Por: José Ignacio Piña Rojas

Desde su toma de posesión, el pasado 20 de enero, el presidente Donald Trump se comprometió con su electorado a instrumentar una ambiciosa agenda y a reformar el Gobierno federal, a través de innumerables órdenes ejecutivas, en las que está dando prioridad a temas como la migración, el comercio y la seguridad nacional.

Como parte de su slogan de campaña “Make America Great Again”, Trump intenta en realidad revivir la “Edad Dorada” (Gilded Age) de los Estados Unidos, cuando el presidente de ese país era William McKinley (1897-1901) y cuya administración se caracterizó especialmente por  la imposición de aranceles a las importaciones para proteger la producción estadounidense, así como por la expansión de su territorio, que incluyó la adquisición en esa época de Puerto Rico, Guam, Filipinas y Hawaii.

En el contexto de esta agresiva política, el mandatario norteamericano ha formulado declaraciones provocadoras que van desde adquirir Groenlandia; recuperar el control del Canal de Panamá; convertir a Canadá en el estado 51 de los Estados Unidos, hasta imponer tarifas arancelarias a varios países, entre ellos a México y a Canadá, sus principales socios comerciales, con el argumento de que permiten la migración irregular y el tráfico de drogas por sus respectivas fronteras.

En el caso particular del Canal de Panamá, espacio de gran valor geoestratégico, Trump no ha descartado el uso de la coerción militar o económica para conseguir que Estados Unidos recupere su control ya que lo considera vital para sus intereses económicos y de seguridad nacional.

Dentro de esta misma narrativa disruptiva, el mandatario estadounidense ha realizado diversas afirmaciones a todas luces falsas como el hecho de que esta importante vía interoceánica está controlada por China. Si bien es cierto que la firma hongkonesa “Hutchison Holdings” se ha hecho de concesiones públicas, a través de las cuales ha adquirido instalaciones portuarias en ambas entradas del Canal, tanto en el Pacifico (Puerto de Balboa) como en el Atlántico (Puerto Cristóbal), ello no significa que esté bajo control de los chinos.

Como es de todos conocido, los Tratados Torrijos-Carter, suscritos en septiembre de 1977, no fueron un acto caprichoso, sino el resultado de años de lucha y protesta del pueblo panameño para recuperar la plena soberanía sobre la totalidad de su territorio. Además del Tratado del Canal, mediante el cual la administración de la vía acuática pasó de los Estados Unidos a Panamá, cuyo proceso culminó el 31 de diciembre de 1999, también se suscribió el Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente del Canal, en el que se establecieron diversas obligaciones para que dicha vía interoceánica permanezca en todo momento neutral y abierta al tránsito de naves de todas las naciones sin discriminación alguna. En este instrumento, además del compromiso de Estados Unidos de garantizar su seguridad permanente, se estableció la concesión de dar prioridad de paso a los buques de guerra estadounidenses por el Canal, pero sin que ello implicara la condonación del pago del peaje correspondiente.

Desde su transferencia a Panamá en diciembre de 1999, el Canal ha operado con gran eficiencia y ha significado un gran activo no sólo para la economía panameña, sino para el comercio internacional. Actualmente, se estima que por el Canal de Panamá transita alrededor del 6% del comercio mundial, siendo sus principales usuarios Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur, Chile y México.

De acuerdo con recientes cifras de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), en los últimos 25 años, la vía interoceánica le ha aportado al Tesoro panameño más de 28 mil millones de dólares, monto 15 veces mayor a los 1,878 millones de dólares aportados durante 86 años por la administración norteamericana, entre 1913 y 1999.

Además, desde el año 2000, la administración panameña ha invertido más de 15 mil millones de dólares para mantener, mejorar y modernizar el Canal de Panamá. Lo anterior posibilitó, entre otras acciones, que en 2016 se realizara una importante ampliación del Canal que contempla nuevas esclusas que permiten la navegación de buques más grandes y de mayor capacidad, conocidos como “Neopanamax”.

En el contexto de las amenazas del presidente Trump de recuperar el control de la vía interoceánica, el pasado 2 de febrero, el Secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, realizó una breve visita a Panamá, durante la cual sostuvo reuniones con el presidente José Raúl Mulino y con otras autoridades del gobierno panameño.

Si bien el presidente Mulino reiteró que el Canal seguirá bajo la soberanía panameña, anunció que su gobierno no renovaría el acuerdo de la “Ruta de la Seda” suscrito con China el 17 de noviembre de 2017, a fin de atender las preocupaciones estadounidenses sobre la influencia de esa nación asiática. Inclusive, desde el pasado mes de enero, la Contraloría General de la República inició una auditoría a Panama Ports Company, subsidiaria de la empresa china Hutchison Holdings, que opera desde 1997 los puertos de Balboa y Cristóbal, lo cual ha generado especulaciones de que la administración panameña estaría considerando cancelar la concesión vigente o al menos renegociarla. 

En resumen, parece evidente que las amenazas del presidente Trump hacia Panamá son parte de una estragia para conseguir dos claros objetivos: 1) eliminar la creciente presencia china en el Canal interoceánico y, 2) obtener mayores concesiones de parte del Estado panameño, particularmente en lo que se refiere a los peajes que deben pagar los buques comerciales y militares de los Estados Unidos que transitan por esa importante vía acuática. En 2024, el 52% de los tránsitos del Canal registrararon puertos con origen-destino en Estados Unidos y más del 76% de la carga que transitó por esa vía también tuvo el mismo origen-destino.

Debido a las enormes repercusiones que tendría en el ámbito internacional el uso de la fuerza contra un pequeño país de Centroamérica, dudo mucho que Trump se atreva a utilizar el poderío militar de los Estados Unidos para recuperar el control del Canal de Panamá; sin embargo, está claro que la diplomacia de la imposición del chantaje seguirá prevaleciendo como fórmula para obtener todo aquello que  considere responda a su interés nacional.

 *Diplomático de carrera (en retiro); Ex embajador de México en Panamá en dos períodos distintos (2001-2005 y 2015-2019), Miembro de la Unidad de Estudio y Reflexión de América Latina y el Caribe del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI).

El Dr. Pablo Arosemena Alba, cuyo nombre completo era Pablo José Merced de los Dolores Arosemena Alba, nació el 24 de septiembre de 1836 en la ciudad de Panamá, hijo de Pablo Arosemena de la Barrera y Ramona de Alba Braximo.  En 1849 hizo estudios en la Universidad Nacional de Bogotá, donde obtuvo el título de Doctor en Jurisprudencia a temprana edad.  Cuando formábamos parte de Colombia, el Dr. Pablo Arosemena Alba ocupó diversas posiciones públicas, entre ellas la de Diputado a la Asamblea Legislativa de Panamá, en 1858, 1859, 1869, 1870, 1873 y 1885.  Fue Secretario de una Legación de Colombia en Europa, Procurador del Estado, Representante y Senador Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en las repúblicas de Chile y el Perú.  Fue Fiscal en la conocida causa de acusación al Presidente Tomás Cipriano de Mosquera en 1867, quien fue derrocado por un golpe de Estado en mayo de 1867, trasladado a prisión y luego juzgado por el Senado y sentenciado a tres años de ostracismo.  Fue elegido Senador de la república.  Fue elegido Tercer Designado del poder ejecutivo de los Estados Unidos de Colombia, Oficial Mayor del Tribunal del Distrito del Istmo, Secretario de la Corte Superior y algunos otros cargos municipales entre otros.  Se destacó como periodista y fundó con Gil Colunge el periódico Centinela.  Escribió en otros periódicos como El Observador, El Federalista, La Unión Liberal, El Istmo, la Crónica Mercantil y otros.

Pablo Arosemena se casó con Matilde Esperanza Picón Herrera con quien tuvo cinco hijos.  Su esposa murió joven, a los 33 años.  Posteriormente, en 1885 se casó con Ramona Forte Zapata, nacida también en Panamá, con quien tuvo seis hijos.  Su esposa murió en 1908.

Al independizarse el Departamento de Panamá de Colombia el 3 de noviembre de 1903, el Dr. Pablo Arosemena Alba no formó parte del movimiento independentista, más bien se opuso al mismo, pero una vez consumando el mismo lo aceptó, lo reconoció e inmediatamente ofreció sus servicios a la incipiente República de Panamá.  Inmediatamente después de la independencia de Panamá, el Dr. Arosemena Alba viajó junto al Dr. Manuel Amador Guerrero y Don Federico Boyd a los Estados Unidos con el propósito de negociar el nuevo tratado del canal, encontrándose allá con el tratado ya firmado por Philippe Bunau-Varilla, escudándose éste en el cargo de Embajador Plenipotenciario que le había otorgado la Junta Provisional de Gobierno de Panamá.

Posteriormente Pablo Arosemena fue designado Presidente de la Primera Asamblea Nacional Constituyente de 1904 que eligió al Dr. Manuel Amador Guerrero como Primer Presidente Constitucional de la República de Panamá.  Dicha constituyente promulgó la Constitución Nacional de 1904, que contenía el controversial Artículo 136, que permitía la intervención de Estados Unidos en los asuntos de Panamá.  Este polémico Artículo 136 fue defendido y aprobado por la mayoría de los constituyentes, entre ellos el Dr. Pablo Arosemena Alba.  Posteriormente, el Dr. Arosemena Alba solicitó en varias oportunidades, tanto en 1912 como en 1916, que los Estados Unidos supervisara las elecciones en las campañas electorales de esos años.

Es importante recordar que al ser elegido el Dr. Manuel Amador Guerrero como Primer Presidente Constitucional de la República de Panamá el 20 de febrero de 1904, con él fueron elegidos por dos años como Primer, Segundo y Tercer Designados (Vicepresidentes) a la Presidencia de la República, el Dr. Pablo Arosemena (liberal), el Dr. José Domingo de Obaldía (conservador) y el Dr. Carlos A. Mendoza (liberal) respectivamente.  El período del Dr. Amador Guerrero fue de cuatro años, por lo que terminaba el mismo el 30 de septiembre de 1908, mientras el período de los Designados terminaba el 30 de septiembre de 1906.

Un hecho histórico que es importante recordar es que al inicio del gobierno conservador del Dr. Manuel Amador Guerrero, hubo malestar del Partido Liberal por no tener mayor beligerancia en el gobierno.  El General Esteban Huertas López, Jefe del Ejército, solicitó la remoción de los conservadores Don Tomás Arias, Secretario (Ministro) de Gobierno y Relaciones Exteriores y el Dr. Nicolás Victoria Jaén, Secretario (Ministro) de Instrucción Pública y Justicia.  El Presidente Amador Guerrero únicamente removió al Secretario Tomás Arias y mantuvo en su posición al Dr. Nicolás Victoria Jaén.  Este cumplimiento parcial de la solicitud presentada por el General Esteban Huertas hizo que lanzara una nueva proclama en contra del Presidente Amador Guerrero y buscó el respaldo del Primer Designado, el liberal Dr. Pablo Arosemena, quien rechazó rotundamente tales planes golpistas, demostrando así sus principios democráticos y apoyo al orden constitucional, descubriéndose así la conjura para derrocar el gobierno constitucional.  Este primer intento golpista no prosperó. El General Estaban Huertas fue destituido y se ordenó la disolución del ejército, acciones que se ejecutaron el 18 y 20 de noviembre de 1904, haciendo así posible el retorno de la tranquilidad al país.

