El análisis de los conflictos internacionales desde la intersección entre idiosincrasia, cultura y civilización ofrece una perspectiva profunda sobre cómo las dinámicas sociales, históricas y religiosas influyen en las tensiones globales. Estos tres conceptos, aunque frecuentemente tratados como sinónimos, representan dimensiones diferenciadas que configuran la identidad colectiva de las naciones y sus relaciones con el entorno internacional. La idiosincrasia se refiere a los rasgos distintivos de una comunidad que moldean su conducta política y social. La cultura engloba un conjunto más amplio de tradiciones, creencias y prácticas que unifican a los individuos dentro de una sociedad. Por su parte, la civilización representa una estructura supranacional, marcada por sistemas políticos, económicos y religiosos que abarcan múltiples países con características culturales similares.

La relación entre estas variables no es lineal. Si bien la congruencia entre ellas puede favorecer la armonía interna y la cooperación internacional, su disonancia puede convertirse en un catalizador de conflictos. Por ejemplo, un país multicultural puede coexistir pacíficamente siempre que sus regiones diversas se alineen con las normas de una civilización común. Sin embargo, cuando los valores culturales o religiosos de una región son percibidos como amenazados, esto puede escalar en tensiones sociales o incluso en violencia. Este fenómeno es especialmente evidente en regiones como Oriente Medio, donde las diferencias entre las civilizaciones islámica, persa y otomana, exacerbadas por cuestiones religiosas y políticas, han generado tensiones constantes.

Históricamente, conflictos como los enfrentamientos entre España e Inglaterra en los siglos XVI y XVII reflejan cómo la idiosincrasia y la cultura pueden actuar como motores de disputas. Mientras que España defendía un modelo católico integrador en sus colonias, Inglaterra, influenciada por el calvinismo y el capitalismo emergente, adoptó una visión económica y religiosa que priorizaba la expansión comercial y la acumulación de riqueza. Estas diferencias ideológicas, combinadas con intereses marítimos contrapuestos, desencadenaron una serie de enfrentamientos que marcaron la política internacional de la época.

En el caso de Oriente Medio, la influencia histórica de Persia, Arabia y Turquía ha configurado un entorno de rivalidades entre sus respectivos modelos culturales y religiosos. La civilización islámica, aunque unificada en ciertos aspectos, presenta divisiones internas significativas entre suníes y chiíes, que se reflejan en los conflictos contemporáneos. Además, el resurgimiento de movimientos islamistas radicales ha exacerbado estas divisiones, utilizando ideologías religiosas para justificar actos de violencia y consolidar esferas de influencia.

Por otro lado, las antiguas repúblicas soviéticas ofrecen un ejemplo claro de cómo la imposición de una civilización ajena puede crear tensiones latentes que resurgen tras cambios políticos. La desintegración de la Unión Soviética dejó a varias naciones con fronteras culturales y civilizadoras difusas, lo que ha contribuido a conflictos en regiones como Ucrania, donde las tensiones entre la civilización ortodoxa rusa y las aspiraciones democráticas occidentales han llevado a un prolongado enfrentamiento.

La religión, como elemento transversal en la configuración de la cultura y la civilización, juega un papel ambivalente en los conflictos internacionales. Mientras que puede actuar como unificador en ciertas circunstancias, también se convierte en un punto de fractura cuando las interpretaciones religiosas se utilizan para justificar la exclusión o la violencia. En este contexto, los estados deben considerar cuidadosamente cómo integran las diversidades culturales y religiosas dentro de sus políticas nacionales para evitar el surgimiento de tensiones.

En última instancia, el estudio de la idiosincrasia, la cultura y la civilización no solo permite comprender las raíces de los conflictos actuales, sino que también ofrece herramientas para anticipar y mitigar futuros enfrentamientos. Al reconocer las intersecciones y tensiones entre estos elementos, las naciones pueden fomentar una mayor cooperación y entendimiento, promoviendo un equilibrio entre las identidades locales y las estructuras globales. La clave radica en construir sociedades que valoren tanto sus raíces culturales como su capacidad para adaptarse a un mundo interconectado.

