El Consejo de Gabinete aprobó mediante Resolución No. 124 de diciembre de 2024 el Plan Estratégico de Gobierno (PEG) presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el cual tendrá una vigencia de cinco años 2025-2029, desarrollado mediante una metodología rigurosa que incluyó tres componentes, como lo son; evaluación exhaustiva de más de 300 indicadores en cinco áreas críticas, dentro de las que se encuentran la educación y pertinencia laboral, la inclusión social y servicios básicos, la institucionalidad y gobernanza, la capacidades competitivas e innovación y la gestión de recursos naturales y sostenibilidad ambiental. 

Como segundo punto en la metodología, se consideró el análisis comparativo con nueve países aspiracionales (Nueva Zelanda, Dinamarca, Países Bajos, Singapur, Estonia) y seis países pares dentro de los que se encuentran Costa Rica, Chile, Uruguay, Croacia, Letonia). 

El tercer punto utilizado en la metodología lo fue la revisión de treinta y dos diagnósticos y planes previos como los Acuerdos de la Concertación Nacional para el Desarrollo, Acuerdo del Pacto del Bicentenario, Plan de desarrollo integral de la provincia de Colón, Plan Energético Nacional 2015-2015, Plan Estratégico Visión de Estado 2030, Estrategia Nacional de Cambio Climático de Panamá, Visión País y Regionales 2050 de la APEDE, Plan Maestro de Turismo Sostenible, entre otros. 

El PEG señala que para superar los desafíos que se presentan proponen acciones de política pública orientadas a fortalecer la confianza y abordar efectivamente los retos, diferenciando entre criterios de urgencia y viabilidad. 

Por otro lado, en el PEG contempla un diagnóstico económico y social, en el cual se realiza un diagnóstico económico nacional, diagnóstico económico sectorial, económico territorial, diagnóstico social nacional, social territorial, es decir, las primeras 51 páginas están dedicadas a un diagnóstico de la economía nacional. 

Otro aspecto importante a comentar, lo es la presentación de diez Proyectos País como el tren Panamá-David-Frontera, el Teleférico de San Miguelito, el Cuarto Puente sobre el Canal, Hospital Oncológico, Plan de Primer Empleo de mayor impacto en la historia, el Museo Antropológico Reina Torres de Araúz, el Plan Nacional de Rehabilitación de la Red Vial del país, Restauración del Centro Histórico de Colón, Ciudad Universitaria y el Hospital de Mascotas. 

Menciona el PEG que estos proyectos tienen como objetivo posesionar a Panamá como un país líder en desarrollo social integral, conectar a los panameños mediante infraestructuras de transporte de alta calidad que promuevan la competitividad y la inclusión social, fortalecer el sistema de salud para garantizar la protección universal, mejorar la educación, no solo para mejorar su acceso, sino también para ponerla en práctica por medio de pasantías y oportunidades laborales que contribuyan al desarrollo humano. 

Así como también, las iniciativas del PEG están orientadas a la generación de empleo de calidad, con mejores y mayores ingresos y oportunidades para todos. 

El PEC desarrolla un aparte dedicado a la Estrategia económica y social, en la que se presentan las iniciativas que se implementarán para reducir la desigualdad, impulsar un crecimiento económico que conecte a todas las regiones y promover un manejo, eficiente y sostenible de los recursos financieros y naturales. 

Se ha señalado que los proyectos y las acciones están alineados con los recursos disponibles, basados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Plan Quinquenal de Inversiones Públicas, que constituyen elementos clave para una gestión eficiente y sostenible con los recursos públicos. 

Se ha dispuesto que los cuatro pilares estratégicos definidos para alcanzar las metas trazadas son: 1. Impulso a sectores económicos para el crecimiento y la generación de empleos de calidad. 2. Oportunidad para todos con educación pertinente y servicios básicos de calidad. 3. Gobernanza eficiente y fortalecimiento internacional. 4. Sostenibilidad ambiental y manejo responsable de los recursos naturales. volver a convertir a Panamá en un país más próspero y seguro, con más crecimiento y pleno empleo.

Impulso a sectores económicos para el crecimiento y la generación de empleos de calidad

Dentro de este punto se identificaron cinco áreas clave para enfocar los esfuerzos: Competitividad del clúster logístico y del Canal; Institucionalidad agrícola e industrial; Sofisticación Turística; Apropiación de nuevas tecnologías y del ecosistema de innovación y un Sistema financiero inclusivo y fuerte.

Panamá requiere acciones contundentes para crear oportunidades equitativas para todos, garantizando al mismo tiempo un equilibrio entre la responsabilidad fiscal y el crecimiento económico. “Esto se logrará mediante inversiones estratégicas que impulsen un crecimiento dinámico, que es clave para asegurar la sostenibilidad fiscal y el progreso nacional”, resalta el documento presentado por el MEF.

La propuesta considera el marco fiscal proyectado, que incluye los montos de inversión establecidos para el período, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos, los compromisos adquiridos y los límites de endeudamiento establecidos por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. 

Los valores podrían incrementarse si se acelera el crecimiento económico o se implementan medidas para optimizar la estructura del sector público. 

Para la Competitividad del clúster logístico, entre otro el propósito es ejecutar esta inversión entre 2024 y 2030 bajo un plan de inversiones de al menos 8,500 millones de balboas, centrado en tres pilares estratégicos: modernización de la infraestructura, gestión sostenible de los recursos hídricos y fortalecimiento de la sostenibilidad ambiental. El Plan busca mantener la competitividad del Canal

En lo que respecta a la Institucionalidad agrícola e industrial, la estrategia contempla inversiones en infraestructura para postcosecha y comercialización, así como asistencia técnica en gobernanza y gestión empresarial. Es clave modernizar los servicios públicos y reformar los mecanismos de apoyo al sector agropecuario, enfocándose en la innovación y la sostenibilidad integral del campo. Desarrollar una política industrial de largo plazo enfocada en aumentar la productividad y dirigida a sectores con niveles de complejidad moderna y alta, como los asociados a dispositivos médicos, semiconductores y productos farmacéuticos. 

Así como también aprovechar las oportunidades del nearshoring, especialmente con Estados Unidos utilizando los regímenes especiales como SEM y EMMA, simplificar los requisitos de exportación para apoyar nuevas industrias y adoptar los principios de la industria 5.0, integrando tecnologías avanzadas con un enfoque humano-céntrico, para promover una producción sostenible, personalizada y resiliente.  

En turismo, se establece la exploración y desarrollo de nuevas actividades que diversifiquen la oferta, que permitan aprovechar las ventajas competitivas y amplíen los destinos disponibles, con el propósito de contribuir a la reducción de las desigualdades regionales. 

También se incluye el Proyecto de Desarrollo Urbano Integral de Ciudades con Vocación Turística, con el respeto al medio ambiente, a las culturas indígenas y a toda la cadena de valor del turismo. Impulsar el desarrollo turístico recreativo para la Riviera del Pacífico. Reactivar el programa Stop-Over, ofreciendo escalas gratuitas a turistas con el objetivo de aumentar en más de 200 mil el número de visitantes anuales. Aprovechar la demanda potencial, atrayendo a los viajeros que utilizan el “hub” panameño, enfocándose especialmente en mercados de alto poder adquisitivo, son otros de los proyectos incluidos.

Capitalizar los principales activos nacionales para establecer una identidad única y atractiva que ayude a diferenciarse de los principales competidores del país, también atraer aerolíneas para desarrollar el mercado de vuelos locales y modernizar la infraestructura aeroportuaria en el interior del país. 

La apropiación de nuevas tecnologías, las acciones están dirigidas a incrementar la adopción de tecnologías emergentes como lo son la inteligencia artificial (IA) y el internet de las cosas (IoT) de forma que se impulse la transformación digital de la economía, promoviendo la ciberseguridad, la eficiencia y la innovación de todos los sectores. 

El Sistema financiero inclusivo y fuerte, se impulsaría los programas de inclusión financiera, con productos accesibles y soluciones “fintech” de modo que tengan mejor acceso al crédito aquellos sectores que no tienen suficiente cobertura de este tipo de servicios, como la agricultura, la Zona Libre de Colón, las pequeñas y medianas empresas y las mujeres. Se busca hacer mas competitivo al sistema bancario y ampliar la corresponsabilidad bancaria a nivel internacional, se requiere modernizar el marco de competencia y antimonopolio, protegiendo a los consumidores y fomentando la innovación empresarial. 

Oportunidad para todos con educación pertinente y servicios básicos de calidad

Este pilar es fundamental para asegurar que el crecimiento económico sea inclusivo y fortalezca la cohesión social en Panamá, la formación es esencial desde los primeros los primeros años de vida, hasta la juventud y la etapa adulta, cuando las destrezas adquiridas resultan decisivas para que los panameños accedan a empleo bien remunerados y las empresas mantengan su competitividad con el talento adecuado. 

Se trabajará en: Formación de la primera infancia a la educación técnica, Acceso a agua, saneamiento y electricidad, Equidad social, étnica y territorial y Salud y bienestar.  

En el sector educativo, se desarrollará una red de educación inicial de calidad, que incluya centros de estimulación temprana y Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI). 

Contempla otorgar beneficios económicos anuales de entre B/.270 a B/.450 por alumno, en el marco del Programa de Apoyo Educativo (PAE), para cubrir gastos esenciales como uniformes, libros y transporte. 

Estudiantes de escuelas privadas, con costos anuales hasta B/.2,300, también podrán acceder al beneficio, promoviendo así la equidad educativa. 

Proveer equipos tecnológicos y acceso gratuito a internet en escuelas y colegios oficiales, reduciendo la brecha digital y facilitando el acceso al conocimiento. Involucrar a las comunidades en el cuidado y mantenimiento de instalaciones educativas. Construir, mejorar y equipar nuevas escuelas e instituciones, como el Instituto de Excelencia Cacique Olodebiliginya. Asegurar la alimentación escolar con una nutrición adecuada para los estudiantes. Poner en marcha el plan de retención escolar, incluyendo a los padres de familia con la reactivación del taller Escuela para Padres, también hacen parte de esta estrategia quinquenal.

En cuanto a las habilidades para el trabajador, se elevará los alcances del Programa Mi Primer Empleo, convirtiéndolo en la estrategia más ambiciosa de la historia para reducir el empleo juvenil, mediante pasantías laborales supervisadas, capacitación y certificación con el propósito de facilitar la inserción en el mercado laboral. Actualizar los planes de estudio con enseñanza en inglés, tecnologías y habilidades blandas. 

De igual forma, hace énfasis en el suministro de agua potable, con un proyecto para modernizar el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), para aumentar su transparencia y expandir la cobertura de sus servicios, reduciendo las brechas entre zonas urbanas y rurales. 

Construir, ampliar y mejorar infraestructura a nivel nacional, desde plantas potabilizadoras, acueductos y sistemas de abastecimiento de agua potabilizadora, hasta plantas de tratamiento y disposición final de desechos, incluyendo la operación de Cerro Patacón. 

Alentar alianzas público-privadas (APP) para desarrollar sistemas eficientes e innovadores de gestión integral de residuos sólidos en Panamá Metro, Panamá Oeste y Colón; y profundizar la coordinación con municipios para implementar sistemas permanentes de recolección y disposición final de desechos y basura.

Así mismo, se desarrollará un plan integral de fortalecimiento y provisión de energía eléctrica en todo el país y la construcción de la cuarta línea de transmisión de 500Kv y ampliar el número de plantas de energía renovable. 