El 2 de julio de 1908 se realizaron las elecciones presidenciales y el candidato conservador, Don José Domingo de Obaldía, sin oposición, ganó la presidencia.  Gobernó desde el 1 de octubre de 1908 hasta el 1 de marzo de 1910, cuando lo sorprendió la muerte.  Para este período fueron escogidos por la Asamblea Nacional de Diputados por dos años, de conformidad con la Carta Magna, Don José Agustín Arango, como Primer Designado y Dr. Carlos A. Mendoza como Segundo Designado.  Al fallecer el Presidente titular, Don José Domingo de Obaldía, fue reemplazado el Segundo Designado, Dr. Carlos A. Mendoza, debido a que el Primer Designado, Don José Agustín Arango Remón, había fallecido el 10 de mayo de 1909.  El gobierno del Dr. Carlos A Mendoza fue de sólo siete meses.  Mendoza no resultó una figura grata a los Estados Unidos.  Pretendió buscar la reelección, pero muchos impedimentos, tanto personales como políticos, lo obligaron a retirar su candidatura.  Posteriormente surgieron las figuras liberales del Dr. Belisario Porras Barahona y la del Dr. Pablo Arosemena Alba para sustituir al Dr. Carlos A. Mendoza.

Los mencionados candidatos liberales se pusieron de acuerdo y el Dr. Porras rehusó la candidatura a favor del Dr. Arosemena, a cambio de que sería nombrado Ministro en Estados Unidos, lo que se cumplió.  En vista del acuerdo señalado, la Asamblea Nacional de Diputados eligió al Dr. Pablo Arosemena Alba para finalizar hasta 1912 el período restante luego del fallecimiento de Don José Domingo de Obaldía y la renuncia del Dr. Carlos A. Mendoza.  Por ende, la Asamblea Nacional eligió designados a tres respetados liberales:   Dr. Pablo Arosemena Alba, Federico Boyd López y Rodolfo Chiari Robles.  El Primer Designado, Dr. Pablo Arosemena Alba, en ese momento era el Ministro de Panamá en Chile, por ende se encargó provisionalmente de la presidencia, por unos días, el Segundo Designado, Federico Augusto Boyd López.  Al regreso al país del Dr. Pablo Arosemena Alba, 5 de octubre de 1910, inmediatamente asumió el cargo de la presidencia en su calidad de Primer Designado.  En su discurso de toma de posesión, el Dr. Arosemena Alba declaró que su administración no tendría candidato oficial y posteriormente señaló que por ningún motivo sería candidato para la presidencia en 1912, año en que se cumplía el período presidencial del difunto Presidente titular Don José Domingo de Obaldía.  Sin embargo, aproximadamente en Abril de 1911, Arosemena Alba comenzó a demostrar sus aspiraciones presidenciales para el torneo electoral a celebrarse en 1912, inclusive manifestándole al Presidente republicano estadounidense William Howard Taft sus intenciones presidenciales, al señalarle que contaba con el respaldo de los liberales y conservadores con el compromiso de seleccionar a un conservador como candidato a Designado (Vicepresidente).

Luego el Dr. Pablo Arosemena Alba solicitó licencia y se separó de la presidencia, correspondiéndole a Don Federico Boyd López encargarse, más declinó a favor del Tercer Designado, Don Rodolfo Chiari Robles.  Hay que recordar que anteriormente había un compromiso entre el Dr. Arosemena Alba con el Dr. Porras Barahona, que, al no honrarse, originó la división del Partido Liberal.  El Directorio Nacional del Partido Liberal no estuvo de acuerdo con su candidatura presidencial.  De allí surgió el Partido Unión Patriótica, que postuló a Don Pedro A. Díaz, quien era el Contralor General y Presidente del Club Liberal Istmeño.  Diaz fue respaldado por el Presidente Dr. Pablo Arosemena Alba y un sector del Partido Conservador. 

Es importante hacer memoria de que la amistad del Dr. Arosemena Alba con el Dr. Porras Barahona venía desde los tiempos en que la Corte Suprema de Justicia, en su fallo del 15 de noviembre de 1905, suspendió la ciudadanía del Dr. Belisario Porras, fallo que llevó a la indignación de muchos panameños, entre ellos la plana mayor del liberalismo panameño, entre otros el famoso tribuno y elocuente parlamentario Dr. Pablo Arosemena Alba, quien se solidarizó y aclamó al Dr. Belisario Porras Barahona en una manifestación que se celebró en el Parque de Santa Ana el día 19 de noviembre de 1905.  Luego, la Convención Nacional del Partido Liberal postuló el 12 de febrero, en Aguadulce, al Dr. Belisario Porras Barahona.  El Dr.  Pablo Arosemena Alba renunció a sus aspiraciones presidenciales y se reintegró a la Presidencia de la República.  Durante su mandato hizo gestiones para establecer relaciones diplomáticas con Colombia a fines de 1910.  Envió al Dr. Carlos A. Mendoza sin resultados positivos.}

Durante la presidencia del Dr. Arosemena Alba, el istmo de Panamá recibió la visita del Presidente estadounidense William Howard Taft, quien aprovecho para negar una noticia publicada en los Estados Unidos, que decía que su país anexaría a Panamá porque era importante para la apertura del canal al comercio mundial.  El presidente panameño ofreció al Presidente Taft un banquete el 16 de noviembre, donde se comprometió a actuar como un Magistrado imparcial en las elecciones de 1912.  Al principio, el gobierno de Arosemena pretendió ordenar la situación de las finanzas públicas del país.  No obstante y a pesar de sus buenas intenciones, su administración fue tímida para enmendar las finanzas, lo que originó críticas a su administración.  Durante su mandato de dos años llegó a finalizar la construcción del Instituto Nacional, obra iniciada por Don José Domingo de Obaldía, y le otorgó al Banco Nacional la potestad de emitir el papel moneda conocido como el Balboa.

Después de una campaña electoral violenta y con hechos de sangre, con los ánimos enardecidos y con intenciones de adulterar el resultado de los comicios para beneficiar la candidatura oficial de Pedro Díaz de Obaldía, las elecciones se celebraron el 14 de julio de 1912 y su ganador fue el Dr. Belisario Porras Barahona por amplio margen.  El Dr. Porras fue proclamado como Presidente de la República el día 2 de agosto de 1912 por el voto unánime de la Junta de Electores.  Seguidamente Porras tomó posesión como Presidente el día 1 de octubre de 1912.  Prácticamente retirado de la política, el Dr. Pablo Arosemena Alba se dedicó a la vida privada con el cargo de Abogado de la Compañía del Ferrocarril de Panamá.  Fue Presidente Interino de Panamá desde el 5 de octubre de 1910 al 1 de octubre de 1912.  Fue elegido del 20 de febrero de 1904 como Primer Designado a la Presidencia de la República en la Convención Nacional Constituyente por dos años que finalizaron el 30 de septiembre de 1906.  También se desempeñó como Presidente del Estado Federal de Panamá en 1875 y en 1885.

Este connotado liberal, abogado, historiador y político panameño falleció el 29 de agosto de 1920 a los 83 años, fue nuestro quinto Presidente de la República, y ganó un sólido prestigio nacional e internacional como jurisconsulto.  Su trayectoria en el servicio público fue especialmente positiva y es justo rememorar su vida y trayectoria como uno de nuestros primeros presidentes y el legado que nos dejó.

Cuando uno analiza las elecciones populares que hemos realizado en toda nuestra historia política, éstas sellan en nuestra mente imágenes imborrables que dejan mucho que desear y revelan una incultura política de sectores de nuestra población y de nuestra clase política.

A partir de la toma de posesión del Primer Presidente de la República, el conservador Dr. Manuel Amador Guerrero, se inició la pugna entre los dos partidos tradicionales, el Liberal y el Conservador, para controlar el poder político de la incipiente república. 

En 1906 se realizaron las primeras elecciones para escoger concejales, caracterizándose esta elección por ser violenta, donde hubo presencia norteamericana, que dejó un saldo de tres (3) muertos, 30 heridos y muchos liberales arrestados.  Esas elecciones de 1906 no brillaron por su honestidad y el Partido Liberal presentó cargos contra la pureza del sufragio. 

Igual situación a la anterior surgió en 1908 para elegir en las urnas al Presidente de la  República.  Esta práctica democrática que creaba exaltación política, volvió a levantar el temor de una posible revolución y, según algunos, se hacía necesaria la intervención estadounidense.  Al declinar Ricardo Arias su candidatura presidencial, el candidato conservador José Domingo de Obaldía, continuó en la campaña y ganó sin oposición alguna.

En el torneo electoral de 1912 el Partido Liberal se dividió.  Por un lado la gobiernista Unión Patriótica, postuló al Don Pedro A. Díaz y por el otro la Convención Liberal favoreció al  Dr. Belisario Porras, originando un enfrentamiento interno con acusaciones mutuas de malos manejos entre otros.  La Unión Patriótica decidió no participar en esas elecciones, quejándose de la falta de imparcialidad de los supervisores estadounidenses.  Así, el Dr. Belisario Porras, como candidato único, asumió la Presidencia de la República.

En el proceso electoral de 1916 el Dr. Belisario Porras, Presidente de la República, respaldó a Ramón Maximiliano Valdés, en oposición a Rodolfo Chiari Robles, quien fue postulado por el Directorio Nacional del Partido Liberal.  Esta campaña se desarrolló en un ambiente violento, las presiones políticas subieron en forma alarmante, con acusaciones de fraude, de atraco al erario público, descréditos de todo tipo, trayendo la consiguiente inestabilidad y finalizando con la abstención de los partidarios de Rodolfo Chiari Robles, dejando el camino expedito al ungido presidencial del Presidente Porras Barahona.  El Dr. Ramón Maximiliano Valdés, como candidato único, se posesionó como primer mandatario el 1 de octubre de 1916.

Las siguientes elecciones generales de Panamá se realizaron el 2 de agosto de 1920.  Fueron las primeras elecciones donde se eligió al Presidente de la República por votación directa.  En todas las anteriores se elegía al Presidente de la República por votación indirecta, mediante electores.  En este torneo electoral se enfrentaron los Doctores Belisario Porras Barahona y Ciro Luis Urriola.  La Liga Nacional Porrista, coalición que formó el candidato presidencial Belisario Porras, triunfó holgadamente frente a la facción disidente liberal, cuyo candidato era el Dr. Ciro Luis Urriola.  En este torneo electoral los partidarios “Urriolistas” en gran parte se abstuvieron de ir a las urnas por considerar que las elecciones sería una farsa.  Porras tomó posesión como mandatario de la nación el 1 de octubre de 1920.  No pocos consideran que con el Dr. Belisario Porras se inició el llamado populismo en todo el interior del país.  Esto, según algunos, trajo la  descomposición electorera con la compra de votos y el fraude electoral.

El martes, 2 de septiembre de 1924, se celebró la quinta elección general panameña desde nuestra independencia de Colombia.  Ambos candidatos presidenciales fueron liberales,  Rodolfo Chiari Robles quien derrotó al General Manuel Quintero Villarreal, ganando el primero por aplastante margen.  De acuerdo con los medios de comunicación, estas elecciones fueron bastante ordenadas.  Posteriormente, sin embargo, algunos pocos señalaron que la elección había sido fraudulenta como consecuencia de los denominados “paquetazos” o relleno de urnas con votos fantasmas.  Chiari Robles gobernó el país para el período 1924-1928.

Los candidatos de las elecciones generales de 1928 fueron el representante del Partido Liberal, Ing. Florencio Harmodio Arosemena de 52 años de edad, quien había estudiado en las mejores universidades de Alemania y Suiza y, respaldado por la Coalición Nacional Porrista, el Dr. Jorge Boyd, de 42 años, casado con Elizabeth Bolling, quien era sobrina del expresidente de Estados Unidos, el Demócrata Woodrow Wilson.  El candidato Arosemena era favorecido por el Presidente Rodolfo Chiari Robles y Boyd por el Dr. Belisario Porras Barahona.  El Dr. Porras inició, a través del diario El Heraldo, una campaña de desprestigio contra el gobierno Chiari.  Fueron ataques de toda índole, desde acusaciones de dictador, malversador de fondos, administración ineficaz y otros desafortunados calificativos que le endilgaba al Presidente Chiari.  Como consecuencia de esto el Dr. Porras fue expulsado del Partido Liberal, sin embargo él procedió a constituir la Coalición Nacional Porrista.  Porras acusó al gobierno de usar fondos públicos para la campaña, de intimidar a sus seguidores y aterrorizar a los campesinos del país.  Por su parte, Rodolfo Chiari, quien respaldaba a Florencio Harmodio Arosemena, acusó a Porras y su ungido Boyd de traicionar el orgullo patrio al solicitar la intervención de los estadounidenses en las elecciones, petición que le fue negada por el gobierno estadounidense.  Dos días antes de las elecciones el candidato Jorge Boyd se retiró de la contienda electoral frente a los atropellos que realizaban los seguidores del candidato gubernamental Florencio Harmodio Arosemena.  Como era de esperarse, el torneo electoral aludido lo ganó Florencio Harmodio Arosemena.  Casos de elecciones como esta acumulaban por años prácticas políticas deplorables resultante de comportamientos despistados y desastrosos.

