Fuente: CEPAL

Los países de América Latina y el Caribe (ALC) deberían mejorar la recaudación de impuestos, el gasto y la gestión de la deuda pública, así como movilizar más recursos privados para financiar sus ambiciosas agendas de desarrollo, según la edición de 2024 de las Perspectivas económicas de América Latina (LEO): Financiando el Desarrollo Sostenible  .

La 17a edición del informe sostiene que para reducir la brecha de financiamiento sostenible de ALC – estimado en 99 000 millones de USD al año – se debe mejorar la coordinación entre los actores públicos y privados, con ayuda de sus socios internacionales.

Dado el difícil contexto socioeconómico de la región, se necesita un conjunto de reformas de gran alcance. El crecimiento de la productividad sigue siendo escaso: la productividad laboral promedio ascendió a tan solo un 33% de los niveles registrados en la OCDE en 2023, mientras que ese mismo año un 27.3% de la población total de la región vivía en situación de pobreza, el nivel más bajo de las dos últimas décadas. La pobreza extrema, sin embargo, se ha mantenido persistentemente alta, al afectar a una de cada diez (10.6%) personas de América Latina y el Caribe.

Muchos países mantienen una postura estricta en materia de política monetaria, con el fin de mantener bajo control las expectativas sobre la inflación, y están atravesando una fase de consolidación fiscal, tras el descenso considerable del espacio fiscal de la región después de la pandemia del COVID-19. En este contexto, el margen de maniobra para formular políticas económicas expansionistas que respalden la demanda agregada y promuevan la consecución de objetivos sociales es limitado.

El informe identifica las siguientes prioridades para movilizar recursos en favor de un desarrollo sostenible en ALC:

• Mejorar la forma en que se gravan los impuestos. En la mayoría de economías de ALC, los ingresos tributarios son bajos, con un promedio del 21.5% del PIB en 2022, frente al 34% de la OCDE. Además, ajustar la estructura tributaria o potenciar los impuestos existentes podría ayudar a reducir las desigualdades, contribuir a la transición verde, impulsar los resultados en materia de salud y promover el emprendimiento.
• Optimizar la asignación presupuestaria y aumentar la eficiencia del gasto puede liberar recursos adicionales. El gasto público se concentra en el gasto corriente (un 82% en 2023), es cortoplacista y su asignación resulta ineficiente.
• Mejorar la gestión de la deuda a través de marcos fiscales sólidos para mantener la sostenibilidad fiscal. Los países de ALC han visto incrementado su servicio de la deuda desde el 9.8% de los ingresos tributarios en 2012 a un 12.2% en 2022. En la pasada década, en algunos países, el pago de intereses ha llegado inclusive a duplicar el gasto en educación, a triplicar el gasto en salud y a cuadruplicar las inversiones de capital.
• Profundizar los mercados financieros y fomentar la innovación para canalizar más recursos privados hacia los objetivos de desarrollo. En ALC, los sistemas financieros carecen de profundidad, pues el crédito interno al sector privado asciende a un 50% del PIB. Los sistemas financieros siguen excluyendo a algunos grupos vulnerables, entre ellos a las mujeres. Cerca del 15% de los hogares formales tenía acceso a préstamos hipotecarios en 2020, frente a tan solo un 2.3% de los hogares informales.
• Fomentar la transformación de la producción para alcanzar un crecimiento sostenible y promocionar sectores competitivos aumentando la presencia de emisores privados y la liquidez en los mercados de capitales. En la actualidad, los mercados de deuda de la región de ALC se ven impulsados principalmente por el sector público, que representó un 81% de las emisiones locales entre 2015 y 2023. Para reducir esta concentración, las políticas deberían tratar de incrementar la participación de los inversores institucionales, actualizar los marcos regulatorios, mejorar la competencia financiera y reforzar la integración regional.
• Las instituciones financieras de desarrollo (IFD) desempeñan un papel crucial en un mercado financiero que todavía se encuentra en desarrollo. Un 34% de las IFD tienen el mandato específico de promover la inclusión financiera de las micro y las pequeñas y medianas empresas, pero solo un 19% de los instrumentos financieros que proponen abordan la transición verde, la igualdad de género y la transformación digital o la innovación.
• La cooperación internacional es fundamental para movilizar nuevos recursos, entre ellos la Agenda de Inversiones Global Gateway UE-LAC, que moviliza financiamiento a través de asociaciones público-privadas para cubrir las necesidades de infraestructura, además de crear valor agregado local y promover el crecimiento, el empleo y la cohesión social.
• Instrumentos financieros tales como los bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad siguen siendo un mecanismo atractivo, que aumentó del 9.3% del total de emisiones de bonos de ALC en los mercados internacionales en 2020 hasta casi un 35% en 2023. Los bonos para catástrofes, los canjes de deuda por naturaleza y las cláusulas sobre desastres naturales pueden movilizar también inversión pública y privada allí donde más se necesite. La creación de marcos armonizados y mecanismos fiables de seguimiento y supervisión de estos instrumentos debería evitar casos de green washing.
• Por último, la región debería coordinarse para presentar una perspectiva regional propia en la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de las Naciones Unidas (que se celebrará en Sevilla a mediados de 2025).

