En la India, uno de los países más poblados, jóvenes y políticamente intensos del mundo, una cucaracha vestida con traje y corbata comenzó como una broma. Pero en cuestión de días, dejó de ser solo un meme.

La imagen era absurda: un insecto doméstico, despreciado, parado frente a un atril como si fuera un líder político. Tenía el gesto solemne de quien está a punto de dar un discurso nacional. Pero detrás de esa caricatura generada por inteligencia artificial había algo más serio: el cansancio de millones de jóvenes que sienten que el sistema los mira con desprecio.

Así nació el Cockroach Janta Party, el “Partido del Pueblo Cucaracha”, un juego de palabras que parodia al partido de Narendra Modi, el Bharatiya Janata Party. Su lema era tan simple como provocador: “Intentaron pisarnos. Hemos vuelto.”

El movimiento surgió después de que Surya Kant, presidente del Tribunal Supremo de la India, comparara a jóvenes desempleados con “cucarachas” y “parásitos”. Aunque más tarde aclaró que se refería a profesionales con títulos falsos, la frase ya había prendido fuego en redes sociales. Para muchos jóvenes, no sonó como una crítica puntual, sino como la confirmación de algo que venían sintiendo desde hace años: que el poder no los escucha, los juzga.

Abhijeet Dipke, un posgraduado indio que vive en Estados Unidos, tomó ese insulto y lo convirtió en símbolo. Si los llamaban cucarachas, entonces la cucaracha sería su bandera. Si los acusaban de ser perezosos, crónicamente en línea o improductivos, entonces el nuevo partido hablaría en nombre de ellos: los desempleados, los frustrados, los graduados sin oportunidades, los jóvenes que crecieron con promesas de prosperidad pero se enfrentan a un mercado laboral que no les ofrece lugar.

En pocos días, la cucaracha se volvió viral. Millones de personas comenzaron a seguir sus cuentas, compartir sus imágenes y repetir sus consignas. La sátira se transformó en protesta. El insecto de traje empezó a representar algo mucho más grande que una burla política: una generación que se siente pisoteada, pero que se niega a desaparecer.

Las demandas del movimiento también mezclaban humor, rabia y crítica estructural. Pedían, entre otras cosas, igualdad de género en el parlamento y el gabinete, además de la cancelación de licencias de medios controlados por los grandes magnates Gautam Adani y Mukesh Ambani, para abrir espacio a una prensa verdaderamente independiente.

El gobierno reaccionó con incomodidad. Las autoridades ordenaron bloquear la cuenta del movimiento en X bajo leyes vinculadas a la seguridad nacional. Líderes del BJP hablaron de conspiración y anarquía. Desde el Ministerio de Información, se sugirió que el crecimiento de la cuenta era “anormal” y que muchos de sus seguidores podrían ser bots o provenir de Pakistán y otros países. Dipke lo negó y aseguró que casi todos sus seguidores eran indios.

Pero más allá de si el movimiento era espontáneo, organizado o amplificado por algoritmos, había una pregunta que el poder no podía esquivar: ¿por qué una cucaracha había conectado tan rápido con tanta gente?

La respuesta parecía estar en el malestar juvenil. India crece económicamente, pero muchos jóvenes educados no encuentran trabajos dignos. Tienen títulos, expectativas y conexión permanente a internet, pero también ansiedad, precariedad y la sensación de que el sistema está amañado. Mientras el partido de Modi domina la política nacional y la oposición es vista por muchos como débil, la cucaracha apareció como una forma inesperada de decir lo que otros no estaban diciendo.

Para algunos analistas, el fenómeno no nació de la nada. Era una chispa sobre una frustración acumulada. La cucaracha simplemente le dio rostro, humor y lenguaje viral a un descontento que ya existía.

Incluso voces de la oposición reconocieron que, más allá de las motivaciones de sus creadores, el movimiento había tocado una fibra real del país. Shashi Tharoor, diputado del Congreso, advirtió que tanto el gobierno como la oposición deberían escuchar el mensaje de fondo: hay una juventud india que se siente ignorada.

Y quizá ahí está la fuerza de esta historia. No en que una cucaracha pueda competir electoralmente con Narendra Modi. No en que un meme pueda sustituir a un partido político. Sino en que, por unos días, un insecto digital logró condensar el enojo, la ironía y la desesperanza de una generación.

En la India de Modi, donde el poder parece sólido y la oposición parece insuficiente, una cucaracha generada por IA se convirtió en algo improbable: una voz.

Una voz incómoda, burlona y difícil de aplastar.

Fuente:El viral ‘partido cucaracha’ de la India desafía a Narendra Modi https://giftarticle.ft.com/giftarticle/actions/redeem/54a1ff36-f09d-4cbe-a8be-c9aa5053433c

De acuerdo con cifras oficiales, los delitos de estafa han mostrado un crecimiento preocupante a nivel nacional. Lo evidencia datos recientes suministrados por Ministerio Público, los cuales revelan para el mes de abril de 2025, una cifra de 2,279 denuncias relacionadas con estas faltas y un incremento del 20%, comparado con cifras del año anterior; cuando se registraron unas 1,895 acusaciones. Las provincias donde se presentaron mayor regularidad esta conducta delictiva son Panamá, con 1,310 denuncias, le sigue Panamá Oeste con 320, Chiriquí con 187 denuncias; mientras que otras regiones como San Miguelito, Colón y Coclé, reflejan igualmente cifras significativas. Una causa de este crecimiento es el uso de las plataformas digitales, lo cual facilitan el anonimato y la rápida difusión de ofertas engañosas, permitiendo a los estafadores replicar negocios legítimos y captar víctimas con mayor facilidad.

En su tarea de fortalecer la lucha contra las estafas, el presidente José Raúl Mulino sancionó la Ley 524, publicada el 26 de mayo de 2026, la cual reforma el Código Penal y aumenta las penas para el delito de estafa. La normativa, modifica los artículos 220 y 221, correspondientes a la estafa simple y agravada. Su objetivo es garantizar una mayor proporcionalidad en las sanciones y endurecer los castigos en función de la gravedad de cada caso, enviando un mensaje claro contra quienes incurren en este tipo de delitos. A continuación, desarrollamos el contenido de la presente Ley:

Ley 524 del 26 de mayo de 2026

(Reforma los artículos 220 y 221 del Código Penal)

Artículo 1. El artículo 220 del Código Penal queda así:

Artículo 220. Quien mediante engaño se procure o procure a un tercero un provecho ilícito en perjuicio de otro será sancionado con prisión de tres a seis años.

La sanción se aumentará hasta un tercio en los siguientes casos:

1. Cuando se cometa abusando de las relaciones personales o profesionales.
2. Cuando se realice a través de un medio cibemético o informático.
3. Cuando la lesión patrimonial sea superior a cincuenta mil balboas (b/.50,000.00) y no exceda de cien mil balboas (B/.100,000.00).
4. Cuando se usurpe o utilice la identidad de otra persona para obtener algún beneficio.
5. Cuando se cometa en detrimento de la Administración pública o de un establecimiento de beneficencia. siempre que la lesión patrimonial no exceda de diez mil balboas (B/.10,000.00).

Artículo 2. El artículo 221 del Código Penal queda así:

Artículo 221. La conducta prevista en el artículo anterior será sancionada con prisión de siete a doce años en los siguientes casos:

1. Si la lesión patrimonial excede de cien mil balboas (B/.1 00,000.00).

1. Si la cometen apoderados, gerentes o administradores en el ejercicio de sus funciones.
2. Si se comete en detrimento de la Administración pública o de un establecimiento de beneficencia, en los casos en que la lesión patrimonial exceda de diez mil balboas

Artículo 3. La presente Ley modifica los artículos 220 y 221 del Texto Único del Código Penal.