En la campaña electoral del Año 1932 ganó el Dr. Harmodio Arias Madrid frente a su opositor Francisco Arias Paredes.  Para estas fechas surgía el fenómeno político del llamado “cacique”, personaje nefasto que trabajaba como un árbitro regional de la vida política del país, a base de amenazas y presiones.  El cacique operaba en las oficinas públicas y garantizaba el reclutamiento forzoso de los empleados públicos; inclusive cobraba cuotas políticas a los empleados bajo la amenaza de quitarles sus empleos; se dedicaba también a la compra de votos.  Este personaje nefasto de nuestra política garantizaba el transporte de los votantes a las mesas de votación.  No debemos olvidar su presencia ya que ésta se alargó por muchos años en nuestra población nacional, al punto que algunos de ellos llegaron a ocupar escaños en la Asamblea Nacional de Diputados.  Es importante recordar que en estas campañas eleccionarias se perfeccionó la cédula de identidad personal como documento permanente.   El Dr. Harmodio Arias Madrid obtuvo un  triunfo limpio contra su adversario Francisco Arias Paredes, no obstante hubo denuncias de irregularidades como la expedición de cédulas duplicadas.

En las elecciones siguientes, en Junio de 1936, el Dr. Juan Demóstenes Arosemena, candidato del oficialismo y de la Coalición Revolucionaria Nacional, obtiene el  triunfo electoral contra Don Domingo Díaz Arosemena del Frente Popular.  Fue evidente cómo el gobierno de turno utilizó la maquinaria oficial para respaldar al Dr. Juan Demóstenes Arosemena.  La campaña política se caracterizó por grandes tensiones e irregularidades y por evidencia de fraude, cuyos comicios pasarán a la historia relacionados al “PAQUETAZO DE VERAGUAS”, que fue denunciado como “una monstruosa manipulación de las actas” a favor del candidato gubernamental.  Fue un  torneo electoral a base de fraudes y atropellos que dejaron muchos resentimientos.

Las siguientes elecciones generales panameñas de 1940, entre el candidato del gobierno, Dr. Arnulfo Arias Madrid, apoyado por los partidos coaligados y por la oposición, el Dr. Ricardo J. Alfaro, conllevaron las malas prácticas de nuestra política criolla.  Se acentuaron los atropellos por la policía, el uso de los recursos del estado, denuncias de fraude y un ambiente sumamente caldeado.  El día 26 de mayo de 1940, Ricardo J. Alfaro decidió retirar su candidatura presidencial por considerar que carecía de garantías suficientes para participar en unas elecciones honestas.  El día 1 de octubre de 1940 tomó posesión de la Presidencia de la República el Dr. Arnulfo Arias Madrid. 

Después de la Elección de Constituyentes de 1945, que produjo la promulgación de la Tercera Constitución Nacional de 1946, se realizan las siguientes elecciones generales el 9 de mayo de 1948, en la que participaron Don Domingo Díaz Arosemena (Alianza Unificación Liberal), Dr, Arnulfo Arias Madrid (PRA) y otros tres candidatos presidenciales sin posibilidad de triunfo.  La victoria electoral se le reconoció al candidato del gobierno, Don Domingo Díaz Arosemena, luego de unas elecciones caracterizadas por diversidad de ilegalidades de lado y lado, entre ellas enfrentamientos entre bandas paramilitares.  En estas elecciones hubo destrucción de urnas y votos, depósito de votos falsos en urnas, elaboración de actas en mesas de votación inexistentes, es decir, se inventaron nuevos y sofisticadas formas de violar los resultados del voto electoral, en un ambiente de mucha hostilidad, enfrentamientos violentos entre pandillas paramilitares tanto del gobierno como de la oposición, que incluyó la participación de la Policía Nacional.  En este período presidencial hubo reconteo de votos presidenciales y cinco presidentes de la república en un cuatrienio, 1948-1952, en lo que en mi opinión fue el período presidencial más convulsionado de nuestra historia política.

Se estableció que las siguientes elecciones generales se realizarían el 11 de mayo de 1952.  En este torneo electoral compitieron el ExJefe de la Policía Nacional, Coronel José Antonio Remón Cantera, por la oposición Don Roberto Francisco Chiari Remón –apoyado por la Alianza Civilista- y hubo un tercer candidato, Pedro Moreno Correa, del Partido  Conservador, sin ninguna posibilidad de triunfo.  Esta campaña fue violenta para algunos y se hicieron acusaciones de corrupción contra la Policía Nacional.  También hubo compra de votos e irregularidades en las mesas de votación.  Actas en la que el número de votos escrutados sobrepasaba la lista de votantes, utilización de los recursos del estado apoyando al candidato del oficialismo, personas que votaron varias veces, la adulteración de Actas Electorales son ejemplos de actos cometidos.  El 1 de junio de 1952  Remón Cantera fue proclamado triunfador de las elecciones realizadas el 11 de mayo y tomó posesión como Presidente de la República el 1 de octubre de 1952.  Fue el primer militar que llegaba a ocupar la presidencia durante el período republicano y el primer presidente graduado en el Instituto Nacional de Panamá.  Estas elecciones dejaron como recuerdo una huella difícil de olvidar por haber sido influenciadas en forma desvergonzada, institucionalizando el clientelismo con el aparato gubernamental estableciendo el trueque de prebendas y bienes materiales por votos.

El siguiente torneo electoral fue programado para el 13 de mayo de 1956 entre Ernesto de la Guardia, Jr., apoyado por el oficialismo con la Coalición Patriótica Nacional, y su opositor Víctor Florencio Goytía, respaldado por el Partido Liberal.  Para la mayoría de las personas, las elecciones generales fueron tranquilas, no obstante la oposición liderada por Goytía pidió que se anulara el proceso en razón de un fraude que involucraba aproximadamente 100 mil votos.  Por su parte el candidato gubernamental De la Guardia reconoció en parte que se había dado irregularidades en el conteo, pero reafirmó que no era un número suficiente para alterar el resultado.  El triunfador definitivo fue el candidato Ernesto de la Guardia, Jr., quien tomó posesión el 1 de octubre de 1956 y el período de su mandato fue uno de los más conflictivos.  Se dieron protestas estudiantiles, levantamiento de grupos armados entre sus adversarios políticos, con resultados muy dolorosos y desafortunados que opacaron las buenas intenciones del Presidente de la Guardia.  Hay que destacar que durante el mandato del Presidente de la Guardia éste debió sufrir las presiones de los medios de comunicación adversos, que lo atacaron todos los días de manera implacable.  No obstante, el Presidente de la Guardia fue un hombre respetuoso de la libre expresión.  Por su parte, la Asamblea Nacional de Diputados quedó controlada por el oficialismo, con un total de 42 diputados aliados y 10 en oposición. 

Los próximos comicios electorales se realizaron el 10 de mayo de 1960, a los que concurrieron por la Unión Nacional de Oposición (UNO) Roberto Francisco Chiari Remón, por el gobierno y la Coalición Patriótica Nacional Ricardo Arias Espinoza y por la Alianza Popular Víctor Florencio Goytía en una tercera fuerza que no tenía la menor opción de triunfo.  Dicho torneo electoral se desarrolló en forma pacífica y logró la victoria electoral el opositor Roberto Francisco Chiari.  El oficialismo representado por la Coalición Patriótica Nacional se había desgastado con los años y acusaciones en su contra, entre ellas la injerencia creciente de la Guardia Nacional sobre la autoridad civil, COMENTARIAN sobre el magnicidio del Presidente Remón.  También tuvo mucha importancia la promesa que los liberales hicieron a los panameñistas, en el sentido de que, al alcanzar la victoria los liberales, se le devolverían los derechos políticos al Dr. Arnulfo Arias Madrid.  Al finalizar las elecciones, el candidato oficialista, Ricardo Manuel Arias Espinoza presentó una denuncia pública al Tribunal Electoral señalando diversas irregularidades en las mesas de votación de San Blas y en la Provincia de Veraguas.  Posteriormente el Tribunal Electoral declaró improcedente dicha denuncia.  Según lo acordado, durante la primera legislatura de la Asamblea Nacional de Diputados de la Administración Chiari, se rehabilitaron los derechos políticos al Dr. Arnulfo Arias Madrid.

Las siguientes elecciones generales se realizaron el 10 de mayo de 1964.  Los candidatos presidenciales con mayor opción de triunfo eran Marco Aurelio Robles, apoyado por ocho partidos políticos; el Dr. Arnulfo Arias Madrid, apoyado por su Partido Panameñista, individualmente el más grande del país; Juan de Arco Galindo, respaldado por seis partidos políticos; y otros cuarto candidatos, sin posibilidades de triunfo, José Antonio Molino, Florencio Harris, Norberto Navarro y José de la Rosa Castillo.  En estas elecciones, desde el inicio mismo del conteo de los votos, el partido del Dr. Arnulfo Arias Madrid empieza a hacer acusaciones de fraude, sin cambiar de accionar hasta el final del conteo.  No obstante, se favoreció a Marcos Aurelio Robles con el triunfo electoral, convirtiéndose así en el 34avo Presidente de la República de Panamá, asumiendo el cargo el 1 de octubre de 1964.  Robles obtuvo 134,627 votos, frente a 123,186 sufragios para el Arnulfo Arias, es decir hubo una diferencia de 10,953 votos a favor de Robles.  Durante su mandato, el Presidente Robles fue juzgado por la Asamblea Nacional de Diputados, declarándolo culpable y fue destituido el 24 de marzo de 1968.  Posteriormente, el 5 de abril de 1968, la Corte Suprema de Justicia invalidó el juicio contra el Presidente Robles.  Así, el Presidente Robles terminó su período presidencial el 1 de octubre de 1968.

Las siguientes elecciones se celebraron el 5 de mayo de 1968.  Los candidatos presidenciales fueron el Ing. David Samudio Avila, por el gobierno, y el Dr. Arnulfo Arias Madrid por la oposición.  Hubo una tercera candidatura sin ninguna posibilidad de triunfo del Dr. González Revilla de la Democracia Cristiana.  En estos comicios hubo acusaciones de fraude, riñas callejeras, conspiraciones de cuartel por algunos oficiales jóvenes para indirectamente participar en actividades electorales.  Participaron grupos de choque, los llamados “Pie de Guerra” liberales y por los panameñistas los denominados “Boinas Negras”.  Antes y después de la elecciones, estas dos agrupaciones escenificaron agresivos enfrentamientos con saldo de muertos y heridos.  Incidentes violentos ocurrieron en el café Boulevard Balboa, en el Parque Porras, con asesinatos y disparos en el periódico oficialista El Mundo, donde asesinaron a un chofer de un ministro de estado y hubo asesinatos de algunos agentes de la Policía Nacional.  Hubo renuncias de miembros de la Junta Nacional de Escrutinios como consecuencia de amenazas contras sus familias e igualmente hubo amenazas a los miembros del Tribunal Electoral debido a las pugnas de los partidos políticos, a fin de poner a sus allegados en esos puestos claves o importantes.  Finalmente, después de un recuento que demoró en terminar, el Dr. Arnulfo Arias Madrid fue declarado vencedor el 30 de mayo de 1968 por un margen de 41,545 votos sobre el Ing. David Samudio Avila.  Al tomar posesión como Presidente de la República, el Dr. Arnulfo Arias realizó una reunión con la Guardia Nacional en que pactaron que el Jefe de la Guardia Nacional se jubilaría y se respetaría el escalafón militar de la entidad.  El nuevo gobierno de Arias trató de falsear el resultado de varias diputaciones contrarias; la poca reacción de la población a estas acciones demostró la decadencia moral, cívica y política a que había llegado la sociedad panameña a fines de la década de los Años 1960.  El día 11 de octubre de 1968 la Guardia Nacional derrocó por tercera vez al Presidente Arnulfo Arias Madrid y Panamá tuvo una dictadura militar por 21 años, ejerciendo directa e indirectamente el control político, económico y social del país. 