Un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) destaca cómo el diálogo social puede permitir que los países busquen el desarrollo económico al mismo tiempo que el progreso social, mientras que aseguran transiciones digitales y de baja emisión de carbono que sean justas e inclusivas.

El Informe sobre el Diálogo Social 2024: El diálogo social en el más alto nivel para el desarrollo económico y el progreso social, se centra en el » diálogo social en el más alto nivel» (DSAN): un conjunto de instituciones y procesos en los que los gobiernos, las organizaciones de empleadores y de trabajadores negocian, consultan entre sí e intercambian información sobre asuntos laborales, económicos y sociales a nivel nacional o sectorial.

El informe demuestra que el DSAN puede contribuir al trabajo decente, a una distribución más equitativa de los ingresos laborales y a transiciones digitales y ecológicas justas. También subraya que el respeto a la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva en la legislación y en la práctica son esenciales. Sin embargo, la capacidad del DSAN para moldear los cambios se ve debilitado cuando las políticas socioeconómicas están impulsadas por consideraciones a corto plazo y excluyen a segmentos importantes de la sociedad.

El informe se basa en estudios de caso, datos sobre relaciones laborales, una revisión global de los procesos y resultados del DSAN, y una encuesta de percepción a 71 organizaciones de empleadores y trabajadores en 38 países sobre la efectividad e inclusividad de las instituciones nacionales de diálogo social (INDS).

El informe enfatiza los requisitos esenciales para un DSAN efectivo. En particular, señala que el cumplimiento de los países con la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva ha disminuido en un 7 % entre 2015 y 2022. Esta disminución fue impulsada por un aumento en las violaciones de las libertades civiles fundamentales y los derechos de negociación de empleadores, trabajadores y sus organizaciones representativas.

Las Instituciones Nacionales de Diálogo Social tienen una gran presencia, son relevantes, pero deben ser más inclusivas

El informe revela que las INDS están presentes en el 87 % de los Estados Miembros de la OIT. Tres cuartas partes de los trabajadores y dos tercios de los empleadores las consideran efectivas, pero persisten preocupaciones sobre el seguimiento inadecuado por parte de los gobiernos o las autoridades públicas a los resultados del diálogo social, como destacó la encuesta de percepción realizada para este informe. Otra preocupación es la falta de inclusividad de las INDS y las brechas en relación con las necesidades de grupos subrepresentados, como las mujeres, los jóvenes y los trabajadores y unidades económicas de la economía informal.

Mayor involucramiento de los socios sociales en la formulación de políticas

En muchos países se reconoce la importancia de la participación de las organizaciones de empleadores y trabajadores en el diseño y la gobernanza de las políticas de empleo o los sistemas de protección social. Por ejemplo, más del 30 % de los servicios públicos de empleo incluyen a representantes de empleadores y trabajadores en sus juntas de gestión, mientras que el 25 % de las políticas nacionales de empleo identifican la consulta tripartita como un requisito clave. Aproximadamente el 80 % de los 187 Estados Miembros de la OIT han establecido cuerpos tripartitos de seguridad y salud en el trabajo (SST) de alto nivel, mientras que las reformas de protección social en 65 países han ampliado la cobertura de pensiones, salud y beneficios para los empleados con la participación de los socios sociales.

