El pasado 11 de junio Panamá formalizó su solicitud para ingresar a la OCDE con el objetivo de impulsar su transformación económica, atraer inversiones y mejorar sus políticas públicas. El canciller Javier Martínez-Acha entregó la solicitud al secretario general de la organización. Este paso se apoya en avances en transparencia fiscal y cumplimiento de estándares internacionales. Panamá ya participa activamente en el Foro Global sobre Transparencia y el Centro de Desarrollo. Busca fortalecer su proyección internacional y ampliar su cooperación en comercio, inversiones y gobernanza global. Buscando cumplir con los requerimientos de la Organización.

La adhesión a la OCDE es un proceso transformador para los países. No es un proceso simple ni rápido: se trata de una ruta técnica que puede extenderse por varios años, cuyo propósito es ayudar al país solicitante a alinearse con estándares y mejores prácticas internacionales, mejorando así los resultados económicos y sociales para sus ciudadanos.

Antes de comenzar con el proceso, es necesario que el país solicitante demuestre un compromiso firme con dos pilares fundamentales:

Democracia, Estado de derecho y derechos humanos.

Una economía abierta, libre de mercado y transparente.

En general, el país solicitante debe estar alineado y comprometido con los valores de la OCDE.

Por consiguiente, se puede dividir el proceso de adhesión por etapas.

Primera etapa:

• Inicia con la presentación oficial de la solicitud por parte del país interesado ante el Consejo de la Organización. Esta instancia es fundamental, ya que implica que el país manifiesta su voluntad de comprometerse con los valores, estándares y mejores prácticas que la OCDE promueve internacionalmente.
• El Consejo de la OCDE debe aprobarla solicitud presentada por consenso. Este consenso asegura que todos los Estados parte están de acuerdo en iniciar el proceso de evaluación y eventual incorporación del nuevo país.
• De la aprobación en consenso La secretaria de la OCDE elabora una Hoja de Ruta para la Adhesión, que establece los términos, condiciones y el proceso. Una vez adoptada por el Consejo, este documento se convierte en público.
• En esta etapa, el país solicitante debe presentar un “Memorando Inicial”, el cual constituye una autoevaluación detallada sobre el grado de alineación de su marco legal, sus políticas públicas y prácticas institucionales con los instrumentos jurídicos vigentes de la OCDE.

Segunda etapa o Etapa Técnica:

• Presentado el Memorando Inicial, comienza una fase crucial: la evaluación técnica. Participan entre 20 y 25 comités técnicos de la OCDE, los cuales abarcan un amplio rango de áreas de políticas públicas, como competencia, comercio, medio ambiente, educación, salud, mercado laboral, mercados financieros, ciencia y tecnología, entre otras.
• Cada uno de estos comités realiza un análisis técnico profundo del país solicitante. Este proceso es altamente especializado y, por lo general, se prolonga durante varios años. Los comités examinan legislaciones, regulaciones, prácticas institucionales e incluso datos específicos, y pueden solicitar reformas concretas, como la modificación de leyes, el fortalecimiento institucional o la mejora en la transparencia, antes de considerar que el país está alineado con las exigencias de la organización.
• Estas evaluaciones incluyen el intercambio de cuestionarios, misiones técnicas al país candidato y reuniones con representantes gubernamentales, del sector privado y de la sociedad civil, con el objetivo de obtener una visión completa y práctica del estado de cada sector.
• Una vez que un comité considera que el país está suficientemente alineado con los instrumentos jurídicos de la OCDE, las mejores políticas y las prácticas dentro de su competencia, adopta una «opinión formal» que resume su evaluación.
• La evaluación debe incluir los hallazgos, destacando los avances y señalando las debilidades que aún están presentes en el país, adicional deberá indicar reformas pendientes que deben asumirse tras la adhesión.

Etapa Final

El Consejo de la OCDE decide por unanimidad si invita al país a convertirse en miembro, basándose en todas las opiniones formales de los comités, el informe del Secretario General sobre el proceso y otra documentación pertinente.

Si la decisión del Consejo es positiva, se firma un Acuerdo de Adhesión entre el país y la OCDE.

Una vez completados los procedimientos internos, el país se adhiere formalmente a la Convención de la OCDE mediante el depósito de su instrumento de adhesión, convirtiéndose así en miembro oficial de la organización a partir de esa fecha.