Poco menos de 21 años más tarde, el 20 de diciembre de 1989, el ejército estadounidense invadió a Panamá y Guillermo Endara tomó posesión como Presidente de la República, como consecuencia de haber sido el verdadero triunfador de las elecciones que se celebraron el 7 de mayo de 1989, contra el candidato respaldado por los militares y el gobierno de turno, Carlos Duque Jaén.  Frente al triunfo arrasador de la oposición abanderada por Endara, el régimen anuló las elecciones. 

Al hacer esta recapitulación de los procesos eleccionarios anteriores de la invasión norteamericana del 20 de diciembre de 1989, nos demuestra el deficiente sistema políticos en gran parte dirigido por personas inmorales, sin valores éticos, salvo pequeñas excepciones.  En todos esos procesos eleccionarios pudimos observar la incultura política del pueblo panameño.  Se dieron casos insólitos como aquellos cabecillas políticos que buscaban a sus futuros votantes recogiéndolos en los campos y luego trasladándolos del mismo modo en que se trasladan reses hacia el matadero, para después encerrarlos en lugares de los cuales no podían salir sino después de haber depositado su voto.  Al cumplirse la votación, trasladaban a los votantes de nuevo a su refugio original y después de varias horas los conducían a sus respectivos campos.  Ciertamente un espectáculo desmoralizador y vergonzoso.

Las disputas políticas causaban profundas divisiones entre familias enteras de un bando y del otro, al punto que por mucho tiempo no se dirigían la palabra, mucho menos se saludaban.  Era muy frecuente la compra de votos; ron y seco con la entrega de la cédula de identidad personal.  No pocos periodistas fueron amenazados y fuertemente golpeados como consecuencia de las pasiones políticas.  Actos de vandalismo contra las sedes de los partidos políticos.  Los nefastos grupos de choque de grupos políticos que se disputaban el poder.  Los medios de comunicación, tanto televisión como periódicos y emisoras de radio con inclinación hacia uno de los lados, eran amenazados por el grupo contrario.  Los ataques contra la honra y reputación entre los candidatos de elección popular en pugna y adversarios políticos que llegó a situaciones alarmantes.  La inapropiada participación directa e indirecta de la Guardia Nacional favorecía al candidato oficialista en las elecciones.  Las numerosas veces que el escrutinio en ciertas mesas de votación fue interrumpido debido a disparos entre los grupos en pugna.  Muchas urnas de votos fueron robadas y posteriormente fueron devueltas pero alteradas.  Intimidación de alcaldes y gobernadoras de provincias hacia la población, para favorecer al candidato gubernamental.  Todos estos hechos nefastos y recordados y otros más de nuestra historia política, nos debe llevar a la reflexión como una época de antaño pasada que jamás debe pasar en el presente y futuro de nuestra nación. 

Nuestra democracia y el estado de derecho se fortalecerán en la misma medida en la que los ciudadanos anhelemos y decidamos defenderla como un legado para las futuras generaciones.  Si bien es cierto que después de la invasión estadounidense de 1989 nuestros procesos eleccionarios se han mejorado considerablemente con un renovado respeto a la voluntad mayoritaria de escoger al candidato verdaderamente triunfador.  No debemos claudicar en seguir mejorándola porque así como existimos los que defendemos la democracia e igual subsisten aquellos que desean destruirla.

En la época colonial, la frontera entre Panamá y Costa Rica nunca estuvo bien definida, lo cual originó una dificultad por resolver.  El Istmo de Panamá se independizó de España en 1821 y voluntariamente determinó unirse a la Gran Colombia, entre otras razones por nuestro pequeño territorio, insuficiente población, sin ejército para mantener la causa independentista y nuestra gran admiración por el Libertador Simón Bolívar y su liderazgo.  Esta unión voluntaria trasladó a la Gran Colombia las disputas fronterizas con Costa Rica.  A partir de 1821 se produjeron tratados limítrofes en 1856, 1865 y 1873, ninguno de los cuales contó con el aval de ambos gobiernos.

En 1880 Colombia se apropió del área de Cocales de Burica y el 25 de diciembre de 1880 tanto Costa Rica como Colombia resolvieron someter esta demarcación limítrofe al arbitraje del Rey Alfonso XII de España, apodado “el Pacificador”.  Este arbitraje no tuvo éxito ya que el Rey  murió prematuramente de tuberculosis a los 27 años y el convenio generado fue ignorado por Colombia.

El 4 de noviembre de 1896, tanto Colombia como Costa Rica seleccionaron para arbitraje al Presidente de la República de Francia, Francois Felix Faure, quien falleció el 16 de febrero de 1899 y fue su sucesor el Presidente Emile Francois Loubet Nicolet.  El 11 de septiembre de 1900 el Presidente Loubet determinó la sentencia arbitral en Rambouillet, Francia, acción mejor conocida como el “Fallo Loubet”.  Esta sentencia arbitral no fue aceptada por Costa Rica ya que menoscababa sus intereses y concedía a Colombia territorio adicional que no estaba en disputa, en especial la cuenca del Río Sixaola.

Al independizarse Panamá de Colombia en 1903, asume completamente la responsabilidad del problema limítrofe.  Costa Rica exigía un estudio del Laudo Loubet.  Tras la fracasada ejecución del Laudo Loubet, Panamá y Costa Rica buscaron una salida negociada a las dificultades que se daban en su frontera común incluyendo presiones que provenían de las compañías bananeras estadounidenses.  De ahí que en 1904, Costa Rica acredita una delegación a cargo de su canciller Leonidas Pacheco para entablar conversaciones con nuestro país y por Panamá se designa a Don Santiago de la Guardia.  El 6 de marzo de 1905 ambos firmaron un convenio que establecía una línea fronteriza intermedia entre las pretensiones de ambos países, que recogía gran parte del dictamen del Fallo Loubet.  Este convenio fue rechazado por el Congreso de Costa Rica en 1907, mientras que Panamá lo aprobó el 26 de enero del mismo año.

Con el objetivo de solucionar las diferencias suscitadas en torno a la interpretación del Fallo Loubet del Año 1900, el 17 de enero de 1910 se realizó en la ciudad de Washington, D.C., la denominada Convención Anderson-Porras, suscrita por los Ministros Plenipotenciarios de Costa Rica, Luis Anderson Morúa, y de Panamá, Belisario Porras Barahona.  En cumplimiento de la Convención Anderson-Porras, las partes aceptaron el arbitraje e interpretación del Laudo Loubet por parte del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América, Edward White.  El 12 de septiembre de 1914 se dicta el Fallo White, concediendo a Costa Rica el disputado Valle de Talamanca o Sixaola.  Panamá se mostró insatisfecho con la resolución ya que perdió una sección apreciable de costa marina.  La República de Panamá impugnó el dictamen en forma rotunda, aduciendo para ello que el Sr. Edward White se había excedido de las facultades que le habían sido conferidas.

No podemos dejar a un lado que detrás de la controversia limítrofe entre Panamá y Costa Rica estaba la conveniencia de las compañías estadounidenses United Fruit Company y la American Banana Company, recordando que inmediatamente después de nuestra independencia de Colombia, éstas se pusieron a disposición de ambos países con el fin de arbritar en cuanto a las diferentes interpretaciones que tanto Panamá como Costa Rica daban al Laudo Loubet.  Si bien es cierto que tanto Panamá como Costa Rica quisieron al principio solucionar las discrepancias solamente entre ambos países, la verdad es que al malograrse esa intención se incrementó el apremio del gobierno norteamericano, para al final imponer el arbitraje estadounidense.

El Fallo White de 12 de septiembre de 1914 no fue aceptado por el gobierno panameño, encabezado por el Presidente de la República Belisario Porras Barahona, a pesar de que era evidente que el gobierno estadounidense presionaba para que se aplicara dicho fallo.  El inicio de la primera guerra mundial el 28 de julio de 1914, que finalizó en Noviembre de 1918 y en la que los Estados Unidos fue un importante protagonista, mantuvo el estado en que las cosas estaban.

Panamá consideraba que el Fallo White había extralimitado los poderes que se les había dado por la Convención Porras-Anderson, por lo tanto no se ajustaban al derecho internacional y por ende Panamá no estaba constreñida a acatar un fallo que a todas luces era jurídicamente absurdo para solucionar el conflicto sobre límites entre las dos naciones.  Por su parte, la Asamblea Nacional de Diputados de Panamá aprobó una resolución que declaraba inaceptable el Fallo White y exhortaba al Ejecutivo a defender la integridad nacional, brindándole toda la colaboración requerida.  También, el gobierno panameño, en vista de que sus demandas ante el gobierno estadounidense eran inútiles, resolvieron enviar varias misiones a países de América del Sur con el objetivo de exponer la arbitrariedad que se pretendía realizar contra nuestro país a través del Fallo White.  Al Brasil se mandó una delegación dirigida por Don Antonio Burgos; a la República de Chile una delegación encabezada por el Dr. Octavio Méndez Pereira; otra a la Nación Argentina con el Dr. Harmodio Arias Madrid al frente; y otra marchó al Perú, al frente de la cual fue el Dr. Eduardo Chiari.  Todos connotados panameños con prestancia intelectual y con gran experiencia.  Como resultado de dichas gestiones, los gobiernos de los países visitados hicieron un llamado a Washington a no utilizar medios violentos contra Panamá, además indicando que las naciones latinoamericanas resolverían ellas mismas sus problemas, e hicieron un llamado a no imponer el sistema de arbitraje en el mundo mediante el uso de la fuerza.

El 2 de julio de 1915 el General Santiago de la Guardia, Ministro de Panamá en San José, Costa Rica, mantuvo una conversación formal con el Presidente de Costa Rica en la que el primero propuso un arreglo entre las partes a fin de evitar una posible fricción entre ambos países.  El mandatario costarricense indicó que por parte de ellos no modificarían nada de la sentencia arbitral dictada por el Chief Justice White de los Estados Unidos, agregando que el gobierno estadounidense les había señalado que dicho fallo sería cumplido.  Así, a pesar de la intención de negociación directa y de dos arbitrajes internacionales entre las partes, tanto Costa Rica como Panamá, de acuerdo a sus intereses y puntos de vista, establecieron su propio límite provisional, dejando de resolver su conflicto limítrofe, situación que se mantuvo por muchos años hasta el inicio de la denominada Guerra de Coto.

