Donald Trump o el signo de nuestro tiempo

Trump

Causa y efecto

Pocas veces un individuo ha protagonizado la escena internacional tan claramente como Donald Trump. A sus decisiones se une una personalidad que parece imponerse sobre el propio cargo. La sensación de ruptura no procede únicamente de lo que hace, sino también de sus formas excesivas y desconcertantes.

Al mismo tiempo, su presidencia es presentada como un síntoma de los problemas de nuestro tiempo y como consecuencia de transformaciones iniciadas décadas atrás. El propósito del artículo es afirmar que ni la llegada de Trump ni sus decisiones eran inevitables y advertir que sus políticas están perjudicando la situación internacional y la posición de Estados Unidos en el mundo.

¿Era Trump inevitable?

Las circunstancias históricas facilitan ciertos cambios, pero no convierten la historia en una sucesión exacta de causas y consecuencias. El ascenso de Trump puede explicarse por el descontento de una parte de la población estadounidense, la pérdida de poder adquisitivo, la influencia de las redes sociales, la simplificación del discurso político, la polarización, la desconfianza en la democracia y el temor provocado por la rapidez de los cambios.

Estos factores hicieron posible su llegada al poder, pero no la hicieron inevitable. En las mismas circunstancias podría haber gobernado un presidente con otro perfil y otras ideas.

El autor cuestiona la afirmación de que la muerte del orden internacional basado en reglas y en el multilateralismo sea un proceso definitivo. Comprender lo que sucede es necesario, pero no suficiente. También debe decidirse dónde se quiere estar y qué camino debe seguirse.

La hipótesis del artículo es que Estados Unidos está precipitando su declive como potencia mundial y provocando un deterioro innecesario del marco de las relaciones internacionales. No se trata solamente de procesos inevitables, sino también de consecuencias directas de decisiones libremente adoptadas.

La política doméstica de Trump

En el ámbito interno, el regreso de Trump ha agravado la polarización política estadounidense. Su presidencia es, al mismo tiempo, resultado y catalizador del auge de las posiciones extremas.

La actitud amenazante hacia la prensa, las extralimitaciones legales, la presión sobre la Reserva Federal y las tácticas antimigratorias menoscaban la democracia y se aproximan a prácticas propias de regímenes autoritarios.

También se observa un debilitamiento de la Administración como estructura profesional de decisión y gestión. La información y el control se han concentrado en Trump y en un grupo reducido de asesores, mientras los interlocutores y canales tradicionales pierden importancia.

Especial preocupación genera la actitud hacia la cultura, la ciencia y las universidades. Estados Unidos ha basado gran parte de su dominio en la capacidad de sus instituciones académicas y empresas para atraer a los mejores talentos. Sin embargo, la reducción de la financiación, los ataques a la independencia universitaria y las restricciones a estudiantes extranjeros debilitan voluntariamente uno de sus principales activos.

El deterioro de los valores democráticos, el ataque a las instituciones y el control de la actividad científica y periodística dañan internamente al país y, además, reducen su prestigio y perjudican sus intereses exteriores.

Su política exterior

La política exterior del segundo mandato de Trump se caracteriza por las operaciones militares unilaterales, el desprecio hacia los organismos internacionales y el trato económico y diplomático dispensado a sus antiguos aliados. El mensaje es que, para actuar, no se necesita otra justificación que el propio interés.

El cierre de USAID, la retirada de la lucha contra el cambio climático, la supresión de tratados de seguridad y el rechazo de instituciones internacionales reflejan una política orientada hacia lo directa e inmediatamente rentable para el país.

El lema Make America Great Again parece consistir en que Estados Unidos piense únicamente en sí mismo. En este juego de poder ya no existen aliados en el sentido tradicional, salvo que acepten condiciones exigentes, cambiantes y arbitrarias.

No se trata de un verdadero aislamiento, sino de una renuncia a la responsabilidad asociada a su condición de superpotencia. Se produce un regreso al poder duro, a las políticas coercitivas y a una concepción de las relaciones internacionales basada en la obtención de beneficios inmediatos.

Esta actitud también alcanza a la estructura transatlántica. Los aliados europeos son acusados de no contribuir suficientemente a su propia defensa. Sin embargo, la cooperación estadounidense nunca fue altruista. Desde el Plan Marshall hasta la OTAN, su ayuda fue útil e imprescindible, pero también proporcionó beneficios políticos, económicos, tecnológicos y estratégicos a Estados Unidos.

El resultado es un vuelco de las relaciones internacionales: regreso de la realpolitik, renuncia al multilateralismo, debilitamiento de la diplomacia, abandono de problemas globales y deterioro de las alianzas. Aunque algunas de estas tendencias comenzaron décadas atrás, la Administración Trump las ha acelerado o provocado directamente.

Estados Unidos: el tiro en el pie

Lejos de conseguir el objetivo anunciado por el movimiento MAGA, estas políticas pueden debilitar claramente la posición estadounidense. Dos factores explican este riesgo: la destrucción de su red de alianzas y la pérdida de su poder blando.

Ni siquiera el país más poderoso puede enfrentarse solo al resto del mundo. Estados Unidos construyó desde la Primera Guerra Mundial la mayor red de alianzas conocida, mediante acuerdos bilaterales e instituciones diseñadas de acuerdo con sus propios intereses. Ahora parece renunciar voluntariamente a las ventajas obtenidas.

Europa pierde su condición de principal aliado y se convierte en objeto de ataques y descalificaciones. La OTAN, la estructura de seguridad más poderosa de la historia, pierde relevancia cuando sus miembros son tratados como parásitos y se olvidan los compromisos asumidos conjuntamente.

La actuación unilateral y las colaboraciones puntuales no pueden reemplazar una red estable de aliados. La desconfianza y la lógica del juego de suma cero dejan expuestos tanto a los socios como a Estados Unidos.

Esta política puede convertirse en una profecía autocumplida: Washington se distancia de sus aliados porque no los considera confiables y, como resultado, estos dejan de responder cuando solicita su apoyo. Estados Unidos pierde así capacidades, aliados y legitimidad, precipitando su propio declive.

¿Pero importa el poder blando?

Joseph Nye definió el poder blando como el conjunto de herramientas no coercitivas que permiten a un país influir en los demás. Mientras el poder duro busca obligar mediante la fuerza militar, económica o tecnológica, el poder blando pretende convencer, persuadir y atraer.

Existen tres niveles de poder: ser el mejor jugador, establecer las reglas del juego y conseguir que los demás quieran participar y acepten el objetivo definido. Estados Unidos logró durante décadas ocupar los tres niveles.

Su dominio no se apoyó solamente en su fuerza militar y económica, sino también en la democracia liberal, el Estado de derecho, el libre mercado, el progreso material, la ciencia, la música, el cine, los negocios, la literatura y la imagen de la tierra de las oportunidades.

Ese atractivo creó ventajas concretas. Sin embargo, las formas del presidente, la política interior y las decisiones internacionales están cambiando rápidamente la imagen de Estados Unidos. La pérdida de prestigio constituye una debilidad tan real como un bajo crecimiento económico o un ejército obsoleto.

Un país no puede sostenerse exclusivamente sobre el poder blando, pero solamente la combinación inteligente del poder duro y el poder blando produce una estabilidad legítima.

¿Es este el fin del orden internacional liberal?

Occidente aplicó las reglas internacionales de manera selectiva, mantuvo una doble moral y creó estructuras pensadas para beneficiar a un grupo reducido de países. Por ello, es legítimo preguntarse quién lamentará la desaparición de un orden que nunca fue plenamente liberal ni justo para todos.

Sin embargo, es preferible contar con principios, aunque se incumplan o manipulen, que renunciar completamente a ellos. La existencia de normas obliga a los Estados a justificar sus actuaciones y establece límites, por imperfectos que sean.

Abandonar el derecho internacional y el multilateralismo significa renunciar al esfuerzo por construir un mundo más ordenado y justo. Siempre es preferible que exista un sistema que pueda ser incumplido a no contar con ningún sistema. Incluso es preferible que quien actúe mal tenga que disimularlo.

Cuando Estados Unidos rechaza estos principios, no solamente se declara libre para actuar sin justificación, sino que concede a los demás países la misma libertad. El resultado es el regreso de la ley del más fuerte.

Y ahora qué

Muchas de las transformaciones actuales proceden de procesos iniciados décadas atrás: la modificación del peso de las potencias, las consecuencias de la globalización, la crisis financiera, el desgaste del ideal liberal y la pérdida de confianza en la democracia.

Sin embargo, otras transformaciones están siendo decididas en el presente. El contexto limita las opciones, pero siempre existe un margen de decisión. La Administración Trump ha escogido unas respuestas concretas que, con otro gobierno, podrían haber sido diferentes.

Estados Unidos debía enfrentarse a nuevos rivales y adaptar las instituciones creadas bajo un equilibrio de poder ya superado. Pero eso no justifica políticas que precipitan su declive y transforman una crisis real, pero limitada, en una crisis existencial.

El país se está volviendo contra los elementos que lo hicieron fuerte: su democracia, sus instituciones, sus alianzas, su capacidad científica y su poder de atracción. Al mismo tiempo, acelera la degradación del orden internacional.

Otra forma de actuar sigue siendo posible. En el ámbito interno, Estados Unidos debe recuperar una democracia real, apoyada en una ciudadanía que crea en el sistema, y volver a valorar su poder blando. En el exterior, tendría que fortalecer sus alianzas, revisar las estructuras internacionales y corregir los errores del pasado.

El derecho internacional y el multilateralismo continúan siendo la única vía de progreso. Sus debilidades no justifican abandonarlos, sino reforzarlos.

El mundo no volverá a ser lo que era. Demasiadas cosas se han roto, pero todavía es posible recuperar el rumbo perdido. La función de la política es decidir a dónde se quiere llegar e intentarlo.

Fuente: SOTO MACEIRAS, Fernando. Donald Trump o el signo de nuestro tiempo. Documento de Opinión IEEE 82/2026 https://www.defensa.gob.es/documents/2073105/3095923/ieee-2026-donald-trump-signo-tiempo-documento-opinion-82.pdf




Reforma al impuesto del 2% (ITBI): Posibilidades de una vivienda más accesible en Panamá

impuesto vivienda

El 29 de julio de 2026, el Consejo de Gabinete aprobó la presentación ante la Asamblea Nacional de un proyecto de ley que modifica el régimen del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI), con el propósito de facilitar el acceso a la vivienda nueva, dinamizar el sector de la construcción y contribuir a la reactivación económica del país.

La iniciativa surge en un contexto en el que el mercado inmobiliario ha enfrentado importantes cambios tributarios tras la finalización de la exoneración histórica del ITBI para la primera venta de viviendas nuevas, lo que incrementó los costos asociados a la adquisición de inmuebles y generó preocupación tanto en el sector construcción como entre las familias que aspiran a adquirir una vivienda propia.