Instituciones más fuertes de DSAN para abordar la crisis del costo de vida

El informe también revisa el papel de la fijación de salarios mínimos, que involucra a los socios sociales y la negociación colectiva sectorial en la lucha contra la crisis del costo de vida y la promoción de la igualdad salarial. Destaca que, cuando los salarios mínimos nacionales fijados por los gobiernos en consulta con los socios sociales coexisten con salarios mínimos sectoriales determinados mediante negociación colectiva, el DSAN es más efectivo para abordar la alta desigualdad de ingresos laborales.

Fomentar el DSAN para transiciones digitales y verdes justas

La evidencia sugiere que el DSAN fomenta el consenso social sobre la transformación digital y las políticas de descarbonización. Sin embargo, la dependencia del DSAN para gestionar esta doble transición es más frecuente en países con instituciones de diálogo social bien establecidas y donde la penetración digital es más intensa. Una revisión de 118 procesos de diálogo social entre 2022-2023 muestra que alrededor de una cuarta parte abordaron temas relacionados con la doble transición, principalmente en Europa. Una nueva generación de políticas industriales orientadas a la diversificación económica y la transformación estructural, centradas en la doble transición, presenta una ocasión muy oportuna para avanzar en el papel del DSAN en la guía de esta transición.

Un llamado a la acción para desbloquear el poder del DSAN

Para desbloquear completamente la inclusividad y efectividad del DSAN, el informe insta a los países a:

• Respetar los principios y derechos fundamentales en el trabajo, especialmente la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.
• Dotar a las administraciones laborales y a los socios sociales de los recursos y capacidades técnicas necesarios para participar eficazmente en el DSAN.
• Ampliar el alcance de las INDS y los socios sociales hacia los grupos subrepresentados.
• Realizar evaluaciones regulares basadas en evidencia sobre el papel e influencia de las instituciones de DSAN en la toma de decisiones socioeconómicas.

En horas de la mañana de hoy, jueves 2 de enero de 2025, se llevó a cabo la instalación de la segunda legislatura del primer periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional. El presidente de la República, José Raúl Mulino, en medio de sus declaraciones durante este acto, destacó haber solicitado al Ministro de Salud que, en el transcurso del mes de enero, pusiera a disposición de las farmacias un descuento significativo en las 20 medicinas más utilizadas. Según expresó el mandatario, esta medida responde a que «las medicinas están impagables, independientemente de la profundidad del bolsillo».

A continuación, adjuntamos la lista de dichas medicinas.

La encuesta se realizó en agosto de 2024. La muestra y las estimaciones de población se basaron en los Censos de Población y Vivienda de 2010.

El universo de esta encuesta es la población de 15 años en adelante, la cual fue entrevistada mediante la visita a 16,323 viviendas de las cuales 991 estaban ubicadas en comarcas indígenas.

1. El desempleo abierto se incrementó notablemente entre 2023 y 2024, pasando de 121,658 personas en octubre de 2023 a 166,818 personas en octubre de 2024. Este cambio representa un aumento absoluto de 45,160 individuos, reflejando un crecimiento del 37.1% en este indicador.

La tasa de desempleo abierto como proporción de la población económicamente activa subió del 5.8% en 2023 al 7.8% en 2024, afectando principalmente a las mujeres, cuya tasa pasó del 7.7% al 10.5%, mientras que la de los hombres creció del 4.4% al 7.4%.

2. El desempleo oculto, que refleja a aquellos disponibles para trabajar pero que no buscan empleo activamente, también mostró un incremento entre 2023 y 2024. Este pasó de 33,967 personas en 2023 a 35,791 en 2024, un aumento del 5.4%.

• Diferencias de género: Las mujeres representan la mayor proporción de este segmento, pasando de 14,707 personas en 2023 a 16,131 en 2024 (9.7% más), mientras que los hombres aumentaron de 19,260 a 19,660 (2.1%).
• Por áreas: En las zonas rurales, el desempleo oculto creció un 72.8%, pasando de 4,731 personas en 2023 a 8,171 en 2024, mientras que en las zonas urbanas hubo una leve disminución, de 28,292 a 26,769 personas.

