Un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) destaca cómo el diálogo social puede permitir que los países busquen el desarrollo económico al mismo tiempo que el progreso social, mientras que aseguran transiciones digitales y de baja emisión de carbono que sean justas e inclusivas.

El Informe sobre el Diálogo Social 2024: El diálogo social en el más alto nivel para el desarrollo económico y el progreso social, se centra en el » diálogo social en el más alto nivel» (DSAN): un conjunto de instituciones y procesos en los que los gobiernos, las organizaciones de empleadores y de trabajadores negocian, consultan entre sí e intercambian información sobre asuntos laborales, económicos y sociales a nivel nacional o sectorial.

El informe demuestra que el DSAN puede contribuir al trabajo decente, a una distribución más equitativa de los ingresos laborales y a transiciones digitales y ecológicas justas. También subraya que el respeto a la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva en la legislación y en la práctica son esenciales. Sin embargo, la capacidad del DSAN para moldear los cambios se ve debilitado cuando las políticas socioeconómicas están impulsadas por consideraciones a corto plazo y excluyen a segmentos importantes de la sociedad.

El informe se basa en estudios de caso, datos sobre relaciones laborales, una revisión global de los procesos y resultados del DSAN, y una encuesta de percepción a 71 organizaciones de empleadores y trabajadores en 38 países sobre la efectividad e inclusividad de las instituciones nacionales de diálogo social (INDS).

El informe enfatiza los requisitos esenciales para un DSAN efectivo. En particular, señala que el cumplimiento de los países con la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva ha disminuido en un 7 % entre 2015 y 2022. Esta disminución fue impulsada por un aumento en las violaciones de las libertades civiles fundamentales y los derechos de negociación de empleadores, trabajadores y sus organizaciones representativas.

Las Instituciones Nacionales de Diálogo Social tienen una gran presencia, son relevantes, pero deben ser más inclusivas

El informe revela que las INDS están presentes en el 87 % de los Estados Miembros de la OIT. Tres cuartas partes de los trabajadores y dos tercios de los empleadores las consideran efectivas, pero persisten preocupaciones sobre el seguimiento inadecuado por parte de los gobiernos o las autoridades públicas a los resultados del diálogo social, como destacó la encuesta de percepción realizada para este informe. Otra preocupación es la falta de inclusividad de las INDS y las brechas en relación con las necesidades de grupos subrepresentados, como las mujeres, los jóvenes y los trabajadores y unidades económicas de la economía informal.

Mayor involucramiento de los socios sociales en la formulación de políticas

En muchos países se reconoce la importancia de la participación de las organizaciones de empleadores y trabajadores en el diseño y la gobernanza de las políticas de empleo o los sistemas de protección social. Por ejemplo, más del 30 % de los servicios públicos de empleo incluyen a representantes de empleadores y trabajadores en sus juntas de gestión, mientras que el 25 % de las políticas nacionales de empleo identifican la consulta tripartita como un requisito clave. Aproximadamente el 80 % de los 187 Estados Miembros de la OIT han establecido cuerpos tripartitos de seguridad y salud en el trabajo (SST) de alto nivel, mientras que las reformas de protección social en 65 países han ampliado la cobertura de pensiones, salud y beneficios para los empleados con la participación de los socios sociales.

Instituciones más fuertes de DSAN para abordar la crisis del costo de vida

El informe también revisa el papel de la fijación de salarios mínimos, que involucra a los socios sociales y la negociación colectiva sectorial en la lucha contra la crisis del costo de vida y la promoción de la igualdad salarial. Destaca que, cuando los salarios mínimos nacionales fijados por los gobiernos en consulta con los socios sociales coexisten con salarios mínimos sectoriales determinados mediante negociación colectiva, el DSAN es más efectivo para abordar la alta desigualdad de ingresos laborales.

Fomentar el DSAN para transiciones digitales y verdes justas

La evidencia sugiere que el DSAN fomenta el consenso social sobre la transformación digital y las políticas de descarbonización. Sin embargo, la dependencia del DSAN para gestionar esta doble transición es más frecuente en países con instituciones de diálogo social bien establecidas y donde la penetración digital es más intensa. Una revisión de 118 procesos de diálogo social entre 2022-2023 muestra que alrededor de una cuarta parte abordaron temas relacionados con la doble transición, principalmente en Europa. Una nueva generación de políticas industriales orientadas a la diversificación económica y la transformación estructural, centradas en la doble transición, presenta una ocasión muy oportuna para avanzar en el papel del DSAN en la guía de esta transición.

Un llamado a la acción para desbloquear el poder del DSAN

Para desbloquear completamente la inclusividad y efectividad del DSAN, el informe insta a los países a:

• Respetar los principios y derechos fundamentales en el trabajo, especialmente la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.
• Dotar a las administraciones laborales y a los socios sociales de los recursos y capacidades técnicas necesarios para participar eficazmente en el DSAN.
• Ampliar el alcance de las INDS y los socios sociales hacia los grupos subrepresentados.
• Realizar evaluaciones regulares basadas en evidencia sobre el papel e influencia de las instituciones de DSAN en la toma de decisiones socioeconómicas.

Por su pertinencia y claridad, reproducimos la carta que el embajador Juan B. Sosa remitió al periodista Brian Kilmeade de Fox News, documento que consideramos un marco actualizado de referencia para analizar varios asuntos que han sido tergiversados en los Estados Unidos.

«27 de diciembre de 2024

Sr. Brian Kilmeade Fox News

Estimado señor Kilmeade

Soy un asiduo espectador de Fox News y en la mayoría de los casos coincido con sus posiciones. Sin embargo, considero que la cobertura reciente de Fox sobre los comentarios hechos por el presidente electo Donald Trump con respecto al Canal de Panamá, son inexactas. Como alguien que ha estado involucrado o seguido el Canal de Panamá y su impacto en las relaciones entre los Estados Unidos y Panamá durante décadas, incluyendo ser miembro de la Junta Directiva de la Comisión bipartidista del Canal de Panamá en 1987-89, puedo aportar una visión equilibrada sobre el tema. He vivido durante treinta y siete años en los Estados Unidos después de haber sido Embajador de Panamá en ese país a finales de los años 80, una época que puso a prueba, con éxito, la relación histórica entre Panamá y los Estados Unidos.