Con esta propuesta, el Ejecutivo busca restablecer parte de ese incentivo fiscal mediante un régimen preferencial que reduzca la carga tributaria sobre determinadas operaciones inmobiliarias y fortalezca uno de los sectores con mayor impacto en la economía nacional.

¿Qué propone el proyecto de Ley?

El proyecto modifica la Ley 106 de 1974, que regula el Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI), estableciendo un tratamiento preferencial para la primera venta de viviendas nuevas.

De aprobarse la iniciativa, la primera transferencia de una vivienda nueva no pagará ITBI sobre los primeros B/.120,000 de su valor, siempre que la compraventa se formalice dentro de los dos años siguientes a la expedición del permiso de ocupación.

La finalidad de la propuesta es disminuir los costos de adquisición de viviendas nuevas, especialmente para las familias de ingresos medios y bajos, facilitando el acceso a una vivienda propia sin eliminar completamente la obligación tributaria para inmuebles de mayor valor.

¿Cómo funcionará el beneficio?

El funcionamiento del beneficio es relativamente sencillo.

  • Si la vivienda tiene un valor de hasta B/.120,000, la operación estará exenta del pago del ITBI.
  • Si la vivienda tiene un valor superior a B/.120,000 y hasta B/.200,000, el impuesto no se calculará sobre el valor total del inmueble, sino únicamente sobre la parte que exceda los primeros B/.120,000.

Por ejemplo, si una vivienda cuesta B/.150,000, los primeros B/.120,000 estarán exentos y el impuesto únicamente se calculará sobre los B/.30,000 restantes, aplicando la tarifa correspondiente establecida en el proyecto de ley.

La escala propuesta es la siguiente:

En términos prácticos, el proyecto busca que el impuesto aumente gradualmente conforme aumenta el valor de la vivienda, concentrando el mayor beneficio fiscal en los inmuebles de menor precio y favoreciendo el acceso a la vivienda propia.

Un aspecto relevante: el ITBI continúa siendo responsabilidad del vendedor

Uno de los aspectos jurídicos más importantes de la propuesta no está relacionado con la exoneración, sino con la protección del comprador.

El proyecto mantiene que el ITBI continúa siendo una obligación del vendedor, tal como ocurre bajo la legislación vigente. Sin embargo, incorpora una disposición de especial relevancia al establecer que será nulo de pleno derecho cualquier acuerdo mediante el cual el vendedor pretenda trasladar, directa o indirectamente, la obligación de pagar este impuesto al comprador.

Esta modificación tiene importantes implicaciones prácticas. En algunas operaciones inmobiliarias era frecuente que ciertos costos tributarios fueran trasladados al comprador como parte de la negociación contractual. De aprobarse la reforma en los términos propuestos, no será jurídicamente válido incluir cláusulas que obliguen al comprador a asumir el ITBI cuando la ley dispone expresamente que dicha obligación corresponde al vendedor.

El beneficio no solo consiste en reducir la carga tributaria para determinadas viviendas nuevas, sino también en garantizar que ese incentivo no sea neutralizado mediante acuerdos privados que desplacen el costo del impuesto hacia quien adquiere el inmueble. Se trata de una medida que fortalece la protección del consumidor y aporta mayor seguridad jurídica a las transacciones inmobiliarias.

ITBI e impuesto sobre bienes inmuebles: dos tributos distintos

La discusión pública sobre esta iniciativa ha generado cierta confusión entre el Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) y el impuesto sobre bienes inmuebles, aunque ambos gravámenes tienen finalidades y características diferentes.

El Impuesto de ITBI grava la transferencia de la propiedad y se paga una sola vez, al momento de formalizar la compraventa del inmueble.

Por su parte, el impuesto sobre bienes inmuebles es un tributo de carácter periódico que grava la propiedad del bien mientras permanezca en el patrimonio de su titular.

Por ello, la reforma propuesta modifica exclusivamente el tratamiento del ITBI para determinadas operaciones de compraventa de viviendas nuevas, sin alterar el régimen jurídico aplicable al impuesto anual sobre bienes inmuebles.

¿Qué implica este cambio para el mercado inmobiliario?

Desde una perspectiva tributaria, la iniciativa constituye una señal positiva para uno de los sectores con mayor capacidad de generar inversión y empleo.

La reducción de los costos asociados a la compra de viviendas nuevas puede incentivar la demanda, facilitar el acceso al crédito hipotecario, favorecer la colocación del inventario existente y estimular el desarrollo de nuevos proyectos residenciales.

Asimismo, la propuesta responde a las inquietudes manifestadas por distintos actores del sector inmobiliario tras la eliminación de la exoneración histórica del ITBI, que incrementó el costo de adquisición de viviendas nuevas. Con este proyecto, el Gobierno busca restablecer un incentivo que contribuya a dinamizar nuevamente la construcción y facilite el acceso a la vivienda para miles de familias panameñas.

No obstante, la aplicación del beneficio dependerá del cumplimiento de los requisitos previstos en la futura ley, por lo que cada operación deberá analizarse individualmente para determinar si reúne las condiciones necesarias para acogerse al régimen preferencial.

Análisis RBC

Desde la perspectiva de Rivera, Bolívar y Castañedas, esta iniciativa representa paso importante en la utilización de la política tributaria como instrumento para incentivar el mercado inmobiliario y promover el acceso a la vivienda nueva.

No obstante, más allá del beneficio económico, la reforma introduce cambios con implicaciones jurídicas que deberán ser considerados cuidadosamente por compradores, promotores, desarrolladores y entidades financieras.

En particular, la disposición que declara nulo cualquier acuerdo que traslade el ITBI del vendedor al comprador podría incidir directamente en la redacción de promesas de compraventa, contratos de compraventa y demás documentos utilizados en operaciones inmobiliarias. Será recomendable revisar y adecuar estos instrumentos una vez la ley sea aprobada, a fin de garantizar su conformidad con nuevo marco normativo.

Asimismo, aspectos como la fecha del permiso de ocupación, el valor del inmueble la correcta determinación de la base imponible y el cumplimiento de los requisitos legales serán determinantes para establecer si una operación puede acogerse al beneficio previsto.

En Rivera, Bolívar y Castañedas contamos con un equipo especializado en derecho tributario e inmobiliario que asesora a promotores, inversionistas, entidades financieras y compradores en la estructuración de operaciones inmobiliarias, la aplicación de incentivos fiscales, el cumplimiento de obligaciones ante la Dirección General de Ingresos (DGI) y la revisión de contratos para garantizar seguridad jurídica y eficiencia tributaria en cada transacción.

Reflexión final

Más allá del alivio económico que representa la iniciativa, esta reforma evidencia cómo la política tributaria puede convertirse en un instrumento para impulsar objetivos sociales y económicos. La reducción de la carga fiscal en la adquisición de viviendas nuevas busca incentivar la inversión, dinamizar el sector construcción y facilitar que un mayor número de familias panameñas pueda acceder a una vivienda propia. No obstante, es importante recordar que la iniciativa aún deberá ser discutida y aprobada por la Asamblea Nacional, por lo que su texto podría experimentar modificaciones durante el trámite legislativo. Dar seguimiento a su evolución será fundamental para conocer el alcance definitivo de los beneficios y obligaciones que establecerá la futura ley.

Fuentes consultadas

Presidencia de la República de Panamá. Gabinete propone ley que exime del pago de ITBI a la venta de viviendas nuevas. Disponible en: https://www.presidencia.gob.pa/publicacion/gabinete-propone-ley-que-exime-del-pago-de-itbi-a-la-venta-de-viviendas-nuevas

La Prensa. Viviendas nuevas no pagarán impuesto sobre los primeros B/.120,000 de su valor. Disponible en: https://www.prensa.com/economia/viviendas-nuevas-no-pagaran-impuesto-a-los-bienes-inmuebles-sobre-los-primeros-120000-de-su-valor/

Telemetro. Así funcionará la exoneración del ITBI para comprar viviendas nuevas en Panamá. Disponible en: https://www.telemetro.com/nacionales/asi-funcionara-la-exoneracion-del-itbi-comprar-viviendas-nuevas-panama-n6086804/

PanamaWay. Cambios al ITBI (Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles) en Panamá. Disponible en: https://panamaway.com/cambios-itbi-impuesto-transferencia-inmuebles-panama/

https://dgi.mef.gob.pa/INM/INM



La Copa termina en la cancha; los impuestos, no

El Mundial 2026 dejó a España con el trofeo y un premio millonario, pero también reveló una parte menos visible del fútbol internacional: la tributación de federaciones, jugadores y premios que cruzan fronteras.

El 19 de julio de 2026, España derrotó a Argentina en la final celebrada en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey y se proclamó campeona mundial por segunda vez en su historia. Detrás de la celebración, las imágenes del trofeo y el reconocimiento deportivo apareció una pregunta que rara vez ocupa los titulares futbolísticos: ¿qué ocurre fiscalmente con el dinero ganado durante un torneo disputado en tres países distintos?

La pregunta no es menor. Antes del inicio del torneo, la FIFA había anunciado que la selección campeona recibiría US$50 millones, como parte de una distribución económica sin precedentes entre las asociaciones nacionales participantes. En términos jurídicos, estos recursos son distribuidos por la FIFA a las asociaciones miembro participantes, por lo que el destinatario institucional del premio no es automáticamente cada jugador de la selección.

En redes sociales y medios internacionales comenzó a circular que el Internal Revenue Service de Estados Unidos —el conocido IRS— tendría derecho a reclamar una parte del premio obtenido por España. También se afirmó que Canadá y México habían concedido exenciones fiscales relacionadas con el Mundial, mientras que Estados Unidos no habría otorgado un beneficio general equivalente.

La historia tiene una base tributaria real, pero exige varias precisiones. No puede afirmarse, sin más, que el IRS haya tomado un porcentaje determinado de los US$50 millones. Tampoco puede asumirse que la totalidad del premio constituye automáticamente renta gravable en Estados Unidos. Lo que sí existe es un conjunto de reglas que permite a los países anfitriones gravar determinados ingresos relacionados con las actividades desarrolladas dentro de su territorio.

No se trata de renta mundial, sino de renta de fuente estadounidense

La posible intervención del IRS no nace de que Estados Unidos pretenda gravar mundialmente a España, a la Federación Española o a todos sus jugadores.

El fundamento es más concreto: Estados Unidos puede gravar ingresos considerados de fuente estadounidense, es decir, aquellos que guardan relación con servicios o actividades realizadas físicamente en su territorio.

El IRS explica que los atletas extranjeros que no son residentes fiscales estadounidenses deben, por regla general, tributar en Estados Unidos sobre sus ingresos de fuente estadounidense. Esto puede incluir remuneraciones por actuaciones deportivas, contratos de patrocinio, regalías y otros ingresos estrechamente relacionados con el evento desarrollado en ese país.