En cuanto a los servicios de salud y bienestar, las acciones a implementar serán entre otras la construcción y repotenciación de hospitales y centros de salud; incentivar la medicina de precisión, la biotecnología y la gestión de datos sanitarios; bajar el precio de los medicamentos y garantizar su abastecimiento, creando una ley única de compra e insumos con precio único y un sistema de control de medicamentos nacional; promover la investigación e innovación médica.

Gobernanza eficiente y fortalecimiento institucional  

En este punto, señala el PEG que Panamá requiere de un entorno que fomente la confianza ciudadana, el dinamismo empresarial, la innovación y el crecimiento sostenible, por lo que, resulta esencial que las entidades públicas se alineen con el propósito de alcanzar estándares propios de un país de ingresos altos. 

Dentro de este objetivo, se desarrollará la Gestión fiscal prudente y moderna, la Transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana y la Justicia y Seguridad para todos. 

Todo esto está previsto bajo estrictas medidas de transparencia, gasto eficiente y responsabilidad fiscal. La meta fiscal es reducir el déficit total al 2.0% para 2029 y alcanzar un balance primario positivo a partir de 2028. Estabilizar la deuda pública en un nivel igual o inferior al 50% del PIB, en los próximos diez años, y reducirla al 40% en los cinco años siguientes.

Determinar un plan de gestión con metas claras, incluyendo la reducción del porcentaje de deuda respecto del PIB y la definición de los límites de endeudamiento dentro de los niveles prudentes, como parte de la estrategia establecida en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. 

Sostenible ambiental y manejo responsable de los recursos naturales

Dispone el PEG que el crecimiento sostenible y responsable está atado a una gestión eficiente de los recursos ambientales y a la adecuada preparación frente a eventuales desastres naturales y que más del 30% del territorio panameño está conformado por parques nacionales y otras áreas protegidas, constituyendo la herencia y patrimonio irremplazable de todos los panameños. 

Dentro de las acciones para salvaguardar el agua, se debe trabajar en conjunto con la Autoridad del Canal de Panamá para el correcto uso de los recursos hídricos que requiere su operación, con el fin de velar por la calidad u disponibilidad del agua potable en el área metropolitana, Colón y Arraiján. 

Lo anterior incluye proteger los bosques y ríos de la cuenca del Canal y gestionar de forma sostenible las cuentas ampliadas de los ríos Indio, Coclé del Norte, Caño Sucio, además de incorporar la cuenca del Lago Bayano al anillo hídrico para su conservación, suministro de agua y producción de energía en Panamá Este y Norte. 

Relacionado con la reducción de la huella de carbono, se establecido como una de sus acciones la de impulsar la generación de energías renovables, estimular el desarrollo de la infraestructura de recarga, dinamizar y reglamentar las operaciones del mercado nacional de carbono, avanzar en el cierre ordenado y autofinanciado de la mina de Donoso, diseñar instrumentos de gestión ambiental y robustecer las normas sobre concesiones y permisos de agua. 

El plan también se traza el objetivo de potenciar las ventajas del país en el sector logístico. Para ello, se propone establecer corredores logísticos más efectivos entre puertos, aeropuertos y zonas francas principales, y también entre provincias y zonas con actividades económicas, priorizando sectores con alto potencial de exportación e inversión extranjera y desarrollando nodos y corredores viales estratégicos, aprovechando la economía que genera el Canal. 

Contempla el PEG, que con las acciones comentadas, las metas que se proyectan para Panamá en el 2029 son: 

1. Impulso a sectores económicos para el crecimiento y la generación de empleo de calidad: Creación de nuevos centros de desarrollo, fortalecimiento de la infraestructura logística y mayor integración a la economía global.
2. Oportunidades para todos con educación pertinente y servicios básicos de calidad: Educación pertinente y servicios básicos de calidad para todos, fomentando el crecimiento inclusivo en todas las regiones del país.
3. Gobernanza y fortalecimiento institucional: Preservar y mejorar los avances alcanzados, asegurando la rendición de cuentas y fortaleciendo la confianza en las instituciones.
4. Sostenibilidad ambiental y manejo de los recursos naturales: Desarrollo económico con desarrollo social y la sostenibilidad ambiental, manejo responsable de los recursos naturales, asegurando un legado sostenible para las futuras generaciones.

Han indicado, que estas obras se ejecutarán bajo estrictos estándares de transparencia y responsabilidad financiera, alineándose con los principios de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

El PEG hace referencia al Marco Fiscal de Mediano Plazo proyecta alcanzar un superávit primario a partir de 2028, revertir la tendencia al alza en la relación deuda/PIB y fomentar un crecimiento económico sostenido. 

Se entiende que el Manifestaron que este enfoque asegura el control y la transparencia en la gestión de las finanzas públicas, destacando el compromiso del Gobierno con un desarrollo inclusivo y transparente.

De esta manera, concluimos con la presentación del resumen del PEG 2025-2029, el cual al menos en papel garantiza la incorporación constante y permanente de la sostenibilidad económica, social y ambiental del país, con la participación activa de la población con alcance de legitimidad de todas las formas democráticas de interacción sociopolítica en la elaboración y diseño; recolección, ordenamiento, sistematización y análisis de información cuantitativos y cualitativos.

La mayoría de los panameños aspiramos a vivir en un Panamá, como el que pretende la actual administración tengamos en el año 2029; sin embargo, mucho dependerá de las acciones que se tomen en los momentos actuales que vive el país por las amenazas de la primera potencia del mundo de apoderarse del Canal de Panamá. 

De acuerdo con el MEF, el diagnóstico realizado ha identificado que el sistema educativo y la calidad y cobertura de los servicios públicos son las áreas más críticas que actualmente limitan el desarrollo integral del país. 

Es fundamental cumplir con puntualidad las obligaciones fiscales para evitar complicaciones y posibles sanciones. En nuestro Calendario Tributario, te proporcionamos todas las fechas clave que necesitas tener presente para mantener en orden tus finanzas este mes.

Asegúrate de marcar estas fechas en tu agenda y, en caso de cualquier duda, no dudes en ponerte en contacto con nosotros, nuestros abogados están listos para orientarte.

10 de febrero

• Impuesto Primas Brutas Seguro- Incendio y renovaciones.

15 de febrero

• Declaración Jurada mensual sobre Primas cobradas ( no incluye renovaciones, ni incendio).
• Impuesto primas brutas cobradas ( Aseguradoras).
• Pago de ITBMS (Mensual).
• Declaración de Retenciones de ITBMS Mensual.
• Informe de Ventas con tarjeta de crédito y débito.
• Impuesto Selectivo al Consumo.
• Impuesto de timbre.
• Impuesto sobre Juego de Suerte y Azar.
• Consumo de Combustibles y Derivados del Petróleo (Informe Mensual).

25 de febrero

• Ultimo día para la presentación de las Planillas SIPE.

28 de febrero

• Presentación de Informe de contribuyentes no declarantes.
• Informe de Compras e importación de bienes y servicios. Formulario 43.
• Impuesto de inmueble pago con descuento del 10% de descuento.
• Reporte de la planilla 03 presentar mensual.
• Reporte formulario # 1027 sobre informe de ventas y prestaciones de servicio.
• Informe de recursos minerales no metálicos.
• Último día para pagar la planilla CSS.
• Pago impuesto municipal mensual.

*Nota: En caso de fechas que correspondan a días no hábiles, la DGI tiene facultad discrecional para extender las fechas de pago al siguiente día hábil.

La Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI), dictó la Resolución No. ADGM-020-2025 de 21 de enero de 2025 publicada en la Gaceta Oficial 30206-A, mediante la cual se autoriza la facturación en concepto de canon de ocupación, para las personas naturales o jurídicas que estén ocupando las áreas de ribera de playa, playa, fondo de mar e isla en todo el país que no cuenten con un contrato de concesión y/o arrendamiento refrendado por la Contraloría General de la República.

Se ha establecido que el pago del canon no constituye ni se considera un permiso provisional o un contrato de concesión, ni reconocimiento de derecho de obligación por parte de la ANATI.

Por otro lado, que para la aplicación de la Resolución en comento, se realizarán inspecciones técnicas-oculares a nivel nacional, para identificar el uso que se le esta dando a estas áreas, quien o quienes la están usando y si cuentan o no con un expediente en la ANATI, si cuentan con contrato de concesión o arrendamiento refrendado.

Dentro de este contexto, la Resolución contempla que para la facturación del canon de ocupación se aplicará una ecuación lineal C=V/a + z(fp), en la cual la C representa el canon por metro cuadrado, la V el valor mínimo referencial de USD10.00 para personas jurídicas y USD5.00 para personas naturales; la “a” es el área ocupada o solicitada en metros cuadrados, la z guarda relación con la localización del proyecto y está definida por la zonificación ya sea rural o urbana

en la que se define cada uno de los elementos que componen la misma.

Otro aspecto a mencionar, es que la ANATI según sea el caso, podrá autorizar concesiones con un canon mínimo de un centésimo de balboa por metro cuadrado, cuando sean solicitadas por instituciones del Estado, organizaciones sin fines de lucro que se dediquen a labores humanitarias, previamente comprobadas y acreditadas en la solicitud.

De igual forma, se establece un plazo de quince días hábiles para que las personas naturales o jurídicas según sea el caso, presenten su solicitud de concesión y/o arredramiento a la ANATI, contados a partir de la notificación de la resolución que ordena la facturación en concepto de canon por ocupación o su defecto la resolución de multa.

Señala la Resolución, que en caso que no se presente la persona jurídica o natural, la ANATI se reserva el derecho de solicitar el desalojo y la demolición de las obras construidas en el área, restaurándolas a su condición original o arrendarlos a sus ocupantes, según convenga a los intereses públicos.

A este respecto, podemos comentar que la Resolución antes comentada, se emite con la finalidad de frenar la utilización de áreas de dominio público en el país, sin contar con la correspondiente autorización de la ANATI o sin un contrato de concesión y/o arrendamiento.

Los bienes de dominio público, conforme lo dispone el artículo 258 de la Constitución Política de Panamá, pertenecen al Estado, son de uso público y, por consiguiente, no pueden ser objeto de apropiación privada, pues su finalidad es de utilidad pública.

Por: Rocío de los Reyes Ramírez
Analista del IEEE

Resumen:
El análisis aborda las tensiones recientes entre Estados Unidos y Panamá derivadas de las declaraciones de Donald Trump sobre el canal de Panamá. Estas afirmaciones, que cuestionan la transferencia de la vía acuática a Panamá y señalan preocupaciones sobre su gestión y la influencia china, han reactivado debates sobre soberanía y geopolítica en la región.
El canal, vital para la economía panameña, enfrenta desafíos climáticos y comerciales, pero su administración ha sido reconocida como eficiente desde 1999. Las reacciones internacionales a las declaraciones de Trump han sido contundentes, con un amplio respaldo a Panamá por parte de líderes latinoamericanos y organismos multilaterales, subrayando el respeto al derecho internacional y a los tratados vigentes.
Cualquier intento de recuperar el canal sería inviable legal y diplomáticamente, además de desestabilizar la región. La situación pone de manifiesto la relevancia estratégica del canal y la necesidad de equilibrar intereses nacionales e internacionales en su gestión.

Introducción
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece no tener intenciones de adoptar una política de «buena vecindad». Ha ridiculizado al primer ministro saliente canadiense, Justin Trudeau, llamándolo «gobernador» y sugiriendo que un país de cuarenta millones de habitantes debería convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos. Su primera conversación telefónica con la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, terminó con Sheinbaum aclarando educadamente que no había aceptado ninguno de los términos que Trump afirmaba haber acordado.

