Panamá: Crecimiento, Recaudación Fiscal y Sostenibilidad de la deuda

Una interpretación basada en la relación entre crecimiento económico (g) y costo del capital (r)

Resumen

El análisis convencional de la deuda pública panameña suele concentrarse en el déficit fiscal, el nivel de endeudamiento y el cumplimiento de las metas fiscales. Estas variables son indispensables, pero resultan insuficientes para comprender, por sí solas, la dinámica estructural de la economía y su capacidad para atender las obligaciones del Estado.

La tesis central de este artículo es que la sostenibilidad fiscal de Panamá debe evaluarse atendiendo tanto al volumen de deuda como a la capacidad del país para sostener una tasa de crecimiento económico superior al costo real de su financiamiento. Esta relación puede facilitar la gestión de la deuda, siempre que se acompañe de disciplina presupuestaria y de una administración adecuada de los riesgos.

La cuestión estratégica comprende cuánto debe Panamá y, al mismo tiempo, su capacidad para generar crecimiento, ampliar la base tributaria, atraer inversión y aumentar el producto interno bruto (PIB) a un ritmo que permita atender sus obligaciones financieras. Desde esta perspectiva, la expansión económica constituye uno de los principales activos fiscales del país.

La relación entre crecimiento y costo del financiamiento

En este análisis, g representa la tasa de crecimiento real de la economía y r, el costo real promedio del financiamiento de la deuda pública. En un sentido más amplio, el costo del capital también influye en las decisiones de inversión de las empresas. Sin embargo, el rendimiento del capital privado y el costo de la deuda soberana son conceptos diferentes y no deben utilizarse indistintamente para evaluar la sostenibilidad fiscal.

Cuando el crecimiento supera el costo real de la deuda, es decir, cuando g > r, el aumento del PIB ayuda a absorber la carga de intereses de las obligaciones existentes. Esto favorece la estabilización o reducción de la relación deuda/PIB, aunque el resultado final depende también de las nuevas necesidades de financiamiento. Un entorno de expansión puede, además, mejorar las perspectivas de inversión y ampliar la capacidad recaudatoria del Estado.

Cuando ocurre lo contrario, r > g, la carga de intereses tiende a aumentar más rápidamente que la capacidad económica que la sostiene. Si esta situación persiste, puede elevar la presión fiscal, reducir el espacio disponible para la inversión pública y aumentar los riesgos de sostenibilidad financiera. Ello no implica que la deuda crezca inevitablemente: un resultado primario suficiente puede compensar ese efecto.

El resultado primario es la diferencia entre los ingresos públicos y los gastos, excluidos los intereses. Un déficit primario elevado puede aumentar la relación deuda/PIB incluso cuando g > r; un superávit puede contribuir a contenerla cuando r > g. También influyen las operaciones que modifican el saldo de deuda sin reflejarse directamente en el déficit, así como los efectos cambiarios cuando existen obligaciones en otras monedas. [1]

Por ello, el diferencial entre r y g no constituye una ley mecánica. Su efecto debe examinarse junto con la calidad institucional, la estructura tributaria, la eficiencia del gasto público y la capacidad de atraer inversión. La comparación exige, además, utilizar tasas consistentes: crecimiento real con interés real, o crecimiento nominal con interés nominal. Para el análisis de deuda, la conversión a términos reales debe ser coherente con el deflactor del PIB, que puede diferir de la inflación medida por los precios al consumidor. [1]

La singularidad del caso panameño

Panamá reúne una combinación de características poco frecuente en América Latina: una economía dolarizada, un centro logístico regional, un canal interoceánico, una plataforma aérea internacional, un sistema bancario internacional, un régimen de servicios globales y una elevada apertura económica.

Estas condiciones han contribuido a sostener períodos de crecimiento superiores al promedio regional. [7] La dolarización forma parte de ese entorno, pero la ventaja estratégica también reside en la existencia de sectores capaces de generar actividad económica durante períodos prolongados y de conectar al país con los mercados internacionales.

La evolución reciente muestra, a su vez, que esa capacidad está expuesta a cambios sectoriales y externos. El informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) correspondiente a la Consulta del Artículo IV de 2025 consignó un crecimiento de 7,3 % en 2023 y de 2,9 % en 2024, asociado principalmente, en este último año, al cierre de Cobre Panamá. Son cifras de la versión estadística utilizada en ese informe y pueden diferir de series revisadas posteriormente. Ese documento también destacó la solidez, capitalización y liquidez del sistema bancario. [2]

Para 2025, el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) estimó un crecimiento real de 4,4 %, cifra también recogida por el Banco Mundial. Por su parte, la edición de octubre de 2026 de Perspectivas de la economía mundial del FMI presenta proyecciones de crecimiento de 5,0 % y de inflación promedio al consumidor de 1,8 % para 2026. Estas últimas son proyecciones, no resultados definitivos. [3, 4, 5]

La lectura de estos datos debe considerar la fecha, la metodología y la condición de cada cifra. La recuperación de un año no garantiza una trayectoria permanente: el desafío consiste en convertir el dinamismo de los sectores estratégicos en mayor productividad, empleo formal y una base fiscal más amplia.

Deuda pública y capacidad de crecimiento

En muchos análisis fiscales se parte de la premisa de que la deuda constituye el problema principal. Esa perspectiva puede resultar incompleta cuando trata el endeudamiento como una variable aislada y deja en segundo plano las condiciones económicas que permiten atenderlo.

Junto a la pregunta «¿Cuánta deuda tiene Panamá?», corresponde formular otra: «¿Posee Panamá capacidad suficiente para crecer más rápido que el costo promedio real de esa deuda?». Si la respuesta es afirmativa y se mantiene una trayectoria fiscal compatible, la gestión del endeudamiento se vuelve considerablemente más manejable.

Una economía con deuda relativamente elevada puede mantener estabilidad durante períodos prolongados si crece de manera sostenida, conserva acceso al crédito y mantiene credibilidad institucional. Por el contrario, un endeudamiento inicialmente bajo no excluye una crisis si el país pierde dinamismo, sufre una caída de ingresos o encuentra dificultades para refinanciar sus obligaciones.

El nivel de deuda sigue siendo relevante porque determina la exposición a aumentos de tasas y a otras perturbaciones. También importan los vencimientos, la proporción de obligaciones a tasa variable, las monedas de contratación y las necesidades de liquidez. La capacidad de pago a largo plazo debe acompañarse de recursos suficientes para cumplir los compromisos inmediatos.

Recaudación fiscal y tamaño de la economía

La relación entre recaudación y PIB ocupa un lugar central en este debate. Con frecuencia se plantea el aumento de los ingresos públicos como el principal mecanismo para fortalecer las finanzas del Estado. Conviene distinguir dos vías para lograrlo, junto con las mejoras de administración tributaria que pueden acompañar a ambas.

La primera vía consiste en aumentar tasas e impuestos. Este enfoque comprende una mayor presión tributaria, la creación de nuevos gravámenes y el incremento de las tasas existentes. Puede generar ingresos en un plazo relativamente corto, pero su efecto sobre la inversión y la competitividad depende del diseño de las medidas, de su magnitud y de la capacidad de los contribuyentes para cumplirlas.

La segunda vía consiste en aumentar el tamaño de la economía mediante mayor crecimiento, más empresas, más empleo formal, mayor inversión y expansión de los sectores productivos. Cuando crecen el consumo gravado, las rentas sujetas a impuestos y las remuneraciones formales, pueden aumentar los ingresos por el impuesto sobre la transferencia de bienes corporales muebles y la prestación de servicios (ITBMS), el impuesto sobre la renta y las contribuciones vinculadas al empleo.

Este efecto no es automático ni uniforme. Depende de qué actividades crecen, de su tratamiento tributario y del cumplimiento efectivo de las obligaciones. Las contribuciones a la seguridad social, además, tienen destinos específicos y no equivalen a ingresos de libre disposición del Gobierno Central.

Desde esta perspectiva, el crecimiento económico puede convertirse en un instrumento central de la política tributaria de largo plazo: amplía la base imponible y puede reducir la necesidad de incrementos tributarios agresivos. Para que ese potencial se traduzca en recursos públicos, debe acompañarse de formalización, cumplimiento y una administración tributaria eficaz.

Motores del crecimiento futuro

La sostenibilidad de la deuda pública dependerá, en parte, de la evolución de siete motores estructurales. Su contribución exige inversiones, condiciones regulatorias previsibles y una articulación efectiva con el resto de la economía.

El Canal de Panamá

La recuperación de la capacidad operativa y el aumento del tránsito pueden fortalecer los ingresos por peajes, los aportes al Estado y las actividades logísticas asociadas. El informe del FMI de 2025 señaló que el Canal había recuperado su plena capacidad operativa en septiembre de 2024, después de las restricciones relacionadas con la sequía. [2]

Los ingresos de la Autoridad del Canal de Panamá y los recursos que esta aporta al Tesoro Nacional deben distinguirse para evitar contabilizarlos como si fueran conceptos equivalentes. La continuidad de esa contribución requiere atender la disponibilidad de agua, el mantenimiento y la capacidad de respuesta ante variaciones del comercio mundial.

La plataforma logística

Panamá conserva ventajas geográficas difíciles de replicar para el transporte marítimo, la distribución regional y la prestación de servicios de valor agregado. La integración de puertos, almacenamiento, transporte terrestre y procesos aduaneros puede ampliar el alcance de esas ventajas y favorecer la instalación de nuevas actividades productivas.

El centro de conexiones aéreas

La conectividad internacional constituye otra fuente relevante de crecimiento. El centro de conexiones aéreas, o hub aéreo, impulsa el turismo, el comercio y los servicios empresariales, facilita los viajes de negocios y mejora el acceso de las empresas a otros mercados. Su aporte depende también de que esa conectividad genere actividad dentro del país.

Los servicios internacionales

Los servicios corporativos, los centros regionales y las operaciones multinacionales integran una plataforma con capacidad para atraer nuevas actividades. Su desarrollo puede fortalecer la exportación de servicios y la demanda de personal especializado. La formación del talento y la previsibilidad jurídica resultan relevantes para consolidar estas inversiones.

La inversión extranjera directa

La atracción de capital externo puede ampliar la capacidad productiva sin requerir, por sí misma, un aumento de la presión tributaria ni del endeudamiento público. También puede incorporar tecnología y conocimientos. Su beneficio debe evaluarse considerando el empleo generado, los vínculos con proveedores locales y los costos fiscales de eventuales incentivos o compromisos estatales.

El mercado de capitales

Una mayor profundidad financiera permitiría diversificar las fuentes de financiamiento, reducir la dependencia del crédito bancario y facilitar la inversión productiva. El acceso a instrumentos de deuda y capital puede ofrecer alternativas ajustadas a las necesidades de distintas empresas, dentro de un entorno de transparencia, información suficiente y protección del inversionista.

La infraestructura digital

El crecimiento futuro estará cada vez más vinculado con los centros de datos, los servicios digitales, la conectividad tecnológica y la economía del conocimiento. Para desarrollar estas actividades se requieren infraestructura confiable, disponibilidad de energía y personal capacitado, además de condiciones que permitan a las empresas incorporar tecnología a sus procesos.

Propuestas de política fiscal

La principal recomendación es evitar una visión exclusivamente recaudatoria. Las políticas fiscales deberían fortalecer simultáneamente los ingresos sostenibles, la calidad del gasto y las condiciones que permiten invertir y producir. Bajo esa orientación se plantean seis propuestas.

Una regla de crecimiento y sostenibilidad fiscal

Se propone complementar las metas de déficit con métricas que permitan evaluar la inversión pública productiva, el crecimiento potencial y la evolución del costo del financiamiento. Este seguimiento debe integrarse a las obligaciones fiscales aplicables y a una trayectoria creíble de deuda.

