Por: Juan Fernández-Miranda. ABC España. Publicado el 7 de marzo de 2025.

La Comisión Europea ha puesto en ‘stand by’ su plan de sacar a Gibraltar de la lista de territorios a los que la UE vigila de forma especial en el marco de la lucha contra el blanqueo de capitales. Se trata de la llamada lista gris, de la que el Gobierno comunitario lleva tiempo tratando de sacar no sólo al Peñón, sino también a Panamá y a Emiratos Árabes Unidos. Es la lucha contra los denominados paraísos fiscales, con todos sus matices jurídicos, territoriales y estratégicos existentes entre ellos.

Tras la formación del nuevo Colegio de comisarios, la nueva responsable de Servicios Financieros y Unión de Ahorros e Inversiones, la portuguesa María Luís Alburquerque, compareció el 28 de enero ante las comisiones de Economía y de Justicia e Interior del Parlamento Europeo en una sesión conjunta para testar el apoyo de la Eurocámara a esta triple iniciativa que afecta a Gibraltar, Emiratos Árabes Unidos y Panamá. Según ha podido saber ABC, Alburquerque se encontró con una oposición contundente al plan, y según fuentes presentes en la reunión, «entendió que en la piscina no hay agua». En el caso de Gibraltar, los grupos que se niegan a sacarlo de la lista gris son el PPE, Patriots y una parte de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), la familia continental de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.

Aplicación efectiva

La elaboración de esta lista es consecuencia de las revisiones periódicas sobre la situación de los Estados en relación con la lucha antiblanqueo, una de las cuestiones que más preocupa en Bruselas. Desde el punto de vista técnico, la Comisión sostiene que Gibraltar está cumpliendo con la legislación exigida. Sin embargo, una cuestión es la normativa vigente y otra la implementación de la misma para que las medidas sean eficaces.

La Comisión hace este estudio una vez al año y para ello se basa en dos índices que analizan la regulación jurídica, pero no su implementación. El primero es un informe externo (GAFI) y el segundo es propio, aunque muy influido por el anterior. Los grupos que se oponen a sacar a Gibraltar de la lista gris entienden que a pesar de exista la legislación, ésta no se cumple, o no de un modo satisfactorio o compatible con los estándares de exigencia de la UE.

Oficialmente, la Comisión admite que tras el rechazo en 2024 del Parlamento de una iniciativa similar, la Comisión «no publicó el reglamento delegado que actualizaba la lista con países terceros de alto riesgo». Sobre la cuestión concreta de Gibraltar, asegura que «ha escuchado las preocupaciones de la Cámara sobre países específicos y está trabajando con ellos en las deficiencias identificadas» y «tiene la intención de actualizar la lista lo antes posible».

No obstante, fuentes comunitarias aseguran a ABC que la comisaria ha decidido frenar el asunto ante la constatación de que no cuenta con los apoyos necesarios. «El asunto no está en absoluto maduro y, a la vista de la oposición de los grupos, la Comisión va a dejarlo dormir», explican. Hay otro elemento que complica la iniciativa: el hecho de que los tres territorios vayan juntos y no se voten individualmente complica que la Comisión pueda concitar los apoyos en el Parlamento. Desde el Grupo Popular Europeo se asegura que «si vuelven a sacar esa lista, nos vamos a oponer». Por su parte, desde el grupo de los socialdemócratas europeos se explica a este periódico que «es un sinsentido» que Panamá esté en la lista de paraísos fiscales, de manera que están «a favor de sacarla» de la lista gris contra el blanqueo.

En 2024, la anterior Comisión Europea ya se encontró con la oposición del Parlamento. En aquel momento, fue el entonces eurodiputado y exministro de Asuntos Exteriores español José Manuel García Margallo quien lideró la posición contraria de España. Para ello presentó una enmienda agarrándose a las prácticas financieras de Gibraltar y al hecho de que pudiera utilizarse para eludir las sanciones contra el régimen ruso de Vladimir Putin. Tras las elecciones del 9 de junio y una vez compuesto el nuevo Colegio de comisarios, es cuando Alburquerque ha retomado la intención inicial. La respuesta ha sido la misma.

La posición de España

Cuando este año la Comisión publique el informe anual sobre los llamados paraísos fiscales será el momento de ver cómo reacciona no sólo el Parlamento Europeo, sino también el Consejo. Ahí la atención mediática estará en la posición que adopte el Gobierno de España en plenas conversaciones sobre el Brexit, el último fleco pendiente en las negociaciones entre Bruselas y Londres. El Gobierno de Pedro Sánchez tiene capacidad de veto.

Hace un año fue significativo que la decisión del Parlamento Europeo se adoptó en contra del criterio de los socialistas españoles, lo que indujo a creer que este asunto podría formar parte de las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea, en las que España tiene el papel más relevante.

La lucha contra el blanqueo de capitales es una prioridad en la Unión Europea porque se entiende que es la principal vía de financiación del crimen organizado y del terrorismo. En este sentido, según explican desde Bruselas, España es un país de referencia como consecuencia de la experiencia adquirida después de tantas décadas de lucha contra la banda terrorista ETA.

A la espera de que la Comisión Europea y los gobiernos de Reino Unido y de España alcancen un acuerdo sobre el futuro de Gibraltar, en el Parlamento Europeo se observa con atención cualquier movimiento que pudiera afectar a la legislación antiblanqueo y si esto pudiera estar relacionado con las citadas negociaciones. Los vetos cruzados entre los países afectados y los grupos parlamentarios dibuja un horizonte difícil al plan inicial de sacar los tres territorios de la lista gris en una única votación.

La decisión de la nueva Administración estadounidense de suspender los fondos para la ayuda al desarrollo ha supuesto un terremoto sin precedentes que deja en riesgo de muerte el sistema de cooperación internacional.

De un plumazo, la administración de Trump ha comenzado a desmantelar USAID. Miles de funcionarios, junto con sus familias, han sido obligados a sacar a sus hijos del colegio de forma abrupta y tomar rumbo hacia Estados Unidos. Los alimentos que distribuían en las peores crisis humanitarias del planeta se pudren en los hangares, y a niños en Somalia se les ha informado que no podrán recibir la vacuna contra la tuberculosis.

Las formas y la humillación han sido tan importantes como la decisión. Dos plutócratas, en un fin de semana, anunciaron su intención de cerrar la agencia de desarrollo más grande del mundo “porque está llena de gusanos”, con mofas y a golpe de tuit. China y Rusia se frotan las manos ante este tiro en el pie de un Estados Unidos, y de Occidente en general, cada vez menos querido en infinidad de contextos del Sur Global por su arrogancia y dobles estándares. La cooperación era, hasta ahora, una forma de mostrar su mejor versión.

La decisión ha supuesto un terremoto sin precedentes que deja en riesgo de muerte el sistema de ayuda internacional tal como lo construimos en 1945 y que han mantenido todos los presidentes de Estados Unidos desde entonces, junto con los del resto del planeta. “Si no queremos morir juntos en guerras, debemos aprender a vivir juntos en paz”, decía el presidente Truman en la fundación de Naciones Unidas en 1945 en San Francisco, EE UU, cuando su país representaba el 50% de la economía global, no el 20% como ahora, y comprendía la importancia de la colaboración y cooperación entre los países para la búsqueda de una prosperidad colectiva.

Estados Unidos, nos guste o no, ha ejercido un papel crucial en el financiamiento de estructuras públicas globales, una responsabilidad que ha decidido abandonar, contribuyendo a la fractura del orden global

También se han retirado los fondos a diferentes agencias de Naciones Unidas, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), y se ha suspendido la participación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Los fondos para la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) están congelados, al igual que 1.200 millones de UNICEF. El cierre de un programa de salud materno-infantil de UNFPA en Afganistán ha supuesto el despido inmediato de 1.700 mujeres profesionales afganas.

