía no estaba cumpliendo correctamente con sus obligaciones fiscales en EE.UU., señalando que utilizaba un método de precios de transferencia que subestimaba los ingresos de su sede en EE.UU. y favorecía a las subsidiarias en otros países. Según el IRS, esta práctica permitía a Coca-Cola declarar menores ingresos en Estados Unidos y transferir más ingresos a países con impuestos más bajos. Debido a este ajuste, el IRS reclamaba un pago adicional de aproximadamente 3,300 millones de dólares en impuestos.

El conflicto surge en torno a los métodos específicos de precios de transferencia. El IRS sostiene que Coca-Cola debería haber usado el Comparable Profits Method (CPM), o método de beneficios comparables, el cual se basa en comparar la rentabilidad de las subsidiarias de Coca-Cola con la de empresas similares e independientes en circunstancias comparables. Este método tiene como objetivo garantizar que las subsidiarias de una multinacional, en este caso las de Coca-Cola en países como México y Brasil, no estén generando ingresos desproporcionados en comparación con las funciones que desempeñan y los riesgos que asumen. El IRS argumentó que los beneficios registrados en estos países eran desproporcionadamente altos para el nivel de actividad real que realizaban las subsidiarias. Estas subsidiarias mayormente se encargaban de la producción y distribución de concentrado de Coca-Cola, pero no llevaban a cabo las actividades clave de creación de valor, como el desarrollo de la marca y la gestión de derechos de propiedad intelectual, los cuales eran controlados desde la sede en Estados Unidos. Por lo tanto, el IRS consideraba que los ingresos generados por estas subsidiarias no reflejaban su verdadera contribución al negocio de Coca-Cola, sino que estaban inflados en función de una metodología de precios que beneficiaba las operaciones fuera de EE.UU.

Coca-Cola, en cambio, defendía que el método correcto para calcular los ingresos era el de Participación de Utilidades, el cual se basa en distribuir los beneficios generados entre la sede y sus subsidiarias, tomando en cuenta la contribución de cada parte en la generación de ingresos. Según Coca-Cola, sus subsidiarias en otros países realizaban funciones importantes de producción y distribución que justificaban una parte considerable de los ingresos, por lo que este método distribuía los beneficios de manera equitativa. Además, Coca-Cola argumentaba que su uso de este método se basaba en un acuerdo con el propio IRS que data de la década de los 90, en el cual se había establecido un enfoque de precios de transferencia específico. La empresa alegaba que, tras seguir fielmente este método durante años, el IRS no podía cambiar repentinamente su interpretación sin presentar una razón justificada o una modificación en la normativa.

El caso fue llevado al Tribunal Fiscal de Estados Unidos en 2020. En su fallo, el tribunal respaldó la posición del IRS, considerando que la agencia tributaria tenía derecho a cambiar su interpretación de los precios de transferencia y aplicar un método diferente al establecido previamente. El tribunal razonó que los acuerdos de precios de transferencia podían ser revisados si las circunstancias comerciales y de mercado habían evolucionado, y que el método CPM distribuía mejor los beneficios entre la sede en EE.UU. y las subsidiarias extranjeras de Coca-Cola, dado que la mayor parte del valor de la empresa residía en su marca, cuyo valor originaba en Estados Unidos. De acuerdo con el tribunal, los ingresos de Coca-Cola debían reflejarse en EE.UU. en función de la importancia de los activos subyacentes, como su marca, y las funciones de la sede central. Con base en esto, se respaldó el ajuste fiscal de 3,300 millones de dólares.

A pesar de este fallo, Coca-Cola decidió apelar, argumentando que el Tribunal Fiscal había ignorado el acuerdo previo con el IRS y que el cambio de método no era justificado. La apelación continúa en instancias superiores, y su resultado podría tener un impacto considerable en otras multinacionales, ya que podría establecer un precedente que permitiría al IRS revisar y ajustar retroactivamente los acuerdos de precios de transferencia con las empresas si considera que ya no reflejan la realidad económica. Una derrota de Coca-Cola podría implicar revisiones fiscales más rigurosas y una mayor exposición fiscal para otras multinacionales que operan con acuerdos de precios de transferencia.