Las recientes declaraciones de Trump, sobre la posibilidad de que su país recupere el control del canal de Panamá, han despertado tensiones latentes que no se manifestaban desde hacía décadas. En mensajes en las redes sociales y comentarios a sus partidarios, Trump acusó a Panamá de cobrar a Estados Unidos «tarifas exorbitantes» por utilizar el canal e insinuó la creciente influencia china sobre la crucial vía navegable.

El comentario del presidente republicano se produjo durante su primer gran mitin desde que ganó la Casa Blanca el 5 de noviembre, aunque no había sido un tema destacado en la campaña presidencial. Así disfrutó de su regreso al poder mientras una gran audiencia de conservadores le aclamaba.

Desde la transferencia oficial del canal a Panamá hace ahora 25 años, en 1999, esta clase de propuestas no había sido planteada de manera pública por ningún líder estadounidense. La última ocasión en que se debatieron de forma tan significativa cuestiones relacionadas con la soberanía y el control del canal fue durante las negociaciones de los Tratados Torrijos-Carter2 en la década de 1970, que marcaron el inicio del proceso para devolver la administración del canal a Panamá. Esto significa que han transcurrido más de 40 años desde que surgieron debates similares en el escenario internacional.

En respuesta a estas declaraciones, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, reafirmó categóricamente la soberanía innegociable de su país sobre el canal, subrayando que todo el territorio canalero pertenece y seguirá perteneciendo a Panamá.

La reacción de Mulino fue respaldada por líderes de toda América Latina, incluyendo a Claudia Sheinbaum de México y Gustavo Petro de Colombia, así como por organizaciones internacionales como la OEA (Organización de Estados Americanos).
Trump elevó la controversia al exigir públicamente que Panamá reduzca las tarifas de cruce para barcos estadounidenses o devuelva el control del canal a Estados Unidos.

Esta reclamación, realizada tanto en redes sociales como en eventos políticos, incluyó afirmaciones cuestionables, como la supuesta muerte de 38.000 estadounidenses durante la construcción del canal, un número ampliamente desmentido por expertos.
No contento con ello, las amenazas de Trump llegaron al punto de no descartar una acción militar para hacerse con el control del canal de Panamá, tal como apuntó en una conferencia en Florida.

Por último, y no menos importante, en su discurso de toma de posesión, del pasado día 20, volvió a reiterar su intención de recobrar el canal.
Estos episodios ponen de relieve la trascendencia histórica y geopolítica de esta vía acuática, así como los desafíos que su control sigue representando en el contexto de las relaciones internacionales contemporáneas, y permiten entrever que el continente americano va a ser una zona clave para la segunda administración de Trump.
El canal de Panamá ha sido, desde su inauguración en 1914, una obra de ingeniería clave para el comercio global y un punto de interés estratégico para diversas potencias.

Su construcción inicial por Francia y posterior culminación por Estados Unidos no solo reflejan los retos tecnológicos de su tiempo, sino también los intereses geopolíticos que han rodeado esta vía interoceánica. La influencia de potencias extranjeras, como China en las últimas décadas, ha renovado las discusiones sobre el impacto del canal en el equilibrio de poder global. En este contexto, las declaraciones de Trump también reavivan debates históricos sobre soberanía y control, subrayando la importancia de esta región en las estrategias políticas y económicas de los Estados Unidos y otros actores internacionales.

El legado histórico del canal de Panamá: Claves de una obra estratégica

Desde la época virreinal, el istmo de Panamá se consideró un punto estratégico para el comercio y la conexión entre los océanos Atlántico y Pacífico. En el siglo XVI, los españoles establecieron rutas comerciales que atravesaban el istmo, como el Camino Real y el Camino de Cruces, esenciales para el transporte de mercancías hacia Europa.

Y fue en ese mismo siglo cuando el Imperio español imaginó por primera vez la ambiciosa idea de construir un canal que uniera los dos océanos. Álvaro de Saavedra Cerón, navegante y descubridor, propuso por primera vez el proyecto, y en 1533 Gaspar de Espinosa, teniente de gobernador de Panamá, lo presentó a Carlos V para hacer navegable el río Chagres. Aunque inicialmente el emperador respaldó la iniciativa y ordenó planos y estudios, la propuesta se descartó debido a las dificultades técnicas y la falta de apoyo.

La idea persistió a lo largo del tiempo. En 1590, el jesuita y naturalista José de Acosta reflexionó sobre la posibilidad de romper las siete leguas de tierra que separaban los océanos, pero rechazó la propuesta argumentando tanto limitaciones técnicas como razones teológicas. Posteriormente, en el reinado de Felipe III, se encargó un proyecto a ingenieros neerlandeses, pero nuevamente se abandonó, esta vez por falta de recursos y por temor a que el canal facilitara ataques de los enemigos del Imperio español.

Este interés temprano subraya la visión estratégica de España, aunque los retos técnicos y políticos impidieron materializar el proyecto en ese período.
Ya durante el siglo XIX, la ruta terrestre entre los dos océanos volvió a cobrar importancia en las décadas de 1840 y 1850, durante la fiebre del oro de California. A lo largo de todo ese siglo Estados Unidos compitió con otras potencias, como Francia y Gran Bretaña, por tierras e influencias en Centroamérica. El control de Panamá fue un elemento clave del ascenso estadounidense hacia el dominio hemisférico y el Imperio de ultramar tras la guerra hispano-estadounidense de 1898.

Pero no fue hasta principios del siglo XX que el sueño se hizo realidad, en gran parte gracias a la visión y determinación del presidente estadounidense Theodore Roosevelt.
Reconociendo el inmenso potencial estratégico y económico del canal, la Administración norteamericana orquestó la independencia de Panamá de Colombia en 1903, aprovechando la presión diplomática y la presencia militar para asegurar el control de la zona del canal. Esto permitió a Estados Unidos tomar las riendas del proyecto francés, que se encontraba paralizado, e introducir los avances de ingeniería necesarios para completarlo, como el innovador uso de esclusas, junto con medidas sanitarias efectivas para combatir la malaria y la fiebre amarilla. Con la firma del Tratado Hay Bunau Varilla el Estado norteamericano se aseguró el dominio sobre una franja territorial de 10 km de ancho donde se construiría la Zona del canal.

Pero la soberanía panameña tuvo que pagar un precio muy alto, tanto antes como después de la construcción del canal: la intervención jurisdiccional y militar del gigante del norte. No hay que olvidar que, desde la década de 1840, Estados Unidos ha realizado intervenciones armadas en la nación canalera para proteger sus intereses comerciales, siendo la más grave la acontecida en 1989, cuyo resultado fue la muerte de cientos de civiles panameños.

El canal, inaugurado en 1914, facilitó el comercio global, evitando que los barcos tengan que recorrer, aproximadamente, 7.000 millas adicionales para navegar alrededor del cabo de Hornos en los extremos sur de Sudamérica.
La practicidad del canal se demostró durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se utilizó como un paso crítico para el esfuerzo bélico aliado entre los océanos Atlántico y Pacífico.

Pero la gestión de esta vía acuática por parte de Estados Unidos generó tensiones políticas y sociales de larga data en Panamá, particularmente después de la crisis del canal de Suez de 1956, cuando los planes británicos y franceses de invadir Egipto,
posteriormente de la nacionalización del canal de Suez, que puso de manifiesto el poder geopolítico del control sobre las rutas marítimas clave.

La fiscalización estadounidense sobre el canal de Panamá se volvió cada vez más impopular entre los panameños. A finales de los años 60 y principios de los 70, mientras el rechazo al colonialismo crecía y Estados Unidos competía con la antigua Unión Soviética por la influencia en el llamado tercer mundo, Panamá fue escenario de intensas protestas contra la gestión norteamericana y demandas de mayor soberanía.

En 1964 estallaron disturbios en la zona del canal, en los que 21 panameños murieron abatidos por soldados estadounidenses, lo que provocó una breve ruptura de relaciones con Washington. En respuesta, la Administración de Richard Nixon ya inició negociaciones con el régimen de Omar Torrijos para transferir el canal y su zona adyacente.

Aunque la firma de los Tratados Carter-Torrijos supuso un giro trascendental en esta relación al devolver gradualmente el control del canal a los panameños, el proceso no se completó hasta 1999.Esta cesión había sido en realidad un objetivo del secretario de Estado del expresidente Ford, Henry Kissinger, que consideraba que esta transferencia era la mejor forma de impulsar la posición de Estados Unidos en Iberoamérica en esos momentos.

Muchos piensan que —el recientemente fallecido— Jimmy Carter redefinió las relaciones de Estados Unidos con América Latina durante la Guerra Fría, priorizando los derechos humanos y la democracia, sin descuidar los intereses de seguridad nacional. Aunque su enfoque generó críticas tanto de la derecha como de los activistas de derechos humanos, su capacidad para equilibrar principios y pragmatismo destacó. Su doctrina puede resumirse como un «compromiso firme», que combinó ideales con una negociación efectiva en la región.

Los acuerdos alcanzados el 7 de septiembre de 1977 entre el gobierno de Carter y el de Panamá simbolizan de manera elocuente la postura del presidente estadounidense hacia sus vecinos del sur. Tras trece años de arduas negociaciones, los históricos Tratados Torrijos-Carter, firmados en la sede de la OEA en Washington por Carter y el líder panameño, el general Omar Torrijos, establecieron la devolución progresiva del canal de Panamá y su zona circundante a la soberanía panameña. Este proceso, que puso fin a siete décadas de control civil y militar estadounidense, se estructuró en etapas y debía completarse a finales de 1999.

Es importante señalar que el acuerdo involucraba dos tratados: uno de ellos para la entrega y el otro, que continúa a perpetuidad, le da a Estados Unidos el derecho de actuar para garantizar que el canal permanezca abierto y seguro, es decir, actuar si la operación del canal se ve amenazada debido a un conflicto militar, pero no para reafirmar el control.

Los tratados, que generaron divisiones en la opinión pública, fueron rechazados por el Partido Republicano y marcaron una de las controversias más significativas en torno a este tema. Figuras como Ronald Reagan expresaron inicialmente su rechazo a los acuerdos, pero moderaron su postura una vez que estos fueron firmados. Esta oposición, según documenta Cannon, biógrafo del expresidente, estuvo motivada más por intereses políticos que por un desacuerdo sustancial sobre el futuro del canal, dado que el tema resultaba atractivo para los sectores conservadores más radicales, pero decayó una vez que había cumplido su propósito para la carrera presidencial. Por esta razón, se ha considerado que la cuestión del canal marcó un punto de inflexión en la trayectoria política de Reagan. Su campaña aprovechó estratégicamente la percepción de que la transferencia del canal podría ser vista como una nueva humillación para Estados Unidos, sumándose a los fracasos de Vietnam y el escándalo de Watergate.

A la postre, los acuerdos lograron superar el proceso de ratificación en el Congreso. Esto fue posible gracias a que los demócratas renovaron su mayoría en ambas cámaras durante las elecciones legislativas de medio término en noviembre de 1978.
Finalmente, los acuerdos entraron en vigor el 1 de octubre de 1979, fecha en que se dio inicio a la primera fase de la transferencia de soberanía. En esta etapa, la Zona del Canal fue abolida y convertida en las Áreas Revertidas del Canal de Panamá, bajo un régimen de soberanía compartida.

En junio de 1978, Carter visitó Panamá tras una invitación de Torrijos y del presidente
nominal del país, Basilio Lakas. Durante su estancia, se reunió con otros líderes regionales, incluidos José López Portillo de México, Carlos Andrés Pérez de Venezuela,
Alfonso López Michelsen de Colombia, Rodrigo Carazo de Costa Rica y Michael Manley
de Jamaica. Esta reunión subrayó el compromiso de Carter con la diplomacia hemisférica.