Puedo decir con total certeza que China no tiene control, ni siquiera influencia, sobre las operaciones del Canal de Panamá. Los comentarios sobre este tema suelen estar relacionados con Hutchison Whampoa, una corporación de terminales de contenedores con sede en Hong Kong que se encuentra en la entrada del Pacífico y del Atlántico del Canal de Panamá, pero fuera de su área de operaciones. Hutchison Whampoa ganó la concesión para administrar los puertos de Cristóbal y Balboa en un proceso abierto en 1995, cuando Hong Kong era un protectorado del Reino Unido y tres grandes empresas competían por ella, entre ellas Mitsubishi de Japón y Bechtel de Estados Unidos. Los derechos soberanos de Panamá sobre el canal nunca han sido infringidos por ninguna nación.

La operación de las terminales de contenedores en Panamá refleja la actividad mundial de este sector. La mayor operación de contenedores la realiza SSA Marine, una empresa de Seattle, WA propiedad de Carrix, el mayor operador de terminales de contenedores de Estados Unidos; una segunda terminal -PSA- es administrada por una empresa asociada a puertos de Singapur; una tercera -Evergreen- es operada por una empresa de Taiwán, y las otras dos por Hutchison Whampoa. Existe una sexta terminal en construcción asociada a MSC, corporación europea y la mayor naviera del mundo y en tránsito por el Canal de Panamá. Las relaciones entre Panamá y Estados Unidos asociadas al Canal de Panamá abarcan tres áreas clave: economía, seguridad y geopolítica.

Ciencias económicas

La afirmación de que los barcos de Estados Unidos están siendo estafados con las tarifas por transitar por el Canal es infundada y está lejos de la verdad. Como parte de los Tratados del Canal de Panamá, Estados Unidos introdujo un Tratado de Neutralidad que obliga al Canal de Panamá a tratar a todos los países de manera justa y con las mismas tarifas, para evitar dar ventaja a una nación sobre otra. Panamá nunca ha incumplido estas pautas. Las tarifas se revisan periódicamente y pasan por un proceso abierto y transparente que permite a las líneas navieras expresar sus opiniones y brindar recomendaciones. Fox News y cualquier otra empresa de medios de comunicación pueden asistir a estas audiencias que son públicas. El proceso ha sido elogiado por las partes involucradas.

Si bien es cierto que las tarifas suelen ajustarse al alza, esto es un reflejo de aumentos de costos relacionados principalmente con mejoras en tecnología, seguridad, mantenimiento y herramientas de gestión, en una época impactada por presiones inflacionarias. Las tarifas del Canal son competitivas, de lo contrario los buques se cambiarían a opciones más atractivas. Además, el costo de transitar el canal en el precio final de un producto a nivel del consumidor es mínimo y la ampliación del canal en 2016 ha tenido un efecto positivo en los precios al consumidor de Estados Unidos al punto que hoy la ruta Asia-Costa del Golfo a través del Canal de Panamá es más competitiva que la ruta Asia-Costa Oeste-Estados del Golfo que solía ser en el pasado.  

Las tarifas del canal representan menos del 1% de los precios al consumidor en el mercado. Es más caro descargar un contenedor en el puerto de Nueva York que el costo de transitar por el canal, y los ahorros para los consumidores estadounidenses de transitar por el canal en lugar de rodear el Cabo de Hornos en Sudamérica o el Cabo Hope en Sudáfrica son significativos. Podría ser que la queja sobre las “tarifas elevadas” esté relacionada con un sistema de subastas para los tránsitos diarios, mediante el cual los buques con contenido de alto valor pueden acortar la entrega de un producto participando en subastas que favorecen al mejor postor, una práctica que beneficia tanto al canal como a la línea naviera. Esta es una práctica más refinada que la que utilizan los hoteles, las aerolíneas y otros que constantemente ajustan los precios en función de la oferta y la demanda. No afecta las tarifas regulares establecidas.

Es importante que el público sea educado sobre las realidades de Panamá y sus contribuciones a la economía y seguridad de Estados Unidos. Por ejemplo, existe un Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Estados Unidos en el que la proporción era de 19 a 1 a favor de Estados Unidos, cuando en el momento de un tratado comercial negociado en 2004, era de 3 a 1. Cientos de corporaciones estadounidenses operan en Panamá, algunas de ellas utilizando el país como sede regional. Cuatro aerolíneas de Estados Unidos: United, American, Delta y Spirit cubren Panamá. Hay otros ejemplos que resaltan la fuerte relación entre Estados Unidos y Panamá, pero sería demasiado largo enumerarlos en una carta.

Seguridad

Otra queja aún más inverosímil es que el Canal de Panamá, bajo la influencia de China, se está convirtiendo en una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Como dije antes, no hay absolutamente ninguna influencia de China en la gestión del Canal, que es autónomo, ni en el gobierno de Panamá, un país que cada cinco años tiene elecciones libres y democráticas, donde la oposición ha ganado las últimas seis elecciones que abarcan treinta años. En estos treinta años, las políticas pro-empresariales han dominado la agenda y la izquierda nunca ha obtenido más del 3% de los votos, difícilmente un país “dominado por China”, Rusia o cualquier otro influenciado por la ideología de izquierda y el dominio global.