Artículo 4. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación.

MODIFICACIONES PRINCIPALES

Artículo 220 – Estafa simple: Cualquier persona que mediante engaño obtenga un beneficio ilícito para sí o para un tercero en perjuicio de otra persona será sancionada con prisión de tres a seis años.

Artículo 221 – Estafa agravada: Se establece prisión de siete a doce años.

CONTEXTO Y OBJETIVOS: Surge ante el incremento de estafas en Panamá, sobre todo mediante medios digitales y suplantación de identidad. Entre el 2019 y 2024, los casos judicializados por estafa crecieron en un 578.3%, y las denuncias recibidas subieron a 26,670 a nivel nacional, según estadísticas de la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General.

QUE SE BUSCA:

1. Endurecer las penas para disuadir la comisión de estafas.
2. Actualizar el Código Penal frente a nuevas modalidades de fraude digital.
3. Proteger recursos públicos y entidades de beneficencia frente a delitos patrimoniales.

Con la citada reforma al Código Penal, las condenas cambian de rangos, es decir, que anteriormente iban de 1 a 10 años de prisión, ahora puede abarcar desde 3 hasta 12 años, de prisión dependiendo de la gravedad del hecho, el monto afectado y la forma en que se haya cometido la estafa.

También pone la lupa sobre las estafas cometidas mediante medios informáticos, el uso de identidades falsas, abuso de relaciones personales o profesionales y casos en los que estén involucrados fondos públicos o sumas elevadas de dinero. Contempla castigos más severos para administradores, gerentes, apoderados o personas que, por su posición dentro de una empresa o entidad, participen en maniobras fraudulentas.

En esencia, la reforma proviene en un contexto por el aumento de estafas digitales y fraudes económicos, y busca frenar a quienes engañan a sus víctimas mediante artimañas o abusos de confianza, dejándolas en una situación económica vulnerable. Es importante destacar en caso relevante de estafa electrónica en Panamá, registrado en julio de 2025, cuando la Policía Nacional, mediante la “Operación Fraus Web”, logró la captura de un joven de 23 años en el distrito de La Chorrera, acusado de fraude informático y estafa. De acuerdo con las investigaciones el sospechoso accedía ilícitamente a cuentas de WhatsApp para suplantar la identidad de las víctimas y solicitar dinero a sus contactos, acumulando denuncias que superaban los 10 mil dólares. 

Este tipo de hechos evidencia la creciente sofisticación de los delitos cometidos a través de medios electrónicos y la necesidad de fortalecer el marco legal vigente. La Ley 524, que reforma artículos del Código Penal, busca aumentar las penas por el delito de estafa, tanto en su modalidad simple como agravada, con el objetivo de ajustar la proporcionalidad de las sanciones y responder de manera más efectiva a las nuevas formas de criminalidad digital.

Pero esta nueva ofensiva contra la estafa no es suficiente, es vital que la población adopte medidas de seguridad al interactuar en entornos digitales, tales como verificar la autenticidad de sitios web, evitar realizar pagos a cuentas desconocidas o compartir información personal o bancaria sin la debida certeza. Una educación digital permite a los ciudadanos identificar posibles intentos de fraude y actuar de manera oportuna. Sólo una ciudadanía alerta e informada, permite denunciar cualquier situación sospechosa ante las autoridades competentes.  La combinación de una legislación eficaz y una sociedad consciente y responsable permite reducir la incidencia de estos delitos y proteger el patrimonio de todos.

Durante años, el nombre de Shakira no estuvo relacionado únicamente con su exitosa carrera musical o su mediática relación con Gerard Piqué, sino también con uno de los casos fiscales más comentados y controversiales de los últimos tiempos en España. Todo comenzó con una investigación sobre su residencia fiscal en territorio español, situación que derivó en una prolongada batalla judicial y económica frente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). El objetivo principal de las autoridades fiscales era demostrar que la artista había permanecido en España el tiempo suficiente para ser considerada residente fiscal y, por ende, obligada a tributar en dicho país.

En este contexto, y tras más de ocho años de litigio, Shakira obtuvo una importante victoria judicial frente a la Hacienda española. La Audiencia Nacional de España concluyó que la cantante no debía ser considerada residente fiscal durante el año 2011, razón por la cual anuló las sanciones y obligaciones tributarias que le habían sido impuestas por la Agencia Tributaria. Como consecuencia de esta decisión, el Estado español deberá devolverle aproximadamente 60 millones de euros, suma que incluye intereses legales y costas procesales.

La sentencia deja en evidencia las debilidades de la actuación administrativa de la AEAT, al señalar que la propia administración no logró acreditar de manera suficiente que la artista hubiese permanecido en España durante más de 183 días en el año 2011, requisito indispensable para atribuirle la condición de residente fiscal. El tribunal sostuvo de forma expresa que la permanencia alegada por Hacienda no alcanzaba el límite legal establecido, motivo por el cual las sanciones impuestas resultaban contrarias a derecho.

Uno de los aspectos más relevantes del fallo es el impacto económico derivado del proceso. Durante años, Hacienda mantuvo retenidos aproximadamente 60 millones de euros pertenecientes al patrimonio y capital de trabajo de la artista. Asimismo, la resolución judicial desmonta otra de las principales sospechas planteadas por la administración tributaria: que las sociedades vinculadas a Shakira constituían estructuras artificiales destinadas a evadir impuestos. Sobre este punto, el tribunal reconoció la validez y legitimidad de dichas sociedades, concluyendo que las mismas desarrollaban actividades reales y legalmente constituidas.

La resolución dejó sin efecto liquidaciones y sanciones que superaban los 55 millones de euros, además de ordenar que la Hacienda española asumiera las costas del proceso, una medida poco habitual en este tipo de litigios. No obstante, la decisión aún podría ser recurrida ante el Tribunal Supremo español.

Tras conocerse el fallo, Shakira manifestó públicamente que “nunca hubo fraude” y aseguró haber sufrido un importante daño reputacional y personal durante los años que duró el proceso judicial. La artista afirmó que fue tratada como culpable antes de existir una sentencia definitiva y expresó su deseo de que esta decisión judicial sirva de precedente para proteger a otros ciudadanos frente a posibles excesos o arbitrariedades administrativas.

Nota:

Contamos con una copia del fallo de la Audiencia Nacional de España, en el cual se exponen los fundamentos que motivaron la nulidad de la resolución dictada por el Tribunal Económico-Administrativo. Asimismo, dicha decisión condena en costas y ordena la devolución de las sumas ingresadas a la Administración Tributaria, junto con los intereses legales correspondientes.

Un mundo en tensión que redefine el destino de Panamá

Todo comienza lejos del istmo, en un mapa que se tensiona entre Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial. En ese corredor estratégico, cualquier disrupción eleva los costos energéticos, encarece el transporte global y altera las cadenas de suministro que conectan Asia, Europa y América.

Panamá, por su naturaleza, no observa estos cambios desde la distancia: los absorbe, los traduce y los convierte en parte de su propia dinámica económica. El país no es un espectador. Es un punto de tránsito. Y en ese rol, cada sacudida global se convierte en una señal temprana de lo que vendrá.

Pero si el contexto internacional marca el ritmo… la verdadera pregunta es:
¿qué tan preparada está la economía panameña para seguirle el paso?