El canal fue trasferido definitivamente a Panamá el 31 de diciembre de 1999, durante la Administración Clinton, desde ese momento ha sido propiedad y ha sido operado por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Esta agencia gubernamental autónoma, se
estableció poco antes de la devolución.

En el año 2000, poco después de que Panamá asumiera el control total, el volumen de
transporte marítimo comenzó a superar rápidamente la capacidad de la infraestructura
existente. Este aumento en la demanda evidenció la necesidad de modernizar la vía para mantener su competitividad global.

En 2007, el gobierno panameño emprendió un ambicioso proyecto de ampliación,
aprobado mediante un referéndum nacional en el que la mayoría de los panameños
respaldaron la iniciativa. Las obras, que incluyeron la construcción de un nuevo juego de esclusas más grandes y el ensanchamiento de canales, y que contaron con amplia y
significativa presencia de empresas españolas, se completaron en 2016, casi una
década después. La ampliación permitió al canal manejar embarcaciones de mayor
tamaño conocidas como buques Neopanamax, consolidando su papel como una de las
rutas marítimas más importantes del mundo y duplicando su capacidad operativa.

Este proyecto no solo reforzó la economía panameña, sino que también puso de relieve el liderazgo del país en la gestión de infraestructuras estratégicas a nivel global.

Alrededor del 40 % del tráfico mundial de buques de carga se mueve a través de esta vía, correspondiendo dos tercios de estos movimientos a los que salen o se dirigen a Estados Unidos. Entre 13.000 y 14.000 barcos utilizan el canal cada año.

El canal funciona, como venimos analizando, por medio de una serie de esclusas que
permiten salvar el desnivel existente con el lago Gatún, situado a 26 metros sobre el nivel del mar. Cada barco que transita requiere aproximadamente 200 millones de litros de agua dulce. Su operación es crítica no solo para el transporte marítimo, sino también, como ya señalamos, como un importante generador de ingresos para Panamá.

Respuesta y respaldo a la soberanía panameña
En medio de la incertidumbre global que genera la llegada del nuevo inquilino de la Casa Blanca, sus declaraciones podrían reflejar una cierta visión histórica de Estados Unidos hacia América Latina como un territorio para explotar, en lugar de un conjunto de naciones soberanas. Este enfoque, combinado con la retórica agresiva del mandatario estadounidense, ha avivado el sentimiento nacionalista en Panamá y otros países de la región, fortaleciendo su determinación de proteger la soberanía sobre sus recursos estratégicos.

El conservador José Raúl Mulino, presidente de Panamá, que asumió el poder el pasado 1 de julio, rechazó las manifestaciones de Trump como un ataque a la independencia de su país, subrayando que las tarifas del canal se establecen mediante procesos públicos y considerando factores como los costos operativos y la competencia internacional.

Mulino, aunque alineado con Trump en muchos ámbitos —como la cuestión migratoria—, destacó además que el canal no está bajo el control de ninguna potencia
extranjera, respondiendo a las insinuaciones de su homólogo sobre la influencia china
en la infraestructura.

El grito de «el canal es de Panamá» ha resonado con fuerza en todo el país desde el 21 de diciembre, consolidándose como un símbolo de unidad nacional. Las declaraciones del presidente de Estados Unidos han logrado lo que parecía imposible: unir a una sociedad dividida por disputas políticas internas en torno a una reivindicación patriótica común. Este resurgimiento del orgullo nacional coincidió con la conmemoración del 25.º aniversario de la recuperación de la vía interoceánica por parte de Panamá.

Durante la ceremonia de celebración el dirigente panameño no se refirió específicamente a las declaraciones de Trump. Sin embargo, trató de desviar las acusaciones de que China podría tener demasiada influencia sobre el canal. Al mismo tiempo reafirmó la soberanía panameña sobre la infraestructura acuática al señalar con firmeza: «No hay otras manos involucradas en el canal que no sean las de Panamá. Tengan la seguridad de que estará en nuestras manos para siempre».

La postura del presidente panameño fue respaldada por líderes iberoamericanos. El
presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó su apoyo al mandatario panameño a
través de un largo mensaje en la red social X, sobre la soberanía del canal, señalando
que cualquier intento de desestabilizar a Panamá o América Latina sería más costoso
para Estados Unidos que pagar las tarifas del canal. Petro abogó por una relación de
igualdad entre Estados Unidos y los países de la región, enfocada en la prosperidad
mutua y afirmó que estará al lado de Panamá «hasta las últimas consecuencias»20.
Asimismo, el Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales (CORI) expresó su
preocupación y rechazo ante las declaraciones de Donald Trump, calificándolas como
desafortunadas. En su comunicado, el CORI destacó la importancia de respetar las
normas y principios del derecho internacional, reafirmando el derecho de las naciones
latinoamericanas a vivir en una región de paz, libre de injerencias externas e hizo un
llamamiento para evitar que las rivalidades comerciales entre países escalen en
tensiones geopolíticas, instando a la unión regional y a la construcción de una sola voz
en apoyo y solidaridad con Panamá.

De igual modo, la jefa del Ejecutivo mexicano, Claudia Sheinbaum, respaldó a Mulino, y aseguró que «cada metro cuadrado del canal de Panamá y sus zonas adyacentes son
de Panamá y lo seguirán siendo», mostrando su solidaridad y apoyo al presidente y al
pueblo panameño.

En esta misma línea, una amplia coalición de líderes latinoamericanos, encabezada por
el expresidente panameño Martín Torrijos y respaldada por más de doscientos
académicos y diplomáticos destacados, emitió una declaración conjunta en rechazo a
las declaraciones de Trump. En el comunicado, los firmantes denuncian cualquier intento de revivir la Doctrina Monroe, símbolo histórico del control hegemónico de Estados Unidos sobre América Latina, y enfatizan que el respeto a los tratados internacionales y al derecho internacional es esencial para la convivencia en el continente.

Entre los firmantes se encuentran figuras destacadas como las excancilleres colombianas María Emma Mejía, Noemí Sanín y Marta Lucía Ramírez; los diplomáticos
mexicanos Jorge Castañeda, Bernardo Sepúlveda y Claudia Ruiz Massieu; así como
Santiago Cafiero y Susana Malcorra de Argentina, y Alejandro Foxley, Heraldo Muñoz y
Antonia Urrejola de Chile. También respaldaron el manifiesto antiguos jefes diplomáticos de Brasil, Bolivia, Uruguay, Nicaragua y Guatemala, junto con destacados defensores de los derechos humanos como José Miguel Vivanco y Juan E. Méndez, relator especial de la ONU contra la tortura hasta 2016.

La declaración subraya el rechazo de la región a cualquier intento de desestabilización
que vulnere su soberanía, haciendo un llamamiento a respetar los tratados históricos
como pilares fundamentales para la paz y la cooperación en el hemisferio occidental.
Este posicionamiento refuerza el respaldo de América Latina a Panamá en un momento
clave para la defensa de su soberanía sobre el canal.

Incluso desde China las reacciones no se hicieron esperar, la portavoz del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Mao Ning, en respuesta a la afirmación del líder norteamericano
de que existe personal militar chino estacionado en el canal de Panamá, declaró que su
país respetará la soberanía panameña sobre el canal y reconocerá a este como una vía
fluvial internacional permanentemente neutral.

En cambio, el jefe de la diplomacia británica, David Lammy, evitó condenar las declaraciones del nuevo presidente de Estados Unidos, sobre sus ambiciones de
apoderarse del canal de Panamá y Groenlandia, asegurando que no sucederán. Lammy
manifestó a una cadena de televisión británica que «no está en el negocio de condenar
a nuestro aliado más cercano» cuando se le preguntó si iba a denunciar la retórica del
mandatario estadounidense.

Pero los panameños no subestiman las amenazas de Trump, quienes consideran el
canal como un pilar de su identidad nacional y dependen de su lucrativo tráfico. En 2024, el canal generó beneficios totales de casi 5.000 millones de dólares estadounidenses.

Según un estudio publicado en diciembre por IDB Invest26, el 23,6 % de los ingresos
anuales de Panamá provienen del canal y de las empresas que prestan servicios
relacionados con su funcionamiento.

Ese crecimiento económico que Panamá ha experimentado, si se compara con otras
naciones de Centroamérica, ha ayudado al país a conseguir una estabilidad poco
frecuente donde las naciones circundantes se ven acosados por la pobreza, el
narcotráfico, y, por ende, la migración.

Minutos después del combativo discurso inaugural de Donald Trump27, en el que
confirmó sus planes de recuperar el canal de Panamá, criticando duramente la
transferencia de aquel a manos panameñas, calificándola como un «regalo tonto» y una pérdida estratégica para Estados Unidos y catalogando esta decisión como de error histórico, Mulino publicó en su cuenta de X un comunicado en el que reiteraba lo que ya había expresado en diciembre pasado, que el canal es y seguirá siendo de Panamá y que estará bajo control panameño.

Paralelamente, Panamá elevó una queja formal ante las Naciones Unidas, recordando
que las amenazas de uso de la fuerza violan la Carta de la ONU. El embajador panameño ante la ONU, Eloy Alfaro de Alba, subrayó que las declaraciones de Trump son inaceptables y que Panamá defenderá su soberanía en todos los foros internacionales.
Estas acciones reflejan una postura estratégica de Panamá, que busca encauzar las
discusiones por los canales diplomáticos adecuados, reafirmando su soberanía y
administración legítima del canal de Panamá frente a las declaraciones del presidente
norteamericano.

La retórica de Trump: Confusión y controversia

Las propuestas poco convencionales de Donald Trump plantean un dilema interpretativo: no siempre es posible discernir si están diseñadas para captar la atención del público o si reflejan una política deliberada y seria. Una lección de su primer mandato es que solo una fracción limitada de sus declaraciones más llamativas se materializaron en acciones concretas.

Pero en este caso, el argumento del presidente estadounidense para reclamar la
devolución del canal se podría basar en algunas exageraciones. Aunque es verdad que
una filial de la empresa CK Hutchison Holdings, con sede en Hong Kong, opera en dos
puertos marítimos situados a ambos extremos del canal de Panamá, China no es la que controla la infraestructura del canal.

Pero quizás la exigencia de Donald Trump podría constituir una declaración de
intenciones que trasciende al gobierno panameño y envíe un mensaje inequívoco a su
principal competidor comercial, al sugerir que proyectos alternativos, como un canal en Nicaragua, podrían tener un significado estratégico renovado.

Para Pekín, la posibilidad de un canal de Panamá bajo un control estadounidense
absoluto plantea dudas sobre la viabilidad de confiar plenamente en esta infraestructura clave. En este contexto, cobran sentido las recientes amenazas de imponer aranceles a las exportaciones provenientes del nuevo megapuerto de Chancay, en Perú. Con esta maniobra, Trump no solo reabre la disputa sobre las rutas marítimas y los puertos de trascendencia estratégica, sino que también pone de manifiesto la creciente competencia entre Washington y Pekín por el control de estas vías cruciales para el comercio global.

En las últimas décadas, China ha ampliado significativamente su influencia en América
Latina mediante la adquisición de participaciones en numerosos puertos de Sudamérica y Centroamérica, así como en la gestión de tendidos eléctricos, vías fluviales y redes de telecomunicaciones. Frente a esta realidad, la advertencia de Trump a Panamá podría sentar un precedente y enviar una señal contundente a la llamada «zona de comercio americana» —que se extiende desde Canadá hasta Argentina y Chile— sobre las consecuencias de priorizar la aproximación a China por encima de Estados Unidos. En este escenario, el mensaje es claro: alinearse con Pekín podría implicar el cierre de facto del acceso al mercado estadounidense.