Recientemente, el gobierno argentino, liderado por el presidente Javier Milei, tomó la decisión de disolver la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y reemplazarla por una nueva entidad denominada Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Esta decisión representa una reforma profunda en el sistema de administración tributaria y aduanera de Argentina, enfocada en reducir el tamaño del aparato estatal, mejorar la eficiencia en la recaudación de impuestos, y optimizar el control sobre el comercio exterior.

El nuevo organismo, la ARCA, se estructura en dos entidades principales: la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA). La DGI se encargará de la recaudación de impuestos internos, mientras que la DGA se ocupará del control y regulación de las actividades de importación y exportación en el país. Esta reorganización responde a la visión del gobierno de Milei de un estado más «liviano y eficiente», donde la burocracia sea mínima y se eliminen procesos considerados excesivos o redundantes. Según el presidente y sus asesores, la AFIP, entidad responsable de estos mismos objetivos hasta ahora, era una estructura demasiado compleja que obstaculizaba la libertad económica de los ciudadanos y el crecimiento del país, por lo que decidieron reemplazarla completamente.

Uno de los puntos más relevantes de esta reforma es la reducción significativa de personal, con un recorte estimado del 34% de los puestos de trabajo en comparación con los que había en la AFIP. Esta medida incluye la eliminación de cargos y funciones que, según el gobierno, eran innecesarios y costosos para el presupuesto nacional. Además, en un esfuerzo por disminuir el gasto estatal, se han reducido los salarios de los funcionarios de alto nivel, incluyendo los de los dos directores de la DGI y la DGA. Con esta medida, también se eliminó una práctica conocida como la “Cuenta de Jerarquización”, que permitía que los directores de la AFIP recibieran salarios mucho más altos que otros funcionarios públicos. Con la creación de la ARCA, los sueldos de estos directivos se han igualado a los de otros roles gubernamentales, como ministros y secretarios de estado, lo que representa un ahorro para el erario público.

Además, la ARCA se ha comprometido a revisar los contratos de alrededor de 3,100 empleados que fueron contratados irregularmente en administraciones anteriores. Estos empleados serán reubicados o despedidos según los criterios de necesidad y desempeño, lo cual, según el gobierno, permitirá un ahorro adicional estimado de 640 millones de dólares anuales. Sin embargo, la decisión ha generado una fuerte reacción entre los empleados de la nueva agencia, especialmente en el sector aduanero, quienes han iniciado protestas en las instalaciones de la ARCA, afectando los trámites en aeropuertos y en otros puntos de ingreso y salida de bienes al país. Este cambio es parte de un conjunto más amplio de reformas que Javier Milei ha implementado desde su llegada al poder en diciembre, orientadas a estabilizar la economía argentina y reducir el déficit fiscal. Las reformas han incluido recortes de subsidios estatales y la devaluación de la moneda, buscando también reducir la inflación, que se ha mantenido entre las más altas del mundo. La política de Milei, considerada por algunos como radical, busca corregir décadas de problemas económicos en Argentina, apostando por un estado más reducido y una economía más abierta y competitiva.

Es fundamental cumplir con puntualidad las obligaciones fiscales para evitar complicaciones y posibles sanciones. En nuestro Calendario Tributario, te proporcionamos todas las fechas clave que necesitas tener presente para mantener en orden tus finanzas este mes.

Asegúrate de marcar estas fechas en tu agenda y, en caso de cualquier duda, no dudes en ponerte en contacto con nosotros, nuestros abogados están listos para orientarte.

10 de febrero

• Impuesto Primas Brutas Seguro- Incendio y renovaciones.

15 de febrero

• Declaración Jurada mensual sobre Primas cobradas ( no incluye renovaciones, ni incendio).
• Impuesto primas brutas cobradas ( Aseguradoras).
• Pago de ITBMS (Mensual).
• Declaración de Retenciones de ITBMS Mensual.
• Informe de Ventas con tarjeta de crédito y débito.
• Impuesto Selectivo al Consumo.
• Impuesto de timbre.
• Impuesto sobre Juego de Suerte y Azar.
• Consumo de Combustibles y Derivados del Petróleo (Informe Mensual).

25 de febrero

• Ultimo día para la presentación de las Planillas SIPE.