Una reducción del déficit debe valorarse por su composición y sus efectos. Si se obtiene mediante recortes indiscriminados de inversiones de alto rendimiento, puede debilitar el crecimiento futuro. La evaluación debe distinguir entre gasto prescindible e inversión que aumente la capacidad productiva.

Priorizar el gasto con efecto multiplicador

La infraestructura logística, hídrica y digital merece atención por su capacidad para mejorar la productividad y sostener la actividad económica. Estas inversiones pueden elevar g si los proyectos responden a necesidades reales, se ejecutan eficientemente y cuentan con mantenimiento adecuado.

La prioridad debe apoyarse en evaluaciones de costos y beneficios, plazos de ejecución y resultados verificables. La denominación de un proyecto como inversión no garantiza, por sí sola, un efecto positivo sobre el crecimiento.

Ampliar la base tributaria

Antes de depender de aumentos de tasas, se propone reducir la informalidad, simplificar el cumplimiento tributario, digitalizar la fiscalización y combatir la evasión. Estas medidas pueden incorporar actividades a la economía formal y mejorar la recaudación de obligaciones ya existentes.

La simplificación debe facilitar el cumplimiento voluntario, mientras que la fiscalización debe concentrarse en los riesgos de incumplimiento y respetar las garantías del contribuyente. El objetivo es ampliar la base efectiva sin imponer cargas administrativas innecesarias.

Desarrollar el mercado de capitales

Es conveniente facilitar que más empresas accedan a financiamiento no bancario. Una mayor variedad de instrumentos y participantes puede mejorar las condiciones de financiamiento y, cuando exista competencia y adecuada gestión del riesgo, reducir el costo promedio del capital y fortalecer la inversión.

Incentivar los sectores de alto valor agregado

Se propone priorizar la logística avanzada, los servicios empresariales y la exportación de servicios. Los instrumentos de apoyo deben responder a objetivos concretos de inversión, productividad y empleo, con evaluación de resultados y de su costo fiscal. La formación de personal, la infraestructura y la simplificación de trámites también pueden contribuir a esos objetivos.

Evaluar el efecto de las políticas públicas

Toda nueva medida tributaria o regulatoria debería responder a una pregunta básica: «¿Contribuye al crecimiento potencial del país o lo perjudica?». La respuesta debe sustentarse en una evaluación que considere sus efectos sobre la inversión, la productividad, la formalización y la recaudación.

Este examen debe incorporar también los objetivos sociales y ambientales de la medida. Su utilidad consiste en identificar costos y beneficios, corregir efectos no deseados y asegurar que las decisiones públicas sean coherentes con la sostenibilidad fiscal de largo plazo.

Escenarios para el período 2027 a 2035

Los siguientes escenarios son hipótesis cualitativas para ordenar el análisis. No constituyen pronósticos oficiales ni una proyección cuantitativa de la deuda. El rango del escenario favorable es un supuesto de trabajo: aunque la misión del FMI de octubre de 2026 contempla un crecimiento de 4 % a 5 % a mediano plazo, ello no equivale a una previsión oficial para todo el período hasta 2035. [6]

Escenario favorable

Un crecimiento real cercano al rango de 4 % a 5 % anual, acompañado de expansión logística y aumento de la inversión, permitiría ampliar la base económica y recaudatoria. Si el costo real promedio de la deuda se mantiene por debajo del crecimiento y el resultado primario es compatible con esa trayectoria, la deuda podría estabilizarse o descender como porcentaje del PIB.

Escenario base

Un crecimiento moderado, junto con incrementos también moderados de productividad, permitiría avanzar hacia una estabilidad fiscal gradual. El resultado dependería de mejoras sostenidas en recaudación, eficiencia del gasto y gestión de la deuda, dentro de un contexto de expansión menos intensa que la del escenario favorable.

Escenario adverso

Una desaceleración del comercio global, menor inversión y persistencia de tasas elevadas podrían situar r por encima de g durante varios años. En esas condiciones aumentarían las exigencias de ajuste fiscal y las dificultades para financiar nuevas inversiones.

La persistencia de ese diferencial constituye la principal amenaza estratégica dentro del marco aquí planteado. Sus consecuencias serían más severas si coincidiera con déficits primarios elevados o dificultades de refinanciamiento, por lo que resulta necesario preservar capacidad de respuesta ante perturbaciones.

El crecimiento como fundamento de la sostenibilidad fiscal

La discusión pública en Panamá suele concentrarse en déficit, deuda y recaudación. Estas variables conservan toda su importancia, pero su evaluación debe vincularse con la capacidad del país para preservar una estructura económica que crezca de manera sostenida.

La sostenibilidad fiscal requiere una economía capaz de generar inversión, productividad, empleo y expansión del PIB, junto con una gestión responsable de los ingresos y del gasto. Los recortes presupuestarios y las medidas tributarias deben juzgarse también por su contribución a esa capacidad productiva.

La tesis de este artículo sitúa la preservación del modelo de crecimiento panameño entre las principales garantías de sostenibilidad fiscal. Mantener, durante períodos prolongados, una tasa de crecimiento estructural superior al costo real del financiamiento facilitaría la atención de las obligaciones públicas. Convertir esa posibilidad en una trayectoria sostenible exige disciplina fiscal, instituciones confiables y políticas que fortalezcan la producción y amplíen sus beneficios.

Fuentes y notas de referencia

Las cifras y proyecciones se identifican por su fuente y versión. Las propuestas y los escenarios constituyen el análisis de este artículo; no se atribuyen a las entidades citadas. Consulta de fuentes realizada el 6 de noviembre de 2026.

[1] Fondo Monetario Internacional. A Guide and Tool for Projecting Public Debt and Fiscal Adjustment Paths with Local- and Foreign-Currency Debt. Technical Notes and Manuals, 2021/005. Marco de dinámica de deuda, resultado primario y tasas reales. Consultar publicación

[2] Fondo Monetario Internacional. Panama: 2025 Article IV Consultation—Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Panama. Country Report No. 25/245, agosto de 2025. Crecimiento de 2023 y 2024 según esa versión, recuperación operativa del Canal y situación bancaria. Consultar informe

[3] Instituto Nacional de Estadística y Censo. Avance de Cifras del Producto Interno Bruto: Anual 2025. Estimación de crecimiento real de 4,4 % para 2025, en medidas de volumen encadenadas con año de referencia 2018. Consultar publicación

[4] Banco Mundial. World Development Indicators. GDP growth (annual %)—Panama. Indicador NY.GDP.MKTP.KD.ZG; dato de crecimiento de 2025. Consultar serie

[5] Fondo Monetario Internacional. World Economic Outlook, octubre de 2026. Proyecciones para Panamá en 2026: crecimiento real de 5,0 % e inflación promedio al consumidor de 1,8 %. Se identifica esta edición para distinguirla de actualizaciones o resúmenes del portal general Panama and the IMF. Crecimiento real · Inflación promedio · Panama and the IMF

[6] Fondo Monetario Internacional. Panamá: Declaración del personal técnico al término de la misión de la Consulta del Artículo IV correspondiente a 2026, 7 de octubre de 2026. Perspectiva de crecimiento de 4 % a 5 % a mediano plazo. Consultar declaración

[7] Ulku, Hulya, y Gabriel Zaourak. Unleashing Central America’s Growth Potential: Panama. Banco Mundial, 2021. Antecedentes del crecimiento panameño y comparación con otras economías. Consultar estudio




La pobreza no es el destino de América Latina: el desafío de convertir el crecimiento en oportunidades

Reflexiones sobre la conferencia regional «Fin de la pobreza: recalibrando estrategias, renovando compromisos», celebrada en Panamá el 19 de octubre de 2026.

América Latina y el Caribe constituyen una de las regiones con mayor riqueza en recursos naturales, biodiversidad, fuentes energéticas y potencial humano. Sin embargo, millones de sus habitantes continúan enfrentando condiciones de pobreza, desigualdad y oportunidades limitadas para mejorar su calidad de vida. Esta contradicción plantea una de las preguntas más importantes para el futuro de la región: ¿por qué economías con tantas posibilidades de generar riqueza no han conseguido transformar ese potencial en bienestar para todos sus ciudadanos?

La respuesta va mucho más allá del crecimiento económico. Involucra la calidad de la educación, las oportunidades laborales, el funcionamiento de las instituciones, la distribución de los recursos, las políticas públicas y la capacidad de los Estados para garantizar condiciones que permitan a las personas construir un futuro mejor.

Sobre estos desafíos giró la conferencia regional «Fin de la pobreza: recalibrando estrategias, renovando compromisos», organizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y CAF, banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, celebrada el 19 de octubre de 2026 en Ciudad de Panamá.

El encuentro reunió a autoridades nacionales, representantes de organismos internacionales y especialistas en desarrollo económico y social. Durante la sesión inaugural intervinieron el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez; el viceministro de Desarrollo Social, Roberto José Arosemena Cervantes; la subsecretaria general de las Naciones Unidas y directora regional del PNUD para América Latina y el Caribe, Michelle Muschett; y Daniel Ortega, gerente de Planeación e Impacto al Desarrollo y gerente interino de Conocimiento de CAF, quien intervino en representación del presidente ejecutivo de esa institución, Sergio Díaz-Granados.

Asimismo, la reconocida economista Nora Lustig, profesora de El Colegio de México y profesora emérita de la Universidad de Tulane, donde fundó el Commitment to Equity Institute, ofreció una conferencia magistral sobre las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad y los instrumentos fiscales necesarios para combatirlas.

Uno de los momentos más significativos de la sesión inaugural fue el diálogo entre los expresidentes Álvaro Uribe Vélez, de Colombia, y Gabriel Boric Font, de Chile, quienes, desde perspectivas políticas y económicas diferentes, compartieron experiencias, coincidencias y discrepancias sobre las estrategias necesarias para reducir la pobreza.

Más allá de las posiciones particulares, las intervenciones dejaron una conclusión fundamental: la lucha contra la pobreza no puede limitarse a proporcionar asistencia económica. Debe orientarse a transformar las condiciones que generan y perpetúan la desigualdad de oportunidades.

Una región que ha avanzado, pero todavía no ha terminado la tarea

Durante las primeras décadas del presente siglo, América Latina consiguió avances importantes en la reducción de la pobreza. El crecimiento económico, la ampliación de los programas de protección social y diversas políticas de inclusión contribuyeron a mejorar las condiciones de vida de millones de personas.

Sin embargo, esos progresos no han sido suficientes para eliminar las desigualdades estructurales que caracterizan a la región.

De acuerdo con el informe Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2024 aproximadamente 162 millones de personas, equivalentes al 25,5 % de la población de América Latina, vivían en condiciones de pobreza monetaria. De ellas, alrededor de 62 millones, equivalentes al 9,8 %, enfrentaban pobreza extrema.

Aunque la pobreza monetaria registró en 2024 su nivel más bajo desde que existen datos regionales comparables, la pobreza extrema todavía se encontraba 2,1 puntos porcentuales por encima del nivel observado en 2014.

La desigualdad continúa siendo igualmente preocupante. Según la CEPAL, el 10 % de la población con mayores ingresos concentra el 34,2 % del ingreso total, mientras que el 10 % más pobre recibe apenas el 1,7 %.

Estos datos permiten comprender que la desigualdad no se limita a la existencia de diferencias económicas entre personas. También refleja una distribución desigual de las posibilidades de acceder a educación de calidad, servicios básicos, empleo, financiamiento y participación en los beneficios del desarrollo.

En su intervención, Michelle Muschett reconoció los avances alcanzados por los países latinoamericanos, pero advirtió sobre su fragilidad. Millones de personas que han conseguido superar la pobreza permanecen expuestas a retroceder ante una crisis económica, una enfermedad, la pérdida de empleo o un desastre natural.

La preocupación, por tanto, no consiste únicamente en determinar cuántas personas consiguen salir de la pobreza, sino también en establecer cuántas pueden mantenerse fuera de ella y mejorar sostenidamente sus condiciones de vida.