El 20 de febrero de 1921, Julio Acosta García, Presidente de Costa Rica, y su gabinete determinaron “atentatoria contra la soberanía de Costa Rica la ocupación por Panamá de la región oeste y al norte de la línea fronteriza entre ambas repúblicas”, fundamentándose ellos en los arbitrajes anteriormente mencionados.  Así inicia el llamado Conflicto de Coto que se desarrolló entre el 21 de febrero y el 5 de marzo de 1921.  Una fuerza expedicionaria ocupó en nombre de la República de Costa Rica la localidad de Pueblo Nuevo de Coto, un caserío en el Distrito de Alanje, en la provincia panameña de Chiriquí y enarboló allí la bandera costarricense.  Dicho acto se entendió como una invasión al territorio panameño.  Esto originó una reacción de la fuerza panameña, que en unos días lograron revertir y rechazar las acciones de los ticos en la zona.  Este hecho exaltó el nacionalismo en ambos países.  Como consecuencia de la derrota, Costa Rica invadió por la costa atlántica de la población de Guabito y, con el apoyo de la norteamericana United Fruit Company, también tomaron el puerto de Almirante sin mayor resistencia ya que no había presencia militar panameña en el área pues dicho territorio no era objeto de controversia.

Los estadounidenses pidieron a las dos naciones la supresión de las hostilidades, el retiro de los costarricenses de Bocas del Toro y exigió a los panameños retirar sus fuerzas de Coto y reconocer el Fallo White de 1914.  Hubo intimidación y medidas de fuerza por parte de los norteamericanos con el objetivo de cesar la contienda entre ambos países.  La presión de los Estados Unidos tomó la forma de un ultimátum proferido por el Secretario de Estado a Panamá, en defensa de los intereses de la compañía norteamericana dedicada al comercio de bananos.  Así, Panamá se vio obligada a aceptar la cesión de la zona de Coto a pesar de haber ganado la guerra en el aspecto bélico y a pesar de que la población que vivía en esa área era en su totalidad panameña.

No obstante lo anterior, la situación no quedó totalmente resuelta.  Posteriormente los problemas limítrofes se superaron definitivamente con el Tratado Echardi-Fernández, también conocido como el Tratado Arias-Calderón Guardia, convenio de límites terrestres entre Costa Rica y Panamá, firmado el 1 de mayo de 1941 en la ciudad de San José, por el Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica Alberto Echardi Monero y el Embajador de Panamá en Costa Rica, Ezquiel Fernández Jaén, durante los gobiernos de Rafael Angel Calderón de Costa Rica y del Dr. Arnulfo Arias Madrid de Panamá, poniendo fin a un diferendo de más de 100 años.

Finalmente, el 18 de septiembre de 1944, los cancilleres de Panamá y Costa Rica firmaron el protocolo que puso fin al problema limítrofe de vieja data entre ambas naciones.  Por acuerdo de ambas partes una delegación del gobierno chileno sirvió de árbitro en la demarcación definitiva de la frontera, constituyendo dicho acto un ejemplo de paz y concordia entre los pueblos y sus futuras generaciones al resolver con nobleza sus disputas y comprometiéndose a convivir fraternalmente.

Como es del conocimiento general, las importantes sexagésimas elecciones presidenciales de los Estados Unidos de Norteamérica se realizarán el martes, 5 de noviembre de 2024.  Asimismo coinciden con las elecciones del senado en la que se eligen 33 senadores y las elecciones de los integrantes de la totalidad de la Cámara de Representantes, que son 435.

Los dos candidatos presidenciales más importantes en este torneo electoral son la Demócrata Kamala Harris, actual vicepresidente, acompañada por Tim Walz, y el expresidente Donald John Trump por el Partido Republicano y su candidato a vicepresidente, J.D. Vance.  Otros candidatos presidenciales participarán sin posibilidad de triunfo, entre ellos el Libertario, Verde y otros candidatos independientes y partidos sin mucha trascendencia.

La candidata Kamala Harris del Partido Demócrata cumple 60 años el 20 de octubre, es la actual Vicepresidenta del país y es quien, a mi criterio, representa la mejor opción entre aquellos que buscan un candidato que verdaderamente unifique al país contra, en opinión de Hillary Clinton en 2016, el expresidente “más peligroso en la historia de los Estados Unidos”.  Kamala Harris ha sido una exitosa y competente abogada, graduada en Derecho, Ciencias Políticas y Economía, con un Doctorado en Derecho en la Universidad de California.  Trabajó en la oficina del Distrito del Condado de Alameda, después en la oficina del Fiscal de Distrito de San Francisco y luego pasa a la oficina del Fiscal de la ciudad de San Francisco.  Algunos años después fue elegida Fiscal General de California y fue reelegida también en esa importante posición, combatiendo la delincuencia y el crimen organizado.  En el año 2016 fue elegida Senadora por el Estado de California en Washington, D.C., convirtiéndose en la segunda mujer afroamericana y la primera mujer de ascendencia india en servir en el Senado de los Estados Unidos.  Como senadora, abogó por el control de armas, por reformas al sistema de salud y el sistema tributario,  la legalización federal del Cannabis y la Ley Dreamers entre otras.  Como Senadora cuestionó las malas actuaciones de los funcionarios del gobierno de Trump, lo cual impulsó su perfil a nivel nacional.  En el año 2020 buscó la nominación presidencial demócrata, pero se retiró de la contienda antes de las primarias.  El 11 de agosto de 2020 el Presidente Joe Biden eliglió a Harris como su compañera de fórmula, hecho éste que vaticiné anteriormente al señalar en artículo previo que Biden “necesita ser acompañado por una vicepresidenta capaz, preparada y enfrentarse a los graves problemas que tendrá en el futuro gobierno”,  y seguí diciendo “yo sugeriría como la indicada a la aguerrida candidata primarista, exfiscal y actual Senadora por California.”  “Kamala sería una excelente vicepresidenta”, “quien tiene la autoridad moral, inteligencia y capacidad para dirigir la solución de los grandes problemas que enfrenta la nación.  Ella representa un verdadero liderazgo efectivo en beneficio del país y del mundo occidental.”  Ha sido la primera mujer en haber sido elegida como Vicepresidente de los Estados Unidos.

Kamala Harris es una mujer combativa y resuelta como lo demostró como Senadora del Estado de California.  Tiene una experiencia destacada en sus funciones en el servicio público, siendo miembro del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales, Comité Selecto de Inteligencia, Comité Judicial y el Comité de Presupuesto.  También ha sido una enérgica defensora de medidas contra el cambio climático, procesó pandillas transnacionales que traficaban en armas, drogas y seres humanos.  Apoyó reformas al sistema de justicia penal, respaldó leyes para aumentar los salarios de los trabajadores y favorece el cuidado infantil para padres que laboran, y apoya a los veteranos y familias militares.  Y algo que también es muy importante, no ha estado relacionada a actos de corrupción en toda su vida tanto privada como pública, como tampoco ha sido acusada en procesos judiciales penales ni de ninguna otra naturaleza,  Todo lo anterior hace a la Vicepresidenta y candidata Harris una aspirante a la Presidencia de los Estados Unidos honrada y competente.

Su opositor es el Expresidente de los Estados Unidos, Donald John Trump, quien en 2016 ganó las elecciones contra la demócrata Hillary Clinton por el sistema del Colegio Electoral, pero perdió por el voto popular.  Resulta inverosímil que durante la campaña de 2016 Trump criticó duramente este sistema del Colegio Electoral calificándolo, como corrupto.  El destino quiso que por este sistema, tan cuestionado no sólo por él sino por muchos, asumiera la victoria en las elecciones celebradas el martes, 8 de noviembre de 2016. 

El candidato republicano Trump es un personaje sumamente polémico.  Basta rememorar los enfrentamientos con el también republicano y excandidato presidencial Senador John McCain de Arizona, quien fue un crítico contra la gestión de Trump.  Resulta ser que el Senador McCain fue un héroe comprobado en la guerra de Vietnam.  McCain denunció los ataques de Trump a los inmigrantes y lo acusó de “azuzar a los locos” con sus opiniones.  Donald Trump puso en duda el heroísmo de McCain por haber sido capturado en el conflicto de Vietnam al señalar “Es un héroe porque fue capturado”, añadiendo “A mí me gustan las personas que no fueron capturadas”.  He ahí el descaro de quien había evadido el servicio militar con cinco aplazamientos,  teniendo el descaro de criticar a John McCain, prisionero de guerra y torturado en Vietnam durante cinco años y medio.  Debido a que John McCain era hijo de un Almirante de Marina se le ofreció ser liberado, lo cual rechazó con valentía en solidaridad con sus compañeros de guerra también prisioneros.  Héroe de guerra, decente, humilde, McCain es despreciado por un cobarde, deshonesto y soberbio individuo.

En el “Russiagate”, trama que investigaba el Fiscal Especial Robert Mueller, se relacionaba la victoria de Trump con la injerencia rusa en las elecciones del año 2016.  Basta recordar las palabras de la Presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, cuando dijo “Con usted, Señor Presidente, todos los caminos conducen a Putin”.  

En cuanto a los cuatro años de la administración Trump, su gestión careció de una buena diplomacia, con propósitos de evadir la justicia, violar acuerdos y tratados y generar conflictos con los aliados históricos de los Estados Unidos.  No olvidemos que abandonó el Acuerdo de París contra la crisis climática para favorecer las energías contaminantes.  Su presidencia se caracterizó por grandes desaciertos y debilitó la democracia.  Su pésimo manejo de la crisis sanitaria se caracterizó por sostener una táctica fracasada en el manejo de la pandemia por sus opiniones contradictorias o confusas, que ocasionaron una atmósfera de inseguridad general, incluyendo inestabilidad en el mercado de valores.

No podemos ignorar que este personaje tuvo, y mantiene al presente, una predisposición e intención obvia de crear controversias y situaciones negativas durante su gobierno.  Le fascina insultar a sus adversarios o críticos sin distingo de afiliaciones políticas.  Se refirió a los republicanos Marco Rubio como “pequeñín” y a Jeb Bush como “el debilucho”.  La lista de expresiones despectivas es amplia e incluye a periodistas, políticos, a mujeres en general al señalar que “puede hacerles cualquier cosa” a las mujeres cuando se es “una estrella”. 

Ahora este personaje aspira a ser nuevamente presidente de los Estados Unidos, a sus 78 años de edad, habiendo sido encontrado responsable del delito de abuso sexual contra la columnista E. Jean Carroll, según el veredicto de un jurado emitido en Nueva York en el marco de un juicio civil.  La Sra. Carroll acusó al veterano empresario y político de violarla en un almacén de Manhattan en 1996.  El jurado le concedió a Carroll una compensación de US$5 millones por abuso y difamación.

Antes,  ahora y siempre ha ofendido y menospreciado a sus propios compatriotas, creando un ambiente de notoria y evidente división y totalmente carente de conexión humana.  Muchos describen a este candidato presidencial como un mitómano profesional, quien ha sabido contagiar con el mismo defecto a sus hipnotizados seguidores, repitiendo en todo momento sus conocidas mentiras, como aquella de que hubo fraude en las elecciones contra Biden en el año 2020, a pesar de que todos los tribunales de justicia, sin excepción, se manifestaron totalmente en contra de sus señalamientos.  Traigo a colación un informe del respetado y conocido periódico The Washington Post que indicó que “cuenta con una base de datos para analizar, clasificar y rastrear cada información sospechosa del mandatario”, señalando en el año 2020 que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump “ha pronunciado 16,200 declaraciones falsas y engañosas desde su llegada al poder hace tres años”.  El informe concluye que “las mentiras del presidente estadounidense han hecho que algunos senadores tachen a Trump de ´mentiroso patológico´”.

