El Acuerdo No. 79 del 6 de agosto de 2024, que establece una alianza entre el Municipio de San Miguelito y el Registro Público, marca un punto clave en la transformación administrativa del distrito. La principal innovación de este acuerdo radica en la implementación de la firma electrónica certificada y la emisión digital de certificados de propiedad, herramientas que modernizan los procesos legales y administrativos. Este esfuerzo, liderado por la alcaldesa Irma Hernández, refleja el compromiso de su gestión con la eficiencia y la mejora en el servicio a los ciudadanos.

San Miguelito, siendo uno de los distritos más grandes y densamente poblados de Panamá, ha sufrido históricamente de una gestión burocrática lenta y, en ocasiones, ineficaz. En este contexto, el convenio busca ofrecer una solución tangible a los problemas de trámites y atención, particularmente en lo que respecta a la documentación oficial. La adopción de la firma electrónica permitirá que muchos procesos se realicen de manera remota, eliminando la necesidad de que los ciudadanos se desplacen físicamente a las oficinas municipales.

La situación actual de San Miguelito, con una creciente demanda por servicios más ágiles, ha impulsado a la nueva administración a tomar medidas concretas para reducir la burocracia. La administración digital es un componente esencial de esta reforma. Este convenio representa un avance significativo al posibilitar que los certificados de propiedad sean emitidos de manera rápida y segura, ahorrando tiempo a los ciudadanos y garantizando que los procesos administrativos se desarrollen sin contratiempos. Esto es especialmente importante en un distrito donde el crecimiento poblacional y urbano genera una mayor necesidad de trámites relacionados con la propiedad.

La colaboración con el Registro Público también ofrece un beneficio institucional al municipio, dado que esta entidad es responsable de resguardar la autenticidad de documentos y títulos que otorgan seguridad jurídica sobre la propiedad privada. La digitalización no solo agiliza los trámites para los usuarios, sino que garantiza una mayor seguridad y control sobre la información registrada. Este convenio facilita el acceso rápido a los registros, lo que mejora la transparencia y la confianza en el sistema.

Otro aspecto relevante es el programa de capacitación y asistencia técnica contemplado en el acuerdo. No se trata únicamente de implementar una nueva tecnología, sino de asegurar que los funcionarios municipales estén preparados para utilizarla de manera eficiente. Este componente es esencial para que la transición hacia una administración digital sea exitosa y no quede limitada a un cambio superficial. Con el apoyo técnico del Registro Público, se garantizará que el personal del municipio esté debidamente capacitado en el manejo de archivos digitales y en el uso de la firma electrónica certificada.

El liderazgo de la alcaldesa Irma Hernández se pone a prueba con este convenio, ya que su gestión se ha comprometido a mejorar los servicios municipales y responder de manera eficiente a las necesidades de la población. Este acuerdo es uno de los primeros pasos visibles en esa dirección, con el potencial de transformar significativamente la interacción entre el gobierno local y los ciudadanos. Al reducir los tiempos de respuesta y eliminar barreras burocráticas, la alcaldesa apuesta por una gobernabilidad moderna que favorezca el desarrollo económico y social del distrito.

A futuro, este acuerdo no solo beneficia al municipio y a sus habitantes en el corto plazo, sino que abre la puerta a aspiraciones más amplias. La implementación de herramientas digitales en la gestión pública podría ser el punto de partida para una reestructuración más amplia de los servicios municipales. Desde la digitalización de otros trámites hasta la creación de plataformas en línea que permitan a los ciudadanos acceder a servicios adicionales, las posibilidades son numerosas. Además, al promover una mayor eficiencia, este convenio también podría atraer inversiones y fomentar el desarrollo de nuevas infraestructuras en el distrito. El impacto de esta alianza entre el Municipio de San Miguelito y el Registro Público, bajo el liderazgo de Irma Hernández, tiene un alcance significativo. En un distrito que enfrenta desafíos demográficos y económicos, la modernización administrativa no es solo una necesidad, sino una herramienta esencial para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La alcaldesa ha hecho una apuesta estratégica al adoptar soluciones tecnológicas que no solo mejorarán la eficiencia del municipio, sino que también permitirán a San Miguelito colocarse a la vanguardia de la innovación administrativa en el país.

Mediante Resolución de 17 de junio de 2024, la Sala de lo Contencioso Administrativo, resuelve la demanda presentada por la representación judicial de la fiscal general de cuentas, a fin de que se declare nulo, por ilegal, el Auto No. 85-2023 (Cese y Archivo) de 31 de marzo de 2023, emitido por el Tribunal de Cuentas.

ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.

Se demanda la nulidad del Auto No. 85-2023 (Cese y Archivo) argumentando que el acto contenido en el auto es ilegal, por lo tanto, debe ser declarado nulo. La decisión llevada a cabo resuelve una petición de parte interesada, sin especificar detalles de la resolución; además se concede los recursos de reconsideración interpuestos por representantes legales de las partes, revocando la Resolución de Reparos Nº8-2022 que llamó a juicio por una supuesta lesión patrimonial y se ordena el cese y archivo de la causa iniciada mediante Informe de Auditoría Núm.01-003-2020-DIAF y se levanta las medidas cautelares decretadas sobre los bienes, dejando sin efecto las acusaciones y sanciones previas.