Un crecimiento que avanza… pero no nace desde adentro

Las cifras parecen tranquilizadoras. Panamá creció 4.4% en 2025, mostrando resiliencia y capacidad de recuperación. Sin embargo, al observar con mayor detenimiento, el origen de ese crecimiento revela una dependencia clara: proviene del dinamismo externo.

El Canal, el comercio internacional, el turismo y la logística empujan la economía hacia adelante. Son motores potentes, pero ajenos al control interno. Panamá avanza, sí, pero impulsado por fuerzas que no siempre puede manejar.

Y cuando el crecimiento depende tanto de lo externo, surge inevitablemente otra interrogante:
¿qué tan equilibrada está realmente la economía por dentro?

La economía en equilibrio: entre motores poderosos y frenos persistentes

Al interior del país, la historia cambia de tono. La economía se comporta como una balanza en tensión constante. De un lado, sectores dinámicos como transporte, turismo y finanzas impulsan con fuerza el crecimiento. Del otro, áreas como la agricultura, el comercio mayorista y algunas zonas francas muestran señales claras de debilitamiento.

El crecimiento existe, pero no es homogéneo. Es selectivo.

Y ese desequilibrio no es solo una fotografía del presente, sino una pista clave de lo que vendrá: una economía que crece sin sincronía tiende a fragmentarse.

Esa fragmentación se vuelve aún más evidente cuando se observa el país en dos dimensiones. Panamá vive a dos velocidades distintas.

Por un lado, un Panamá global, altamente competitivo, donde el Canal rompe récords, las exportaciones crecen y la conectividad internacional se fortalece. Por otro, un Panamá interno que enfrenta una caída abrupta en la inversión, una desaceleración en la construcción y limitaciones fiscales que frenan su desarrollo.

Es un contraste difícil de ignorar: el país brilla hacia afuera, pero se debilita hacia adentro.

Y esa dualidad plantea una transición inevitable hacia el siguiente nivel de análisis:
si la economía crece, pero no de manera uniforme… ¿cómo lo están viviendo los ciudadanos?

El consumo: una recuperación que esconde debilidades

Desde la perspectiva del consumo, la economía parece recuperar pulso. Aumentan las ventas, mejora la recaudación y el crédito al consumo se mantiene activo. Sin embargo, este dinamismo es engañoso.

El crecimiento del mercado no responde a un aumento real en la demanda, sino al efecto de los precios. Los hogares consumen más en términos monetarios, pero no necesariamente en términos reales.

Es una recuperación que existe… pero no convence.

Y si el consumo no es sólido, la siguiente pieza del rompecabezas se vuelve crítica:
el empleo.

El mercado laboral: la fractura más profunda

Aquí el relato cambia por completo. El crecimiento económico no se traduce en bienestar laboral. La tasa de desempleo se mantiene en 10.4% y casi la mitad de los trabajadores opera en la informalidad.

Pero más allá del número, lo que realmente preocupa es la desigualdad detrás de él. Las mujeres enfrentan mayores niveles de desocupación, los jóvenes encuentran enormes barreras de entrada y las diferencias entre zonas urbanas y rurales se profundizan.

El informe lo resume de forma contundente: el promedio esconde más de lo que revela.

Y cuando el empleo no acompaña al crecimiento, la economía entra en una fase delicada:
crece en cifras, pero no en oportunidades.

Una economía que se concentra… y se vuelve vulnerable

Esa desconexión se explica, en parte, por la estructura productiva del país. Panamá se ha volcado hacia los servicios, donde hoy se concentra más del 70% del empleo.

Mientras tanto, sectores como la agricultura y la industria pierden protagonismo, reduciendo la capacidad de diversificación.

El resultado es una economía más eficiente, pero también más dependiente.

Y en ese contexto, surge una nueva pregunta clave:
¿qué tan sólida es la base financiera que sostiene este modelo?

Un sistema financiero sólido que redefine su modelo

El sistema bancario panameño continúa siendo uno de los pilares más firmes de la economía. Liquidez, solvencia y estabilidad definen su estado actual.

Sin embargo, incluso este sector está cambiando. Los ingresos tradicionales pierden peso y las instituciones migran hacia modelos basados en servicios, comisiones y operaciones internacionales.

No es una crisis. Es una evolución.

Pero esa evolución ocurre en paralelo a un fenómeno que no puede ignorarse:
la inversión, que debería sostener el crecimiento futuro, muestra señales de debilidad.

El sector inmobiliario refleja esta tensión. Las ventas caen, los nuevos proyectos se reducen y el mercado entra en una fase de ajuste.

Sin embargo, lejos de un colapso, el comportamiento revela disciplina. Los desarrolladores limitan la oferta, evitan excesos y estabilizan el sistema.

Pero el ajuste no es uniforme: mientras la vivienda accesible se contrae, los segmentos de mayor valor crecen.

Y esta divergencia conduce directamente al corazón del modelo económico panameño: la logística.

La logística no solo es un sector más; es el eje central del modelo económico. El Canal, los puertos y la conectividad global continúan posicionando a Panamá como un actor estratégico en el comercio mundial.

Pero incluso aquí, el enfoque ha cambiado. Ya no se trata de mover más volumen, sino de generar más valor.

Panamá ha aprendido a competir en eficiencia, no solo en escala.

Sin embargo, esta fortaleza también revela una dependencia estructural:
cuando todo gira alrededor de un mismo eje, el riesgo aumenta.

A lo largo del informe, una idea se repite con insistencia: el crecimiento actual no basta.

No basta para reducir el desempleo.

No basta para disminuir la informalidad.

No basta para sostener el desarrollo a largo plazo.

Es, en palabras implícitas del documento, una “ilusión estadística”.

Y esa advertencia nos conduce inevitablemente hacia el futuro:
¿qué puede cambiar esta trayectoria?

Panamá se enfrenta a tres escenarios claros: uno optimista, uno base y uno pesimista. Cada uno depende de factores como el crecimiento global, la disciplina fiscal y, sobre todo, la capacidad de activar la inversión.

Pero más allá de los números, lo que está en juego es el modelo económico del país.

Y en ese punto, la historia gira hacia su elemento más decisivo:
la inversión estratégica.

Megaproyectos como el gasoducto transoceánico, nuevos puertos, el tren Panamá-David y grandes obras de infraestructura representan mucho más que inversión. Son el intento de redefinir el ADN económico del país.

Estas iniciativas tienen el potencial de romper la dependencia del crecimiento externo y generar una dinámica interna más robusta.

Y si se ejecutan correctamente, desencadenarán un proceso que el informe describe con precisión: el efecto multiplicador.

La lógica es clara: inversión genera empleo, el empleo impulsa el consumo y el consumo expande el PIB.

Es el círculo virtuoso que Panamá aún no ha logrado activar plenamente.

Pero esta vez, el contexto parece alinearse para hacerlo posible.

Y así, el relato llega a su punto final, donde todo converge en una sola idea.

Finalmente: el verdadero reto de Panamá

Panamá no enfrenta una crisis. En realidad, enfrenta una decisión.

Puede continuar creciendo apoyado en factores externos, sosteniendo una economía que avanza, pero no se transforma. O puede aprovechar este momento para ejecutar cambios estructurales que conviertan ese crecimiento en desarrollo real.

El futuro no dependerá únicamente del Canal ni del comercio global. Dependerá de la capacidad del país para construir una economía más equilibrada, más inclusiva y más resiliente.

Porque al final, la pregunta que define esta década no es si Panamá puede seguir creciendo… sino si es capaz de crecer mejor.

