(Artículo original basado en: Ministerio de Defensa de España, “Dos Estados, una misma cultura”)

El año 2025 se desarrolla en un entorno internacional marcado por la incertidumbre, la fragmentación política y la reconfiguración del poder global. El análisis presentado por el Ministerio de Defensa de España bajo el título “Dos Estados, una misma cultura” ofrece una visión estratégica sobre cómo ciertas dinámicas contemporáneas están produciendo escenarios en los que coexisten estructuras de poder rivales dentro de un mismo territorio. Esta situación, conocida como “dualidad estatal”, surge de tensiones profundas que afectan la gobernabilidad, la legitimidad institucional y la seguridad de las sociedades.

Este artículo desarrolla, de forma clara y accesible, los principales ejes conceptuales del documento, examinando los factores que impulsan estas divisiones, sus efectos en la seguridad internacional y los desafíos que enfrentan los gobiernos para evitar que estas situaciones se conviertan en conflictos prolongados.

La tensión entre el orden estatal y la transformación global

El sistema internacional atraviesa un momento en el que las potencias compiten no solo por recursos y territorios, sino también por influencia tecnológica, narrativa y estratégica. Esta competencia genera presiones adicionales sobre Estados vulnerables o con instituciones debilitadas, que pueden verse superados por este entorno volátil. El estudio resalta que la globalización ha adquirido un carácter más complejo: continúa interconectando a las sociedades, pero lo hace dentro de un marco donde las rivalidades geopolíticas se expresan con mayor intensidad.

En consecuencia, la cohesión interna de los países se vuelve un elemento clave para su supervivencia. Los Estados que no logran responder de manera eficaz a estos desafíos corren el riesgo de fragmentarse o de permitir la aparición de estructuras de poder paralelas que compiten por el control del territorio o de la población.

El fenómeno de los “dos Estados”

El documento examina cómo, bajo determinadas circunstancias, puede surgir un escenario de “dos Estados”: una situación en la que dos autoridades distintas —ya sean gobiernos locales, movimientos armados, facciones políticas o incluso estructuras ideológicas— disputan la legitimidad y el mando dentro de un mismo país.

Estas dualidades no siempre se manifiestan en enfrentamientos bélicos directos. En ocasiones, se expresan a través de disputas administrativas, conflictos institucionales, erosión de la separación de poderes o fragmentación territorial silenciosa. La falta de cohesión social, la desigualdad económica y la desconfianza ciudadana en las instituciones son factores que pueden acelerar estas divisiones.

El fenómeno también puede ser instigado por actores externos que, mediante estrategias híbridas, fomentan la polarización para debilitar a un Estado rival. En este sentido, los escenarios de “dos Estados” no solo representan una amenaza interna, sino también un instrumento geopolítico.

Impacto en la seguridad y estabilidad global

Las consecuencias de la fragmentación estatal son profundas. Cuando dos estructuras de poder compiten, la provisión de servicios públicos se ve afectada, las instituciones pierden funcionalidad y la sociedad experimenta un deterioro de la confianza y la seguridad. El documento enfatiza que estos escenarios pueden desencadenar:

• crisis humanitarias por desplazamientos internos o externos,
• debilitamiento del Estado de derecho,
• proliferación de actores armados,
• aumento del crimen organizado,
• interrupción del comercio y la economía local,
• pérdida de capacidad para actuar en foros internacionales.

A nivel global, estas fracturas generan inestabilidad regional, especialmente en áreas donde existen disputas fronterizas, tensiones ideológicas o intereses estratégicos de grandes potencias. Por ello, el análisis plantea que las instituciones internacionales deben fortalecer sus mecanismos de alerta temprana y diplomacia preventiva.

Desafíos internos: gobernabilidad, identidad y tecnología

El estudio subraya que, en 2025, los Estados enfrentan simultáneamente presiones económicas, tecnológicas, sociales y políticas. La rápida digitalización, la concentración de poder en grandes corporaciones tecnológicas, la difusión de información falsa y la polarización mediática están alterando la manera en que los ciudadanos se relacionan con sus instituciones.

En sociedades donde la desigualdad o la discriminación persisten, estos elementos pueden amplificar el descontento y propiciar que grupos con agendas diferentes reclamen autoridad. Las redes sociales, por ejemplo, permiten que visiones radicales o separatistas se propaguen más rápido, generando un caldo de cultivo para la aparición de liderazgos paralelos que desafían al poder central.

La gobernabilidad, por tanto, se convierte en un aspecto esencial para evitar la fragmentación. Los Estados deben invertir en fortalecer sus instituciones, promover el diálogo social, garantizar la transparencia y desarrollar sistemas de respuesta ante crisis políticas y tecnológicas.

La guerra híbrida: un factor catalizador

Un elemento que el documento considera fundamental es el uso de tácticas de guerra híbrida. Estas incluyen la desinformación, los ciberataques, el financiamiento encubierto de facciones políticas y la interferencia digital en procesos electorales. Cada una de estas herramientas permite debilitar la cohesión social y fomentar tensiones internas que pueden desembocar en escenarios de “dos Estados”.

Los actores que emplean estas estrategias suelen buscar desestabilizar a un país sin recurrir al conflicto abierto, maximizando el impacto político con un costo limitado. Para contrarrestar esta amenaza, los gobiernos deben fortalecer su ciberseguridad, educar a la población en pensamiento crítico digital y desarrollar capacidades de resiliencia institucional.

Cooperación internacional y prevención estratégica

Frente a estas dinámicas, la cooperación internacional emerge como una herramienta indispensable. La seguridad en 2025 requiere una visión integradora, donde los países colaboren en inteligencia, diplomacia, desarrollo sostenible y misiones de estabilización. El documento destaca que ninguna nación puede enfrentar sola los riesgos derivados de los escenarios de doble autoridad estatal.

La participación en organismos multilaterales, el intercambio de información y la implementación de políticas conjuntas son elementos clave para prevenir crisis mayores. Asimismo, es esencial que las potencias regionales promuevan soluciones basadas en el diálogo y en el fortalecimiento de instituciones legítimas que garanticen la estabilidad y la cohesión social.

