La controversia en torno a los aranceles de emergencia impulsados durante la administración de Donald Trump alcanzó su punto decisivo el 20 de febrero de 2026, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos emitió su decisión en el caso Learning Resources, Inc. v. Trump. El tribunal, por mayoría de seis votos contra tres, concluyó que el Ejecutivo excedió su autoridad al utilizar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) como fundamento para imponer aranceles globales.

Al inicio de su mandato, el presidente Trump proclamó emergencias nacionales basadas en dos riesgos de origen externo: el aumento del ingreso de drogas ilícitas provenientes de Canadá, México y China, y los desequilibrios comerciales persistentes que impactaban las cadenas de suministro y la industria manufacturera de Estados Unidos. Amparándose en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), adoptó una política arancelaria que estableció gravámenes del 25 % sobre la mayoría de las importaciones desde Canadá y México, del 10 % sobre gran parte de los productos procedentes de China vinculados al narcotráfico y un arancel general mínimo del 10 % sobre todas las importaciones por razones asociadas al déficit comercial, con incrementos para numerosos países y ajustes reiterados en su aplicación.

Estas medidas fueron objeto de impugnación por dos grupos de demandantes. En el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, los demandantes en el caso Learning Resources obtuvieron una medida cautelar preliminar tras La sentencia, redactada por el presidente del tribunal, el magistrado John Roberts, estableció que la IEEPA —una norma diseñada para sanciones económicas y restricciones financieras en contextos de emergencia— no confiere al presidente la facultad de fijar aranceles de manera unilateral. En consecuencia, el fallo invalidó gran parte de los aranceles globales anunciados en abril de 2025 durante la estrategia comercial conocida como el “Día de la Liberación”. La solicitud del Gobierno para trasladar el asunto al Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos (CIT) fue rechazada.

Los aranceles cuestionados habían sido anunciados el 2 de abril de 2025, cuando la Casa Blanca impuso gravámenes recíprocos a decenas de países —incluyendo economías clave y gran parte de América Latina— con una tasa mínima del 10 % sobre las importaciones. Estas medidas se justificaron en preocupaciones sobre prácticas comerciales desleales, seguridad nacional y fenómenos como el tráfico de fentanilo.

Durante su vigencia, la política arancelaria generó ingresos superiores a los 130.000 millones de dólares y se convirtió en un eje central de la estrategia económica del gobierno. Sin embargo, múltiples empresas y estados federados interpusieron demandas cuestionando la base legal de la medida, argumentando que el poder de imponer aranceles pertenece al Congreso salvo delegación expresa.

El núcleo jurídico del fallo descansa precisamente en esta premisa: el tribunal sostuvo que, si el Congreso hubiera pretendido transferir al presidente una potestad tan extraordinaria como la fijación de aranceles generales, lo habría hecho de forma explícita en la legislación arancelaria correspondiente. La interpretación expansiva de la IEEPA fue considerada incompatible con el principio de separación de poderes.

La opinión mayoritaria, escrita por Roberts, fue acompañada por las magistradas y magistrados Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Neil Gorsuch, Amy Coney Barrett y Ketanji Brown Jackson. El tribunal afirmó que el lenguaje de la IEEPA no otorga poder tarifario al Ejecutivo y que aceptar esa interpretación equivaldría a permitir la imposición de aranceles “de cualquier tipo, duración o magnitud” sin control legislativo.

En contraste, los magistrados Clarence Thomas, Brett Kavanaugh y Samuel Alito formularon opiniones disidentes. Sostuvieron que los aranceles constituyen históricamente una herramienta para regular importaciones y que otras normas federales podrían legitimar medidas similares, advirtiendo además que una eventual devolución de los montos recaudados podría tener efectos fiscales significativos.

El fallo destaca por su relevancia institucional. La decisión representa uno de los controles más significativos ejercidos por el tribunal sobre el uso de poderes de emergencia en el segundo mandato de Trump, en un contexto en el que la Corte había permitido previamente avances de la agenda presidencial en otras áreas. La sentencia advierte que permitir una política arancelaria unilateral sustituiría el modelo histórico de colaboración entre Congreso y Ejecutivo por una formulación de política comercial esencialmente presidencial.