TALAVERA CEJUDO, Guillermo. La intersección entre idiosincrasia, cultura y civilización: naturaleza y origen de los conflictos internacionales. Documento de Opinión IEEE 103/2024. enlace web IEEE y/o enlace bie3 (consultado 16/12/2024)

La reconstitución del ejército ruso tras la guerra de Ucrania se perfila como uno de los desafíos estratégicos más complejos que enfrentará Moscú en los próximos años. Esta tarea no solo estará determinada por las devastadoras pérdidas materiales y humanas sufridas durante el conflicto, sino también por las limitaciones inherentes a la situación política, económica y social del país. La prioridad inicial será definir qué tipo de fuerzas armadas necesita Rusia para satisfacer sus objetivos de seguridad nacional en un contexto global cambiante y cómo puede alcanzarlas de manera realista.

La noción de reconstitución militar, distinta de una mera reconstrucción o actualización, implica recuperar capacidades de combate suficientes, más que restaurar el estado previo al conflicto. Este proceso debe adaptarse a las nuevas necesidades estratégicas, considerando las restricciones de recursos humanos, financieros y tecnológicos. Rusia, aunque ya ha iniciado ciertas acciones moderadas para este fin, se enfrenta a la dificultad de equilibrar sus esfuerzos militares con la estabilidad económica y social interna. La movilización general o la adopción de una economía de guerra, evitada hasta ahora, sigue siendo una posibilidad latente si se buscan aumentos significativos en personal y equipamiento.

Actualmente, la estrategia de Moscú se centra en optimizar los recursos existentes. En términos de material bélico, se ha priorizado el reacondicionamiento de equipos y la ampliación de la producción de municiones y armas mediante métodos que maximicen las capacidades de las fábricas existentes. Sin embargo, esta estrategia tiene límites evidentes, y las reservas actuales de equipos podrían agotarse en unos pocos años si no se implementan medidas más radicales, como la construcción de nuevas fábricas o la movilización de la industria civil.

En cuanto a los recursos humanos, la política de Rusia se ha basado en movilizaciones parciales y el ofrecimiento de incentivos económicos atractivos para atraer voluntarios, evitando una movilización total que podría tener implicaciones políticas y sociales significativas. Sin embargo, esta aproximación enfrenta serios desafíos, incluyendo la retención de personal militar profesional y la dificultad de sostener un ejército más grande con el actual modelo económico.

La demografía también juega un papel crucial. Rusia enfrenta una población envejecida y una disminución en el número de jóvenes disponibles para el servicio militar. Aunque existen reservas humanas no explotadas, como mujeres y oficiales retirados, su incorporación al esfuerzo militar requeriría un cambio significativo en las políticas actuales. Esto sugiere que cualquier aumento en el tamaño de las fuerzas armadas deberá ser cuidadosamente planificado para no sobrecargar una economía ya presionada.

Otra cuestión clave es la innovación. El entorno autoritario y el secretismo que rodea las operaciones militares rusas dificultan el aprendizaje organizacional y la implementación de reformas basadas en lecciones aprendidas. El temor a señalar errores o responsabilidades podría llevar a decisiones basadas en información incompleta o incorrecta, afectando la efectividad del proceso de reconstitución. No obstante, los supervivientes con experiencia en combate podrían ser una fuente valiosa de conocimientos para el desarrollo futuro del ejército.

A largo plazo, Moscú tiene varias opciones estratégicas. Podría priorizar una rápida reconstrucción militar, aceptando los costos asociados con una movilización masiva y la adopción de una economía de guerra, o buscar una vía más moderada que equilibre el gasto militar con la estabilidad interna, sacrificando velocidad por sostenibilidad. Alternativamente, una estrategia híbrida que combine una fuerza profesional más pequeña con reservas estratégicas podría ofrecer un balance entre costos y capacidades.

En conclusión, la reconstitución del ejército ruso tras la guerra de Ucrania requerirá un enfoque multidimensional que integre factores políticos, económicos y sociales. La capacidad de Moscú para navegar estos desafíos determinará no solo el futuro de sus fuerzas armadas, sino también su posición geopolítica en un mundo que sigue observando atentamente los desenlaces de este conflicto.

Por considerarlo de interés para nuestros lectores, inlcuímos el discurso del presidente argentino, Javier Milei, sobre el libre comercio y su impacto en el MERCOSUR.

La autonomía de la defensa europea es un tema crucial en el panorama geopolítico actual, especialmente en un contexto marcado por la guerra en Ucrania y la incertidumbre sobre el futuro compromiso de Estados Unidos con la seguridad transatlántica. La idea de una Europa capaz de garantizar su propia defensa ha sido recurrente, pero su viabilidad enfrenta obstáculos significativos, tanto estructurales como políticos, que limitan su implementación práctica.