Finalmente, concluimos en que el análisis del artículo “Dos Estados, una misma cultura” ofrece una reflexión profunda sobre los riesgos que amenazan a los Estados contemporáneos. La existencia de estructuras políticas paralelas, la polarización social, la intervención externa y la guerra híbrida son factores que pueden desestabilizar un país desde dentro. Para hacer frente a estas amenazas, se requiere una combinación de gobernabilidad sólida, cooperación internacional y políticas públicas orientadas a reforzar la unidad nacional.

Comprender estas dinámicas no solo es fundamental para evaluar la seguridad internacional actual, sino también para anticipar los desafíos que marcarán el futuro del orden global.

Fuente consultada:

Ministerio de Defensa de España. “Dos Estados, una misma cultura”.
Si desean ver el documento completo, pueden acceder a la fuente:
Disponible en:
https://www.defensa.gob.es/documents/2073105/2320887/dos_estados_2025_dieeeo87.pdf

El artículo publicado por The New York Times Magazine “The Unraveling of the Justice Department” (El desmoronamiento del Departamento de Justicia) presenta una serie de testimonios de funcionarios de carrera del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), quienes describen cómo la administración de Donald Trump ha transformado la institución en una herramienta política.

Una de las preocupaciones más evidentes en los testimonios es la erosión del criterio profesional dentro del DOJ. Varios funcionarios relatan que decisiones técnicas fueron reemplazadas por instrucciones políticas, especialmente en materia electoral y en la gestión de casos criminales. El hecho de que la Casa Blanca ordenara directamente abandonar demandas por supresión del voto o impulsar investigaciones sin fundamento distorsiona la función del Ministerio Público, que debe actuar guiado por la legalidad y no por las preferencias del Ejecutivo. Esto representa una desviación peligrosa de los estándares básicos del debido proceso y del principio de objetividad que debe regir la persecución penal.

Asimismo, la reasignación masiva de recursos del FBI para cumplir cuotas de detención de inmigrantes, aun en estados donde no existía un problema real de inmigración, demuestra cómo la política migratoria se impuso sobre las prioridades de seguridad nacional. Este desvío tuvo un impacto directo en la atención de casos de terrorismo, delitos violentos y crimen organizado, lo cual evidencia que la politización no solo afecta la legalidad institucional, sino también la seguridad pública. Para efectos comparativos, en sistemas democráticos consolidados esta interferencia sería vista como una amenaza al Estado de Derecho.

Los testimonios también revelan la eliminación de investigaciones y hallazgos vinculados al uso abusivo de la fuerza policial, lo que tuvo un impacto significativo en la supervisión federal de las policías locales. Al retirar conclusiones previamente establecidas y negar apoyo a casos de discriminación racial, la administración no solo contradijo evidencia documentada, sino que debilitó la función protectora de los derechos civiles que históricamente ha desempeñado el DOJ. Este giro evidencia cómo el poder político puede manipular la protección de derechos fundamentales cuando no existen barreras institucionales firmes.

Finalmente, preocupa el uso del poder presidencial para impulsar acusaciones penales contra adversarios políticos y para favorecer a aliados mediante indultos selectivos. La sustitución de fiscales de carrera por abogados sin experiencia para liderar casos de alto perfil y las presiones para presentar acusaciones sin sustento jurídico vulneran directamente la idea de un sistema penal imparcial. Los fiscales entrevistados expresan temor por el precedente que estas acciones dejan, pues si la justicia puede ser usada como un arma política, entonces se compromete la confianza pública en la imparcialidad del Estado.

El artículo permite reflexionar sobre la fragilidad de las instituciones que dependen de la ética y del profesionalismo de quienes las integran. En los testimonios se percibe frustración, miedo y desencanto, pero también una advertencia: cuando el poder político invade espacios que deberían estar protegidos por la técnica jurídica, la democracia se vuelve vulnerable. Esta situación, aunque referida a Estados Unidos, constituye un recordatorio para cualquier sistema democrático sobre la importancia de preservar la autonomía de la justicia y de establecer controles que impidan la concentración abusiva del poder.

Para más información, véase:

Emily Bazelon y Rachel Poser, “The Unraveling of the Justice Department”, The New York Times Magazine, 2025.

https://www.nytimes.com/interactive/2025/11/16/magazine/trump-justice-department-staff-attorneys.html?smid=url-share

La COP30, celebrada en Belém, Brasil, culminó con la aprobación del acuerdo denominado “Global Mutirão”, orientado a acelerar la implementación del Acuerdo de París y fortalecer la cooperación internacional en materia climática. Aunque el pacto representa un avance diplomático significativo, dejó en evidencia profundas divisiones entre los países participantes, especialmente en torno al futuro de los combustibles fósiles.

Uno de los ejes centrales de las negociaciones fue la propuesta de incluir una hoja de ruta para la eliminación progresiva del petróleo, el gas y el carbón. Más de 80 países —entre ellos varios europeos como Alemania, Países Bajos y el Reino Unido; latinoamericanos como Colombia; y africanos como Kenia— respaldaron esta iniciativa. Sin embargo, la fuerte oposición de productores energéticos como Arabia Saudita y Rusia impidió que el texto final incluyera compromisos vinculantes sobre la transición energética, lo que generó amplio descontento entre distintos bloques.

Ante la falta de avances en materia de combustibles fósiles, el acuerdo se enfocó en compromisos financieros. El “Global Mutirão” contempla triplicar la financiación para adaptación al cambio climático hacia 2035 y reafirma la meta de movilizar 1,3 billones de dólares anuales en financiamiento climático. Asimismo, incorpora iniciativas voluntarias, como el Global Implementation Accelerator, destinado a potenciar la ejecución de los planes nacionales de acción climática, y la Misión de Belém hacia 1,5 °C, enfocada en reforzar los esfuerzos globales de mitigación y adaptación.

El pacto también introduce, por primera vez en una COP, un reconocimiento explícito al problema de la desinformación climática, comprometiéndose a promover la integridad informativa y combatir narrativas que contradigan la evidencia científica. Además, se acordaron diálogos adicionales sobre comercio climático, justicia social y derechos humanos, destacando la necesidad de asegurar una transición justa.