3. Las mujeres enfrentan mayores barreras de acceso al mercado laboral. Aunque representan el 42.9% de la población ocupada en 2024, su tasa de desempleo total es significativamente mayor al promedio nacional (12.3% frente al 9.5%).

• Mujeres desocupadas: Pasaron de 83,315 en 2023 a 112,246 en 2024, un incremento del 34.7%.
• Hombres desocupados: Pasaron de 72,310 en 2023 a 90,363 en 2024, equivalente a un aumento del 25%.

3. El desempeño laboral varía significativamente entre regiones urbanas y rurales:

• En las zonas urbanas, la población económicamente activa (PEA) disminuyó de 1,530,550 en 2023 a 1,431,880 en 2024, mientras que la desocupación creció del 8.5% al 11.3%. Este incremento se traduce en 30,507 personas más desocupadas en áreas urbanas.
• En las zonas rurales, aunque la PEA creció levemente del 63.2% al 63.6%, la desocupación aumentó del 5.0% al 6.7%, con 15,538 personas más desocupadas.

4. El empleo informal continúa siendo una característica estructural del mercado laboral panameño. En octubre de 2024, 49.3% de los trabajadores estaban en condiciones de informalidad, una leve subida respecto al 47.4% de 2023.

• En las áreas rurales, la informalidad afecta a más del 70% de los trabajadores, destacando provincias como Darién (69.8%) y la Comarca Ngäbe Buglé (69.6%).
• En términos absolutos, los ocupados informales aumentaron de 1,613,670 en 2023 a 1,566,014 en 2024, es decir, 47,656 personas más en este sector.

5. El desempleo total (abierto y oculto) muestra variaciones significativas por región:

1. Colón es la provincia más afectada, con una tasa de desocupación total del 10.3%, en comparación con el promedio nacional del 9.5%.
2. Chiriquí presenta un fuerte deterioro, con un desempleo total que aumentó del 6.3% en 2023 al 9.0% en 2024, sumando 10,320 desocupados más.
3. Las comarcas indígenas, como Ngäbe Buglé, mantienen niveles elevados de informalidad (69.6%) y baja generación de empleo formal.

6. El análisis histórico evidencia cambios sustanciales en la estructura del mercado laboral:

• Población económicamente activa (PEA): En la última década, la PEA pasó del 64.1% en 2014 al 63.3% en 2024, una leve disminución atribuida al envejecimiento de la población y la migración hacia la informalidad.
• Tasa de desempleo:

  • En 2014, la tasa de desempleo era del 4.8%, marcando uno de los niveles más bajos en décadas.
  • A partir de 2021, con la pandemia, el desempleo aumentó drásticamente al 11.3%, reduciéndose en 2023 al 7.4%, pero con un nuevo repunte al 9.5% en 2024.

Informalidad: Aunque la tasa de informalidad se ha mantenido históricamente alta, los niveles actuales del 49.3% en 2024 representan un retroceso frente al 47.0% registrado en 2014, cuando la economía mostraba mayores avances en la formalización.

Por considerarlo de interés para nuestros lectores, inlcuímos el discurso del presidente argentino, Javier Milei, sobre el libre comercio y su impacto en el MERCOSUR.

El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), en su serie original, presentó en septiembre de 2024, una variación positiva de 3.25% respecto al mismo mes del año anterior (variación interanual); resultado que es menor al 3.79% publicado doce meses atrás, de acuerdo con la información compilada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). 

La tendencia ciclo presentó una tasa de variación interanual de 3.21%, para el mismo período.

El IMAE acumulado de enero a septiembre de 2024, registró una variación de 2.57% en su serie original, al compararlo con igual período del 2023.

A nivel interanual (septiembre 2024-23), los sectores que registraron un buen desempeño fueron: Pesca; Actividades comunitarias, sociales y personales de servicios; Suministro de electricidad y agua; Intermediación financiera; Transporte, almacenamiento y comunicaciones; Hoteles y restaurantes; Construcción; Comercio; Industria Manufacturera y Agropecuario.