Desde la perspectiva del derecho público económico, el pronunciamiento refuerza la doctrina según la cual la delegación legislativa en materias estructurales —como la fijación de tributos o aranceles— debe ser expresa y delimitada. Asimismo, conecta con la denominada major questions doctrine, utilizada por el tribunal para restringir interpretaciones administrativas que impliquen transferencias amplias de poder sin autorización clara del Congreso.

A pesar de su contundencia sobre la legalidad de los aranceles, la Corte evitó pronunciarse sobre la restitución de los montos ya pagados. El tribunal no estableció un mecanismo automático de reembolso ni definió si existe un derecho general a la devolución, trasladando esa determinación a tribunales inferiores.

Este vacío procesal inaugura la fase más compleja del litigio. La discusión girará en torno a la restitución de tributos declarados ilegales, la identificación del sujeto que soportó económicamente el arancel y la posibilidad de un esquema uniforme frente a miles de reclamaciones individuales. Analistas prevén que el proceso podría extenderse por años y derivar en uno de los litigios económicos más significativos recientes.

En los tribunales federales de Estados Unidos comienza así a gestarse una disputa que no solo es económica, sino profundamente jurídica. Tras años de tensiones comerciales y decisiones ejecutivas controvertidas, miles de empresas estadounidenses observan ahora una misma pregunta: quién recuperará el dinero pagado en aranceles que la justicia declaró ilegales.

La historia inicia durante la administración de Donald Trump, cuando el Ejecutivo invocó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer aranceles de emergencia a decenas de países. La medida generó ingresos arancelarios que superan los 130.000 millones de dólares, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. El punto de inflexión llegó con el fallo de la Corte Suprema, que determinó que el presidente excedió su autoridad legal al utilizar esa normativa para imponer nuevos gravámenes, abriendo la puerta a un nuevo escenario: el de los reembolsos masivos.

El fallo estableció la ilegalidad de los aranceles, pero dejó sin resolver el aspecto más complejo: cómo, cuándo y a quién se devolverán los fondos. Esta omisión trasladó la controversia a tribunales inferiores y, con ello, a un proceso que expertos prevén largo, técnico y altamente litigioso.

Desde una perspectiva jurídica, el caso plantea cuestiones clave: la delimitación del alcance del poder ejecutivo en materia comercial, la procedencia de restituciones por tributos declarados ilegales, la determinación del sujeto legitimado para reclamar —importadores directos frente a la cadena económica— y el diseño de un procedimiento administrativo uniforme o reclamaciones caso por caso.

Organizaciones como la Cámara de Comercio de Estados Unidos y la Federación Nacional de Minoristas reaccionaron de inmediato, solicitando procesos rápidos de devolución y orientación clara por parte de las autoridades. El argumento central es económico, pero también jurídico: si el gravamen fue ilegal, sostienen, la restitución debe ser la consecuencia natural del Estado de derecho. Asociaciones sectoriales, incluyendo la American Apparel & Footwear Association, han solicitado lineamientos claros a la autoridad aduanera y el uso del sistema electrónico de reembolsos para agilizar el proceso.

Pese a la presión empresarial, funcionarios del Tesoro han anticipado que los reembolsos no serán inmediatos. Analistas financieros coinciden en que el proceso probablemente se resolverá gradualmente mediante reclamaciones individuales, lo que podría extenderse por años. Las estimaciones económicas ilustran la magnitud del conflicto: más de 133.500 millones de dólares recaudados bajo la normativa, proyecciones académicas que elevan la cifra por encima de 140.000 millones y cálculos de instituciones financieras que sitúan el impacto potencial cerca de los 200.000 millones. El elemento jurídico central será la restitución administrativa de pagos indebidos y la eventual litigación masiva contra el Estado federal.

Este caso trasciende el debate comercial. Representa un precedente relevante sobre el control judicial de medidas económicas de emergencia, la responsabilidad patrimonial del Estado por decisiones regulatorias inválidas, la seguridad jurídica en el comercio internacional y el riesgo regulatorio para empresas importadoras. En términos prácticos, la decisión podría redefinir la relación entre política comercial y control constitucional, consolidando el principio de que incluso las medidas económicas urgentes deben respetar límites legales claros.

En términos de política comercial, la decisión descarrila el núcleo de la estrategia arancelaria global del gobierno, pero no implica el fin del uso de aranceles. La administración podría recurrir a otras bases legales —como normas de seguridad nacional o instrumentos comerciales específicos— para implementar medidas similares.