Fuente: https://panacamara.us14.list-manage.com/track/click?u=38a7cf23c438217ac2ad82d3a&id=522a827932&e=6465ddcf76

Del multilateralismo normativo al retorno del poder como regla

Fuente: https://www.defensa.gob.es/documents/2073105/3095923/ieee-2026-ethos-guerra-Trump-opinion31.pdf

La transformación silenciosa del orden global

Durante gran parte del siglo XX y comienzos del XXI, el sistema internacional se estructuró sobre una base relativamente clara: la existencia de normas, instituciones y principios que, al menos en teoría, limitaban el uso de la fuerza entre los Estados. El derecho internacional, junto con organismos multilaterales como las Naciones Unidas, configuró un marco destinado a contener los conflictos y canalizar las disputas mediante mecanismos jurídicos y diplomáticos.

Sin embargo, este modelo, que durante décadas fue considerado el pilar de la estabilidad global, comienza a mostrar signos evidentes de desgaste. En este contexto, la política exterior impulsada por Donald Trump no solo representa una ruptura con la tradición diplomática estadounidense, sino que también actúa como catalizador de un cambio más profundo: la transición hacia un sistema internacional donde las normas pierden centralidad frente a la lógica del poder.

Lejos de tratarse de un fenómeno aislado, este giro invita a replantear una cuestión fundamental:
¿estamos ante una anomalía política circunstancial o frente al inicio de un nuevo paradigma en las relaciones internacionales?

El “ethos” de la guerra: una redefinición del uso de la fuerza

Para comprender la magnitud de este cambio, resulta esencial analizar el concepto de ethos, entendido como el conjunto de valores, principios y criterios que orientan la acción política. En el caso de la estrategia internacional de Trump, este ethos se aparta de la lógica tradicional que concebía la guerra como un recurso excepcional, reservado para situaciones límite.

En su lugar, emerge una visión más pragmática y directa, en la que el uso de la fuerza —o su amenaza— se integra de manera más flexible dentro del repertorio estratégico del Estado. Esta aproximación se caracteriza por una lectura transaccional de las relaciones internacionales, donde los compromisos multilaterales pierden relevancia frente a la defensa inmediata de intereses nacionales.

Así, la guerra deja de ser concebida como el último recurso para convertirse en una herramienta legítima dentro de una política exterior orientada por la eficacia y la demostración de poder. Esta redefinición no implica necesariamente un aumento constante de conflictos armados, pero sí modifica profundamente los criterios bajo los cuales se decide cuándo y cómo emplear la fuerza.

Entre la excepción y el cambio estructural

El debate sobre el alcance de esta transformación se articula en torno a dos interpretaciones principales. Por un lado, existe la visión que considera el enfoque de Trump como una anomalía dentro del sistema internacional, atribuible a un liderazgo particular que se desvía de la tradición diplomática estadounidense. Desde esta perspectiva, el orden basado en normas mantendría su vigencia estructural, a la espera de un eventual retorno a prácticas más convencionales.

No obstante, una lectura más crítica sugiere que este fenómeno podría ser la manifestación de un cambio estructural más profundo. Bajo esta óptica, la política de Trump no sería la causa del debilitamiento del orden internacional, sino más bien su consecuencia visible. La creciente desconfianza en las instituciones multilaterales, el resurgimiento del nacionalismo y la competencia entre grandes potencias configuran un escenario donde el derecho internacional pierde capacidad real de incidencia.

En este sentido, el denominado “ethos de la guerra” no sería una desviación pasajera, sino un indicio de que el sistema internacional está evolucionando hacia una lógica donde el poder —más que la norma— determina el comportamiento de los Estados.

La erosión progresiva del derecho internacional

Uno de los aspectos más relevantes de este proceso es la progresiva pérdida de eficacia del derecho internacional como mecanismo regulador. Aunque las normas y tratados continúan existiendo formalmente, su capacidad para condicionar la conducta de los Estados se ve cada vez más limitada.

Este fenómeno no se manifiesta de forma abrupta, sino a través de una erosión gradual. Los compromisos multilaterales se relativizan, las decisiones unilaterales adquieren mayor protagonismo y las instituciones internacionales enfrentan crecientes dificultades para hacer cumplir sus resoluciones.

En este contexto, el cumplimiento del derecho internacional deja de ser una obligación incuestionable y pasa a depender, en gran medida, de la conveniencia política de los Estados. La consecuencia directa de esta dinámica es la consolidación de un sistema más flexible, pero también más incierto, donde las reglas pueden ser reinterpretadas o ignoradas según las circunstancias.

La percepción de declive y la reafirmación del poder

Un elemento central para entender esta transformación es la percepción de declive relativo de Estados Unidos en el escenario global. Frente al ascenso de otras potencias, especialmente China, la política exterior estadounidense adopta una postura orientada a reafirmar su liderazgo mediante la demostración de fuerza.

Lejos de fomentar la contención, esta percepción de pérdida de hegemonía tiende a intensificar el uso de herramientas coercitivas. La lógica subyacente es clara: en un entorno competitivo, la proyección de poder se convierte en un instrumento esencial para preservar la influencia.

Sin embargo, esta estrategia conlleva riesgos significativos. La utilización más frecuente de medidas unilaterales y el recurso a la presión directa pueden generar reacciones adversas, erosionar alianzas tradicionales y aumentar la probabilidad de escaladas conflictivas.

Hacia un sistema internacional más volátil

El resultado de estas dinámicas es la configuración de un sistema internacional caracterizado por una mayor volatilidad. A medida que disminuye la capacidad de las normas para regular el comportamiento de los Estados, la estabilidad global pasa a depender en mayor medida del equilibrio entre potencias.

En este nuevo escenario, la cooperación se vuelve más compleja y los mecanismos de resolución pacífica de conflictos pierden eficacia. La competencia estratégica se intensifica, y las relaciones internacionales adquieren un carácter más impredecible.

Asimismo, el debilitamiento del multilateralismo afecta directamente la capacidad de respuesta frente a desafíos globales, desde conflictos armados hasta crisis transnacionales. La ausencia de reglas claras incrementa la incertidumbre y dificulta la construcción de consensos duraderos.

Implicaciones para la seguridad internacional

Las transformaciones descritas tienen implicaciones profundas para la seguridad internacional. La tradicional arquitectura de seguridad, basada en alianzas, normas y organismos multilaterales, enfrenta limitaciones crecientes en un entorno donde prevalece la lógica del poder.

En este contexto, la seguridad deja de ser un concepto exclusivamente jurídico o institucional para convertirse en una cuestión eminentemente estratégica. Los Estados se ven obligados a reconsiderar sus políticas de defensa, fortalecer sus capacidades y adaptarse a un entorno donde las garantías normativas son cada vez menos confiables.

Esta evolución plantea desafíos significativos, no solo para las grandes potencias, sino también para los Estados de menor capacidad, que se encuentran en una posición más vulnerable frente a un sistema menos regulado.

Finalmente, el retorno del poder como principio rector: El análisis del “ethos” de la guerra asociado a la política exterior de Trump permite identificar una tendencia que trasciende lo coyuntural. Más que un cambio aislado, se trata de una reconfiguración de la lógica que estructura las relaciones internacionales.

El orden basado en normas, aunque no ha desaparecido completamente, enfrenta una pérdida progresiva de centralidad frente a un modelo donde el poder vuelve a ocupar un lugar predominante.

En este contexto, el siglo XXI podría estar marcado por un retorno a dinámicas históricas en las que la estabilidad no depende de reglas compartidas, sino del equilibrio entre fuerzas.