El modelo de defensa colectiva en Europa ha estado tradicionalmente vinculado a la OTAN, una organización cuya estructura militar y capacidad de respuesta han demostrado ser fundamentales para garantizar la seguridad del continente. Sin embargo, la dependencia europea de Estados Unidos dentro de la OTAN plantea interrogantes sobre la capacidad del continente para actuar de manera independiente en escenarios donde los intereses estadounidenses no están alineados con los europeos. Ejemplos recientes, como las operaciones en Bosnia-Herzegovina y el Cuerno de África, muestran que Europa puede tener necesidades estratégicas distintas que no siempre reciben prioridad dentro de la alianza.

Uno de los mayores retos para una defensa autónoma europea radica en la falta de una infraestructura militar comparable a la de la OTAN. Aunque la Unión Europea cuenta con mecanismos como el Mando de Planeamiento y Control Militar (MPCC) y el Comité Militar, estos carecen de los recursos, el personal y la cohesión necesarios para liderar operaciones de gran escala. La ausencia de una estructura de mando permanente que permita una coordinación eficiente entre los Estados miembros dificulta la capacidad de respuesta ante amenazas comunes.

A pesar de estas limitaciones, existen avances notables en la integración militar europea, como las fuerzas multinacionales ya establecidas, entre ellas el EUROCUERPO y la Brigada Franco-Alemana. Estas unidades demuestran que la cooperación entre Estados miembros puede fortalecerse, pero el nivel de interoperabilidad y confianza mutua sigue siendo insuficiente, particularmente en los altos mandos nacionales. Para lograr una verdadera autonomía, sería esencial incrementar los intercambios permanentes entre los Estados Mayores y fomentar programas de formación conjunta que unifiquen procedimientos y estrategias.

En cuanto al componente nuclear, la falta de una política común refleja otro obstáculo significativo. Francia, el único país de la UE con capacidad nuclear, ha expresado su disposición a utilizar este arsenal como herramienta de disuasión europea. Sin embargo, su control sigue siendo exclusivamente nacional, lo que limita la capacidad de una respuesta colectiva ante amenazas estratégicas.

El camino hacia una defensa europea autónoma también requiere superar divisiones históricas dentro de la propia Unión. Algunos países han privilegiado los aspectos civiles de la integración europea, relegando los temas militares, mientras que otros, como el Reino Unido y Dinamarca, han mostrado históricamente reticencias a avanzar en esta dirección. Aunque las posiciones de estos Estados han cambiado con los años, sigue faltando un consenso sólido para articular una política de defensa común.

El contexto internacional refuerza la necesidad de que Europa revalúe su enfoque estratégico. La posibilidad de que Estados Unidos reduzca su compromiso con la OTAN o incluso se retire del Tratado de Washington pone en relieve la urgencia de que Europa se prepare para asumir un papel más protagónico en su propia seguridad. Esto no significa abandonar la OTAN, sino garantizar que la Unión Europea tenga la capacidad de actuar de forma independiente si las circunstancias lo exigen.

El fortalecimiento de una defensa europea autónoma implicaría medidas concretas como reorganizar su estructura de mando, dotarse de un cuartel general permanente y mejorar la integración multinacional a nivel operativo y estratégico. Además, sería fundamental revisar los compromisos existentes en tratados como el de Lisboa para garantizar una mayor coherencia en las políticas de seguridad y defensa de los Estados miembros.

La autonomía en defensa no solo sería una herramienta para garantizar la seguridad europea, sino también una señal clara de la madurez política y estratégica de la Unión Europea en un escenario global cada vez más polarizado. Aunque el camino hacia esta meta es largo y está lleno de desafíos, la construcción de una Europa más fuerte y cohesionada en términos de defensa es una necesidad que no puede posponerse más.

POZO, Fernando del. Autonomía de la defensa europea. De lo deseable a lo posible.
Documento de Opinión IEEE 95/2024.
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2024/DIEEEO95_2024_FERPOZ_DefensaEuropea.pdf y/o enlace bie3 (06/12/2024)

Primer Congreso de Tributación Internacional organizado por Grupo IFA Panamá, 04 de diciembre de 2024.