Más allá de su impacto inmediato, el fallo redefine la relación entre emergencia económica y política comercial, fortalece el control judicial sobre la discrecionalidad presidencial y reintroduce el debate sobre seguridad jurídica en el comercio internacional. La sentencia confirma que incluso en contextos de crisis económica, la arquitectura constitucional impone límites claros a la expansión del poder ejecutivo.

En definitiva, la decisión no clausura la controversia: la transforma. La eliminación de los aranceles no cerró el capítulo; lo abrió. Lo que comenzó como una estrategia de política comercial se ha transformado en uno de los litigios económicos más relevantes de los últimos años. En el centro del debate no está solo el dinero, sino la arquitectura jurídica que determina cuándo el Estado debe devolver lo que cobró sin base legal. El litigio que sigue —centrado en la restitución, la responsabilidad estatal y el alcance de la delegación legislativa— perfila un precedente duradero para el derecho económico público y el comercio internacional contemporáneo, cuya respuesta previsiblemente se escribirá en los tribunales durante la próxima década.

FUENTES:

El análisis “1898-2026. De Cuba a Groenlandia: el retorno del imperialismo estratégico estadounidense en la nueva ‘Cuba Ártica’” propone una interpretación provocadora del actual interés de Estados Unidos por Groenlandia: lejos de ser una idea aislada o coyuntural, reflejaría un cambio profundo en la lógica de su política exterior y en la estructura misma del sistema internacional.

El autor sostiene que Washington estaría transitando desde el modelo de liderazgo liberal basado en reglas —que promovió tras la Segunda Guerra Mundial— hacia una estrategia más cercana al realismo clásico, donde predominan el poder, la seguridad nacional y las esferas de influencia. Para explicarlo, el texto establece un paralelismo histórico con la guerra hispano-estadounidense de 1898. En aquel episodio, la explosión del acorazado Maine funcionó como detonante político y narrativo que permitió legitimar una intervención militar con consecuencias geopolíticas duraderas. Según el estudio, ese patrón —construcción de amenaza, legitimación pública y obtención de ventajas estratégicas— sigue presente en la cultura estratégica estadounidense.

Bajo esa misma lógica, Groenlandia aparece hoy como un territorio clave. Su ubicación en el Ártico, sus recursos minerales, la presencia de infraestructura militar y la apertura de nuevas rutas marítimas por el deshielo la convierten en un enclave decisivo para la competencia entre grandes potencias. El texto argumenta que la isla ha sido presentada discursivamente como un espacio vital para la seguridad estadounidense, lo que permite justificar medidas extraordinarias aun sin existir una amenaza inmediata. Este proceso se explica mediante la teoría de la securitización: cuando un asunto es definido como peligro existencial, pasa a tratarse como cuestión de seguridad nacional.

El autor denomina a esta reconfiguración doctrinal “Donroe”, una actualización contemporánea de la Doctrina Monroe que ya no se limita al hemisferio americano, sino que se extiende a cualquier región considerada estratégica. Desde esta perspectiva, el caso groenlandés sería un síntoma de la erosión del orden liberal internacional y del retorno de la política de poder como principio organizador del sistema mundial.

El análisis también subraya las implicaciones para Europa y los aliados occidentales: el episodio demostraría que las alianzas y las normas jurídicas ofrecen protección limitada cuando entran en juego intereses vitales de una potencia dominante. La principal lección estratégica sería que el multilateralismo sigue siendo necesario, pero ya no suficiente, en un entorno internacional cada vez más competitivo y jerárquico.

En conclusión, el artículo plantea que Groenlandia no es simplemente un tema territorial, sino un indicador de transformación histórica: el paso hacia una etapa global marcada nuevamente por rivalidad entre grandes potencias, primacía estratégica y redefinición de las reglas del orden internacional.

Durante siglos, Groenlandia fue percibida como un territorio remoto, inhóspito y marginal en la política internacional. Sin embargo, el deshielo acelerado del Ártico, la competencia entre grandes potencias y la carrera por recursos estratégicos han colocado a esta inmensa isla en el centro de la geopolítica global.

Con más de dos millones de kilómetros cuadrados —la isla más grande del mundo— y una población reducida, mayoritariamente inuit, Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca, aunque goza de una amplia autonomía que incluye el derecho de autodeterminación. La independencia es una aspiración mayoritaria entre sus habitantes, siempre que no implique una pérdida sustancial de calidad de vida. El principal obstáculo es económico: su economía depende casi exclusivamente de la pesca y de una fuerte subvención anual danesa, que desaparecería en caso de secesión.