• En la actualidad son 38 los países que son parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico desde su creación de más de 60 años. Actualmente, se están llevando a cabo negociaciones de adhesión con ocho países: en 2022, la Organización inició conversaciones con Argentina, Brasil, Bulgaria, Croacia, Perú y Rumanía; en 2024, inició conversaciones con Indonesia y Tailandia, las dos mayores economías del Sudeste Asiático y las primeras de la región en iniciar procesos de adhesión.

Queda claro que el proceso de adhesión no es simple ni rápido; es un riguroso análisis técnico que busca ajustar, regular, mejorar o transformar las políticas públicas del país que solicita la adhesión, procurando su alineación con los lineamientos y objetivos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

También es importante resaltar que esta organización no solo busca regular el ámbito económico de los países mediante la mejora de la transparencia y la reducción de la corrupción. A través de su amplia red de comisiones técnicas, la OCDE busca promover un desarrollo integral en las naciones. Un claro ejemplo de las herramientas que utiliza para lograr este objetivo es la implementación del examen PISA, diseñado para evaluar la capacidad de estudiantes de 15 años en la resolución de problemas reales, el razonamiento crítico y la aplicación del conocimiento en áreas clave como lectura, matemáticas y ciencias.

La solicitud de Panamá para ingresar a la OCDE representa un paso importante en su búsqueda de modernización institucional, apertura económica y fortalecimiento democrático.Aunque el camino es largo y exigente, ofrece al país una oportunidad única para alinear sus políticas públicas con los más altos estándares internacionales. Ser parte de la OCDE no solo mejora la imagen del país ante la comunidad internacional, sino que también genera impactos positivos directos en áreas clave como educación, salud, justicia, transparencia y desarrollo sostenible.

FUENTES:

ECOTV Panamá. (2024). Panamá formaliza su solicitud para ingresar a la OCDE. Recuperado de https://www.ecotvpanama.com/economia/panama-formaliza-su-solicitud-ingresar-la-ocde-n6042917

Trade Union Advisory Committee to the OECD (TUAC). (s.f.). OECD membership and the values of the organisation. Recuperado de https://tuac.org/news/oecd-membership-and-the-values-of-the-organisation/?utm

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (s.f.). Topics. Recuperado de https://www.oecd.org/en/topics.html

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (s.f.). OECD accession process. Recuperado de https://www.oecd.org/en/about/legal/oecd-accession-process.html?wcmmode=json.html/.htmlwcmmode=json.html/.html

El más reciente informe elaborado por Barclays sobre Panamá, fechado el 13 de mayo de 2025, es una radiografía contundente del deterioro progresivo de los fundamentos fiscales y políticos del país. Bajo el título “Panama: Tests on Multiple Fronts”, el análisis describe con precisión técnica, pero sin ambages, un escenario marcado por un intento débil de ajuste fiscal, una gobernabilidad menguada, protestas sociales en aumento y una falta de claridad en la hoja de ruta frente a temas estratégicos como el canal, la minería y la sostenibilidad de las pensiones. A primera vista, podría pensarse que la economía panameña muestra signos de recuperación: los ingresos del sector público no financiero (SPNF o NFPS, por sus siglas en inglés) han crecido gracias al repunte en las operaciones del Canal y a la desaparición de ciertos efectos de base negativa del año anterior. Sin embargo, esa mejoría no se ha traducido en una reducción significativa del déficit fiscal. El informe es claro al subrayar que, si bien los ingresos aumentaron un 8.9% interanual en el primer trimestre de 2025, los gastos lo hicieron en un 20.6%, generando un déficit de 2.35% del PIB a nivel del gobierno central, cifra superior al 1.88% registrado un año antes. En otras palabras, el desequilibrio fiscal se mantiene, y los esfuerzos de consolidación han sido más retóricos que reales.