Trump fue derrotado contundentemente en las elecciones del 3 de noviembre de 2020 por más de siete millones de votos populares –la tercera mayor diferencia en la historia de ese país entre un candidato y otro.  En la historia de la gran nación del norte no ha habido caso tan vergonzoso y deplorable como el acontecido el 6 de enero de 2021, aciago momento que quedará señalado en la historia política estadounidense por representar una deshonra difícil de olvidar para ese país y para el mundo occidental, cuando una turba de seguidores y fanáticos de Trump se volcaron hacia e invadieron de manera hostil e iracunda el Capitolio en Washington, D.C., uno de los emblemas de la democracia, lo cual fue el primer asalto al Capitolio desde la guerra de civil en 1812, con el fin de impedir que los legisladores cumplieran con su obligación constitucional de certificar en el Colegio Elecoral la victoria avasalladora que había tenido Joe Biden sobre Donald Trump.  Este asalto, intento de golpe de estado, insurrección, fue premeditado según muchos, por Trump y sus cercanos allegados.  Ese fatídico día del 6 de enero de 2021, el Presidente Trump arengó a sus fanáticos, insistió en que las elecciones fueron “amañadas”, presionando a su vicepresidente, el republicano Mike Pence, para que bloqueara el proceso de certificación de los resultados electorales estatales en el Capitolio, a lo cual éste se negó, al punto que lo llamara traidor y los belicosos fanáticos de Trump hicieron llamados a que “ahorquen a Pence”.  Fue un nefasto panorama que el mundo entero observó.  Una horda de desajustados, instigados por un candidato ampliamente derrotado quien no aceptaba haber sido vencido, al punto que el congresista republicano ADAM KINZINGER dijo “Este plan parece un golpe de estado” y por su parte el mitómano y cínico expresidente Trump señaló que fue una “manifestación sin ninguna arma”, no obstante esta insubordinación dejó cinco muertos y 140 policías heridos.

El 6 de enero de 2021 Trump pretendió dar un golpe de estado al no querer reconocer la voluntad mayoritaria del pueblo estadounidense y por ello a no respetar las instituciones, la democracia y que en el estado de derecho se debe sufrir la aplicación de la ley.  Además, como si lo anterior fuera poco, en este año 2024 el expresidente Trump fue declarado culpable de los 34 cargos de falsificación de registros comerciales en su juicio criminal en New York por los pagos para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels usando dinero de su campaña presidencial de 2016.

Otro punto importante que los estadounidense deberán tomar en cuenta, es la opinión de Donald Trump sobre la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN.  En el 2016 señaló que “la OTAN está obsoleta” pero lo cierto es que la OTAN es más importante que nunca ante la actual política expansionista rusa, como el caso de las invasiones a Ucrania, asunto de profunda preocupación para los países europeos, que no descartan correr con la misma suerte que tuvo Europa durante el régimen nazi iniciando con la invasión a Polonia en 1939 y aquella de 11 países en años posteriores, logrando Hitler el dominio de Europa.  Basta imaginar cuál sería la suerte de Ucrania y probablemente de otros países fronterizos con Rusia  si la OTAN no existiese en la actualidad.  Hoy día la OTAN cuenta con 32 miembros, se ha fortalecido al unirse oficialmente Finlandia a partir del inicio de la guerra de Ucrania y este año se unió Suecia, acabando con décadas de neutralidad internacional.  El deseo de Trump y su amigo Putin de acabar con la OTAN no es un secreto.  No pocas veces ambos lo han manifestado.  Estrecha amistad esa, entre elogios mutuos. 

Por otra parte, el apellido Trump continúa ligado a investigaciones criminales.  La Organización Trump fue declarada culpable de fraude y falsificación de registros comerciales y fue multada por US$1.6 millones.  Su Director Financiero, alto ejecutivo, fue condenado a cinco meses de cárcel. 

Para colmo, el Departamento de Justicia investiga el descubrimiento de documentos oficiales del gobierno en la mansión Mar-A-Lago de Trump, en el Estado de Florida.  Le confiscaron aproximadamente 11,000 documentos oficiales, incluidos cerca de 100 marcados como ´clasificado´, algunos de ellos con marcación de ´ultrasecreto´.  Algunos expertos opinan que esta investigación criminal también puede implicar a Trump por haber violado la Ley de Espionaje al haber mantenido en su propiedad información de seguridad nacional que pudiera perjudicar a los Estados Unidos.

Otro controvertido caso de Trump lo fue su intento de anular la estrecha derrota que sufrió en el Estado de Georgia durante las elecciones de Noviembre de 2020.  Resulta ser que se divulgó una llamada telefónica del 2 de enero de 2021 entre Donald Trump y el principal funcionario electoral de Georgia, el también republicano Secretario BRAD RAFFENSPERGER.  En esta llamada Donald Trump le dice al Sr. Raffensperger “sólo quiero que me encuentres 11,780 votos”, es decir la cantidad precisa de votos que necesitaba para ganar ese estado.  Obviamente, esta irregular petición ha sido investigada por los fiscales estatales y puede conllevar delitos potenciales como el de solicitud para cometer fraude electoral, declaraciones falsas a funcionarios gubernamentales y extorsión.  Si las acusaciones se formalizan, los implicados y condenados enfrentarían sentencia de prisión.  Al final, el demócrata Joe Biden obtuvo el 49.5% de los votos populares y Donald Trump obtuvo el 49.2%.  Así, Biden ganó los 16 votos electorales que representan al Estado de Georgia.

Durante su ejercicio por cuatro años de su mandato constitucional la Administración Trump se vio envuelta en numerosas disputas, incoherencias, improvisaciones, sin grandes logros, en un país dividido y una política tanto nacional como internacional con sobresaltos.  De allí que el excandidato presidencial republicano MITT ROMNEY describió a Trump como “deshonesto, vulgar, mentiroso, temperamental, inestable, xenófobo, misogeno …. No apto para la Presidencia”.  También existen declaraciones como la del Senador republicano de Carolina del Sur, Lindsey Graham:  “No creo que Trump sea un conservador republicano confiable ni que haya mostrado el juicio y temperamento para ser Comandante en Jefe”.  Un segundo gobierno de Trump causa mucha preocupación en muchos países del mundo, basado en sus planteamientos e ideas, ocasionando descomunales riesgos no sólo a su nación, sino que al mundo entero, porque compromete la estabilidad del orden internacional.  Este cuestionable empresario político tiene una visión personal de las cosas muy limitada y justifica pensar que su posibilidad de gobernar podría resultar en un desastre a nivel mundial.

Conociendo desde el principio la  trayectoria política y privada de Donald Trump, dije en artículo anterior que de acuerdo a mi criterio, “ha sido el peor presidente que ha tenido ese gran país durante toda su historia”.  Basta recordar que el Presidente Trump no fue destituido de su cargo únicamente gracias a intereses partidistas de los republicanos, a pesar de que hubo testimonios y pruebas evidentes de haber obstruido la investigación sobre su conducta inapropiada, bloqueando citaciones y así impidiendo el testimonio ante el Congreso de altos funcionarios claves con conocimiento de primera mano sobre los hechos.  Mi valoración ha sido corroborada por muchos académicos encuestados; su consideración:  “Trump es el peor presidente de la historia de los EEUU”.  Se le recordará por ser el primer presidente en la historia de los Estados Unidos que se enfrenta a cargos penales.  Origina enfrentamientos, tensiones con países amigos de los Estados Unidos, fomentando algo que es sumamente perjudicial y negativo en un país profundamente dividido y con claras evidencias de incitación al odio, racismo y violencia.

A pesar de que obviamente después del triunfo demócrata Trump y sus huestes alegarán fraude, finalmente, me inclino por pensar que para el 5 de noviembre de 2024 la mayoría de los votos de los estadounidenses apoyará con el triunfo electoral al partido y candidato presidencial que traiga más entusiasmo, paz, prosperidad y nuevas ideas, mejores relaciones internas y con el mundo y su voto será para el Partido Demócrata y su inteligente, honrada, preparada y carismática KAMALA HARRIS.

En los próximos cinco años, China se prepara para consolidar su posición como una superpotencia mundial. Este plan, encabezado por el presidente Xi Jinping, pone especial énfasis en la modernización de sus fuerzas armadas y en la expansión de su arsenal nuclear. Xi ha establecido el año 2029 como la fecha límite para que el Ejército Popular de Liberación (EPL) esté completamente modernizado, en línea con la celebración del 80 aniversario de la República Popular China. Además, se busca que el arsenal nuclear del país esté al nivel de Estados Unidos y Rusia, como parte de su estrategia para reafirmar su papel en el escenario global y exigir respeto a sus intereses fundamentales, principalmente en relación con Taiwán y el mar de China Meridional.

Estas decisiones fueron ratificadas en la tercera sesión plenaria del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) celebrada en julio de 2024. Aunque la sesión debía centrarse en reformas económicas, el enfoque se desplazó hacia temas de seguridad nacional, la innovación tecnológica y el desarrollo de talento como pilares clave para fortalecer la economía del país. Esto refleja una clara prioridad en el fortalecimiento del aparato militar y nuclear del país, al tiempo que se busca reducir la dependencia tecnológica de Estados Unidos y sus aliados.

Históricamente, las reuniones plenarias del PCCh han marcado puntos de inflexión en la evolución de China. Xi, quien asumió el poder en 2012, ha transformado estas reuniones en plataformas para priorizar la política sobre la economía. Su consolidación de poder, evidenciada por la eliminación del límite de mandatos en 2018, le ha permitido centralizar las decisiones de gran envergadura, especialmente en lo que respecta a la seguridad nacional.

Uno de los elementos cruciales de esta estrategia es el aumento del arsenal nuclear. Xi ha acelerado este plan como respuesta a la creciente presencia militar estadounidense en el mar de China Meridional, lo que ha convertido la región en un punto de tensión global. Al incrementar su capacidad de disuasión nuclear, China pretende equilibrar la balanza de poder con Estados Unidos y garantizar que sus reclamaciones territoriales, especialmente sobre Taiwán, sean respetadas sin intervención militar extranjera. Según estimaciones del Pentágono, China podría aumentar su arsenal nuclear a 1.000 ojivas para 2030 y a 1.500 para 2035, acercándose así a los niveles de Estados Unidos y Rusia.

El EPL, que ha estado en proceso de modernización durante varios años, también desempeña un papel clave en esta estrategia. China ha estado avanzando en la construcción de portaviones, submarinos, aviones de combate y otros equipos militares de última generación, con el fin de consolidar su presencia militar en la región. Aunque su capacidad nuclear actual está muy por debajo de la de Estados Unidos y Rusia, China está decidida a alcanzar una paridad estratégica en los próximos años.

El impulso de la modernización militar va acompañado de un esfuerzo por luchar contra la corrupción, que ha afectado incluso a los altos mandos militares. Xi Jinping ha liderado una campaña anticorrupción desde su llegada al poder, eliminando a millones de funcionarios, incluidos miembros de alto rango del ejército, lo que le ha permitido consolidar aún más su autoridad.

Además de sus esfuerzos militares, China también busca reducir los desequilibrios sociales y reactivar su economía debilitada. El PCCh ha identificado la innovación tecnológica como una prioridad para alcanzar la autosuficiencia en sectores clave y, al mismo tiempo, fortalecer la clase media. Sin embargo, la tarea no será fácil, ya que el país enfrenta una serie de desafíos económicos, como la desaceleración del crecimiento, el alto endeudamiento y una crisis demográfica que amenaza con frenar su desarrollo.

A nivel internacional, Xi está preparando el terreno para negociar en igualdad de condiciones con Estados Unidos y Rusia, conscientes de que el poder nuclear es un factor determinante en estas negociaciones. Su objetivo es claro: garantizar que China sea reconocida no solo como una potencia económica, sino también como una superpotencia militar y nuclear.

Este enfoque en la seguridad nacional y el protagonismo nuclear marca un cambio en las prioridades de China, dejando atrás la estrategia puramente económica que caracterizó a sus anteriores líderes. Xi Jinping ha dejado claro que el ascenso de China como superpotencia no será solo económico, sino también militar, y que esto es fundamental para asegurar su liderazgo en el escenario mundial. De cara a los próximos años, China se enfrenta a la tarea de equilibrar sus ambiciones internas y externas, mientras el mundo observa con atención cómo se desarrolla esta nueva fase en la historia del gigante asiático. El papel de China en el equilibrio global de poder, especialmente en lo que respecta a Taiwán y las aguas circundantes, será un tema crucial en la geopolítica mundial.