Esta distinción resulta esencial para comprender por qué los instrumentos utilizados durante las décadas anteriores requieren ser revisados y actualizados. Las políticas que permitieron alcanzar determinados resultados en el pasado no necesariamente serán suficientes para enfrentar los nuevos desafíos económicos, sociales, ambientales y tecnológicos de la región.

La pobreza tiene muchas dimensiones y comienza a reproducirse desde la infancia

Uno de los aportes más relevantes de la conferencia fue recordar que la pobreza no puede comprenderse exclusivamente a partir de los ingresos de una familia.

Una persona puede superar estadísticamente el umbral de pobreza monetaria y, sin embargo, continuar viviendo en una vivienda inadecuada, sin acceso regular al agua potable, con servicios de salud insuficientes, educación deficiente o pocas oportunidades de trabajo.

Esta realidad explica la importancia de los índices de pobreza multidimensional, que permiten identificar carencias simultáneas en diferentes aspectos del bienestar.

Durante su exposición magistral, la economista Nora Lustig destacó que una parte considerable de las desigualdades latinoamericanas responde a circunstancias sobre las cuales los individuos tienen poco o ningún control.

El lugar de nacimiento, el nivel educativo de los padres, las condiciones socioeconómicas del hogar y la pertenencia a determinados grupos históricamente excluidos pueden influir profundamente en las oportunidades futuras.

Según investigaciones citadas por Lustig, entre el 44 % y el 63 % de la desigualdad en países de la región puede asociarse a circunstancias ajenas al control directo de las personas, lo que pone de manifiesto la persistencia de barreras estructurales que limitan la movilidad social.

La economista también presentó investigaciones históricas que relacionan la desigualdad contemporánea con procesos de exclusión y concentración de recursos originados siglos atrás. Estas observaciones permiten comprender que determinadas estructuras sociales pueden reproducirse durante generaciones, incluso después de haberse transformado las instituciones que les dieron origen.

Los estudios sobre desarrollo infantil citados durante la conferencia muestran, además, que las desigualdades comienzan a manifestarse desde los primeros años de vida, incluso antes de que los niños ingresen al sistema educativo formal.

Cuando un niño crece en un entorno con deficiencias nutricionales, limitaciones en la estimulación temprana y dificultades para acceder a servicios educativos de calidad, puede acumular desventajas que resultarán difíciles de compensar posteriormente.

De allí surge una enseñanza fundamental: para romper el ciclo intergeneracional de la pobreza, las políticas públicas deben comenzar desde la gestación y la primera infancia.

Invertir en nutrición, atención prenatal, salud maternoinfantil, educación inicial y acompañamiento familiar no constituye únicamente una intervención social. También representa una inversión estratégica en las capacidades humanas y productivas futuras de una sociedad.

A esta dimensión se sumó una reflexión del expresidente Gabriel Boric sobre la desigualdad de género y la distribución de las responsabilidades de cuidado.

Boric destacó que gran parte del trabajo destinado al cuidado de niños, adultos mayores, personas enfermas y ciudadanos dependientes continúa siendo realizado por mujeres sin remuneración económica.

Esta situación limita las oportunidades de formación, participación laboral y autonomía económica de quienes asumen esas responsabilidades.

La referencia a la denominada pobreza de tiempo permitió incorporar otra dimensión del problema: disponer de determinados ingresos no significa necesariamente contar con tiempo suficiente para estudiar, trabajar, descansar, participar en la vida comunitaria o desarrollar proyectos personales.

Por ello, las políticas de cuidado, el acceso a servicios de atención infantil y la corresponsabilidad familiar también deben formar parte de las estrategias para combatir la pobreza.

Crecimiento económico y redistribución: dos componentes de una misma discusión

Una de las principales interrogantes abordadas por Nora Lustig fue cómo continuar reduciendo la pobreza en un escenario de crecimiento económico insuficiente.

La economista explicó que los períodos de mayor reducción de la pobreza en América Latina estuvieron asociados a la combinación de dos factores: el crecimiento del ingreso por habitante y la disminución de la desigualdad.

En esos años, los avances del mercado laboral y la expansión de las transferencias monetarias contribuyeron a mejorar los ingresos de los sectores más vulnerables.

Sin embargo, Lustig advirtió que el crecimiento sostenido sigue siendo uno de los desafíos más difíciles de resolver en la región, independientemente de la orientación política de los gobiernos.

Esta observación conduce a una pregunta importante: si las economías no consiguen crecer al ritmo necesario, ¿qué otros instrumentos pueden utilizar los Estados para continuar reduciendo la pobreza?

Parte de la respuesta se encuentra en el diseño de los sistemas fiscales.

Lustig presentó resultados de investigaciones sobre los efectos distributivos de los impuestos y las transferencias públicas. Uno de sus planteamientos más significativos fue que un sistema fiscal puede reducir la desigualdad general y, al mismo tiempo, aumentar la pobreza de determinados hogares.

Esta situación puede producirse cuando familias de bajos ingresos terminan pagando, particularmente mediante impuestos al consumo, más de lo que reciben en transferencias monetarias.

Entre los instrumentos que propuso examinar se encuentran los mecanismos de devolución focalizada del impuesto al valor agregado, conocidos como IVA personalizado, y la ampliación de la cobertura y suficiencia de las transferencias dirigidas a la población vulnerable.

La propuesta no consiste simplemente en incrementar los subsidios, sino en analizar quiénes soportan efectivamente la carga tributaria y quiénes reciben los beneficios de la política fiscal.

Este planteamiento abre una discusión de especial importancia para América Latina: no basta con conocer cuánto recauda un Estado y cuánto destina al gasto social; también es necesario determinar cómo sus decisiones fiscales modifican las condiciones de vida de los distintos grupos de población.

Lustig insistió, además, en mejorar la información disponible para estudiar estas cuestiones. Las encuestas de hogares, aunque indispensables, no siempre captan adecuadamente los ingresos y la riqueza de los sectores de mayores recursos.

Por ello, recomendó complementar estos instrumentos con información tributaria anonimizada y metodologías transparentes que permitan formular diagnósticos más precisos.

También señaló la necesidad de explicar las diferencias entre los indicadores utilizados por organismos internacionales, particularmente cuando sus mediciones producen tendencias aparentemente contradictorias sobre la evolución de la pobreza extrema.

Estas diferencias pueden obedecer a metodologías, umbrales de ingreso y criterios estadísticos distintos, por lo que resulta indispensable identificar sus causas antes de formular conclusiones o comparaciones.

La calidad de las estadísticas se convierte así en una condición esencial para diseñar políticas públicas eficaces, evaluar sus resultados y sostener un debate informado sobre las decisiones económicas y sociales.

Educación, productividad y emprendimiento: preparar a las personas para crear oportunidades

En su intervención, el canciller Javier Martínez-Acha Vásquez planteó que uno de los grandes desequilibrios de América Latina es la desconexión entre los sistemas educativos y las necesidades del desarrollo económico y social.

La educación, sostuvo, no debe limitarse a transmitir conocimientos y otorgar títulos académicos. También debe desarrollar capacidades para resolver problemas, utilizar tecnologías, administrar recursos, innovar, trabajar en equipo y emprender.

Desde esta perspectiva, los sistemas educativos deberían preparar a los ciudadanos no solo para incorporarse al mercado laboral, sino también para participar en su transformación.

El canciller propuso que el emprendimiento comenzara a incorporarse desde las primeras etapas de la formación, mediante actividades adecuadas a cada edad que permitan desarrollar capacidades para identificar necesidades, administrar recursos y ejecutar proyectos.

En etapas posteriores, estas experiencias podrían vincularse con conocimientos científicos, herramientas digitales, educación financiera y comprensión de los mercados.

No se trata de sustituir la formación humanística ni de convertir las instituciones educativas en empresas, sino de proporcionar conocimientos aplicables a la vida cotidiana y a las necesidades de la sociedad.

La formación en competencias tecnológicas, digitales, financieras y empresariales puede contribuir a ampliar las oportunidades de los jóvenes, particularmente en sociedades con elevados niveles de desempleo e informalidad.

No obstante, el propio canciller advirtió sobre el riesgo de responsabilizar a las personas que viven en pobreza por no conseguir superar individualmente sus dificultades.

El emprendimiento requiere condiciones materiales e institucionales que permitan convertir una iniciativa en una actividad sostenible: financiamiento, infraestructura, conectividad, seguridad jurídica, capacitación y acceso a mercados.

No basta con incentivar a un agricultor a incrementar su producción si carece de caminos para transportar sus productos, tecnologías adecuadas o compradores que permitan comercializarlos.

De igual manera, tampoco resulta suficiente capacitar a los jóvenes en herramientas digitales si no cuentan con acceso a internet, equipos apropiados y oportunidades reales de incorporarse al mercado laboral.

Esta reflexión permite comprender que la asistencia social y la autonomía económica no deben interpretarse como objetivos opuestos.

La protección social atiende necesidades inmediatas y protege a quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad. La educación, la inversión productiva y la generación de empleos amplían las posibilidades de construir independencia económica cuando las circunstancias de las personas lo permiten.

Una política pública verdaderamente integral debe articular ambos componentes, sin desconocer que existen personas cuya edad, discapacidad o condiciones particulares requieren protección permanente.

Dos expresidentes, diferentes caminos y una responsabilidad compartida

El intercambio entre Álvaro Uribe Vélez y Gabriel Boric Font fue uno de los momentos más interesantes de la conferencia porque permitió examinar distintas concepciones sobre el papel del Estado, la inversión privada y la política social.

Ambos expresidentes reconocieron la importancia de reducir la pobreza, fortalecer las instituciones democráticas y desarrollar políticas que puedan mantenerse más allá de un período de gobierno.

Sin embargo, sus interpretaciones sobre los instrumentos necesarios para alcanzar esos resultados reflejaron diferencias sustanciales.

Uribe explicó que durante su administración en Colombia, entre 2002 y 2010, procuró articular la seguridad, la confianza inversionista y la política social.

Su planteamiento partía de que las condiciones de inseguridad limitaban la inversión, afectaban la actividad económica y reducían las oportunidades de empleo. Por ello, consideraba indispensable fortalecer la seguridad y generar un entorno favorable para la iniciativa privada.

También defendió la reducción de estructuras administrativas y la eliminación de duplicidades estatales como mecanismos para liberar recursos que pudieran destinarse a programas sociales.

En materia económica, propuso fortalecer lo que denominó una economía fraterna, en la que las empresas no se limitaran a generar utilidades, sino que asumieran una función social vinculada al bienestar de los trabajadores y al desarrollo de las comunidades.

Uribe destacó igualmente la importancia de la formación tecnológica y del emprendimiento juvenil, señalando que los programas educativos de corta duración, organizados en ciclos acumulativos y vinculados con la educación superior, podrían facilitar la incorporación de los jóvenes a nuevas actividades económicas.

Boric, por su parte, destacó la importancia de construir políticas sociales como compromisos de Estado, capaces de trascender las diferencias partidarias.

Se refirió a la experiencia chilena en la ampliación progresiva de la protección social, mediante reformas en educación, salud y pensiones, desarrolladas a lo largo de administraciones de diferentes orientaciones políticas.

En particular, explicó cómo Chile atravesó distintas etapas en su política social: una primera orientada a reparar las carencias acumuladas, una segunda destinada a ampliar la protección social mediante garantías legales y una tercera dirigida a fortalecer progresivamente las bases de un Estado de bienestar.

También defendió la necesidad de combinar crecimiento económico con redistribución del ingreso y protección de los derechos sociales.

Una de las diferencias más importantes surgió al discutir si el Estado debía funcionar con criterios semejantes a los de una empresa privada.

Para Uribe, la eficiencia administrativa y la reducción de costos podían contribuir a fortalecer la capacidad estatal para financiar políticas sociales.