Los Tratados del Canal de Panamá fueron una batalla política muy reñida que fue confirmada por una votación bipartidista de 67 senadores estadounidenses. El punto de inflexión de ese debate fue cuando los líderes del ejército estadounidense declararon en una audiencia que el Canal de Panamá ya no tenía ningún valor militar, debido a que los barcos de la Armada de Estados Unidos no podían transitar por el Canal con un ancho de sólo 110 pies. De hecho, a principios de siglo, cuando la administración del Canal fue entregada a Panamá, el canal, que entonces tenía 86 años, se estaba volviendo obsoleto y poco competitivo. Lo que Estados Unidos, bajo el tratado de 1903, tenía era el “derecho a administrarlo como si fuera soberano”; en otras palabras, no era propiedad sino una concesión administrativa para operarlo.

El Canal de Panamá es el sustento de la economía panameña. Por ello, Panamá ha dado prioridad a la ampliación del Canal y a hacerlo competitivo frente a las tendencias del comercio mundial. En 2006 se aprobó un referéndum para ampliar el Canal, cuya construcción comenzó en 2009 y finalizará en 2016 con un coste de 5.500 millones de dólares a cargo de Panamá y del Canal. De ninguna manera Estados Unidos hubiera invertido esa cantidad de dinero en la construcción de una infraestructura en un país extranjero.

La ampliación del Canal por parte de Panamá a 180 pies de ancho, ha hecho posible que la Marina de Guerra de Estados Unidos transite por el Canal, fortaleciendo la seguridad de los Estados Unidos. Panamá y Estados Unidos tienen una estrecha cooperación relacionada con la seguridad de la región y del canal. Ninguna otra nación, mucho menos China, tiene este tipo de relación. Panamá debe ser elogiada, no criticada, por sus esfuerzos para garantizar la seguridad del canal. Además, Panamá aceptó una reserva en el Tratado del Canal de 1977 que permite a los Estados Unidos actuar unilateralmente en defensa del Canal, si éste se ve amenazado, otra señal de cooperación.

Así, las acciones del Gobierno de Panamá para ampliar el Canal han mejorado la seguridad de los Estados Unidos al hacer posible que sus buques de guerra transiten por las nuevas esclusas del canal. El Canal de Panamá de hoy no es el mismo canal que existía al momento de la transferencia y se ha vuelto viable en el entorno actual gracias a la visión, el compromiso y el financiamiento de Panamá. Es importante que el público sea educado sobre las realidades del Canal de Panamá y sus contribuciones a la economía y la seguridad de los Estados Unidos.

Geopolítica

La década de 1970 fue uno de los peores períodos en las relaciones de Estados Unidos con América Latina. Varios países se enfrentaron a la amenaza de una Cuba comunista ambiciosa y Estados Unidos, secuestrado por su guerra en el sudeste asiático, limitó sus actividades a apoyar a dictadores militares de derecha que, si bien fueron eficaces para contener la amenaza comunista, hicieron poco por mejorar la relación general entre Estados Unidos y América Latina.

Los Tratados del Canal de Panamá de 1977 sentaron las bases para una nueva relación hemisférica basada en el respeto y la cooperación. La nueva administración del presidente Ronald Reagan, bajo el liderazgo de George Schultz y Elliott Abrams en el Departamento de Estado, tuvo un período notable en el que la mayoría de las dictaduras militares se convirtieron en democracias con elecciones justas y libres, deteniendo la expansión del comunismo y aislando a Cuba. A esto le siguió la caída de la Unión Soviética, lo que fortaleció el proceso en general.

Lamentablemente, esto no pudo sostenerse y la aparición de Hugo Chávez en Venezuela y de gobiernos de tendencia izquierdista en otros países creó un nuevo y adverso paradigma, que se expresó en la Cumbre de las Américas de 2005 en Argentina, cuando Estados Unidos propuso un Área de Libre Comercio de las Américas y fue derrotado. Desde entonces, las relaciones entre Estados Unidos y América Latina han tenido sus altibajos, excepto con Panamá, que ha seguido siendo un aliado firme de Estados Unidos, respaldado por la relación ilustrada creada por los tratados del Canal de Panamá.

Desde la cesión del Canal de Panamá nunca ha habido una manifestación antiamericana. Panamá se ha convertido en un paraíso para los jubilados y las publicaciones mundiales que siguen este sector lo sitúan como el primer destino de retiro, principalmente por los expatriados estadounidenses, que elogian la acogida que han recibido en Panamá, una prueba más de la relación positiva entre los dos países. La amenaza de “recuperar el Canal” no reconoce la historia del debate sobre los tratados, cuando los expertos militares estadounidenses aceptaron ampliamente que el canal, con cincuenta millas de longitud y cinco a cada lado del canal, es indefendible a menos que se encuentre en territorio amigo, lo que no sería el caso si una gran potencia impusiera su poderío a Panamá, al Canal y a su gente.

Otra afirmación es que el Canal de Panamá debería ser entregado a los Estados Unidos porque 38.000 personas murieron durante su construcción. La realidad es que 22.000 personas murieron durante la construcción del “Canal Francés” en 1880-1886. Durante la construcción estadounidense (1904-1914), cuando se erradicaron la malaria y la fiebre amarilla, las principales culpables de las muertes, se registraron 5.609 muertes, en su mayoría caribeños que fueron traídos para la construcción, panameños y 375 “americanos blancos” (sic). Si las muertes fueran el factor decisivo para la propiedad del Canal, probablemente la isla caribeña de Barbados tendría un reclamo.  

En cuanto a la gestión y operación del Canal, si los chinos estuvieran a cargo o incluso trabajando en él, se habrían escuchado las voces de protesta de los panameños descontentos. Por cierto, el presidente de Panamá, los tres principales ejecutivos del Canal de Panamá, el Ministro de Relaciones Exteriores y el Embajador de Panamá en los Estados Unidos, entre otros, son graduados de prestigiosas universidades estadounidenses. Esto nos lleva a preguntarnos por qué desestabilizar a Panamá, uno de los pocos países con estabilidad económica, social y política en la región, con amenazas que son parte del pasado y no reflejan la relación positiva que existe entre los dos países hoy en día y los convenios que regulan las relaciones internacionales entre los países.