ANTECEDENTES

La fiscalía general de Cuentas presentó una demanda contra el Programa de Ayuda Nacional (PAN) y Construmax Panamá, S.A., por irregularidades en la contratación para la ejecución de oficinas temporales del Instituto Nacional de Cultura (INAC), actualmente Ministerio de Cultura de Panamá. La auditoría reveló que la parte demandante solicitó la contratación durante el período auditado, lo que podría indicar un conflicto de intereses. Además, se encontró que el proyecto de adecuaciones en el Edificio Sky Business Center se llevó a cabo sin un contrato de arrendamiento legal, adjudicando el contrato a Construmax Panamá, S.A. sin un proceso transparente, generando un perjuicio económico al Estado por B/.478,003.15. La demanda se basa en la posible corrupción y falta de transparencia en la contratación, así como en el perjuicio económico causado al Estado por la falta de un contrato de arrendamiento legal. La investigación busca determinar la responsabilidad de los involucrados en este caso. La fiscalía general de cuentas, tras una investigación basada en un informe del Tribunal de Cuentas, encontró evidencia de irregularidades en el manejo de fondos públicos por parte de una persona jurídica, imputándole una responsabilidad por B/.478,003.15. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas, tras la presentación de recursos de reconsideración por parte de los acusados, revocó su decisión inicial, exonerando a los implicados de la responsabilidad patrimonial y archivando el caso. Este desenlace pone en tela de juicio la efectividad de la investigación inicial y el rigor del proceso judicial, especialmente considerando la gravedad de las acusaciones iniciales y la cuantía del monto en disputa.

NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLADAS Y EL CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN.

La declaratoria de ilegalidad se basa en la controversia sobre la interpretación del numeral 4 del artículo 3 de la Ley 67 de 2008, que regula la Jurisdicción de Cuentas. La Fiscalía de Cuentas considera que la conducta de la acusada, la directora del INAC, se ajusta a este numeral, mientras que el Tribunal de Cuentas la exoneró por irregularidades ocurridas en una gestión anterior. El Tribunal de Cuentas no llevó a juicio a la directora por autorizar la adecuación de oficinas sin contrato de arrendamiento firmado, violando el Código Penal y el artículo 52 de la Ley 67 de 2008. Esta decisión genera dudas sobre la imparcialidad del Tribunal de Cuentas y su capacidad para responsabilizar a los funcionarios por el mal uso de fondos públicos, especialmente al ignorar la evidencia de una posible irregularidad y las violaciones a la ley.

INFORME DE CONDUCTA DE LA ENTIDAD DEMANDADA.

El Tribunal de Cuentas elaboró un informe sobre un proceso de cuentas contra una funcionaria investigada, con el inicio de aceptación de llamado a juicio por la presunta lesión patrimonial, pero posteriormente revocando la decisión tras un Recurso de Reconsideración. La motivación para la revocación argumenta que el anticipo pagado al contratista se utilizó correctamente y que la posible lesión patrimonial no se debe al pago inicial, sino a la falta de formalización del contrato de arrendamiento por parte de la administración entrante, lo que generó cuentas por pagar al contratista que el Estado no ha honrado.  La decisión del Tribunal de Cuentas, al absolver a la acusada de responsabilidad, sugiere que se responsabiliza a la administración entrante por los posibles daños al Estado, dejando en claro que la afectación patrimonial no se produjo por el anticipo, sino por la posterior negligencia en la formalización del contrato de arrendamiento y el pago al contratista. El argumento del sustanciador se basa en la naturaleza del Tribunal de Cuentas como una entidad constitucional de justicia jurisdiccional, con la misma jerarquía que el Tribunal Electoral y la Corte Suprema de Justicia. Según esta postura, el Tribunal de Cuentas no debería ser objeto de una Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, ya que su resolución judicial debería ser impugnada a través de un recurso específico diseñado para este tipo de entidades. Esta crítica alude a la necesidad de preservar la independencia y la integridad del Tribunal de Cuentas, evitando que se le someta a un procedimiento legal que no se ajusta a su naturaleza constitucional.

OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN.

El Procurador de la Administración solicita a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia que declare legal el Auto No. 85-2023 del Tribunal de Cuentas, que archivó un caso sobre un anticipo pagado. Argumenta que el Tribunal de Cuentas, tras analizar las pruebas, determinó que el anticipo se perfeccionó legalmente y fue avalado por la Contraloría General de la República. Se destaca que la posible afectación patrimonial al Estado no se atribuye al anticipo en sí, sino a negligencias en actos posteriores. Por lo tanto, considera que la decisión del Tribunal de Cuentas es legal y solicita que se desestimen las pretensiones de la accionante, al considerar que la responsabilidad no recae en la acusada, sino en la negligencia de actos posteriores.

PARTICIPACIÓN DEL TERCERO INTERESADO.

La defensa de la acusada, en su rol de Tercero Interesado, argumenta que la resolución judicial impugnada fue emitida correctamente y que la Fiscal de Cuentas busca cuestionar la valoración del Tribunal de Cuentas.  Sostiene que la gestión de la acusada fue legal y que la nueva administración debió finalizar el contrato de arrendamiento de las nuevas oficinas del Instituto Nacional de Cultura.  No obstante, este argumento ignora el posible impacto del contrato en las finanzas del Instituto y el deber de la acusada de asegurar la gestión responsable de los fondos públicos. Se requiere un análisis más profundo de las razones por las que la nueva administración no pudo o no quiso finalizar el contrato, así como una evaluación del cumplimiento de las normas de contratación pública en la gestión de la acusada.  

ANÁLISIS DE LA SALA

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia enfrenta una demanda contencioso administrativa de nulidad presentada por la fiscal general de cuentas, que busca declarar nulas las resoluciones del Tribunal de Cuentas. La controversia gira en torno a la competencia de la Sala Tercera para revisar las resoluciones de un tribunal constitucional como el Tribunal de Cuentas. La fiscal argumenta que el Tribunal de Cuentas erró al revocar la resolución de reparos y archivar el expediente. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas sostiene que la Sala Tercera no es la autoridad competente para conocer este caso, debido a la naturaleza judicial del Tribunal de Cuentas. Caso que se centra en la responsabilidad de una funcionaria, quien, según la Fiscal, causó un perjuicio económico al Estado al solicitar la contratación de una obra sin un contrato de arrendamiento y la adjudicación de dicho contrato. El análisis busca determinar si existen méritos para un llamamiento a esta funcionaria por su supuesta responsabilidad en el caso.