El resto de los sectores mostraron un desempeño positivo, pero en menor escala; con excepción de la Explotación de minas y canteras, que presento resultados negativos.

La actividad pesquera favorecida por la mayor captura de camarón, pescado y filete de pescado (fresco, refrigerado y congelado), especies orientadas a la exportación. Excepto otros productos del mar que mostraron resultados negativos. 

La prestación de servicios de diversión y esparcimiento presentó estadísticas positivas, por la venta bruta de chances y billetes de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), por los ingresos provenientes del número de apuestas en: Máquinas tragamonedas tipo A, los juegos de suerte y azar a través de Internet y las salas en eventos deportivos. No obstante, disminuyeron las actividades hípicas, las salas de bingos y mesas de juego.                                                                                                                            

La categoría de electricidad y agua continuó su tendencia creciente, impulsada por la generación de energía hidráulica y solar, sin embargo, mantuvieron tasas negativas la generación térmica y eólica y la facturación de agua potable.

La intermediación financiera registró variación positiva, debido al buen desempeño de la cartera crediticia, tanto interna como externa y al aumento de los depósitos del sistema bancario.

El sector transporte y comunicaciones presentó un buen comportamiento en actividades como: Movimiento de carga (en toneladas métricas) en el Sistema Portuario Nacional, el movimiento de contenedores TEU, las telecomunicaciones, el transporte aéreo, y los ingresos por peaje del Canal de Panamá. 

La actividad comercial mostró una buena dinámica, atribuible al crecimiento en las ventas de bienes y servicios en el comercio minorista y mayorista, incluidas las reexportaciones de bienes desde la Zona Libre de Colón y la venta de combustible de 95 octanos.

Sin embargo, registraron disminuciones, las importaciones en Valor CIF, la gasolina de 91 octanos, el diésel bajo en azufre, el fuel oil, el gas licuado y la venta de vehículos nuevos.

La construcción presentó un crecimiento moderado, acorde con la ejecución de obras de inversiones privadas, aunado a la menor demanda de insumos básicos como el concreto y cemento utilizado en el sector.

La producción industrial reportó un leve aumento, efecto de la elaboración de productos alimenticios como: Leche evaporada, condensada y en polvo, carne de pollo, seco y otros licores.

Por el contrario, reflejaron disminución el sacrificio de ganado vacuno y porcino, los derivados del tomate, la leche pasteurizada, las bebidas gaseosas, la cerveza, ron y ginebra. 

El sector agropecuario mostró resultados positivos, por la cría de aves de corral, el cultivo de banano y piña, fundamentalmente, destinados a la exportación y la producción de leche natural. Sin embargo, disminuyeron la actividad ganadera, en la cría de ganado vacuno y porcino y el cultivo de tomate. 

Otras actividades que registraron variaciones positivas fueron: Enseñanza privada, Servicios domésticos en hogares privados y las Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler.

La Explotación de minas y canteras mantuvo su tendencia negativa, afectada por el cierre de la actividad de extracción de minerales de cobre y sus concentrados.   

Desde el inicio, el caso entre The Coca-Cola Company (TCCC) y el IRS ha girado en torno a cómo la empresa multinacional gestionaba sus impuestos sobre los ingresos generados por sus subsidiarias extranjeras bajo las normas de precios de transferencia. Estos precios internos regulan cuánto debe pagar en impuestos una empresa que opera en distintos países, distribuyendo sus ingresos entre sus subsidiarias internacionales y su sede central en Estados Unidos.

En 2015, el IRS realizó una auditoría a Coca-Cola y determinó que la compañía no estaba cumpliendo correctamente con sus obligaciones fiscales en EE.UU., señalando que utilizaba un método de precios de transferencia que subestimaba los ingresos de su sede en EE.UU. y favorecía a las subsidiarias en otros países. Según el IRS, esta práctica permitía a Coca-Cola declarar menores ingresos en Estados Unidos y transferir más ingresos a países con impuestos más bajos. Debido a este ajuste, el IRS reclamaba un pago adicional de aproximadamente 3,300 millones de dólares en impuestos.