Desde el punto de vista estratégico, Groenlandia ocupa una posición clave entre Norteamérica, Europa y Rusia. Controla accesos fundamentales al océano Ártico y alberga infraestructuras críticas para la defensa de Estados Unidos, como la base aérea de Thule, integrada en el sistema de alerta temprana y defensa antimisiles norteamericano. Esta localización convierte a la isla en una pieza esencial del equilibrio de seguridad transatlántico.

El cambio climático ha intensificado esta relevancia. El deshielo abre nuevas rutas marítimas —las del noroeste y noreste— y facilita el acceso a importantes reservas de recursos naturales. Groenlandia posee grandes yacimientos de tierras raras, uranio, petróleo y gas, fundamentales para las industrias tecnológicas y energéticas del siglo XXI. No obstante, la explotación de estos recursos genera una profunda división interna entre quienes los ven como una vía hacia la independencia económica y quienes alertan de los graves riesgos medioambientales y sociales, especialmente en el caso del uranio.

Esta riqueza potencial ha atraído el interés de China, que ha intentado utilizar Groenlandia como puerta de entrada al Ártico y como fuente de materias primas estratégicas. La presencia china, especialmente en proyectos mineros como Kuannersuit, ha generado inquietud tanto en Washington como en Copenhague, que han actuado coordinadamente para limitar su influencia. Estados Unidos, por su parte, ha reforzado su atención sobre la isla, llegando incluso a plantearse —de forma polémica— su compra en 2019, un episodio que evidenció hasta qué punto Groenlandia ha dejado de ser periférica.

En este contexto, la Unión Europea también desempeña un papel relevante. Aunque Groenlandia abandonó la Comunidad Económica Europea en 1985, mantiene una relación estrecha con la UE como País y Territorio de Ultramar (OCT). Para Bruselas, la isla es un socio estratégico en el Ártico, tanto por su posición geográfica como por su potencial en materias primas críticas, en un momento de creciente rivalidad geopolítica y reconfiguración de las cadenas de suministro globales.

En definitiva, Groenlandia se ha convertido en un territorio clave donde convergen cambio climático, recursos naturales, aspiraciones identitarias y rivalidades entre potencias. Su futuro —entre una mayor autonomía, una eventual independencia o una integración reforzada en las estrategias occidentales— será determinante para el equilibrio político y estratégico del Ártico en las próximas décadas.

Referencias:

AZNAR FERNÁNDEZ-MONTESINOS, Federico. Groenlandia en la geopolítica ártica. Documento de Análisis IEEE 31/2024. https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2024/DIEEEA31_2024_FEDAZN_Groenlandia.pdf (consultado 29/01/2026)

El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, que declaró inconstitucional la concesión otorgada a la filial panameña de CK Hutchison Holdings para operar los puertos de Balboa y Cristóbal, ha trascendido el ámbito jurídico nacional para convertirse en un episodio de alto impacto político, económico y geoestratégico.

La decisión —adoptada de manera unánime— no solo pone fin a una relación contractual vigente desde finales de la década de 1990, sino que también altera el delicado equilibrio entre los intereses de Estados Unidos y China en una de las rutas comerciales más relevantes del mundo: el Canal de Panamá, por donde transita aproximadamente el 5% del comercio marítimo global.

Un fallo con raíces legales

De acuerdo con el Financial Times, el caso se origina en demandas presentadas desde 2021 y en una auditoría gubernamental realizada en 2025, la cual identificó presuntas irregularidades en la concesión y pérdidas estimadas en más de mil millones de dólares para el Estado panameño. En particular, se cuestionó la renovación por 25 años otorgada en 2021, realizada sin un proceso de licitación pública.

El New York Times coincide en que el tribunal fundamentó su decisión en aspectos técnicos, señalando que la extensión contractual no habría seguido los procedimientos de aprobación exigidos por la legislación panameña. El propio gobierno sostuvo que el fallo fue resultado de “extensas deliberaciones” judiciales y de procesos iniciados años antes, rechazando que la decisión haya respondido a presiones externas.

Desde la óptica interna, el mensaje oficial ha sido consistente: el Ejecutivo no intervino en el criterio del órgano judicial y corresponde acatar lo resuelto como expresión del Estado de derecho.