Ciertamente, la creciente apertura de Panamá hacia China en los últimos años ha
intensificado las preocupaciones de Estados Unidos sobre la creciente influencia de Pekín en la región. En 2017, Panamá rompió relaciones diplomáticas con Taiwán para
reconocer a la República Popular China como su único gobierno legítimo. Este giro
marcó un hito en las relaciones bilaterales y, en 2018, Panamá se convirtió en el primer país de América Latina en unirse oficialmente a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, el ambicioso programa global de infraestructuras impulsado por China. Pero recordemos que este hecho se produjo durante la primera presidencia de Trump, cuando su política en este hemisferio se centró principalmente en la migración y en las sanciones a Venezuela, y que, en 2020, cuando aún ocupaba la Casa Blanca, las empresas chinas ayudaron a Panamá a desarrollar un sistema de gestión de agua para combatir la sequía.

El presidente podría haber sido percibido como excesivamente complaciente con China
en ese momento.

Otra hipérbole de las alegaciones de Trump apunta a las tarifas que la República
panameña impone por el uso del canal, calificándolas de «exorbitantes» y alegando que perjudican a las navieras estadounidenses. Afirmación que volvió a destacar en su discurso de toma de posesión. Según las cuales, estos costos «muy altos» afectan
directamente la competitividad de las empresas norteamericanas en el comercio
internacional, reduciendo sus márgenes de ganancia y encareciendo las operaciones
logísticas. Trump calificó esta situación como injusta y acusó a Panamá de incumplir el
espíritu de los Tratados Torrijos-Carter, los cuales, según él, deberían garantizar
condiciones más favorables para los barcos estadounidenses.

Los precios del transporte marítimo han aumentado debido a las sequías que afectaron
a las esclusas del canal a partir de 2023, con los niveles de agua del lago Gatún, principal reserva hidrológica, en niveles históricamente bajos. La sequía se debió en parte a un fuerte efecto del fenómeno meteorológico conocido como El Niño, ya que el aumento de la temperatura del océano Pacífico alteró los patrones climáticos en todo el mundo. La Autoridad del Canal (ACP) se vio obligada a reducir considerablemente el tráfico diario, en algunos momentos hasta el 40 %, y aumentar las tarifas de uso. Aunque recientemente las lluvias han regresado mayoritariamente, Panamá ha mencionado que podrían ser necesarios futuros aumentos de tarifas a medida que se realizan mejoras para adaptarse a las circunstancias actuales y potenciales.

Estas circunstancias parecen no ser entendidas por el mandatario estadounidense, que
los costes del tránsito por el canal están subiendo, no por la avaricia panameña ni por la influencia china, sino más bien por los efectos del cambio climático. De hecho, a medio plazo las empresas afectadas ya están buscando rutas alternativas y otros medios para transportar sus mercancías. Algunos proyectos se están estudiando para construir un corredor ferroviario a través del sur de México, que competiría directamente con el canal panameño.

Por último, no queremos dejar de mencionar otra de las exageraciones de Donald Trump, cuando afirmó que 35.000 a 38.000 «hombres estadounidenses» habían fallecido durante la construcción del canal.

Durante su construcción, el costo humano fue abrumador. Se estima que más de 25.000 trabajadores perdieron la vida, en su mayoría durante el período francés, cuando las condiciones laborales eran extremadamente precarias y las enfermedades como la malaria y la fiebre amarilla devastaban a los empleados. Bajo la administración estadounidense, la implementación de medidas sanitarias logró reducir
significativamente la tasa de mortalidad, aunque el número de fallecimientos siguió
siendo considerable.

Contrario a lo que afirmó Trump, los datos históricos revelan que el promedio de
estadounidenses empleados en el proyecto fue de poco más de 5.000, muchos de ellos
ingenieros, y las bajas en sus filas fueron mínimas comparadas con las de los
trabajadores caribeños. Barbados fue la principal fuente de mano de obra, aportando un gran contingente de trabajadores, mientras que otros 7.500 hombres se reclutaron de las islas francesas de Martinica y Guadalupe.
Estas cifras subrayan el inmenso costo humano del canal, a menudo olvidado en el relato de su construcción, pero crucial para entender su historia.

Conclusión

La posibilidad de que Estados Unidos recupere el control del canal de Panamá, sugerida por Donald Trump, plantea interrogantes sobre su viabilidad y las consecuencias que podría tener en el ámbito legal, diplomático y geopolítico. Aunque estas declaraciones pueden parecer retóricas, reflejan un alejamiento preocupante de las normas internacionales que han protegido la integridad territorial y la soberanía de las naciones desde la Segunda Guerra Mundial.

Tales discursos sobre socavar las fronteras soberanas y usar la fuerza militar contra
aliados, incluso si se dicen a la ligera, marcan una sorprendente desviación de las
normas, ya de largo recorrido, sobre la integridad territorial. Y es una palabrería que,
según algunos analistas, podría envalentonar a los enemigos de Estados Unidos al
sugerir que Washington ahora está de acuerdo con que los países usen la fuerza para
volver a trazar las fronteras en un momento en que Rusia sigue adelante con su invasión de Ucrania y China amenaza a Taiwán, que reclama como su propio territorio.

Un ejemplo ilustrativo de esta tendencia fue su anhelo de adquirir Groenlandia en su
anterior mandato, una isla de notable interés estratégico que, no obstante, sigue siendo parte de Dinamarca. Ahora, su ambición de recuperar el control del canal de Panamá enfrenta una resistencia igualmente insalvable, ya que el gobierno panameño no tiene intención alguna de ceder voluntariamente esta infraestructura clave.
Sin embargo, estas afirmaciones no solo exageran la situación, sino que también ignoran los compromisos internacionales establecidos en el Tratado Torrijos-Carter de 1977.

Una acción militar para recuperar el canal no solo violaría el tratado, sino también los
principios de soberanía consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Tal
intervención podría ser considerada una agresión, lo que dañaría gravemente la
credibilidad de Estados Unidos como defensor del orden internacional basado en reglas.

Además, pondría en peligro el Protocolo de Neutralidad del canal, que garantiza su
apertura incluso en tiempos de guerra, afectando a los países que dependen de esta vía marítima para el comercio.

El impacto diplomático también sería significativo. La comunidad internacional, incluidos organismos como la ONU y la OEA, condenaría una acción unilateral, aislando a Estados Unidos en un momento de tensiones crecientes con China y Rusia. Además, Panamá podría invocar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), que obliga a los países firmantes a responder colectivamente ante una agresión, complicando aún más cualquier intento de intervención militar.

Desde 1990, Panamá carece de un ejército tradicional, contando únicamente con fuerzas de seguridad interna. Esto podría facilitar una acción militar inicial por parte de Estados Unidos, pero no garantizaría un control estable del territorio ni de la infraestructura canalera.

En el ámbito económico, la militarización del canal tendría repercusiones globales. El
canal de Panamá, como hemos venido analizando, es una arteria clave para el comercio internacional, y cualquier interrupción en su operatividad podría aumentar los costos del transporte marítimo y generar inestabilidad económica a nivel mundial. Además, tal acción podría fortalecer la narrativa de China y Rusia, que argumentarían la hipocresía de Estados Unidos al actuar de manera unilateral mientras critica a otros países por hacerlo.

De Panamá a Groenlandia, las ambiciones expansionistas del recién estrenado
presidente de Estados Unidos podrían señalar una realidad más amplia: en un mundo cada vez más dependiente de las cadenas de suministro extendidas que cruzan el
mundo, el dominio de la logística se traduce en seguridad económica. Trump puede que imagine que la toma de Panamá —como hizo Roosevelt— le aseguraría el acceso de Estados Unidos al canal, y que la compra de Groenlandia garantizaría la presencia de Estados Unidos a la entrada de un futuro paso hacia el noroeste a través del hielo ártico que se está derritiendo.

Lo que sí parece evidente, que las aspiraciones expansionistas de Trump auguran una
relación tensa y conflictiva entre Estados Unidos y sus aliados, adopta un estilo
caracterizado por generar un alto nivel de ruido y confrontación inicial, empleando una
estrategia de presión directa que permite a la diplomacia estadounidense intervenir
posteriormente con un enfoque más conciliador, maximizando así los beneficios
estratégicos.No es necesario interpretar literalmente las palabras de Trump, pero sí es crucial
tomarlas con seriedad, por lo que pudiera pasar.

En los últimos años, la tecnología ha avanzado a un ritmo acelerado, cambiando por completo distintos aspectos de nuestra vida diaria, desde cómo trabajamos hasta la forma en que nos comunicamos y adquirimos conocimientos.
En este contexto de cambios, la inteligencia artificial (IA) ha pasado a ser una parte fundamental del progreso tecnológico, desempeñando un papel clave en la mejora de procesos y en la generación de soluciones creativas para los retos modernos.

En el ámbito empresarial, la inteligencia artificial se ha vuelto clave para mantenerse competitivo. Las empresas la usan para prever tendencias, manejar inventarios y mejorar sus cadenas de suministro. Esto les ayuda a tomar decisiones más acertadas, trabajar con mayor eficiencia y ahorrar costos. Además, herramientas como los chatbots y los asistentes virtuales han cambiado la manera en que se atiende a los clientes, ofreciendo respuestas rápidas y adaptadas a sus necesidades en cualquier momento.
Otro sector profundamente impactado por la IA es la educación. La personalización del aprendizaje es uno de los mayores avances en este campo, ya que los sistemas inteligentes pueden adaptarse al ritmo y las necesidades de cada estudiante. Plataformas educativas, como las que incorporan análisis de datos y aprendizaje automático, no solo mejoran el acceso a la educación, sino que también fomentan una experiencia de aprendizaje más inclusiva y eficiente.

No obstante, la inteligencia artificial también ha generado preocupaciones significativas. Uno de los principales retos es el impacto en el empleo. La automatización de tareas, especialmente en sectores como la manufactura, la logística y los servicios, ha desplazado empleos tradicionales, generando incertidumbre sobre el futuro del trabajo. Si bien se crean nuevos roles relacionados con la implementación y gestión de estas tecnologías, el desafío radica en preparar a la fuerza laboral para adaptarse a estas transformaciones.
La privacidad y la seguridad de los datos también son cuestiones fundamentales en la era de la inteligencia artificial. La recopilación masiva de datos personales para entrenar sistemas de IA plantea riesgos significativos, especialmente en un contexto donde las violaciones de la privacidad pueden tener consecuencias graves tanto a nivel individual como colectivo. La regulación y la protección de datos deben ser una prioridad para garantizar que los avances tecnológicos no comprometan los derechos fundamentales de las personas.

En el plano social, la influencia de la tecnología y la inteligencia artificial es evidente en nuestra interacción con la información. Las redes sociales y los motores de búsqueda, potenciados por algoritmos inteligentes, personalizan los contenidos que consumimos, lo que puede generar burbujas de información y polarización ideológica. Aunque estas plataformas han facilitado el acceso a información y han conectado a millones de personas alrededor del mundo, también han puesto de manifiesto la necesidad de promover un uso ético y responsable de estas herramientas.
En este contexto de cambios acelerados, resulta imprescindible abordar la integración de la inteligencia artificial desde un enfoque ético y sostenible. Las instituciones educativas, los gobiernos y las empresas deben colaborar para establecer marcos regulatorios que guíen el desarrollo y la implementación de estas tecnologías. Asimismo, es esencial fomentar una cultura de innovación inclusiva, que garantice que los beneficios de la tecnología lleguen a todos los sectores de la sociedad.