Estados Unidos, nos guste o no, ha ejercido un papel crucial en el financiamiento de estructuras públicas globales, una responsabilidad que ha decidido abandonar, contribuyendo a la fractura del orden global y debilitando el sistema multilateral.

Lo ha hecho sin ser un país especialmente generoso. Solo destinaba el 0,24% de su Ingreso Nacional Bruto a la asistencia oficial al desarrollo, una de las cifras más bajas dentro de la OCDE, con una ayuda muchas veces condicionada a favorecer sus propios intereses. La ayuda humanitaria le servía para deshacerse de sus excedentes agrícolas, obligaba a la compra de sus propios vehículos y, en general, favorecía a sus empresas, como las consultoras.

Sin embargo, ese pequeño porcentaje de su riqueza representaba el 43% de la ayuda humanitaria global, esencial en algunas de las principales crisis humanitarias y países más castigados del mundo, como Afganistán o Sudán. No olvidemos que uno de cada cinco niñas y niños del planeta vive en una zona de conflicto o huye de ella, aproximadamente 400 millones. Naciones Unidas ya consideraba el año pasado como catastrófico debido a la falta de fondos suficientes para atender todas las necesidades humanitarias y al ataque constante contra su labor. El 2025 será aún más violento e impredecible.

La cooperación, como su propio nombre indica, siempre ha sido un beneficio mutuo: al país receptor, pero también al oferente. Servía para frenar la migración hacia su territorio, reducir el cultivo de drogas, prevenir enfermedades globales, mantener a países en su órbita de influencia y alejarlos de la de otros. Era una herramienta de soft power y de apoyo a su seguridad, garantizando que sus aviones pudieran sobrevolar ciertos territorios y sus fragatas atracar en puertos estratégicos. Samantha Power, exadministradora de USAID, lo explicó muy bien esta semana.

Ese pequeño porcentaje de su riqueza representaba el 43% de la ayuda humanitaria global, esencial en algunas de las principales crisis humanitarias y países más castigados del mundo

USAID requería una reforma profunda, pero esa discusión ya carece de sentido. Quien vea en su cierre una oportunidad es un cínico o un estúpido de sofá. No se cubrirá ese vacío. Francia también prevé recortes del 40% en su ayuda, la UE del 35% en los próximos tres años, y Suiza reducirá de manera significativa su apoyo a las agencias de Naciones Unidas. Nos enfrentamos a un panorama de mayor inestabilidad ante un orden internacional agrietado y un nuevo sistema que aún ni siquiera ha sido concebido.

Habrá tiempo para reflexionar sobre cómo hemos llegado hasta aquí, qué hacer para recomponer el daño que esta decisión ha causado e incluso para identificar oportunidades a mediano plazo para quienes creemos que el sistema debía descolonizarse, desburocratizarse, volverse menos rígido y centrarse en procesos sostenibles. Pero ahora es momento de acuerpar a las miles de organizaciones sociales fundamentales que han perdido su apoyo y prepararnos rápidamente para lo que grupos extremistas, envalentonados y posiblemente financiados, puedan hacer a partir de ahora. En esas estamos.

Este artículo pertenece a El País. Visita el siguiente enlace para conocer más: https://elpais.com/planeta-futuro/2025-02-11/cierre-de-usaid-preparemonos-con-urgencia-para-un-mundo-mas-tenebroso.html

Introducción a la Declaración de David Kaye

Los firmantes de la declaración que figura a continuación se encuentran entre los estadounidenses que han trabajado en los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas durante décadas, ayudando a desarrollar un sistema que el Secretario General de la ONU, Kofi Annan, llamó la “ joya de la corona ” de las Naciones Unidas. Han sido miembros de grupos de trabajo sobre derechos humanos, se han desempeñado como expertos independientes y relatores especiales que monitorean áreas clave del impacto estatal y corporativo sobre los derechos humanos, y han encabezado comités de coordinación de lo que se conoce como los “ procedimientos especiales ” de la ONU . El sistema de derechos humanos de la ONU, en su conjunto, ha ayudado a desarrollar áreas clave del derecho internacional de los derechos humanos, incluso en áreas clave de preocupación para los Estados Unidos, como la protección de las mujeres y las niñas contra la violencia y la discriminación; los derechos a la libertad de expresión, protesta y expresión cultural; la independencia del poder judicial; el derecho a un medio ambiente saludable; los derechos fundamentales al debido proceso; y la eliminación de la pobreza extrema. Los expertos de las Naciones Unidas han llamado la atención crítica sobre las violaciones cometidas por Estados como Irán, Rusia, China y Arabia Saudita, al tiempo que presionan a los Estados democráticos para que cumplan con sus obligaciones en contextos como el terrorismo, la justicia económica, la libertad religiosa y la no discriminación.

Dieciséis de estos expertos emiten la declaración que figura a continuación.

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Los ataques de la administración Trump al derecho y las instituciones internacionales: declaración pública de expertos estadounidenses en derechos humanos y miembros actuales y anteriores de organismos de la ONU

Desde el 20  enero, hemos observado con creciente alarma cómo la administración del presidente estadounidense Donald J. Trump ha tratado de repudiar los compromisos de Estados Unidos con el derecho y las instituciones internacionales. Él y su administración han retirado a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París y de la Organización Mundial de la Salud, han puesto fin a la financiación de proyectos humanitarios y de Estado de derecho en curso, han eliminado la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), han iniciado sanciones contra funcionarios de la Corte Penal Internacional, han puesto fin a la financiación del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas (UNRWA) y han retirado la participación de Estados Unidos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Todo esto tendrá un impacto catastrófico en los derechos humanos en Estados Unidos y en todo el mundo.

El gobierno también ha lanzado un ataque integral contra los compromisos de Estados Unidos en materia de derechos civiles, utilizando el racismo en sus ataques a los esfuerzos de larga data para promover la no discriminación en los contratos gubernamentales y en la fuerza laboral y discriminando a las personas en función de su orientación sexual o identidad de género. El presidente ha sembrado el terror entre las comunidades inmigrantes, independientemente de su estatus legal en los Estados Unidos, y ha pedido la limpieza étnica del territorio palestino ocupado. El cierre global de la asistencia de USAID ya está teniendo efectos inmediatos en los pacientes en instalaciones financiadas por Estados Unidos y en los disidentes que buscan protección de los regímenes autoritarios. Su administración ha cerrado sitios web gubernamentales, negando al público el acceso a la información, ha hecho declaraciones patentemente falsas y ha lanzado amenazas a quienes ejercen sus derechos de la Primera Enmienda para informar, criticar o protestar contra sus acciones. Ha liberado a quienes intentaron derrocar la transición pacífica del poder el 6 de enero de 2021 y ha despedido a quienes los procesaron.

En resumen, la administración Trump ha llevado a cabo el ataque más amplio a los derechos humanos y la rendición de cuentas por parte de cualquier administración estadounidense en la historia moderna, lo que constituye una traición a los compromisos asumidos por las administraciones republicanas y demócratas anteriores durante los últimos ochenta años. En el caso de USAID y otros programas de asistencia más amplios, y los actos de discriminación, el ataque viola las obligaciones legales nacionales e internacionales existentes. Muchas de las acciones, como la pretensión de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, son obviamente inconstitucionales.

Cada uno de nosotros ha actuado como experto independiente en derechos humanos dentro del sistema de las Naciones Unidas. Actuamos ahora y siempre lo hemos hecho de manera independiente, pero respetando el compromiso de los Estados Unidos de participar en la protección de los derechos humanos a escala mundial. Es cierto que ese compromiso no ha sido constante a lo largo del tiempo ni en su aplicación, y cada uno de nosotros ha expresado su opinión en casos en los que considera que los Estados Unidos han incumplido sus obligaciones. Pero históricamente, los Estados Unidos han desempeñado un papel clave en los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos y el estado de derecho a escala mundial, desde el comienzo mismo de esos sistemas, en la negociación de la Carta de las Naciones Unidas y la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos tras el fin de la Segunda Guerra Mundial.