Boric cuestionó esa comparación y sostuvo que las responsabilidades públicas no siempre pueden evaluarse mediante criterios de rentabilidad económica, especialmente cuando se trata de garantizar derechos y atender necesidades de los sectores más vulnerables.

Desde su perspectiva, el debate no debería concentrarse exclusivamente en determinar si el Estado debe ser más grande o más pequeño, sino en garantizar que funcione adecuadamente, sea eficiente y tenga capacidad para responder a las necesidades de la población.

El debate también alcanzó la política tributaria. Mientras Uribe defendió los incentivos fiscales como mecanismos para estimular nuevas inversiones y ampliar la actividad económica, Boric advirtió que una disminución de los ingresos públicos podría comprometer el financiamiento de programas sociales.

Son posiciones distintas que merecen ser examinadas mediante evidencia y análisis de sus resultados, más allá de las preferencias ideológicas.

El valor del encuentro radicó precisamente en demostrar que es posible discutir diferencias sustanciales sobre el modelo económico sin desconocer la legitimidad de otras perspectivas ni perder de vista el objetivo común de mejorar las condiciones de vida de la población.

La democracia debe producir resultados que mejoren la vida de las personas

Otro de los temas recurrentes fue la relación entre pobreza, desigualdad y democracia.

El canciller panameño destacó que las instituciones democráticas permiten identificar problemas, fiscalizar la utilización de los recursos públicos, exigir responsabilidades y corregir políticas que no están produciendo los resultados esperados.

Desde esta perspectiva, la democracia no debe limitarse a garantizar elecciones periódicas. También debe ofrecer mecanismos efectivos para que la ciudadanía participe en las decisiones que afectan su bienestar.

Michelle Muschett profundizó en esta relación al señalar que la insatisfacción con el funcionamiento de las instituciones puede intensificarse cuando las personas no perciben mejoras concretas en sus condiciones de vida.

Durante el conversatorio, hizo referencia a resultados de investigaciones del PNUD según los cuales la satisfacción con la democracia es considerablemente menor entre quienes perciben mayores niveles de inseguridad.

Este vínculo adquiere especial importancia en una región donde la violencia, la criminalidad y las economías ilícitas pueden restringir el acceso a oportunidades económicas y el ejercicio efectivo de los derechos ciudadanos.

La inseguridad, la falta de oportunidades y la persistencia de desigualdades pueden debilitar la confianza ciudadana y alimentar procesos de polarización política.

Uribe sostuvo que las políticas de seguridad y estabilidad institucional requieren complementarse con crecimiento económico y progreso social para conservar su legitimidad.

Boric coincidió en que la democracia debe demostrar su capacidad de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y añadió que la seguridad y las libertades fundamentales no deberían presentarse como alternativas excluyentes.

También subrayó la importancia de involucrar directamente a las personas que viven en pobreza en el diseño de las políticas destinadas a mejorar sus condiciones.

Esta observación merece especial atención.

Con frecuencia, los programas públicos son formulados a partir de estudios, indicadores y decisiones administrativas sin una participación suficiente de las comunidades a las que se dirigen.

Sin embargo, quienes experimentan cotidianamente las privaciones pueden identificar necesidades que no siempre resultan evidentes para los responsables institucionales.

La propia Michelle Muschett compartió una experiencia relacionada con la elaboración del Índice de Pobreza Multidimensional de Panamá. Explicó que la consulta directa a personas que vivían en condiciones de pobreza permitió identificar prioridades que no habían sido suficientemente consideradas por otros sectores participantes.

Escuchar a las comunidades no constituye únicamente un ejercicio de consulta. Puede contribuir a mejorar el diagnóstico de los problemas, orientar la inversión y fortalecer la legitimidad de las decisiones públicas.

En este contexto, las instituciones democráticas también deben facilitar el acceso de las comunidades a espacios de participación, deliberación y evaluación de las políticas que afectan sus condiciones de vida.

La reducción de la pobreza, por tanto, no es únicamente un objetivo social o económico. También constituye un componente importante para fortalecer la confianza en las instituciones y la estabilidad de los sistemas democráticos.

Los desastres naturales y la tecnología plantean nuevos desafíos

La conferencia se celebró apenas diez días después del terremoto de magnitud 7,5 registrado el 9 de octubre de 2026, que afectó particularmente la región de Azuero y otras zonas del país.

El sismo, registrado a las 12:56 p. m., ocasionó daños en infraestructura, afectaciones en comunidades y numerosas réplicas, dando lugar a medidas de atención y respuesta por parte de las autoridades nacionales y organismos de cooperación.

Esta circunstancia otorgó especial relevancia a las intervenciones relacionadas con la resiliencia, entendida como la capacidad de las personas, comunidades e instituciones para resistir, responder y recuperarse de situaciones adversas.

Michelle Muschett advirtió que el desarrollo no puede considerarse verdaderamente sostenible si los avances sociales desaparecen ante cada nueva crisis.

Una familia con recursos limitados puede perder su vivienda, sus herramientas de trabajo, sus cultivos o sus ingresos como consecuencia de un terremoto, una inundación o una emergencia sanitaria.

Cuando no existen mecanismos de protección y recuperación adecuados, estas pérdidas pueden convertirse en situaciones de pobreza prolongada.

Nora Lustig insistió en que la respuesta temprana resulta indispensable para evitar que las consecuencias de una crisis se vuelvan permanentes.

Por ello, las políticas de reducción de pobreza deben incorporar instrumentos de prevención, atención de emergencias y recuperación económica, particularmente en los territorios más expuestos a amenazas naturales.

A estas preocupaciones se suma el impacto de las transformaciones tecnológicas.

La inteligencia artificial ofrece posibilidades para mejorar los servicios educativos, ampliar el acceso al conocimiento, incrementar la productividad y facilitar la prestación de servicios públicos.

Sin embargo, también puede generar nuevas desigualdades si sus beneficios se concentran en quienes disponen de mejores condiciones económicas, formación y conectividad.

Lustig propuso desarrollar mecanismos de observación que permitan evaluar oportunamente los efectos de la inteligencia artificial sobre el empleo, las capacidades laborales y la distribución del ingreso.

Esta recomendación es especialmente importante porque las transformaciones tecnológicas pueden modificar profundamente las características del mercado de trabajo.

La incertidumbre sobre las ocupaciones que podrían desaparecer, las nuevas actividades que surgirán y las competencias que serán necesarias exige fortalecer la capacidad de los Estados para anticipar cambios y adaptar sus sistemas educativos y políticas laborales.

La respuesta no debería limitarse a promover la adopción de nuevas herramientas, sino a garantizar que la población pueda aprovecharlas y que las instituciones cuenten con información suficiente para anticipar sus posibles consecuencias sociales.

Panamá frente al desafío de reducir sus desigualdades territoriales

Aunque la conferencia tuvo un alcance regional, muchas de las reflexiones expuestas resultan directamente aplicables a Panamá.

El país ha conseguido avances en la reducción de la pobreza multidimensional. Según el informe oficial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), publicado en agosto de 2026, la incidencia de esta condición pasó del 19,1 % de la población en 2017 al 12,4 % en 2025.

Entre 2022 y 2025, la incidencia disminuyó del 14,7 % al 12,4 %, una reducción de 2,3 puntos porcentuales que, según el MEF, equivale a aproximadamente 83.949 personas que dejaron de encontrarse en esa condición.

Estos resultados son importantes y deben reconocerse. Sin embargo, no eliminan las diferencias existentes entre territorios y grupos sociales.

Durante su intervención, el viceministro Roberto José Arosemena Cervantes destacó que aproximadamente tres de cada diez personas residentes en áreas rurales enfrentan pobreza multidimensional, frente a una de cada veinte en las áreas urbanas.

El informe oficial del MEF confirma esta diferencia y permite precisarla: en 2025, la incidencia de pobreza multidimensional fue del 30,1 % en las áreas rurales, mientras que en las urbanas alcanzó el 5,2 %.

Estas cifras muestran que la proporción de personas en condiciones de pobreza multidimensional en las áreas rurales es casi seis veces la registrada en las áreas urbanas.

La situación es aún más preocupante en determinadas comarcas indígenas.

El mismo informe registra que, en 2025, la incidencia de pobreza multidimensional alcanzó el 93,4 % en la comarca Guna Yala, el 73,2 % en la comarca Ngäbe Buglé y el 46,4 % en la comarca Emberá.

Aunque se han registrado avances importantes en algunas de estas regiones, particularmente en las comarcas Emberá y Ngäbe Buglé, las cifras reflejan la persistencia de profundas desigualdades territoriales.

En el caso de Guna Yala, la incidencia aumentó del 85,3 % en 2022 al 93,4 % en 2025, lo que evidencia que los resultados no han sido uniformes en todo el territorio nacional.

Estas diferencias reflejan una realidad que continúa caracterizando al país: el crecimiento económico, la infraestructura y los servicios públicos no han llegado con la misma intensidad a todas las comunidades.

En determinadas zonas rurales y comarcales persisten dificultades relacionadas con la calidad educativa, el acceso a servicios de salud, la conectividad, el abastecimiento de agua potable y las oportunidades de empleo.

Esta situación exige políticas diferenciadas que respondan a las características y necesidades de cada región.

No necesariamente resultará eficaz aplicar los mismos instrumentos en una comunidad agrícola, una población indígena, un barrio urbano con empleo informal o una zona afectada por desastres naturales.

Los diagnósticos territoriales deben permitir identificar cuáles son las privaciones predominantes y qué inversiones pueden generar mayores beneficios sociales.

En este sentido, el informe del MEF constituye una herramienta importante, pues permite conocer no solamente la proporción de personas que enfrentan pobreza multidimensional, sino también la intensidad de las carencias y sus principales causas.

Por ejemplo, entre los indicadores que más contribuyeron a la pobreza multidimensional nacional en 2025 se encuentran la precariedad del empleo, con una contribución del 11,3 % al índice; el logro educativo insuficiente, con el 11,0 %; y la desocupación y el trabajo familiar sin remuneración, con el 9,3 %.

Estos indicadores evidencian la estrecha relación entre la pobreza, la calidad de la educación y las oportunidades laborales, precisamente algunos de los temas más destacados durante la conferencia.

La experiencia panameña también plantea la necesidad de examinar cómo conectar las ventajas económicas del país —su posición geográfica, sus servicios logísticos, su actividad comercial y su infraestructura— con mayores oportunidades de desarrollo para las comunidades que permanecen rezagadas.

El Canal de Panamá constituye una expresión extraordinaria de la capacidad del país para transformar su posición geográfica en una ventaja económica. Sin embargo, como recordó el canciller durante la conferencia, la existencia de grandes infraestructuras no garantiza por sí sola que sus beneficios alcancen a toda la población.

La verdadera medida del desarrollo debe incorporar la capacidad de esa riqueza para generar educación, empleo, servicios públicos y oportunidades sostenibles.

De los diagnósticos a las decisiones: una agenda para transformar resultados

La conferencia permitió reconocer que América Latina dispone de numerosas investigaciones, experiencias de política pública, instituciones de cooperación y recursos humanos especializados para enfrentar la pobreza.

El desafío no consiste únicamente en producir nuevos estudios o multiplicar los encuentros internacionales, sino en convertir ese conocimiento en decisiones concretas, sostenibles y verificables.

A partir de las intervenciones y de los resultados disponibles sobre la realidad panameña, pueden identificarse diversas prioridades para orientar los esfuerzos futuros.

La primera es fortalecer la inversión en la primera infancia. Las desigualdades que comienzan durante los primeros años de vida requieren intervenciones oportunas en nutrición, salud, educación inicial y acompañamiento familiar. Una atención adecuada en esta etapa puede contribuir a reducir las desventajas que posteriormente condicionan el desempeño educativo y las oportunidades laborales.