En un Mundial celebrado conjuntamente en Canadá, México y Estados Unidos, la dificultad consiste en determinar qué parte del ingreso corresponde a cada territorio. No todos los partidos fueron disputados en el mismo país, ni todas las selecciones permanecieron el mismo número de días en cada jurisdicción.

La Agencia de Ingresos de Canadá reconoció expresamente esta complejidad y recomendó que los contribuyentes utilizaran un método de atribución coherente para distribuir los premios y demás compensaciones entre los tres países anfitriones, atendiendo a los hechos particulares y a las leyes internas aplicables. Esta recomendación confirma que los ingresos del torneo no deben atribuirse mecánicamente a un solo país.

El número de partidos, los días de entrenamiento, las concentraciones, las apariciones promocionales y el lugar donde se prestaron efectivamente los servicios podrían convertirse, por tanto, en elementos relevantes para calcular la renta atribuible a cada jurisdicción.

El tratado entre España y Estados Unidos sí habla de los deportistas

España y Estados Unidos mantienen un convenio para evitar la doble imposición. Contrario a lo que podría pensarse, la existencia de un tratado no significa necesariamente que los ingresos queden exentos. En muchos casos, el convenio simplemente determina cuál de los dos países puede gravarlos y cómo debe evitarse que una misma renta soporte dos impuestos completos.

El artículo 19 del convenio regula específicamente a los artistas y deportistas. La explicación técnica oficial del tratado señala que el país donde se realiza la actividad deportiva —el denominado Estado de actuación— puede gravar los ingresos correspondientes cuando los ingresos brutos superen US$10,000 durante el año fiscal.

Cuando se supera ese umbral, la facultad de imposición no se limita únicamente al exceso sobre los US$10,000: puede alcanzar la totalidad del ingreso relacionado con la actuación realizada en ese territorio.

Esto significa que, en principio, las primas, bonos u otras remuneraciones personales que reciban los jugadores por su participación en partidos celebrados en Estados Unidos podrían quedar sometidas a tributación estadounidense.

El tratado incluso contempla situaciones en las que el ingreso generado por el deportista es pagado a otra persona o entidad. Cuando el deportista conserva un interés económico en esos recursos, el Estado donde se desarrolló la actividad puede, bajo determinadas condiciones, gravar el ingreso aunque formalmente haya sido recibido por una sociedad, empresa, fideicomiso u otra persona.

Sin embargo, el convenio contiene una excepción importante: los ingresos derivados de actuaciones deportivas pueden quedar exentos en el Estado donde se celebran cuando la visita del deportista se encuentra sustancialmente financiada con fondos públicos del otro Estado o de alguna de sus subdivisiones políticas.

La aplicación de esta excepción a una selección nacional no es automática. Sería necesario examinar cómo se financió concretamente la participación, cuál fue la procedencia de los fondos y si se cumple el estándar de apoyo público sustancial previsto en el convenio. La propia explicación técnica admite que las autoridades competentes de ambos países pueden consultar entre ellas para determinar qué visitas reúnen estas condiciones.

El premio de la Federación no es lo mismo que la prima del jugador

Los US$50 millones anunciados por la FIFA corresponden al premio institucional de la asociación campeona. Otra cuestión distinta son las primas que la Federación Española pueda reconocer posteriormente a los jugadores, entrenadores o integrantes del cuerpo técnico.

El artículo del tratado dedicado a deportistas se refiere principalmente a los ingresos derivados de las actividades personales del atleta. Por ello, no puede trasladarse automáticamente esa regla al premio completo recibido por una federación nacional.

La tributación de la Federación Española requeriría determinar, entre otros elementos, la naturaleza jurídica del pago, quién es su beneficiario efectivo, si el ingreso constituye un premio, una renta empresarial o una compensación relacionada directamente con servicios prestados en Estados Unidos, así como la existencia de cualquier exención aplicable a la federación.

En consecuencia, afirmar que Estados Unidos tiene derecho, sin más, al 30% de los US$50 millones podría ser jurídicamente apresurado.

El 30% puede ser una retención, no el impuesto definitivo

La cifra del 30% que suele acompañar estas noticias proviene de las reglas estadounidenses de retención aplicables a ciertos pagos efectuados a personas extranjeras.

El IRS señala que los pagos de renta de fuente estadounidense realizados a atletas extranjeros pueden quedar sujetos a una retención del 30%, salvo que proceda una tasa inferior o una exención conforme a un tratado fiscal.

Pero una retención no siempre representa el impuesto definitivo.

Su función es asegurar anticipadamente el cobro mientras se determina la obligación fiscal real. Posteriormente, el contribuyente puede presentar una declaración, acreditar gastos permitidos, reclamar beneficios del tratado o solicitar la devolución de cantidades retenidas en exceso.

Los atletas extranjeros también pueden solicitar un Central Withholding Agreement con el IRS. Este mecanismo permite calcular la retención tomando como referencia el ingreso neto estimado y las tasas progresivas aplicables, en lugar de practicar automáticamente una retención del 30% sobre los ingresos brutos.

Por eso, incluso cuando exista una retención inicial, no sería correcto equipararla inmediatamente con el impuesto final soportado por el jugador o la entidad correspondiente.

La final también podría abrir la puerta a impuestos estatales

El análisis no necesariamente termina con el impuesto federal.

La final se disputó en Nueva Jersey, cuya administración tributaria mantiene reglas particulares para deportistas no residentes que participan en eventos celebrados dentro del estado. Nueva Jersey calcula generalmente la renta estatal de los integrantes de equipos deportivos mediante una proporción basada en los denominados duty days: días de partidos, entrenamientos, reuniones, actividades promocionales y otros servicios prestados al equipo.

La propia guía oficial de Nueva Jersey incluye como ejemplo a un deportista extranjero que viaja al estado para participar en un evento deportivo mundial. Los días dedicados al partido, prácticas y reuniones pueden considerarse días de servicio realizados en Nueva Jersey.

Esto muestra que detrás de una sola prima deportiva pueden coexistir varias capas de análisis: impuesto federal, impuesto estatal, retenciones, obligaciones de declaración y mecanismos para evitar la doble imposición.

¿Canadá y México renunciaron a cobrar impuestos?

También debe manejarse con cuidado la afirmación de que Canadá y México concedieron un waiver, mientras que Estados Unidos se negó a hacerlo.

Los países anfitriones pueden otorgar concesiones fiscales específicas para facilitar la organización de eventos internacionales. Estas medidas pueden referirse, por ejemplo, a importaciones temporales, impuestos indirectos, actividades de la FIFA, asociaciones participantes o determinadas categorías de personal.

Eso no significa necesariamente que hayan eliminado todos los impuestos para federaciones, jugadores, empleados, contratistas y patrocinadores.

En el caso canadiense, la propia autoridad tributaria publicó orientaciones sobre las posibles obligaciones fiscales de no residentes vinculados con el Mundial y sobre la atribución territorial de los premios entre Canadá, Estados Unidos y México. Por consiguiente, no sería exacto describir el sistema canadiense como una exención universal de toda renta asociada al torneo.

Respecto de cualquier supuesto beneficio concedido por México, debe identificarse el instrumento jurídico concreto, sus beneficiarios y los impuestos cubiertos antes de afirmar que existió una renuncia general. El concepto de waiver resulta sin duda atractivo en tributación, pero puede a su vez ser demasiado amplio sobre todo si a la fecha no tenemos precisiones por parte de las autoridades tributarias que podrían otorgarlo.

La doble imposición no debería significar pagar dos veces el impuesto completo

España, como país de residencia fiscal, puede mantener la potestad de gravar las rentas mundiales de sus residentes. Estados Unidos, por su parte, puede gravar la porción del ingreso atribuible a actividades desarrolladas en su territorio.

El tratado resuelve esta superposición mediante mecanismos de alivio de la doble imposición. Su artículo 24 dispone, sujeto a las limitaciones de la legislación española, que España permita acreditar contra el impuesto español el impuesto sobre la renta efectivamente pagado en Estados Unidos, hasta el límite correspondiente a la renta de fuente estadounidense.

Por tanto, la intervención de ambos países no debería traducirse automáticamente en dos impuestos íntegros sobre la misma renta. El resultado dependerá de la residencia fiscal del receptor, la naturaleza de la remuneración, el impuesto efectivamente pagado y los límites aplicables al crédito fiscal.

Lo que verdaderamente puede afirmarse

Lo que resulta cierto de toda esta situación, es que Estados Unidos posee una base jurídica para gravar determinadas rentas de fuente estadounidense generadas durante el Mundial. También es cierto que el convenio tributario con España contiene una disposición específica para deportistas, que las primas personales de los jugadores deben distinguirse del premio institucional recibido por la Federación y que una retención inicial del 30% no equivale necesariamente a la carga tributaria final.

El Mundial se juega durante noventa minutos o incluso prórrogas, pero sus efectos económicos continúan mucho después del último silbatazo. Mientras los aficionados observamos goles, tácticas y celebraciones, detrás del espectáculo trabajan abogados, contadores y asesores fiscales determinando dónde se produjo la renta, quién la recibió y qué país tiene derecho a gravarla.

Porque en el fútbol internacional el trofeo puede pertenecer a una sola selección, pero los impuestos suelen jugar en más de una cancha.




La economía panameña y los tentáculos de la corrupción

tentáculos de la corrupción

En el libro “Buena Economía para Tiempos Difíciles” sus autores y premios Nobel de Economía en 2019 Banerjee y Dulfo, describen una serie de sucesos en diversas latitudes y destacan en sus análisis cómo fueron abordados dichos aspectos permitiendo que sus lectores pudieran extraer las experiencias más propicias y replicarlas dependiendo de las circunstancias y la idiosincrasia del lugar donde se impulsen.

La Corrupción como elemento presente en los ámbitos económico, político e institucional siempre ha estado en boca de muchos y hace un buen tiempo atrás sus tentáculos está mostrando parte del modus operandi en Panamá.

La Corrupción como un Acto Aislado

¿Es la corrupción algo inherente a los Gobiernos o las empresas como entes? O es algo que aparece acorde a las circunstancias y el ser humano, dentro de sus imperfecciones, suele sacarlo a la luz.

El escepticismo que recae sobre los Gobiernos parece ser una obsesión generalizada ya que la mínima gestión gubernamental suele generar mucha suspicacia en un gran porcentaje de la sociedad civil y cuando una investigación judicial suele aparecer, el panameño de a pie suele decir que el hijo de la cocinera es quién pagará los platos rotos y los beneficiarios finales de dicha acción quedarán impunes.

Las voces mejor organizadas de la sociedad civil suelen señalar no solo los casos, sino también los mecanismos que ayudarían mitigar esas acciones con ajustes en las legislaciones respectivas y de no haberlas, proponiendo leyes que castiguen dichos actos.