La administración Trump traiciona esa historia y esos valores de maneras que promueven los intereses de autoritarios y demagogos de todo el mundo y despojarán a los estadounidenses y a otros de sus derechos humanos fundamentales. Su ataque al Estado de derecho no promueve ningún interés nacional estadounidense concebible, que reside en un sistema mundial fundado en principios de derechos humanos, la no utilización de la fuerza, la colaboración para resolver problemas globales y la igualdad soberana de los Estados. Las acciones de la administración traicionan cada uno de esos principios internacionales bien establecidos.

Instamos a la administración Trump a cambiar de rumbo.

Instamos a todos los legisladores, republicanos y demócratas, a que contrarresten la traición de la administración a estos valores y defiendan el compromiso histórico del Congreso con la participación internacional, la protección de los derechos humanos y el apoyo humanitario. Los instamos a que se manifiesten públicamente y tomen medidas dentro de sus cámaras para evitar la demolición del compromiso de Estados Unidos con los derechos humanos y el derecho internacional.

Instamos a los líderes a nivel estatal y local a fortalecer sus propios compromisos con los derechos humanos, para garantizar que sus residentes tengan protección contra los abusos constantes y amenazantes de la administración.

Estamos junto a las víctimas de estas políticas, en nuestro país y en todo el mundo, y junto a todos aquellos en la sociedad civil que resisten el ataque a los derechos humanos y buscan formas de monitorear su cumplimiento.

Firmado a título individual por:

Philip Alston , Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos (2014-2020); Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias (2004-2010)

James Anaya , Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (2018 – 2014)

Karima Bennoune , Relatora Especial de la ONU en materia de Derechos Culturales (2015 – 2021)

Dominique Day , miembro del Grupo de trabajo de expertos de las Naciones Unidas sobre los afrodescendientes (2018-2024)

Ariel Dulitzky , miembro del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre

Desapariciones Forzadas o Involuntarias (2010 – 2017)

Claudia Flores , vicepresidenta del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas (2023 – presente)

David A. Kaye , Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de opinión y de expresión (2014 – 2020)

John H. Knox , Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el medio ambiente (2012 – 2018)

Gay J. McDougall ,  vicepresidenta del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (2021-2025, 2015-2019, 1997-2001); relatora especial de las Naciones Unidas sobre las minorías (2005-2011)

Juan Méndez , miembro del Mecanismo de expertos independientes de las Naciones

Unidas sobre la aplicación de la ley y el racismo (2021 – 2024); Relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura (2010 – 2016)

Marcos A. Orellana , Relator Especial de la ONU sobre sustancias tóxicas y derechos humanos (2020 – presente)

Diane Orentlicher , experta independiente de las Naciones Unidas sobre la lucha contra la impunidad (2004-2005)

Balakrishnan Rajagopal , Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada (2020 – presente)

Gabor Rona , presidente del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Mercenarios (2011-2019)

Margaret Satterthwaite , Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados (2022 – presente)

Baskut Tuncak , Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y los desechos peligrosos (2014-2020)

Artículo por Just Security.

Acerca del autor(es): 16 expertos estadounidenses en derechos humanos, miembros actuales y anteriores de organismos de la ONU.

Los autores son miembros actuales y anteriores de órganos de las Naciones Unidas y firman esta declaración a título personal.

ALGUNAS IDEAS DE LO QUE DEBE Y PUEDE HACERSE 

Estamos a escasas horas de que se produzca la toma de posesión del Presidente electo de EEUU Donald Trump y se percibe una atmósfera densa de expectación y legítima inquietud debido a la naturaleza de las manifestaciones que ha venido expresando en los últimos días acerca de la proyección que impulsará durante su Administración. 

Con independencia del talante ciertamente montaraz y altisonante de las declaraciones, muy alejadas del lenguaje diplomático comedido y prudente que impone el protocolo internacional, se hace necesario hacer un esfuerzo reflexivo que ayude a ponderar cuáles pueden ser los derroteros que debe seguir Panamá ante este complejo desafío que suponen las declaraciones del Presidente TRUMP y su futuro Secretario de Estado respecto al manejo del Canal y la presencia de intereses chinos en el Istmo. 

Lo primero que hay que tener en cuenta es que, no obstante, el contenido peyorativo y destemplado de las manifestaciones, las mismas no son accidentales, pues, han 

sido reiteradas en contextos que denotan un marcado interés de relacionar el tema a asuntos de seguridad económica y geoestratégica de EE. UU. 

En segundo término, tales manifestaciones provienen no sólo del Presidente Electo sino que son coincidentes con las expresadas esta semana por el futuro Secretario de Estado Marco Rubio lo que revela que la cuestión es seria y no pueden ni subestimarse o banalizarse con señalamientos ad hominem contra el nuevo mandatario norteamericano quien ascenderá al cargo con altos índices de popularidad en su país, un dominio casi total del Partido Republicano que controla las dos Cámaras del Congreso y cuenta con una clara mayoría conservadora en la Corte Suprema de Justicia. Como anotó en alguna oportunidad PETER THIEL-creador de PAYPAL junto a ELON MUSK- y quien es uno de los magnates tecnócratas que respalda con mayor fuerza a TRUMP y a su vicepresidente VANCE “las palabras de TRUMP no hay que tomarlas en sentido literal pero si hay que tomarlas en serio” 

Es evidente, entonces, que la situación supone un desafío complejo y difícil para nuestro país que exige una lectura realista, madura, fría y, ante todo efectiva, para encarar con sindéresis la preservación de los intereses vitales de la Nación y su dignidad en un escenario de gran asimetría. Lo que no puede hacerse es adoptar ni actitudes reactivas o improvisadas ni tampoco asumir fáciles posiciones victimistas que si bien pueden ser legítimas y comprensibles constituyen solamente acciones tácticas más no estratégicas en un momento en el que las instituciones internacionales globales 

pasan por una crisis insondable de funcionalidad y efectividad. 

Estamos ante un escenario excepcional que requiere criterios cónsonos con esta nueva realidad. Soy del criterio que nuestro país enfrenta el más difícil desafío en su historia de relaciones con EEUU, dado que los momentos complicados que hemos vivido antaño se desarrollaron cuando existían circunstancias internacionales sustancialmente distintas a las que prevalecen hogaño. Esta intrincada situación configura para la actual Administración panameña un auténtico “cisne negro” expresión metafórica empleada hace algunos años por el autor NASSIM NICHOLAS TALEB para designar un evento atípico, impredecible y de impacto significativo en la economía, historia etc. 