La segunda consiste en mejorar la articulación entre educación y oportunidades productivas. Los programas de formación deben considerar las necesidades actuales y futuras del mercado laboral, sin descuidar las capacidades humanísticas, científicas y ciudadanas indispensables para la vida democrática. La educación técnica, la formación profesional y el acceso a nuevas tecnologías deben vincularse con oportunidades reales de empleo y emprendimiento.

La tercera es fortalecer los sistemas de protección social. Estos no deben limitarse a atender situaciones de privación inmediata, sino que también deben contribuir a prevenir retrocesos frente a enfermedades, desempleo, desastres naturales y otras situaciones adversas. La protección social debe vincularse con los servicios educativos, sanitarios y laborales, sin desconocer las necesidades de quienes requieren asistencia permanente.

La cuarta prioridad es revisar los efectos distributivos de los impuestos y del gasto público. Las decisiones fiscales deben evaluarse no solamente por su capacidad recaudatoria, sino también por su contribución efectiva al bienestar y a la reducción de las desigualdades. El análisis de quiénes pagan los impuestos y quiénes reciben los beneficios de los programas públicos puede aportar información valiosa para mejorar la distribución de los recursos.

La quinta es reducir las desigualdades territoriales mediante inversiones diferenciadas. Los resultados del Índice de Pobreza Multidimensional de Panamá muestran la necesidad de fortalecer las intervenciones en las comarcas indígenas, las áreas rurales y las comunidades con mayores privaciones. La planificación debe considerar las características económicas, culturales, geográficas y sociales de cada territorio.

La sexta es reforzar la calidad de las instituciones y la evaluación de las políticas públicas. No basta con informar cuántos recursos fueron asignados, cuántas capacitaciones se realizaron o cuántas personas ingresaron a un programa. Es indispensable comprobar si esas intervenciones produjeron mejoras duraderas en sus condiciones de vida.

La séptima es ampliar la participación de las comunidades. El conocimiento técnico y las experiencias de las personas directamente afectadas deben complementarse para formular respuestas más pertinentes. La participación ciudadana también permite fortalecer la transparencia, la fiscalización y el seguimiento de los compromisos asumidos por las instituciones.

La octava es fortalecer la capacidad de prevención y respuesta frente a los desastres naturales. La experiencia reciente del terremoto de octubre de 2026 demuestra que las emergencias pueden afectar con mayor intensidad a las poblaciones con menos recursos para recuperarse. Las políticas de vivienda, infraestructura, protección social y planificación territorial deben incorporar criterios de reducción del riesgo y resiliencia.

Finalmente, resulta indispensable fortalecer la cooperación entre gobiernos, universidades, organismos internacionales, empresas y organizaciones de la sociedad civil.

Los desafíos de la pobreza no pueden resolverse desde una sola institución ni exclusivamente mediante una política sectorial. Su complejidad exige coordinación, continuidad y responsabilidades claramente definidas.

Reflexión final: la verdadera medida del desarrollo

La conferencia celebrada en Panamá dejó una enseñanza que trasciende las cifras y las diferencias entre modelos económicos: el desarrollo no puede valorarse únicamente por la riqueza que produce una nación, sino también por las oportunidades que ofrece a sus habitantes para vivir con dignidad.

La reducción de la pobreza constituye una responsabilidad económica, social, institucional y humana.

Una sociedad no supera verdaderamente sus desigualdades cuando algunas personas consiguen incrementar sus ingresos, mientras otras continúan enfrentando barreras que les impiden desarrollar sus capacidades.

Tampoco basta con ampliar la cobertura de los programas sociales si no se evalúa su efectividad, ni promover el crecimiento económico si sus beneficios no generan oportunidades suficientes de movilidad social.

La experiencia de las últimas décadas demuestra que los avances son posibles, pero también que pueden ser frágiles. Por ello, el propósito no debe limitarse a reducir temporalmente los indicadores de pobreza, sino a transformar las condiciones que la reproducen de una generación a otra.

En esa tarea, la educación, el empleo, la productividad, la protección social, la transparencia institucional y la participación ciudadana no son objetivos separados. Constituyen componentes complementarios de una misma estrategia de desarrollo.

El intercambio respetuoso entre Gabriel Boric y Álvaro Uribe también dejó una lección significativa: las diferencias políticas no impiden identificar responsabilidades compartidas ni aprender de experiencias distintas. El debate democrático adquiere mayor valor cuando permite examinar propuestas, corregir errores y construir soluciones que perduren más allá de los gobiernos.

Panamá, como sede de este encuentro, tiene la oportunidad de aprovechar las reflexiones presentadas para continuar fortaleciendo sus propias políticas de reducción de la pobreza, con especial atención a las desigualdades territoriales, la formación de las nuevas generaciones y la resiliencia de las comunidades más vulnerables.

Resultaría valioso que el PNUD y CAF elaboraran y difundieran una memoria integral de la conferencia que reuniera los principales planteamientos, investigaciones y recomendaciones, acompañada de una agenda de seguimiento que permita evaluar los avances y facilitar el intercambio de experiencias entre los países.

Las universidades y los centros de investigación podrían desempeñar un papel fundamental en este proceso, profundizando en los resultados de las políticas existentes y promoviendo nuevas propuestas sustentadas en evidencia.

Asimismo, sería conveniente fortalecer los espacios de coordinación entre las autoridades responsables de las políticas sociales, económicas, educativas, laborales y territoriales, procurando que las intervenciones no funcionen de manera aislada y que sus resultados puedan evaluarse mediante indicadores comunes.

En el caso de Panamá, los resultados del Índice de Pobreza Multidimensional permiten identificar territorios y dimensiones que requieren atención prioritaria. Aprovechar esa información para orientar decisiones presupuestarias, inversiones públicas y programas de desarrollo constituye una oportunidad concreta para transformar los diagnósticos en resultados.

También será necesario promover una mayor vinculación entre la educación, la formación técnica y las necesidades productivas, particularmente en aquellas comunidades donde las dificultades de acceso a mercados, infraestructura y tecnología limitan las posibilidades de generar ingresos sostenibles.

La responsabilidad de los gobiernos será traducir ese conocimiento en intervenciones que lleguen efectivamente a las comunidades, con mecanismos de seguimiento, transparencia y rendición de cuentas.

Por su parte, la cooperación internacional deberá continuar aportando conocimiento, recursos y asistencia técnica, procurando que cada intervención fortalezca las capacidades nacionales y contribuya a resultados verificables.

La pobreza no es una condición inevitable ni un destino que deba aceptarse. Es un desafío que exige decisiones, instituciones responsables, políticas sostenibles y una visión del desarrollo centrada en las personas.

El éxito de los compromisos renovados en esta conferencia no se medirá por la importancia de sus participantes ni por la cantidad de propuestas formuladas, sino por los resultados que puedan comprobarse en los próximos años.

Porque el verdadero progreso de América Latina comenzará a consolidarse cuando el lugar donde nace una persona deje de determinar, en gran medida, las oportunidades que tendrá durante el resto de su vida.

Referencias y fuentes de consulta

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Conferencia regional «Fin de la pobreza: recalibrando estrategias, renovando compromisos», celebrada el 19 de octubre de 2026. Información institucional y programa del encuentro.

https://www.undp.org/es/latin-america/eventos/fin-de-la-pobreza-recalibrando-estrategias-renovando-compromisos

CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. «CAF y PNUD reúnen a líderes regionales para impulsar nuevas respuestas frente a la pobreza». Comunicado institucional del 19 de octubre de 2026.

https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/caf-y-pnud-reunen-a-lideres-regionales-para-impulsar-nuevas-respuestas-frente-a-la-pobreza

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025: cómo salir de la trampa de alta desigualdad, baja movilidad social y débil cohesión social. Noviembre de 2025.

https://www.cepal.org/es/publicaciones/84175-panorama-social-america-latina-caribe-2025-como-salir-la-trampa-alta-desigualdad

Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF). Índice de Pobreza Multidimensional de Panamá. Año 2025. Dirección de Análisis Económico y Social. Agosto de 2026. Especialmente el anexo N.º 1, sobre la evolución de la pobreza multidimensional por provincias, comarcas indígenas, áreas geográficas y grupos de edad.

Ministerio de Desarrollo Social de Panamá (MIDES). Información oficial sobre las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social.

https://www.mides.gob.pa/organizacion/autoridades

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). Informe de Situación N.º 3: Terremoto en Panamá, octubre de 2026. Publicado el 19 de octubre de 2026.

https://www.paho.org/es/documentos/informe-situacion-3-terremoto-panama-octubre-2026

Universidad de Tulane. Perfil académico de Nora Lustig, profesora emérita y directora fundadora del Commitment to Equity Institute.

https://liberalarts.tulane.edu/economics/people/faculty/nora-lustig

Fuente principal: Transcripción de la sesión inaugural, la conferencia magistral de Nora Lustig y el diálogo entre los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Gabriel Boric Font, correspondientes a la conferencia regional «Fin de la pobreza: recalibrando estrategias, renovando compromisos», celebrada en Ciudad de Panamá el 19 de octubre de 2026.




Cambian las reglas del juego: nuevas disposiciones sobre comisiones y recargos bancarios

La Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos emitió el Acuerdo 7-2026 por medio del cual se modifican los artículos 4 y 5 del Acuerdo No. 04-2011 que regula el cobro de ciertas comisiones y recargos por parte de las entidades bancarias; sin embargo, el Acuerdo No. 7 comenzarán a regir el 4 de enero de 2027.

Las modificaciones al artículo 4 que contempla las Reglas para el cobro de ciertas comisiones o recargos en operaciones pasivas, se centran en la introducción de los literales l, m, n y o, los cuales establecen que

  • No se cobrará cargos o comisiones por retiro de dinero en efectivo en cuenta de ahorros o corrientes cuando sean realizados personalmente.
  • Tampoco se podrá cobrar cargos o comisiones por depósitos en efectivo a cuentas corriente o de ahorro, cuando se hagan de manera presencial dentro del horario de atención.
  • Se excluyen los depósitos en efectivo que, individualmente o sumadas, superen los USD10,000.00 mensuales ni depósitos de monedas superiores a USD5,000.00 en un mes calendario.
  • La designación o cambios de beneficiarios en cuentas de ahorro, cuentas corrientes y depósitos a plazo fijo no generan el cobro de comisiones o cargos.
  • No se podrá cobrar por cargos o comisiones por emitir la confirmación de un mensaje SWIFT.

En lo que respecta al artículo 5 sobre las Reglas para el cobro de ciertas comisiones y recargos a las operaciones activas, observamos que se modifican y adicionan literales, los cuales abordan los siguientes temas:

  • La cancelación anticipada, pagos extraordinarios o por migración de un crédito a otro banco de créditos hipotecario para otro banco, no generará el cobro de comisiones o cargos, siempre que hayan transcurrido más de 5 años del plazo pactado.
  • De igual forma, los créditos de consumo, agropecuarios e hipotecarios para vivienda amparados por leyes especiales de interés preferencial, no se les cobrará comisiones o cargos por la cancelación anticipada, pagos extraordinarios o migración de créditos.
  • En los prestamos hipotecarios para la vivienda, cuando el banco modifique las cláusulas del contrato original, aumentando la tasa de interés nominal, durante los primeros 5 años del otorgamiento del crédito, tampoco se cobrará comisiones o cargos.
  • No se podrá cobrar por cartas de saldo, referencias bancarias ni por el historial de pagos solicitado una vez al año.

  • Los bancos no podrán cobrar una comisión porque el cliente no presente la renovación de una póliza de seguro.
  • Si el cliente demuestra que entregó la nueva póliza o que mantenía vigente un seguro individual previamente presentado, el banco deberá proceder a la reversión del cargo correspondiente.
  • Cuando el cliente se encuentre moroso, el banco no podrá restringir al cliente el acceso a la información del crédito moroso a través de la banca en línea.
  • En los préstamos pagados mediante cuotas periódicas, los abonos superiores a la cuota deberán aplicarse directamente al capital cuando el cliente esté al día, sin destinarlos a intereses ni a pagos futuros no vencidos.