En el ámbito internacional, varios países manifestaron su inconformidad con el resultado final. La Unión Europea, Colombia, Suiza y Panamá cuestionaron la ausencia de una referencia directa a los combustibles fósiles. En particular, la delegación panameña, encabezada por Jorge Carlos Monterrey Gómez, calificó el texto como “catastrófico” al no abordar los combustibles fósiles ni la deforestación, señalados como motores fundamentales de la crisis climática. Panamá también expresó preocupación por la falta de rigor científico en los indicadores de adaptación propuestos, así como por la falta de transparencia en el proceso de negociación, advirtiendo que la exclusión de la ciencia favorece a las industrias fósiles.

Colombia incluso intentó objetar formalmente el acuerdo, evidenciando las tensiones diplomáticas internas del proceso. A pesar de ello, Brasil anunció que, durante su presidencia, impulsará reuniones de alto nivel, incluyendo una conferencia en abril en Colombia centrada en la eliminación de combustibles fósiles, además de trabajar en una hoja de ruta para combatir la deforestación.

Las reacciones de la sociedad civil también fueron críticas. Organizaciones como Oxfam y Greenpeace consideraron insuficientes los compromisos alcanzados y señalaron que el acuerdo no responde a la urgencia climática actual. Otros actores, como el World Resources Institute, reconocieron avances en financiamiento y cooperación, pero lamentaron la ausencia de una dirección clara en materia energética.

En conclusión, la COP30 representa un avance diplomático relevante, especialmente en términos de financiamiento y coordinación internacional, pero deja pendiente la definición de compromisos concretos y vinculantes para la eliminación de combustibles fósiles. El acuerdo refleja tanto la voluntad de mantener el multilateralismo como las profundas tensiones que aún frenan la acción climática global.

Ocho décadas después de su nacimiento, la Organización de las Naciones Unidas atraviesa una crisis que parece sacada de un giro dramático de la historia: el mundo que la vio surgir ya no existe, y el que tiene enfrente se le escapa entre las manos. El multilateralismo, esa idea poderosa que prometía que las naciones podían resolver juntas sus diferencias, hoy luce agotado. Nuevos nacionalismos, viejas potencias que se repliegan y un orden internacional cada vez más fragmentado han dejado a la ONU luchando por no convertirse en un símbolo vacío.

El primer síntoma de este desgaste está en el corazón de su arquitectura: el Consejo de Seguridad. En vez de actuar como árbitro global, se ha transformado en un campo de bloqueo donde las potencias con derecho a veto —Estados Unidos, Rusia y China— paralizan cualquier decisión incómoda. Conflictos como Siria, la guerra en Ucrania o la crisis humanitaria en Gaza han mostrado que, cuando los intereses de los grandes chocan, la ONU queda de espectadora. El resultado es un organismo que parece hablar mucho, pero hacer poco.

A ello se suma una crisis menos visible pero igual de determinante: la financiera. Estados Unidos, su principal contribuyente histórico, ha reducido significativamente su aporte desde 2017. Al mismo tiempo, la mayor parte del financiamiento proviene ahora de fondos condicionados, orientados a intereses específicos de donantes. Las agencias de la ONU funcionan, sí, pero cada vez con menos margen para actuar por encima de presiones políticas.

Y como si fuera poco, el sistema está atrapado en una especie de inflación normativa: resoluciones, cumbres, agendas y compromisos que no logran materializarse en acciones reales. El ejemplo más contundente es la Agenda 2030. Con menos del 20 % de sus metas avanzando al ritmo necesario, la narrativa del desarrollo sostenible enfrenta una crisis de credibilidad.

En medio de todo este panorama, el papel de Estados Unidos ha sido decisivo. El giro que dio Washington durante el primer mandato de Donald Trump marcó un antes y un después: se abandonaron acuerdos globales, se cuestionaron instituciones multilaterales y se adoptó una retórica frontal contra el “globalismo”. Esa visión, lejos de ser un episodio aislado, se expandió a otros gobiernos alrededor del mundo. Con el retorno del trumpismo en 2025 —ya sea en su figura original o en un proyecto político afín—, el mensaje es claro: las grandes potencias ya no ven al multilateralismo como una prioridad. Y cuando el principal arquitecto del sistema decide distanciarse, la estructura completa tiembla.

Así, el mundo se ha ido organizando por fuera de la ONU, en espacios más flexibles y políticamente menos exigentes: el G20, los BRICS+, la OCS, alianzas tecnológicas, pactos bilaterales y acuerdos ad hoc. Las reglas se negocian fuera del edificio de Nueva York. La ONU sigue funcionando, sí, pero en otro registro: ayuda humanitaria, misiones de paz, gestión de crisis sanitarias. Su influencia política, sin embargo, se reduce.

A esto se añade un desafío mayúsculo: los problemas del siglo XXI no se parecen a los de 1945. Inteligencia artificial, ciberseguridad, militarización del espacio, bioseguridad, cambio climático extremo. La maquinaria de la ONU, pensada para guerras entre Estados, se enfrenta a problemas híbridos, globales y tecnológicos que requieren una agilidad que hoy no posee.

Frente a este panorama, el documento explora tres futuros posibles. El primero es sombrío: una ONU irrelevante, reducida a ejecutar proyectos humanitarios mientras la política global ocurre en otros escenarios. El segundo es más esperanzador: un multilateralismo renovado desde las potencias intermedias —India, Brasil, México, Sudáfrica, la Unión Europea— que podrían liderar reformas graduales y equilibrar el tablero. El tercero es el más audaz: una ONU reinventada, mucho más flexible, en red, abierta a actores no estatales y con estructuras adaptadas a los desafíos tecnológicos y climáticos de hoy.

En el fondo, la pregunta que atraviesa todo el análisis es contundente: ¿puede sobrevivir el multilateralismo sin la voluntad política de quienes tienen el poder? La respuesta no está clara. La ONU aún es el único foro donde todas las naciones pueden, al menos en teoría, hablar bajo las mismas reglas. Pero su futuro dependerá de si los Estados deciden priorizar el interés compartido o continuar apostando por la competencia y el unilateralismo. Entre la irrelevancia y la reinvención, la ONU se encuentra en un cruce histórico que definirá no solo su destino, sino también el de la gobernanza global en el siglo XXI.