El presidente Ronald Reagan tenía razón al afirmar que la batalla ideológica en el mundo se gana ganando los corazones y las mentes de la gente, con el apoyo de un aliado que tenga los medios y el compromiso de defender este principio, como lo hizo su gobierno, derribando el muro de Berlín y derrotando al comunismo. ¿Qué mejor ejemplo que la relación actual entre Estados Unidos y Panamá? Necesitamos seguir construyendo sobre estas bases en lugar de desafiarlas, y expandirlas a otros países de la región, fortaleciendo el sistema interamericano y su seguridad.    

Para finalizar, Panamá siempre ha valorado su relación con Estados Unidos desde que declaró su separación de Colombia el 3 de noviembre de 1903 y fue apoyado militarmente por Estados Unidos, lo que selló la separación de Panamá seguida de la firma del Tratado del Canal. Desde que se firmó el nuevo Tratado en 1977 y comenzó su período de transición en 1980, Panamá ha disfrutado de excelentes relaciones con once administraciones estadounidenses (Reagan 1981-1985; Reagan 1985-1989; Bush 41 1989-1993; Clinton 1993-1997; Clinton 1997-2001; Bush 42 2001-2005; Bush 42 2005-2009; Obama 2009-2013; Obama 2013-2017; Trump 2017-2021; Biden 2021-2025). Esto no ha sido casualidad, sino el resultado del compromiso de los dos países de trabajar y cooperar juntos. El Canal de Panamá es el centro de esta relación. Es un tanto irónico, pero al mismo tiempo admirable, que Ronald Reagan, que en un momento se opuso a los Tratados del Canal de Panamá cuando competía por la nominación republicana en 1975, se convirtiera en un partidario del Tratado cuando era presidente.

Estoy disponible para ampliar lo anterior, tal vez en su apreciado programa de radio, eso daría más espacio para tener una conversación franca y aportar una narrativa equilibrada y una mejor comprensión del tema.

Cordialmente,

Embajador Juan B. Sosa, Ex Embajador de Panamá en los Estados Unidos»

El Documento de Análisis 79/2024, elaborado por Francisco Márquez de la Rubia, ofrece una perspectiva crítica sobre los desafíos en seguridad que enfrenta Claudia Sheinbaum al inicio de su mandato como presidenta de México. A pesar de los esfuerzos realizados en administraciones previas, la violencia y la corrupción institucional persisten como barreras significativas para alcanzar la paz en el país.

Estrategia de Seguridad

Sheinbaum ha apostado por una estrategia de seguridad basada en datos, similar a la que implementó exitosamente durante su gestión como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Su enfoque incluye:

• Fortalecimiento policial: Mejora de las capacidades de las fuerzas del orden.
• Uso de inteligencia: Implementación de tecnologías avanzadas para combatir el crimen organizado.
• Atención a causas estructurales: Incremento en el gasto social para mitigar las desigualdades que fomentan la delincuencia.

Un paso clave en esta estrategia ha sido el nombramiento de Omar García Harfuch al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quien cuenta con un historial comprobado de reducción de homicidios en la capital mexicana.

Situación Actual

A pesar de estas medidas, la violencia sigue siendo un problema crítico en diversas regiones del país. Por ejemplo, operativos recientes contra el Cártel de Sinaloa en su estado homónimo han derivado en enfrentamientos violentos y numerosas bajas. Este escenario refleja la complejidad de erradicar las redes del crimen organizado que llevan años operando en el territorio.

Relación con Estados Unidos

Otro desafío importante es la presión ejercida por Estados Unidos. La elección de Donald Trump ha intensificado las tensiones, con amenazas de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, una medida que podría justificar intervenciones unilaterales. En respuesta, Sheinbaum ha sido firme al declarar que México no aceptará injerencia externa en su estrategia de seguridad.

Conclusiones

El análisis de Márquez de la Rubia subraya que, aunque la administración de Sheinbaum ha tomado medidas significativas para combatir la inseguridad, el camino hacia la pacificación del país es largo y arduo. Se requiere una estrategia integral que no solo enfrente la violencia, sino que también aborde la corrupción institucional y las desigualdades sociales.

La relación con Estados Unidos también desempeña un papel crucial, y cualquier desliz diplomático podría complicar aún más la situación. En este sentido, la postura de Sheinbaum de mantener la soberanía nacional será puesta a prueba en los próximos años.

Este análisis invita a reflexionar sobre la importancia de una política de seguridad que no solo sea reactiva, sino también preventiva y sostenible en el tiempo.

FUENTE: MÁRQUEZ DE LA RUBIA, Francisco. México 2024 con Sheinbaum: la inseguridad o el rayo que no cesa. Documento de Análisis IEEE 79/2024.

https://www.defensa.gob.es/documents/2073105/2278118/mexico+_2024_con_sheinbaum_la_inseguridad_o_el_rayo_que_no_cesa_2024_dieeea79.pdf (consultado 28/12/2024) 

El análisis de los conflictos internacionales desde la intersección entre idiosincrasia, cultura y civilización ofrece una perspectiva profunda sobre cómo las dinámicas sociales, históricas y religiosas influyen en las tensiones globales. Estos tres conceptos, aunque frecuentemente tratados como sinónimos, representan dimensiones diferenciadas que configuran la identidad colectiva de las naciones y sus relaciones con el entorno internacional. La idiosincrasia se refiere a los rasgos distintivos de una comunidad que moldean su conducta política y social. La cultura engloba un conjunto más amplio de tradiciones, creencias y prácticas que unifican a los individuos dentro de una sociedad. Por su parte, la civilización representa una estructura supranacional, marcada por sistemas políticos, económicos y religiosos que abarcan múltiples países con características culturales similares.