Siete meses después de que el superintendente de Bancos, Milton Ayón, advirtiera que el regulador podría intervenir ante el aumento excesivo de las comisiones bancarias, la entidad ordenó eliminar una serie de cargos aplicados a los clientes.

En ese momento, el superintendente expresó especial preocupación por el cobro de comisiones sobre los depósitos en efectivo, al considerar que afectaba principalmente a personas que todavía dependían de este medio de pago.

“El que usa efectivo todavía es un segmento de la población que más necesita. Si está usando efectivo es por eso, no es porque no quiera estar usando la banca electrónica”, explicó.

Ayón confirmó posteriormente que la institución había detectado entidades que cobraban a sus clientes por depositar efectivo y que mantenía conversaciones con los bancos para eliminar esa práctica.

“Detectamos que había bancos que estaban cobrándoles a los clientes por depósitos de efectivo. Hemos conversado con los bancos y estamos buscando la forma de evitar eso, de que no se le cobre por depositar en efectivo a su cuenta o pagar la tarjeta de crédito”, afirmó el regulador a SNIP Noticias.

El acuerdo concreta esa intervención al prohibir los cargos por depósitos y retiros en efectivo realizados presencialmente, así como por los pagos efectuados directamente ante las entidades bancarias.

La prohibición no abarcará el manejo de altos volúmenes. El acuerdo incluye dentro de esta categoría los depósitos que, individualmente o sumados, superen los US$10,000 durante un mes, así como los depósitos de monedas superiores a US$5,000 mensuales.

Los bancos tampoco podrán cobrar por emitir cartas de saldo, referencias bancarias, la confirmación de mensajes SWIFT o el historial de pagos solicitado una vez al año. También se eliminan los cargos por designar o cambiar beneficiarios en cuentas de ahorro, corrientes o depósitos a plazo fijo.

En materia de préstamos, cuando un cliente esté al día y pague una cantidad superior a la cuota pactada, la entidad deberá aplicar el excedente directamente al capital pendiente, sin destinarlo a intereses ni a cuotas futuras todavía no vencidas.

La regulación elimina además determinados cargos por cancelación anticipada, pagos extraordinarios o traslado de préstamos a otra entidad bancaria e incorpora reglas para evitar cobros relacionados con la renovación de seguros asociados a créditos.




La economía panameña y los tentáculos de la corrupción

tentáculos de la corrupción

En el libro “Buena Economía para Tiempos Difíciles” sus autores y premios Nobel de Economía en 2019 Banerjee y Dulfo, describen una serie de sucesos en diversas latitudes y destacan en sus análisis cómo fueron abordados dichos aspectos permitiendo que sus lectores pudieran extraer las experiencias más propicias y replicarlas dependiendo de las circunstancias y la idiosincrasia del lugar donde se impulsen.

La Corrupción como elemento presente en los ámbitos económico, político e institucional siempre ha estado en boca de muchos y hace un buen tiempo atrás sus tentáculos está mostrando parte del modus operandi en Panamá.

La Corrupción como un Acto Aislado

¿Es la corrupción algo inherente a los Gobiernos o las empresas como entes? O es algo que aparece acorde a las circunstancias y el ser humano, dentro de sus imperfecciones, suele sacarlo a la luz.

El escepticismo que recae sobre los Gobiernos parece ser una obsesión generalizada ya que la mínima gestión gubernamental suele generar mucha suspicacia en un gran porcentaje de la sociedad civil y cuando una investigación judicial suele aparecer, el panameño de a pie suele decir que el hijo de la cocinera es quién pagará los platos rotos y los beneficiarios finales de dicha acción quedarán impunes.

Las voces mejor organizadas de la sociedad civil suelen señalar no solo los casos, sino también los mecanismos que ayudarían mitigar esas acciones con ajustes en las legislaciones respectivas y de no haberlas, proponiendo leyes que castiguen dichos actos.

Para Banerjee y Dulfo, “la idea de que lo único que hace falta para acabar con la corrupción es la voluntad de hacerlo ignora un punto clave sobre el origen de la corrupción y es nuestra habilidad para controlarla”.

Y es que, ante las necesidades de la población y el deber constitucional del Gobierno de atender las mismas, solo el Gobierno debe actuar.

Si, por el contrario, las empresas privadas bajo las figuras de Acuerdos de Participación Privada proponen soluciones para determinados casos que en principio debiera atender el Gobierno, la figura de la corrupción, para el ciudadano común, igual estará presente.

Y como dice el refrán: Palo porque boga y palo porque no boga.

La Bendita Transparencia

Según Banerjee y Dulfo, por la naturaleza del trabajo a realizar por el Gobierno, éste muchas veces impide que los mecanismos del mercado funcionen y por ende combatir la corrupción se torna en una batalla cruda y continua, aun cuando existan las mejores intenciones.

Y es aquí donde surge la Transparencia como parte de la solución, sostienen algunos.

Los iconos de transparencia creados e insertados en las plataformas digitales de todas las entidades, deben ser los depositarios de toda la información que genera la entidad respectiva, especialmente los actos públicos con sus detalles y las planillas, de modo que la ciudadanía tenga la opción de saber, al menos, quienes y en qué se gastan sus impuestos.

Las sanciones incluidas en la ley debieran ser disuasorias para quienes forman parte del proceso de mantener al día las informaciones pertinentes, pero aún así las personas a cargo dilatan o incumplen este proceso.

Por algo existe la solicitud de Habeas Data cuando una entidad, por la razón que esgrima, no muestra o entrega a tiempo determinada información solicitada por la sociedad, pero con este mecanismo también dilata el proceso de entrega.

Casos y Casos

Aún con todo este arsenal de impedimentos legales, la corrupción se las ingenia para aparecer y lucrar a costa de la sociedad y por ello, revisaremos algunos de los actos que en suelo patrio hacen noticias.

Alguno de ellos de vieja data y otros casos muy recientes, dejan al descubierto los mecanismos utilizados para lograr su cometido, a saber:

  1. FES-FIS hoy Programa de Ayuda Nacional (PAN): Compra de Comida Deshidratada.
  2. Concesión Portuaria- Lesión Patrimonial según las auditorías de la Contraloría General de la República.
  3. Lotería Nacional de Beneficencia; a- Libretas en manos de allegados y políticos; b- Chances Clandestinos cuya lesión al Estado se estima en más de B/. 200 millones anuales.

  • ODEBRETCH-Coimas por licitaciones en varios gobiernos. Este caso en otras latitudes ha llegado a la justicia por los mismos delitos.

  • Respiradores: En Pandemia se pretendió comprar estos equipos a precios más elevados de lo que ofrecía el mercado, lo que llevó a la destitución inmediata a un Viceministro.

  • Universidad de Chiriquí (UNACHI)-Nepotismo rampante y sueldos excesivos.

  • MEDUCA-Diplomas falsos de docentes. Más de 400 diplomas fraudulentos. Involucra a funcionarios del Ministerio y la investigación se extiende a las entidades que pudieran haber extendido dichos diplomas.

  • Descentralización Paralela: Más de US$300 millones en transferencias presupuestarias sin sustento claro en las Juntas Comunales.

  • Operación Pandora: Afectación digital del Sistema e-tax de la Dirección General de Ingresos (DGI) en el cual se borraron deudas y se generaron de manera fraudulenta Créditos Fiscales, derivando en detenciones de 17 personas entre funcionarios públicos, civiles, abogados y, sin obviar el destino final de dichos recursos hacia (4) bancos de la plaza comercial local que recibieron los Créditos Fiscales generados por el orden de más de US$ 40 millones, hasta ahora detectados.

Este último caso, con la aparición de bancos de nuestro centro bancario como parte de la trazabilidad de los recursos extraídos de la DGI, nos deja un mal sabor de boca ya que nuestro país, desde hace décadas, lucha contra organismos que a diario nos listan como un país que no colabora internacionalmente con una serie de normativas de conducta para perseguir delitos trascendentes y eso nos pasa factura siempre.

Este listado no deja de lado otros que escapan a mi memoria, incluso alguno que era exclusivo de la esfera privada, pero es una muestra de lo que la corrupción en la economía panameña afecta nuestra reputación como país dificultando la acogida de inversiones extranjeras y que las mismas se realicen bajo las fuerzas del mercado y no bajo la égida de la trampa.

Desde hace más de tres décadas, los ajustes a la Ley de Contrataciones Públicas se han realizado sobre el objetivo de que el proceso de compra a manos del Estado sea los más transparente posible y que los recursos adquiridos con los impuestos del pueblo sean en beneficio del propio pueblo, sin embargo, cada vez que surge una compra bajo la figura de una licitación o cualquiera de los otros mecanismos que permite la ley, la noción de la sociedad es que no se beneficia ella, pero sí algún particular o alguien del Gobierno.

Entonces, si la Ley en sí, cierra los portillos a una posible lesión patrimonial, ¿es la ley el problema o es quién la debe aplicar?

 Reflexiones

Este análisis parte del reconocimiento de que los seres humanos somos infinitamente imperfectos, pero igual tenemos la capacidad de discernir y reconocer los hechos que convencionalmente han sido señalado como buenos o malos.

La corrupción en sí no tiene conciencia de lo bueno y/o lo malo de algo. Pero las personas sí tenemos esa capacidad, por lo tanto, podemos decidir si hacemos las cosas bien o recibimos algo por debajo de la mesa y torcer un proceso que debe ser prístino.

Por lo tanto, la corrupción sale a relucir si nuestro camino, hasta el momento de darle paso a ella, ha estado marcado por seguir el buen ejemplo, a pesar de los réditos que dicho acto pudiera dejar en los bolsillos de alguien.

Lo más triste de ello, es que eventos como los listados, nos muestran al mundo como una economía que favorece la trampa y pagamos los platos rotos, incluso quienes no hemos tenido vela en esos entierros.




Confianza del consumidor panameño cae 17 puntos durante el primer semestre de 2026

Confianza del consumidor

La confianza de los consumidores panameños registró un marcado deterioro durante los primeros seis meses de 2026, al descender de 92 puntos en enero a 75 puntos en junio, según los resultados del Índice de Confianza del Consumidor Panameño.

La medición, presentada por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, en conjunto con The Marketing Group, evidencia una caída de 17 puntos y mantiene el indicador por debajo de los 100 puntos, nivel que separa la confianza de la desconfianza entre los consumidores.

Este resultado refleja una percepción cada vez más cautelosa sobre la situación económica del país, las condiciones financieras de los hogares, las posibilidades de ahorro y la evolución del empleo.

Menores posibilidades de ahorro

Uno de los aspectos que más preocupa a los consumidores es su capacidad de ahorrar durante los próximos doce meses.

Este indicador disminuyó de 87 puntos en enero a 70 puntos en junio, lo que representa una reducción de 17 puntos. La cifra muestra que una parte importante de la población considera que tendrá pocas posibilidades de reservar dinero después de cubrir sus gastos habituales.

El debilitamiento de la capacidad de ahorro puede estar relacionado con el aumento del costo de vida, el precio de los combustibles y la incertidumbre económica, factores que obligan a las familias a destinar una mayor proporción de sus ingresos al pago de necesidades básicas.

Aumenta la preocupación por el empleo

Las expectativas relacionadas con el desempleo también mostraron un deterioro. El indicador pasó de 101 puntos en enero a 87 puntos en junio, con una caída de 14 puntos.

Aunque este componente continúa siendo el mejor evaluado dentro del índice, regresó a la zona de desconfianza, lo que refleja una percepción menos favorable sobre el comportamiento del mercado laboral durante los próximos meses.