28 de febrero

• Presentación de Informe de contribuyentes no declarantes.
• Informe de Compras e importación de bienes y servicios. Formulario 43.
• Impuesto de inmueble pago con descuento del 10% de descuento.
• Reporte de la planilla 03 presentar mensual.
• Reporte formulario # 1027 sobre informe de ventas y prestaciones de servicio.
• Informe de recursos minerales no metálicos.
• Último día para pagar la planilla CSS.
• Pago impuesto municipal mensual.

*Nota: En caso de fechas que correspondan a días no hábiles, la DGI tiene facultad discrecional para extender las fechas de pago al siguiente día hábil.

El IPC Nacional Urbano, agosto/julio, experimentó una disminución de 0.2%.  

Descenso

Los grupos que reflejaron descensos fueron: Transporte; y Bienes y servicios diversos ambos en 0.5%; Alimentos y bebidas no alcohólicas 0.4%; Salud 0.3%; Prendas de vestir y calzado; y Comunicaciones ambos 0.1%. 

Transporte

La baja presentada en este grupo fue por el decrecimiento en una de sus siete clases. La variación se presentó en “Combustibles y lubricantes para equipo de transporte personal” 1.5%, por el descenso en el precio de combustible para automóvil, y aceite para motor. 

Bienes y servicios

La disminución observada en el grupo Bienes y servicios diversos fue por la baja en dos de sus diez clases: “Otros aparatos, artículos y productos para la atención personal” 1.0% por el descenso en el precio de artículos de cuidado personal, artículos de belleza, rasuradora y cepillo dental, y otros productos para el cuidado personal; y “Otros efectos personales” en 0.5%, por la disminución en el precio de otros artículos personales. 

Alimentos y bebidas no alcohólicas

El descenso presentado en este grupo fue debido a seis de sus once clases. Las mayores variaciones se reflejaron en las clases: “Pescado” en 1.6%, por la baja en el precio del camarón, pescado, y atún y sardina; “Carne” 1.3%, por el descenso en el precio de pollo, otras carnes preparadas, carne de res, vísceras de res, y embutidos; y “Frutas” 1.2%.

Salud

La disminución en el grupo Salud fue por el decrecimiento en dos de sus siete clases. La mayor variación se mostró en “Productos farmacéuticos” 0.7%, por la baja en el precio de medicamentos.

Prendas de vestir

La reducción registrada en el grupo Prendas de vestir y calzado fue por la disminución en dos de sus cuatro clases. Las mayores variaciones se presentaron en “Zapatos y otros calzados” en 0.2% por la baja en el precio de zapatos, zapatillas y sandalias para mujer, zapatos, zapatillas y chancletas de hombre; y “Prendas de vestir” 0.1% por el descenso en ropa para bebé, prendas de vestir, suéter y pantalón para niño, y ropa interior de mujer. 

Comunicaciones

El decrecimiento reflejado en este grupo, fue por la baja en una de sus dos clases. La variación se observó en la clase “Equipo telefónico” 0.7%.

Recreación y cultura

Este grupo presentó una leve disminución.

Educación

El grupo Educación no reflejó variación.

Aumentos

Los grupos que registraron aumentos fueron: Bebidas alcohólicas y tabaco en 1.4%; y Vivienda, agua, electricidad y gas 0.1%.

Bebidas alcohólicas y tabaco

El incremento presentado fue por el crecimiento en tres de sus cuatro clases. La mayor variación se registró en la clase “Cerveza” en 2.0%.

Vivienda, agua, electricidad y gas

El aumento reflejado en el grupo fue por el ascenso en una de sus ocho clases: “Servicios para la conservación y reparación de la vivienda” en 0.9%, debido al incremento en el precio de servicios de reparación para la vivienda.

Muebles y artículos para el hogar

Los grupos Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar; y Restaurantes y hoteles mostraron un leve crecimiento.

Variación interanual, agosto 2024-23, del IPC Nacional Urbano: 

El IPC Nacional Urbano presentó una variación interanual de 0.3%. Los grupos que registraron aumentos fueron: Restaurantes y hoteles en 2.6%; Bebidas alcohólicas y tabaco 2.3%; Bienes y servicios diversos 1.8%; Educación 0.7%; Alimentos y bebidas no alcohólicas; Vivienda, agua, electricidad y gas; y Transporte todos 0.5%.