En la mira de ordenar algunas ideas puede resultar útil tener en mientes las siguientes realidades: 

• Debido a nuestra privilegiada posición geográfica y de que aquí está ubicado el Canal, Panamá ha mantenido desde su advenimiento como Estado independiente en 1903 una relación singularmente especial con EEUU que ha tenido momentos difíciles y dolorosos pero que también han logrado superarse de manera ventajosa para nosotros pese a la elocuente desigualdad que mantenemos con la primera potencia del mundo occidental. Ese acervo de experiencia no lo tiene ningún país latinoamericano. 
• Aunque nos guste o no es una realidad que la construcción del Canal marcó para Panamá una impronta en su decurso político y no es aventurado considerar que ese factor ha influido 

• en el contenido de las relaciones que hemos mantenido y mantenemos con los EE. UU. 
• La posición geográfica y la presencia del Canal son realidades geopolíticas que para bien o para mal colocan a nuestro país en una zona de influencia estratégica global. El 6% del comercio mundial hace uso de esas instalaciones y las dos potencias hegemónicas dominantes EEUU y China comparten el primero y segundo lugar en la lista de principales usuarios de la vía. 
• El escenario político y económico internacional pone de manifiesto que EEUU y China están protagonizando una encarnizada lucha por el predominio global. 
• Esa inocultable tensión hegemónica ha cobrado ribetes intensos principalmente por la posición expresada por el Presidente TRUMP que no hay que soslayar responde, en esencia, a una línea bipartidista compartida por las dos formaciones políticas principales acerca de la necesidad que tiene EEUU de retomar su liderazgo en zonas de influencia vitales para su seguridad económica y estratégica a fin de enfrentar la presencia china que consideran una amenaza a su predominio global. 
• La preocupación norteamericana creo que no se agota solamente con el reparo sobre el control de los puertos de Balboa y Cristóbal sino que es posible que englobe también la misma posición geográfica en su visión geoestratégica. 
• Panamá tiene, por tanto, que estar consciente de esa tensión hegemónica que existe y que protagonizan como telón de fondo mundial EEUU y China para diseñar una política exterior 

• que nos ayude a salir sin mayores detrimentos ni menoscabos de este auténtico atolladero. 
• Mantener actitudes negacionistas o refractarias al reconocimiento de esa realidad sólo nos expondrá a escenarios indeseables e inconvenientes. 

Por ello, con base en esos factores pueden pergeñarse algunas consideraciones sobre qué debe y puede hacerse ante este desafío tan complejo que plantea la firme posición anti China de la próxima administración norteamericana presidida por TRUMP. 

Qué debe hacerse 

Sin ninguna pretensión jactanciosa de hacer un listado exhaustivo estimo que nuestro país podría considerar algunas acciones, a saber: 

• Conformar de manera inmediata un equipo multidisciplinario competente y experimentado que pueda ayudar a que la actual Administración panameña tenga un cuadro claro de escenarios para gestionar con éxito las previsibles presiones que seguramente desarrollará la administración norteamericana para el logro de sus objetivos. 
• Ese equipo profesional debe ofrecer no sólo un análisis del desafío sino también un elenco de cursos alternativos y planificados que preserven nuestros intereses vitales y la dignidad e independencia nacional. 
• Dado que una eventual conversación entre EEUU y Panamá sobre la presencia china se desarrollará en un clima de previsible tensión convendría contar con una experimentada 

• lobby que ayude a identificar potenciales aliados en los círculos de poder de EEUU y mitigar reacciones adversas contra nuestro país. 
• Es preciso evitar improvisaciones tanto en la escogencia del equipo asesor como en las acciones que se vayan a emprender porque el costo negativo y perjudicial que podría generarse para Panamá es significativo y considerable. El tono de las conversaciones que se den sobre este espinoso asunto no puede ser, por tanto, pugnaz o altivo sino firme, maduro y con un bien meditado objetivo estratégico. 
• Hay que evitar a toda costa que EEUU se lleve la errónea idea de que Panamá no es sensible a sus preocupaciones de seguridad geoestratégicas que, como indiqué, creo que no se limitarán al tema portuario únicamente, sino que abarcarán cuestiones relativas a nuestra posición geográfica y económica (control efectivo de las fronteras; cese de la utilización de puertos para el tráfico internacional de drogas; incremento de medidas de combate al lavado de activos; corrupción gubernamental, etc). 
• La narrativa panameña tiene que ser lo suficientemente sagaz y creativa para evitar imposiciones irresistibles que lesionen nuestra economía y comprometan de manera indecorosa nuestra independencia y dignidad. Hay que mantener una lectura atenta, fría y realista del clima que circundará esos contactos. Por esto habrá que gestar una auténtica unidad de objetivos nacionales, que sea desprendida, clara y pragmática ya que sólo así el país podrá superar constructivamente esta riesgosa coyuntura. 

• Como la dinámica de los acontecimientos será veloz hay que tener en cuenta que Panamá no dispondrá de mucho tiempo para conducir esas conversaciones con EEUU. El estilo transaccional, unilateral y punitivo del Presidente norteamericano debe ser un tema esencial a tener en cuenta. 

Qué puede hacerse 

La clave para que Panamá salga adelante ante este complejo desafío será contar con una bien lograda visión estratégica y táctica. Como es de esperar que las conversaciones sobre el tema chino serán promovidas por EEUU, nuestro país debe estar lo suficientemente preparado para ello, luego de haber ponderado sus mejores opciones dentro un cuidadoso planeamiento por escenarios. 

En ese sentido, Panamá bien puede hacer planteamientos que puedan ser coadyuvantes con el logro de nuestros objetivos nacionales. Esto es convertir una amenaza en una suerte de oportunidad de valor que nos permita relanzar de manera positiva nuestra relación de cooperación estratégica y respeto con EEUU. 

Algunas acciones que pueden considerarse como constructivas y provechosas para nuestro país y que coinciden con los intereses estratégicos de EEUU son: 

1. Adoptar un régimen normativo que aprovechando nuestra posición geográfica estimule y facilite la inversión directa norteamericana en áreas como: 
2. Hub para la distribución de componentes tecnológicos 

• Establecimiento de centros de datos aprovechando los cables submarinos que pasan por Panamá. 
• Creación de zonas tecnológicas especiales. 
• Centros de procesamiento de datos cuánticos e inteligencia artificial 
• Nearshoring 
• Telecomunicaciones y turismo 
• Centros de investigación biomédica 
• Acuerdos con empresas tecnológicas y centros universitarios de EEUU para la formación de especialistas en IA y computación cuántica. 
• Programas de intercambios y pasantías con Universidades norteamericanas en áreas de matemáticas, ciencias. 
• Cooperación de EEUU para el retiro de Panamá de la Listas discriminatorias. 
• Acuerdos de transferencia de tecnología 
• Diversificación de operadores portuarios norteamericanos y de países aliados de EEUU. 
• Fortalecimiento de las tareas de supervisión de las operaciones portuarias existentes. 
• Aumento de presencia de autoridades panameñas en las instalaciones portuarias 
• Mejora de los protocolos de seguridad y supervisión conjunta con EEUU. 

1. Revisión de los términos de las concesiones existentes. 
2. Adopción de un régimen legal definido y claro que prohíba la inversión directa o indirecta de Estados extranjeros en áreas de sensibilidad estratégica (tierras, electricidad, telecomunicaciones, banca, distribución de alimentos, seguridad, minería etc). 

En definitiva, Panamá tiene por delante un complejo desafío que sólo mediante un reconocimiento sensato de la nueva realidad geopolítica logrará una vez más construir y fortalecer una relación provechosa y fraterna con el pueblo y gobierno de EEUU. 

En la vida el cambio y la adaptabilidad constituyen las únicas certezas y no podemos dar la espalda a esa realidad, pues, como bien anotó el célebre naturalista inglés CHARLES DARWIN “no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que más responde a los cambios”. 

Por: Adán Arnulfo Arjona L. 
Abogado. Exmagistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia. 

Fuente: CEPAL

Los países de América Latina y el Caribe (ALC) deberían mejorar la recaudación de impuestos, el gasto y la gestión de la deuda pública, así como movilizar más recursos privados para financiar sus ambiciosas agendas de desarrollo, según la edición de 2024 de las Perspectivas económicas de América Latina (LEO): Financiando el Desarrollo Sostenible  .

La 17a edición del informe sostiene que para reducir la brecha de financiamiento sostenible de ALC – estimado en 99 000 millones de USD al año – se debe mejorar la coordinación entre los actores públicos y privados, con ayuda de sus socios internacionales.