De acuerdo a mi criterio, el Dr. Ramón Maximiliano Valdés Arce fue uno de los Presidentes de la República de Panamá de más sólida preparación académica, jurista de probada inteligencia en toda nuestra historia.  Además de Doctor en Derecho y Ciencias Políticas, fue un escritor talentoso, político, periodista y poeta, con versos ampliamente conocidos como el Rondel, Umbral y otros.  Fue además compositor musical de piezas bailables como valses y pasillos, con los que amenizaba en reuniones íntimas y tocaba varios instrumentos musicales tales como el piano, la guitarra y la flauta.  Hablaba y escribía en varios idiomas, incluyendo el inglés, francés, italiano y el español.  Se casó en el año 1900 y tuvo tres hijas en su matrimonio.  Fue el séptimo presidente constitucional de la República de Panamá, desde el 1 de octubre de 1916 hasta el 3 de junio de 1918, cuando falleció como consecuencia de un ataque al corazón.  Murió mientras ejercía el cargo presidencial por menos de dos años y contaba con tan sólo 50 años de edad.

Este meritorio político ejerció como juez y alcalde de Colón en 1895, antes de la independencia del istmo de Panamá de Colombia, y fue Secretario de Educación y Viceministro de Finanzas del gobierno departamental, así como fue Representante al Congreso de Panamá ante la Asamblea de Colombia.  Cuando aún formábamos parte de Colombia, el Dr. Valdés comienza a relacionarse en las filas del liberalismo, desempeñando un meritorio papel en el forjamiento e independencia de Panamá de Colombia.  Inicialmente, al igual que su padre, el Dr. Ramón Maximiliano Valdéz fue conservador y seguidor del líder conservador General Carlos Alban, quien fue jefe civil y militar de Panamá.  En la Guerra de los Mil Días, el Dr. Valdés se vinculó en el bando de los liberales, a pesar de ser Secretario General del conservador General Carlos Alban.

Una vez independizada Panamá de Colombia, el 3 de noviembre de 1903, primero fue nombrado Consultor del nuevo gobierno, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Panamá en Washington.  Fue Ministro Residente en Inglaterra e Irlanda, y fue Miembro de la Corte de Arbitrio de La Haya.  Luego, en el gobierno de Don José Domingo de Obaldía, ocupó la Secretaría de Gobierno en 1908.  Posteriormente fue elegido como el Segundo Designado Presidencial por la Asamblea Nacional de Diputados para el período 1912-1914 y como el Primer Designado Presidencial para el período 1914-1916. 

El Dr. Valdés tuvo vínculos muy cercanos con el Dr. Belisario Porras y un sector del Partido Liberal encabezado por el propio Dr. Porras, quien lo respaldó y escogió como candidato a la Presidencia de la República para las elecciones presidenciales del 25 de junio de 1916 teniendo en cuenta que el Dr. Porras Barahona aspiraba a que el Dr. Valdés lo apoyara para conseguir la Presidencia de la República en las elecciones venideras de 1920.  En efecto, en las elecciones del año 1916 el ungido del Dr. Porras, el Dr. Ramón Maximiliano Valdés, obtuvo la Presidencia de la República para el período 1916-1920, venciendo a su contrincante, Don Rodolfo Chiari Robles, quien contó con el apoyo del Dr. Carlos Antonio Mendoza.  Don Rodolfo Chiari fue escogido como candidato presidencial por la Convención del Partido Liberal celebrada en la ciudad de David, Chiriquí, el día 21 de febrero de 1916.  Hay que señalar que cerca del final de la contienda electoral de 1916, Don Rodolfo Chiari Robles decidió no presentarse a las elecciones tras varios choques armados serios.  Esa campaña electoral se desarrolló en un ambiente violento, creando inestabilidad, descréditos, acusaciones de atraco a los fondos públicos, intenciones de fraude electoral y algunas solicitudes de intervención estadounidense en el proceso.  De tal manera, la contienda terminó con la abstención de los seguidores de Chiari Robles y se dejó el camino expedito al Dr. Ramón Maximiliano Valdés, quien con esta victoria asumió el cargo presidencial el 1 de octubre de 1916.

Así pues, el 1 de octubre de 1916 tomó posesión como primer magistrado de la nación el Dr. Ramón Maximiliano Valdés Arce, e inmediatamente tuvo que hacerle frente a la gravísima situación por la que atravesaba el tesoro público panameño.  Frente a esto, el gobierno estadounidense propuso al gobierno del Dr. Valdés la contratación de un consejero de finanzas para resolver el desorden en el manejos de los fondos estatales, proposición que, después en una serie de intercambios en pro y en contra, finalmente se aprobó prácticamente por orden de Washington.  Se realiza entonces la contratación del primer agente fiscal que controlara los gastos de la Administración Valdés, y por ende del gobierno panameño.  Hay que enfatizar que dicha decisión fue objeto de críticas por parte de algunos sectores políticos del país.

También durante la administración del Presidente Valdés Arce, como consecuencia de la participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, se produjo la entrada de Panamá en esta guerra junto con los Estados Unidos y por ende respaldando a los estadounidenses como aliado natural de la nación norteña.  El Presidente Valdés secundó dicha proposición, teniendo en cuenta de lo que se desprendía de los Tratados del Canal de Panamá de 1903 entre ambas naciones.  Como corolario de este respaldo, los ciudadanos de nacionalidad alemana que residían en Panamá fueron arrestados y recluídos en la Isla de Taboga en el Océano Pacífico, para posteriormente enviarlos a los Estados Unidos.  La administración Valdés, asimismo por considerarlo “un deber patriótico”,  facilitó a los Estados Unidos operaciones militares en el país, haciendo uso de la comunicación terrestre, aérea y marítima y permitiendo también la fiscalización del correo.

Como mandatario de la Nación no estuvo de acuerdo en reformar el Artículo 70 de nuestra Carta Magna, para NO permitir que los panameños por adopción (aquellos no nacidos en Panamá) pudieran ser presidentes, en perjuicio directo a Eusebio A. Morales.  Igualmente su gobierno implementó una importante reforma a los Códigos Nacionales, entre ellos el establecimiento del matrimonio civil y el divorcio como derechos de los panameños.

Hay que resaltar que durante su gestión de gobierno el Dr. Ramón Maximilino Valdés estuvo asediado por serias dificultades, especialmente en su relación con la gran potencia del norte.  La aplicación de la denominada “Ley Seca” implementada en todos los Estados Unidos, e igual en el territorio de la Zona del Canal de Panamá, pretendieron aplicarla también dentro de la República de Panamá a los establecimientos que se dedicaban a la venta de licores, tales como bodegas, cantinas, etc., pretensión que fue rechazada firmemente por el Mandatario Valdés.  Su gobierno tuvo iguales dificultades con las autoridades de la Zona del Canal en lo relativo a ciertas medidas de salud pública.  Teniendo en cuenta que ellos tenían el derecho de inspeccionar medidas de higiene en las principales ciudades de Panamá y Colón, las desavenencias llegaron a un punto tal, que trataron de proceder como árbitro e intérprete de nuestro ordenamiento jurídico, debatiendo los dictámenes de nuestros tribunales de justicia panameños.

No podemos pasar por alto el gran interés de la Administración Valdés Arce por la educación nacional y esto lo demostró al crear la Escuela de Medicina y la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas.  Igualmente, con una particularidad social, fue la creación de la Cruz Roja Nacional.  También durante su mandato se pretendió fundar la Universidad Panamericana en Panamá.  Es de justicia resaltar que si bien es cierto que el Dr. Ramón Maximiliano Valdés fue un ungido en su momento del caudillo liberal Dr. Belisario Porras Barahona, no cuajó durante su gestión la sumisión que el expresidente Porras deseaba.  Sólo hay que recordar las diferencias entre ambos, al punto en que el gobierno se dividió entre porristas y partidarios del Presidente Valdés.

Hacemos justicia y docencia política con este compendio ilustrativo del gobierno constitucional del egregio Presidente panameño, Dr. Ramón Maximiliano Valdés Arce, ciudadano culto, de raíces interioranas, nacido en Penonomé, Provincia de Coclé, poseedor de una formación académica digna de emular.  Este gran personaje es desconocido y olvidado por muchos.  Su muerte inesperada lamentablemente resultó en su efímera administración.

Desde el inicio de la transición de gobierno, tras las elecciones del pasado 1 de julio, el Alcalde Electo Mayer Mizrachi y su Vicealcalde, Roberto Ruíz, han expuesto públicamente el estado financiero en que recibieron las arcas de la Alcaldía de Panamá. Han denunciado presupuestos inflados, planillas abultadas y otras irregularidades, destacando principalmente las deudas insostenibles que enfrenta la municipalidad. Ante esta situación, han implementado medidas de austeridad con el objetivo de recuperar la estabilidad financiera del municipio y seguir trabajando para que «Panamá Brille».

Las restricciones económicas han afectado la gestión de proyectos y la prestación de servicios esenciales a los ciudadanos. En respuesta a esta situación, el Concejo Municipal de Panamá ha aprobado un periodo de moratoria para el pago de impuestos municipales, vigente desde el 16 de septiembre hasta el 16 de octubre de 2024. Esta medida exonera el 100% de los recargos e intereses en impuestos de negocios y el 50% en multas por no presentar la declaración jurada. Para acceder a este beneficio, los contribuyentes deben cancelar la totalidad de su deuda acumulada hasta la fecha, incluido el mes corriente.

Además, la exoneración de recargos e intereses también se aplica a los arreglos de pago vigentes y a los expedientes en la jurisdicción coactiva, siempre que se cancele la totalidad de las cuotas pendientes o el monto adeudado. Los contribuyentes deben presentar, de manera presencial, todas las declaraciones juradas pendientes en las oficinas de Servicio al Contribuyente del Edificio Hatillo, aunque también pueden realizar los trámites digitalmente en el sitio web de la Alcaldía, donde se aceptan pagos con tarjetas Visa, MasterCard, Clave o a través del sistema de banca en línea.

Cabe destacar que esta moratoria no aplica para deudas relacionadas con impuestos de vehículos, obras y construcciones, publicidad, otras multas, ni para nuevos arreglos de pago. La Alcaldía ha tomado esta medida como parte de sus esfuerzos para recaudar los fondos necesarios para el desarrollo y mantenimiento de la ciudad, ofreciendo a los contribuyentes la oportunidad de regularizar su situación fiscal, lo que permitirá asegurar el ingreso de recursos esenciales para continuar brindando servicios de calidad a la comunidad.

La gestión entrante también ha descubierto que, en el periodo anterior, el presupuesto municipal había sido inflado en más de 100 millones de dólares, y que la capacidad real de recaudación de las arcas municipales rondaría solo los 220 millones de dólares para finales de año, muy por debajo de las expectativas iniciales de un municipio financieramente sólido. Además, se han identificado deudas significativas que superan los 150 millones de dólares, lo cual compromete aún más la situación financiera del municipio y pone de relieve una gestión previa deficiente y una falta de transparencia.

Uno de los aspectos más críticos señalados por la nueva administración es el aumento desmedido de la planilla municipal. Desde 2019, bajo la gestión de José Luis Fábrega, el número de empleados pasó de 3,564 a 6,380 en mayo de 2024, lo que representa un crecimiento del 79% en comparación con un incremento del 10% durante la gestión de José Isabel Blandón (2014-2019). Esta expansión ha generado cuestionamientos sobre la eficiencia en el uso de los recursos públicos, especialmente ante la persistente percepción de deficiencias en la prestación de servicios básicos como el mantenimiento de parques y la gestión de trámites administrativos.

Ante este panorama, el Alcalde Mayer Mizrachi ha manifestado su compromiso de implementar recortes y medidas de austeridad para reducir la nómina y recuperar la estabilidad financiera del municipio. Asimismo, se ha comprometido a buscar nuevas fuentes de ingresos para mejorar la liquidez y asegurar el sostenimiento de los servicios esenciales que la Alcaldía brinda a los ciudadanos.