Reflexión final

Si las normas dejan de ser el principal referente del sistema internacional,
la pregunta ya no será cómo deben actuar los Estados…

sino hasta dónde pueden hacerlo.

Fuente: https://www.defensa.gob.es/ceseden/-/cuaderno-de-estrategia-233

El espejismo de la abundancia

Durante siglos, el agua fue percibida como un recurso inagotable. Ríos caudalosos, lluvias previsibles y océanos infinitos construyeron la ilusión de abundancia. Sin embargo, en pleno siglo XXI, esa percepción ha cambiado radicalmente.

Hoy, el agua dulce disponible —aquella apta para el consumo humano— representa apenas una fracción mínima del total hídrico del planeta. A medida que aumenta la población mundial, se intensifican los efectos del cambio climático y crece la demanda industrial y agrícola, el agua ha dejado de ser únicamente un recurso natural para convertirse en un activo estratégico de primer orden.

Este nuevo escenario ha dado lugar a una realidad incuestionable:
el agua es poder.

La irrupción de la geopolítica del agua

El concepto de geopolítica del agua emerge como una de las claves para comprender las dinámicas contemporáneas de poder. A diferencia de otros recursos, el agua posee una característica única: su distribución geográfica no coincide con las fronteras políticas.

Más de 260 cuencas hidrográficas en el mundo son compartidas por dos o más países. En este contexto, el control del agua deja de ser una cuestión interna para convertirse en un asunto internacional.

Los países situados aguas arriba poseen una ventaja estratégica: pueden regular el flujo, construir infraestructuras hidráulicas o incluso alterar la disponibilidad del recurso. Por el contrario, los países aguas abajo dependen de decisiones que escapan a su soberanía directa.

Este desequilibrio configura nuevas relaciones de poder, donde el dominio hídrico puede traducirse en influencia política, presión económica o incluso conflicto.

Entre la cooperación y el conflicto

El agua, lejos de ser un factor exclusivamente divisivo, se presenta como un elemento ambivalente. Por un lado, su escasez puede intensificar tensiones entre Estados, especialmente en regiones donde la disponibilidad es limitada y la demanda es creciente.

Las disputas por el acceso y uso del agua pueden derivar en conflictos diplomáticos, crisis humanitarias o inestabilidad regional. No obstante, el mismo carácter compartido del recurso obliga, en muchos casos, a la cooperación.

A lo largo de las últimas décadas, se han desarrollado múltiples acuerdos internacionales orientados a la gestión conjunta de cuencas, la distribución equitativa del recurso y la prevención de conflictos.

Así, el agua plantea una dualidad fundamental:
puede ser fuente de confrontación, pero también catalizador de alianzas estratégicas.

La presión del crecimiento y el desafío urbano

El crecimiento demográfico y la expansión urbana han incrementado exponencialmente la presión sobre los recursos hídricos. Las grandes ciudades, especialmente en países en desarrollo, enfrentan desafíos significativos en materia de abastecimiento, saneamiento y gestión eficiente del agua.

La problemática ya no radica únicamente en la disponibilidad del recurso, sino en su administración. Sistemas ineficientes, pérdidas en la red de distribución y falta de planificación agravan una situación que, en muchos casos, podría mitigarse mediante una gestión adecuada.

En este contexto, el acceso al agua se convierte también en un tema de equidad social, donde las poblaciones más vulnerables suelen ser las más afectadas por la escasez y la mala distribución.

Tecnología y gestión inteligente: hacia un nuevo modelo hídrico

Ante este panorama, la innovación tecnológica se posiciona como una herramienta clave para enfrentar los desafíos del agua en el siglo XXI.

El desarrollo de sistemas de monitoreo, inteligencia artificial y análisis de datos permite optimizar el uso del recurso, reducir pérdidas y anticipar escenarios de escasez. Asimismo, tecnologías como la desalinización, la reutilización de aguas residuales y la captación eficiente están redefiniendo los modelos tradicionales de gestión hídrica.

El agua deja de ser un recurso pasivo para convertirse en un sistema dinámico, cuya eficiencia depende cada vez más de la capacidad tecnológica y de gestión de los Estados.

Riesgos emergentes: el agua como factor de vulnerabilidad

Además de su dimensión estratégica, el agua representa un importante factor de riesgo. Fenómenos extremos como sequías prolongadas e inundaciones intensas, exacerbados por el cambio climático, generan impactos significativos en la seguridad alimentaria, la salud pública y la estabilidad social.

La contaminación de fuentes hídricas, por su parte, compromete la calidad del recurso y agrava las desigualdades en el acceso.

En este sentido, la seguridad hídrica se configura como un componente esencial de la seguridad nacional y global, vinculada directamente con la estabilidad política y el desarrollo sostenible.

Conclusión: el agua como eje del nuevo orden global

El análisis contemporáneo permite afirmar que el agua ha trascendido su condición de recurso natural para convertirse en un elemento estructural del orden internacional.

En un mundo cada vez más interdependiente, la capacidad de los Estados para gestionar, proteger y cooperar en torno al agua será determinante para su estabilidad y desarrollo.

El siglo XXI no estará definido únicamente por la acumulación de recursos, sino por la capacidad de administrarlos de manera inteligente, sostenible y equitativa.

En este escenario, el agua se erige como el eje silencioso que redefine las relaciones de poder, plantea nuevos desafíos y abre la puerta a oportunidades de cooperación global.

Reflexión final

En un planeta donde el agua siempre pareció infinita, el mayor desafío no será encontrarla…
sino aprender a gobernarla.

Durante muchos años, el modelo de convenio de la OCDE ha sido la referencia principal en materia de tributación internacional. Su lógica tradicional ha sido relativamente clara: limitar, en buena medida, la potestad tributaria del Estado de la fuente y reservar un mayor espacio al Estado de residencia del contribuyente, salvo que exista una presencia económica suficientemente relevante, como ocurre con el establecimiento permanente. Esa arquitectura, sin embargo, ha empezado a mostrar tensiones cada vez más visibles frente a nuevas realidades económicas, a una mayor presión recaudatoria de los Estados y al reclamo de muchos países que consideran insuficiente ese reparto clásico de potestades tributarias.

La discusión reciente en torno al papel de la Organización de las Naciones Unidas en la formación de estándares de tributación internacional parte justamente de ese punto. Los modelos de convenio de la OCDE y de la ONU ya no parecen simplemente coexistir como alternativas técnicas parecidas, sino que comienzan a separarse con más claridad en aspectos esenciales. Esa distancia se ha hecho más notoria a partir de la actualización del modelo OCDE de noviembre de 2025 y, sobre todo, de la actualización del modelo ONU de marzo de 2025, que refuerza de manera decidida los derechos de imposición del Estado fuente.

La diferencia de fondo entre ambos enfoques puede explicarse de manera sencilla. El modelo OCDE responde a una visión más cercana a la tributación en residencia: en términos generales, el país donde reside el inversionista o la empresa conserva una posición más fuerte, mientras que el país donde se desarrolla la actividad o desde donde surge el pago tiene facultades más limitadas. El modelo ONU, por su parte, parte de una lógica más favorable a la tributación en la fuente, es decir, reconoce con mayor amplitud el derecho del Estado donde se genera la renta a someter esa renta a imposición.

Uno de los conceptos más importantes en esta materia es el de establecimiento permanente. En términos simples, el establecimiento permanente es el vínculo jurídico que permite a un país gravar las utilidades empresariales de una entidad extranjera cuando esta mantiene una presencia suficientemente relevante en su territorio. Bajo la lógica más clásica de los tratados, si no existe establecimiento permanente, el Estado fuente normalmente no puede gravar esas utilidades empresariales. Por eso su importancia es enorme: funciona como una especie de puerta de entrada para la tributación empresarial internacional.