Dado el difícil contexto socioeconómico de la región, se necesita un conjunto de reformas de gran alcance. El crecimiento de la productividad sigue siendo escaso: la productividad laboral promedio ascendió a tan solo un 33% de los niveles registrados en la OCDE en 2023, mientras que ese mismo año un 27.3% de la población total de la región vivía en situación de pobreza, el nivel más bajo de las dos últimas décadas. La pobreza extrema, sin embargo, se ha mantenido persistentemente alta, al afectar a una de cada diez (10.6%) personas de América Latina y el Caribe.

Muchos países mantienen una postura estricta en materia de política monetaria, con el fin de mantener bajo control las expectativas sobre la inflación, y están atravesando una fase de consolidación fiscal, tras el descenso considerable del espacio fiscal de la región después de la pandemia del COVID-19. En este contexto, el margen de maniobra para formular políticas económicas expansionistas que respalden la demanda agregada y promuevan la consecución de objetivos sociales es limitado.

El informe identifica las siguientes prioridades para movilizar recursos en favor de un desarrollo sostenible en ALC:

• Mejorar la forma en que se gravan los impuestos. En la mayoría de economías de ALC, los ingresos tributarios son bajos, con un promedio del 21.5% del PIB en 2022, frente al 34% de la OCDE. Además, ajustar la estructura tributaria o potenciar los impuestos existentes podría ayudar a reducir las desigualdades, contribuir a la transición verde, impulsar los resultados en materia de salud y promover el emprendimiento.
• Optimizar la asignación presupuestaria y aumentar la eficiencia del gasto puede liberar recursos adicionales. El gasto público se concentra en el gasto corriente (un 82% en 2023), es cortoplacista y su asignación resulta ineficiente.
• Mejorar la gestión de la deuda a través de marcos fiscales sólidos para mantener la sostenibilidad fiscal. Los países de ALC han visto incrementado su servicio de la deuda desde el 9.8% de los ingresos tributarios en 2012 a un 12.2% en 2022. En la pasada década, en algunos países, el pago de intereses ha llegado inclusive a duplicar el gasto en educación, a triplicar el gasto en salud y a cuadruplicar las inversiones de capital.
• Profundizar los mercados financieros y fomentar la innovación para canalizar más recursos privados hacia los objetivos de desarrollo. En ALC, los sistemas financieros carecen de profundidad, pues el crédito interno al sector privado asciende a un 50% del PIB. Los sistemas financieros siguen excluyendo a algunos grupos vulnerables, entre ellos a las mujeres. Cerca del 15% de los hogares formales tenía acceso a préstamos hipotecarios en 2020, frente a tan solo un 2.3% de los hogares informales.
• Fomentar la transformación de la producción para alcanzar un crecimiento sostenible y promocionar sectores competitivos aumentando la presencia de emisores privados y la liquidez en los mercados de capitales. En la actualidad, los mercados de deuda de la región de ALC se ven impulsados principalmente por el sector público, que representó un 81% de las emisiones locales entre 2015 y 2023. Para reducir esta concentración, las políticas deberían tratar de incrementar la participación de los inversores institucionales, actualizar los marcos regulatorios, mejorar la competencia financiera y reforzar la integración regional.
• Las instituciones financieras de desarrollo (IFD) desempeñan un papel crucial en un mercado financiero que todavía se encuentra en desarrollo. Un 34% de las IFD tienen el mandato específico de promover la inclusión financiera de las micro y las pequeñas y medianas empresas, pero solo un 19% de los instrumentos financieros que proponen abordan la transición verde, la igualdad de género y la transformación digital o la innovación.
• La cooperación internacional es fundamental para movilizar nuevos recursos, entre ellos la Agenda de Inversiones Global Gateway UE-LAC, que moviliza financiamiento a través de asociaciones público-privadas para cubrir las necesidades de infraestructura, además de crear valor agregado local y promover el crecimiento, el empleo y la cohesión social.
• Instrumentos financieros tales como los bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad siguen siendo un mecanismo atractivo, que aumentó del 9.3% del total de emisiones de bonos de ALC en los mercados internacionales en 2020 hasta casi un 35% en 2023. Los bonos para catástrofes, los canjes de deuda por naturaleza y las cláusulas sobre desastres naturales pueden movilizar también inversión pública y privada allí donde más se necesite. La creación de marcos armonizados y mecanismos fiables de seguimiento y supervisión de estos instrumentos debería evitar casos de green washing.
• Por último, la región debería coordinarse para presentar una perspectiva regional propia en la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de las Naciones Unidas (que se celebrará en Sevilla a mediados de 2025).

Un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) destaca cómo el diálogo social puede permitir que los países busquen el desarrollo económico al mismo tiempo que el progreso social, mientras que aseguran transiciones digitales y de baja emisión de carbono que sean justas e inclusivas.

El Informe sobre el Diálogo Social 2024: El diálogo social en el más alto nivel para el desarrollo económico y el progreso social, se centra en el » diálogo social en el más alto nivel» (DSAN): un conjunto de instituciones y procesos en los que los gobiernos, las organizaciones de empleadores y de trabajadores negocian, consultan entre sí e intercambian información sobre asuntos laborales, económicos y sociales a nivel nacional o sectorial.

El informe demuestra que el DSAN puede contribuir al trabajo decente, a una distribución más equitativa de los ingresos laborales y a transiciones digitales y ecológicas justas. También subraya que el respeto a la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva en la legislación y en la práctica son esenciales. Sin embargo, la capacidad del DSAN para moldear los cambios se ve debilitado cuando las políticas socioeconómicas están impulsadas por consideraciones a corto plazo y excluyen a segmentos importantes de la sociedad.

El informe se basa en estudios de caso, datos sobre relaciones laborales, una revisión global de los procesos y resultados del DSAN, y una encuesta de percepción a 71 organizaciones de empleadores y trabajadores en 38 países sobre la efectividad e inclusividad de las instituciones nacionales de diálogo social (INDS).

El informe enfatiza los requisitos esenciales para un DSAN efectivo. En particular, señala que el cumplimiento de los países con la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva ha disminuido en un 7 % entre 2015 y 2022. Esta disminución fue impulsada por un aumento en las violaciones de las libertades civiles fundamentales y los derechos de negociación de empleadores, trabajadores y sus organizaciones representativas.

Las Instituciones Nacionales de Diálogo Social tienen una gran presencia, son relevantes, pero deben ser más inclusivas

El informe revela que las INDS están presentes en el 87 % de los Estados Miembros de la OIT. Tres cuartas partes de los trabajadores y dos tercios de los empleadores las consideran efectivas, pero persisten preocupaciones sobre el seguimiento inadecuado por parte de los gobiernos o las autoridades públicas a los resultados del diálogo social, como destacó la encuesta de percepción realizada para este informe. Otra preocupación es la falta de inclusividad de las INDS y las brechas en relación con las necesidades de grupos subrepresentados, como las mujeres, los jóvenes y los trabajadores y unidades económicas de la economía informal.

Mayor involucramiento de los socios sociales en la formulación de políticas

En muchos países se reconoce la importancia de la participación de las organizaciones de empleadores y trabajadores en el diseño y la gobernanza de las políticas de empleo o los sistemas de protección social. Por ejemplo, más del 30 % de los servicios públicos de empleo incluyen a representantes de empleadores y trabajadores en sus juntas de gestión, mientras que el 25 % de las políticas nacionales de empleo identifican la consulta tripartita como un requisito clave. Aproximadamente el 80 % de los 187 Estados Miembros de la OIT han establecido cuerpos tripartitos de seguridad y salud en el trabajo (SST) de alto nivel, mientras que las reformas de protección social en 65 países han ampliado la cobertura de pensiones, salud y beneficios para los empleados con la participación de los socios sociales.