CUESTIÓN PREVIA

El Auto No. 85-2023 del Tribunal de Cuentas, aunque abarca a dos personas, solo es apelado por la Fiscalía de Cuentas respecto a una de estas dos personas (funcionaria). La aplicación del principio «Reformatio in Pejus» limita la competencia del superior a la parte apelada, impidiendo que se modifique la decisión respecto al otro involucrado. Este principio, respaldado por jurisprudencia, previene que la situación del recurrente empeore a través del recurso, asegurando que la decisión final no sea más desfavorable que la resolución inicial. Esto se fundamenta en el principio dispositivo, donde las partes controlan el proceso judicial y el órgano jurisdiccional debe limitarse a resolver sobre lo presentado, evitando cambios que perjudiquen al recurrente. (J. Montero Aroca y otros, 2007, Derecho Jurisdiccional. Parte General, 2 ed., Tecnos Madrid, pag.140).  En el caso específico del texto, la Sala Judicial se enfoca únicamente en la situación de la funcionaria investigada, dejando de lado a otros individuos mencionados en la resolución, debido a la regla de la reformatio in pejus, la cual prohíbe dictar una sentencia más desfavorable al recurrente que la resolución original.

LA JURISDICCIÓN DE CUENTAS Y LAS FACULTADES DE LA SALA TERCERA 

La Resolución del Tribunal de Cuentas, basado en la Jurisdicción de Cuentas creada en 2004, juzga las cuentas de funcionarios públicos tras reparos de la Contraloría General de la República. Aunque la Constitución establece la base legal para el Tribunal, la Ley debe definir su composición y funcionamiento, lo que podría generar problemas de transparencia e independencia. La Ley 67 de 2008 creó la Jurisdicción de Cuentas, integrada por el Tribunal y la fiscalía general de cuentas, para investigar y sancionar irregularidades en el manejo de fondos públicos. Sin embargo, la dependencia del Tribunal en la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas podría generar conflictos de interés y afectar su independencia. El Tribunal de Cuentas, siguiendo la Ley 67 de 2008, se encarga de juzgar la responsabilidad de empleados y agentes públicos en el manejo de fondos y bienes públicos. Este proceso, iniciado por la Contraloría General, implica una investigación por el Fiscal de Cuentas, y posteriormente, un examen por el Tribunal para asegurar la legalidad. Si se encuentran irregularidades, se emite una Resolución de Reparos que llama a juicio al investigado. Sin embargo, el proceso puede ser complejo y sujeto a demoras, lo que genera críticas por su impacto en la celeridad de la justicia y la transparencia. El texto destaca la importancia de un proceso legal justo y transparente, y presenta un caso específico de una funcionaria acusada en relación a un contrato público, poniendo de manifiesto la necesidad de analizar las piezas procesales para determinar la existencia de méritos para un juicio.

EXISTENCIA DE ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE PERMITEN LLAMAMIENTO A JUICIO

Una acción legal cuestiona la investigación de la fiscalía general de cuentas sobre una exdirectora del INAC, por irregularidades en la gestión de recursos para la adecuación de oficinas. La investigación se basa en un informe de auditoría de la Contraloría que encontró deficiencias en la contratación y una pérdida económica para el Estado. Sin embargo, se critica que la investigación de la Fiscalía no siguió los procedimientos legales establecidos, lo que pone en duda su legitimidad. La investigación se centra en la falta de un contrato de arrendamiento para las oficinas y la posible afectación del patrimonio histórico por la ausencia de un espacio adecuado para el Museo Reina Torres Araúz. La exdirectora justifica sus acciones argumentando el bien de la institución y la inminente mudanza, pero la investigación busca determinar las responsabilidades y el impacto en los fondos públicos. El caso del Instituto Nacional de Cultura (INAC) hoy Ministerio de Cultura de Panamá, revela posibles irregularidades en la gestión de fondos públicos, donde se detectaron inconsistencias en la justificación de las adecuaciones realizadas en el Sky Business Center, incluyendo la falta de un contrato de alquiler previo a la solicitud de fondos y el pago anticipado a un contratista sin dicha documentación. Además, la solicitud de un Crédito Extraordinario y un convenio de cooperación con el Programa de Ayuda Nacional generan dudas sobre la transparencia y la correcta administración de los fondos. La fiscalía general de cuentas debe investigar a fondo estas irregularidades para determinar la responsabilidad de los funcionarios involucrados y evitar futuros casos de mal uso de recursos públicos. La Dirección de Asistencia Social, antes Programa de Ayuda Nacional, enfrenta una acusación de daño económico al Estado por B/.478.003.15 debido a la firma de un contrato y una adenda con Construmax Panamá, S.A. para la adecuación de espacios del INAC. La acusada argumenta que la gestión del contrato fue correcta, pero la fiscalía general de cuentas solicita un juicio por las irregularidades en la gestión y la necesidad de finalizar el contrato de arrendamiento de las nuevas oficinas del INAC, lo que genera dudas sobre la transparencia y legalidad de la gestión del Programa de Ayuda Nacional. El Tribunal de Cuentas exoneró a una funcionaria acusada de irregularidades en el pago anticipado del 18% de un contrato para la remodelación de las oficinas del Instituto Nacional de Cultura, argumentando que se cumplió con los requisitos legales y que la empresa contratista continuó con las adecuaciones. Sin embargo, en otro caso, el Tribunal encontró irregularidades en la remodelación del Edificio Sky Business Center por parte del Ministerio de Cultura, que se llevó a cabo sin un contrato de arrendamiento ni autorización del Consejo Económico Nacional. Esta acción, considerada irregular, involucró el uso de fondos públicos para remodelar un local comercial no perteneciente al Estado, lo que generó un posible perjuicio económico de B/.478.003.15.  La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo ha anulado parcialmente el archivo de un proceso patrimonial contra una funcionaria del Ministerio de Cultura, señalando que hay suficientes pruebas para llevarla a juicio.  La Sala considera que la investigada podría ser responsable por mal uso de fondos públicos al no haber seguido los procedimientos legales para la realización de obras en un local y por no supervisar adecuadamente la ejecución presupuestaria, lo que podría constituir un posible desvío de fondos públicos y una falta de transparencia por parte del Ministerio de Cultura. 