La relación entre estas variables no es lineal. Si bien la congruencia entre ellas puede favorecer la armonía interna y la cooperación internacional, su disonancia puede convertirse en un catalizador de conflictos. Por ejemplo, un país multicultural puede coexistir pacíficamente siempre que sus regiones diversas se alineen con las normas de una civilización común. Sin embargo, cuando los valores culturales o religiosos de una región son percibidos como amenazados, esto puede escalar en tensiones sociales o incluso en violencia. Este fenómeno es especialmente evidente en regiones como Oriente Medio, donde las diferencias entre las civilizaciones islámica, persa y otomana, exacerbadas por cuestiones religiosas y políticas, han generado tensiones constantes.

Históricamente, conflictos como los enfrentamientos entre España e Inglaterra en los siglos XVI y XVII reflejan cómo la idiosincrasia y la cultura pueden actuar como motores de disputas. Mientras que España defendía un modelo católico integrador en sus colonias, Inglaterra, influenciada por el calvinismo y el capitalismo emergente, adoptó una visión económica y religiosa que priorizaba la expansión comercial y la acumulación de riqueza. Estas diferencias ideológicas, combinadas con intereses marítimos contrapuestos, desencadenaron una serie de enfrentamientos que marcaron la política internacional de la época.

En el caso de Oriente Medio, la influencia histórica de Persia, Arabia y Turquía ha configurado un entorno de rivalidades entre sus respectivos modelos culturales y religiosos. La civilización islámica, aunque unificada en ciertos aspectos, presenta divisiones internas significativas entre suníes y chiíes, que se reflejan en los conflictos contemporáneos. Además, el resurgimiento de movimientos islamistas radicales ha exacerbado estas divisiones, utilizando ideologías religiosas para justificar actos de violencia y consolidar esferas de influencia.

Por otro lado, las antiguas repúblicas soviéticas ofrecen un ejemplo claro de cómo la imposición de una civilización ajena puede crear tensiones latentes que resurgen tras cambios políticos. La desintegración de la Unión Soviética dejó a varias naciones con fronteras culturales y civilizadoras difusas, lo que ha contribuido a conflictos en regiones como Ucrania, donde las tensiones entre la civilización ortodoxa rusa y las aspiraciones democráticas occidentales han llevado a un prolongado enfrentamiento.

La religión, como elemento transversal en la configuración de la cultura y la civilización, juega un papel ambivalente en los conflictos internacionales. Mientras que puede actuar como unificador en ciertas circunstancias, también se convierte en un punto de fractura cuando las interpretaciones religiosas se utilizan para justificar la exclusión o la violencia. En este contexto, los estados deben considerar cuidadosamente cómo integran las diversidades culturales y religiosas dentro de sus políticas nacionales para evitar el surgimiento de tensiones.

En última instancia, el estudio de la idiosincrasia, la cultura y la civilización no solo permite comprender las raíces de los conflictos actuales, sino que también ofrece herramientas para anticipar y mitigar futuros enfrentamientos. Al reconocer las intersecciones y tensiones entre estos elementos, las naciones pueden fomentar una mayor cooperación y entendimiento, promoviendo un equilibrio entre las identidades locales y las estructuras globales. La clave radica en construir sociedades que valoren tanto sus raíces culturales como su capacidad para adaptarse a un mundo interconectado.

TALAVERA CEJUDO, Guillermo. La intersección entre idiosincrasia, cultura y civilización: naturaleza y origen de los conflictos internacionales. Documento de Opinión IEEE 103/2024. enlace web IEEE y/o enlace bie3 (consultado 16/12/2024)

La reconstitución del ejército ruso tras la guerra de Ucrania se perfila como uno de los desafíos estratégicos más complejos que enfrentará Moscú en los próximos años. Esta tarea no solo estará determinada por las devastadoras pérdidas materiales y humanas sufridas durante el conflicto, sino también por las limitaciones inherentes a la situación política, económica y social del país. La prioridad inicial será definir qué tipo de fuerzas armadas necesita Rusia para satisfacer sus objetivos de seguridad nacional en un contexto global cambiante y cómo puede alcanzarlas de manera realista.

La noción de reconstitución militar, distinta de una mera reconstrucción o actualización, implica recuperar capacidades de combate suficientes, más que restaurar el estado previo al conflicto. Este proceso debe adaptarse a las nuevas necesidades estratégicas, considerando las restricciones de recursos humanos, financieros y tecnológicos. Rusia, aunque ya ha iniciado ciertas acciones moderadas para este fin, se enfrenta a la dificultad de equilibrar sus esfuerzos militares con la estabilidad económica y social interna. La movilización general o la adopción de una economía de guerra, evitada hasta ahora, sigue siendo una posibilidad latente si se buscan aumentos significativos en personal y equipamiento.

Actualmente, la estrategia de Moscú se centra en optimizar los recursos existentes. En términos de material bélico, se ha priorizado el reacondicionamiento de equipos y la ampliación de la producción de municiones y armas mediante métodos que maximicen las capacidades de las fábricas existentes. Sin embargo, esta estrategia tiene límites evidentes, y las reservas actuales de equipos podrían agotarse en unos pocos años si no se implementan medidas más radicales, como la construcción de nuevas fábricas o la movilización de la industria civil.

En cuanto a los recursos humanos, la política de Rusia se ha basado en movilizaciones parciales y el ofrecimiento de incentivos económicos atractivos para atraer voluntarios, evitando una movilización total que podría tener implicaciones políticas y sociales significativas. Sin embargo, esta aproximación enfrenta serios desafíos, incluyendo la retención de personal militar profesional y la dificultad de sostener un ejército más grande con el actual modelo económico.

La demografía también juega un papel crucial. Rusia enfrenta una población envejecida y una disminución en el número de jóvenes disponibles para el servicio militar. Aunque existen reservas humanas no explotadas, como mujeres y oficiales retirados, su incorporación al esfuerzo militar requeriría un cambio significativo en las políticas actuales. Esto sugiere que cualquier aumento en el tamaño de las fuerzas armadas deberá ser cuidadosamente planificado para no sobrecargar una economía ya presionada.