Para Banerjee y Dulfo, “la idea de que lo único que hace falta para acabar con la corrupción es la voluntad de hacerlo ignora un punto clave sobre el origen de la corrupción y es nuestra habilidad para controlarla”.

Y es que, ante las necesidades de la población y el deber constitucional del Gobierno de atender las mismas, solo el Gobierno debe actuar.

Si, por el contrario, las empresas privadas bajo las figuras de Acuerdos de Participación Privada proponen soluciones para determinados casos que en principio debiera atender el Gobierno, la figura de la corrupción, para el ciudadano común, igual estará presente.

Y como dice el refrán: Palo porque boga y palo porque no boga.

La Bendita Transparencia

Según Banerjee y Dulfo, por la naturaleza del trabajo a realizar por el Gobierno, éste muchas veces impide que los mecanismos del mercado funcionen y por ende combatir la corrupción se torna en una batalla cruda y continua, aun cuando existan las mejores intenciones.

Y es aquí donde surge la Transparencia como parte de la solución, sostienen algunos.

Los iconos de transparencia creados e insertados en las plataformas digitales de todas las entidades, deben ser los depositarios de toda la información que genera la entidad respectiva, especialmente los actos públicos con sus detalles y las planillas, de modo que la ciudadanía tenga la opción de saber, al menos, quienes y en qué se gastan sus impuestos.

Las sanciones incluidas en la ley debieran ser disuasorias para quienes forman parte del proceso de mantener al día las informaciones pertinentes, pero aún así las personas a cargo dilatan o incumplen este proceso.

Por algo existe la solicitud de Habeas Data cuando una entidad, por la razón que esgrima, no muestra o entrega a tiempo determinada información solicitada por la sociedad, pero con este mecanismo también dilata el proceso de entrega.

Casos y Casos

Aún con todo este arsenal de impedimentos legales, la corrupción se las ingenia para aparecer y lucrar a costa de la sociedad y por ello, revisaremos algunos de los actos que en suelo patrio hacen noticias.

Alguno de ellos de vieja data y otros casos muy recientes, dejan al descubierto los mecanismos utilizados para lograr su cometido, a saber:

  1. FES-FIS hoy Programa de Ayuda Nacional (PAN): Compra de Comida Deshidratada.
  2. Concesión Portuaria- Lesión Patrimonial según las auditorías de la Contraloría General de la República.
  3. Lotería Nacional de Beneficencia; a- Libretas en manos de allegados y políticos; b- Chances Clandestinos cuya lesión al Estado se estima en más de B/. 200 millones anuales.

  • ODEBRETCH-Coimas por licitaciones en varios gobiernos. Este caso en otras latitudes ha llegado a la justicia por los mismos delitos.

  • Respiradores: En Pandemia se pretendió comprar estos equipos a precios más elevados de lo que ofrecía el mercado, lo que llevó a la destitución inmediata a un Viceministro.

  • Universidad de Chiriquí (UNACHI)-Nepotismo rampante y sueldos excesivos.

  • MEDUCA-Diplomas falsos de docentes. Más de 400 diplomas fraudulentos. Involucra a funcionarios del Ministerio y la investigación se extiende a las entidades que pudieran haber extendido dichos diplomas.

  • Descentralización Paralela: Más de US$300 millones en transferencias presupuestarias sin sustento claro en las Juntas Comunales.

  • Operación Pandora: Afectación digital del Sistema e-tax de la Dirección General de Ingresos (DGI) en el cual se borraron deudas y se generaron de manera fraudulenta Créditos Fiscales, derivando en detenciones de 17 personas entre funcionarios públicos, civiles, abogados y, sin obviar el destino final de dichos recursos hacia (4) bancos de la plaza comercial local que recibieron los Créditos Fiscales generados por el orden de más de US$ 40 millones, hasta ahora detectados.

Este último caso, con la aparición de bancos de nuestro centro bancario como parte de la trazabilidad de los recursos extraídos de la DGI, nos deja un mal sabor de boca ya que nuestro país, desde hace décadas, lucha contra organismos que a diario nos listan como un país que no colabora internacionalmente con una serie de normativas de conducta para perseguir delitos trascendentes y eso nos pasa factura siempre.

Este listado no deja de lado otros que escapan a mi memoria, incluso alguno que era exclusivo de la esfera privada, pero es una muestra de lo que la corrupción en la economía panameña afecta nuestra reputación como país dificultando la acogida de inversiones extranjeras y que las mismas se realicen bajo las fuerzas del mercado y no bajo la égida de la trampa.

Desde hace más de tres décadas, los ajustes a la Ley de Contrataciones Públicas se han realizado sobre el objetivo de que el proceso de compra a manos del Estado sea los más transparente posible y que los recursos adquiridos con los impuestos del pueblo sean en beneficio del propio pueblo, sin embargo, cada vez que surge una compra bajo la figura de una licitación o cualquiera de los otros mecanismos que permite la ley, la noción de la sociedad es que no se beneficia ella, pero sí algún particular o alguien del Gobierno.

Entonces, si la Ley en sí, cierra los portillos a una posible lesión patrimonial, ¿es la ley el problema o es quién la debe aplicar?

 Reflexiones

Este análisis parte del reconocimiento de que los seres humanos somos infinitamente imperfectos, pero igual tenemos la capacidad de discernir y reconocer los hechos que convencionalmente han sido señalado como buenos o malos.

La corrupción en sí no tiene conciencia de lo bueno y/o lo malo de algo. Pero las personas sí tenemos esa capacidad, por lo tanto, podemos decidir si hacemos las cosas bien o recibimos algo por debajo de la mesa y torcer un proceso que debe ser prístino.

Por lo tanto, la corrupción sale a relucir si nuestro camino, hasta el momento de darle paso a ella, ha estado marcado por seguir el buen ejemplo, a pesar de los réditos que dicho acto pudiera dejar en los bolsillos de alguien.

Lo más triste de ello, es que eventos como los listados, nos muestran al mundo como una economía que favorece la trampa y pagamos los platos rotos, incluso quienes no hemos tenido vela en esos entierros.




El “momento Cockroach” de la India: la juventud que desafió el poder de Narendra Modi

cucaracha india

Durante más de una década, Narendra Modi ha construido una imagen de autoridad política difícil de desafiar. Sin embargo, una ola de protestas encabezada por estudiantes y jóvenes indios obligó recientemente a su gobierno a retroceder, aceptar varias de las demandas del movimiento y enfrentar la renuncia del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan.

La decisión representó un hecho excepcional para un dirigente acostumbrado a mantener el control de la agenda política. Tanto Financial Times como The New York Times coinciden en que la reacción del gobierno no solo refleja la magnitud alcanzada por las manifestaciones, sino también el reconocimiento de que la juventud india se ha convertido en una fuerza política capaz de ejercer presión directa sobre el poder.

De una crisis educativa a un movimiento nacional

Las protestas comenzaron a partir de dos acontecimientos que concentraron el malestar estudiantil. El primero fue la filtración de las preguntas de una prueba nacional de ingreso a las facultades de medicina, que llevó a la cancelación del examen. El segundo fue un comentario despectivo atribuido al principal juez del país, quien comparó a los jóvenes desempleados con “cucarachas”.

La polémica del examen evidenció la enorme presión existente dentro del sistema educativo indio. Aproximadamente 2,2 millones de estudiantes se presentaron a la prueba de ingreso a medicina para competir por unas 140.000 plazas. Para muchos jóvenes y sus familias, la educación constituye una de las pocas vías disponibles para mejorar sus condiciones económicas, por lo que la filtración fue interpretada como una muestra de corrupción, incompetencia institucional y desigualdad.

El comentario sobre las “cucarachas”, por su parte, fue convertido en un símbolo de protesta. El estudiante Abhijeet Dipke creó el denominado Partido Janta de la Cucaracha, una organización de carácter satírico que, mediante publicaciones y tendencias en redes sociales, logró movilizar a decenas de miles de personas en distintas ciudades del país.

Según Financial Times, el movimiento había sido fundado apenas 37 días antes de conseguir que el gobierno aceptara sus principales exigencias. La rapidez con la que pasó de ser una iniciativa digital a convertirse en una movilización nacional mostró la capacidad organizativa de una generación profundamente conectada a través de las plataformas digitales.

El desempleo, verdadero origen del descontento

Aunque la filtración del examen fue el detonante inmediato, las manifestaciones pronto comenzaron a expresar frustraciones mucho más amplias. Entre ellas se encuentran el desempleo juvenil, la falta de puestos de trabajo bien remunerados, el deterioro de la educación pública, la burocracia ineficiente y las escasas oportunidades para los graduados.

Un estudio de la Universidad Azim Premji citado por ambos medios señala que cerca del 40 % de los graduados de entre 15 y 25 años se encuentra desempleado. Incluso entre quienes logran trabajar, solo una minoría recibe un salario fijo o cuenta con prestaciones como seguridad social.

La competencia por las oportunidades disponibles resulta extraordinariamente intensa. En 2022, alrededor de diez millones de personas compitieron por apenas 35.000 puestos en la empresa estatal Indian Railways. Estas cifras ayudan a explicar por qué un problema inicialmente relacionado con un examen terminó transformándose en una crítica más profunda contra el modelo económico y social del país.

India ha registrado tasas de crecimiento económico superiores al 6 % anual. No obstante, ese crecimiento no ha generado empleos suficientes para absorber a los millones de jóvenes que ingresan cada año al mercado laboral. Además, la desaceleración del sector tecnológico, el avance de la inteligencia artificial y las herramientas de aprendizaje automático han reducido algunas de las oportunidades que anteriormente ofrecía la industria de servicios informáticos.

El riesgo de desperdiciar una ventaja histórica

La India posee una de las poblaciones más jóvenes del mundo. La edad media del país es de aproximadamente 29 años y más del 40 % de sus habitantes —alrededor de 600 millones de personas— tiene menos de 25 años.

Esta estructura demográfica podría representar una ventaja considerable. Una población mayoritariamente joven y en edad productiva puede elevar el consumo, la productividad, la innovación y el crecimiento económico. Es lo que los especialistas denominan “dividendo demográfico”.

Sin embargo, esa oportunidad depende de que el Estado pueda ofrecer educación de calidad, formación profesional y empleos suficientes. De lo contrario, la misma población que podría impulsar el desarrollo económico puede convertirse en una fuente de frustración, conflictividad e inestabilidad política.

El desafío es especialmente relevante porque Modi ha presentado a la juventud como una pieza central de su proyecto de “Vikshit Bharat” o “India Desarrollada”. Su objetivo declarado es convertir al país en una potencia mundial próspera y bien gobernada para 2047, cuando se cumpla el centenario de la independencia.