Los grupos que mostraron disminuciones fueron: Comunicaciones en 2.2%; Prendas de vestir y calzado 2.1%; Recreación y cultura 0.8%; Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar 0.6%; y Salud 0.2%.

• El IPC Nacional Urbano, de agosto 2024-23, reflejó una variación interanual de 0.3%.  
• El IPC en los distritos de Panamá y San Miguelito, de agosto 2024-23, presentó una variación interanual de 0.5%. 
• El IPC del Resto Urbano, de agosto 2024-23, mostró una variación interanual de 0.3%. 
• El IPC Nacional Urbano, de agosto con relación a julio de 2024, reflejó una variación mensual negativa de 0.2%.                                
• El IPC Nacional Urbano, de agosto, está cifrado en 110.2.

A continuación, la gráfica con la incidencia mensual por grupo del IPC Nacional Urbano, de agosto de 2024:

Incidencia: Corresponde a la contribución de cada grupo respecto a la variación total del Índice Nacional Urbano; por ello, la suma de las incidencias da como resultado la variación del índice. 

Los bonos panameños se hunden tras el aumento del 12% del presupuesto del ministro de Finanzas
Por Maria Elena Vizcaíno
28/10/2024 12:36:05 [BFW]
(Bloomberg) — Los bonos de Panamá se vendieron el lunes, situándose entre los peores de los mercados emergentes, después de que el Ministerio de Finanzas dijera el viernes que aumentó el presupuesto de 2025 en un 12,2% a 30.100 millones de dólares.
Las notas con vencimiento en 2033 se hundieron de 1,2 centavos a 97,2 centavos de dólar, según datos de precios indicativos recogidos por Bloomberg.
Los bonos con vencimiento en 2054 cayeron 1 céntimo, hasta los 93,1 céntimos por dólar.

Barclays infrapondera Panamá y ve caro El Salvador
Por Zijia Song
28/10/2024 11:07:03 [BFW]
(Bloomberg) — Barclays recomienda comprar bonos de República Dominicana 2049 y notas de Surinam 2033, mientras que ve caro a El Salvador y rebaja a Panamá a infraponderar.
Rebaja a Panamá a infraponderar sólo cinco semanas después de elevar el crédito a ponderación de mercado debido a «un deterioro del panorama fiscal, dificultades legislativas para la nueva administración y un entorno de tipos de interés más altos».
Prevé posibles acciones negativas de calificación por parte de Moody’s y S&P en los próximos dos meses

El 16 de octubre de 2024, el ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Felipe E. Chapman, presentó ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley 143, mediante el cual se busca fijar el presupuesto general del Estado para el ejercicio fiscal de 2025. Este proyecto presupuestal surge en un contexto de crecientes necesidades financieras y demandas sociales, proponiendo un aumento en la estructura presupuestaria original para llegar a un monto de 30,111 millones de balboas, lo que representa un incremento de 3,276 millones de balboas sobre el presupuesto original, que se situaba en 26,835 millones de balboas. La propuesta de aumento ha generado un intenso debate entre autoridades, expertos económicos y representantes de diversos sectores, dado que involucra la posibilidad de financiamiento adicional y la eventual pérdida de grado de inversión, un riesgo latente en la economía panameña.

Este presupuesto general modificado responde a la necesidad de fortalecer varias áreas clave del sector público que han recibido observaciones desde distintos sectores de la sociedad. Entre los puntos más destacados, se encuentran los incrementos dirigidos al sector educativo, de salud y la seguridad social, con un enfoque especial en la Caja de Seguro Social (CSS). El Ministerio de Educación verá un incremento presupuestario de 1,282 millones, cifra que busca responder a la demanda por mejorar la infraestructura escolar y las condiciones de los centros educativos. A su vez, el Ministerio de Salud contará con un presupuesto adicional de 115 millones, mientras que la CSS obtendrá 1,200 millones adicionales provenientes de sus ingresos corrientes.