Barclays destaca que el cumplimiento formal con la Ley de Responsabilidad Fiscal (cuyo techo de déficit se sitúa en 4.0% del PIB) se ha sostenido en los últimos años gracias a ingresos extraordinarios —como el swap de intereses en 2022, la venta de terrenos al Canal y los ingresos mineros en 2023— que no están presentes en 2025. Esto genera dudas legítimas sobre la sostenibilidad del cumplimiento fiscal sin medidas estructurales de ajuste, especialmente en el contexto de una administración que ha descartado categóricamente introducir una reforma tributaria en el corto plazo. Sin nuevas fuentes de ingreso ni recortes en el gasto, la proyección de Barclays es tajante: el déficit del SPNF para 2025 será cercano al 5.0% del PIB, mientras que el del gobierno central alcanzaría el 5.9%.

Esta rigidez fiscal no es solo un problema técnico. Está íntimamente ligada a la erosión del capital político del presidente José Raúl Mulino. El informe detalla cómo la aprobación de la reforma a las pensiones el 18 de marzo de 2025 —pese a haber evitado medidas impopulares como elevar la edad de jubilación— desató un ciclo de protestas persistentes. Lejos de disiparse, estas manifestaciones se han ampliado con la participación de sectores como el magisterio, trabajadores de la construcción, personal sanitario e incluso grupos indígenas. A ello se suma el malestar por el memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos sobre cooperación en seguridad en el Canal, el cual ha sido percibido por amplios sectores como una cesión de soberanía. La reacción popular incluyó protestas estudiantiles, declaraciones conjuntas de líderes opositores y demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema.

La encuesta de La Estrella de Panamá al cierre de marzo revela con crudeza el costo político: la desaprobación del presidente pasó de 39.5% en enero a 67.9% en apenas tres meses. Aunque Barclays no anticipa un escenario de protestas masivas como las de 2023, sí advierte que el clima social podría deteriorarse aún más, y que el gobierno ha optado por una postura de fuerza, descartando concesiones ante los manifestantes. Esta actitud, aunque reafirma el control del Ejecutivo, limita su capacidad de construir consensos para implementar ajustes de fondo, particularmente en un contexto legislativo fragmentado.

Un desarrollo marginalmente positivo es la concesión de asilo político en Colombia al expresidente Ricardo Martinelli, quien ya ha abandonado el país. Su distancia podría, paulatinamente, brindar al presidente Mulino un margen de maniobra más directo para negociar con su partido político, Realizando Metas. Aunque es incierto cómo funcionará esa dinámica, se reportó que Martinelli utilizaba el Congreso para impulsar su propia agenda, por lo que su alejamiento podría facilitar un diálogo más fluido. Aunque podría existir la percepción de que Mulino le otorgó cierta impunidad, dicha percepción debería mitigarse al considerar que Martinelli no fue indultado.

En este ambiente enrarecido, la reactivación del proyecto minero Cobre Panamá —clave para la economía nacional— avanza a paso lento. Tras la suspensión del contrato-ley que regía su operación y el fallo de inconstitucionalidad emitido por la Corte Suprema, el gobierno ha intentado retomar el diálogo con la empresa operadora, pero enfrenta obstáculos jurídicos, técnicos y sociales. Aunque se logró la suspensión de los arbitrajes internacionales, el Ministerio de Comercio e Industrias aún no ha autorizado oficialmente la exportación de concentrado de cobre ni aprobado el plan de cuidado y mantenimiento de la mina. Además, no se han iniciado las auditorías ambientales que el propio Ejecutivo planteó como requisito previo a cualquier reapertura.

El informe señala que el gobierno estaría considerando una estructura distinta de explotación minera, basada en un esquema de asociación directa del Estado con la empresa, sin necesidad de pasar por la Asamblea. Esta vía, si bien legalmente viable, podría ser políticamente explosiva. En primer lugar, porque requeriría la creación de una empresa estatal minera —lo cual sí debe ser aprobado por el legislativo— y, en segundo lugar, porque podría interpretarse como una forma de eludir el rechazo ciudadano. Aunque la percepción pública sobre la minería ha mejorado levemente desde octubre de 2024, todavía un 57% de los encuestados mantiene una opinión negativa, y más del 60% se opone a un nuevo contrato, incluso si este ofreciera mejores condiciones para el Estado.