El manejo de los fondos públicos en nuestro país se encuentra en una situación crítica, salpicada por escándalos que van desde contratos hasta el manejo de las finanzas públicas. Esta crisis de transparencia y honestidad afecta directamente el desarrollo del país. La Contraloría General, el Ministerio de Economía y Finanzas, y el Tribunal de Cuentas son los entes responsables de velar por el correcto uso de los recursos estatales. La reciente decisión de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, respaldada por la Fiscalía de Cuentas, es un paso crucial para garantizar que quienes incurren en malversación de fondos públicos respondan por sus actos. Es imperativo que quienes ocupan puestos de poder en nuestro país actúen con transparencia y honestidad, enviando un mensaje claro de responsabilidad a la población. Debemos exigir a nuestros gobernantes una gestión ética y responsable de los recursos públicos, y exigir rendición de cuentas a quienes los administran.

Mediante Ley 52 de 27 de octubre de 2016 se establece la obligación de los agentes residentes de presentar una declaración jurada anual a la Dirección General de Ingresos (DGI) con información sobre las personas jurídicas que representan. 

Esta normativa fue implementada para cumplir con acuerdos internacionales sobre el intercambio de información tributaria, lo que busca aumentar la transparencia y combatir la evasión fiscal.

Luego para finales del año 2021, se implementa la Ley 254 de 11 de noviembre de 2021, mediante la cual se modifican algunos aspectos de la ley 52 mencionada en párrafos anteriores y se aumenta la carga administrativa sobre los abogados que actúan como agentes residentes.

En el mes de septiembre del presente año, el Diputado Ernesto Cedeño presentó una propuesta legislativa en Panamá con el fin de modificar la responsabilidad de los agentes residentes con relación a la solicitud y custodia de los Registros Contables de las sociedades anónimas que representan.

La propuesta sugiere que los abogados no deberían ser responsables de llevar los registros contables ni de reportar dicha información, dejándolo en manos de otros entes especializados en contabilidad. Esto responde a la percepción de que estas obligaciones no son parte de la función legal del abogado.

Esta serie de exigencias, han llevado a muchos abogados a tener que renunciar a su rol como agentes residentes lo cual ha impactado negativamente su factor económico y practica profesional.

Para los abogados panameños se trata de una propuesta favorable ya que es considerada un alivio para la carga administrativa excesiva y de responsabilidades impuestas que no deberían ser acarreadas a su profesión.

El Colegio Nacional de Abogados ha mostrado su interés de colaborar con esta propuesta lo cual indica un compromiso conjunto por mejorar la práctica legal en el país.

Esta reforma no solo beneficiará al sector legal y contable, sino que también contribuirá a la creación de un entorno empresarial más ágil y transparente para nuestro país, en línea con los estándares internacionales en materia de cumplimiento y responsabilidad fiscal.

La Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) presentó el Informe Económico Regional 2023-2024, que se realiza junto con la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA) y la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (SECOSEFIN). Este informe ofrece un análisis detallado del desempeño económico y las políticas fiscales en Centroamérica y República Dominicana (CAPARD), así el análisis de los factores que en el contexto internacional y regional influyeron en los resultados de las principales variables macroeconómicas.

Durante 2023 el entorno económico global continuó afectado por la incertidumbre provocada por varios factores geopolíticos, como los conflictos en Europa del Este y Medio Oriente, las condiciones financieras restrictivas para hacer frente a la inflación y la desaceleración de la economía china, que afectaron la inversión y el consumo. 

A pesar de estos desafíos, la economía mundial mantuvo un crecimiento moderado con un aumento del Producto Interno Bruto (PIB) global de 3.2%. Las economías avanzadas mostraron un crecimiento leve de 1.6%, mientras que las economías emergentes y en desarrollo, experimentaron un crecimiento de 4.3%. 

La inflación global comenzó a desacelerarse gracias a la reducción de los costos del transporte marítimo, la disponibilidad de contenedores y el endurecimiento de las condiciones financieras. 

En el ámbito regional, el PIB mostró un crecimiento moderado de 3.8%, impulsado principalmente por el sector de servicios. Las exportaciones de bienes y servicios de la región CAPARD crecieron 5.1% en 2023, con una proyección de aceleración al 6.4% para 2024 y una leve desaceleración al 5.4% en 2025. 

El sector servicios, que se recuperó tras la pandemia de COVID-19, registró un aumento de 13.9%, alcanzando los USD 58,253.1 millones. Las importaciones de servicios, en cambio, disminuyeron 3.7%, totalizando USD 30,719.6 millones.  

Las exportaciones de bienes, que alcanzaron USD 57,988.9 millones, disminuyeron un 1.8%, debido a factores como la caída de las exportaciones de República Dominicana, afectada por factores como el cierre de fronteras con Haití, las fuertes lluvias que afectaron a los exportadores y una baja en la producción de oro. Las importaciones en la región también disminuyeron, en un 6.2%, alcanzando USD 128,452.9 millones. 

Los productos que más destacaron en la reducción de las importaciones fueron los aceites de petróleo y los automóviles. El sector externo revela que la balanza de pagos de la región mejoró en 2023 con un incremento interanual de USD 3,772.8 millones (1% del PIB regional), impulsado por la contracción en el valor de las importaciones de bienes. 

Los ingresos por turismo totalizaron USD 25,564 millones, con una variación positiva de 21.6%, mientras que las remesas continuaron siendo una fuente clave de ingresos para varios países de la región, alcanzando un total de USD 53,096 millones, lo que representa un incremento de 9.1% respecto al año anterior. 

La Inversión Extranjera Directa (IED) totalizó USD 14,811.5, con un incremento de 5.8% respecto al año anterior, y los tipos de cambio se mantuvieron relativamente estables, aunque algunos países experimentaron fluctuaciones.  

El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) reflejó una expansión de 4.6% en promedio durante el año. 

En cuanto al mercado laboral, la tasa de participación se mantuvo estable en 61.9%, con una tasa de empleo de 94% y una tasa de desempleo de 5.9%. El empleo formal creció en la región, aunque de manera desigual, con porcentajes entre 7.8% y 1.7%, siendo Guatemala el país que lideró el crecimiento. 