El Consejo de Gabinete justificó este aumento ante la Asamblea Nacional argumentando que Panamá atraviesa un periodo en el que resulta imperante robustecer la inversión social para responder a las necesidades acumuladas de la población en salud, educación, y seguridad social. Desde esta perspectiva, los fondos adicionales no se consideran un gasto extraordinario, sino una inversión esencial en el desarrollo humano y en la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento a futuro. Asimismo, otras entidades descentralizadas se beneficiarán del aumento, incluyendo al Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (IFARHU) y el Instituto Panameño de Deportes, así como universidades como la Universidad de Panamá, la Universidad Marítima Internacional de Panamá y la Universidad Tecnológica de Panamá, que verán incrementos significativos en sus presupuestos asignados.

Para lograr este incremento, el proyecto plantea la incorporación de ingresos adicionales a través de varias fuentes. Se espera recaudar 3,200 millones de balboas más en ingresos corrientes, de los cuales el gobierno central aportará 2,000 millones, mientras que la CSS contribuirá con 1,200 millones. Expertos en economía advierten que esta dependencia en ingresos adicionales y financiamiento externo plantea un reto fiscal importante. Si bien el aumento en ingresos puede sostener los

gastos del próximo año, no es necesariamente sostenible en el mediano o largo plazo sin una reforma fiscal estructural que permita ingresos estables y permanentes. Esta advertencia ha sido subrayada por analistas financieros que consideran que el país podría enfrentarse a mayores dificultades en el futuro si su calificación crediticia se ve afectada por el aumento de la deuda pública, una consecuencia casi inevitable si se recurre a financiamiento adicional para cubrir el déficit. Los riesgos de endeudamiento y la eventual pérdida del grado de inversión son consecuencias latentes que acompañan el actual proyecto presupuestario.

La incertidumbre sobre el grado de inversión no es una mera preocupación económica; afecta directamente las condiciones de financiamiento del país en los mercados internacionales y puede encarecer el costo de la deuda, impactando así los recursos que el país puede destinar a sus programas sociales. Panamá ha logrado hasta ahora mantener un grado de inversión positivo que permite acceder a mejores condiciones crediticias, pero las agencias calificadoras han manifestado su preocupación ante los actuales desafíos fiscales. La posibilidad de perder el grado de inversión pondría en riesgo la estabilidad económica y financiera del país, aumentando la presión sobre el Estado para generar ingresos que cubran los crecientes gastos, y limitaría el margen de maniobra de futuros gobiernos para realizar ajustes y responder a contingencias.

La propuesta también considera algunos ajustes en los programas de subsidios, que han sido objeto de crítica en varias ocasiones por el alto impacto en el presupuesto estatal. El Consejo de Gabinete, en línea con las recomendaciones de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, incluyó fondos destinados al subsidio del gas licuado de petróleo, un insumo energético básico para los hogares panameños, especialmente en sectores de bajos recursos, y a los programas de interés preferencial para hipotecas. El subsidio al gas licuado es considerado crucial para mitigar el impacto de los aumentos en el costo de vida sobre los hogares de menores ingresos, y el interés preferencial tiene el propósito de facilitar el acceso a la vivienda mediante condiciones crediticias más favorables. Estos programas, si bien representan un costo significativo para el presupuesto, también responden a necesidades sociales urgentes y buscan mantener la estabilidad en el consumo y en el acceso a servicios básicos para la población.

Por otro lado, voces del sector privado y algunos expertos en finanzas públicas han manifestado su preocupación ante lo que consideran una falta de contención en el gasto público. De acuerdo con ellos, el actual incremento podría enviar señales de advertencia a los inversionistas y debilitar la confianza en la gestión económica del país. La posibilidad de que Panamá recurra a más financiamiento para cubrir el aumento presupuestal no solo afecta las finanzas públicas, sino que también ejerce una presión adicional sobre las empresas y la economía en general. La percepción de que el Estado aumentará su deuda podría traducirse en mayores tasas de interés y una menor disponibilidad de crédito para el sector privado, lo que podría afectar el crecimiento económico a mediano plazo.

La discusión en torno al presupuesto para 2025, por tanto, no es únicamente una cuestión técnica de cifras; involucra una serie de decisiones políticas y económicas de gran calado que influirán en la economía panameña en el futuro próximo. La decisión de la Asamblea Nacional respecto al Proyecto de Ley 143 determinará si el país puede responder a sus compromisos sociales de manera efectiva sin comprometer su estabilidad financiera. En este sentido, las autoridades deberán encontrar un equilibrio entre los programas sociales y las medidas de contención que aseguren un uso eficiente y racional de los recursos, un desafío complejo en una coyuntura económica marcada por la incertidumbre.