Otra cuestión clave es la innovación. El entorno autoritario y el secretismo que rodea las operaciones militares rusas dificultan el aprendizaje organizacional y la implementación de reformas basadas en lecciones aprendidas. El temor a señalar errores o responsabilidades podría llevar a decisiones basadas en información incompleta o incorrecta, afectando la efectividad del proceso de reconstitución. No obstante, los supervivientes con experiencia en combate podrían ser una fuente valiosa de conocimientos para el desarrollo futuro del ejército.

A largo plazo, Moscú tiene varias opciones estratégicas. Podría priorizar una rápida reconstrucción militar, aceptando los costos asociados con una movilización masiva y la adopción de una economía de guerra, o buscar una vía más moderada que equilibre el gasto militar con la estabilidad interna, sacrificando velocidad por sostenibilidad. Alternativamente, una estrategia híbrida que combine una fuerza profesional más pequeña con reservas estratégicas podría ofrecer un balance entre costos y capacidades.

En conclusión, la reconstitución del ejército ruso tras la guerra de Ucrania requerirá un enfoque multidimensional que integre factores políticos, económicos y sociales. La capacidad de Moscú para navegar estos desafíos determinará no solo el futuro de sus fuerzas armadas, sino también su posición geopolítica en un mundo que sigue observando atentamente los desenlaces de este conflicto.

La autonomía de la defensa europea es un tema crucial en el panorama geopolítico actual, especialmente en un contexto marcado por la guerra en Ucrania y la incertidumbre sobre el futuro compromiso de Estados Unidos con la seguridad transatlántica. La idea de una Europa capaz de garantizar su propia defensa ha sido recurrente, pero su viabilidad enfrenta obstáculos significativos, tanto estructurales como políticos, que limitan su implementación práctica.

El modelo de defensa colectiva en Europa ha estado tradicionalmente vinculado a la OTAN, una organización cuya estructura militar y capacidad de respuesta han demostrado ser fundamentales para garantizar la seguridad del continente. Sin embargo, la dependencia europea de Estados Unidos dentro de la OTAN plantea interrogantes sobre la capacidad del continente para actuar de manera independiente en escenarios donde los intereses estadounidenses no están alineados con los europeos. Ejemplos recientes, como las operaciones en Bosnia-Herzegovina y el Cuerno de África, muestran que Europa puede tener necesidades estratégicas distintas que no siempre reciben prioridad dentro de la alianza.

Uno de los mayores retos para una defensa autónoma europea radica en la falta de una infraestructura militar comparable a la de la OTAN. Aunque la Unión Europea cuenta con mecanismos como el Mando de Planeamiento y Control Militar (MPCC) y el Comité Militar, estos carecen de los recursos, el personal y la cohesión necesarios para liderar operaciones de gran escala. La ausencia de una estructura de mando permanente que permita una coordinación eficiente entre los Estados miembros dificulta la capacidad de respuesta ante amenazas comunes.

A pesar de estas limitaciones, existen avances notables en la integración militar europea, como las fuerzas multinacionales ya establecidas, entre ellas el EUROCUERPO y la Brigada Franco-Alemana. Estas unidades demuestran que la cooperación entre Estados miembros puede fortalecerse, pero el nivel de interoperabilidad y confianza mutua sigue siendo insuficiente, particularmente en los altos mandos nacionales. Para lograr una verdadera autonomía, sería esencial incrementar los intercambios permanentes entre los Estados Mayores y fomentar programas de formación conjunta que unifiquen procedimientos y estrategias.

En cuanto al componente nuclear, la falta de una política común refleja otro obstáculo significativo. Francia, el único país de la UE con capacidad nuclear, ha expresado su disposición a utilizar este arsenal como herramienta de disuasión europea. Sin embargo, su control sigue siendo exclusivamente nacional, lo que limita la capacidad de una respuesta colectiva ante amenazas estratégicas.

El camino hacia una defensa europea autónoma también requiere superar divisiones históricas dentro de la propia Unión. Algunos países han privilegiado los aspectos civiles de la integración europea, relegando los temas militares, mientras que otros, como el Reino Unido y Dinamarca, han mostrado históricamente reticencias a avanzar en esta dirección. Aunque las posiciones de estos Estados han cambiado con los años, sigue faltando un consenso sólido para articular una política de defensa común.

El contexto internacional refuerza la necesidad de que Europa revalúe su enfoque estratégico. La posibilidad de que Estados Unidos reduzca su compromiso con la OTAN o incluso se retire del Tratado de Washington pone en relieve la urgencia de que Europa se prepare para asumir un papel más protagónico en su propia seguridad. Esto no significa abandonar la OTAN, sino garantizar que la Unión Europea tenga la capacidad de actuar de forma independiente si las circunstancias lo exigen.

El fortalecimiento de una defensa europea autónoma implicaría medidas concretas como reorganizar su estructura de mando, dotarse de un cuartel general permanente y mejorar la integración multinacional a nivel operativo y estratégico. Además, sería fundamental revisar los compromisos existentes en tratados como el de Lisboa para garantizar una mayor coherencia en las políticas de seguridad y defensa de los Estados miembros.

La autonomía en defensa no solo sería una herramienta para garantizar la seguridad europea, sino también una señal clara de la madurez política y estratégica de la Unión Europea en un escenario global cada vez más polarizado. Aunque el camino hacia esta meta es largo y está lleno de desafíos, la construcción de una Europa más fuerte y cohesionada en términos de defensa es una necesidad que no puede posponerse más.

POZO, Fernando del. Autonomía de la defensa europea. De lo deseable a lo posible.
Documento de Opinión IEEE 95/2024.
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2024/DIEEEO95_2024_FERPOZ_DefensaEuropea.pdf y/o enlace bie3 (06/12/2024)

Donald Trump, tras su regreso al poder, ha propuesto sustituir el impuesto sobre la renta por ingresos provenientes de aranceles aduaneros. Esta idea, expresada en el Club Económico de Chicago, sugiere aumentar un 10% los aranceles sobre todos los productos importados, exceptuando a Canadá y México. En el caso de China, estos podrían oscilar entre un 60% y un 100%. Su objetivo es doble: reducir el déficit comercial de $800 mil millones y financiar recortes fiscales, incluidos los impuestos corporativos y beneficios sociales exentos.