Aunque la implementación de una moratoria fiscal por parte de la Alcaldía de Panamá representa un esfuerzo positivo para aliviar la carga financiera de los contribuyentes, el plazo de un mes resulta insuficiente para muchos ciudadanos que no tenían prevista esta oportunidad de regularización. Un periodo mínimo de dos meses sería más adecuado, permitiendo una mejor planificación y cumplimiento por parte de los contribuyentes. Además, sería beneficioso extender los horarios de atención, incluyendo los días sábados, para facilitar el acceso a los servicios municipales.

Por otro lado, es crucial que los funcionarios municipales reciban entrenamiento adecuado para mejorar su trato hacia los ciudadanos, promoviendo una cultura de servicio más amable y eficiente. Sería valioso que el propio Alcalde supervise las oficinas de cobro y utilice sus redes sociales para fomentar la participación de los contribuyentes. Asimismo, esta iniciativa no debería limitarse únicamente al Municipio de Panamá; su promoción en otros municipios podría generar un impacto más amplio y positivo en la economía local y en la relación entre las autoridades y los ciudadanos.

Las elecciones presidenciales en la hermana República de Venezuela se llevaron a cabo el domingo, 28 de julio de 2024, con el fin de elegir al presidente de la república para un período de seis años.  Se olfateaba que serían unas elecciones polémicas y controversiales debido a que el autoritario Maduro Moros aspiraba a ser reelegido en su posición mientras dominaba todos los órganos del Estado, reprimiendo a la oposición, con agresiones físicas, cambiando las reglas del juego y violando sistemáticamente el Acuerdo de Barbados celebrado el 17 de octubre de 2023, sobre garantías electorales suscrito entre el régimen de Maduro y la oposición.  Es evidente que el régimen de Nicolás Maduro Moros, al permitir la celebración de estas “elecciones”, pretende legitimarse a nivel internacional para salir de las sanciones económicas.  Difícilmente serán levantadas o aliviadas dichas sanciones con lo que ha ocurrido, más bien en todo caso serán aumentadas.

En el transcurso de este proceso electoral la valiente oposición liderada por la admirada y querida dirigente María Corina Machado, ha tenido que enfrentarse a todo tipo de obstáculos e inconvenientes.  Entre ellos, el permitir que solo una ínfima cantidad de electores hayan sido habilitados para votar en el extranjero, que tantos no hayan podido inscribirse o actualizar sus datos en embajadas del exterior, lo que evidentemente perjudica ampliamente a la oposición y se les negó su derecho al voto a una inmensa cantidad de  emigrantes venezolanos.  Muchos recursos del Estado fueron utilizados en favor del Señor Maduro.  Hubo represión contra todos los locales comerciales y sus dueños, que de una u otra forma apoyaron al equipo de campaña de la oposición.

Y como si tanto ya mencionado fuera poco, la principal líder María Corina Machado fue inhabilitada a pesar de haber sido elegida en primarias en forma abrumadora para concurrir a las elecciones presidenciales.  Luego lo fue Corina Yoris, a quien designó como sustituta, y finalmente cayó sobre el académico, escritor y ex embajador Edmundo González Urrutia, de 74 años, escogido para enfrentar a Maduro.  Sin duda alguna han sido unas elecciones a las que aplica el conocido refrán “Lucha de tigre suelto contra burro amarrado”.

La larga pesadilla del pueblo venezolano comienza en 1982, cuando el joven militar Hugo Rafael Chávez Frías organiza el clandestino Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 ante la insatisfacción que existía con el sistema político venezolano, caracterizado entre otras cosas por la corrupción.  El 4 de febrero de 1992 se intenta dar un golpe de estado contra el gobierno constitucional del Presidente Carlos Andrés Pérez, del Partido Acción Democrática, calificando su administración de vicios de corrupción.  Por esta acción inconstitucional e intento de golpe, Hugo Rafael Chávez Frías, fue encarcelado.  El 27 de marzo de 1994, a dos años del levantamiento, fue liberado por el nuevo presidente elegido del país, Rafael Caldera Rodríguez del partido socialcristiano COPEI).  Los dos años en prisión hicieron crecer la popularidad de Chávez y éste cambia de estrategia y organiza un nuevo partido político llamado Movimiento Quinta República y participa como candidato a la presidencia en las elecciones del 6 de enero de 1998, logrando la victoria electoral con el 56.20% de los sufragios, siendo así el sucesor de Rafael Caldera Rodríguez. 

El 15 de diciembre de 1999 realiza un Referendum Constitucional que con el 71.78% de los votos aprobó una nueva Carta Magna que reemplazó a la Constitución Nacional de 1961.  El 30 de julio de 2000 se realizan elecciones generales bajo la nueva Carta Magna.  A través de este cambio constitucional Chávez logra mejores condiciones para llevar a cabo su revolución y asegurar su liderazgo.  En ese proceso eleccionario Chávez resulta elegido con el 59.75% de los votos para el período 10 de enero de 2001 hasta el 10 de enero de 2007.  Durante este período, el 11 de abril de 2002, se intenta derrocar a Hugo Chávez.  Días después, el 14 de abril de 2002 Chávez recupera la Presidencia de la República, respaldado por los militares adeptos a su gobierno.  De vuelta en el poder, Chávez Frías y su administración enfrentan un Paro Petrolero durante el mes de Diciembre de 2002 hasta Febrero de 2003.

Posteriormente, el 15 de agosto de 2004 se realiza un referéndum presidencial con el propósito de decidir la permanencia de Hugo Chávez en la jefatura del gobierno.  La pureza de dicho referéndum fue cuestionada por algunos.  El 59.1% de los votos escrutados favoreció a Chávez, contra el 40.64% de votos opuestos.  Por ende, Chávez permanece en el poder y no fue revocado.

El 3 de diciembre de 2006 se realizaron elecciones presidenciales nuevamente y el Mandatario Chávez fue reelegido con el 62.84% de los sufragios registrados frente a su principal oponente, Manuel Antonio Rosales Guerrero, quien logró el 36.90% de los votos.

En las elecciones presidenciales del 7 de octubre de 2012, Chávez Frías logra el triunfo electoral con el 56.07% de los votos para un cuarto mandato frente al opositor Henrique Capriles Radonski, quien obtuvo el 44.31%.  Es importante señalar que Henrique Capriles reconoció los resultados y pidió respeto para la oposición.  El Presidente Chávez no tomó juramento para el período de seis años, 2013-2019, ceremonia que había sido prevista para el 10 de enero de 2013, ya que el Organo Legislativo le permitió viajar a Cuba para intentar recobrarse del cáncer que sufría.  El Presidente Chávez falleció en Caracas el 5 de marzo de 2013 a los 58 años de edad.  El Vicepresidente Nicolás Maduro Moros reemplazó al Presidente Chávez durante su enfermedad y posterior a su muerte, en su condición de Presidente Encargado de Venezuela.

El 14 de abril de 2013 se celebran nuevas elecciones entre el candidato gubernamental Nicolás Maduro Moros, reemplazo y seguidor de Chávez, quien obtuvo el 50.62% de los votos, y su opositor Henrique Capriles Radonski, quien alcanzó el 49.12% de los sufragios.  Estas elecciones fueron sumamente cuestionadas por la oposición.  De este período en adelante Maduro Moros demuestra ser un gobernante autoritario y ha gobernado mayormente por decreto.  Su popularidad disminuyó notoriamente debido a una grave crisis social, económica y política que se mantiene en el país, produciéndose manifestaciones contra su régimen.  Esto se hizo evidente en el triunfo de la oposición en las elecciones parlamentarias de 2015 y el inicio de un proceso para revocar el mandato de Maduro a través de un referéndum.  Este proceso no prosperó debido a que Maduro concentra el poder de todos los órganos del estado y a lo largo y ancho del país.

El domingo 20 de mayo de 2018, Nicolás Maduro Moros se presentó nuevamente a elecciones presidenciales para un segundo mandato consecutivo para el período 2019-2025, logrando la victoria frente al principal candidato opositor, Henri Falcon, en una elección en la que la participación electoral cayó al 46%.  La principal coalición opositora, Mesa de la Unidad Democrática (MUD), no participó en estas elecciones por estimar que el gobierno de Maduro no ofrecía garantías de transparencia e imparcialidad y no pocos señalaban que carecía de legitimidad.  Los que sí participaron fueron Henri Falcón, uno de los fundadores del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200) y del Movimiento V República y también del Partido Socialista Unido de Venezuela.  Este ex-chavista fue el principal candidato de la oposición en el torneo electoral del año 2018.  Así como la oposición, una pluralidad de países de la comunidad internacional no reconocieron la victoria de Maduro debido a las palpables irregularidades y desigualdades, aunadas a las denuncias presentadas que señalaban la ilegalidad de que Maduro se declararse presidente reelecto.  Aún así, por medio del fraude de 2018, el Sr. Maduro se aferra al poder, representando un régimen opresor.

Habiendo suscrito el Acuerdo de Barbados de 2023, el gobierno de Maduro en el que se comprometió a liderar un proceso electoral libre y transparente, Maduro procede a violarlo en todo sentido y participa para reelegirse en las recientes elecciones de 2024, perpetrando un vulgar fraude electoral en el que, al haber escrutado el 80% de los votos, el sumiso Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela lo declaró vencedor con el 51.2% de los sufragios, asignándole el 44.2% de los votos al principal candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia. 

El CNE, organismo controlado por el chavismo desde hace 25 años, se niega a entregar las actas que según ellos demuestran la victoria del Sr. Maduro sobre Edmundo González Urrutia y la oposición.  Igualmente retienen sin publicar los resultados de cada mesa de votación.  Por su parte, la oposición asegura tener en su poder al menos un 84% de las actas de las mesas de votación que le dan la victoria a González Urrutia, las que han sido colocadas en internet para que fuera posible revisarlas ampliamente.  Es evidente que el CNE ha cometido multiplicidad de irregularidades, avalando así un monstruoso fraude electoral, irrespetando flagrantemente la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano.  Después de estas fatídicas elecciones del 28 de julio, los venezolanos opositores han protestado en las calles por no haberse respetado la voluntad mayoritaria de los ciudadanos, sufriendo una opresión brutal en la que muchos han ofrecido su vida, otros muchos han sufrido toda clase de vejámenes, detenciones ilegales y heridas.  Lamentablemente se está viendo en amplias zonas una desolación extrema en las calles en horas de la noche, como una auto-imposición del pueblo de un toque de queda para protegerse de los paramilitares o colectivos, organizaciones del terror creadas por el chavismo para asegurar la represión del pueblo que desea exigir al gobierno despótico el respeto del resultado que favorece al candidato opositor Edmundo González Urrutia.  La comunidad internacional se ha manifestado mayoritariamente y enérgicamente contra el régimen de Maduro y su irrespeto a los genuinos resultados de las elecciones. 

Es muy preocupante que la intensidad de las protestas disminuya en vez de aumentar.  Se corre un peligro serio de que se vuelva a imponer la tiranía opresora del gobierno de Maduro, ya acumulando 25 años de desgracia que además atenta contra la seguridad e intereses de los demás países y el sistema democrático de gobierno.  El gobierno de Maduro y sus seguidores no reconocerán el triunfo de la oposición si el pueblo venezolano no mantiene la presión enérgica en las calles y al mismo tiempo la comunidad internacional de países siga igualmente manifestándose contra la dictadura y se logre que las fuerzas armadas de Venezuela respondan al llamado de la líder oposicionistas, María Corina Machado, quien hace un pedido patriótico al ejército para que abandone a Maduro y su régimen y se sume al pueblo.  Sólo así podrá Venezuela resurgir y reorganizarse para la prosperidad en democracia y sólo así podrá evitarse que tengamos otra Cuba en Latinoamérica.