Al ser consultados sobre la posibilidad de conseguir empleo en los próximos seis meses, el 22 % de los participantes consideró que era muy probable, mientras que el 21 % señaló que era bastante probable.

En contraste, el 16 % manifestó que era poco probable encontrar trabajo y el 26 % consideró que no lograría conseguirlo. El 15 % restante no expresó una opinión definida.

Estos resultados demuestran que, aunque existe un grupo de consumidores que mantiene expectativas positivas, una proporción importante de la población percibe dificultades para acceder a nuevas oportunidades laborales.

Las familias mantienen una visión cautelosa

La percepción sobre la situación económica de los hogares disminuyó de 96 puntos en enero a 79 puntos en junio, lo que representa una reducción de 17 puntos.

Este resultado indica que las familias panameñas mantienen una actitud prudente respecto de sus ingresos, gastos y estabilidad financiera para los próximos doce meses.

Cuando los hogares sienten incertidumbre sobre sus finanzas, suelen reducir los gastos no esenciales, aplazar compras importantes y evitar asumir nuevas obligaciones económicas.

Esta cautela puede influir directamente en el consumo interno y, en consecuencia, en la actividad de los comercios y empresas que dependen de la demanda de bienes y servicios.

Mayor pesimismo sobre la economía nacional

El componente que registró la caída más pronunciada fue el relacionado con la situación económica general del país.

El indicador descendió de 84 puntos en enero a 63 puntos en junio, lo que representa una reducción de 21 puntos.

La cifra refleja un elevado nivel de pesimismo sobre el rumbo de la economía panameña y sobre las posibilidades de que las condiciones económicas mejoren en el corto plazo.

Este resultado puede estar asociado con las preocupaciones sobre el costo de vida, la estabilidad del empleo, el precio de los combustibles y los efectos de factores económicos nacionales e internacionales.

Los cuatro indicadores se encuentran en desconfianza

Los cuatro componentes evaluados —situación económica del hogar, situación económica del país, capacidad de ahorro y expectativas sobre el desempleo— se ubicaron por debajo de los 100 puntos.

En términos generales, el estudio muestra que los consumidores panameños están menos optimistas que a comienzos de 2026 y que observan con preocupación la evolución de la economía.

María Alejandra Cuéllar, CEO y gerente general de The Marketing Group, explicó que el incremento del precio de los combustibles y la incertidumbre generada por factores internos y externos han influido en el comportamiento del índice.

La disminución de la confianza podría llevar a los consumidores a ser más cuidadosos con sus gastos, reducir las compras no prioritarias y postergar decisiones de consumo durante los próximos meses.

La confianza del consumidor es un indicador relevante para conocer el estado de ánimo de la población frente a la economía. Cuando las personas confían en la estabilidad de sus ingresos y en las perspectivas del país, suelen estar más dispuestas a consumir, invertir o adquirir compromisos financieros.

Por el contrario, cuando aumenta la incertidumbre, los hogares tienden a ahorrar cuando pueden, limitar sus gastos y actuar con mayor prudencia.

La caída de 17 puntos registrada durante el primer semestre de 2026 constituye, por tanto, una señal de alerta sobre la percepción económica de los panameños y sobre el posible comportamiento del consumo durante el resto del año.

Fuente: Economía Panamá, con información del Índice de Confianza del Consumidor Panameño elaborado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y The Marketing Group.




Panamá 2026-2030: los motores de la recuperación

resiliencia económica

Parte II: Sector externo, banca, consumo, vivienda y la ruta de inversión hacia 2030

En la primera entrega de esta serie examinamos una economía que crece, pero que continúa expuesta a fuertes presiones internacionales y a importantes desequilibrios internos. El aumento del petróleo, la inflación concentrada en transporte y alimentos, la debilidad de la inversión y una tasa de desempleo de 10.4 % muestran que el crecimiento de Panamá todavía no se traduce de manera uniforme en bienestar y oportunidades.

Esta segunda entrega retoma ese diagnóstico para analizar la otra cara del panorama: los sectores que mantienen en movimiento la economía panameña y los proyectos que podrían transformar su estructura productiva durante los próximos años.

El Canal de Panamá, la Zona Libre de Colón, las exportaciones, el Aeropuerto Internacional de Tocumen y el sistema bancario continúan ofreciendo señales de solidez. Al mismo tiempo, el consumo se vuelve más cauteloso, el mercado inmobiliario muestra dos realidades distintas y el país apuesta por megaproyectos logísticos, hídricos, energéticos y de movilidad para sostener el crecimiento hacia 2030.

El Canal mantiene su papel como motor económico

El Canal de Panamá presentó resultados favorables durante los primeros meses de 2026. Los ingresos acumulados por peajes aumentaron aproximadamente 8.9 %, mientras los peajes de mayo crecieron 18.6 %.

Las toneladas netas se incrementaron 16.2 % y el volumen de carga aumentó 25.4 %.

Estos resultados reflejan una recuperación del tránsito y una mayor movilización de carga, reafirmando la importancia del Canal dentro de la economía nacional.

El desempeño canalero tiene efectos que se extienden a los servicios marítimos, la logística, el transporte terrestre, los puertos, las actividades comerciales y las finanzas públicas.

Zona Libre de Colón y actividad portuaria

La carga portuaria creció aproximadamente 1.2 %, mientras el movimiento de contenedores aumentó cerca de 0.6 %.

La Zona Libre de Colón mostró un desempeño más dinámico. Su actividad comercial creció 11.5 % y las reexportaciones aumentaron 22.6 %.

Los productos con mayor participación fueron los químicos, la maquinaria, los equipos electrónicos y los textiles.

El resultado confirma que la plataforma logística y comercial continúa siendo una de las principales ventajas competitivas del país. No obstante, el reto es ampliar su capacidad, modernizar su infraestructura e integrar mejor a las empresas nacionales dentro de las cadenas de suministro internacionales.

Exportaciones en crecimiento

Las exportaciones panameñas alcanzaron aproximadamente B/.581.9 millones, con un incremento cercano a 31 %.

Entre los principales productos exportados se encuentran los camarones, el banano, la harina y el aceite de pescado, el azúcar, los medicamentos, el café, la madera y otros productos agroindustriales.

Estados Unidos concentró aproximadamente 18.7 % de las exportaciones. También fueron relevantes Taiwán, la Zona Libre de Colón, India, Costa Rica y los Países Bajos.

Cerca de 64.7 % del comercio se movilizó por vía marítima, lo que confirma la relevancia de la conectividad portuaria y del posicionamiento geográfico panameño.

Tocumen y la conectividad internacional

El Aeropuerto Internacional de Tocumen registró aproximadamente 7.6 millones de pasajeros, un aumento de 15 % respecto del período anterior.

El movimiento de aeronaves creció 12 %, hasta alcanzar 59,351 operaciones, mientras la carga aérea aumentó 10 %, llegando a unas 84,532 toneladas.

Del total de pasajeros, 71 % se encontraba en transferencia, 15 % correspondía a desembarques y 14 % a embarques.

Tocumen mantenía conexiones con 91 destinos internacionales y uno doméstico. Su desempeño fortalece el turismo, el comercio, los servicios y la posición de Panamá como centro regional de conexiones.

Un sistema bancario sólido, pero con poco impulso al crédito productivo interno

El sistema bancario mantiene elevados niveles de liquidez, capitalización y solvencia.

La cartera crediticia neta creció 3.74 %, los activos líquidos netos aumentaron 12.41 %, las inversiones en valores avanzaron 14.14 % y los depósitos crecieron 7.43 %.

La mayor parte del aumento de los depósitos provino de clientes particulares y privados, lo que fortalece la estabilidad estructural del sistema.

Sin embargo, existe una diferencia importante entre el crédito externo y el interno. La cartera externa aumentó aproximadamente 9.71 %, mientras la interna creció apenas 0.34 %.

En el mercado local, los bancos incrementaron los créditos para consumo personal, hipotecas y comercio. En cambio, redujeron el financiamiento destinado a la industria, la construcción y las actividades financieras.

El sistema conserva recursos y liquidez, pero una proporción limitada se canaliza hacia la inversión productiva interna.

Los indicadores bancarios continúan siendo positivos:

  • Liquidez aproximada de 56.58 %, frente a un mínimo legal de 30 %.
  • Adecuación de capital de 16.04 %.
  • Morosidad cercana a 1.47 %.
  • Cobertura de cartera de aproximadamente 134.47 %.
  • Retorno sobre patrimonio de 15.09 %.
  • Margen neto de intermediación de 2.58 %.

La utilidad neta disminuyó alrededor de 3.4 %, principalmente por el aumento de provisiones y gastos de saneamiento. A pesar de ello, el sistema se mantiene solvente, líquido y rentable.

Un consumidor más prudente

Las ventas generales disminuyeron aproximadamente 1.8 % y el volumen vendido cayó 2.1 %. Al mismo tiempo, el número de compradores aumentó cerca de 0.7 %.

Esto significa que más personas están comprando, pero adquieren cantidades menores.

Los supermercados perdieron participación, mientras los minisúperes y las tiendas de conveniencia crecieron. El consumidor favorece establecimientos cercanos, compras pequeñas y operaciones que le permiten controlar mejor su presupuesto.

El nuevo comportamiento se caracteriza por:

  • Mayor comparación de precios.
  • Compras más frecuentes, pero de menor valor.
  • Sustitución de marcas.
  • Preferencia por productos básicos.
  • Reducción de compras discrecionales.
  • Mayor sensibilidad a promociones y descuentos.

El consumo no se ha detenido, pero se ha vuelto más selectivo.

El mercado inmobiliario presenta dos realidades

Durante el primer semestre de 2026 se vendieron aproximadamente 3,648 unidades, por cerca de US$487 millones.

Las unidades comercializadas disminuyeron alrededor de 13 %, pero el capital movilizado aumentó aproximadamente 20 %. En otras palabras, se vendieron menos propiedades, aunque las operaciones fueron de mayor valor.

En la vivienda subsidiada, las unidades vendidas disminuyeron 21 %, el valor de las operaciones cayó en la misma proporción y el inventario disponible se redujo 19 %.

El segmento enfrenta una disminución significativa de proyectos y unidades, lo que puede limitar el acceso a vivienda para los sectores de menores ingresos.

En la vivienda no subsidiada, las unidades vendidas disminuyeron aproximadamente 6 %, pero el valor de las operaciones aumentó 20 %. El inventario disponible se redujo alrededor de 7 %.

La vivienda subsidiada presenta una rotación aproximada de 20.7 meses, frente a 27.6 meses en la vivienda no subsidiada. La primera se vende más rápido, pero dispone de una oferta más reducida.

El documento identifica dos modelos de negocio inmobiliario. El primero se basa en unidades pequeñas, menor valor individual y mayor velocidad de venta. El segundo se concentra en proyectos de mayor valor, con una rotación más lenta, pero ingresos superiores por cada operación.

Megaproyectos para sostener el crecimiento

La estrategia de crecimiento hacia 2030 descansa sobre dos pilares: los megaproyectos de la Autoridad del Canal de Panamá y la expansión de la infraestructura pública mediante inversión estatal y asociaciones público-privadas.

Entre los principales proyectos se encuentran:

  • Gasoducto transoceánico, con una inversión aproximada de US$8,000 millones.
  • Puertos de Corozal y Telfers, con alrededor de US$2,000 millones.
  • Reservorio de Río Indio, con una inversión entre US$1,500 y US$1,600 millones.
  • Corredor logístico, con una inversión aproximada de B/.1,782 millones.

Estas iniciativas buscan fortalecer la posición logística, energética e hídrica del país.

Río Indio: infraestructura y compensación social

El proyecto del reservorio de Río Indio no se limita a una obra de infraestructura. También implica un proceso social relacionado con la reubicación y compensación de las comunidades afectadas.