La situación se complica aún más con las tensiones diplomáticas derivadas del MoU con EE. UU., particularmente por la falta de reconocimiento explícito, en la versión estadounidense del comunicado conjunto, de la soberanía panameña sobre el Canal. A esto se añade una serie de declaraciones del expresidente Donald Trump sobre el despliegue de tropas y la posible exoneración de peajes para barcos comerciales estadounidenses, lo cual —de concretarse— tendría un impacto devastador en los ingresos del Canal, ya que cerca del 75% del tráfico proviene de ese país. Barclays advierte que cualquier concesión en esta línea constituiría una «línea roja» para Panamá y socavaría gravemente su credibilidad internacional.

Desde el punto de vista del mercado, la percepción de riesgo soberano se ha traducido en un aumento de los spreads de los bonos panameños. Aunque el país no ha emitido eurobonos en más de 15 meses, recurrió a financiamiento puente por más de USD 4,500 millones con entidades como Merrill Lynch, Santander y JPMorgan, cuyas condiciones reflejan un encarecimiento del crédito externo. A pesar de que la demanda local por bonos soberanos ha mantenido los spreads dentro de un rango aceptable, la presión sigue latente, sobre todo considerando que Panamá necesitará entre USD 3,500 y 4,500 millones adicionales para cubrir sus necesidades de financiamiento en lo que resta del año. Estos fondos serán indispensables para afrontar amortizaciones y nuevas obligaciones en un contexto de alta deuda y acceso complicado a mercados internacionales.

A pesar de la estabilización reciente de los spreads, las preocupaciones sobre la débil consolidación fiscal y la inestabilidad política sugieren un riesgo creciente. Barclays mantiene su recomendación de Underweight para la deuda panameña, lo cual significa que no ve una buena relación riesgo-retorno para los inversionistas. Sugiere vender específicamente los bonos PANAMA 6.4% 2035s, PANAMA 6.7% 2036s y PANAMA 6.875% 2036s, cuya cotización y spreads se han deteriorado recientemente. La falta de avances en la reforma tributaria y la consolidación fiscal son un lastre que podría afectar la calificación de inversión de Panamá si no se adoptan medidas correctivas creíbles, especialmente en lo referente a consolidación fiscal, resolución del conflicto minero y mejora del clima institucional.

El panorama que se desprende de este análisis es complejo, pero no irreversible. Panamá sigue contando con activos estratégicos valiosos: un canal interoceánico cuya relevancia geopolítica es innegable, una economía dolarizada que impone disciplina monetaria, y un historial de crecimiento que, hasta hace pocos años, era la envidia de la región. Sin embargo, ninguno de estos factores bastará si el país continúa postergando reformas estructurales y decisiones impopulares, pero necesarias.

Para el lector panameño —ya sea funcionario, empresario, académico o ciudadano informado— este informe no debe leerse como una sentencia, sino como un llamado de atención. Las advertencias están sustentadas en datos, tendencias y percepciones que, de no corregirse, podrían aislar financieramente a Panamá y profundizar su fragmentación social. El reto es mayúsculo, pero también lo es la oportunidad de actuar antes de que la pérdida de confianza se torne irreversible.

Fuente: Barclays Research. Tests on multiple fronts. 13 de mayo de 2025.

Es fundamental cumplir con puntualidad las obligaciones fiscales para evitar complicaciones y posibles sanciones. En nuestro Calendario Tributario, te proporcionamos todas las fechas clave que necesitas tener presente para mantener en orden tus finanzas este mes.

Asegúrate de marcar estas fechas en tu agenda y, en caso de cualquier duda, no dudes en ponerte en contacto con nosotros, nuestros abogados están listos para orientarte.

10 de mayo

• Impuesto Primas Brutas Seguro- Incendio y renovaciones.

15 de mayo

• Declaración Jurada mensual sobre Primas cobradas ( no incluye renovaciones, ni incendio).
• Pago de ITBMS (Mensual).
• Declaración de Retenciones de ITBMS Mensual.
• Informe de Ventas con tarjeta de crédito y débito.
• Impuesto Selectivo al Consumo.
• Impuesto de timbre.
• Impuesto sobre Juego de Suerte y Azar.
• Consumo de Combustibles y Derivados del Petróleo (Informe Mensual).

25 de mayo

• Ultimo día para la presentación de las Planillas SIPE.