El conflicto surge en torno a los métodos específicos de precios de transferencia. El IRS sostiene que Coca-Cola debería haber usado el Comparable Profits Method (CPM), o método de beneficios comparables, el cual se basa en comparar la rentabilidad de las subsidiarias de Coca-Cola con la de empresas similares e independientes en circunstancias comparables. Este método tiene como objetivo garantizar que las subsidiarias de una multinacional, en este caso las de Coca-Cola en países como México y Brasil, no estén generando ingresos desproporcionados en comparación con las funciones que desempeñan y los riesgos que asumen. El IRS argumentó que los beneficios registrados en estos países eran desproporcionadamente altos para el nivel de actividad real que realizaban las subsidiarias. Estas subsidiarias mayormente se encargaban de la producción y distribución de concentrado de Coca-Cola, pero no llevaban a cabo las actividades clave de creación de valor, como el desarrollo de la marca y la gestión de derechos de propiedad intelectual, los cuales eran controlados desde la sede en Estados Unidos. Por lo tanto, el IRS consideraba que los ingresos generados por estas subsidiarias no reflejaban su verdadera contribución al negocio de Coca-Cola, sino que estaban inflados en función de una metodología de precios que beneficiaba las operaciones fuera de EE.UU.

Coca-Cola, en cambio, defendía que el método correcto para calcular los ingresos era el de Participación de Utilidades, el cual se basa en distribuir los beneficios generados entre la sede y sus subsidiarias, tomando en cuenta la contribución de cada parte en la generación de ingresos. Según Coca-Cola, sus subsidiarias en otros países realizaban funciones importantes de producción y distribución que justificaban una parte considerable de los ingresos, por lo que este método distribuía los beneficios de manera equitativa. Además, Coca-Cola argumentaba que su uso de este método se basaba en un acuerdo con el propio IRS que data de la década de los 90, en el cual se había establecido un enfoque de precios de transferencia específico. La empresa alegaba que, tras seguir fielmente este método durante años, el IRS no podía cambiar repentinamente su interpretación sin presentar una razón justificada o una modificación en la normativa.

El caso fue llevado al Tribunal Fiscal de Estados Unidos en 2020. En su fallo, el tribunal respaldó la posición del IRS, considerando que la agencia tributaria tenía derecho a cambiar su interpretación de los precios de transferencia y aplicar un método diferente al establecido previamente. El tribunal razonó que los acuerdos de precios de transferencia podían ser revisados si las circunstancias comerciales y de mercado habían evolucionado, y que el método CPM distribuía mejor los beneficios entre la sede en EE.UU. y las subsidiarias extranjeras de Coca-Cola, dado que la mayor parte del valor de la empresa residía en su marca, cuyo valor originaba en Estados Unidos. De acuerdo con el tribunal, los ingresos de Coca-Cola debían reflejarse en EE.UU. en función de la importancia de los activos subyacentes, como su marca, y las funciones de la sede central. Con base en esto, se respaldó el ajuste fiscal de 3,300 millones de dólares.

A pesar de este fallo, Coca-Cola decidió apelar, argumentando que el Tribunal Fiscal había ignorado el acuerdo previo con el IRS y que el cambio de método no era justificado. La apelación continúa en instancias superiores, y su resultado podría tener un impacto considerable en otras multinacionales, ya que podría establecer un precedente que permitiría al IRS revisar y ajustar retroactivamente los acuerdos de precios de transferencia con las empresas si considera que ya no reflejan la realidad económica. Una derrota de Coca-Cola podría implicar revisiones fiscales más rigurosas y una mayor exposición fiscal para otras multinacionales que operan con acuerdos de precios de transferencia.

Recientemente, el gobierno argentino, liderado por el presidente Javier Milei, tomó la decisión de disolver la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y reemplazarla por una nueva entidad denominada Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Esta decisión representa una reforma profunda en el sistema de administración tributaria y aduanera de Argentina, enfocada en reducir el tamaño del aparato estatal, mejorar la eficiencia en la recaudación de impuestos, y optimizar el control sobre el comercio exterior.