Instituciones más fuertes de DSAN para abordar la crisis del costo de vida

El informe también revisa el papel de la fijación de salarios mínimos, que involucra a los socios sociales y la negociación colectiva sectorial en la lucha contra la crisis del costo de vida y la promoción de la igualdad salarial. Destaca que, cuando los salarios mínimos nacionales fijados por los gobiernos en consulta con los socios sociales coexisten con salarios mínimos sectoriales determinados mediante negociación colectiva, el DSAN es más efectivo para abordar la alta desigualdad de ingresos laborales.

Fomentar el DSAN para transiciones digitales y verdes justas

La evidencia sugiere que el DSAN fomenta el consenso social sobre la transformación digital y las políticas de descarbonización. Sin embargo, la dependencia del DSAN para gestionar esta doble transición es más frecuente en países con instituciones de diálogo social bien establecidas y donde la penetración digital es más intensa. Una revisión de 118 procesos de diálogo social entre 2022-2023 muestra que alrededor de una cuarta parte abordaron temas relacionados con la doble transición, principalmente en Europa. Una nueva generación de políticas industriales orientadas a la diversificación económica y la transformación estructural, centradas en la doble transición, presenta una ocasión muy oportuna para avanzar en el papel del DSAN en la guía de esta transición.

Un llamado a la acción para desbloquear el poder del DSAN

Para desbloquear completamente la inclusividad y efectividad del DSAN, el informe insta a los países a:

• Respetar los principios y derechos fundamentales en el trabajo, especialmente la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.
• Dotar a las administraciones laborales y a los socios sociales de los recursos y capacidades técnicas necesarios para participar eficazmente en el DSAN.
• Ampliar el alcance de las INDS y los socios sociales hacia los grupos subrepresentados.
• Realizar evaluaciones regulares basadas en evidencia sobre el papel e influencia de las instituciones de DSAN en la toma de decisiones socioeconómicas.

Por su pertinencia y claridad, reproducimos la carta que el embajador Juan B. Sosa remitió al periodista Brian Kilmeade de Fox News, documento que consideramos un marco actualizado de referencia para analizar varios asuntos que han sido tergiversados en los Estados Unidos.

«27 de diciembre de 2024

Sr. Brian Kilmeade Fox News

Estimado señor Kilmeade

Soy un asiduo espectador de Fox News y en la mayoría de los casos coincido con sus posiciones. Sin embargo, considero que la cobertura reciente de Fox sobre los comentarios hechos por el presidente electo Donald Trump con respecto al Canal de Panamá, son inexactas. Como alguien que ha estado involucrado o seguido el Canal de Panamá y su impacto en las relaciones entre los Estados Unidos y Panamá durante décadas, incluyendo ser miembro de la Junta Directiva de la Comisión bipartidista del Canal de Panamá en 1987-89, puedo aportar una visión equilibrada sobre el tema. He vivido durante treinta y siete años en los Estados Unidos después de haber sido Embajador de Panamá en ese país a finales de los años 80, una época que puso a prueba, con éxito, la relación histórica entre Panamá y los Estados Unidos.

Puedo decir con total certeza que China no tiene control, ni siquiera influencia, sobre las operaciones del Canal de Panamá. Los comentarios sobre este tema suelen estar relacionados con Hutchison Whampoa, una corporación de terminales de contenedores con sede en Hong Kong que se encuentra en la entrada del Pacífico y del Atlántico del Canal de Panamá, pero fuera de su área de operaciones. Hutchison Whampoa ganó la concesión para administrar los puertos de Cristóbal y Balboa en un proceso abierto en 1995, cuando Hong Kong era un protectorado del Reino Unido y tres grandes empresas competían por ella, entre ellas Mitsubishi de Japón y Bechtel de Estados Unidos. Los derechos soberanos de Panamá sobre el canal nunca han sido infringidos por ninguna nación.

La operación de las terminales de contenedores en Panamá refleja la actividad mundial de este sector. La mayor operación de contenedores la realiza SSA Marine, una empresa de Seattle, WA propiedad de Carrix, el mayor operador de terminales de contenedores de Estados Unidos; una segunda terminal -PSA- es administrada por una empresa asociada a puertos de Singapur; una tercera -Evergreen- es operada por una empresa de Taiwán, y las otras dos por Hutchison Whampoa. Existe una sexta terminal en construcción asociada a MSC, corporación europea y la mayor naviera del mundo y en tránsito por el Canal de Panamá. Las relaciones entre Panamá y Estados Unidos asociadas al Canal de Panamá abarcan tres áreas clave: economía, seguridad y geopolítica.

Ciencias económicas

La afirmación de que los barcos de Estados Unidos están siendo estafados con las tarifas por transitar por el Canal es infundada y está lejos de la verdad. Como parte de los Tratados del Canal de Panamá, Estados Unidos introdujo un Tratado de Neutralidad que obliga al Canal de Panamá a tratar a todos los países de manera justa y con las mismas tarifas, para evitar dar ventaja a una nación sobre otra. Panamá nunca ha incumplido estas pautas. Las tarifas se revisan periódicamente y pasan por un proceso abierto y transparente que permite a las líneas navieras expresar sus opiniones y brindar recomendaciones. Fox News y cualquier otra empresa de medios de comunicación pueden asistir a estas audiencias que son públicas. El proceso ha sido elogiado por las partes involucradas.

Si bien es cierto que las tarifas suelen ajustarse al alza, esto es un reflejo de aumentos de costos relacionados principalmente con mejoras en tecnología, seguridad, mantenimiento y herramientas de gestión, en una época impactada por presiones inflacionarias. Las tarifas del Canal son competitivas, de lo contrario los buques se cambiarían a opciones más atractivas. Además, el costo de transitar el canal en el precio final de un producto a nivel del consumidor es mínimo y la ampliación del canal en 2016 ha tenido un efecto positivo en los precios al consumidor de Estados Unidos al punto que hoy la ruta Asia-Costa del Golfo a través del Canal de Panamá es más competitiva que la ruta Asia-Costa Oeste-Estados del Golfo que solía ser en el pasado.  

Las tarifas del canal representan menos del 1% de los precios al consumidor en el mercado. Es más caro descargar un contenedor en el puerto de Nueva York que el costo de transitar por el canal, y los ahorros para los consumidores estadounidenses de transitar por el canal en lugar de rodear el Cabo de Hornos en Sudamérica o el Cabo Hope en Sudáfrica son significativos. Podría ser que la queja sobre las “tarifas elevadas” esté relacionada con un sistema de subastas para los tránsitos diarios, mediante el cual los buques con contenido de alto valor pueden acortar la entrega de un producto participando en subastas que favorecen al mejor postor, una práctica que beneficia tanto al canal como a la línea naviera. Esta es una práctica más refinada que la que utilizan los hoteles, las aerolíneas y otros que constantemente ajustan los precios en función de la oferta y la demanda. No afecta las tarifas regulares establecidas.

Es importante que el público sea educado sobre las realidades de Panamá y sus contribuciones a la economía y seguridad de Estados Unidos. Por ejemplo, existe un Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Estados Unidos en el que la proporción era de 19 a 1 a favor de Estados Unidos, cuando en el momento de un tratado comercial negociado en 2004, era de 3 a 1. Cientos de corporaciones estadounidenses operan en Panamá, algunas de ellas utilizando el país como sede regional. Cuatro aerolíneas de Estados Unidos: United, American, Delta y Spirit cubren Panamá. Hay otros ejemplos que resaltan la fuerte relación entre Estados Unidos y Panamá, pero sería demasiado largo enumerarlos en una carta.

Seguridad

Otra queja aún más inverosímil es que el Canal de Panamá, bajo la influencia de China, se está convirtiendo en una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Como dije antes, no hay absolutamente ninguna influencia de China en la gestión del Canal, que es autónomo, ni en el gobierno de Panamá, un país que cada cinco años tiene elecciones libres y democráticas, donde la oposición ha ganado las últimas seis elecciones que abarcan treinta años. En estos treinta años, las políticas pro-empresariales han dominado la agenda y la izquierda nunca ha obtenido más del 3% de los votos, difícilmente un país “dominado por China”, Rusia o cualquier otro influenciado por la ideología de izquierda y el dominio global.