31 de mayo

• Presentación de Informe de contribuyentes no declarantes.
• Informe de Compras e importación de bienes y servicios. Formulario 43.
• Declaración e Impuesto Sobre la Renta personas jurídicas que solicitaron prórroga.
• Reporte de la planilla 03 (mensual).
• Reporte formulario # 1027 sobre informe de ventas y prestaciones de servicio.
• Último día para pagar la planilla CSS.
• Último día para presentar cambios mensual en planilla SIPE.
• Pago impuesto municipal mensual.

*Nota: En caso de fechas que correspondan a días no hábiles, la DGI tiene facultad discrecional para extender las fechas de pago al siguiente día

El IPC Nacional Urbano, de marzo con relación a febrero de 2025, reflejó una variación mensual de 0.1%.
El IPC Nacional Urbano, de marzo 2025-24, mostró una variación interanual de -0.4%. El IPC en los distritos de Panamá y San Miguelito, de marzo 2025-24, presentó una variación interanual de -0.6%.
El IPC del Resto Urbano, de marzo 2025-24, reflejó una variación interanual de -0.5%.
El IPC Nacional Urbano acumulado, de enero a marzo 2025-24, mostró una variación de -0.2%.
El IPC Nacional Urbano, marzo/febrero, experimentó un incremento de 0.1%.

Aumentos
Alimentos y bebidas no alcohólicas
Grupo Alimentos y bebidas no alcohólicas fue debido al alza en nueve de sus once clases. Los mayores incrementos se observaron en “Café, té y cacao” 6.7%, por el aumento en el precio del café y té; y “Pan y cereales” en 0.6%, por el alza en el precio de granos.

Bebidas alcohólicas y tabaco, ambos en 0.4%;
El grupo Bebidas alcohólicas y tabaco mostró ascenso en tres de sus cuatro clases. La mayor variación se presentó en “Bebidas destiladas” 1.4%.

Salud
El aumento registrado en el grupo Salud fue por el alza en tres de sus siete clases. Las mayores variaciones se observaron en “Productos farmacéuticos” 0.7%, por el incremento en el precio de medicamentos y “Servicios médicos” 0.3%, por el ascenso en el precio de consulta médica.

Bienes y servicios diversos
El crecimiento reflejado en el grupo fue por el alza en seis de sus diez clases. La mayor variación se registró en la clase “Protección social” en 1.4%, por el aumento en el precio de servicios de guardería.

Restaurantes y hoteles
Presentó incremento en una de sus dos clases; “Restaurantes, cafés y establecimientos similares” en 0.2%, por el ascenso en el precio de comidas y bebidas no alcohólicas fuera del hogar.
El grupo Recreación y cultura presentó un leve aumento.

Disminuciones
Los grupos que reflejaron disminuciones fueron: Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar en 0.3%; Transporte 0.2%; y Prendas de vestir y calzado; y Vivienda, agua, electricidad y gas ambos 0.1%.

Muebles y artículos para el hogar
El decrecimiento presentado en el grupo fue por el descenso en seis de sus once clases. Las mayores variaciones se observaron en “Herramientas pequeñas y accesorios diversos” 0.9%, por la baja en el precio de bombillos y baterías; y “Artefactos para el hogar, grandes, eléctricos o no” 0.8%, por la disminución en el precio de equipos electrodomésticos para el hogar.

Transporte
El descenso observado fue por el decrecimiento en dos de sus siete clases. La mayor variación se presentó en “Combustibles y lubricantes para equipo de transporte personal” 2.1%, por la baja en el precio de combustible para automóvil.

Prendas de vestir y calzado
Registró disminución en una de sus cuatro clases; “Zapatos y otros calzados” 0.4%, por el descenso en el precio de zapatos, zapatillas y chancletas de hombre, zapatillas y sandalias de niña, y zapatos, zapatillas y sandalias para mujer.