Para muchos jóvenes que crecieron escuchando esas promesas, la ausencia de oportunidades se percibe como una traición. Algunos de los manifestantes habían votado anteriormente por Modi y confiaban en que su gobierno generaría mejores condiciones económicas. Las protestas muestran que una parte de esa generación ya no está dispuesta a esperar indefinidamente.

Represión, medios de comunicación y pérdida del temor

La respuesta inicial de las autoridades incluyó una fuerte actuación policial. En Nueva Delhi, los estudiantes fueron dispersados con gases lacrimógenos y golpeados frente al Parlamento. Las imágenes de la represión alimentaron nuevas críticas contra el gobierno y fortalecieron la percepción de que las autoridades buscaban silenciar demandas legítimas.

Los manifestantes también cuestionaron la cobertura de los principales medios de comunicación, a los que acusaron de concentrarse en los daños sufridos por la policía y en los episodios de violencia, en lugar de denunciar el trato recibido por los estudiantes pacíficos.

El descontento se expresó incluso mediante insultos y grafitis dirigidos personalmente contra Modi, algo poco habitual durante sus años en el poder. Para algunos analistas citados por Financial Times, lo más significativo no fue únicamente la protesta, sino la pérdida del miedo entre adolescentes y jóvenes que comenzaron a criticar abiertamente al primer ministro y a sus ministros.

Una concesión política con efectos aún inciertos

Tras varias semanas de movilizaciones, el gobierno aceptó las principales demandas y el ministro de Educación renunció. Las protestas fueron suspendidas temporalmente y Modi designó al empresario tecnológico Nandan Nilekani para encabezar una reforma del sistema educativo.

Los simpatizantes del partido gobernante sostienen que la concesión fue una maniobra calculada para reducir la tensión, satisfacer a los estudiantes con reclamos legítimos y aislar a los sectores que pretendían ampliar las protestas hacia una agenda política contra el gobierno.

Sin embargo, la renuncia del ministro estableció un precedente importante: demostró que la presión juvenil puede producir consecuencias políticas concretas. Algunos manifestantes consideran que la movilización sentó las bases para exigir una rendición de cuentas más amplia. Otros temen que, una vez que los estudiantes regresen a sus actividades habituales, las instituciones continúen funcionando de la misma manera.

Un desafío que va más allá de una protesta

Las manifestaciones no representan necesariamente una amenaza inmediata para la continuidad política de Modi. El primer ministro sigue siendo un estratega formidable, su partido mantiene una importante estructura electoral y las próximas elecciones generales no están previstas hasta 2029.

No obstante, las protestas han debilitado la percepción de invulnerabilidad que acompañaba al mandatario. También han demostrado que las cifras elevadas de crecimiento económico no bastan cuando no se traducen en empleos, movilidad social y mejores condiciones de vida.

El principal desafío para la India será transformar su enorme población joven en una fuerza laboral capacitada, productiva y con oportunidades reales. Si el país no logra hacerlo, el prometido dividendo demográfico podría convertirse en una fuente permanente de inestabilidad.

La reciente movilización dejó un mensaje claro: los jóvenes indios están comenzando a responsabilizar directamente a Narendra Modi por las promesas incumplidas y, después de comprobar que pueden obligar al gobierno a retroceder, podrían estar dispuestos a movilizarse nuevamente.

Fuentes:

Financial Times: Michael Stott, “Los manifestantes de la Generación Z de la India hacen añicos el aura de invencibilidad de Narendra Modi”, publicado el 26 de julio de 2026, con información adicional de Jyotsna Singh.

The New York Times: Alicia P. Q. Wittmeyer, “El momento ‘cucaracha’ de la India”, con el análisis “El problema de los jóvenes en la India”, de Anupreeta Das; publicado el 27 de julio y actualizado el 28 de julio de 2026.




Confianza del consumidor panameño cae 17 puntos durante el primer semestre de 2026

Confianza del consumidor

La confianza de los consumidores panameños registró un marcado deterioro durante los primeros seis meses de 2026, al descender de 92 puntos en enero a 75 puntos en junio, según los resultados del Índice de Confianza del Consumidor Panameño.

La medición, presentada por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, en conjunto con The Marketing Group, evidencia una caída de 17 puntos y mantiene el indicador por debajo de los 100 puntos, nivel que separa la confianza de la desconfianza entre los consumidores.

Este resultado refleja una percepción cada vez más cautelosa sobre la situación económica del país, las condiciones financieras de los hogares, las posibilidades de ahorro y la evolución del empleo.

Menores posibilidades de ahorro

Uno de los aspectos que más preocupa a los consumidores es su capacidad de ahorrar durante los próximos doce meses.

Este indicador disminuyó de 87 puntos en enero a 70 puntos en junio, lo que representa una reducción de 17 puntos. La cifra muestra que una parte importante de la población considera que tendrá pocas posibilidades de reservar dinero después de cubrir sus gastos habituales.

El debilitamiento de la capacidad de ahorro puede estar relacionado con el aumento del costo de vida, el precio de los combustibles y la incertidumbre económica, factores que obligan a las familias a destinar una mayor proporción de sus ingresos al pago de necesidades básicas.

Aumenta la preocupación por el empleo

Las expectativas relacionadas con el desempleo también mostraron un deterioro. El indicador pasó de 101 puntos en enero a 87 puntos en junio, con una caída de 14 puntos.

Aunque este componente continúa siendo el mejor evaluado dentro del índice, regresó a la zona de desconfianza, lo que refleja una percepción menos favorable sobre el comportamiento del mercado laboral durante los próximos meses.

Al ser consultados sobre la posibilidad de conseguir empleo en los próximos seis meses, el 22 % de los participantes consideró que era muy probable, mientras que el 21 % señaló que era bastante probable.

En contraste, el 16 % manifestó que era poco probable encontrar trabajo y el 26 % consideró que no lograría conseguirlo. El 15 % restante no expresó una opinión definida.

Estos resultados demuestran que, aunque existe un grupo de consumidores que mantiene expectativas positivas, una proporción importante de la población percibe dificultades para acceder a nuevas oportunidades laborales.

Las familias mantienen una visión cautelosa

La percepción sobre la situación económica de los hogares disminuyó de 96 puntos en enero a 79 puntos en junio, lo que representa una reducción de 17 puntos.

Este resultado indica que las familias panameñas mantienen una actitud prudente respecto de sus ingresos, gastos y estabilidad financiera para los próximos doce meses.

Cuando los hogares sienten incertidumbre sobre sus finanzas, suelen reducir los gastos no esenciales, aplazar compras importantes y evitar asumir nuevas obligaciones económicas.

Esta cautela puede influir directamente en el consumo interno y, en consecuencia, en la actividad de los comercios y empresas que dependen de la demanda de bienes y servicios.

Mayor pesimismo sobre la economía nacional

El componente que registró la caída más pronunciada fue el relacionado con la situación económica general del país.

El indicador descendió de 84 puntos en enero a 63 puntos en junio, lo que representa una reducción de 21 puntos.

La cifra refleja un elevado nivel de pesimismo sobre el rumbo de la economía panameña y sobre las posibilidades de que las condiciones económicas mejoren en el corto plazo.

Este resultado puede estar asociado con las preocupaciones sobre el costo de vida, la estabilidad del empleo, el precio de los combustibles y los efectos de factores económicos nacionales e internacionales.

Los cuatro indicadores se encuentran en desconfianza

Los cuatro componentes evaluados —situación económica del hogar, situación económica del país, capacidad de ahorro y expectativas sobre el desempleo— se ubicaron por debajo de los 100 puntos.

En términos generales, el estudio muestra que los consumidores panameños están menos optimistas que a comienzos de 2026 y que observan con preocupación la evolución de la economía.

María Alejandra Cuéllar, CEO y gerente general de The Marketing Group, explicó que el incremento del precio de los combustibles y la incertidumbre generada por factores internos y externos han influido en el comportamiento del índice.

La disminución de la confianza podría llevar a los consumidores a ser más cuidadosos con sus gastos, reducir las compras no prioritarias y postergar decisiones de consumo durante los próximos meses.

La confianza del consumidor es un indicador relevante para conocer el estado de ánimo de la población frente a la economía. Cuando las personas confían en la estabilidad de sus ingresos y en las perspectivas del país, suelen estar más dispuestas a consumir, invertir o adquirir compromisos financieros.

Por el contrario, cuando aumenta la incertidumbre, los hogares tienden a ahorrar cuando pueden, limitar sus gastos y actuar con mayor prudencia.

La caída de 17 puntos registrada durante el primer semestre de 2026 constituye, por tanto, una señal de alerta sobre la percepción económica de los panameños y sobre el posible comportamiento del consumo durante el resto del año.

Fuente: Economía Panamá, con información del Índice de Confianza del Consumidor Panameño elaborado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y The Marketing Group.




Panamá 2026-2030: los motores de la recuperación

resiliencia económica

Parte II: Sector externo, banca, consumo, vivienda y la ruta de inversión hacia 2030

En la primera entrega de esta serie examinamos una economía que crece, pero que continúa expuesta a fuertes presiones internacionales y a importantes desequilibrios internos. El aumento del petróleo, la inflación concentrada en transporte y alimentos, la debilidad de la inversión y una tasa de desempleo de 10.4 % muestran que el crecimiento de Panamá todavía no se traduce de manera uniforme en bienestar y oportunidades.

Esta segunda entrega retoma ese diagnóstico para analizar la otra cara del panorama: los sectores que mantienen en movimiento la economía panameña y los proyectos que podrían transformar su estructura productiva durante los próximos años.

El Canal de Panamá, la Zona Libre de Colón, las exportaciones, el Aeropuerto Internacional de Tocumen y el sistema bancario continúan ofreciendo señales de solidez. Al mismo tiempo, el consumo se vuelve más cauteloso, el mercado inmobiliario muestra dos realidades distintas y el país apuesta por megaproyectos logísticos, hídricos, energéticos y de movilidad para sostener el crecimiento hacia 2030.

El Canal mantiene su papel como motor económico

El Canal de Panamá presentó resultados favorables durante los primeros meses de 2026. Los ingresos acumulados por peajes aumentaron aproximadamente 8.9 %, mientras los peajes de mayo crecieron 18.6 %.

Las toneladas netas se incrementaron 16.2 % y el volumen de carga aumentó 25.4 %.

Estos resultados reflejan una recuperación del tránsito y una mayor movilización de carga, reafirmando la importancia del Canal dentro de la economía nacional.

El desempeño canalero tiene efectos que se extienden a los servicios marítimos, la logística, el transporte terrestre, los puertos, las actividades comerciales y las finanzas públicas.

Zona Libre de Colón y actividad portuaria

La carga portuaria creció aproximadamente 1.2 %, mientras el movimiento de contenedores aumentó cerca de 0.6 %.

La Zona Libre de Colón mostró un desempeño más dinámico. Su actividad comercial creció 11.5 % y las reexportaciones aumentaron 22.6 %.