Para concluir, la inteligencia artificial no solo representa una herramienta poderosa para enfrentar los desafíos contemporáneos, sino también un factor que redefine los límites del desarrollo humano. Sin embargo, su implementación debe estar acompañada de una reflexión profunda sobre sus implicaciones éticas, sociales y económicas. Solo mediante un enfoque equilibrado podremos aprovechar el verdadero potencial de la tecnología y construir un futuro en el que la innovación sea un motor de progreso equitativo y responsable.

Fuentes: https://blogs.iadb.org/trabajo/es/inteligencia-artificial-que-aporta-y-que-cambia-en-el-mundo-del-trabajo/

https://www.unesco.org/es/digital-education/artificial-intelligence

ALGUNAS IDEAS DE LO QUE DEBE Y PUEDE HACERSE 

Estamos a escasas horas de que se produzca la toma de posesión del Presidente electo de EEUU Donald Trump y se percibe una atmósfera densa de expectación y legítima inquietud debido a la naturaleza de las manifestaciones que ha venido expresando en los últimos días acerca de la proyección que impulsará durante su Administración. 

Con independencia del talante ciertamente montaraz y altisonante de las declaraciones, muy alejadas del lenguaje diplomático comedido y prudente que impone el protocolo internacional, se hace necesario hacer un esfuerzo reflexivo que ayude a ponderar cuáles pueden ser los derroteros que debe seguir Panamá ante este complejo desafío que suponen las declaraciones del Presidente TRUMP y su futuro Secretario de Estado respecto al manejo del Canal y la presencia de intereses chinos en el Istmo. 

Lo primero que hay que tener en cuenta es que, no obstante, el contenido peyorativo y destemplado de las manifestaciones, las mismas no son accidentales, pues, han 

sido reiteradas en contextos que denotan un marcado interés de relacionar el tema a asuntos de seguridad económica y geoestratégica de EE. UU. 

En segundo término, tales manifestaciones provienen no sólo del Presidente Electo sino que son coincidentes con las expresadas esta semana por el futuro Secretario de Estado Marco Rubio lo que revela que la cuestión es seria y no pueden ni subestimarse o banalizarse con señalamientos ad hominem contra el nuevo mandatario norteamericano quien ascenderá al cargo con altos índices de popularidad en su país, un dominio casi total del Partido Republicano que controla las dos Cámaras del Congreso y cuenta con una clara mayoría conservadora en la Corte Suprema de Justicia. Como anotó en alguna oportunidad PETER THIEL-creador de PAYPAL junto a ELON MUSK- y quien es uno de los magnates tecnócratas que respalda con mayor fuerza a TRUMP y a su vicepresidente VANCE “las palabras de TRUMP no hay que tomarlas en sentido literal pero si hay que tomarlas en serio” 

Es evidente, entonces, que la situación supone un desafío complejo y difícil para nuestro país que exige una lectura realista, madura, fría y, ante todo efectiva, para encarar con sindéresis la preservación de los intereses vitales de la Nación y su dignidad en un escenario de gran asimetría. Lo que no puede hacerse es adoptar ni actitudes reactivas o improvisadas ni tampoco asumir fáciles posiciones victimistas que si bien pueden ser legítimas y comprensibles constituyen solamente acciones tácticas más no estratégicas en un momento en el que las instituciones internacionales globales 

pasan por una crisis insondable de funcionalidad y efectividad. 

Estamos ante un escenario excepcional que requiere criterios cónsonos con esta nueva realidad. Soy del criterio que nuestro país enfrenta el más difícil desafío en su historia de relaciones con EEUU, dado que los momentos complicados que hemos vivido antaño se desarrollaron cuando existían circunstancias internacionales sustancialmente distintas a las que prevalecen hogaño. Esta intrincada situación configura para la actual Administración panameña un auténtico “cisne negro” expresión metafórica empleada hace algunos años por el autor NASSIM NICHOLAS TALEB para designar un evento atípico, impredecible y de impacto significativo en la economía, historia etc. 

En la mira de ordenar algunas ideas puede resultar útil tener en mientes las siguientes realidades: 

• Debido a nuestra privilegiada posición geográfica y de que aquí está ubicado el Canal, Panamá ha mantenido desde su advenimiento como Estado independiente en 1903 una relación singularmente especial con EEUU que ha tenido momentos difíciles y dolorosos pero que también han logrado superarse de manera ventajosa para nosotros pese a la elocuente desigualdad que mantenemos con la primera potencia del mundo occidental. Ese acervo de experiencia no lo tiene ningún país latinoamericano. 
• Aunque nos guste o no es una realidad que la construcción del Canal marcó para Panamá una impronta en su decurso político y no es aventurado considerar que ese factor ha influido 

• en el contenido de las relaciones que hemos mantenido y mantenemos con los EE. UU. 
• La posición geográfica y la presencia del Canal son realidades geopolíticas que para bien o para mal colocan a nuestro país en una zona de influencia estratégica global. El 6% del comercio mundial hace uso de esas instalaciones y las dos potencias hegemónicas dominantes EEUU y China comparten el primero y segundo lugar en la lista de principales usuarios de la vía. 
• El escenario político y económico internacional pone de manifiesto que EEUU y China están protagonizando una encarnizada lucha por el predominio global. 
• Esa inocultable tensión hegemónica ha cobrado ribetes intensos principalmente por la posición expresada por el Presidente TRUMP que no hay que soslayar responde, en esencia, a una línea bipartidista compartida por las dos formaciones políticas principales acerca de la necesidad que tiene EEUU de retomar su liderazgo en zonas de influencia vitales para su seguridad económica y estratégica a fin de enfrentar la presencia china que consideran una amenaza a su predominio global. 
• La preocupación norteamericana creo que no se agota solamente con el reparo sobre el control de los puertos de Balboa y Cristóbal sino que es posible que englobe también la misma posición geográfica en su visión geoestratégica. 
• Panamá tiene, por tanto, que estar consciente de esa tensión hegemónica que existe y que protagonizan como telón de fondo mundial EEUU y China para diseñar una política exterior 

• que nos ayude a salir sin mayores detrimentos ni menoscabos de este auténtico atolladero. 
• Mantener actitudes negacionistas o refractarias al reconocimiento de esa realidad sólo nos expondrá a escenarios indeseables e inconvenientes. 

Por ello, con base en esos factores pueden pergeñarse algunas consideraciones sobre qué debe y puede hacerse ante este desafío tan complejo que plantea la firme posición anti China de la próxima administración norteamericana presidida por TRUMP. 

Qué debe hacerse 

Sin ninguna pretensión jactanciosa de hacer un listado exhaustivo estimo que nuestro país podría considerar algunas acciones, a saber: 

• Conformar de manera inmediata un equipo multidisciplinario competente y experimentado que pueda ayudar a que la actual Administración panameña tenga un cuadro claro de escenarios para gestionar con éxito las previsibles presiones que seguramente desarrollará la administración norteamericana para el logro de sus objetivos. 
• Ese equipo profesional debe ofrecer no sólo un análisis del desafío sino también un elenco de cursos alternativos y planificados que preserven nuestros intereses vitales y la dignidad e independencia nacional. 
• Dado que una eventual conversación entre EEUU y Panamá sobre la presencia china se desarrollará en un clima de previsible tensión convendría contar con una experimentada 

• lobby que ayude a identificar potenciales aliados en los círculos de poder de EEUU y mitigar reacciones adversas contra nuestro país. 
• Es preciso evitar improvisaciones tanto en la escogencia del equipo asesor como en las acciones que se vayan a emprender porque el costo negativo y perjudicial que podría generarse para Panamá es significativo y considerable. El tono de las conversaciones que se den sobre este espinoso asunto no puede ser, por tanto, pugnaz o altivo sino firme, maduro y con un bien meditado objetivo estratégico. 
• Hay que evitar a toda costa que EEUU se lleve la errónea idea de que Panamá no es sensible a sus preocupaciones de seguridad geoestratégicas que, como indiqué, creo que no se limitarán al tema portuario únicamente, sino que abarcarán cuestiones relativas a nuestra posición geográfica y económica (control efectivo de las fronteras; cese de la utilización de puertos para el tráfico internacional de drogas; incremento de medidas de combate al lavado de activos; corrupción gubernamental, etc). 
• La narrativa panameña tiene que ser lo suficientemente sagaz y creativa para evitar imposiciones irresistibles que lesionen nuestra economía y comprometan de manera indecorosa nuestra independencia y dignidad. Hay que mantener una lectura atenta, fría y realista del clima que circundará esos contactos. Por esto habrá que gestar una auténtica unidad de objetivos nacionales, que sea desprendida, clara y pragmática ya que sólo así el país podrá superar constructivamente esta riesgosa coyuntura. 

• Como la dinámica de los acontecimientos será veloz hay que tener en cuenta que Panamá no dispondrá de mucho tiempo para conducir esas conversaciones con EEUU. El estilo transaccional, unilateral y punitivo del Presidente norteamericano debe ser un tema esencial a tener en cuenta. 

Qué puede hacerse 

La clave para que Panamá salga adelante ante este complejo desafío será contar con una bien lograda visión estratégica y táctica. Como es de esperar que las conversaciones sobre el tema chino serán promovidas por EEUU, nuestro país debe estar lo suficientemente preparado para ello, luego de haber ponderado sus mejores opciones dentro un cuidadoso planeamiento por escenarios. 

En ese sentido, Panamá bien puede hacer planteamientos que puedan ser coadyuvantes con el logro de nuestros objetivos nacionales. Esto es convertir una amenaza en una suerte de oportunidad de valor que nos permita relanzar de manera positiva nuestra relación de cooperación estratégica y respeto con EEUU. 

Algunas acciones que pueden considerarse como constructivas y provechosas para nuestro país y que coinciden con los intereses estratégicos de EEUU son: 

1. Adoptar un régimen normativo que aprovechando nuestra posición geográfica estimule y facilite la inversión directa norteamericana en áreas como: 
2. Hub para la distribución de componentes tecnológicos 

• Establecimiento de centros de datos aprovechando los cables submarinos que pasan por Panamá. 
• Creación de zonas tecnológicas especiales. 
• Centros de procesamiento de datos cuánticos e inteligencia artificial 
• Nearshoring 
• Telecomunicaciones y turismo 
• Centros de investigación biomédica 
• Acuerdos con empresas tecnológicas y centros universitarios de EEUU para la formación de especialistas en IA y computación cuántica. 
• Programas de intercambios y pasantías con Universidades norteamericanas en áreas de matemáticas, ciencias. 
• Cooperación de EEUU para el retiro de Panamá de la Listas discriminatorias. 
• Acuerdos de transferencia de tecnología 
• Diversificación de operadores portuarios norteamericanos y de países aliados de EEUU. 
• Fortalecimiento de las tareas de supervisión de las operaciones portuarias existentes. 
• Aumento de presencia de autoridades panameñas en las instalaciones portuarias 
• Mejora de los protocolos de seguridad y supervisión conjunta con EEUU. 

1. Revisión de los términos de las concesiones existentes. 
2. Adopción de un régimen legal definido y claro que prohíba la inversión directa o indirecta de Estados extranjeros en áreas de sensibilidad estratégica (tierras, electricidad, telecomunicaciones, banca, distribución de alimentos, seguridad, minería etc). 

En definitiva, Panamá tiene por delante un complejo desafío que sólo mediante un reconocimiento sensato de la nueva realidad geopolítica logrará una vez más construir y fortalecer una relación provechosa y fraterna con el pueblo y gobierno de EEUU. 