Transición operativa y nueva concesión

Tras conocerse el fallo, el presidente José Raúl Mulino anunció que, una vez la sentencia entre plenamente en vigor, los puertos serán administrados temporalmente por APM Terminals, filial del grupo danés A.P. Møller–Mærsk, mientras se diseña un nuevo proceso concesional.

El gobierno ha adelantado que la futura concesión deberá establecer condiciones “favorables para Panamá”, y no se descarta que ambos puertos sean licitados por separado, a fin de evitar concentrar su operación en un solo operador. El objetivo declarado es garantizar continuidad operativa, estabilidad laboral y mayor transparencia contractual.

El componente corporativo: un acuerdo en suspenso

El fallo judicial impacta directamente el acuerdo anunciado en 2025 mediante el cual CK Hutchison pretendía vender su participación en los puertos panameños —junto con decenas de terminales alrededor del mundo— a un consorcio liderado por BlackRock y Mediterranean Shipping Company (MSC), en una transacción cercana a los 23 mil millones de dólares.

Mientras el Financial Times destaca que el acuerdo había sido inicialmente celebrado por el presidente estadounidense, el New York Times recuerda que la operación quedó en entredicho luego de que Beijing manifestara su inconformidad y solicitara la inclusión de la empresa estatal china COSCO Shipping como accionista relevante.

Desde Asia, Nikkei Asia subraya que la decisión de la Corte panameña “reinicia el tablero”, pues al declararse inconstitucional la concesión original, cualquier nuevo operador —ya sea estadounidense, europeo o chino— deberá competir bajo las normas del marco legal panameño, devolviendo el proceso “a punto cero”.

Reacciones desde Washington, Beijing y Hong Kong

El fallo fue interpretado en Washington como una señal favorable. El Financial Times reporta que el embajador estadounidense en Panamá elogió la decisión como una afirmación del estado de derecho, mientras que el New York Times destaca que la Casa Blanca expresó públicamente su respaldo.

Para el presidente Donald Trump, quien ha insistido en reducir la influencia china en el hemisferio occidental, la decisión representa una victoria simbólica en su estrategia regional.

En contraste, la reacción china fue inmediata. Según Nikkei Asia, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China afirmó que adoptará “todas las medidas necesarias” para proteger los intereses legítimos de sus empresas. El gobierno de Hong Kong fue aún más directo, rechazando el fallo y exhortando a sus compañías a revisar inversiones actuales y futuras en Panamá.

Estas posturas reflejan cómo un litigio de naturaleza contractual ha escalado hasta convertirse en un nuevo capítulo de la competencia entre potencias por influencia en América Latina.

Más allá de los puertos: soberanía jurídica como tercera vía

Uno de los elementos más relevantes del análisis internacional, destacado por Nikkei Asia, es la interpretación de la estrategia panameña como un ejercicio de soberanía jurídica. En lugar de alinearse abiertamente con una potencia o ceder ante presiones geopolíticas, Panamá optó por activar sus mecanismos legales internos.

Analistas citados por el medio asiático señalan que esta vía permitió al país crear una “tercera opción”: resolver el conflicto desde el derecho interno, obligando a todos los actores internacionales —BlackRock, MSC, COSCO u otros— a someterse a las reglas panameñas.

Este enfoque, aunque genera incertidumbre a corto plazo, otorga al Estado mayor margen de control y negociación sobre un activo estratégico sin precedentes.

Un precedente de alcance regional

El fallo de inconstitucionalidad de la concesión de Panama Ports Company no solo redefine el futuro de dos terminales clave del Canal, sino que sienta un precedente relevante para América Latina. En un contexto de creciente rivalidad entre grandes potencias, la decisión panameña muestra cómo los marcos legales nacionales pueden convertirse en instrumentos centrales de política estratégica.

Lo que ocurra en los próximos meses —el diseño de la nueva concesión, la reacción de los mercados y la eventual competencia internacional— determinará si este episodio fortalece la imagen de Panamá como un país que combina apertura económica con control institucional, o si introduce nuevos desafíos en materia de seguridad jurídica e inversión extranjera.

Referencias

• Financial Times — Jude Webber, Michael Stott, Milagro Vallecillos, Arjun Neil Alim.
  “Panama court kicks Hong Kong’s CK Hutchison out of canal ports”, 29 de enero de 2026.
• The New York Times — Peter Eavis, Alexandra Stevenson.
  “Panamanian Court Strikes Down Hong Kong Firm’s Canal Contract”, 30 de enero de 2026.