Aunque la propuesta parece disruptiva, tiene precedentes históricos. Durante gran parte del siglo XIX, los aranceles fueron la principal fuente de ingresos para Estados Unidos. En ese periodo, protegían la economía doméstica de las importaciones europeas y financiaban al joven gobierno federal. Sin embargo, con la creación del impuesto sobre la renta en 1913, los aranceles comenzaron a disminuir en relevancia, dando paso a un sistema fiscal más justo y progresivo.

Trump se presenta como un defensor de esta tradición. Según sus argumentos, los aranceles protegen la producción nacional al encarecer los bienes importados, incentivando el consumo de productos estadounidenses. Además, sostiene que no son los consumidores locales quienes pagan estos costos, sino los países exportadores. Esta postura ha generado polémica, ya que numerosos economistas argumentan que, en última instancia, son los ciudadanos quienes enfrentan precios más altos.

Si bien los aranceles han demostrado ser herramientas efectivas en contextos específicos, un aumento generalizado podría tener consecuencias negativas. En un mundo profundamente globalizado, donde las cadenas de suministro son complejas y multinacionales, imponer tarifas generalizadas puede aumentar costos para las empresas que dependen de insumos importados. Esto, a su vez, podría traducirse en precios más altos para los consumidores.

Desde el punto de vista internacional, esta medida podría intensificar las tensiones comerciales, especialmente con China, principal socio comercial de Estados Unidos. Además, el enfoque unilateral de Trump podría debilitar los principios del multilateralismo, esenciales para la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Para países como Panamá, cuyo modelo económico está profundamente vinculado al comercio internacional, estas políticas proteccionistas presentan riesgos y oportunidades. Por un lado, el Canal de Panamá podría experimentar una disminución en los flujos comerciales, especialmente si el costo de las importaciones hacia Estados Unidos aumenta considerablemente. Esto afectaría no solo al tránsito de mercancías, sino también a los ingresos fiscales y al empleo en sectores relacionados con la logística y el transporte.

Por otro lado, estas tensiones podrían motivar a las empresas estadounidenses a buscar alternativas más cercanas para reducir costos, favoreciendo a los países con acuerdos comerciales preferenciales. Panamá, con su estratégica posición geográfica y tratados como el TPC (Tratado de Promoción Comercial), podría atraer inversiones y convertirse en un punto clave para el nearshoring, siempre que ajuste sus políticas para aprovechar esta coyuntura.

Los críticos del plan de Trump argumentan que basar la economía en aranceles como principal fuente fiscal es un modelo regresivo. A diferencia del impuesto sobre la renta, que grava más a quienes tienen mayores ingresos, los aranceles afectan proporcionalmente más a los hogares de ingresos bajos y medianos, que destinan una mayor parte de su presupuesto a bienes de consumo. Además, la Oficina de Presupuesto del Congreso ha estimado que los aranceles generarían solo el 2% del presupuesto federal, insuficiente para sustituir el 49% que aporta actualmente el impuesto sobre la renta.

En términos geopolíticos, esta propuesta podría alterar el equilibrio comercial global, incentivando a otros países a adoptar medidas proteccionistas en respuesta. Esto podría llevar a una contracción en el comercio mundial, afectando tanto a grandes potencias como a economías en desarrollo.

La propuesta de Trump representa un retorno a políticas económicas del pasado, adaptadas a un contexto contemporáneo. Si bien tiene el potencial de revitalizar ciertas industrias estadounidenses y reducir déficits comerciales, sus implicaciones globales son inciertas. Para Panamá, y América Latina en general, el desafío estará en adaptarse a un entorno comercial más proteccionista, buscando capitalizar las oportunidades que surjan mientras mitigan los riesgos inherentes.

En última instancia, esta iniciativa plantea preguntas fundamentales sobre el equilibrio entre soberanía económica y cooperación internacional en un mundo cada vez más interconectado.

En 2024, reflexionar sobre la situación en Ucrania me lleva a una pregunta difícil, pero crucial: ¿es mejor prolongar una guerra con la esperanza de obtener un resultado favorable, o aceptar una paz que pueda considerarse insatisfactoria? Este dilema resume los desafíos que enfrenta Ucrania en un conflicto que ha evolucionado tanto en el terreno militar como en el plano político.

A nivel militar, los avances de Ucrania han sido lentos y costosos. Las fuerzas rusas han fortificado sus defensas, utilizando minas, trincheras y posiciones estratégicas que hacen casi imposible romper las líneas del frente. Aunque ha habido éxitos en ciertas áreas, la contraofensiva no ha generado un cambio significativo, y las bajas, tanto humanas como materiales, han agotado los recursos ucranianos a un ritmo preocupante.

En el plano político, aceptar una «mala paz» podría implicar concesiones territoriales que comprometan la soberanía ucraniana. Para muchos, ceder territorio no es una opción, ya que simboliza una derrota frente a la agresión. Sin embargo, continuar el conflicto significa asumir un costo humano y económico que afecta profundamente a la población y la estabilidad del país.

Esto me hace pensar que la decisión no es solo militar o política, sino estratégica. Ucrania necesita un apoyo internacional consistente para sostener su lucha. A largo plazo, una paz duradera requerirá acuerdos sólidos que protejan la integridad del país y garanticen su seguridad frente a futuras amenazas.

Este conflicto plantea una lección que va más allá de Ucrania: las decisiones en tiempos de guerra no solo marcan el presente, sino también el futuro de una nación. ¿Cómo lograr un equilibrio entre la justicia, la soberanía y el pragmatismo? Esa es una pregunta que sigue abierta, pero tiene respuesta.