En la vida el cambio y la adaptabilidad constituyen las únicas certezas y no podemos dar la espalda a esa realidad, pues, como bien anotó el célebre naturalista inglés CHARLES DARWIN “no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que más responde a los cambios”. 

Por: Adán Arnulfo Arjona L. 
Abogado. Exmagistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia. 

El Dr. Pablo Arosemena Alba, cuyo nombre completo era Pablo José Merced de los Dolores Arosemena Alba, nació el 24 de septiembre de 1836 en la ciudad de Panamá, hijo de Pablo Arosemena de la Barrera y Ramona de Alba Braximo.  En 1849 hizo estudios en la Universidad Nacional de Bogotá, donde obtuvo el título de Doctor en Jurisprudencia a temprana edad.  Cuando formábamos parte de Colombia, el Dr. Pablo Arosemena Alba ocupó diversas posiciones públicas, entre ellas la de Diputado a la Asamblea Legislativa de Panamá, en 1858, 1859, 1869, 1870, 1873 y 1885.  Fue Secretario de una Legación de Colombia en Europa, Procurador del Estado, Representante y Senador Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en las repúblicas de Chile y el Perú.  Fue Fiscal en la conocida causa de acusación al Presidente Tomás Cipriano de Mosquera en 1867, quien fue derrocado por un golpe de Estado en mayo de 1867, trasladado a prisión y luego juzgado por el Senado y sentenciado a tres años de ostracismo.  Fue elegido Senador de la república.  Fue elegido Tercer Designado del poder ejecutivo de los Estados Unidos de Colombia, Oficial Mayor del Tribunal del Distrito del Istmo, Secretario de la Corte Superior y algunos otros cargos municipales entre otros.  Se destacó como periodista y fundó con Gil Colunge el periódico Centinela.  Escribió en otros periódicos como El Observador, El Federalista, La Unión Liberal, El Istmo, la Crónica Mercantil y otros.

Pablo Arosemena se casó con Matilde Esperanza Picón Herrera con quien tuvo cinco hijos.  Su esposa murió joven, a los 33 años.  Posteriormente, en 1885 se casó con Ramona Forte Zapata, nacida también en Panamá, con quien tuvo seis hijos.  Su esposa murió en 1908.

Al independizarse el Departamento de Panamá de Colombia el 3 de noviembre de 1903, el Dr. Pablo Arosemena Alba no formó parte del movimiento independentista, más bien se opuso al mismo, pero una vez consumando el mismo lo aceptó, lo reconoció e inmediatamente ofreció sus servicios a la incipiente República de Panamá.  Inmediatamente después de la independencia de Panamá, el Dr. Arosemena Alba viajó junto al Dr. Manuel Amador Guerrero y Don Federico Boyd a los Estados Unidos con el propósito de negociar el nuevo tratado del canal, encontrándose allá con el tratado ya firmado por Philippe Bunau-Varilla, escudándose éste en el cargo de Embajador Plenipotenciario que le había otorgado la Junta Provisional de Gobierno de Panamá.

Posteriormente Pablo Arosemena fue designado Presidente de la Primera Asamblea Nacional Constituyente de 1904 que eligió al Dr. Manuel Amador Guerrero como Primer Presidente Constitucional de la República de Panamá.  Dicha constituyente promulgó la Constitución Nacional de 1904, que contenía el controversial Artículo 136, que permitía la intervención de Estados Unidos en los asuntos de Panamá.  Este polémico Artículo 136 fue defendido y aprobado por la mayoría de los constituyentes, entre ellos el Dr. Pablo Arosemena Alba.  Posteriormente, el Dr. Arosemena Alba solicitó en varias oportunidades, tanto en 1912 como en 1916, que los Estados Unidos supervisara las elecciones en las campañas electorales de esos años.

Es importante recordar que al ser elegido el Dr. Manuel Amador Guerrero como Primer Presidente Constitucional de la República de Panamá el 20 de febrero de 1904, con él fueron elegidos por dos años como Primer, Segundo y Tercer Designados (Vicepresidentes) a la Presidencia de la República, el Dr. Pablo Arosemena (liberal), el Dr. José Domingo de Obaldía (conservador) y el Dr. Carlos A. Mendoza (liberal) respectivamente.  El período del Dr. Amador Guerrero fue de cuatro años, por lo que terminaba el mismo el 30 de septiembre de 1908, mientras el período de los Designados terminaba el 30 de septiembre de 1906.

Un hecho histórico que es importante recordar es que al inicio del gobierno conservador del Dr. Manuel Amador Guerrero, hubo malestar del Partido Liberal por no tener mayor beligerancia en el gobierno.  El General Esteban Huertas López, Jefe del Ejército, solicitó la remoción de los conservadores Don Tomás Arias, Secretario (Ministro) de Gobierno y Relaciones Exteriores y el Dr. Nicolás Victoria Jaén, Secretario (Ministro) de Instrucción Pública y Justicia.  El Presidente Amador Guerrero únicamente removió al Secretario Tomás Arias y mantuvo en su posición al Dr. Nicolás Victoria Jaén.  Este cumplimiento parcial de la solicitud presentada por el General Esteban Huertas hizo que lanzara una nueva proclama en contra del Presidente Amador Guerrero y buscó el respaldo del Primer Designado, el liberal Dr. Pablo Arosemena, quien rechazó rotundamente tales planes golpistas, demostrando así sus principios democráticos y apoyo al orden constitucional, descubriéndose así la conjura para derrocar el gobierno constitucional.  Este primer intento golpista no prosperó. El General Estaban Huertas fue destituido y se ordenó la disolución del ejército, acciones que se ejecutaron el 18 y 20 de noviembre de 1904, haciendo así posible el retorno de la tranquilidad al país.

El 2 de julio de 1908 se realizaron las elecciones presidenciales y el candidato conservador, Don José Domingo de Obaldía, sin oposición, ganó la presidencia.  Gobernó desde el 1 de octubre de 1908 hasta el 1 de marzo de 1910, cuando lo sorprendió la muerte.  Para este período fueron escogidos por la Asamblea Nacional de Diputados por dos años, de conformidad con la Carta Magna, Don José Agustín Arango, como Primer Designado y Dr. Carlos A. Mendoza como Segundo Designado.  Al fallecer el Presidente titular, Don José Domingo de Obaldía, fue reemplazado el Segundo Designado, Dr. Carlos A. Mendoza, debido a que el Primer Designado, Don José Agustín Arango Remón, había fallecido el 10 de mayo de 1909.  El gobierno del Dr. Carlos A Mendoza fue de sólo siete meses.  Mendoza no resultó una figura grata a los Estados Unidos.  Pretendió buscar la reelección, pero muchos impedimentos, tanto personales como políticos, lo obligaron a retirar su candidatura.  Posteriormente surgieron las figuras liberales del Dr. Belisario Porras Barahona y la del Dr. Pablo Arosemena Alba para sustituir al Dr. Carlos A. Mendoza.

Los mencionados candidatos liberales se pusieron de acuerdo y el Dr. Porras rehusó la candidatura a favor del Dr. Arosemena, a cambio de que sería nombrado Ministro en Estados Unidos, lo que se cumplió.  En vista del acuerdo señalado, la Asamblea Nacional de Diputados eligió al Dr. Pablo Arosemena Alba para finalizar hasta 1912 el período restante luego del fallecimiento de Don José Domingo de Obaldía y la renuncia del Dr. Carlos A. Mendoza.  Por ende, la Asamblea Nacional eligió designados a tres respetados liberales:   Dr. Pablo Arosemena Alba, Federico Boyd López y Rodolfo Chiari Robles.  El Primer Designado, Dr. Pablo Arosemena Alba, en ese momento era el Ministro de Panamá en Chile, por ende se encargó provisionalmente de la presidencia, por unos días, el Segundo Designado, Federico Augusto Boyd López.  Al regreso al país del Dr. Pablo Arosemena Alba, 5 de octubre de 1910, inmediatamente asumió el cargo de la presidencia en su calidad de Primer Designado.  En su discurso de toma de posesión, el Dr. Arosemena Alba declaró que su administración no tendría candidato oficial y posteriormente señaló que por ningún motivo sería candidato para la presidencia en 1912, año en que se cumplía el período presidencial del difunto Presidente titular Don José Domingo de Obaldía.  Sin embargo, aproximadamente en Abril de 1911, Arosemena Alba comenzó a demostrar sus aspiraciones presidenciales para el torneo electoral a celebrarse en 1912, inclusive manifestándole al Presidente republicano estadounidense William Howard Taft sus intenciones presidenciales, al señalarle que contaba con el respaldo de los liberales y conservadores con el compromiso de seleccionar a un conservador como candidato a Designado (Vicepresidente).

Luego el Dr. Pablo Arosemena Alba solicitó licencia y se separó de la presidencia, correspondiéndole a Don Federico Boyd López encargarse, más declinó a favor del Tercer Designado, Don Rodolfo Chiari Robles.  Hay que recordar que anteriormente había un compromiso entre el Dr. Arosemena Alba con el Dr. Porras Barahona, que, al no honrarse, originó la división del Partido Liberal.  El Directorio Nacional del Partido Liberal no estuvo de acuerdo con su candidatura presidencial.  De allí surgió el Partido Unión Patriótica, que postuló a Don Pedro A. Díaz, quien era el Contralor General y Presidente del Club Liberal Istmeño.  Diaz fue respaldado por el Presidente Dr. Pablo Arosemena Alba y un sector del Partido Conservador. 

Es importante hacer memoria de que la amistad del Dr. Arosemena Alba con el Dr. Porras Barahona venía desde los tiempos en que la Corte Suprema de Justicia, en su fallo del 15 de noviembre de 1905, suspendió la ciudadanía del Dr. Belisario Porras, fallo que llevó a la indignación de muchos panameños, entre ellos la plana mayor del liberalismo panameño, entre otros el famoso tribuno y elocuente parlamentario Dr. Pablo Arosemena Alba, quien se solidarizó y aclamó al Dr. Belisario Porras Barahona en una manifestación que se celebró en el Parque de Santa Ana el día 19 de noviembre de 1905.  Luego, la Convención Nacional del Partido Liberal postuló el 12 de febrero, en Aguadulce, al Dr. Belisario Porras Barahona.  El Dr.  Pablo Arosemena Alba renunció a sus aspiraciones presidenciales y se reintegró a la Presidencia de la República.  Durante su mandato hizo gestiones para establecer relaciones diplomáticas con Colombia a fines de 1910.  Envió al Dr. Carlos A. Mendoza sin resultados positivos.}

Durante la presidencia del Dr. Arosemena Alba, el istmo de Panamá recibió la visita del Presidente estadounidense William Howard Taft, quien aprovecho para negar una noticia publicada en los Estados Unidos, que decía que su país anexaría a Panamá porque era importante para la apertura del canal al comercio mundial.  El presidente panameño ofreció al Presidente Taft un banquete el 16 de noviembre, donde se comprometió a actuar como un Magistrado imparcial en las elecciones de 1912.  Al principio, el gobierno de Arosemena pretendió ordenar la situación de las finanzas públicas del país.  No obstante y a pesar de sus buenas intenciones, su administración fue tímida para enmendar las finanzas, lo que originó críticas a su administración.  Durante su mandato de dos años llegó a finalizar la construcción del Instituto Nacional, obra iniciada por Don José Domingo de Obaldía, y le otorgó al Banco Nacional la potestad de emitir el papel moneda conocido como el Balboa.