Sean mis primeras palabras para agradecer al Comité Organizador del Primer Congreso de Tributación Internacional la invitación para expresar algunas reflexiones con motivo de este importante evento en nuestro país. Tomando en cuenta que un número significativo de tributaristas que integran los paneles de este congreso son profesionales extranjeros, conviene mencionar que el evento organizado por el Grupo IFA Panamá constituye una oportunidad sin precedentes para abordar esta temática, dado que nuestro país tiene retos estructurales de gran calado que se están produciendo en este momento y que necesariamente nos conectan con decisiones que deben ser resueltas en un periodo relativamente corto, a las cuales me referiré de inmediato.

En primer lugar, la Asamblea Nacional de Diputados debate en estos momentos el Proyecto de Ley No. 163, que modifica, adiciona y deroga artículos de la Ley No. 51 de 2005, concernientes al manejo, administración y sostenibilidad de la Caja del Seguro Social. Estos cambios que son relevantes para el sistema de pensiones, así como normas sobre gobernanza, eficiencia y responsabilidades de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, entre otros.

Un aspecto fundamental en este proceso legislativo atañe a la responsabilidad que se le pretende asignar al Estado para que realice un aporte anual obligatorio para cubrir el déficit actuarial del Programa de Riesgo de Invalidez, Vejez y Muerte, el cual representa la suma de 966 millones de dólares anuales, monto que será ajustable cada año.

Esto supone que el Estado tendrá que obtener los recursos financieros para dar cumplimiento a esta nueva obligación financiera.

Otro tema presente en el escenario nacional es la rebaja en la calificación de riesgo de Panamá, que ha sido expuesta por la entidad Standard & Poor’s. Esta rebaja representa un golpe significativo para la percepción de estabilidad económica del país, colocándolo al borde de perder su grado de inversión. Esta decisión de la calificadora refleja preocupaciones sobre el manejo fiscal, el impacto del endeudamiento creciente y la dependencia del financiamiento externo, así como la falta de reformas profundas en la recaudación tributaria.

Debe indicarse también que otra calificadora, Moody’s, ha decidido mantener el grado de inversión de Panamá, aunque con una perspectiva negativa. Esto significa un voto de confianza moderada, confiando en la capacidad del país para cumplir con sus compromisos financieros y enfrentar sus desafíos fiscales.

Por ello, creo que la presencia de tributaristas locales e internacionales en nuestro país viene a demostrar que, aun con las circunstancias adversas, nuestra característica acumulada desde hace más de un siglo nos produce confianza de poder analizar, dentro de un marco del Estado de Derecho y con el aporte de los estudiosos de los temas tributarios, las propuestas adecuadas para que nuestro país pueda abordar con la capacidad que los distintos paneles del congreso le ofrecen, y así acometer una tarea de profunda reestructuración de las normativas tributarias en forma gradual, equilibrada, compartida con los agentes económicos y atenta a las tendencias internacionales que se han ido estructurando desde hace más de veinte años en el mundo.

En efecto, el primer abordaje se refiere a las implicaciones de la tributación internacional en la economía digital, donde tendremos la oportunidad de conocer el impacto que este tipo de actividad tiene en el mundo, cuáles son las soluciones que ha desarrollado la OCDE a través del Marco Inclusivo BEPS, con un enfoque en los pilares 1 y 2, qué beneficios representa para los diferentes países la asignación de derechos tributarios y la reubicación de beneficios de las multinacionales, teniendo en cuenta que estas actividades generan mucho valor sin presencia física significativa en los mercados.

En ese contexto, además de las explicaciones y experiencias de los panelistas, los asistentes al congreso también podrán consultar el Proyecto sobre Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios de la OCDE y el G20, en particular el Enfoque de dos pilares, publicado en octubre de 2021.

El segundo panel se referirá a la fiscalidad de activos digitales y criptoactivos, en el cual se estarán analizando las directrices de la OCDE y los cambios que trae la Ley de Infraestructura de 2021.

Un punto importante en este tipo de actividad productiva es la identificación de beneficiarios finales, las obligaciones de reporte bajo la normativa CRS y FATCA. También los participantes del congreso podrán ampliar sus conocimientos revisando las Normas Internacionales para el Intercambio Automático de Información en Materia Tributaria, en el marco de los informes sobre criptoactivos actualizados a 2023, documento preparado por la OCDE. Asimismo, podrán consultar la Sección 80603 de la Ley 117-58 de 2021 de los Estados Unidos, que introduce enmiendas al Código de Rentas Internas de 1986, agregando disposiciones sobre los corredores que gestionan activos digitales y los informes que deben presentar al respecto.