Lo relevante es que el modelo ONU reduce o flexibiliza varios umbrales que antes limitaban la potestad tributaria del Estado fuente. En materia de construcción, por ejemplo, el umbral comparativo pasa de doce meses en el modelo OCDE a seis meses en el modelo ONU. Además, la ONU contempla una figura de establecimiento permanente por servicios, vinculada a la permanencia durante cierto tiempo, mientras que la OCDE no la desarrolla de manera equivalente en el propio texto del modelo. También se incorpora una regla específica para actividades extractivas, con umbrales considerablemente más breves. Todo ello revela una tendencia clara: facilitar que el Estado fuente pueda gravar con mayor frecuencia actividades transfronterizas que antes podían quedar fuera de su alcance.

Otro punto central es el nuevo tratamiento de los servicios. La actualización del modelo ONU introduce una regla que permite la retención en la fuente sobre determinados pagos por servicios sin necesidad de que exista establecimiento permanente. Ese detalle es especialmente relevante porque altera una de las bases tradicionales del sistema. Antes, en muchos casos, la discusión giraba en torno a si el prestador extranjero tenía o no una presencia suficiente para ser gravado como negocio en la jurisdicción fuente. Con esta nueva aproximación, la retención en la fuente puede operar simplemente por el hecho de que exista un pago transfronterizo por servicios. En otras palabras, la necesidad del establecimiento permanente pierde peso en este ámbito y el derecho de imposición del Estado fuente se fortalece.

La misma lógica expansiva se observa en otros rubros. El modelo ONU refuerza la tributación en la fuente en materia de regalías, incorpora artículos específicos para servicios digitales y también prevé una regla para primas de seguros transfronterizas. No se trata, por tanto, de un ajuste aislado en una sola categoría de renta, sino de una expansión más amplia del poder tributario del Estado fuente. Vista en conjunto, la tendencia parece bastante clara: más pagos podrían quedar sometidos a retención en la fuente incluso en escenarios en los que, bajo un enfoque tradicional, la potestad tributaria del país pagador habría sido más limitada.

En ese marco aparece otro concepto clave: la Subject to Tax Rule o STTR. Aunque el término puede sonar técnico, su lógica es relativamente sencilla. Se trata de una regla que busca asegurar que determinados pagos no queden sometidos a una tributación demasiado baja o prácticamente inexistente en la otra jurisdicción. Si ello ocurre, el Estado fuente recupera o preserva la posibilidad de gravar. La comparación entre la versión OCDE y la versión ONU muestra diferencias importantes: la STTR de la OCDE es más extensa, técnica y fija una tasa mínima, mientras que la versión ONU es más amplia en su formulación y deja más espacio a la negociación bilateral.

Junto a ello, el tema del antiabuso sigue ocupando un lugar central. En la práctica, estas reglas buscan impedir que los contribuyentes estructuren operaciones de manera artificial con el único o principal objetivo de obtener beneficios de un convenio. Aquí aparecen figuras como el Principal Purpose Test, que permite negar el beneficio del tratado cuando uno de los propósitos principales de la estructura o transacción fue precisamente obtener ese beneficio. La relevancia del tema no es menor, porque a medida que se amplían los derechos de fuente y se multiplican las categorías de pagos sometidas a reglas especiales, también aumenta la necesidad de controlar planificaciones abusivas y esquemas de treaty shopping.

Otro aspecto importante es el aumento del riesgo de caracterización. Ese riesgo existe cuando un mismo pago puede ser clasificado de maneras distintas bajo artículos diferentes del convenio: como regalía, como pago por servicios, como servicio digital o como otra categoría susceptible de retención. Cuantas más categorías especiales aparecen en los tratados, mayor es la complejidad interpretativa y mayor también la posibilidad de controversias entre contribuyentes y administraciones tributarias. La calificación jurídica del pago deja de ser una cuestión secundaria y pasa a convertirse en un punto decisivo para determinar si hay o no retención, qué tasa aplica y cómo se evita una doble imposición económica o jurídica.

Aunque la exposición se concentra principalmente en la distribución de potestades tributarias entre el Estado de residencia y el Estado de la fuente, también existe una implicación relevante para los procesos de precios de transferencia. La actualización de la OCDE de noviembre de 2025 incluyó cambios en el tratamiento del artículo 9, con una revisión de sus comentarios y un enfoque más estricto sobre la deuda intragrupo, precisando además que el rechazo de una deducción en una jurisdicción no conlleva automáticamente un ajuste correlativo en la otra. Esto es importante porque confirma que la discusión internacional ya no se limita a definir dónde se grava una renta, sino también cómo se atribuye, cómo se sustenta y cómo se corrigen los posibles desajustes entre partes relacionadas. En la práctica, ello obliga a mirar de forma más integrada los convenios para evitar la doble imposición, las reglas de retención en la fuente y los análisis de precios de transferencia, especialmente en operaciones intragrupo de servicios, financiamiento, intangibles y estructuras transfronterizas complejas.

Precisamente por eso, la cuestión de la resolución de controversias no puede verse como un elemento secundario. Si se expanden los derechos de imposición del Estado fuente, pero no crecen con la misma eficacia los mecanismos de coordinación y solución de disputas, es razonable esperar más casos de doble imposición y procedimientos amistosos más largos. La diferencia entre modelos también se hace notar aquí: mientras el esquema OCDE suele contemplar herramientas más robustas para la resolución de disputas, el enfoque ONU ofrece mayor flexibilidad estatal, pero no necesariamente el mismo nivel de certeza para el contribuyente.

Más allá de lo técnico, todo esto tiene además una dimensión política e institucional. La discusión ya no se agota en la interpretación de artículos aislados, sino que refleja una disputa más amplia sobre quién definirá los estándares de la tributación internacional en los próximos años. El debate entre la OCDE y la ONU es, en parte, un debate sobre legitimidad, representación y equilibrio entre economías desarrolladas y economías en desarrollo. Por eso el tema interesa no solo a especialistas en convenios, sino también a administraciones tributarias, empresas multinacionales, firmas de asesoría y responsables de política pública.

Desde una perspectiva práctica, el mensaje para asesores, empresas y administraciones es bastante claro. El entorno de convenios tributarios internacionales probablemente será más complejo, más fragmentado y orientado a fortalecer los derechos del Estado fuente. Ello obliga a revisar con mayor cuidado la redacción de contratos, la calificación de pagos transfronterizos, la posible existencia de establecimiento permanente, el alcance de las cláusulas antiabuso y el riesgo de controversias futuras. Ya no basta con mirar el convenio desde una lógica automática o puramente tradicional; será necesario entender con mayor precisión qué modelo inspira el tratado aplicable y cómo ese modelo distribuye la potestad tributaria entre residencia y fuente.

Lo que hoy se observa, en definitiva, no es una diferencia menor entre modelos, sino una transformación progresiva del lenguaje y de la lógica de la tributación internacional. La expansión de los derechos del Estado de la fuente, la flexibilización o desplazamiento del establecimiento permanente en ciertos supuestos, la aparición de nuevas categorías de retención y el mayor peso de las reglas antiabuso muestran que el sistema ya no puede leerse únicamente desde los parámetros tradicionales. Para asesores, empresas y administraciones tributarias, este cambio exige una lectura más cuidadosa de los convenios, de la caracterización de los pagos transfronterizos y de la interacción entre tratado, imposición doméstica y precios de transferencia. Más que una discusión teórica entre la OCDE y la ONU, lo que está en juego es la forma en que se repartirá, defenderá y discutirá la potestad tributaria en los próximos años.