MARQUEZ Y DE LA RUBIA, Francisco. La ONU ante el eclipse del multilateralismo: entre la irrelevancia y la reinvención. Documento de Análisis IEEE 71/2025. https://www.defensa.gob.es/documents/2073105/2990223/la_onu_ante_el_eclipse_del_multilateralismo_2025_dieeea71.pdf (consultado 14/11/2025)

El comunicado de la Casa Blanca se publicó mientras estaban reunidos en Washington el canciller Pablo Quirno y el secretario de Estado, Marco Rubio; ambos países “abrirán sus mercados recíprocamente para productos claves”

Elaborado por: Guillermo Idiart | 13 de noviembre de 2025 18:44 | La Nación

WASHINGTON.- Luego de varios meses de negociaciones por las que el Gobierno hizo una gran apuesta en su alianza con Estados Unidos, la Casa Blanca anunció esta tarde un acuerdo comercial y de inversiones con la Argentina para promover un “crecimiento de largo plazo que expanda las oportunidades para ambas naciones” y en el cual ambos países “abrirán sus mercados recíprocamente para productos claves”.

“El presidente Donald Trump y el presidente Javier Milei reafirman la alianza estratégica entre Estados Unidos y la Argentina, basada en valores democráticos compartidos y una visión común de libre empresa, iniciativa privada y mercados abiertos”, señaló el gobierno norteamericano en un comunicado, en el que dio detalles del extenso acuerdo marco.

El pacto abarca aspectos como aranceles, eliminación de barreras no arancelarias, propiedad intelectual, minerales críticos, acceso a los mercados agrícolas y regulaciones para bienes tecnológicos, entre varios puntos, aunque en muchos casos sin especificaciones.

El acuerdo forma parte de una gran apuesta de Trump por Milei, a quien considera un aliado estratégico trascendental de Washington en América Latina, después de que Estados Unidos le brindara a la Argentina un auxilio financiero de 20.000 millones de dólares, entre otras medidas de apoyo para apuntalar al gobierno antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El anuncio, por el que había fuertes expectativas en el Gobierno luego de meses de negociaciones, también supone una victoria política para Milei, quien se posicionó como uno de los líderes más cercanos de Trump en el ámbito internacional.

El Presidente celebró el acuerdo con Estados Unidos. “Estamos fuertemente comprometidos en hacer grande a la Argentina nuevamente”, dijo.

La ayuda financiera de Estados Unidos a la Argentina generó un frente interno para Trump en los últimos meses, con fuertes críticas de los legisladores demócratas y distintos sectores productivos, como los ganaderos norteamericanos.

El extenso acuerdo marco señala que la Argentina otorgará acceso preferencial a los mercados para las exportaciones estadounidenses, incluyendo ciertos medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnología de la información y dispositivos médicos.

“En busca de una asociación económica más sólida y equilibrada, Estados Unidos y la Argentina han acordado un acuerdo marco para profundizar la cooperación bilateral en materia de comercio e inversión. Este marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos busca impulsar el crecimiento a largo plazo, ampliar las oportunidades y crear un entorno transparente y basado en normas para el comercio y la innovación“, agrega el comunicado, publicado en el mismo día en que la Casa Blanca anunció otros acuerdos comerciales, con Guatemala, Ecuador y El Salvador.

El anuncio se produjo una vez iniciada la reunión entre el canciller Pablo Quirno y el secretario de Estado, Marco Rubio, que en español le dio la bienvenida al flamante jefe de la diplomacia del Gobierno.

“Es un honor anunciar que la Argentina y Estados Unidos han logrado hoy un Acuerdo Marco de Comercio Recíproco e Inversión. El acuerdo crea las condiciones para aumentar las inversiones de Estados Unidos en la Argentina e incluye reducción de tarifas para industrias claves aumentando el comercio bilateral entre ambos países”, escribió Quirno en su cuenta de X, en un mensaje en el que agradeció a Milei, al trabajo de las distintas áreas del Gobierno y al representante comercial norteamericano, Jamieson Greer.

Aranceles mutuos

El acuerdo involucra, en su primer punto, los aranceles mutuos. “Los países abrirán sus mercados recíprocamente para productos claves”, señala, para indicar que la Argentina otorgará “acceso preferencial a los mercados de exportación de bienes de ciudadanos estadounidenses, incluidos ciertos medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnologías de la información, dispositivos médicos, vehículos automotores y una amplia gama de productos agrícolas”.

Estados Unidos, por su parte, se compromete a eliminar los aranceles recíprocos sobre “ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para uso en aplicaciones farmacéuticas”. Luego señala que “podrá considerar” otras mejoras en los términos de intercambio para la Argentina.

A partir de ese punto, la lista de aperturas y concesiones entre los socios sólo involucra a nuestro país. Por caso, se señala que la Argentina “ha desmantelado numerosas barreras no arancelarias que restringían el acceso a su mercado, incluyendo las licencias de importación”, o que “también eliminará gradualmente el impuesto estadístico para los ciudadanos estadounidenses”.

“La Argentina permitirá el ingreso de productos estadounidenses que cumplan con las normas estadounidenses o internacionales aplicables (…) sin requisitos adicionales de evaluación de la conformidad”, continúa el comunicado.

Además de vehículos, alimentos y medicamentos, el país abre su mercado al ganado bovino vivo estadounidense, productos avícolas y quesos. “La Argentina simplificará los procesos de registro de productos para los ciudadanos estadounidenses y no aplicará el registro de instalaciones a las importaciones de carne vacuna, productos cárnicos, despojos de res y productos porcinos estadounidenses, así como a los productos lácteos”, especifica el comunicado.

Estas medidas para facilitar el comercio de ganado se producen luego de que Trump señalara un plan para cuadriplicar la cuota de importación de carne argentina (a 80.000 toneladas), para bajar los precios en el mercado local y aliviar la situación de los consumidores estadounidenses.

La Argentina y Estados Unidos también se comprometieron a cooperar para facilitar la “inversión y el comercio de minerales críticos”, recursos que el gobierno de Trump ha buscado también en otros países, en el marco de su disputa geopolítica con China.

“Ambos países también acordaron trabajar para estabilizar el comercio mundial de soja”, añadió el comunicado.