Vivienda, agua, electricidad y gas
El decrecimiento fue por la baja en dos de sus ocho clases. La mayor variación se registró en “Gas” 1.1%.
Los grupos Comunicaciones; y Educación no presentaron variación.
• Variación interanual, marzo 2025-24, del IPC Nacional Urbano:
El IPC Nacional Urbano reflejó una variación interanual de -0.4%. Los grupos que mostraron disminuciones fueron: Transporte en 3.4%; Comunicaciones 3.2%; Salud 2.5%; Prendas de vestir y calzado 1.9%; Vivienda, agua, electricidad y gas 1.5%; y Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar; y Recreación y cultura ambos en 1.0%. Los grupos que registraron aumentos fueron: Bebidas alcohólicas y tabaco en 4.4%; Alimentos y bebidas no alcohólicas 2.6%; Restaurantes y hoteles 1.5%; Educación 0.7%; y Bienes y servicios diversos 0.4%.
A continuación, la gráfica con la incidencia mensual por grupo del IPC Nacional Urbano, de marzo 2025:

Es fundamental cumplir con puntualidad las obligaciones fiscales para evitar complicaciones y posibles sanciones. En nuestro Calendario Tributario, te proporcionamos todas las fechas clave que necesitas tener presente para mantener en orden tus finanzas este mes.

Asegúrate de marcar estas fechas en tu agenda y, en caso de cualquier duda, no dudes en ponerte en contacto con nosotros, nuestros abogados están listos para orientarte.

10 de abril

• Impuesto Primas Brutas Seguro- Incendio y renovaciones.

15 de abril

• Declaración Jurada mensual sobre Primas cobradas ( no incluye renovaciones, ni incendio).
• Pago de ITBMS (Mensual y Trimestral).
• Declaración de Retenciones de ITBMS Mensual y Trimestral.
• Informe de Ventas con tarjeta de crédito y débito.
• Impuesto Selectivo al Consumo.
• Impuesto de timbre.
• Impuesto sobre Juego de Suerte y Azar.
• Consumo de Combustibles y Derivados del Petróleo (Informe Mensual).
• Declaración Jurada de Impuesto Sobre la Renta para personas naturales que solicitaron prórroga.

25 de abril

• Ultimo día para la presentación de las Planillas SIPE.

30 de abril

• Presentación de Informe de contribuyentes no declarantes (mensual).
• Informe de Contribuyentes No declarantes (anual).
• Informe de Compras e importación de bienes y servicios. Formulario 43.
• Declaración e Impuesto Sobre la Renta personas jurídicas que solicitaron prórroga.
• Reporte de la planilla 03 (mensual).
• Reporte formulario # 1027 sobre informe de ventas y prestaciones de servicio.
• Pago de Impuesto de Inmueble.
• Último día para acogerse al descuento del 10% en el pago adelantado del impuesto Inmueble.
• Último día para pagar la planilla CSS.
• Pago impuesto municipal mensual.
• Ultimo día para que las sociedades offshore y tenedoras de activo presenten los informes contables a los agentes residentes ( Ley 52 y ley 254).

*Nota: En caso de fechas que correspondan a días no hábiles, la DGI tiene facultad discrecional para extender las fechas de pago al siguiente día

Mediante la Ley 461 de 13 de febrero de 2025, se autoriza la transferencia de fondos extraordinarios a la Caja de Seguro Social para reforzar parcialmente los costos del Programa de Invalidez Vejez y Muerte correspondiente a la vigencia fiscal del año 2025. 

La transferencia de recursos financieros a la Caja desde el presupuesto asignado a las diferentes dependencias del Estado es por el monto de USD91,620,025.00 millones exclusivamente para cubrir parcialmente los costos de la pensión de los beneficiarios del Programa de Invalidez Vejez y Muerte. 

La nueva Ley 461 establece que la transferencia de los fondos debe pasar primero por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para su aprobación y los fondos destinados no podrán provenir de los destinados a inversión de las diferentes instituciones del Estado.

A este respecto, debemos señalar que el Proyecto de Ley 163 mediante el cual se pretende reformar la Ley 51 de 2005, fue aprobado en primer debate con modificaciones sustanciales al proyecto de Ley que había sido presentado por el Ejecutivo el pasado mes de noviembre de 2024. 

Dentro de las modificaciones introducidas en el primer debate es mantener la edad de jubilación en 57 años para las mujeres y 62 para los varones, lo cual difiere de la propuesta presentada por el Ejecutivo a la Asamblea que contemplaba el aumento de la edad de jubilación de 57 a 60 para las mujeres y de 62 a 65 para los hombres. 