El deterioro de la democracia a nivel global ya no es una advertencia abstracta, sino una tendencia cada vez más visible en distintas regiones del mundo. En ese contexto, el Democracy Report 2026 del V-Dem Institute lanza una de sus conclusiones más contundentes: por primera vez en más de medio siglo, Estados Unidos ha dejado de ser considerado una democracia liberal.

El informe identifica un desgaste acelerado de las instituciones democráticas en el país norteamericano, con indicadores comparables a los de 1965. Entre los factores señalados figuran la concentración de poder en el Ejecutivo y el debilitamiento progresivo de los controles institucionales, elementos que reflejan una transformación profunda en su sistema político.

Lejos de tratarse de un caso aislado, el retroceso estadounidense forma parte de un escenario internacional más amplio marcado por el debilitamiento de la democracia y el ascenso del autoritarismo.

Un referente democrático que pierde terreno

Durante décadas, Estados Unidos ocupó un lugar central como referente de democracia liberal. Sin embargo, ese estatus se ha ido erosionando por una combinación de factores estructurales que, según el informe, afectan pilares fundamentales del sistema.

Entre los principales retrocesos se encuentran la reducción de los controles legislativos sobre el poder Ejecutivo, el deterioro de los derechos civiles y de la igualdad ante la ley, así como el debilitamiento de la libertad de expresión y del ecosistema mediático.

Pese a este escenario, el componente electoral se mantiene relativamente estable, lo que sugiere que no se trata de un colapso inmediato, sino de una erosión progresiva del modelo democrático.

Un mundo cada vez más inclinado hacia el autoritarismo

El caso de Estados Unidos se inscribe dentro de una tendencia global que redefine el equilibrio político internacional. Según el estudio, el 74% de la población mundial vive actualmente bajo regímenes autocráticos, mientras que existen 92 autocracias frente a 87 democracias. Aún más revelador, solo el 7% de la población habita en democracias liberales.

Estas cifras reflejan un cambio estructural: la democracia ha dejado de ser el sistema predominante en el mundo, mientras los modelos autoritarios consolidan su avance.

Un retroceso que devuelve al mundo a 1978

Uno de los hallazgos más contundentes del informe es que la democracia global ha retrocedido a niveles similares a los de 1978, lo que implica la pérdida de buena parte de los avances alcanzados desde la denominada tercera ola democratizadora.

El deterioro no se limita a regiones tradicionalmente inestables, sino que también alcanza a zonas históricamente asociadas con la estabilidad democrática, como Europa y América del Norte.

Entre los indicadores más afectados aparece la libertad de expresión, que registra retrocesos en 44 países. A esto se suma el deterioro de la calidad electoral y la reaparición de prácticas como la tortura en decenas de países como mecanismo de represión política.

Más autocratización, menos democratización

El estudio también muestra un desequilibrio preocupante entre los países que avanzan hacia modelos autoritarios y aquellos que logran transiciones democráticas. Actualmente, 44 países atraviesan procesos de autocratización, frente a solo 18 que muestran avances hacia la democracia.

Entre las estrategias más utilizadas por gobiernos autoritarios destacan la censura a los medios, la represión de la sociedad civil y el control del debate público. Más que un simple retroceso, el informe retrata un escenario de estancamiento en la expansión democrática global.

Un cambio con impacto en el orden internacional

Las conclusiones del estudio apuntan a un cambio de fondo en la distribución del poder global. El deterioro democrático en grandes potencias, incluido Estados Unidos, estaría desplazando el centro de gravedad internacional hacia sistemas menos democráticos.

Ese movimiento podría repercutir en el funcionamiento de los organismos multilaterales, en las reglas del comercio internacional y en la defensa de los derechos humanos a escala global.

Fuente:

Estados Unidos pierde estatus de democracia liberal tras 50 años, según informe global

Por: Víctor Cruz
Economista

Introducción

No es la primera vez que, con el argumento de la Producción de Armas de Destrucción Masiva, un país en Oriente Medio es atacado militarmente.

Pasó con Irak en 2003 y hoy sucede lo mismo con Irán, ambos acusados de apoyar a grupos terroristas enemigos de países pro occidentales.

Pero, a pesar del conflicto militar, subyacen tensiones que políticamente generan más conflictos y son aquellas que responden a situaciones teológicas entre las principales etnias de esa región como son las Sunníes y Chiitas, diferencias que marcan mucho más a esa región que otra cosa, pero que repercuten en la producción de la materia prima más volátil de la economía global, el petróleo.

Mercado Petrolero

Los factores que inciden en la producción y precio de un barril de petróleo son tan variados, ya sea por el lado de la Oferta como por el de la Demanda, que hoy día sigue generando crisis, dependiendo de que agite sus aguas.

Elementos propios de la explotación como lo son  Costos de Exploración, Posición Geográfica, Capacidad de Producción, Refinación y Almacenamiento, Nivel de Reservas Mundiales, Reservas Estratégicas, Eventos Terroristas, Eventos Político-Religiosos, Logística Global, Capacidad de Transporte, Salidas al Mar, Exploración y Explotación en Aguas Profundas y Eventos Militares son tan interdependientes que ante la  mínima perturbación se genera gran incertidumbre y volatilidad en el precio de barril, denotando lo complejo de incursionar en un negocio con muchas áreas en las que difícilmente alguien tiene el control de alguna de ellas.

Con excepción de la Geología, los Eventos Naturales, la Explotación en Aguas Profundas, las Nuevas Tecnologías y la Producción de Petróleo de Esquisto, los factores listados previamente, hoy se ven nuevamente trastocados por un conflicto militar en Oriente Medio.

Hechos Relevantes

Luego de la creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en 1960 con el objetivo de mermar el dominio de las Siete (7) Hermanas, refiriéndose a las petroleras que controlaban hasta ese momento la producción de crudo, otros eventos han trastocado la producción petrolífera en los últimos 66 años.

Derivado de la guerra del Yom Kipur en 1973 y el embargo petrolero a los aliados de Israel en 1974, el precio del crudo creció en 300%.

Al final de la década del 70, con el derrocamiento del Sha de Irán y posterior conflicto militar entre Irak e Irán, el mercado recibe otro remezón.

A mediados de los 80`s, surge la figura de los Topes de Producción para estabilizar el precio del crudo y, por primera vez, Arabia Saudita, el mayor productor de crudo, disminuye su producción y el precio del barril alcanza los US$ 100.00.

La Guerra del Golfo Pérsico (1990-1991) y en 2003 el derrocamiento de Sadam Hussein nuevamente sacuden el mercado mundial.

Los Huracanes Katrina y Rita (2003 y 2005) destruyen el 30% de la capacidad de producción y refinamiento en el Golfo de México, incrementándose hasta 18% el precio del crudo en el primer evento y hasta un incremento del 50% por el segundo.

Especialistas en esta materia indicaban a esa fecha que construir una refinería pequeña podría, como mínimo, costar unos US$ 10 mil millones, pero a ese momento escaseaba la mano de obra para emprender obras de esas características.

Un año después, en 2006 el conflicto militar en Irak generado por disputas étnicas entre Suniies y Chiitas, logra que el precio del crudo oscile entre US$ 80 y US$ 90 el barril.

Dieciséis años más tarde, la Invasión de Rusia a Ucrania genera otro sobre salto al mercado mundial.