En otro de los apartados, el acuerdo señala que “la Argentina aceptará la importación de vehículos fabricados en Estados Unidos que cumplan con las Normas Federales de Seguridad de Vehículos Motorizados y las normas de emisiones estadounidenses, así como los certificados de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y las autorizaciones previas de comercialización de dispositivos médicos y productos farmacéuticos”, agrega.

El encuentro Quirno-Rubio

La reunión de cerca de una hora entre Quirno y Rubio, otra muestra del fortalecimiento de la relación bilateral, se produjo en la sede del Departamento de Estado, en Washington. El saludo protocolar entre ambos funcionarios, con sonrisas y apretón de manos, se produjo a las 15.41 (hora local, las 17.41 en la Argentina), 11 minutos después de lo pautado por las autoridades.

“Bienvenido”, le dijo Rubio, a lo que Quirno agradeció. Fue una breve aparición para los fotógrafos en el Colin Powell Treaty Room, un pequeño salón oval dedicado al ex jefe de la diplomacia norteamericana en el gobierno de George W. Bush, en el séptimo piso del edificio. Luego comenzó el encuentro entre ambos.

La reunión entre Rubio y Quirno es otra muestra de la fortaleza del vínculo del gobierno de Javier Milei con la Casa Blanca, su principal aliado internacional. Tras el encuentro con el secretario de Estado norteamericano, el canciller argentino emprenderá el regreso a Buenos Aires.

El Colin Powell Treaty Room, con columnas blancas con bases doradas, está decorado con platos, jarrones con el águila calva -símbolo nacional de Estados Unidos- y libros. Allí, junto a dos banderas de cada país, Rubio y Quirno posaron para las fotos.

Previo a la reunión con Rubio, el canciller llegó minutos antes del mediodía local a la sede de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (USCC, por sus siglas en inglés), que representa a empresas y asociaciones profesionales norteamericanas.

Allí, durante una hora y media, mantuvo un encuentro “excelente” con inversores en la Argentina, según supo LA NACION. La USCC no dio detalles de la lista de empresas representadas.

Quirno arribó al edificio del USCC, ubicado frente a la plaza Lafayette, a metros de la Casa Blanca, acompañado por el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, y el jefe de misión adjunto de la embajada, Juan Cortelletti. Los tres participaron del encuentro. Dejaron la sede a las 13.45 (hora local).

El miércoles, Quirno, junto con el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne; el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Luis Kreckler, y Oxenford, había participado de diversas reuniones en su primer día en Washington, en su estreno como canciller en esta capital.

Antes de su encuentro con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en busca de sellar los últimos detalles del acuerdo comercial, Quirno y su comitiva participaron de una mesa redonda con líderes del sector privado norteamericano en el Meridian International Center, un centro no partidista para la diplomacia.

“Largo y fructífero primer día en Washington. Junto a Oxenford y equipo participamos de una excelente reunión junto a empresas del sector energético, informático, farmacéutico y minero con el objetivo de generar nuevas oportunidades de cooperación e inversión”, señaló Quirno en un posteo su cuenta de X, en el que le agradeció a los anfitriones del encuentro, Alex Mistri y Puru Trivedi.

Tanto el canciller y como el embajador fueron oradores en ese encuentro (caratulado como “La Argentina y Estados Unidos, una nueva era de colaboración económica”), que congregó a representantes de más de 20 empresas de varios sectores.

Según supo LA NACION, los asistentes les hicieron consultas sobre el proceso de apertura económica y estabilización de la Argentina, y del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Las oportunidades de inversiones en minería, energía y tecnología fueron las que acapararon los principales focos.

En su exposición, Quirno destacó cómo la Argentina ha mejorado la credibilidad en este último lapso y destacó que el país quiere convertirse en un “jugador global”. También señaló que gracias al triunfo en los comicios legislativos el Gobierno tiene una ventana de 18 a 20 meses antes de que empiece el próximo ciclo electoral y que eso es una oportunidad para moverse rápidamente hacia la consolidación de las reformas.

Más tarde, el canciller y su equipo mantuvieron una cena en la sede de la embajada argentina con miembros del Council of the Americas -entre ellos su presidenta, Susan Segal, y su vicepresidente, Kevin Sullivan– y empresarios.

En el viaje a Washington también acompañaron al canciller la subsecretaria de Comercio Exterior de Economía, Carolina Cuenca, y el subsecretario de Mercados agroalimentarios e Inserción Internacional, Agustín Tejada Rodríguez.

El secretario de Desregulación del ministerio que lidera Federico Sturzenegger, Alejandro Cacace, también integró la comitiva, involucrado principalmente en el diseño de las respuestas a los planteos de Estados Unidos en materia de barreras no arancelarias, como los temas de propiedad intelectual y calidad regulatoria, señalaron desde la cartera.

Sintonía fina

El encuentro entre Quirno y Rubio en Washington reflejó la sintonía fina entre ambas administraciones. Estados Unidos, que le ha otorgado a la Casa Rosada un auxilio financiero en la previa de las elecciones legislativas del 26 de octubre clave para aplacar las turbulencias de los mercados, considera a la Argentina un aliado estratégico en América Latina.

El anuncio del acuerdo comercial entre ambos países se había demorado por un tema de timing político, luego de los ruidos internos en Estados Unidos que generó el auxilio financiero del Departamento del Tesoro a la Argentina y el plan de Trump para cuadriplicar la cuota de importación de carne argentina.

Idiart, Guillermo. Estados Unidos y la Argentina alcanzaron un acuerdo de comercio e inversiones. Artículo de La Nación. https://www.lanacion.com.ar/politica/tras-su-reunion-con-el-representante-comercial-de-trump-pablo-quirno-es-recibido-por-el-secretario-nid13112025/?utm_source=appln (consultado 13/11/2025)

La reciente escalada militar en el norte de Sudamérica marca un punto de inflexión en la política exterior de Estados Unidos bajo el segundo mandato de Donald Trump. Las tensiones entre Washington, Caracas y Bogotá reflejan una estrategia más amplia de reconfiguración del poder en el hemisferio occidental, en la que resurgen ecos de la vieja Doctrina Monroe: América para los americanos… o, más bien, para los norteamericanos.