Los Tratados del Canal de Panamá fueron una batalla política muy reñida que fue confirmada por una votación bipartidista de 67 senadores estadounidenses. El punto de inflexión de ese debate fue cuando los líderes del ejército estadounidense declararon en una audiencia que el Canal de Panamá ya no tenía ningún valor militar, debido a que los barcos de la Armada de Estados Unidos no podían transitar por el Canal con un ancho de sólo 110 pies. De hecho, a principios de siglo, cuando la administración del Canal fue entregada a Panamá, el canal, que entonces tenía 86 años, se estaba volviendo obsoleto y poco competitivo. Lo que Estados Unidos, bajo el tratado de 1903, tenía era el “derecho a administrarlo como si fuera soberano”; en otras palabras, no era propiedad sino una concesión administrativa para operarlo.

El Canal de Panamá es el sustento de la economía panameña. Por ello, Panamá ha dado prioridad a la ampliación del Canal y a hacerlo competitivo frente a las tendencias del comercio mundial. En 2006 se aprobó un referéndum para ampliar el Canal, cuya construcción comenzó en 2009 y finalizará en 2016 con un coste de 5.500 millones de dólares a cargo de Panamá y del Canal. De ninguna manera Estados Unidos hubiera invertido esa cantidad de dinero en la construcción de una infraestructura en un país extranjero.

La ampliación del Canal por parte de Panamá a 180 pies de ancho, ha hecho posible que la Marina de Guerra de Estados Unidos transite por el Canal, fortaleciendo la seguridad de los Estados Unidos. Panamá y Estados Unidos tienen una estrecha cooperación relacionada con la seguridad de la región y del canal. Ninguna otra nación, mucho menos China, tiene este tipo de relación. Panamá debe ser elogiada, no criticada, por sus esfuerzos para garantizar la seguridad del canal. Además, Panamá aceptó una reserva en el Tratado del Canal de 1977 que permite a los Estados Unidos actuar unilateralmente en defensa del Canal, si éste se ve amenazado, otra señal de cooperación.

Así, las acciones del Gobierno de Panamá para ampliar el Canal han mejorado la seguridad de los Estados Unidos al hacer posible que sus buques de guerra transiten por las nuevas esclusas del canal. El Canal de Panamá de hoy no es el mismo canal que existía al momento de la transferencia y se ha vuelto viable en el entorno actual gracias a la visión, el compromiso y el financiamiento de Panamá. Es importante que el público sea educado sobre las realidades del Canal de Panamá y sus contribuciones a la economía y la seguridad de los Estados Unidos.

Geopolítica

La década de 1970 fue uno de los peores períodos en las relaciones de Estados Unidos con América Latina. Varios países se enfrentaron a la amenaza de una Cuba comunista ambiciosa y Estados Unidos, secuestrado por su guerra en el sudeste asiático, limitó sus actividades a apoyar a dictadores militares de derecha que, si bien fueron eficaces para contener la amenaza comunista, hicieron poco por mejorar la relación general entre Estados Unidos y América Latina.

Los Tratados del Canal de Panamá de 1977 sentaron las bases para una nueva relación hemisférica basada en el respeto y la cooperación. La nueva administración del presidente Ronald Reagan, bajo el liderazgo de George Schultz y Elliott Abrams en el Departamento de Estado, tuvo un período notable en el que la mayoría de las dictaduras militares se convirtieron en democracias con elecciones justas y libres, deteniendo la expansión del comunismo y aislando a Cuba. A esto le siguió la caída de la Unión Soviética, lo que fortaleció el proceso en general.

Lamentablemente, esto no pudo sostenerse y la aparición de Hugo Chávez en Venezuela y de gobiernos de tendencia izquierdista en otros países creó un nuevo y adverso paradigma, que se expresó en la Cumbre de las Américas de 2005 en Argentina, cuando Estados Unidos propuso un Área de Libre Comercio de las Américas y fue derrotado. Desde entonces, las relaciones entre Estados Unidos y América Latina han tenido sus altibajos, excepto con Panamá, que ha seguido siendo un aliado firme de Estados Unidos, respaldado por la relación ilustrada creada por los tratados del Canal de Panamá.

Desde la cesión del Canal de Panamá nunca ha habido una manifestación antiamericana. Panamá se ha convertido en un paraíso para los jubilados y las publicaciones mundiales que siguen este sector lo sitúan como el primer destino de retiro, principalmente por los expatriados estadounidenses, que elogian la acogida que han recibido en Panamá, una prueba más de la relación positiva entre los dos países. La amenaza de “recuperar el Canal” no reconoce la historia del debate sobre los tratados, cuando los expertos militares estadounidenses aceptaron ampliamente que el canal, con cincuenta millas de longitud y cinco a cada lado del canal, es indefendible a menos que se encuentre en territorio amigo, lo que no sería el caso si una gran potencia impusiera su poderío a Panamá, al Canal y a su gente.

Otra afirmación es que el Canal de Panamá debería ser entregado a los Estados Unidos porque 38.000 personas murieron durante su construcción. La realidad es que 22.000 personas murieron durante la construcción del “Canal Francés” en 1880-1886. Durante la construcción estadounidense (1904-1914), cuando se erradicaron la malaria y la fiebre amarilla, las principales culpables de las muertes, se registraron 5.609 muertes, en su mayoría caribeños que fueron traídos para la construcción, panameños y 375 “americanos blancos” (sic). Si las muertes fueran el factor decisivo para la propiedad del Canal, probablemente la isla caribeña de Barbados tendría un reclamo.  

En cuanto a la gestión y operación del Canal, si los chinos estuvieran a cargo o incluso trabajando en él, se habrían escuchado las voces de protesta de los panameños descontentos. Por cierto, el presidente de Panamá, los tres principales ejecutivos del Canal de Panamá, el Ministro de Relaciones Exteriores y el Embajador de Panamá en los Estados Unidos, entre otros, son graduados de prestigiosas universidades estadounidenses. Esto nos lleva a preguntarnos por qué desestabilizar a Panamá, uno de los pocos países con estabilidad económica, social y política en la región, con amenazas que son parte del pasado y no reflejan la relación positiva que existe entre los dos países hoy en día y los convenios que regulan las relaciones internacionales entre los países.

El presidente Ronald Reagan tenía razón al afirmar que la batalla ideológica en el mundo se gana ganando los corazones y las mentes de la gente, con el apoyo de un aliado que tenga los medios y el compromiso de defender este principio, como lo hizo su gobierno, derribando el muro de Berlín y derrotando al comunismo. ¿Qué mejor ejemplo que la relación actual entre Estados Unidos y Panamá? Necesitamos seguir construyendo sobre estas bases en lugar de desafiarlas, y expandirlas a otros países de la región, fortaleciendo el sistema interamericano y su seguridad.    

Para finalizar, Panamá siempre ha valorado su relación con Estados Unidos desde que declaró su separación de Colombia el 3 de noviembre de 1903 y fue apoyado militarmente por Estados Unidos, lo que selló la separación de Panamá seguida de la firma del Tratado del Canal. Desde que se firmó el nuevo Tratado en 1977 y comenzó su período de transición en 1980, Panamá ha disfrutado de excelentes relaciones con once administraciones estadounidenses (Reagan 1981-1985; Reagan 1985-1989; Bush 41 1989-1993; Clinton 1993-1997; Clinton 1997-2001; Bush 42 2001-2005; Bush 42 2005-2009; Obama 2009-2013; Obama 2013-2017; Trump 2017-2021; Biden 2021-2025). Esto no ha sido casualidad, sino el resultado del compromiso de los dos países de trabajar y cooperar juntos. El Canal de Panamá es el centro de esta relación. Es un tanto irónico, pero al mismo tiempo admirable, que Ronald Reagan, que en un momento se opuso a los Tratados del Canal de Panamá cuando competía por la nominación republicana en 1975, se convirtiera en un partidario del Tratado cuando era presidente.