Después de una campaña electoral violenta y con hechos de sangre, con los ánimos enardecidos y con intenciones de adulterar el resultado de los comicios para beneficiar la candidatura oficial de Pedro Díaz de Obaldía, las elecciones se celebraron el 14 de julio de 1912 y su ganador fue el Dr. Belisario Porras Barahona por amplio margen.  El Dr. Porras fue proclamado como Presidente de la República el día 2 de agosto de 1912 por el voto unánime de la Junta de Electores.  Seguidamente Porras tomó posesión como Presidente el día 1 de octubre de 1912.  Prácticamente retirado de la política, el Dr. Pablo Arosemena Alba se dedicó a la vida privada con el cargo de Abogado de la Compañía del Ferrocarril de Panamá.  Fue Presidente Interino de Panamá desde el 5 de octubre de 1910 al 1 de octubre de 1912.  Fue elegido del 20 de febrero de 1904 como Primer Designado a la Presidencia de la República en la Convención Nacional Constituyente por dos años que finalizaron el 30 de septiembre de 1906.  También se desempeñó como Presidente del Estado Federal de Panamá en 1875 y en 1885.

Este connotado liberal, abogado, historiador y político panameño falleció el 29 de agosto de 1920 a los 83 años, fue nuestro quinto Presidente de la República, y ganó un sólido prestigio nacional e internacional como jurisconsulto.  Su trayectoria en el servicio público fue especialmente positiva y es justo rememorar su vida y trayectoria como uno de nuestros primeros presidentes y el legado que nos dejó.

Fuente: CEPAL

Los países de América Latina y el Caribe (ALC) deberían mejorar la recaudación de impuestos, el gasto y la gestión de la deuda pública, así como movilizar más recursos privados para financiar sus ambiciosas agendas de desarrollo, según la edición de 2024 de las Perspectivas económicas de América Latina (LEO): Financiando el Desarrollo Sostenible  .

La 17a edición del informe sostiene que para reducir la brecha de financiamiento sostenible de ALC – estimado en 99 000 millones de USD al año – se debe mejorar la coordinación entre los actores públicos y privados, con ayuda de sus socios internacionales.

Dado el difícil contexto socioeconómico de la región, se necesita un conjunto de reformas de gran alcance. El crecimiento de la productividad sigue siendo escaso: la productividad laboral promedio ascendió a tan solo un 33% de los niveles registrados en la OCDE en 2023, mientras que ese mismo año un 27.3% de la población total de la región vivía en situación de pobreza, el nivel más bajo de las dos últimas décadas. La pobreza extrema, sin embargo, se ha mantenido persistentemente alta, al afectar a una de cada diez (10.6%) personas de América Latina y el Caribe.

Muchos países mantienen una postura estricta en materia de política monetaria, con el fin de mantener bajo control las expectativas sobre la inflación, y están atravesando una fase de consolidación fiscal, tras el descenso considerable del espacio fiscal de la región después de la pandemia del COVID-19. En este contexto, el margen de maniobra para formular políticas económicas expansionistas que respalden la demanda agregada y promuevan la consecución de objetivos sociales es limitado.

El informe identifica las siguientes prioridades para movilizar recursos en favor de un desarrollo sostenible en ALC:

• Mejorar la forma en que se gravan los impuestos. En la mayoría de economías de ALC, los ingresos tributarios son bajos, con un promedio del 21.5% del PIB en 2022, frente al 34% de la OCDE. Además, ajustar la estructura tributaria o potenciar los impuestos existentes podría ayudar a reducir las desigualdades, contribuir a la transición verde, impulsar los resultados en materia de salud y promover el emprendimiento.
• Optimizar la asignación presupuestaria y aumentar la eficiencia del gasto puede liberar recursos adicionales. El gasto público se concentra en el gasto corriente (un 82% en 2023), es cortoplacista y su asignación resulta ineficiente.
• Mejorar la gestión de la deuda a través de marcos fiscales sólidos para mantener la sostenibilidad fiscal. Los países de ALC han visto incrementado su servicio de la deuda desde el 9.8% de los ingresos tributarios en 2012 a un 12.2% en 2022. En la pasada década, en algunos países, el pago de intereses ha llegado inclusive a duplicar el gasto en educación, a triplicar el gasto en salud y a cuadruplicar las inversiones de capital.
• Profundizar los mercados financieros y fomentar la innovación para canalizar más recursos privados hacia los objetivos de desarrollo. En ALC, los sistemas financieros carecen de profundidad, pues el crédito interno al sector privado asciende a un 50% del PIB. Los sistemas financieros siguen excluyendo a algunos grupos vulnerables, entre ellos a las mujeres. Cerca del 15% de los hogares formales tenía acceso a préstamos hipotecarios en 2020, frente a tan solo un 2.3% de los hogares informales.
• Fomentar la transformación de la producción para alcanzar un crecimiento sostenible y promocionar sectores competitivos aumentando la presencia de emisores privados y la liquidez en los mercados de capitales. En la actualidad, los mercados de deuda de la región de ALC se ven impulsados principalmente por el sector público, que representó un 81% de las emisiones locales entre 2015 y 2023. Para reducir esta concentración, las políticas deberían tratar de incrementar la participación de los inversores institucionales, actualizar los marcos regulatorios, mejorar la competencia financiera y reforzar la integración regional.
• Las instituciones financieras de desarrollo (IFD) desempeñan un papel crucial en un mercado financiero que todavía se encuentra en desarrollo. Un 34% de las IFD tienen el mandato específico de promover la inclusión financiera de las micro y las pequeñas y medianas empresas, pero solo un 19% de los instrumentos financieros que proponen abordan la transición verde, la igualdad de género y la transformación digital o la innovación.
• La cooperación internacional es fundamental para movilizar nuevos recursos, entre ellos la Agenda de Inversiones Global Gateway UE-LAC, que moviliza financiamiento a través de asociaciones público-privadas para cubrir las necesidades de infraestructura, además de crear valor agregado local y promover el crecimiento, el empleo y la cohesión social.
• Instrumentos financieros tales como los bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad siguen siendo un mecanismo atractivo, que aumentó del 9.3% del total de emisiones de bonos de ALC en los mercados internacionales en 2020 hasta casi un 35% en 2023. Los bonos para catástrofes, los canjes de deuda por naturaleza y las cláusulas sobre desastres naturales pueden movilizar también inversión pública y privada allí donde más se necesite. La creación de marcos armonizados y mecanismos fiables de seguimiento y supervisión de estos instrumentos debería evitar casos de green washing.
• Por último, la región debería coordinarse para presentar una perspectiva regional propia en la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de las Naciones Unidas (que se celebrará en Sevilla a mediados de 2025).

Un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) destaca cómo el diálogo social puede permitir que los países busquen el desarrollo económico al mismo tiempo que el progreso social, mientras que aseguran transiciones digitales y de baja emisión de carbono que sean justas e inclusivas.

El Informe sobre el Diálogo Social 2024: El diálogo social en el más alto nivel para el desarrollo económico y el progreso social, se centra en el » diálogo social en el más alto nivel» (DSAN): un conjunto de instituciones y procesos en los que los gobiernos, las organizaciones de empleadores y de trabajadores negocian, consultan entre sí e intercambian información sobre asuntos laborales, económicos y sociales a nivel nacional o sectorial.

El informe demuestra que el DSAN puede contribuir al trabajo decente, a una distribución más equitativa de los ingresos laborales y a transiciones digitales y ecológicas justas. También subraya que el respeto a la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva en la legislación y en la práctica son esenciales. Sin embargo, la capacidad del DSAN para moldear los cambios se ve debilitado cuando las políticas socioeconómicas están impulsadas por consideraciones a corto plazo y excluyen a segmentos importantes de la sociedad.

El informe se basa en estudios de caso, datos sobre relaciones laborales, una revisión global de los procesos y resultados del DSAN, y una encuesta de percepción a 71 organizaciones de empleadores y trabajadores en 38 países sobre la efectividad e inclusividad de las instituciones nacionales de diálogo social (INDS).

El informe enfatiza los requisitos esenciales para un DSAN efectivo. En particular, señala que el cumplimiento de los países con la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva ha disminuido en un 7 % entre 2015 y 2022. Esta disminución fue impulsada por un aumento en las violaciones de las libertades civiles fundamentales y los derechos de negociación de empleadores, trabajadores y sus organizaciones representativas.

Las Instituciones Nacionales de Diálogo Social tienen una gran presencia, son relevantes, pero deben ser más inclusivas

El informe revela que las INDS están presentes en el 87 % de los Estados Miembros de la OIT. Tres cuartas partes de los trabajadores y dos tercios de los empleadores las consideran efectivas, pero persisten preocupaciones sobre el seguimiento inadecuado por parte de los gobiernos o las autoridades públicas a los resultados del diálogo social, como destacó la encuesta de percepción realizada para este informe. Otra preocupación es la falta de inclusividad de las INDS y las brechas en relación con las necesidades de grupos subrepresentados, como las mujeres, los jóvenes y los trabajadores y unidades económicas de la economía informal.

Mayor involucramiento de los socios sociales en la formulación de políticas

En muchos países se reconoce la importancia de la participación de las organizaciones de empleadores y trabajadores en el diseño y la gobernanza de las políticas de empleo o los sistemas de protección social. Por ejemplo, más del 30 % de los servicios públicos de empleo incluyen a representantes de empleadores y trabajadores en sus juntas de gestión, mientras que el 25 % de las políticas nacionales de empleo identifican la consulta tripartita como un requisito clave. Aproximadamente el 80 % de los 187 Estados Miembros de la OIT han establecido cuerpos tripartitos de seguridad y salud en el trabajo (SST) de alto nivel, mientras que las reformas de protección social en 65 países han ampliado la cobertura de pensiones, salud y beneficios para los empleados con la participación de los socios sociales.

Instituciones más fuertes de DSAN para abordar la crisis del costo de vida

El informe también revisa el papel de la fijación de salarios mínimos, que involucra a los socios sociales y la negociación colectiva sectorial en la lucha contra la crisis del costo de vida y la promoción de la igualdad salarial. Destaca que, cuando los salarios mínimos nacionales fijados por los gobiernos en consulta con los socios sociales coexisten con salarios mínimos sectoriales determinados mediante negociación colectiva, el DSAN es más efectivo para abordar la alta desigualdad de ingresos laborales.

Fomentar el DSAN para transiciones digitales y verdes justas

La evidencia sugiere que el DSAN fomenta el consenso social sobre la transformación digital y las políticas de descarbonización. Sin embargo, la dependencia del DSAN para gestionar esta doble transición es más frecuente en países con instituciones de diálogo social bien establecidas y donde la penetración digital es más intensa. Una revisión de 118 procesos de diálogo social entre 2022-2023 muestra que alrededor de una cuarta parte abordaron temas relacionados con la doble transición, principalmente en Europa. Una nueva generación de políticas industriales orientadas a la diversificación económica y la transformación estructural, centradas en la doble transición, presenta una ocasión muy oportuna para avanzar en el papel del DSAN en la guía de esta transición.

Un llamado a la acción para desbloquear el poder del DSAN

Para desbloquear completamente la inclusividad y efectividad del DSAN, el informe insta a los países a:

• Respetar los principios y derechos fundamentales en el trabajo, especialmente la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.
• Dotar a las administraciones laborales y a los socios sociales de los recursos y capacidades técnicas necesarios para participar eficazmente en el DSAN.
• Ampliar el alcance de las INDS y los socios sociales hacia los grupos subrepresentados.
• Realizar evaluaciones regulares basadas en evidencia sobre el papel e influencia de las instituciones de DSAN en la toma de decisiones socioeconómicas.