De la contención a la ofensiva

En 2025, Estados Unidos pasó de una política sancionatoria contra Venezuela a una fase activa de confrontación marítima. Bajo el discurso de la lucha contra el narcotráfico, Trump ha desplegado buques de guerra, autorizado operaciones encubiertas de la CIA y ejecutado ataques contra embarcaciones sospechosas en aguas del Caribe y el Pacífico. Estas acciones, que han dejado decenas de muertos, marcan la expansión del teatro de operaciones hacia la costa colombiana y difuminan los límites entre la interdicción y la intervención directa.

Washington ha declarado organizaciones terroristas a varios carteles latinoamericanos —incluido el venezolano “Cartel de los Soles”, supuestamente dirigido por Nicolás Maduro—, lo que le otorga base legal para actuar sin aprobación del Congreso. Al mismo tiempo, el Comando Sur y el Pentágono coordinan los despliegues con el argumento de proteger la seguridad hemisférica.

Venezuela: resistencia y alianzas

El gobierno de Maduro ha respondido denunciando las acciones ante la ONU, reforzando su presencia militar costera y cerrando acuerdos logísticos con aliados extrarregionales como Rusia, China e Irán. La narrativa chavista presenta el conflicto como un nuevo episodio de resistencia frente al imperialismo estadounidense. A ello se suman apoyos simbólicos —como la llegada de técnicos iraníes y asesores rusos— que elevan el perfil geopolítico del país en la región.

Colombia: el aliado en tensión

Colombia, tradicional socio estratégico de Washington, atraviesa una relación cada vez más tensa. La administración Trump ha acusado al presidente Gustavo Petro de “blandura” frente al narcotráfico y de permitir el fortalecimiento de grupos armados. En octubre, el Departamento de Estado incluso retiró la certificación de cooperación antinarcóticos y sancionó a funcionarios colombianos. Aunque Bogotá insiste en su soberanía, Estados Unidos ha insinuado que podría revisar los programas de asistencia militar.

Petro, por su parte, ha condenado los ataques estadounidenses en el Pacífico —algunos con víctimas colombianas— y ha reclamado respeto a la jurisdicción nacional. Así, Colombia queda atrapada entre su histórica cooperación con Estados Unidos y su intento de mantener autonomía frente a la presión militar y diplomática.

Un conflicto regionalizado

Los hechos recientes —ataques marítimos, despliegue de portaaviones, operaciones encubiertas, sanciones y retórica antinarcóticos— componen una campaña regional de presión, no solo contra Venezuela sino también como advertencia a Colombia. Para la autora, este escenario constituye una reedición moderna de la Doctrina Monroe, en la que Estados Unidos reafirma su dominio hemisférico frente a potencias competidoras y gobiernos disidentes.

El discurso de Trump combina guerra híbrida y disuasión simbólica: operaciones limitadas, sanciones económicas, guerra de información y aislamiento diplomático, todo sin llegar —al menos por ahora— a una invasión abierta. Sin embargo, la militarización progresiva del Caribe y del Pacífico genera una tensión estructural que puede escalar en cualquier momento.

El dilema de la soberanía y la legalidad

Las operaciones navales sin autorización de la ONU han sido criticadas por juristas y organismos multilaterales, al considerar que vulneran el principio de soberanía. Washington, en cambio, se ampara en la doctrina de la “autodefensa extendida” para justificar sus acciones. Este argumento amplía su margen de maniobra, pero también erosiona el derecho internacional y la credibilidad del sistema interamericano.

Repercusiones hemisféricas

La confrontación no se limita al terreno militar: tiene derivaciones diplomáticas y económicas. La suspensión venezolana de acuerdos energéticos con Trinidad y Tobago o la división entre gobiernos latinoamericanos ante la escalada militar evidencian la fragilidad del orden regional. Mientras Lula da Silva y otros líderes piden mediación y diálogo, la OEA y la CELAC muestran incapacidad para contener la crisis.

Una nueva geopolítica del hemisferio

El análisis concluye que esta crisis simboliza un retorno de la geopolítica clásica, adaptada al siglo XXI. La competencia entre potencias globales —EE. UU., Rusia, China e Irán— se libra ahora en los márgenes del continente. El Caribe y el Pacífico sur se convierten en escenarios de guerra híbrida, vigilancia y disuasión.

Aunque una guerra abierta parece improbable, el riesgo de una securitización permanente de América Latina —donde la militarización sustituye al diálogo— es real. Para el Instituto Español de Estudios Estratégicos, lo que está en juego no es solo la política de tres países, sino la vigencia del sistema interamericano y la soberanía regional.

Epílogo: la paradoja Monroe

Dos siglos después de su formulación, la Doctrina Monroe reaparece bajo nuevas formas. Estados Unidos invoca la seguridad hemisférica para justificar su intervención, mientras América Latina insiste en la autodeterminación. En este pulso entre fuerza y soberanía, el norte de Sudamérica se convierte nuevamente en el epicentro de la lucha por el poder en el continente.

REYES RAMÍREZ, Rocío de los. Trump, Colombia y Venezuela: ¿el retorno de la doctrina Monroe? Documento de Análisis IEEE 69/2025. https://www.defensa.gob.es/documents/2073105/2990223/trump_colombia_y_venezuela_2025_dieeea69.pdf (consultado 12/11/2025)

Es un placer para nosotros compartir que la Licenciada Dayra Castañedas, socia de Rivera, Bolívar y Castañedas, participó como invitada del CeCAP en la XV Convención Centroamericana y del Caribe de Centros de Arbitraje, organizada por la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa y el Centro de Conciliación y Arbitraje, celebrada del 28 al 29 de octubre de 2025.

El evento tuvo como tema central: “El Futuro del Arbitraje: Tendencias Globales y Oportunidades Regionales.”

La Licenciada Castañedas integró el panel de árbitros titulado “El Árbitro del Futuro: Ética, Tecnología y Nuevas Expectativas”, en el cual presentó la ponencia “Estándares Éticos y Buena Fe ante las Nuevas Realidades.”

Nuestro país estuvo representado por el Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá, junto al Centro de Solución de Conflictos y los principales Centros de Arbitraje de la región.