Es nuestra apreciación que el Órgano Ejecutivo tiene que enviar un mensaje contundente en la imperiosa necesidad que tiene el país, de manera transversal e irreversible de reducir Gastos Públicos, empezando por los salarios, viáticos, emolumentos, nombramientos, en los tres Órganos de Poder como una muestra responsable del manejo de las finanzas públicas. 

Como dijo en su oportunidad el Presidente Guillermo Endara, “el mundo nos mira”, regresemos una vez más a la conducta espartana del profesor Chinchorro Carles (Rubén Darío Carles Q.E.P.D.).

Amanecerá y veremos…

Fuente: BID

Los sistemas de pensiones del Caribe se quedarán sin fondos en los próximos 10 a 15 años a menos que se implementen reformas urgentes para garantizar su sostenibilidad, según una nueva publicación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En un contexto de envejecimiento acelerado de la población, los países del Caribe pueden fortalecer los sistemas de seguridad social s abordando las ineficiencias administrativas, mejorando las estrategias de inversión y considerando ajustes a la edad de jubilación, entre otras medidas, según el informe titulado “Construyendo redes de seguridad resilientes en el Caribe: Preparando los ingresos de jubilación para el futuro” (disponible en inglés).  El informe es parte de la serie de informes económicos trimestrales del BID sobre el Caribe que analizan el desempeño económico de Bahamas, Barbados, Guyana, Jamaica, Surinam y Trinidad y Tobago.

Esta edición presenta un análisis en profundidad de las características clave del diseño de los programas de pensiones de vejez en los seis países del Caribe y aborda los desafíos y oportunidades críticos para reformar los programas de pensiones de vejez en el Caribe. 

A medida que la transición demográfica aumenta el porcentaje de personas mayores, los países enfrentan grandes desafíos para asegurar ingresos de jubilación sostenibles. Estos desafíos son aún más pronunciados en el Caribe, en donde al envejecimiento poblacional se suman altas tasas de emigración que reducen aún más el porcentaje de personas en edad de trabajar. Al menos la mitad de los países caribeños analizados ya tienen déficits fiscales y enfrentan presión por el tamaño de su deuda soberana. A ellos se suma el pasivo del sistema pensional, que genera aún más presión sobre presupuestos ya ajustados.

Para mitigar la presión sobre los sistemas de seguridad social, las recomendaciones de política del BID incluyen:

1. Eficiencia administrativa: los sistemas de seguridad social del Caribe pueden optimizar los costos administrativos. Por ejemplo, los gastos administrativos de las Bahamas son cinco veces más altos que los de Barbados, lo que indica que hay margen de mejora.
2. Ajuste de parámetros: es fundamental lograr una mayor alineación entre los beneficios y los ingresos que recibe el sistema a través de contribuciones. En esa línea, Barbados aumentó su edad de jubilación de 65 a 67 años en 2018, y tiene planes de aumentarla a 68 años para 2034.
3. Carteras de inversión: los ingresos por inversiones pueden desempeñar un papel más importante si se optimizan los portafolios. Por ejemplo, la diversificación con más activos de propiedad extranjera puede mejorar los perfiles de riesgo-retorno, como se sugiere para las Bahamas y Barbados.
4. Diseño y capacidad: mejorar la capacidad de los sistemas de seguridad social y aprovechar las herramientas digitales puede ayudar a gestionar los cambios demográficos y las tensiones financieras. El proyecto del BID, “Seguridad social en el Caribe: ha llegado el momento”, tiene como objetivo explorar posibles reformas en esta dirección.

“Los cambios demográficos en el Caribe presentan tanto desafíos como oportunidades. “Si implementamos reformas estratégicas y mejoramos la eficiencia de nuestros sistemas de pensiones, podemos garantizar que nuestra población de edad avanzada disfrute de una jubilación segura y digna. Esta publicación subraya nuestro compromiso de construir sistemas de seguridad social resilientes que protejan a las generaciones futuras”, afirmó Anton Edmunds, Gerente General del Departamento de Países del Caribe del BID.