El panel 3 cuenta con una representación muy amplia de tributaristas nacionales e internacionales, y se referirá al instrumento multilateral y su impacto en la modernización de los tratados para evitar la múltiple imposición, con un enfoque en las cláusulas antiabuso. Además de escuchar las experiencias de los casos prácticos que se han generado a partir de la revisión de estas cláusulas, participantes podrán ampliar su conocimiento y experiencia práctica mediante el análisis de los documentos «Impedir la Utilización Abusiva de Convenios Fiscales» y «Prevención del Abuso de los Tratados Fiscales», publicados en 2015 y 2024 respectivamente, ambos elaborados en el marco del Proyecto de la OCDE y el G20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS).

Además, se podrá consultar la Ley 170 de 15 de octubre de 2020, por la cual se aprueba la Convención Multilateral para Aplicar las Medidas Relacionadas con los Tratados Fiscales para Prevenir la Erosión de las Bases Imponibles y el Traslado de Beneficios, hecha en París, el 24 de noviembre de 2016, firmada por Panamá el 24 de enero de 2018.

En el panel 4 se abordará un tema de gran importancia para las entidades financieras y bancarias respecto del cumplimiento de los estándares de intercambio automático de información, como FATCA, QI y CRS, y en particular la forma en que las instituciones pueden cumplir con los requisitos de reporte y debida diligencia, en un entorno regulatorio muy exigente y en constante evolución. Los participantes del congreso podrían beneficiarse enormemente al revisar el marco de información proporcionado por el documento titulado «Estándar para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras», segunda edición, preparado por la OCDE de fecha 2017.

En el panel 5, denominado “Régimen de Precios de Transferencia: Retos y Evoluciones”, tendremos un intercambio entre la DGI, las firmas de auditoría e incluso empresas sobre el Monto B, dentro del Pilar 1, concerniente a definir el valor de intangibles, de difícil valoración, y activos de propiedad intelectual. Para ampliar el conocimiento referente a este tema, sería conveniente consultar el documento preparado por la OCDE en el Marco Inclusivo sobre BEPS, titulado “Pilar Uno – Monto B” de fecha 2024.

El panel 6, está complementado por representantes de firmas de auditoría y de abogados tributaristas que plantearán los retos actuales que enfrentan los contribuyentes y sus asesores para cumplir las obligaciones de reporte de estructuras patrimoniales y sucesorias, sin comprometer la confidencialidad y la seguridad de los activos. Los participantes del congreso podrán ampliar sus conocimientos consultando el documento titulado «Diseño de Normas Efectivas para Empresas Extranjeras Controladas», preparado por la OCDE de fecha 2015.

El panel 7, que será el de cierre, contará con invitados internacionales que tendrán la responsabilidad de explicar a la audiencia no solamente los contenidos expuestos, sino también cómo potenciar las herramientas, las experiencias y las conveniencias que tiene Panamá para abordar una reforma tributaria profunda que nos inserte en un ámbito internacional. Esta reforma debe permitirnos recuperar nuestra buena imagen como una economía dinámica, que atraiga la inversión extranjera directa, local e internacional, recupere el grado de inversión y aproveche las tendencias internacionales de carácter universal. De esta manera, las actividades financieras, bancarias, logísticas, de servicio, turismo, industriales, farmacéuticas, de semiconductores, agroindustriales y de aprovechamiento de nuestros recursos naturales constituirán un motor de desarrollo para fortalecer nuestra educación y lograr el crecimiento individual y colectivo que el país merece y necesita para mantener la estabilidad económica, política y social.

La Inteligencia Artificial (IA) está transformando los sistemas educativos a nivel global, y América Latina se encuentra en un momento crucial para aprovechar su potencial. Su implementación permite optimizar la toma de decisiones mediante el análisis de datos medibles, tanto cuantitativos como cualitativos, lo que tiene implicaciones directas en la gestión de políticas públicas, la personalización del aprendizaje y la equidad educativa. Sin embargo, la adopción de la IA en la educación presenta retos significativos que deben abordarse con estrategias claras y un compromiso sostenido.