El nuevo sistema reemplazaría al Subsistema de Beneficio Definido y el Subsistema Mixto que operan en la actualidad. Se llamaría Sistema Único de Capitalización Solidaria.

Siguiendo los trámites parlamentarios, el Proyecto, se encuentra pendiente de ser discutido en segundo debate en la Asamblea; sin embargo, los diputados aprobaron como metodología discutir, sustentar y aprobar el Proyecto de Ley 163, que el mismo sea dividido en 3 bloques, correspondiendo al primer bloque que comprende los artículos 2 al 50; el segundo bloque del artículo 51 al 112 y el tercer bloque del artículo 113 al artículo final, incluyendo el artículo 1 correspondiente al glosario.

Lo cierto es que, se requiere de profundas reformas al sistema de seguridad social en nuestro país, orientadas a lograr que el mismo sea sostenible en el tiempo y no un remiendo temporal, ya que desde hace varios lustros estamos debatiendo sobre este tema y no se ha podido encontrar una solución estable.

Por: José Ignacio Piña Rojas

Desde su toma de posesión, el pasado 20 de enero, el presidente Donald Trump se comprometió con su electorado a instrumentar una ambiciosa agenda y a reformar el Gobierno federal, a través de innumerables órdenes ejecutivas, en las que está dando prioridad a temas como la migración, el comercio y la seguridad nacional.

Como parte de su slogan de campaña “Make America Great Again”, Trump intenta en realidad revivir la “Edad Dorada” (Gilded Age) de los Estados Unidos, cuando el presidente de ese país era William McKinley (1897-1901) y cuya administración se caracterizó especialmente por  la imposición de aranceles a las importaciones para proteger la producción estadounidense, así como por la expansión de su territorio, que incluyó la adquisición en esa época de Puerto Rico, Guam, Filipinas y Hawaii.

En el contexto de esta agresiva política, el mandatario norteamericano ha formulado declaraciones provocadoras que van desde adquirir Groenlandia; recuperar el control del Canal de Panamá; convertir a Canadá en el estado 51 de los Estados Unidos, hasta imponer tarifas arancelarias a varios países, entre ellos a México y a Canadá, sus principales socios comerciales, con el argumento de que permiten la migración irregular y el tráfico de drogas por sus respectivas fronteras.

En el caso particular del Canal de Panamá, espacio de gran valor geoestratégico, Trump no ha descartado el uso de la coerción militar o económica para conseguir que Estados Unidos recupere su control ya que lo considera vital para sus intereses económicos y de seguridad nacional.

Dentro de esta misma narrativa disruptiva, el mandatario estadounidense ha realizado diversas afirmaciones a todas luces falsas como el hecho de que esta importante vía interoceánica está controlada por China. Si bien es cierto que la firma hongkonesa “Hutchison Holdings” se ha hecho de concesiones públicas, a través de las cuales ha adquirido instalaciones portuarias en ambas entradas del Canal, tanto en el Pacifico (Puerto de Balboa) como en el Atlántico (Puerto Cristóbal), ello no significa que esté bajo control de los chinos.

Como es de todos conocido, los Tratados Torrijos-Carter, suscritos en septiembre de 1977, no fueron un acto caprichoso, sino el resultado de años de lucha y protesta del pueblo panameño para recuperar la plena soberanía sobre la totalidad de su territorio. Además del Tratado del Canal, mediante el cual la administración de la vía acuática pasó de los Estados Unidos a Panamá, cuyo proceso culminó el 31 de diciembre de 1999, también se suscribió el Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente del Canal, en el que se establecieron diversas obligaciones para que dicha vía interoceánica permanezca en todo momento neutral y abierta al tránsito de naves de todas las naciones sin discriminación alguna. En este instrumento, además del compromiso de Estados Unidos de garantizar su seguridad permanente, se estableció la concesión de dar prioridad de paso a los buques de guerra estadounidenses por el Canal, pero sin que ello implicara la condonación del pago del peaje correspondiente.

Desde su transferencia a Panamá en diciembre de 1999, el Canal ha operado con gran eficiencia y ha significado un gran activo no sólo para la economía panameña, sino para el comercio internacional. Actualmente, se estima que por el Canal de Panamá transita alrededor del 6% del comercio mundial, siendo sus principales usuarios Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur, Chile y México.