Magnitudes de un Conflicto

Listamos previamente algunos elementos que generan incertidumbre en este mercado, pero no todos influyen en el precio con la misma fuerza.

No es lo mismo si una Refinería limita la producción de diversos combustibles por realizar un mantenimiento a las instalaciones, a que la misma sea paralizada por una explosión accidental o un evento natural como sucedió en 2003 y 2005 en el Golfo de México.

No es lo mismo si un país limita la producción de Gas Natural (GN) a que un Gasoducto sufra un atentado terrorista y la Distribución de Gas sea interrumpida y los países consumidores vean restringida su Oferta para uso del transporte, generación eléctrica o calefacción, algo parecido a lo que ocurre por la invasión a Ucrania y el paso del Gas Ruso a los países europeos que ven limitado su consumo y por ende el precio de este rubro se dispara.

Si bien en el mercado existen sustitutos para casi o todos los productos, para estos bienes en particular un sucedáneo no está a la orden del día.

Afectación del transporte naviero

Entre el 20% y 27% del Petróleo y un 20% del Gas Natural, consumido mundialmente, es distribuido a través del Estrecho de Ormuz.

Un informe de Maritime Traffic, analistas especializados en transporte naviero, señalan una caída entre el 40% y 50% de la carga de petróleo o gas natural producto del conflicto, ya que unos 240 barcos iniciado el conflicto bélico se encontraban en aguas del Golfo Pérsico y el Golfo de Omán.

De ese total, hay 40 Súper Tanqueros, cada uno con capacidad de transporte de 2 millones de barriles y a pesar de estar cargados, no pueden transitar por el Estrecho de Ormuz por la amenaza de ser atacados por Irán y aliados de éste.

Clarkson Research, otro especialista en transporte naviero estima que unos

3,200 barcos, cuya carga puede ser crudo o gas, se encuentran inactivos dentro del Golfo Pérsico.

Solo Maersk tiene 100 portacontenedores atrapados en el Golfo Pérsico y son estos datos los que magnifican un problema a gran escala en la cadena de suministros global, sobre todo si parte de su decisión en este conflicto es suspender operaciones navieras en el Puerto de Salalah en Omán.

Como dije antes, no solo se afecta el precio del crudo, el desvío de barcos por el Cabo de Buena Esperanza (África), hace que la travesía se incremente entre 10 y 14 días y el costo del contenedor para cualquier suministro podría triplicarse, pasando de US$1000 a US$3000 y el costo final por barco podría a ascender hasta US$10 millones.

Igualmente, la prima del Seguro por la Cobertura de Guerra se ha duplicado de 0.5% a 1%, pudiendo llegar al 4% del costo total, tanto del barco como de la carga.

Si tuviéramos que señalar a una economía que podrá perder mucha fuerza por falta de suministro de petróleo sería China, ya que este país consume el 40% de crudo proveniente de Irán.

Cadena de Suministros

El bloqueo o cierre del Estrecho de Ormuz, por cualquier circunstancia acarrea un riesgo sustancial para la economía global.

En vista de la concentración de la producción de petróleo y de gas a lo interno del área de conflicto, las rutas alternas como el Océano Índico se ven afectadas debido a lo inseguro de transitar por el Estrecho de Ormuz.

La analogía utilizada por un experto en transporte de carga terrestre señala que el bloqueo de Ormuz es como utilizar un TREN LARGO, en el cual, si un vagón se descarrila, el resto podría caer como el Efecto Dominó. 

En el caso específico del Gas Natural (GNL), el 80% de su producción y que transita por Ormuz, es consumido por Corea del Sur y Japón trastocando la producción industrial, sin contar que Europa, otro gran consumidor de Gas Natural, ve restringido su consumo.

Así como estos países, la India ve afectada su producción Farmacéutica y de Semi Conductores y AMAZON ve muy comprometido sus Centros de Datos ubicados en el área de conflicto, por lo cual, no solo el consumo de combustibles muestra restricciones globales, sino también una gran cantidad de bienes que no llegaran a sus destinos por efectos directos e indirectos del conflicto.

Cantidades y Precios

Ante los ataques de Irán a instalaciones de producción en países como Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Bahréin, adicional a las amenazas y ataques a todo barco que transite por el área en conflicto, el obstaculizar el Estrecho de Ormuz con Minas con la posibilidad de trancar íntegramente el estrecho, el precio del crudo de seguro subirá como la espuma de una cerveza al ser servida.

Iniciado el conflicto el precio de referencia del Petróleo BRENT, incrementó el precio del crudo a US$83.5/barril.

El mercado de materias primas se dispara ya que los contratos a 6 meses para compras del BRENT ascienden a US$108/barril.

Por su parte, el petróleo de referencia para América Latina, el  West Texas Intermediate (WTI), muestra en el Corto Plazo (6 meses) un precio de US$ 107/barril.

Los precios del GNL, luego de la suspensión de la producción en la mayor planta del mundo RASTAFFAR, situada en Qatar se dispararon en un 50%.

El Alquiler de un Súper Carguero para trasegar hidrocarburos se incrementó en 600%, alcanzando un costo diario de US$ 200 mil.

Si la travesía se desvía por el Cabo de Buena Esperanza entre 10 y 14 días, el costo por el uso de este súper carguero ascendería entre US$2 y US$3 millones, sin contar el resto de los costos.

Los Fletes y Seguros por riesgo o Cobertura de Guerra se incrementan entre el 25% y 50% del costo antes del conflicto.

Si bien el Tráfico Aéreo no parece tener vela en este entierro, al verse afectado por el uso de Jet Fuel el transporte de productos perecederos de alto valor como los Fármacos, Electrónica y productos agrícolas como Fertilizantes, se trastoca debido a que el 35% del consumo global de estos rubros verá incrementos en sus precios.

Alternativas al Estrecho de Ormuz

Hace más de cuatro (4) décadas, pensando a muy Largo Plazo y considerando un conflicto bélico de las magnitudes actuales, Arabia Saudita emprendió la construcción del Oleoducto Este-Oeste, conocido como Petroline, de 1200 kilómetros de largo y que atraviesa el desierto saudí hasta el puerto de Yanbu.

Esto preveía descongestionar, de ser necesario como ahora, la distribución petrolífera del Golfo Pérsico, el Estrecho de Ormuz y el Golfo de Omán, utilizando la travesía marítima por el Mar Rojo.

Por otro lado, y con el objetivo de estabilizar el mercado petrolero, Saudí Aramco emprendió inicialmente la producción de 1 millón de barriles diarios adicionales, sin embargo, la escalada militar ha llevado a que este nivel no sea acorde a las necesidades de consumo y prevé incrementar a 7 millones de barriles diarios la producción de petróleo.

Conclusiones

Si la dinámica productiva se corta en los principales surtidores de hidrocarburos como lo son Arabia Saudita, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Bahrein, incluyendo a Irán, los cuales producen diariamente unos 18 millones de barriles diarios, el precio no solo del Diésel, Gasolina y Jet Fuel incrementarán con creces sus precios.

El consumo de otros rubros, solo en costos de Transporte, Flete, Seguros, Reaseguros, igualmente verán incrementados el precio de estos y por ende el precio en frontera del resto de los productos que a diario consumimos.

Al final, la temida Inflación por efectos de la guerra en el Medio Oriente, hace una vez su aparición en escena y el resto del globo deberá hacerle frente.

Fuente: https://www.financieronews.com/post/mercado-petrolero-repercusiones-de-un-conflicto-militar-en-oriente-medio