La IA tiene el poder de recopilar, analizar y presentar datos en tiempo real, lo que facilita la identificación de problemas y permite respuestas inmediatas en contextos escolares. Esto es esencial en áreas rurales y comunidades con limitaciones tecnológicas, donde las brechas educativas son más pronunciadas. Un ejemplo notable se encuentra en Colombia, donde la integración de tecnologías avanzadas, como la robótica y la IA, ha comenzado a transformar tanto la agricultura como la educación rural. La IA se utiliza para identificar zonas óptimas para cultivos, pero también se ha integrado en sistemas educativos para diversificar los métodos de enseñanza, demostrando cómo estas herramientas pueden ser adaptadas a las necesidades locales.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha destacado la importancia de la IA para enfrentar desafíos estructurales en la región. Su aplicación en la educación tiene el potencial de mejorar los niveles de aprendizaje, reducir las tasas de deserción escolar y garantizar un acceso más equitativo al conocimiento. Sin embargo, la efectividad de estos sistemas depende de la existencia de datos fiables y representativos, así como de la capacidad de las instituciones para procesar y analizar esta información. En muchos casos, los países enfrentan dificultades para recopilar datos de calidad debido a limitaciones tecnológicas, falta de personal capacitado y recursos insuficientes.

Además, la infraestructura tecnológica es un componente crítico para el éxito de la IA en la educación. En América Latina, persisten problemas significativos de conectividad en áreas rurales, donde las escuelas carecen de acceso a internet y dispositivos adecuados. Esto limita el alcance de los sistemas basados en IA y dificulta la implementación de programas educativos modernos. Para superar estas barreras, es necesario invertir en infraestructura tecnológica, mejorar el acceso a recursos digitales y capacitar a los docentes para que puedan integrar estas herramientas en sus metodologías de enseñanza.

El papel del gobierno es fundamental en este proceso. La adopción de la IA en la educación requiere una inversión considerable, no solo en tecnología, sino también en formación y desarrollo de capacidades. Sin embargo, en muchos países, la asignación de recursos para la educación sigue siendo insuficiente. Existen dudas y críticas respecto al compromiso de los gobiernos con este tema, especialmente en cuanto a su disposición para priorizar la educación tecnológica frente a otras áreas de gasto público. Estas críticas subrayan la necesidad de un liderazgo político claro y de políticas públicas orientadas a garantizar que la transformación educativa sea inclusiva y sostenible.

Por otro lado, la integración de la IA en la educación también plantea preguntas éticas y sociales. ¿Cómo se garantizará que estos sistemas respeten la privacidad de los estudiantes? ¿Qué medidas se tomarán para evitar que las tecnologías refuercen desigualdades preexistentes? Estas son cuestiones que los gobiernos y las instituciones educativas deben considerar cuidadosamente al diseñar y aplicar estrategias basadas en IA. Además, se requiere un diálogo constante entre el sector público, las empresas tecnológicas y las comunidades para garantizar que las soluciones implementadas respondan a las necesidades reales de la población.

En conclusión, la Inteligencia Artificial representa una oportunidad única para transformar la educación en América Latina. Su capacidad para analizar grandes cantidades de datos en tiempo real permite identificar problemas, diseñar intervenciones específicas y mejorar los resultados educativos. Sin embargo, para que esta transformación sea efectiva, es necesario superar barreras estructurales como la falta de conectividad, la carencia de infraestructura tecnológica y las limitaciones en el acceso a recursos educativos. Los gobiernos deben asumir un rol protagónico en este proceso, invirtiendo en educación tecnológica, cerrando las brechas digitales y garantizando que todos los estudiantes, independientemente de su ubicación o nivel socioeconómico, puedan beneficiarse de estas innovaciones.

La región enfrenta una oportunidad histórica para liderar la revolución educativa, pero esto solo será posible si se adoptan medidas concretas y sostenidas. La IA no es una solución mágica, pero con un enfoque estratégico, puede ser una herramienta poderosa para reducir desigualdades, mejorar la calidad de la educación y preparar a las nuevas generaciones para un mundo cada vez más digitalizado. Las cartas están sobre la mesa, y el éxito dependerá de las decisiones que tomemos hoy.

La reciente rebaja en la calificación de riesgo de Panamá por parte de Standard & Poor’s (S&P) representa un golpe significativo para la percepción de estabilidad económica del país, colocándolo al borde de perder su grado de inversión. Esta decisión, que refleja preocupaciones sobre el manejo fiscal y el impacto del endeudamiento creciente, subraya problemas estructurales que ya se habían señalado previamente, como la dependencia del financiamiento externo y la falta de reformas profundas en la recaudación tributaria. Aunque Panamá ha sido históricamente reconocido por su capacidad de atraer inversión extranjera y mantener un crecimiento económico sostenido, la incertidumbre generada por esta rebaja aumenta la presión sobre las autoridades para adoptar medidas correctivas que salvaguarden la confianza de los mercados.