El salario mínimo promedio anual en Centroamérica fue de USD 356, mientras que en la región CAPARD se situó en USD 326, lo que representa un incremento interanual de 3.8% y 5.5%, respectivamente. Costa Rica lideró como el país con los salarios mínimos más elevados. 

El desempeño fiscal mostró una mejora en los balances fiscales, con un déficit promedio de 2.8% respecto al PIB. Los ingresos tributarios aumentaron, alcanzando un promedio de 14.1% del PIB, gracias a mejores mecanismos de recaudación y al crecimiento económico moderado. 

Sin embargo, el endeudamiento público sigue siendo elevado, especialmente en Costa Rica y Panamá, donde supera el 60% del PIB, lo que plantea desafíos para la estabilidad macroeconómica a largo plazo. 

Las políticas monetarias de la región se centraron en controlar la inflación mediante el ajuste en las tasas de interés, que promediaron el 6%. A pesar de un entorno económico incierto, el crédito en la región continuó creciendo, aunque a un ritmo más lento, con sectores como la manufactura, construcción y comercio liderando la demanda de financiamiento. 

Además, los depósitos bancarios aumentaron 5.3%, respaldados por la confianza en el sistema financiero. Las exportaciones de bienes basados en la biodiversidad alcanzaron los USD 28,978.2 millones, registrando una disminución de 2.9% en comparación con el año anterior. El principal grupo de productos exportados fue “frutas y productos derivados”, como bananas, plátanos, piñas y melones, que representaron el 20.8% de las exportaciones y experimentaron un crecimiento interanual de 5.9%. 

Por otro lado, las importaciones de los bienes basado en biodiversidad disminuyeron 4.3% respecto al año anterior, alcanzando USD 35,880.7 millones. Los “cereales y productos derivados” fueron los principales productos importados, con una participación de 14.3%, aunque decrecieron 4.8% respecto al año anterior.  

En cuanto al comercio de desechos y residuos, las exportaciones totalizaron USD 714.4 millones, registrando una disminución de 7.4%. Sin embargo, algunas categorías experimentaron crecimiento, como los «desperdicios y desechos de cobre,» que representaron el 16.9% de las ventas totales y aumentaron 15.3% respecto al año anterior; y los «desperdicios y desechos de aluminio,» que constituyeron el 23.9% y crecieron 1.8%. 

Las importaciones de estos productos disminuyeron 3.2%, alcanzando un total de USD 1,458.9 millones en 2023. 

Los productos importados que más destacaron fueron las «tortas y demás residuos de la extracción del aceite de soja,» que representaron el 68.7% del total e incrementaron 5.2% en comparación con el año anterior; y los «residuos de la industria del almidón, desperdicios de la industria azucarera y desperdicios de cervecería o destilería,» que representaron el 9.3% y disminuyeron 1.3% respecto a 2022. 

El sector de la economía azul, que incluye actividades relacionadas con el océano y los recursos marinos, continuó su expansión en 2023. Las exportaciones de productos oceánicos en la región alcanzaron un total de USD 4,021.2 millones, que representó un crecimiento interanual de 6.9%.

Por su parte, las importaciones del sector sumaron USD 15,015.1 millones, reflejando un aumento de 5.8% en comparación con el año anterior. No obstante, el comercio de peces e invertebrados acuáticos registró contracción: las exportaciones se redujeron 5%, situándose en USD 967.1 millones, y las importaciones disminuyeron 7%, totalizando USD 622.4 millones. 

La infraestructura portuaria de la región incrementó su capacidad operativa en 2.3%, desembarcando un total de 133,413,223 toneladas métricas de carga. No obstante, se requieren inversiones adicionales para modernizar los puertos y aumentar su capacidad, lo que es crucial para fortalecer el comercio internacional y regional. Finalmente, la economía creativa, que abarca industrias como las artes, la cultura, el diseño y la producción digital, demostró ser un sector dinámico. Las exportaciones de bienes creativos aumentaron 5%, alcanzando USD 940.7 millones, mientras que las importaciones se redujeron 2.6% interanual, situándose en USD 2,679 millones, reflejando un fortalecimiento en la producción creativa local, que ha contribuido tanto al crecimiento económico como al fortalecimiento de la identidad cultural de la región.

Fuente: SIECA.

Es fundamental cumplir con puntualidad las obligaciones fiscales para evitar complicaciones y posibles sanciones. En nuestro Calendario Tributario, te proporcionamos todas las fechas clave que necesitas tener presente para mantener en orden tus finanzas este mes.

Asegúrate de marcar estas fechas en tu agenda y, en caso de cualquier duda, no dudes en ponerte en contacto con nosotros, nuestros abogados están listos para orientarte.

10 de octubre

• Impuesto Primas Brutas Seguro- Incendio y renovaciones.

15 de octubre

• Declaración Jurada mensual sobre Primas cobradas ( no incluye renovaciones, ni incendio).
• Declaración y pago de ITBMS (Mensual).
• Declaración de Retenciones de ITBMS Mensual.
• Declaración y pago de ITBMS trimestral.
• Informe de Ventas con tarjeta de crédito y débito.
• Impuesto Selectivo al Consumo.
• Impuesto de timbre.
• Impuesto sobre Juego de Suerte y Azar.

25 de octubre

• Ultimo día para la presentación de las Planillas SIPE.

31 de octubre

• Consumo de Combustibles y Derivados del Petróleo (Informe Mensual).
• Presentación de Informe de contribuyentes no declarantes.
• Informe de Compras e importación de bienes y servicios. Formulario 43.
• Reporte la planilla 03 mensual.
• Reporte formulario # 1027 sobre informe de ventas y prestaciones de servicio.
• Informe de recursos minerales no metálicos.
• Último día para pagar la planilla CSS.
• Pago impuesto municipal mensual.

*Nota: En caso de fechas que correspondan a días no hábiles, la DGI tiene facultad discrecional para extender las fechas de pago al siguiente día hábil.