El nuevo organismo, la ARCA, se estructura en dos entidades principales: la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA). La DGI se encargará de la recaudación de impuestos internos, mientras que la DGA se ocupará del control y regulación de las actividades de importación y exportación en el país. Esta reorganización responde a la visión del gobierno de Milei de un estado más «liviano y eficiente», donde la burocracia sea mínima y se eliminen procesos considerados excesivos o redundantes. Según el presidente y sus asesores, la AFIP, entidad responsable de estos mismos objetivos hasta ahora, era una estructura demasiado compleja que obstaculizaba la libertad económica de los ciudadanos y el crecimiento del país, por lo que decidieron reemplazarla completamente.

Uno de los puntos más relevantes de esta reforma es la reducción significativa de personal, con un recorte estimado del 34% de los puestos de trabajo en comparación con los que había en la AFIP. Esta medida incluye la eliminación de cargos y funciones que, según el gobierno, eran innecesarios y costosos para el presupuesto nacional. Además, en un esfuerzo por disminuir el gasto estatal, se han reducido los salarios de los funcionarios de alto nivel, incluyendo los de los dos directores de la DGI y la DGA. Con esta medida, también se eliminó una práctica conocida como la “Cuenta de Jerarquización”, que permitía que los directores de la AFIP recibieran salarios mucho más altos que otros funcionarios públicos. Con la creación de la ARCA, los sueldos de estos directivos se han igualado a los de otros roles gubernamentales, como ministros y secretarios de estado, lo que representa un ahorro para el erario público.

Además, la ARCA se ha comprometido a revisar los contratos de alrededor de 3,100 empleados que fueron contratados irregularmente en administraciones anteriores. Estos empleados serán reubicados o despedidos según los criterios de necesidad y desempeño, lo cual, según el gobierno, permitirá un ahorro adicional estimado de 640 millones de dólares anuales. Sin embargo, la decisión ha generado una fuerte reacción entre los empleados de la nueva agencia, especialmente en el sector aduanero, quienes han iniciado protestas en las instalaciones de la ARCA, afectando los trámites en aeropuertos y en otros puntos de ingreso y salida de bienes al país. Este cambio es parte de un conjunto más amplio de reformas que Javier Milei ha implementado desde su llegada al poder en diciembre, orientadas a estabilizar la economía argentina y reducir el déficit fiscal. Las reformas han incluido recortes de subsidios estatales y la devaluación de la moneda, buscando también reducir la inflación, que se ha mantenido entre las más altas del mundo. La política de Milei, considerada por algunos como radical, busca corregir décadas de problemas económicos en Argentina, apostando por un estado más reducido y una economía más abierta y competitiva.

Es fundamental cumplir con puntualidad las obligaciones fiscales para evitar complicaciones y posibles sanciones. En nuestro Calendario Tributario, te proporcionamos todas las fechas clave que necesitas tener presente para mantener en orden tus finanzas este mes.

Asegúrate de marcar estas fechas en tu agenda y, en caso de cualquier duda, no dudes en ponerte en contacto con nosotros, nuestros abogados están listos para orientarte.

10 de febrero

• Impuesto Primas Brutas Seguro- Incendio y renovaciones.

15 de febrero

• Declaración Jurada mensual sobre Primas cobradas ( no incluye renovaciones, ni incendio).
• Impuesto primas brutas cobradas ( Aseguradoras).
• Pago de ITBMS (Mensual).
• Declaración de Retenciones de ITBMS Mensual.
• Informe de Ventas con tarjeta de crédito y débito.
• Impuesto Selectivo al Consumo.
• Impuesto de timbre.
• Impuesto sobre Juego de Suerte y Azar.
• Consumo de Combustibles y Derivados del Petróleo (Informe Mensual).

25 de febrero

• Ultimo día para la presentación de las Planillas SIPE.

28 de febrero

• Presentación de Informe de contribuyentes no declarantes.
• Informe de Compras e importación de bienes y servicios. Formulario 43.
• Impuesto de inmueble pago con descuento del 10% de descuento.
• Reporte de la planilla 03 presentar mensual.
• Reporte formulario # 1027 sobre informe de ventas y prestaciones de servicio.
• Informe de recursos minerales no metálicos.
• Último día para pagar la planilla CSS.
• Pago impuesto municipal mensual.

*Nota: En caso de fechas que correspondan a días no hábiles, la DGI tiene facultad discrecional para extender las fechas de pago al siguiente día hábil.