Estoy disponible para ampliar lo anterior, tal vez en su apreciado programa de radio, eso daría más espacio para tener una conversación franca y aportar una narrativa equilibrada y una mejor comprensión del tema.

Cordialmente,

Embajador Juan B. Sosa, Ex Embajador de Panamá en los Estados Unidos»

El Documento de Análisis 79/2024, elaborado por Francisco Márquez de la Rubia, ofrece una perspectiva crítica sobre los desafíos en seguridad que enfrenta Claudia Sheinbaum al inicio de su mandato como presidenta de México. A pesar de los esfuerzos realizados en administraciones previas, la violencia y la corrupción institucional persisten como barreras significativas para alcanzar la paz en el país.

Estrategia de Seguridad

Sheinbaum ha apostado por una estrategia de seguridad basada en datos, similar a la que implementó exitosamente durante su gestión como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Su enfoque incluye:

• Fortalecimiento policial: Mejora de las capacidades de las fuerzas del orden.
• Uso de inteligencia: Implementación de tecnologías avanzadas para combatir el crimen organizado.
• Atención a causas estructurales: Incremento en el gasto social para mitigar las desigualdades que fomentan la delincuencia.

Un paso clave en esta estrategia ha sido el nombramiento de Omar García Harfuch al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quien cuenta con un historial comprobado de reducción de homicidios en la capital mexicana.

Situación Actual

A pesar de estas medidas, la violencia sigue siendo un problema crítico en diversas regiones del país. Por ejemplo, operativos recientes contra el Cártel de Sinaloa en su estado homónimo han derivado en enfrentamientos violentos y numerosas bajas. Este escenario refleja la complejidad de erradicar las redes del crimen organizado que llevan años operando en el territorio.

Relación con Estados Unidos

Otro desafío importante es la presión ejercida por Estados Unidos. La elección de Donald Trump ha intensificado las tensiones, con amenazas de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, una medida que podría justificar intervenciones unilaterales. En respuesta, Sheinbaum ha sido firme al declarar que México no aceptará injerencia externa en su estrategia de seguridad.

Conclusiones

El análisis de Márquez de la Rubia subraya que, aunque la administración de Sheinbaum ha tomado medidas significativas para combatir la inseguridad, el camino hacia la pacificación del país es largo y arduo. Se requiere una estrategia integral que no solo enfrente la violencia, sino que también aborde la corrupción institucional y las desigualdades sociales.

La relación con Estados Unidos también desempeña un papel crucial, y cualquier desliz diplomático podría complicar aún más la situación. En este sentido, la postura de Sheinbaum de mantener la soberanía nacional será puesta a prueba en los próximos años.

Este análisis invita a reflexionar sobre la importancia de una política de seguridad que no solo sea reactiva, sino también preventiva y sostenible en el tiempo.

FUENTE: MÁRQUEZ DE LA RUBIA, Francisco. México 2024 con Sheinbaum: la inseguridad o el rayo que no cesa. Documento de Análisis IEEE 79/2024.

https://www.defensa.gob.es/documents/2073105/2278118/mexico+_2024_con_sheinbaum_la_inseguridad_o_el_rayo_que_no_cesa_2024_dieeea79.pdf (consultado 28/12/2024) 

El análisis de los conflictos internacionales desde la intersección entre idiosincrasia, cultura y civilización ofrece una perspectiva profunda sobre cómo las dinámicas sociales, históricas y religiosas influyen en las tensiones globales. Estos tres conceptos, aunque frecuentemente tratados como sinónimos, representan dimensiones diferenciadas que configuran la identidad colectiva de las naciones y sus relaciones con el entorno internacional. La idiosincrasia se refiere a los rasgos distintivos de una comunidad que moldean su conducta política y social. La cultura engloba un conjunto más amplio de tradiciones, creencias y prácticas que unifican a los individuos dentro de una sociedad. Por su parte, la civilización representa una estructura supranacional, marcada por sistemas políticos, económicos y religiosos que abarcan múltiples países con características culturales similares.

La relación entre estas variables no es lineal. Si bien la congruencia entre ellas puede favorecer la armonía interna y la cooperación internacional, su disonancia puede convertirse en un catalizador de conflictos. Por ejemplo, un país multicultural puede coexistir pacíficamente siempre que sus regiones diversas se alineen con las normas de una civilización común. Sin embargo, cuando los valores culturales o religiosos de una región son percibidos como amenazados, esto puede escalar en tensiones sociales o incluso en violencia. Este fenómeno es especialmente evidente en regiones como Oriente Medio, donde las diferencias entre las civilizaciones islámica, persa y otomana, exacerbadas por cuestiones religiosas y políticas, han generado tensiones constantes.

Históricamente, conflictos como los enfrentamientos entre España e Inglaterra en los siglos XVI y XVII reflejan cómo la idiosincrasia y la cultura pueden actuar como motores de disputas. Mientras que España defendía un modelo católico integrador en sus colonias, Inglaterra, influenciada por el calvinismo y el capitalismo emergente, adoptó una visión económica y religiosa que priorizaba la expansión comercial y la acumulación de riqueza. Estas diferencias ideológicas, combinadas con intereses marítimos contrapuestos, desencadenaron una serie de enfrentamientos que marcaron la política internacional de la época.

En el caso de Oriente Medio, la influencia histórica de Persia, Arabia y Turquía ha configurado un entorno de rivalidades entre sus respectivos modelos culturales y religiosos. La civilización islámica, aunque unificada en ciertos aspectos, presenta divisiones internas significativas entre suníes y chiíes, que se reflejan en los conflictos contemporáneos. Además, el resurgimiento de movimientos islamistas radicales ha exacerbado estas divisiones, utilizando ideologías religiosas para justificar actos de violencia y consolidar esferas de influencia.

Por otro lado, las antiguas repúblicas soviéticas ofrecen un ejemplo claro de cómo la imposición de una civilización ajena puede crear tensiones latentes que resurgen tras cambios políticos. La desintegración de la Unión Soviética dejó a varias naciones con fronteras culturales y civilizadoras difusas, lo que ha contribuido a conflictos en regiones como Ucrania, donde las tensiones entre la civilización ortodoxa rusa y las aspiraciones democráticas occidentales han llevado a un prolongado enfrentamiento.

La religión, como elemento transversal en la configuración de la cultura y la civilización, juega un papel ambivalente en los conflictos internacionales. Mientras que puede actuar como unificador en ciertas circunstancias, también se convierte en un punto de fractura cuando las interpretaciones religiosas se utilizan para justificar la exclusión o la violencia. En este contexto, los estados deben considerar cuidadosamente cómo integran las diversidades culturales y religiosas dentro de sus políticas nacionales para evitar el surgimiento de tensiones.

En última instancia, el estudio de la idiosincrasia, la cultura y la civilización no solo permite comprender las raíces de los conflictos actuales, sino que también ofrece herramientas para anticipar y mitigar futuros enfrentamientos. Al reconocer las intersecciones y tensiones entre estos elementos, las naciones pueden fomentar una mayor cooperación y entendimiento, promoviendo un equilibrio entre las identidades locales y las estructuras globales. La clave radica en construir sociedades que valoren tanto sus raíces culturales como su capacidad para adaptarse a un mundo interconectado.

TALAVERA CEJUDO, Guillermo. La intersección entre idiosincrasia, cultura y civilización: naturaleza y origen de los conflictos internacionales. Documento de Opinión IEEE 103/2024. enlace web IEEE y/o enlace bie3 (consultado 16/12/2024)