La Unión Europea, que creó en 2017 una lista de jurisdicciones fiscales no cooperativas a raíz de escándalos como los “Panama Papers”, decidió retirar recientemente a Antigua y Barbuda de esta lista, en la que permanecen países como Panamá, Trinidad y Tobago, Samoa y Rusia. A pesar de los esfuerzos de Panamá para implementar reformas fiscales y mejorar su transparencia, la UE considera que el país aún no cumple con los estándares necesarios. Actualmente, la lista incluye a Samoa estadounidense, Anguila, Fiji, Guam, Palaos, Panamá, Rusia, Samoa, Trinidad y Tobago, las Islas Vírgenes estadounidenses y Vanuatu, países a los que la UE ha instado a adoptar un marco fiscal que atienda las inquietudes europeas en materia de cooperación.

Panamá se mantiene en la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea, principalmente por cuestiones de transparencia fiscal y cumplimiento de normas internacionales contra el blanqueo de capitales y la evasión de impuestos. Algunos factores clave son:

1. Normas de Transparencia: Aunque Panamá ha hecho avances para mejorar la transparencia y el intercambio de información fiscal, aún se percibe que su regulación no es lo suficientemente estricta. Esto incluye las políticas de registro de beneficiarios finales, que algunos países consideran aún insuficientes.
2. Intercambio de Información: El país ha suscrito acuerdos de intercambio de información fiscal con otros países, pero en algunos casos, su implementación y acceso efectivo siguen siendo limitados. Los países y organismos como la OCDE buscan estándares más altos, como el intercambio automático de información, para asegurar que los datos se compartan de manera rutinaria.
3. Escándalos Internacionales: Casos como los Panama Papers han puesto a Panamá bajo un escrutinio intenso, asociándolo a estructuras complejas de sociedades offshore y fideicomisos que facilitan la evasión y elusión de impuestos, lo cual contribuye a su imagen de “paraíso fiscal”.
4. Régimen Fiscal Territorial: Panamá aplica un sistema de impuestos territoriales, gravando solo los ingresos generados dentro de su jurisdicción y no los obtenidos en el extranjero, lo que la convierte en un destino atractivo para los inversionistas extranjeros y empresas multinacionales que buscan reducir su carga fiscal.
5. Percepción Internacional: A pesar de las reformas y avances en su marco regulatorio, la percepción de que Panamá facilita operaciones financieras opacas sigue siendo un factor decisivo para su inclusión en la lista de paraísos fiscales.

Salir de estas listas implicaría que Panamá adopte estándares más estrictos en la supervisión y reporte de operaciones financieras, con mayor enfoque en medidas de transparencia y cooperación tributaria internacional.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, ha criticado enérgicamente la inclusión de Panamá en esta lista y anunció que su administración trabajará para “limpiar el nombre de Panamá” a nivel internacional. Durante su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Mulino subrayó que Panamá ha hecho esfuerzos considerables en reformas legales y tratados con otras naciones para cumplir con las normativas internacionales de transparencia y prevención de lavado de dinero.

Además, el presidente declaró que las empresas de países que insistan en mantener a Panamá en la lista no podrán participar en licitaciones en el país y tampoco recibirán apoyo en organismos internacionales. Para octubre, Mulino tiene programada una gira por Europa, donde se reunirá con líderes como el presidente francés Emmanuel Macron para solicitar apoyo en la exclusión de Panamá de la lista de paraísos fiscales.

La capacidad para identificar de manera inequívoca agentes biológicos, químicos y radiológicos en incidentes de tipo NRBQ (Nuclear, Radiológico, Biológico y Químico) ha emergido como un componente clave en la seguridad global y la defensa nacional. En un contexto donde las amenazas de bioterrorismo, el uso de armas químicas y biológicas, y los incidentes radiológicos son más palpables, la posibilidad de identificar con precisión los agentes involucrados no solo permite una respuesta eficaz, sino que también sirve como un poderoso elemento de disuasión. Si los actores hostiles saben que sus acciones serán rápidamente detectadas, esto puede frenar significativamente sus intenciones.

A pesar de los avances en la tecnología para la detección en campo de estos agentes, sigue siendo necesario enviar muestras a laboratorios especializados para realizar análisis definitivos. Las herramientas portátiles y de detección en tiempo real que actualmente se emplean en el campo ofrecen una identificación provisional, pero no pueden sustituir a los laboratorios acreditados que garantizan una identificación inequívoca, esencial para que la información sea jurídicamente válida y pueda respaldar medidas legales o represalias en casos de ataques intencionados.

El papel de los laboratorios de bioseguridad, especialmente aquellos clasificados en los niveles 3 y 4 (BSL-3 y BSL-4), es fundamental para gestionar los agentes biológicos más peligrosos. Estos laboratorios no solo están diseñados para manipular patógenos de alto riesgo, sino que también realizan investigaciones que resultan cruciales para la prevención de futuros incidentes. Además, la capacidad de identificar el origen exacto de un agente biológico o químico es vital para apoyar investigaciones forenses y atribuir responsabilidades, un paso esencial para la prevención de futuros ataques o incidentes.

El concepto de «disuasión» adquiere una nueva dimensión en este ámbito. A través de la identificación precisa y rápida de los agentes involucrados en un ataque, los laboratorios de alta seguridad se convierten en una herramienta de prevención. Los actores malintencionados, ya sean terroristas, estados hostiles o individuos con intenciones criminales, pueden verse disuadidos al saber que sus acciones serán rápidamente detectadas y rastreadas hasta su origen. Este es un factor clave en la estrategia de defensa moderna, que ya no solo se basa en la capacidad de respuesta militar, sino también en la capacidad científica y técnica para gestionar amenazas invisibles, como las que representan los agentes biológicos, químicos y radiológicos.

Uno de los ejemplos más destacados de la importancia de esta capacidad es la «docena sucia», un término que hace referencia a los agentes biológicos más peligrosos que pueden ser utilizados como armas biológicas o de bioterrorismo. Estos incluyen patógenos como el Bacillus anthracis (carbunco), la Yersinia pestis (peste neumónica), la viruela, la fiebre Q, y toxinas como la ricina. Estos agentes son particularmente difíciles de identificar en campo debido a su complejidad bioquímica, por lo que es esencial disponer de laboratorios capaces de confirmar su presencia con un grado de certeza que solo puede lograrse mediante análisis avanzados.