Los productos con mayor participación fueron los químicos, la maquinaria, los equipos electrónicos y los textiles.

El resultado confirma que la plataforma logística y comercial continúa siendo una de las principales ventajas competitivas del país. No obstante, el reto es ampliar su capacidad, modernizar su infraestructura e integrar mejor a las empresas nacionales dentro de las cadenas de suministro internacionales.

Exportaciones en crecimiento

Las exportaciones panameñas alcanzaron aproximadamente B/.581.9 millones, con un incremento cercano a 31 %.

Entre los principales productos exportados se encuentran los camarones, el banano, la harina y el aceite de pescado, el azúcar, los medicamentos, el café, la madera y otros productos agroindustriales.

Estados Unidos concentró aproximadamente 18.7 % de las exportaciones. También fueron relevantes Taiwán, la Zona Libre de Colón, India, Costa Rica y los Países Bajos.

Cerca de 64.7 % del comercio se movilizó por vía marítima, lo que confirma la relevancia de la conectividad portuaria y del posicionamiento geográfico panameño.

Tocumen y la conectividad internacional

El Aeropuerto Internacional de Tocumen registró aproximadamente 7.6 millones de pasajeros, un aumento de 15 % respecto del período anterior.

El movimiento de aeronaves creció 12 %, hasta alcanzar 59,351 operaciones, mientras la carga aérea aumentó 10 %, llegando a unas 84,532 toneladas.

Del total de pasajeros, 71 % se encontraba en transferencia, 15 % correspondía a desembarques y 14 % a embarques.

Tocumen mantenía conexiones con 91 destinos internacionales y uno doméstico. Su desempeño fortalece el turismo, el comercio, los servicios y la posición de Panamá como centro regional de conexiones.

Un sistema bancario sólido, pero con poco impulso al crédito productivo interno

El sistema bancario mantiene elevados niveles de liquidez, capitalización y solvencia.

La cartera crediticia neta creció 3.74 %, los activos líquidos netos aumentaron 12.41 %, las inversiones en valores avanzaron 14.14 % y los depósitos crecieron 7.43 %.

La mayor parte del aumento de los depósitos provino de clientes particulares y privados, lo que fortalece la estabilidad estructural del sistema.

Sin embargo, existe una diferencia importante entre el crédito externo y el interno. La cartera externa aumentó aproximadamente 9.71 %, mientras la interna creció apenas 0.34 %.

En el mercado local, los bancos incrementaron los créditos para consumo personal, hipotecas y comercio. En cambio, redujeron el financiamiento destinado a la industria, la construcción y las actividades financieras.

El sistema conserva recursos y liquidez, pero una proporción limitada se canaliza hacia la inversión productiva interna.

Los indicadores bancarios continúan siendo positivos:

  • Liquidez aproximada de 56.58 %, frente a un mínimo legal de 30 %.
  • Adecuación de capital de 16.04 %.
  • Morosidad cercana a 1.47 %.
  • Cobertura de cartera de aproximadamente 134.47 %.
  • Retorno sobre patrimonio de 15.09 %.
  • Margen neto de intermediación de 2.58 %.

La utilidad neta disminuyó alrededor de 3.4 %, principalmente por el aumento de provisiones y gastos de saneamiento. A pesar de ello, el sistema se mantiene solvente, líquido y rentable.

Un consumidor más prudente

Las ventas generales disminuyeron aproximadamente 1.8 % y el volumen vendido cayó 2.1 %. Al mismo tiempo, el número de compradores aumentó cerca de 0.7 %.

Esto significa que más personas están comprando, pero adquieren cantidades menores.

Los supermercados perdieron participación, mientras los minisúperes y las tiendas de conveniencia crecieron. El consumidor favorece establecimientos cercanos, compras pequeñas y operaciones que le permiten controlar mejor su presupuesto.

El nuevo comportamiento se caracteriza por:

  • Mayor comparación de precios.
  • Compras más frecuentes, pero de menor valor.
  • Sustitución de marcas.
  • Preferencia por productos básicos.
  • Reducción de compras discrecionales.
  • Mayor sensibilidad a promociones y descuentos.

El consumo no se ha detenido, pero se ha vuelto más selectivo.

El mercado inmobiliario presenta dos realidades

Durante el primer semestre de 2026 se vendieron aproximadamente 3,648 unidades, por cerca de US$487 millones.

Las unidades comercializadas disminuyeron alrededor de 13 %, pero el capital movilizado aumentó aproximadamente 20 %. En otras palabras, se vendieron menos propiedades, aunque las operaciones fueron de mayor valor.

En la vivienda subsidiada, las unidades vendidas disminuyeron 21 %, el valor de las operaciones cayó en la misma proporción y el inventario disponible se redujo 19 %.

El segmento enfrenta una disminución significativa de proyectos y unidades, lo que puede limitar el acceso a vivienda para los sectores de menores ingresos.

En la vivienda no subsidiada, las unidades vendidas disminuyeron aproximadamente 6 %, pero el valor de las operaciones aumentó 20 %. El inventario disponible se redujo alrededor de 7 %.

La vivienda subsidiada presenta una rotación aproximada de 20.7 meses, frente a 27.6 meses en la vivienda no subsidiada. La primera se vende más rápido, pero dispone de una oferta más reducida.

El documento identifica dos modelos de negocio inmobiliario. El primero se basa en unidades pequeñas, menor valor individual y mayor velocidad de venta. El segundo se concentra en proyectos de mayor valor, con una rotación más lenta, pero ingresos superiores por cada operación.

Megaproyectos para sostener el crecimiento

La estrategia de crecimiento hacia 2030 descansa sobre dos pilares: los megaproyectos de la Autoridad del Canal de Panamá y la expansión de la infraestructura pública mediante inversión estatal y asociaciones público-privadas.

Entre los principales proyectos se encuentran:

  • Gasoducto transoceánico, con una inversión aproximada de US$8,000 millones.
  • Puertos de Corozal y Telfers, con alrededor de US$2,000 millones.
  • Reservorio de Río Indio, con una inversión entre US$1,500 y US$1,600 millones.
  • Corredor logístico, con una inversión aproximada de B/.1,782 millones.

Estas iniciativas buscan fortalecer la posición logística, energética e hídrica del país.

Río Indio: infraestructura y compensación social

El proyecto del reservorio de Río Indio no se limita a una obra de infraestructura. También implica un proceso social relacionado con la reubicación y compensación de las comunidades afectadas.

El nivel de confianza de las comunidades aumentó de aproximadamente 26 % en mayo de 2025 a 70 % en febrero de 2026, después de nueve meses de reuniones y más de doscientos encuentros comunitarios e individuales.

El marco de compensación contempla viviendas, terrenos, actividades económicas, condiciones sociales y culturales, infraestructura comunitaria, salud y educación.

El objetivo es que la reubicación no se reduzca a un traslado físico, sino que preserve las condiciones de vida, las relaciones comunitarias y las fuentes de ingreso.

Movilidad, salud, agua y saneamiento

Dentro de los principales proyectos de movilidad se encuentran:

  • Línea 3 del Metro, con un avance aproximado de 87 %.
  • Cuarto puente sobre el Canal, con un avance cercano a 38 %.
  • Ampliación de la Línea 1.
  • Teleférico de San Miguelito.
  • Línea 2A.
  • Tren Panamá-David.

La estrategia también incluye hospitales, policlínicas, centros oncológicos regionales, telemedicina, recetas electrónicas y automatización de farmacias.

En materia de agua y saneamiento se proponen nuevas plantas potabilizadoras, ampliación de redes de distribución, reparación de fugas y modernización de sistemas.

Empleo privado e inversión

La meta planteada es generar aproximadamente 80,000 empleos privados, principalmente en tecnología, agroindustria, turismo, construcción, logística y pequeñas y medianas empresas.

También se propone movilizar cerca de US$1,000 millones mediante organismos como BID Invest y aproximadamente US$250 millones para ampliar la capacidad logística de la Zona Libre de Colón.

La proyección económica se divide en tres etapas:

  • 2025-2026: período de transición, con crecimiento entre 4.1 % y 4.4 %.
  • 2027: inicio de la ejecución de megaproyectos.
  • 2028-2030: etapa de consolidación, con crecimiento entre 4.1 % y 4.7 %.

El objetivo sería movilizar aproximadamente US$15,000 millones y fortalecer la resiliencia logística, energética e hídrica del país.

La ruta hacia 2030

Panamá cuenta con ventajas importantes: el Canal, una plataforma logística internacional, conectividad aérea, un sistema bancario estable y capacidad para atraer inversiones.

Sin embargo, los megaproyectos no producirán automáticamente un desarrollo inclusivo. Su impacto dependerá de la capacidad para generar empleos formales, incorporar proveedores nacionales, formar trabajadores, proteger a las comunidades afectadas y mantener la sostenibilidad fiscal.

La ruta hacia 2030 exige diversificar la matriz energética, fortalecer la capacitación laboral, impulsar la formalización, preservar la inversión pública productiva y gestionar activamente la deuda.

La economía panameña ha demostrado capacidad para resistir choques externos y recuperar sus principales motores. El desafío de los próximos años será convertir esa resiliencia en transformación: pasar de una economía que crece a una economía que distribuye mejor las oportunidades, eleva la productividad y construye bases más sólidas para su futuro.

Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Indicadores y Escenarios Económicos 2026-2030.




La Admisión de la Prueba Pericial Técnica en el Procedimiento Tributario

prueba tecnica

Magistrada: Yaribeth González Ramírez

En este caso se analiza si la Dirección General de Ingresos (DGI) actuó correctamente al negar una prueba pericial técnica solicitada por un contribuyente dentro de un recurso de reconsideración presentado contra una liquidación adicional de tributos. Ante esta situación, correspondía al Tribunal Administrativo Tributario determinar si la negativa de la DGI era válida o si, por el contrario, debía ordenarse la práctica de la prueba para garantizar una adecuada valoración de los hechos y el derecho de defensa del contribuyente.

El contribuyente, por medio de sus apoderados legales, interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución n.° 201-8992 de 7 de noviembre de 2025, emitida por la Dirección General de Ingresos (DGI), mediante la cual se practicó una liquidación adicional correspondiente a los períodos fiscales 2022, 2023 y 2024. La liquidación comprendía ajustes por concepto de impuesto sobre la renta e impuesto complementario, así como los respectivos recargos, por un monto total de QUINCE MILLONES CIENTO NOVENTA MIL CIENTO NOVENTA Y UN BALBOAS CON 53/100 (B/.15,190,191.53).