Nikkei Asia — James Hand-Cukierman.
“China vows to protect companies after CK Hutchison loses Panama ports”, 30 de enero de 2026.

Chile inicia un nuevo ciclo político tras las elecciones presidenciales de 2025, marcadas por el triunfo de José Antonio Kast. Más allá del cambio de signo político, este resultado refleja un giro profundo en las prioridades ciudadanas: tras años de estallido social, procesos constituyentes fallidos e incertidumbre institucional, una parte significativa del electorado optó por el orden, la seguridad y la estabilidad como demandas inmediatas.

El artículo analiza cómo este giro interno redefine los márgenes reales de acción del nuevo gobierno y condiciona la proyección internacional de Chile en un contexto global crecientemente volátil. La autora sostiene que el país no enfrenta una ruptura estructural, sino una reconfiguración pragmática: las instituciones chilenas —el marco fiscal, el Banco Central, el sistema jurídico y la apertura comercial— siguen actuando como anclajes de continuidad que limitan transformaciones abruptas tanto en política interna como exterior.

Desde el punto de vista político, el nuevo Ejecutivo deberá gobernar con un Congreso fragmentado y sin mayorías claras, lo que obliga a negociar acuerdos puntuales y favorece una estrategia gradualista antes que reformas profundas. A ello se suma una sociedad menos movilizada que en 2019, pero no necesariamente más cohesionada, donde las demandas estructurales persisten aunque hoy se expresan con mayor fuerza en clave de seguridad, migración y control del orden público.

En el plano internacional, Chile se moverá en un escenario marcado por la competencia entre grandes potencias y por la presión de temas transnacionales como la migración, el crimen organizado y la seguridad regional. Frente a este entorno, el país tenderá hacia una autonomía estratégica condicionada: mayor asertividad discursiva y selectividad política, pero dentro de límites impuestos por su interdependencia económica y su posición como país de tamaño medio.

La relación con China, primer socio comercial de Chile, se mantendrá como pilar central, aunque con una mirada más cautelosa en sectores estratégicos como infraestructura crítica, recursos naturales y tecnologías sensibles. No se anticipan rupturas, sino ajustes prudentes que equilibren beneficios económicos y consideraciones de soberanía y seguridad.

Estados Unidos, en cambio, aparece como un aliado clave en el nuevo ciclo, especialmente en materias de seguridad, migración y estabilidad regional. El respaldo político de Chile a iniciativas lideradas por Washington —sin asumir costos militares directos— ilustra esta lógica de alineamientos funcionales que refuerzan el orden interno sin comprometer recursos más allá de sus capacidades reales.

En conjunto, el análisis concluye que Chile optará por una política exterior pragmática, orientada a preservar previsibilidad y estabilidad en un sistema internacional incierto. Más que redefinir su lugar en el mundo, el país buscará gestionar sus vínculos externos como herramientas para sostener el orden interno, confirmando un perfil de continuidad estratégica con ajustes selectivos.

Referencias:

Reyes Ramírez, Rocío de los. Chile ante el nuevo orden o desorden global. Documento de Análisis IEEE 02/2026, Instituto Español de Estudios Estratégicos, 14 de enero de 2026

La posibilidad de que Estados Unidos intente tomar el control de Groenlandia ha dejado de ser una provocación retórica para convertirse en una crisis diplomática de primer orden. Así lo advirtió la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, quien afirmó que un ataque estadounidense contra el territorio ártico significaría, sin rodeos, el fin de la OTAN.

Frederiksen sostuvo que el presidente Donald Trump habla “en serio” cuando insiste en que Estados Unidos necesita Groenlandia por razones de seguridad nacional. En una entrevista con la televisión danesa, fue tajante: si un país de la OTAN decide atacar militarmente a otro, “todo se detiene”, incluida la alianza que ha garantizado la seguridad occidental desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

La advertencia danesa no llegó sola. El ministro de Exteriores de Noruega respaldó públicamente esa postura y señaló que un ataque estadounidense contra Groenlandia rompería la idea misma de la OTAN, haciendo casi imposible su supervivencia como alianza defensiva.