Líderes firman acuerdos sobre implementación comercial y tierras raras en la primera cumbre en Tokio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la izquierda, y el primer ministro japonés, Sanae Takaichi, llegan al Palacio de Akasaka en Tokio el 28 de octubre. APSHOTARO TANI y MITSURU OBE

TOKIO — La primera ministra Sanae Takaichi y el presidente Donald Trump en su primera cumbre se comprometieron a profundizar la cooperación económica y de seguridad, al tiempo que promocionaron una «nueva era dorada» para la alianza Japón-Estados Unidos, mientras que el líder japonés prometió una mayor contribución de Tokio a la seguridad internacional.

Takaichi le dijo a Trump al comienzo de su reunión el martes que la alianza entre los países se ha convertido en «la más grande del mundo» y que Japón, junto con Estados Unidos, «contribuirá a la paz y la prosperidad mundial».

«Restauraré una diplomacia japonesa sólida para proteger nuestros intereses nacionales. También quiero impulsar la cooperación entre Japón y Estados Unidos para el desarrollo de un Indopacífico libre y abierto», declaró Takaichi, enfatizando que desea «crear una nueva era dorada para la alianza entre Japón y Estados Unidos» junto con Trump.

En un discurso pronunciado junto a Trump más tarde ese mismo día en la base naval estadounidense en Yokosuka, Takaichi dijo que Japón estaba dispuesto a asumir un papel más proactivo en el mantenimiento de la estabilidad de la región.

Nos enfrentamos a un entorno de seguridad sin precedentes. La paz no se puede preservar solo con palabras. Solo se puede proteger con determinación y acción inquebrantables —afirmó—. Japón se compromete a reforzar radicalmente sus capacidades de defensa y está dispuesto a contribuir de forma aún más proactiva a la paz y la estabilidad de la región.

Trump afirmó que la relación entre Estados Unidos y Japón «será más sólida que nunca» y que esperaba con interés colaborar con Takaichi. El presidente también reconoció que Japón busca aumentar su gasto militar y que su país ha recibido pedidos de Tokio de una «gran cantidad» de nuevo equipo militar.

Su reunión se produce una semana después de que Takaichi fuera elegida primera ministra por los legisladores, convirtiéndose en la primera mujer del país en asumir ese cargo. Busca estrechar lazos con el presidente estadounidense en un momento en que Japón lidia con los aranceles que este le ha impuesto, así como con la creciente presión de Washington para que tome más medidas en su propia defensa.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi (derecha), habla con el presidente estadounidense, Donald Trump, al comienzo de su cumbre en el Palacio de Akasaka el 28 de octubre en Tokio. © Getty Images

Takaichi, el segundo nuevo líder de Japón en aproximadamente un año, tiene la misión de ganarse la confianza de Trump logrando estabilidad política en el país y cumpliendo los compromisos que el país ha asumido con Trump, incluyendo un fuerte aumento del gasto de defensa e invertir 550 mil millones de dólares (o 84 billones de yenes) en Estados Unidos para enero de 2029.

Tras su reunión, ambos líderes firmaron un acuerdo que exige la implementación de acuerdos comerciales previos, incluida la inversión. El acuerdo resaltó el firme compromiso de los líderes con la implementación y afirmó que este ayudará a ambos países a fortalecer la seguridad económica, promover el crecimiento económico y, por lo tanto, a impulsar la prosperidad global.

Agregó que los dos líderes «instruyeron a los ministros y secretarios relevantes a tomar medidas adicionales para una NUEVA ERA DORADA de la creciente alianza entre Estados Unidos y Japón», siendo las mayúsculas un aparente guiño al uso frecuente de ellas por parte de Trump en sus publicaciones en las redes sociales.

Takaichi y Trump también firmaron un acuerdo que establece un marco para asegurar el suministro de minerales críticos y tierras raras. Ambos países acordaron movilizar el apoyo de los sectores público y privado en sus esfuerzos por acelerar el suministro seguro de minerales críticos y tierras raras.

Según el acuerdo, ambas partes identificarán conjuntamente proyectos de interés para abordar las deficiencias en las cadenas de suministro y, en un plazo de seis meses, adoptarán medidas para brindarles apoyo financiero. También adoptarán medidas para acelerar, agilizar o desregular los plazos y procesos de obtención de permisos, incluidos los de minería de minerales críticos y tierras raras.

En su intento de ganarse la confianza de Trump, Takaichi lo elogió por sus esfuerzos por la paz global.

Takaichi afirmó que Trump «contribuyó a la paz en Asia» al mediar en un acuerdo entre Tailandia y Camboya, que sus primeros ministros firmaron el domingo en Kuala Lumpur en su presencia. También se refirió al alto el fuego entre Israel y Hamás en Oriente Medio, en el que Trump también jugó un papel decisivo, calificándolo de «logro histórico sin precedentes».

Trump había hecho que el mundo «fuera mucho más pacífico en un corto período de tiempo», dijo Takaichi, y agregó que el difunto primer ministro japonés Shinzo Abe -su mentor político- había hablado sobre la «diplomacia dinámica» del presidente estadounidense.

También le dijo a Trump que lo nominaría para el Premio Nobel de la Paz, dijo la Casa Blanca.

Takaichi y Trump son compañeros conservadores, y el presidente en su primer mandato tuvo una estrecha química personal con Abe, quien fue asesinado en julio de 2022. Japón espera que la asociación común de los líderes con Abe consolide las relaciones personales y los ayude a convertirse en socios cercanos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la izquierda, y el primer ministro japonés, Sanae Takaichi, muestran los documentos que firmaron en Tokio el 28 de octubre. © Reuters

El difunto primer ministro «habló muy bien de usted mucho antes de conocernos», dijo Trump. «Por lo que sé de Shinzo y otros, será uno de los grandes primeros ministros», añadió.

A pesar de los desafíos económicos planteados por Trump, Japón sigue dependiendo de Estados Unidos para su seguridad. Tokio, frente a una China cada vez más poderosa y a las amenazas de embargos económicos de Pekín, se esfuerza por reforzar su defensa y sus cadenas de suministro en colaboración con Washington.

Trump se encuentra en Tokio en la segunda etapa de su gira por Asia, cuyo objetivo es fortalecer los lazos con los aliados y socios estadounidenses en la región, mientras Washington se prepara para una prolongada competencia con Pekín. La gira lo llevó a Malasia el domingo para reunirse con países del Sudeste Asiático , y el presidente visitará Corea del Sur el miércoles y el jueves.