Responder a si es posible equilibrar justicia, soberanía y pragmatismo en un conflicto como el de Ucrania es complejo, pero no imposible. La clave radica en encontrar una solución que no solo detenga la violencia, sino que también aborde las causas estructurales del conflicto y garantice una estabilidad duradera.

Desde el punto de vista de la justicia, cualquier acuerdo debe reconocer y reparar los daños causados, asegurando que las víctimas tengan acceso a mecanismos de verdad y reconciliación. Esto podría incluir procesos internacionales para juzgar los crímenes de guerra y un marco para indemnizar a quienes han sufrido.

En términos de soberanía, Ucrania necesita mantener el control sobre su integridad territorial tanto como sea posible. Cualquier concesión en este aspecto debe ser cuidadosamente negociada para no sentar precedentes peligrosos que alienten futuras agresiones. Además, garantizar la seguridad del país a través de alianzas internacionales, como la Unión Europea o la OTAN, podría ser esencial para blindar su posición.

El pragmatismo exige reconocer que la guerra tiene límites, y que la reconstrucción, tanto económica como social, será crucial para el futuro de Ucrania. Alcanzar acuerdos realistas con las potencias involucradas, incluso si no satisfacen plenamente a todas las partes, puede ser una vía para poner fin al conflicto y evitar mayores pérdidas humanas y materiales.

El equilibrio es difícil pero no utópico. Un ejemplo podría ser el proceso de paz en los Balcanes, que implicó concesiones, pero logró frenar una guerra devastadora, aunque aún enfrenta desafíos. Ucrania podría inspirarse en este tipo de acuerdos, adaptándolos a sus necesidades y contexto específico.

Bibliografía:

FUENTE COBO, Ignacio. Ucrania 2024. ¿Mejor una buena guerra que una mala paz? Documento de Análisis IEEE 63/2024. file:///C:/Users/elvira.anderson/Downloads/ucrania_2024_mejor_una_buena_guerra_que_una_mala_paz.pdf (consultado 25/11/2024).

Japón, un país que carece de grandes recursos naturales como petróleo o minerales, ha logrado emerger como una de las economías más sólidas e innovadoras del mundo. Su fórmula para el éxito radica en algo mucho más profundo que las riquezas del suelo: su cultura. Basada en valores como el respeto, el servicio y la innovación, esta filosofía de vida se inculca desde las primeras etapas de la educación, sentando las bases de una sociedad ejemplar.

Desde temprana edad, los niños japoneses aprenden que el respeto no es solo una cortesía, sino una forma de vida. Mostrar gratitud a los mayores y considerar a los demás son enseñanzas que trascienden el aula, formando ciudadanos conscientes de su rol en la sociedad. Este énfasis en la empatía y la humildad fortalece los lazos familiares y comunitarios, y convierte el respeto en una virtud que define el carácter japonés.

Otra lección crucial es el servicio. En las escuelas japonesas, las actividades cotidianas incluyen tareas como limpiar sus aulas y mantener en orden los espacios compartidos. Estas prácticas, que podrían parecer simples, enseñan a los niños la importancia de contribuir al bien común. Más que una responsabilidad, el servicio es visto como una oportunidad para aprender cooperación, disciplina y solidaridad.

El cuidado del medio ambiente es igualmente central en la educación japonesa. Consciente de la limitada riqueza natural de su país, Japón educa a las nuevas generaciones en la conservación de recursos y la sostenibilidad. Programas escolares sobre reciclaje, reforestación y ahorro energético no solo refuerzan el compromiso ambiental, sino que también posicionan al país como un modelo global de responsabilidad ecológica.

Sin embargo, lo que realmente distingue a Japón es su capacidad para combinar sus valores tradicionales con una visión futurista. A través de la innovación tecnológica y la creatividad, Japón ha liderado sectores como la robótica, el transporte y la electrónica, desafiando las limitaciones geográficas y naturales que enfrentan. Este éxito no sería posible sin un sistema educativo que fomenta el pensamiento crítico, el trabajo arduo y la resolución de problemas desde edades tempranas.

Japón demuestra que el progreso no depende exclusivamente de la riqueza material, sino de la riqueza humana: personas educadas, con valores sólidos y una mentalidad de mejora continua. Es un recordatorio poderoso de que la educación es el camino más seguro hacia un futuro próspero y sostenible.

Aplicando las Lecciones Japonesas nuestros días

¿Y si adoptáramos algunos de estos principios para fortalecer nuestra sociedad? Aunque las culturas difieren, los valores fundamentales de Japón pueden ser adaptados a la niñez panameña para formar una nueva generación de ciudadanos comprometidos y responsables. Algunas ideas incluyen:

1. Fomentar el respeto desde el hogar y la escuela: Incorporar actividades que resalten la importancia de la gratitud y el reconocimiento hacia los mayores y compañeros, cultivando relaciones basadas en la empatía.
2. Incorporar actividades de servicio comunitario: Motivar a los niños a participar en el cuidado de sus entornos escolares y comunitarios, enseñándoles que cada acción cuenta para el bienestar colectivo.
3. Desarrollar programas de conciencia ambiental: Implementar proyectos escolares sobre reciclaje, ahorro energético y conservación de recursos, inspirando a los niños a proteger nuestro entorno.
4. Promover la creatividad y la innovación: Establecer espacios donde los estudiantes puedan explorar soluciones tecnológicas para desafíos locales, conectando la educación con el desarrollo de sus comunidades.
5. Fomentar el trabajo en equipo y la cooperación: Organizar actividades grupales que refuercen el valor de colaborar, comunicarse y resolver problemas juntos, habilidades esenciales para la vida.

Estas acciones no solo fortalecerán el carácter de nuestros niños, sino que también construirán una sociedad más cohesionada, responsable y competitiva. Japón nos recuerda que, con educación y valores sólidos, podemos superar cualquier desafío y convertir nuestras limitaciones en oportunidades.