Sobre el particular y tomando en cuenta lo antes indicado, Panamá no es el único país que confronta problemas con el sistema de pensiones y jubilaciones, ya que es un mal que afecta a muchos países o regiones; sin embargo, es apremiante que se tomen las medidas pertinentes a fin de encontrar una solución y evitar el colapso de la seguridad social en nuestro país.

Esperamos que los diferentes actores entendemos que hay las medidas que se vayan a tomar de una forma u otra afectará a un grupo o sector de la población, pero a la postre será en beneficio de todos los que ya están jubilados y los que se acogerán a ese derecho.

Por: Abner Arosemena y Javier Said Acuña

El Consejo de Gabinete de Panamá aprobó el Proyecto de Ley 38-24, que introduce una moratoria para el pago de intereses y recargos derivados de varios impuestos en fase de cobranza administrativa o coactiva. Esta moratoria estará vigente desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2024 y busca proporcionar un alivio a los contribuyentes morosos, tanto personas naturales como jurídicas, permitiéndoles ponerse al día con sus obligaciones fiscales bajo condiciones más favorables.

El objetivo principal de esta moratoria es exonerar a los contribuyentes de los intereses, recargos y sanciones relacionados con impuestos tales como el Impuesto sobre la Renta (ISR), el Impuesto de Inmuebles, el Impuesto de Aviso de Operación, el Impuesto a la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y Prestación de Servicios (ITBMS), el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y la Tasa Única aplicable a las personas jurídicas, siempre que los morosos cancelen el saldo nominal adeudado.

La Dirección General de Ingresos (DGI) ha estimado que la morosidad tributaria asciende a 3,210 millones de balboas, y se espera recuperar entre el 15% y el 18% de este monto durante el período de moratoria. Adicionalmente, en una proyección más conservadora, la DGI ha realizado estimaciones que sugieren que si se logra recuperar solo el 5% de esta cartera morosa, las recaudaciones ascenderían a 160 millones de balboas, mientras que una recuperación del 10% generaría ingresos por 320 millones, y del 20% alcanzaría los 600 millones.

Esta medida está diseñada para facilitar el cumplimiento de los contribuyentes, ofreciendo condiciones más accesibles para saldar sus deudas con el fisco y promoviendo el principio de justicia tributaria. Es importante recalcar que esto no constituye una condonación total de las obligaciones, sino un alivio que exime del pago de recargos e intereses sobre obligaciones vencidas y exigibles.

El proyecto incluye también una disposición especial para los agentes de retención que hayan acumulado deudas por el Impuesto sobre la Renta y el Seguro Educativo hasta junio de 2024, quienes podrán regularizar su situación hasta el 31 de diciembre de 2024.

Una fase crucial para la implementación de esta moratoria será la alineación de las resoluciones, reglamentaciones y formularios, así como las adecuaciones de los sistemas informáticos de la DGI, para asegurar que los contribuyentes puedan acogerse sin mayores complicaciones.

La DGI, en conjunto con el Ministerio de la Presidencia, ha enfatizado que este proyecto no pretende premiar la falta de pago, sino corregir deficiencias en el sistema tributario y brindar mejores condiciones a los contribuyentes para que puedan cumplir con sus responsabilidades fiscales. Al mismo tiempo, se espera que la iniciativa contribuya a mejorar la recaudación fiscal y dinamice la economía, en un contexto donde la morosidad tributaria y las metas de recaudación generan preocupación en el panorama fiscal del país.

Es relevante señalar que este proyecto de ley también incluirá modificaciones al Código de Procedimiento Tributario (CPT), aprobado mediante la Ley 76 de 2019, lo que podría tener implicaciones en la administración de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. Estas modificaciones serán objeto de un análisis más detallado una vez se presente el texto final para discusión en la Asamblea Nacional.

Desde Rivera, Bolívar y Castañedas, estamos atentos a la promulgación oficial de esta Ley. Instamos a los contribuyentes a revisar sus obligaciones tributarias para evaluar la mejor manera de atenderlas y cumplir. Si requieren apoyo para cualquier revisión o consulta en materia tributaria, estamos a su disposición para brindar la asistencia profesional necesaria.