La visita a Japón es la primera de Trump en seis años y la primera desde que comenzó su segundo mandato presidencial en enero.

Trump tiene previsto reunirse el martes por la noche con líderes de empresas japonesas, entre ellas Toyota Motor. Se espera que el fabricante de automóviles anuncie un plan para importar a Japón automóviles fabricados en Estados Unidos como forma de reducir el déficit comercial bilateral.

Fuente: https://asia.nikkei.com/politics/international-relations/japan-pm-takaichi-and-us-president-trump-tout-new-golden-age-for-alliance

El acero ha sido, desde los cimientos de la Unión Europea, un símbolo de integración y desarrollo. Nacida de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la UE se construyó literalmente sobre este material estratégico. Sin embargo, en pleno 2025, la industria siderúrgica europea atraviesa una de las etapas más críticas de su historia. En su análisis, Mar Hidalgo García señala que el sector enfrenta una tormenta perfecta: una caída sostenida en la producción, competencia desleal de las importaciones asiáticas, altos precios energéticos, el encarecimiento del carbono y una transformación climática que exige una descarbonización rápida y profunda.

La producción europea de acero crudo cayó a 126 millones de toneladas en 2023, su nivel más bajo en décadas, y un tercio de la demanda se cubre ya con importaciones más baratas, muchas provenientes de China, Vietnam y Taiwán. Detrás de estos flujos, se esconde una competencia asimétrica: mientras los productores europeos deben cumplir estrictas normas ambientales y pagar altos costos energéticos, las acerías asiáticas operan con subsidios y bajos estándares ambientales. Esto ha llevado a que Axel Eggert, director de la Asociación Europea del Acero (EUROFER), advierta que si no se toman medidas urgentes, “Europa se convertirá en un museo industrial impulsado por tecnologías limpias chinas y estadounidenses”.

Las guerras comerciales también agravan el panorama. En 2025, Estados Unidos aumentó los aranceles al acero y aluminio al 50 %, afectando directamente a la UE, su segundo mayor proveedor. Este tipo de medidas, explica Hidalgo, tienen un efecto doble: protegen temporalmente a los productores nacionales, pero distorsionan los mercados globales y generan costos generalizados para la economía. A la vez, empujan a la Unión Europea a replantear su modelo industrial y su dependencia externa en sectores estratégicos como el acero.

La respuesta europea ha sido compleja pero decidida. En 2025, la Comisión Europea lanzó una serie de iniciativas clave: la Brújula de la Competitividad, el Pacto Industrial Limpio y, más recientemente, el Plan de Acción para el Acero y los Metales. Este último representa un punto de inflexión, al combinar sostenibilidad con protección industrial. Su objetivo es mantener la producción dentro del continente, impulsar la descarbonización mediante un “Banco de Descarbonización Industrial” de 100.000 millones de euros y promover el uso de tecnologías limpias como los hornos eléctricos y el hidrógeno verde.

El llamado acero verde es el corazón de esta nueva estrategia. Se trata de transformar los procesos tradicionales —que usan coque y emiten grandes cantidades de CO₂— por tecnologías de reducción directa del hierro (DRI) alimentadas por hidrógeno y electricidad renovable. Si se implementa a gran escala, esta transición podría reducir las emisiones hasta en un 95 %. El problema es el costo: las inversiones son gigantescas, y la tecnología aún no está plenamente disponible. Además, el precio de la energía en Europa sigue siendo una barrera estructural. Tras la invasión rusa de Ucrania, los costos energéticos llegaron a representar el 80 % de los gastos de fabricación para algunas plantas siderúrgicas europeas.

En este contexto, la autora plantea una relación estratégica que podría marcar la diferencia: la alianza entre la industria del acero y el sector de la defensa europeo. La producción de armamento, vehículos militares y tecnología aeroespacial requiere grandes volúmenes de acero de alta calidad, y la nueva ola de rearme europeo ofrece un impulso inesperado. Según el plan ReArm Europe, la Comisión busca movilizar hasta 800.000 millones de euros en inversiones en defensa, lo que podría actuar como motor de reactivación industrial para sectores como el siderúrgico.

La defensa no solo aporta demanda, sino también legitimidad política. Como subraya Hidalgo, la descarbonización y la defensa se han entrelazado: “la descarbonización de la industria siderúrgica es ahora una parte clave de la estrategia de defensa de la UE”. En la práctica, esto significa que producir acero limpio no solo es una cuestión ambiental, sino también de seguridad y soberanía. El Libro Blanco de la Defensa Europea, publicado en 2025, propone reutilizar la capacidad industrial de sectores como el acero y la automoción para abastecer a una base de defensa moderna y sostenible.

No obstante, aún hay obstáculos. La producción de hidrógeno verde requiere cantidades colosales de electricidad renovable que la UE todavía no genera. Además, los yacimientos de mineral de hierro de alta pureza necesarios para la producción de acero limpio son escasos, y China ya está asegurando su control sobre varios de ellos en África y Oceanía. A esto se suma la exportación masiva de chatarra metálica fuera del continente, un recurso vital para el reciclaje que la UE está perdiendo y que debería considerarse estratégico.

El futuro del acero europeo dependerá, por tanto, de tres factores: inversión, cooperación y visión geopolítica. Inversión para financiar la transición hacia el acero verde; cooperación entre gobiernos, industria y defensa para garantizar la demanda y sostenibilidad; y visión geopolítica para proteger la autonomía industrial frente a potencias como China o Estados Unidos. Hidalgo concluye que el acero no es solo una cuestión económica, sino una cuestión de poder. La capacidad de Europa para producir su propio acero —limpio, competitivo y estratégico— determinará en buena medida su autonomía energética, su seguridad y su lugar en el nuevo orden global.

En definitiva, Europa se encuentra ante una encrucijada: o transforma su acero en un emblema de soberanía verde, o corre el riesgo de depender de otros para construir su futuro. La transición hacia una industria siderúrgica descarbonizada no es solo un desafío ambiental, sino una batalla por la supervivencia económica y política del continente.

Fuente: https://www.defensa.gob.es/documents/2073105/2766091/la_industria_siderurgica_en_la_ue_en_la_encrucijada_2025_dieeea59.pdf