La posibilidad de perder el grado de inversión tendría consecuencias devastadoras no solo para las finanzas públicas, sino también para la economía en general. Los costos de endeudamiento se dispararían, limitando la capacidad del Estado para financiar proyectos clave en infraestructura y programas sociales, mientras que el aumento en la percepción de riesgo podría desalentar la inversión extranjera, afectando pilares fundamentales del modelo económico panameño como la logística, el comercio y el sector financiero. Adicionalmente, este deterioro impactaría directamente a la población, incrementando las tasas de interés para consumidores y empresas, encareciendo el acceso al crédito y ralentizando la inversión privada, lo cual exacerbaría las desigualdades y limitaría las oportunidades de desarrollo.

En medio de esta situación, las agencias calificadoras han urgido al gobierno a implementar reformas estructurales que incluyan la contención del gasto público y una administración más eficiente y transparente de los recursos estatales. La inacción ante estas advertencias no solo podría erosionar la confianza de los mercados internacionales, sino también dificultar la recuperación económica en un entorno global ya marcado por múltiples desafíos. Este contexto exige liderazgo político para priorizar iniciativas que generen un impacto real en el desarrollo humano y envíen señales claras de compromiso con la estabilidad fiscal.

Sin embargo, en contraste con la rebaja de S&P, Moody’s ha decidido mantener el grado de inversión de Panamá, aunque con una perspectiva negativa. Este voto de confianza moderado resalta la capacidad del país para cumplir con sus compromisos financieros, pero también advierte sobre un deterioro fiscal más severo del previsto para 2024 y la existencia de obstáculos significativos para una consolidación fiscal efectiva en el corto plazo. La dualidad en las evaluaciones de estas agencias refleja percepciones divergentes sobre la capacidad de Panamá para responder a sus desafíos fiscales: mientras Moody’s reconoce fortalezas como un sistema financiero robusto y su posición estratégica en el comercio internacional, insiste en que estas ventajas serán insuficientes sin reformas profundas para contener el gasto y fortalecer la recaudación.

La advertencia de Moody’s, junto con la rebaja de S&P, no dejan dudas sobre la gravedad del panorama actual. El mantenimiento del grado de inversión por parte de Moody’s debe interpretarse como una señal de alerta temprana y no como un motivo de complacencia, dado que el margen de maniobra para evitar un deterioro adicional se reduce cada día. Panamá enfrenta un momento decisivo en el que las decisiones tomadas determinarán su trayectoria económica en los próximos años. La adopción de una política fiscal disciplinada y responsable no solo preservará el grado de inversión, sino que garantizará un futuro más sostenible e inclusivo para sus ciudadanos.

Donald Trump, tras su regreso al poder, ha propuesto sustituir el impuesto sobre la renta por ingresos provenientes de aranceles aduaneros. Esta idea, expresada en el Club Económico de Chicago, sugiere aumentar un 10% los aranceles sobre todos los productos importados, exceptuando a Canadá y México. En el caso de China, estos podrían oscilar entre un 60% y un 100%. Su objetivo es doble: reducir el déficit comercial de $800 mil millones y financiar recortes fiscales, incluidos los impuestos corporativos y beneficios sociales exentos.

Aunque la propuesta parece disruptiva, tiene precedentes históricos. Durante gran parte del siglo XIX, los aranceles fueron la principal fuente de ingresos para Estados Unidos. En ese periodo, protegían la economía doméstica de las importaciones europeas y financiaban al joven gobierno federal. Sin embargo, con la creación del impuesto sobre la renta en 1913, los aranceles comenzaron a disminuir en relevancia, dando paso a un sistema fiscal más justo y progresivo.

Trump se presenta como un defensor de esta tradición. Según sus argumentos, los aranceles protegen la producción nacional al encarecer los bienes importados, incentivando el consumo de productos estadounidenses. Además, sostiene que no son los consumidores locales quienes pagan estos costos, sino los países exportadores. Esta postura ha generado polémica, ya que numerosos economistas argumentan que, en última instancia, son los ciudadanos quienes enfrentan precios más altos.