Una retórica que inquieta a Europa

La tensión se intensificó después de que Trump ignorara los llamados de Copenhague para moderar su discurso y reiterara que Estados Unidos “necesita” Groenlandia. Las especulaciones crecieron tras la reciente intervención militar estadounidense en Venezuela, que reforzó la percepción de que Washington está dispuesto a actuar de forma unilateral bajo un concepto ampliado de “defensa hemisférica”.

El malestar aumentó cuando Katie Miller, esposa de un alto asesor de Trump, publicó en redes sociales un mapa de Groenlandia con la bandera estadounidense superpuesta y la palabra “pronto”. El gesto fue calificado de irrespetuoso e inaceptable tanto por el gobierno danés como por las autoridades groenlandesas.

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, rechazó de forma contundente cualquier insinuación de anexión. Subrayó que Groenlandia es una sociedad democrática y que no puede compararse con otros escenarios de intervención militar. Su mensaje fue claro: basta de presiones, insinuaciones y fantasías de anexión.

Soberanía, seguridad y una alianza en riesgo

Trump ha insistido en que Dinamarca no ha protegido adecuadamente la seguridad de la isla, a pesar de que Copenhague ha anunciado inversiones por más de 4.000 millones de dólares para reforzar la defensa del territorio ártico. Frederiksen respondió que Estados Unidos no tiene derecho a anexar ninguna parte del Reino de Dinamarca —que incluye también a las Islas Feroe— y recordó que Groenlandia está plenamente amparada por el artículo de defensa colectiva de la OTAN.

Paradójicamente, Estados Unidos ya cuenta con un acuerdo de defensa que le permite mantener una base militar en Groenlandia, aunque su presencia se ha reducido drásticamente en las últimas décadas. Para Dinamarca, este hecho desmonta el argumento de que Washington esté excluido de la seguridad de la isla.

Por qué este episodio importa

Más allá de Groenlandia, el conflicto plantea una pregunta inquietante para el lector: ¿qué ocurre con una alianza defensiva cuando uno de sus miembros amenaza la soberanía de otro? Las advertencias de Dinamarca y el respaldo europeo reflejan el temor de que este episodio marque un punto de inflexión en la relación transatlántica, justo en un momento de alta tensión geopolítica global.

Lo que está en juego no es solo una isla en el Ártico, sino la credibilidad de la OTAN, el respeto al derecho internacional y el equilibrio entre seguridad y soberanía entre aliados históricos.

En un giro inesperado de la política internacional, Estados Unidos eligió a Delcy Rodríguez, la exvicepresidenta venezolana y cercana colaboradora de Nicolás Maduro, como líder interino de Venezuela, tras la captura del propio Maduro en una operación militar estadounidense. Al mismo tiempo, el expresidente Donald Trump descartó a la principal líder opositora, María Corina Machado, como candidata a encabezar la transición política.

Por qué EE. UU. eligió a Delcy Rodríguez

La Casa Blanca ya tenía identificada a Rodríguez como una figura “aceptable” incluso antes de la operación militar contra Maduro. Según funcionarios estadounidenses, su desempeño al frente de la industria petrolera —clave para la economía venezolana y los intereses energéticos norteamericanos— impresionó por su profesionalismo y se consideró que podría proteger futuras inversiones extranjeras en el país.

Un alto funcionario citado en el artículo dijo que Rodríguez no es la “solución permanente” a los problemas de Venezuela, pero sí alguien con quien Estados Unidos “cree poder trabajar a un nivel más profesional que con Maduro”.

El rechazo a María Corina Machado

A pesar de sus esfuerzos por ganar el apoyo de Trump —incluido elogiarlo públicamente y dedicarle su Premio Nobel de la Paz—, Machado no logró convencer al expresidente estadounidense. Trump declaró que sería “muy difícil” para ella liderar Venezuela porque, a su juicio, no tiene el respeto y apoyo necesarios dentro del país.

Machado —exdiputada y figura prominente de la oposición venezolana— se había declarado lista para liderar el país tras la captura de Maduro y aseguró estar preparada para asumir el poder, pero la Casa Blanca no la respaldó oficialmente.

Continuidad ideológica y tensiones internas

El artículo destaca que, aunque Trump ahora reconoce a Rodríguez como presidenta interina, ellos mismos habían calificado anteriormente al gobierno de Maduro como ilegítimo. La contradicción quedó en evidencia cuando Rodríguez, al hablar por televisión en Venezuela, aseguró que Maduro sigue siendo el presidente legítimo, rechazó la intervención estadounidense e incluso negó haber aceptado algún acuerdo oculto con altos funcionarios como Marco Rubio.