En el recurso de reconsideración, los apoderados legales del contribuyente aportaron pruebas documentales y solicitaron la práctica de dos pruebas periciales: una contable-tributaria y otra técnica, a cargo de un ingeniero, esta última para realizarse en el domicilio fiscal del contribuyente. La prueba pericial técnica tenía como finalidad que los peritos respondieran un cuestionario relacionado con los hechos controvertidos, sin perjuicio de las preguntas adicionales que pudieran formularse durante la etapa procesal correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el Código Judicial.

Ante la negativa de la Dirección General de Ingresos de practicar la prueba pericial técnica solicitada, los apoderados judiciales del contribuyente interpusieron recurso de apelación contra la Resolución de Prueba n.° 203-0014 de 30 de enero de 2026 ante el Tribunal Administrativo Tributario. En sustento de su recurso, alegaron que el procedimiento de fiscalización, iniciado el 18 de febrero de 2025, se desarrolló con una celeridad inusual en comparación con los tiempos y prácticas habituales de la Administración Tributaria, circunstancia que, a su juicio, justificaba la necesidad de practicar la prueba pericial para el adecuado ejercicio de su derecho de defensa.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Cumplidas las etapas procesales, el Tribunal Administrativo Tributario entró a resolver el fondo de la controversia, centrada en determinar si fue ajustada a derecho la decisión de la Dirección General de Ingresos de rechazar la prueba pericial técnica solicitada por el contribuyente. La Administración Tributaria fundamentó su negativa en que no se aportó documentación que acreditara la idoneidad, experiencia ni la especialidad profesional del ingeniero propuesto, elementos que consideró indispensables para establecer la pertinencia de la prueba en relación con el objeto del proceso.

El Tribunal destacó que el artículo 107 del Código de Procedimiento Tributario consagra el principio de la carga de la prueba, conforme al cual corresponde al obligado tributario acreditar los hechos que sustentan los derechos o pretensiones que hace valer ante la Administración Tributaria. En ese sentido, precisó que las alegaciones del contribuyente deben estar respaldadas por pruebas idóneas y suficientes.

Asimismo, advirtió que la Dirección General de Ingresos fundamentó el rechazo de la prueba pericial contable en el artículo 117 del Código de Procedimiento Tributario; sin embargo, respecto de la prueba pericial técnica sustentó su decisión en los artículos 520 y 521 del Código Procesal Civil,

Artículo 520. Procedencia. La prueba pericial será procedente para conocer, verificar y evaluar hechos que interesen en el proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos que no pertenecen a la experiencia ni formación jurídica y especial exigida al juez. No serán admisibles los dictámenes periciales que versen sobre aspectos jurídicos, salvo los supuestos del derecho extranjero y de la costumbre extranjera”.

Artículo 521. Formalidades de la prueba pericial. Cada parte podrá designar un perito de la especialidad de que trate el proceso. Las partes podrán solicitar al juez, de manera expresa, que nombre al perito, caso en el cual se entiende que renuncian a su derecho a designarlo.

 Frente a ello, el Tribunal señaló que la prueba pericial se encuentra regulada expresamente en el artículo 117 del Código de Procedimiento Tributario y que solo ante la existencia de un vacío normativo procede acudir a la legislación supletoria, conforme al artículo 26 del citado Código.

Artículo 117. Peritajes. En los procedimientos tributarios podrán practicarse experticias para la comprobación o apreciación de hechos que exijan conocimientos especiales. A tal efecto, deberá indicarse los hechos y elementos que abarcará la experticia y el estudio técnico a realizar.

 La Administración Tributaria y el obligado tributario o contribuyente procederán a designar a un experto, indicando su nombre y apellido, cédula de identidad, profesión, lugar de su notificación, objeto y límites de la experticia, el cual puede ser sustituido solo una vez, antes de la toma de posesión como perito

designado en el proceso.

El experto o los expertos designados, según sea el caso, deberán manifestar en forma escrita la aceptación, su condición de independencia profesional y prestar juramento de cumplir cabalmente con las tareas asumidas.

En este orden de ideas el Tribunal observó que la Dirección General de Ingresos justificó el rechazo de la prueba pericial técnica señalando que el contribuyente no acreditó la idoneidad, experiencia ni la especialidad del ingeniero propuesto, ni su relación con el objeto del proceso. No obstante, destacó que, de conformidad con el artículo 183 del Código de Procedimiento Tributario, toda resolución administrativa debe estar debidamente motivada y fundamentada en los preceptos legales aplicables, requisito indispensable para garantizar su validez y el derecho de defensa del administrado.

En cuanto al derecho a la prueba, el Tribunal Administrativo Tributario señaló que la Corte Suprema de Justicia ha sostenido de manera reiterada que este constituye una garantía esencial del derecho de defensa y del debido proceso. Asimismo, indicó que la inadmisión de una prueba solo es procedente cuando se fundamenta en una resolución debidamente motivada, en la que se expongan de forma clara las razones de hecho y de derecho que justifican dicha decisión.

El Tribunal concluyó que la prueba pericial técnica era admisible, al considerar que no constituía un medio probatorio ilícito y que resultaba pertinente, conducente e idóneo para esclarecer los hechos controvertidos. En particular, estimó que dicha prueba era necesaria para determinar si la actividad de arrendamiento se encontraba comprendida dentro del Contrato-Ley, especialmente porque la Dirección General de Ingresos no cuenta con peritos especializados en ingeniería para emitir un criterio técnico sobre la naturaleza de las operaciones objeto de análisis.

PARTE RESOLUTIVA

El Tribunal Administrativo Tributario MODIFICO el punto quinto de la Resolución de Prueba n.° 203-0014 de 30 de enero de 2026, emitida por la Dirección General de Ingresos, y admitió la práctica de la prueba pericial técnica (ingeniería) solicitada por el contribuyente, al considerar que constituía un medio probatorio pertinente, conducente e idóneo para esclarecer los hechos objeto de la controversia.

Asimismo, ordenóa la Dirección General de Ingresos realizar las actuaciones necesarias para la designación y aceptación del perito, la recepción del juramento, la toma de posesión y la fijación de los plazos para la presentación del dictamen pericial, de conformidad con el artículo 117 del Código de Procedimiento Tributario.

OPINIÓN

Considero oportuna la decisión del Tribunal Administrativo Tributario sobre este fallo, ya q el mismo reconoce el valor de la prueba pericial técnica como un instrumento idóneo para el esclarecimiento de cuestiones que requieren conocimientos especializados, especialmente cuando estos exceden la capacidad técnica de la propia Administración Tributaria. De esta manera, la decisión contribuye a garantizar que las controversias tributarias se resuelvan sobre la base de una valoración integral y objetiva de los hechos, reforzando los principios de contradicción, igualdad procesal y debido proceso.




Panamá 2026-2030: entre la resiliencia económica y el desafío de transformar el crecimiento

resiliencia económica

Panamá llega a la segunda mitad de 2026 con una economía que continúa creciendo, pero también con señales que invitan a mirar más allá de las cifras generales. El país mantiene una expansión cercana al 4.8 %, impulsada por el Canal, la logística, el comercio, el turismo y la construcción. Sin embargo, detrás de ese desempeño conviven realidades menos favorables: una inversión privada debilitada, una tasa de desempleo de 10.4 %, altos niveles de informalidad y unas finanzas públicas obligadas a reducir el déficit sin comprometer los proyectos que podrían sostener el crecimiento futuro.

El informe Indicadores y Escenarios Económicos 2026-2030, elaborado por el Centro de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, presenta precisamente esa imagen: la de una economía resiliente, pero todavía expuesta a riesgos externos y a importantes desequilibrios internos.

Un conflicto lejano que llegó al bolsillo panameño

Para comprender la situación económica de Panamá en 2026, es necesario comenzar fuera de sus fronteras.

El estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo, se convirtió en el centro de las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Por este paso marítimo circula aproximadamente una quinta parte del petróleo y de los combustibles comercializados internacionalmente, de modo que cualquier amenaza sobre la navegación repercute inmediatamente en los mercados.

El entendimiento impulsado por el presidente Donald Trump permitió reducir temporalmente las hostilidades, pero no resolvió todas las incertidumbres. El acuerdo fue presentado como preliminar y ambiguo, especialmente porque no establecía con claridad si el paso seguro se garantizaba a todas las embarcaciones o solamente a aquellas que Irán considerara amistosas. Tampoco definía de forma definitiva las tarifas, impuestos o peajes que podrían cobrarse después del período inicial de sesenta días.

La tensión afectó directamente al mercado petrolero. El precio del crudo WTI pasó de aproximadamente US$58 por barril en diciembre de 2025 a US$102 en mayo de 2026. Después del acuerdo preliminar, descendió a cerca de US$86 en junio, ante la expectativa de que Irán reanudara parcialmente sus exportaciones, se flexibilizaran ciertas sanciones y se recuperara el tránsito por Ormuz.

El alivio, sin embargo, no podía considerarse definitivo. Una interrupción de las negociaciones podía elevar nuevamente el precio del petróleo y devolver la volatilidad a los mercados.

Para Panamá, este riesgo no es abstracto. El país no produce petróleo y depende de combustibles importados. Por ello, los aumentos internacionales terminan trasladándose a los precios internos, generalmente con un rezago aproximado de un mes.

Entre mayo de 2025 y mayo de 2026, la gasolina de 91 octanos pasó de B/.0.85 a B/.1.23 por litro, un aumento de 44.7 %. La gasolina de 95 octanos se incrementó 46.7 %, mientras que el diésel aumentó 69.7 %, al pasar de B/.0.76 a B/.1.29 por litro.

El mayor impacto se produjo en el diésel, combustible utilizado por el transporte colectivo, la distribución de mercancías, la maquinaria, la logística y múltiples actividades productivas. Su encarecimiento no afecta únicamente al conductor: también se incorpora a los costos de movilización, producción y comercialización de los bienes que consumimos diariamente.

Para contener este efecto, el Estado estableció precios máximos subsidiados. La medida representó un ahorro aproximado de B/.0.35 por litro en la gasolina de 91 octanos, B/.0.32 en la de 95 y B/.0.39 en el diésel. La intervención alivió parcialmente la presión sobre los consumidores, pero añadió una nueva carga para las finanzas públicas.

Una inflación moderada, pero muy concentrada

La inflación acumulada hasta mayo de 2026 fue de 0.8 %. A primera vista, la cifra podría parecer baja. Sin embargo, el dato general oculta una fuerte concentración en categorías esenciales.

El transporte aumentó 4.1 % y se convirtió en el principal responsable de la inflación. Junto con los alimentos, explicó aproximadamente 96.4 % de la presión inflacionaria positiva.

La conclusión es importante: Panamá no enfrenta una inflación generalizada provocada por un exceso de consumo. La presión proviene principalmente de un choque externo relacionado con el petróleo y con su transmisión hacia el transporte y la distribución de productos.

La economía crece, pero de forma desigual

Durante el primer trimestre de 2026, la economía panameña creció aproximadamente 4.8 %. El Índice Mensual de Actividad Económica registró una variación similar en abril, confirmando que la expansión se mantenía.