De acuerdo con recientes cifras de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), en los últimos 25 años, la vía interoceánica le ha aportado al Tesoro panameño más de 28 mil millones de dólares, monto 15 veces mayor a los 1,878 millones de dólares aportados durante 86 años por la administración norteamericana, entre 1913 y 1999.

Además, desde el año 2000, la administración panameña ha invertido más de 15 mil millones de dólares para mantener, mejorar y modernizar el Canal de Panamá. Lo anterior posibilitó, entre otras acciones, que en 2016 se realizara una importante ampliación del Canal que contempla nuevas esclusas que permiten la navegación de buques más grandes y de mayor capacidad, conocidos como “Neopanamax”.

En el contexto de las amenazas del presidente Trump de recuperar el control de la vía interoceánica, el pasado 2 de febrero, el Secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, realizó una breve visita a Panamá, durante la cual sostuvo reuniones con el presidente José Raúl Mulino y con otras autoridades del gobierno panameño.

Si bien el presidente Mulino reiteró que el Canal seguirá bajo la soberanía panameña, anunció que su gobierno no renovaría el acuerdo de la “Ruta de la Seda” suscrito con China el 17 de noviembre de 2017, a fin de atender las preocupaciones estadounidenses sobre la influencia de esa nación asiática. Inclusive, desde el pasado mes de enero, la Contraloría General de la República inició una auditoría a Panama Ports Company, subsidiaria de la empresa china Hutchison Holdings, que opera desde 1997 los puertos de Balboa y Cristóbal, lo cual ha generado especulaciones de que la administración panameña estaría considerando cancelar la concesión vigente o al menos renegociarla. 

En resumen, parece evidente que las amenazas del presidente Trump hacia Panamá son parte de una estragia para conseguir dos claros objetivos: 1) eliminar la creciente presencia china en el Canal interoceánico y, 2) obtener mayores concesiones de parte del Estado panameño, particularmente en lo que se refiere a los peajes que deben pagar los buques comerciales y militares de los Estados Unidos que transitan por esa importante vía acuática. En 2024, el 52% de los tránsitos del Canal registrararon puertos con origen-destino en Estados Unidos y más del 76% de la carga que transitó por esa vía también tuvo el mismo origen-destino.

Debido a las enormes repercusiones que tendría en el ámbito internacional el uso de la fuerza contra un pequeño país de Centroamérica, dudo mucho que Trump se atreva a utilizar el poderío militar de los Estados Unidos para recuperar el control del Canal de Panamá; sin embargo, está claro que la diplomacia de la imposición del chantaje seguirá prevaleciendo como fórmula para obtener todo aquello que  considere responda a su interés nacional.

 *Diplomático de carrera (en retiro); Ex embajador de México en Panamá en dos períodos distintos (2001-2005 y 2015-2019), Miembro de la Unidad de Estudio y Reflexión de América Latina y el Caribe del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI).

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10 de febrero

• Impuesto Primas Brutas Seguro- Incendio y renovaciones.

15 de febrero

• Declaración Jurada mensual sobre Primas cobradas ( no incluye renovaciones, ni incendio).
• Impuesto primas brutas cobradas ( Aseguradoras).
• Pago de ITBMS (Mensual).
• Declaración de Retenciones de ITBMS Mensual.
• Informe de Ventas con tarjeta de crédito y débito.
• Impuesto Selectivo al Consumo.
• Impuesto de timbre.
• Impuesto sobre Juego de Suerte y Azar.
• Consumo de Combustibles y Derivados del Petróleo (Informe Mensual).

25 de febrero

• Ultimo día para la presentación de las Planillas SIPE.

28 de febrero

• Presentación de Informe de contribuyentes no declarantes.
• Informe de Compras e importación de bienes y servicios. Formulario 43.
• Impuesto de inmueble pago con descuento del 10% de descuento.
• Reporte de la planilla 03 presentar mensual.
• Reporte formulario # 1027 sobre informe de ventas y prestaciones de servicio.
• Informe de recursos minerales no metálicos.
• Último día para pagar la planilla CSS.
• Pago impuesto municipal mensual.

*Nota: En caso de fechas que correspondan a días no hábiles, la DGI tiene facultad discrecional para extender las fechas de pago al siguiente día hábil.