Si bien los aranceles han demostrado ser herramientas efectivas en contextos específicos, un aumento generalizado podría tener consecuencias negativas. En un mundo profundamente globalizado, donde las cadenas de suministro son complejas y multinacionales, imponer tarifas generalizadas puede aumentar costos para las empresas que dependen de insumos importados. Esto, a su vez, podría traducirse en precios más altos para los consumidores.

Desde el punto de vista internacional, esta medida podría intensificar las tensiones comerciales, especialmente con China, principal socio comercial de Estados Unidos. Además, el enfoque unilateral de Trump podría debilitar los principios del multilateralismo, esenciales para la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Para países como Panamá, cuyo modelo económico está profundamente vinculado al comercio internacional, estas políticas proteccionistas presentan riesgos y oportunidades. Por un lado, el Canal de Panamá podría experimentar una disminución en los flujos comerciales, especialmente si el costo de las importaciones hacia Estados Unidos aumenta considerablemente. Esto afectaría no solo al tránsito de mercancías, sino también a los ingresos fiscales y al empleo en sectores relacionados con la logística y el transporte.

Por otro lado, estas tensiones podrían motivar a las empresas estadounidenses a buscar alternativas más cercanas para reducir costos, favoreciendo a los países con acuerdos comerciales preferenciales. Panamá, con su estratégica posición geográfica y tratados como el TPC (Tratado de Promoción Comercial), podría atraer inversiones y convertirse en un punto clave para el nearshoring, siempre que ajuste sus políticas para aprovechar esta coyuntura.

Los críticos del plan de Trump argumentan que basar la economía en aranceles como principal fuente fiscal es un modelo regresivo. A diferencia del impuesto sobre la renta, que grava más a quienes tienen mayores ingresos, los aranceles afectan proporcionalmente más a los hogares de ingresos bajos y medianos, que destinan una mayor parte de su presupuesto a bienes de consumo. Además, la Oficina de Presupuesto del Congreso ha estimado que los aranceles generarían solo el 2% del presupuesto federal, insuficiente para sustituir el 49% que aporta actualmente el impuesto sobre la renta.

En términos geopolíticos, esta propuesta podría alterar el equilibrio comercial global, incentivando a otros países a adoptar medidas proteccionistas en respuesta. Esto podría llevar a una contracción en el comercio mundial, afectando tanto a grandes potencias como a economías en desarrollo.

La propuesta de Trump representa un retorno a políticas económicas del pasado, adaptadas a un contexto contemporáneo. Si bien tiene el potencial de revitalizar ciertas industrias estadounidenses y reducir déficits comerciales, sus implicaciones globales son inciertas. Para Panamá, y América Latina en general, el desafío estará en adaptarse a un entorno comercial más proteccionista, buscando capitalizar las oportunidades que surjan mientras mitigan los riesgos inherentes.

En última instancia, esta iniciativa plantea preguntas fundamentales sobre el equilibrio entre soberanía económica y cooperación internacional en un mundo cada vez más interconectado.

Con la emisión de la Ley 455 de 15 de noviembre de 2024, la Ley 175 de 3 de noviembre de 2020 General de Cultura en su artículo 235 que trata sobre los Centros educativos e institutos técnicos de bellas artes y folclor, siendo estas sus principales modificaciones:

1. Los centros educativos e institutos técnicos que estaban adscritos al Ministerio de Educación pasarán a formar parte del Ministerio de Cultura. Cabe mencionar que antes de la reforma formaban parte del Ministerio de Educación.
2. Los títulos académicos expedidos por los centros de enseñanza media serán avalados por el Ministerio de Educación y en el caso de los institutos técnicos superiores serán supervisados por la Universidad de Panamá.
3. El personal docente de los centros de enseñanzas e institutos superiores se regirán por lo establecido en la Ley Orgánica de educación y sus reglamentaciones.
4. El presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional, no formará parte de la Comisión temporal conformada por el Ministerio de Cultura. Ministerio de Educación, un representante de los docentes y un representante de los administrativos, con el objeto de realizar las coordinaciones necesarias de transición.
5. Se ha establecido que los centros educativos e institutos técnicos superiores, el personal docente y administrativo estarán adscritos a la Dirección Nacional de Educación Artística conforme con la estructura orgánica y el Manual de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura.

La Ley 455 en referencia, le ha devuelto al Ministerio de Cultura, todas las escuelas de Bellas Artes, decir, aproximadamente 22 Centros Educativos e Institutos Superiores desplegados en el país y en cuyas aulas se han formado muchos de los talentos artísticos creativos y culturales.