Los sectores con mejor desempeño fueron los impuestos netos, con un crecimiento de 12.2 %; transporte y logística, con 8.2 %; construcción, con 6.5 %; comercio, con 6.4 %; minas y canteras, con 5.7 %; y hoteles y restaurantes, con 4.9 %.

También mostraron resultados positivos la enseñanza, las actividades inmobiliarias, los servicios profesionales y la manufactura.

El panorama, sin embargo, no fue uniforme. La intermediación financiera apenas creció 0.6 %, mientras el sector agropecuario se contrajo aproximadamente 4.3 %.

Dentro del agro se observaron comportamientos distintos. Aumentaron la producción de sandía, piña, arroz y el sacrificio de cerdos y aves. También mejoró la elaboración de algunas bebidas alcohólicas. En contraste, las exportaciones de banano, la producción de lácteos, el pescado fresco y los camarones registraron retrocesos importantes.

La gran paradoja: el consumo avanza y la inversión retrocede

Uno de los mensajes centrales del informe es la diferencia entre el comportamiento del consumo y el de la inversión.

Los indicadores de consumo mostraron resultados positivos. La recaudación del ITBMS aumentó 14.5 %, los préstamos de consumo crecieron 17.9 % y la venta de automóviles nuevos avanzó 14 %.

Al mismo tiempo, los indicadores relacionados con la inversión registraron fuertes caídas. Los préstamos para construcción disminuyeron 25.3 %, los créditos hipotecarios retrocedieron 23.5 % y la producción de cemento cayó 25.9 %.

Esto significa que la economía está siendo sostenida por el consumo, el turismo, la logística y determinadas obras públicas, mientras la inversión privada no avanza al mismo ritmo.

El consumo mantiene la actividad en el presente, pero la inversión es la que construye la capacidad productiva del futuro. Sin nuevos proyectos, infraestructura, empresas y empleos, el crecimiento corre el riesgo de perder fuerza.

El esfuerzo fiscal y sus costos

El déficit del Sector Público No Financiero se redujo de aproximadamente 2.46 % del PIB en mayo de 2025 a 1.82 % en mayo de 2026. La mejora fue cercana a B/.498.9 millones.

El resultado se explica por una mayor recaudación tributaria, el crecimiento de los ingresos de la Caja de Seguro Social, ingresos extraordinarios de capital y la reducción de determinados gastos.

No obstante, una parte importante del ajuste se produjo mediante la disminución del gasto de capital. La inversión pública pasó de aproximadamente B/.1,578.6 millones a B/.1,404.3 millones.

La reducción del déficit fortalece la posición fiscal del Estado, pero puede debilitar la economía cuando se logra sacrificando proyectos de infraestructura, obras públicas y programas que generan empleo.

La deuda pública se situó alrededor de B/.61,872 millones. Sus principales fuentes de financiamiento son los bonos internacionales, los organismos multilaterales, los préstamos bancarios directos y otros instrumentos financieros.

El informe identifica tres riesgos: la concentración de vencimientos y el elevado endeudamiento; el aumento de los gastos de funcionamiento y los servicios personales; y la debilidad de la inversión pública y privada.

El empleo sigue siendo la principal deuda

El crecimiento económico todavía no se traduce plenamente en oportunidades laborales.

Panamá registra aproximadamente 1,968,748 personas ocupadas, una participación económica de 64 % y una tasa de desempleo de 10.4 %, equivalente a cerca de 227,302 personas.

A ello se suma una población informal próxima a 784,990 trabajadores. En la práctica, una parte considerable de las personas ocupadas permanece fuera de estructuras laborales estables y con acceso limitado a seguridad social y prestaciones.

La población económicamente activa aumentó en cerca de 45,469 personas. De ellas, aproximadamente 27,547 encontraron empleo y 17,922 quedaron desempleadas.

La economía crea puestos, pero no en cantidad suficiente para absorber a todas las personas que se incorporan al mercado laboral.

La situación es especialmente difícil para los jóvenes entre 20 y 24 años, cuya tasa de desempleo alcanza aproximadamente 28.4 %. La falta de experiencia, las exigencias de especialización y la desconexión entre la formación académica y las necesidades empresariales levantan un verdadero muro de entrada.

La empresa privada generó aproximadamente 23,725 empleos adicionales, pero el aumento de la contratación se concentró principalmente en contratos por obra determinada y contratos definidos. Los contratos indefinidos crecieron en una proporción menor.

Las empresas buscan flexibilidad frente a la incertidumbre; los trabajadores buscan estabilidad. Esa diferencia representa uno de los principales desajustes estructurales del mercado laboral panameño.

Los motores que sostienen la economía

A pesar de estas dificultades, varios sectores continúan mostrando resultados favorables.

El Canal de Panamá registró un aumento aproximado de 8.9 % en sus ingresos acumulados por peajes. En mayo, los peajes crecieron 18.6 %, las toneladas netas aumentaron 16.2 % y el volumen de carga se incrementó 25.4 %.

La Zona Libre de Colón también mostró dinamismo. Su actividad comercial creció 11.5 % y las reexportaciones aumentaron 22.6 %, impulsadas por productos químicos, maquinaria, electrónica y textiles.

Las exportaciones panameñas alcanzaron aproximadamente B/.581.9 millones, con un crecimiento cercano a 31 %. Entre los principales productos se encontraban camarones, banano, harina y aceite de pescado, azúcar, medicamentos, café, madera y productos agroindustriales.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen registró 7.6 millones de pasajeros, un aumento de 15 %. El movimiento de aeronaves creció 12 % y la carga aérea aumentó 10 %. Del total de pasajeros, 71 % se encontraba en transferencia, confirmando el papel de Tocumen como centro regional de conexiones.

Un sistema bancario sólido, pero poco orientado a la inversión productiva local

El sistema bancario mantiene una posición estable. La cartera crediticia neta creció 3.74 %, los activos líquidos netos aumentaron 12.41 %, las inversiones en valores avanzaron 14.14 % y los depósitos crecieron 7.43 %.

La liquidez del sistema se situó alrededor de 56.58 %, frente a un mínimo legal de 30 %. La adecuación de capital alcanzó 16.04 %, la morosidad se mantuvo cerca de 1.47 % y la cobertura de cartera llegó aproximadamente a 134.47 %.

Sin embargo, existe una diferencia importante entre el crédito externo y el interno. La cartera externa aumentó 9.71 %, mientras la interna creció apenas 0.34 %.

En el mercado local, los bancos incrementaron los créditos para consumo personal, hipotecas y comercio, pero redujeron el financiamiento destinado a industria, construcción y actividades financieras.

La banca posee liquidez y solvencia, pero una proporción limitada de sus recursos se canaliza hacia la inversión productiva nacional.

Un consumidor más cuidadoso

Las ventas generales disminuyeron aproximadamente 1.8 % y el volumen vendido cayó 2.1 %. Al mismo tiempo, el número de compradores aumentó cerca de 0.7 %.

La combinación revela un cambio en el comportamiento: más personas realizan compras, pero adquieren cantidades menores.

El consumidor compara precios, sustituye marcas, favorece los productos básicos, reduce las compras discrecionales y presta mayor atención a las promociones. También ha aumentado la preferencia por minisúperes y tiendas de conveniencia, donde puede realizar compras pequeñas y cercanas.

El consumo no se ha detenido, pero se ha vuelto más selectivo y condicionado por el presupuesto disponible.

Vivienda: menos unidades, pero operaciones de mayor valor

Durante el primer semestre de 2026 se comercializaron aproximadamente 3,648 viviendas, por cerca de US$487 millones.

Las unidades vendidas disminuyeron alrededor de 13 %, pero el capital movilizado aumentó aproximadamente 20 %. En otras palabras, se vendieron menos propiedades, aunque las operaciones fueron de mayor valor.

La vivienda subsidiada registró una caída de 21 % tanto en unidades vendidas como en el valor de las operaciones. Su inventario disponible disminuyó 19 %.

En la vivienda no subsidiada, las unidades vendidas disminuyeron aproximadamente 6 %, pero el valor de las operaciones aumentó 20 %. El inventario disponible se redujo alrededor de 7 %.

La vivienda subsidiada se vende más rápido, con una rotación aproximada de 20.7 meses, frente a 27.6 meses en la vivienda no subsidiada. No obstante, enfrenta una oferta cada vez más limitada.

La apuesta hacia 2030

La estrategia de crecimiento para los próximos años descansa sobre dos pilares: los megaproyectos de la Autoridad del Canal de Panamá y la expansión de la infraestructura pública mediante inversión estatal y asociaciones público-privadas.

Entre los proyectos señalados se encuentran un gasoducto transoceánico, con una inversión aproximada de US$8,000 millones; los puertos de Corozal y Telfers, por alrededor de US$2,000 millones; el reservorio de Río Indio, con una inversión estimada entre US$1,500 y US$1,600 millones; y un corredor logístico de aproximadamente B/.1,782 millones.

También se contempla la continuidad de la Línea 3 del Metro, el cuarto puente sobre el Canal, la ampliación de la Línea 1, el teleférico de San Miguelito, la Línea 2A y el tren Panamá-David.

A ello se añaden hospitales, policlínicas, centros oncológicos regionales, telemedicina, recetas electrónicas, nuevas plantas potabilizadoras, ampliación de redes de distribución de agua y reparación de fugas.

La meta es generar aproximadamente 80,000 empleos privados, especialmente en tecnología, agroindustria, turismo, construcción, logística y pequeñas y medianas empresas.

La proyección se divide en tres etapas: una transición entre 2025 y 2026, con crecimiento entre 4.1 % y 4.4 %; el inicio de la ejecución de megaproyectos en 2027; y una fase de consolidación entre 2028 y 2030, con una expansión estimada entre 4.1 % y 4.7 %.

Crecer no será suficiente

Panamá conserva ventajas importantes: el Canal, una plataforma logística internacional, conectividad aérea, un sistema bancario estable y capacidad para atraer inversión.

Pero mantener una tasa de crecimiento positiva no será suficiente. El verdadero desafío consiste en convertir esa expansión en empleos formales, productividad, inversión privada, infraestructura y mejores condiciones de vida.

La crisis petrolera demostró la necesidad de diversificar la matriz energética. El desempleo juvenil confirmó la urgencia de conectar la formación con las necesidades del mercado. La caída del crédito productivo reveló la importancia de recuperar la inversión. Y el ajuste fiscal puso en evidencia que controlar el déficit no puede significar detener los proyectos que sostienen el desarrollo.

Panamá ha demostrado capacidad para resistir choques y recuperar sus principales motores económicos. La tarea hacia 2030 será transformar esa resiliencia en oportunidades reales para sus ciudadanos.

Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Indicadores y Escenarios Económicos 2026-2030.