Además, la noticia resalta que en la televisión estatal venezolana Rodríguez sigue siendo presentada como vicepresidenta, no como presidenta, lo que refleja las tensiones de lealtad dentro de las estructuras del chavismo y la resistencia de muchos sectores a aceptar un liderazgo impuesto desde el exterior.

El papel de los intereses petroleros

Aunque las sanciones petroleras estadounidenses se mantienen por ahora, algunos interlocutores esperan que la administración flexibilice el acceso a la industria energética venezolana, permitiendo que empresas estadounidenses participen en la reactivación económica del país. Rodríguez, con su experiencia técnica, podría ser clave en ese escenario, siempre y cuando logre convencer a Washington de su disposición a cooperar.

Conclusión

La elección de Rodríguez como líder interino, más que una señal de apoyo al chavismo, representa una apuesta estratégica de Estados Unidos por una figura técnica y con conocimiento del sistema venezolano, a pesar de sus vínculos con el régimen anterior. En contraste, el rechazo a Machado pone de manifiesto la prioridad que Washington otorga al “manejo profesional” y la estabilidad percibida por encima del respaldo popular o las credenciales democráticas.

Fuentes: https://www.lanacion.com.ar/estados-unidos/por-que-trump-acepto-a-una-leal-a-maduro-como-nuevo-lider-de-venezuela-y-desecho-a-machado-nid04012026/?utm_source=appln

En las últimas décadas, China ha dejado de ser solo “la fábrica del mundo” para convertirse en un actor central del sistema económico global. Su expansión comercial, productiva y financiera no solo ha transformado su economía interna, sino que está reconfigurando el orden internacional y el funcionamiento del multilateralismo tal como lo conocíamos.

Este proceso de internacionalización se apoya en un modelo propio, conocido como sino-capitalismo, que combina mecanismos del mercado con un fuerte control y planificación estatal. Gracias a este esquema, China ha logrado integrarse en la globalización sin renunciar a dirigir su desarrollo, apostando por la industrialización, el avance tecnológico y la consolidación de cadenas globales de valor en las que cada vez ocupa posiciones de mayor liderazgo.

Uno de los pilares de esta estrategia es la inversión china en el exterior, especialmente en América Latina y África. A través de grandes proyectos de infraestructura, energía y producción —impulsados, entre otros, por la Iniciativa de la Franja y la Ruta—, China se ha convertido en un socio clave para muchos países en desarrollo. Estas inversiones han generado oportunidades de crecimiento, empleo e integración comercial, aunque también plantean interrogantes sobre el riesgo de reforzar dependencias y modelos económicos basados en la exportación de materias primas.

Otro elemento relevante es la progresiva internacionalización del renminbi, la moneda china. Sin pretender reemplazar de forma inmediata al dólar, China busca reducir su dependencia del sistema financiero dominado por Estados Unidos y ofrecer una alternativa monetaria gradual, controlada y estratégica, cada vez más presente en reservas y transacciones internacionales.

Todo ello tiene profundas consecuencias políticas y geoeconómicas. El ascenso chino está alimentando un multilateralismo contestatario, en el que nuevos actores cuestionan las reglas y equilibrios establecidos tras la Segunda Guerra Mundial. Sin imponer aún un nuevo orden global, China sí está construyendo una órbita de influencia propia, que convive —no sin tensiones— con la hegemonía occidental.

En definitiva, más que una potencia imperial clásica, China aparece como un Estado que internacionaliza su economía para sostener su desarrollo interno, pero cuya magnitud y alcance inevitablemente alteran el equilibrio global. El resultado es un mundo cada vez más interdependiente, competitivo y fragmentado, donde el futuro del multilateralismo sigue abierto y en disputa.

SAMPER SERRA, Maria. La internacionalización de la economía china: implicaciones sobre el multilateralismo contemporáneo. Documento de Opinión IEEE 106/2025. https://www.defensa.gob.es/documents/2073105/2320887/economia_china_2025_dieeeo106.pdf (consultado 29/12/2025)

En esta Navidad y el Año Nuevo que comienza, les extendemos nuestros mejores deseos de paz, bienestar y prosperidad.

Agradecemos su confianza y reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlos con profesionalismo y excelencia.

¡Felices fiestas!

Les desea: Rivera, Bolívar y Castañedas