Sin embargo, el desafío va más allá de los agentes biológicos tradicionales. En un mundo donde la biología sintética y la inteligencia artificial están al alcance de más actores, surgen nuevas amenazas. Es posible que los dispositivos de detección portátiles no estén preparados para identificar agentes modificados genéticamente o nuevas sustancias tóxicas creadas mediante avances científicos. Un ejemplo reciente de esta dificultad fue un incidente en Bélgica en 2024, donde las autoridades enfrentaron un paquete sospechoso que contenía polvo vegetal que no fue detectado inicialmente por los dispositivos de campo. Solo después de un análisis en laboratorio se determinó que se trataba de una toxina derivada de una planta, lo que subraya la importancia de los laboratorios en estos casos.

Además, hay incidentes en los que los resultados preliminares en el campo pueden no reflejar la verdadera naturaleza del agente. En marzo de 2024, por ejemplo, jueces en Pakistán recibieron cartas amenazadoras que contenían un polvo sospechoso. Los análisis iniciales descartaron la presencia de Bacillus anthracis, pero un examen más profundo en laboratorio reveló la presencia de esporas de este patógeno junto con arsénico, lo que cambió completamente la perspectiva del caso y activó una respuesta de seguridad diferente.

En este sentido, disponer de una red de laboratorios especializados y acreditados, tanto a nivel nacional como internacional, es vital para garantizar una identificación precisa y rápida. En España, la Red de Laboratorios de Alerta Biológica (Re-Lab) es un ejemplo de colaboración cívico-militar que integra capacidades de laboratorios civiles y militares para garantizar una respuesta coordinada y efectiva ante incidentes NRBQ. La Re-Lab no solo contribuye a la seguridad nacional, sino que también juega un papel fundamental en la vigilancia de la salud pública, ayudando a detectar brotes de enfermedades infecciosas antes de que se conviertan en epidemias o pandemias. Esto refuerza la preparación del país ante emergencias de salud pública y amenazas biológicas, ya sean naturales o intencionadas.

Además de su importancia en la identificación de agentes peligrosos, los laboratorios de bioseguridad también son una herramienta crítica para la investigación científica. A través de ellos, se pueden desarrollar nuevos tratamientos, vacunas y estrategias de respuesta ante amenazas biológicas, lo que mejora la capacidad de los países para proteger a sus ciudadanos. Este aspecto es crucial, ya que, en un mundo globalizado, las amenazas de origen biológico pueden propagarse rápidamente a través de fronteras, como vimos durante la pandemia de COVID-19.

Disponer de esta capacidad a nivel nacional es esencial no solo para la disuasión, sino también para evitar depender completamente de otros países en situaciones de emergencia. Confiar en laboratorios de otros Estados puede no ser fiable, ya que estos países podrían tener otras prioridades o limitaciones en su capacidad de respuesta. Por ello, es necesario que cada nación tenga su propia infraestructura de laboratorios, como un elemento integral de su estrategia de defensa y seguridad.

En conclusión, la capacidad de identificación inequívoca de agentes biológicos, químicos y radiológicos es un pilar fundamental para la disuasión y la seguridad en el mundo moderno. Los laboratorios especializados, como los BSL-3 y BSL-4, no solo son esenciales para la respuesta inmediata a incidentes NRBQ, sino que también juegan un papel crucial en la prevención, mediante el rastreo forense de los agentes y la disuasión de futuros ataques. En un mundo donde las amenazas son cada vez más complejas y globales, contar con una red robusta de laboratorios que integre tanto capacidades civiles como militares es indispensable para garantizar la seguridad y la estabilidad a largo plazo.

En los próximos cinco años, China se prepara para consolidar su posición como una superpotencia mundial. Este plan, encabezado por el presidente Xi Jinping, pone especial énfasis en la modernización de sus fuerzas armadas y en la expansión de su arsenal nuclear. Xi ha establecido el año 2029 como la fecha límite para que el Ejército Popular de Liberación (EPL) esté completamente modernizado, en línea con la celebración del 80 aniversario de la República Popular China. Además, se busca que el arsenal nuclear del país esté al nivel de Estados Unidos y Rusia, como parte de su estrategia para reafirmar su papel en el escenario global y exigir respeto a sus intereses fundamentales, principalmente en relación con Taiwán y el mar de China Meridional.

Estas decisiones fueron ratificadas en la tercera sesión plenaria del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) celebrada en julio de 2024. Aunque la sesión debía centrarse en reformas económicas, el enfoque se desplazó hacia temas de seguridad nacional, la innovación tecnológica y el desarrollo de talento como pilares clave para fortalecer la economía del país. Esto refleja una clara prioridad en el fortalecimiento del aparato militar y nuclear del país, al tiempo que se busca reducir la dependencia tecnológica de Estados Unidos y sus aliados.

Históricamente, las reuniones plenarias del PCCh han marcado puntos de inflexión en la evolución de China. Xi, quien asumió el poder en 2012, ha transformado estas reuniones en plataformas para priorizar la política sobre la economía. Su consolidación de poder, evidenciada por la eliminación del límite de mandatos en 2018, le ha permitido centralizar las decisiones de gran envergadura, especialmente en lo que respecta a la seguridad nacional.

Uno de los elementos cruciales de esta estrategia es el aumento del arsenal nuclear. Xi ha acelerado este plan como respuesta a la creciente presencia militar estadounidense en el mar de China Meridional, lo que ha convertido la región en un punto de tensión global. Al incrementar su capacidad de disuasión nuclear, China pretende equilibrar la balanza de poder con Estados Unidos y garantizar que sus reclamaciones territoriales, especialmente sobre Taiwán, sean respetadas sin intervención militar extranjera. Según estimaciones del Pentágono, China podría aumentar su arsenal nuclear a 1.000 ojivas para 2030 y a 1.500 para 2035, acercándose así a los niveles de Estados Unidos y Rusia.

El EPL, que ha estado en proceso de modernización durante varios años, también desempeña un papel clave en esta estrategia. China ha estado avanzando en la construcción de portaviones, submarinos, aviones de combate y otros equipos militares de última generación, con el fin de consolidar su presencia militar en la región. Aunque su capacidad nuclear actual está muy por debajo de la de Estados Unidos y Rusia, China está decidida a alcanzar una paridad estratégica en los próximos años.

El impulso de la modernización militar va acompañado de un esfuerzo por luchar contra la corrupción, que ha afectado incluso a los altos mandos militares. Xi Jinping ha liderado una campaña anticorrupción desde su llegada al poder, eliminando a millones de funcionarios, incluidos miembros de alto rango del ejército, lo que le ha permitido consolidar aún más su autoridad.

Además de sus esfuerzos militares, China también busca reducir los desequilibrios sociales y reactivar su economía debilitada. El PCCh ha identificado la innovación tecnológica como una prioridad para alcanzar la autosuficiencia en sectores clave y, al mismo tiempo, fortalecer la clase media. Sin embargo, la tarea no será fácil, ya que el país enfrenta una serie de desafíos económicos, como la desaceleración del crecimiento, el alto endeudamiento y una crisis demográfica que amenaza con frenar su desarrollo.

A nivel internacional, Xi está preparando el terreno para negociar en igualdad de condiciones con Estados Unidos y Rusia, conscientes de que el poder nuclear es un factor determinante en estas negociaciones. Su objetivo es claro: garantizar que China sea reconocida no solo como una potencia económica, sino también como una superpotencia militar y nuclear.

Este enfoque en la seguridad nacional y el protagonismo nuclear marca un cambio en las prioridades de China, dejando atrás la estrategia puramente económica que caracterizó a sus anteriores líderes. Xi Jinping ha dejado claro que el ascenso de China como superpotencia no será solo económico, sino también militar, y que esto es fundamental para asegurar su liderazgo en el escenario mundial. De cara a los próximos años, China se enfrenta a la tarea de equilibrar sus ambiciones internas y externas, mientras el mundo observa con atención cómo se desarrolla esta nueva fase en la historia del gigante asiático. El papel de China en el equilibrio global de poder, especialmente en lo que respecta a Taiwán y las aguas circundantes, será un tema crucial en la geopolítica mundial.

Teatros:

Museos:

MUSEO DEL CANAL DE PANAMÁ:

• Panamá antes del Canal |  Época Colonial nueva sala renovada.
• Late Nights Vol 8. Comidas y bebidas Gold Rush el 5 de octubre de 6:00 p.m. a 11:00 p.m.

BIOMUSEO: ¡Cumple 10 años!

• Noche en el Biomuseo el 5 de octubre de 4:00 p.m. a 9:00 p.m. con Lilo Sánchez como DJ Set, con inmersión de buzos, disfrutar de la comida y bebidas.
• A las 3:00 p.m. contarán con la narración oral “Mar de Cuentos”
• De 4:30 p.m. a 8:00 p.m. juegos de mesa con Juegos Plisplis.

MAC Panamá -MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO: reservas por WhatsApp 6598-0014

• El 3 de octubre, inauguración de Parlamento trans-histórico de entidades vivas y muertas en Centroamérica y Panamá.
• 29 de oct. Claroscuro by Mac Panamá del 8:00 p.m. a 12:00 a.m. en la Torre  MMG piso 19.

Actividades, Conciertos y Caminatas:

• 1 al 5 de octubre: Encuentro Mujer, Disidencia, Música, y Territorio Vol. 4, en distintos puntos del Casco Viejo.
• 3 de octubre: Coloquios, Memoria y Cultura N° 3 en la Casa Museo del Banco Nacional.
• 3 de octubre: Sumando palabras a tu cultura, aprende Scrabble en la Ciudad de las Artes, en la Biblioteca Rogelio Sinán.
• 5 de octubre: Massive City Market “Una vuelta al mundo” en el Domo del Parque Omar.
• Domingos: Inauguran Vía Activa  en Brisas del Golf, en donde las familias podrán manejar bicicletas de forma gratuita todos los domingos desde las 5:00 a.m. a 11:0 a.m. desde Signature Plaza hasta Brisas Mall.
• 19 de octubre: Puertas abiertas en la casa museo de la Ciudad del Saber  de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. en el edificio 173.
• 19 de octubre: A las 10:30 a.m. recorrido en la casa Museo de la Ciudad del Saber con ModernPTY.
• 16 de octubre: El after Office de One Two en las Islas de Atlapa.
• 17 de octubre: Lo que se permite, se repite: Alejandra Azcarate Tour Latinoamérica 2024 en  Teatro La Huaca.

Ferias y Festivales:.

• 11 al 19 de octubre: Festival Internacional de Danza Contemporánea Prisma 2024 ver la cartelera completa en www.festivalprisma.com
• 17 ° Festival de Cine Icaro Panamá 2024 del 1 al 4 de octubre.
• OctoberFest el 5 de octubre en la  Fábrica de Amador.  
• Festival del Sombrero Pintao en la Pintada Coclé del 25 al 27 de octubre
• Festival Nacional del Toro Guapo en Antón, Coclé del 12 al 17 de octubre.
• FundaAsis Fest 2.0 el 5 de octubre en la Ciudad del Saber.
• Panamá Respira los domingos 6 y 27 de octubre a las 8:00 a.m. en la Ciudad del Saber, en el jardín de la casa museo,  edificio 173.

Festividades varias:

• 9 Día Mundial de las Aves Migratorias
• 11 Día Internacional de la Niña
• 12 Día de la Hispanidad o de la Raza
• 19 Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama
• 21 Cristo Negro de Portobelo
• 22 Día del Músico
• 24 Día Internacional contra el Cambio Climático
• 27 Día del Estudiante
• 28 San Judas Tadeo
• 31 de octubre Halloween
• 31 de octubre: Día Nacional del Ahorro