El nivel de confianza de las comunidades aumentó de aproximadamente 26 % en mayo de 2025 a 70 % en febrero de 2026, después de nueve meses de reuniones y más de doscientos encuentros comunitarios e individuales.

El marco de compensación contempla viviendas, terrenos, actividades económicas, condiciones sociales y culturales, infraestructura comunitaria, salud y educación.

El objetivo es que la reubicación no se reduzca a un traslado físico, sino que preserve las condiciones de vida, las relaciones comunitarias y las fuentes de ingreso.

Movilidad, salud, agua y saneamiento

Dentro de los principales proyectos de movilidad se encuentran:

  • Línea 3 del Metro, con un avance aproximado de 87 %.
  • Cuarto puente sobre el Canal, con un avance cercano a 38 %.
  • Ampliación de la Línea 1.
  • Teleférico de San Miguelito.
  • Línea 2A.
  • Tren Panamá-David.

La estrategia también incluye hospitales, policlínicas, centros oncológicos regionales, telemedicina, recetas electrónicas y automatización de farmacias.

En materia de agua y saneamiento se proponen nuevas plantas potabilizadoras, ampliación de redes de distribución, reparación de fugas y modernización de sistemas.

Empleo privado e inversión

La meta planteada es generar aproximadamente 80,000 empleos privados, principalmente en tecnología, agroindustria, turismo, construcción, logística y pequeñas y medianas empresas.

También se propone movilizar cerca de US$1,000 millones mediante organismos como BID Invest y aproximadamente US$250 millones para ampliar la capacidad logística de la Zona Libre de Colón.

La proyección económica se divide en tres etapas:

  • 2025-2026: período de transición, con crecimiento entre 4.1 % y 4.4 %.
  • 2027: inicio de la ejecución de megaproyectos.
  • 2028-2030: etapa de consolidación, con crecimiento entre 4.1 % y 4.7 %.

El objetivo sería movilizar aproximadamente US$15,000 millones y fortalecer la resiliencia logística, energética e hídrica del país.

La ruta hacia 2030

Panamá cuenta con ventajas importantes: el Canal, una plataforma logística internacional, conectividad aérea, un sistema bancario estable y capacidad para atraer inversiones.

Sin embargo, los megaproyectos no producirán automáticamente un desarrollo inclusivo. Su impacto dependerá de la capacidad para generar empleos formales, incorporar proveedores nacionales, formar trabajadores, proteger a las comunidades afectadas y mantener la sostenibilidad fiscal.

La ruta hacia 2030 exige diversificar la matriz energética, fortalecer la capacitación laboral, impulsar la formalización, preservar la inversión pública productiva y gestionar activamente la deuda.

La economía panameña ha demostrado capacidad para resistir choques externos y recuperar sus principales motores. El desafío de los próximos años será convertir esa resiliencia en transformación: pasar de una economía que crece a una economía que distribuye mejor las oportunidades, eleva la productividad y construye bases más sólidas para su futuro.

Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Indicadores y Escenarios Económicos 2026-2030.




RBC recibe la visita de la prestigiosa firma brasileña Gaia Silva Gaede Advogados

El 14 de mayo de 2026, Rivera, Bolívar y Castañedas (RBC) recibió la visita de representantes de la reconocida firma brasileña Gaia Silva Gaede Advogados y autoridades del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (MICI), en un encuentro orientado al fortalecimiento de relaciones estratégicas, cooperación internacional y oportunidades de inversión regional.

La reunión permitió generar un espacio de diálogo de alto nivel sobre el panorama jurídico, económico y comercial entre Panamá, Brasil y Europa, resaltando el papel de Panamá como una plataforma estratégica para la inversión internacional y el desarrollo de operaciones corporativas modernas bajo estándares de transparencia, cumplimiento y buena gobernanza.

Una firma de prestigio internacional

Con más de tres décadas de trayectoria desde su fundación en 1990, Gaia Silva Gaede Advogados se ha consolidado como una de las firmas legales más prestigiosas de Brasil. Mucho más que un bufete de abogados representa un equipo altamente especializado y comprometido con ofrecer asesoramiento jurídico estratégico de primer nivel, enfocado en comprender profundamente las necesidades de sus clientes y brindar soluciones eficientes e innovadoras para diversos sectores económicos.

Actualmente, la firma cuenta con cerca de 400 profesionales y un sólido board conformado por 55 socios, preparados para atender complejas demandas legales tanto en Brasil como en mercados internacionales. Su presencia estratégica se extiende a importantes capitales brasileñas como São Paulo, Río de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte y Brasilia, además de contar con oficinas en Madrid, España, uno de los principales centros financieros de Europa.

La apertura de su sede en España responde a una visión global orientada a fortalecer el acompañamiento legal de clientes vinculados a operaciones comerciales entre Brasil y la Unión Europea, tomando en consideración que España representa uno de los principales inversionistas extranjeros en Brasil.

Especialización y visión empresarial

Durante la visita se destacó la amplia experiencia de Gaia Silva Gaede en áreas estratégicas del derecho moderno, entre ellas:

  • Planificación Patrimonial
  • Gobernanza Corporativa y Compliance
  • Derecho Laboral
  • Derecho Regulatorio
  • Derecho Digital
  • Sostenibilidad
  • Derecho Corporativo
  • Derecho Cooperativo

Asimismo, su experiencia se desarrolla en sectores clave de la denominada industria 4.0, incluyendo agroindustria, energía, construcción, finanzas, minería, petróleo y gas, salud y farmacéutica, seguros, telecomunicaciones, tecnología e innovación, comercio electrónico, transporte y navegación, entre otros.

Entre los servicios internacionales que ofrecen desde Europa destacan las operaciones relacionadas con Mercado de Capitales e IPOs (Ofertas Públicas Iniciales), fortaleciendo su capacidad de acompañar a empresas en procesos de expansión, financiamiento e inversión internacional.

Panamá como centro estratégico de inversión

La jornada contó también con la valiosa participación de representantes del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (MICI). Estuvieron presentes la licenciada Jeannette Díaz Granados, Directora General de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM), y el licenciado Eric Dormoi, Director Nacional de Promoción de Exportaciones.

Durante el encuentro, los presentes intercambiaron perspectivas sobre el crecimiento sostenido del sector exportador panameño y las ventajas competitivas que ofrece Panamá como centro logístico, financiero y corporativo para el establecimiento de operaciones multinacionales y el desarrollo de negocios internacionales.

La conversación permitió profundizar en las oportunidades que brindan los regímenes especiales SEM y EMA, los cuales continúan fortaleciendo el posicionamiento de Panamá como un destino atractivo para la inversión extranjera, gracias a su estabilidad económica, incentivos competitivos y un marco de seguridad jurídica sostenible en el tiempo.

Asimismo, se abordaron posibles sinergias entre el sector legal y empresarial internacional, destacando la importancia del intercambio de conocimientos, la estructuración de operaciones modernas y el fortalecimiento de relaciones estratégicas entre Panamá y Brasil en un entorno alineado con principios de legalidad, cumplimiento y buena gobernanza corporativa.

Un encuentro que fortalece alianzas

Para Rivera, Bolívar y Castañedas, fue un verdadero privilegio recibir a una firma de tan alto prestigio internacional y compartir este espacio junto a representantes del MICI. Este encuentro reafirma el compromiso de RBC con la excelencia jurídica, la internacionalización de los servicios legales y la construcción de alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo empresarial y económico de la región.

Más allá de una visita institucional, esta reunión representó un importante intercambio de experiencias, perspectivas y visión de futuro sobre el papel que desempeñan Panamá y Brasil en la dinámica de los mercados internacionales y la transformación del entorno corporativo global.

Dato de interés

¿Qué es una IPO?

Una IPO (Oferta Pública Inicial) es el proceso mediante el cual una empresa privada ofrece acciones al público por primera vez para cotizar en bolsa, convirtiéndose en una empresa pública y permitiéndole obtener financiamiento para su crecimiento y expansión.




De la inversión tradicional a la diversificada

economía

Introducción

Los primeros reportes del año en cuanto a las expectativas de crecimiento de las economías, tanto en Panamá como en otras latitudes, muestran informes disímiles entre unas y otras.

Los organismos internacionales como la CEPAL, el Banco Mundial, el FMI y los análisis que resalten en el Foro de Davos y del Foro Económico-CAF en Panamá, estarán dictando la pauta sobre cuál podría ser el desempeño de las economías en el orbe este 2026.

Mientras esos reportes salen a la luz, acá en Panamá debemos sortear los vaivenes diarios, ya que, para muchos la economía familiar no mejora.

Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía señala que “preocupa que la globalización esté produciendo países ricos con población pobre”, tal cual develé en mis últimas dos entregas y es por esta razón que los países deben atraer inversiones que diversifiquen la vida económica y con ello los gobiernos mejorar las condiciones de la sociedad.

Antecedentes Económicos y Legales

Harto es conocido el cuadro económico que el actual gobierno recibió hace año y medio y la suerte que han corrido algunas inversiones que de seguro ayudarían a darle la vuelta a los problemas que nos aquejan.

El Tesoro Nacional, a pesar de que la economía ha estado creciendo, no se corresponde con los resultados fiscales.

Las inversiones y el efecto multiplicador deben generar los resultados esperados como más empleo, más ingresos para la población y más impuestos, entre otros.

Es aquí donde entra al debate público uno de los proyectos que de seguro potenciaría, una vez más, la economía panameña como lo es la Mina de Cobre en el Distrito de Donoso.

Por un lado, el Gobierno Nacional adelanta una serie de informes sobre el estado de la Mina de Cobre y su posibilidad para seguir operando y generar con ello una dinamización del área de influencia y, por ende, de la región central del país.

Importantes serán también tanto el operador como la figura administrativa que regirán de reiniciar operaciones la mina.

Y, por otro lado, los detractores de inversiones como ésta que salieron a relucir en el 2023 y el resultado de sus acciones conllevó a la Corte Suprema de Justicia a declarar el contrato que amparaba esa inversión como inconstitucional, quienes una vez más sacan a relucir lo maquiavélico de emprender acciones de reactivación de la mina.

Todo ello sin contar con las demandas que hoy día están interponiendo sendos abogados por las faltas que el proyecto minero en su momento cometió, y que se unen al coro pesimista de inversiones extractivas.

Es importante recordar que una cosa fue el fallo judicial declarando inconstitucional el contrato que amparó la explotación del yacimiento y otra cosa es negar inversiones que mejoren el nivel de vida de la población, incluyendo las actividades de extracción, que por cierto la legislación vigente permite.

De Encuestas y Resultados

Ante esta disyuntiva, una encuesta reciente muestra, según sus estimaciones, que la sociedad panameña se opone a la Minería en Panamá.

La encuesta revela que el 64.9% de la población panameña objeta la Minería como herramienta para mejorar la economía y solo el 29.9% considera como buena dicha actividad.

¿Saben los lectores y opositores a la minería en qué consisten actividades como éstas?

Para conocimiento del público en general, las actividades extractivas según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) incluyen la Extracción de Petróleo y Gas, Carbón de Piedra, Gas Natural, Minerales de Hierro, Minerales No Ferrosos, Piedra, Arena y Arcilla, Canteras, Sal, entre otras.

De apegarme a esa lista de actividades extractivas, ese 64.9% que se opone a la minería ¿se opondrá al resto de estas actividades ya que algunas de ellas forman parte del entramado empresarial panameño como las canteras, la extracción de Arena de mar y ríos, molienda de piedra y arcilla?

Según los resultados, la encuestadora afirma que existe un RECHAZO que no es Coyuntural, sino ESTRUCTURAL a las actividades mineras.

Quisiera saber qué elementos existen en la encuesta, para afirmar que el Rechazo a la Minería es una cuestión de carácter Estructural o simplemente es la opinión de la empresa encuestadora sobre alguna base que no se devela en la encuesta.

Según los encuestados, Panamá debe priorizar en los temas que se muestran en el siguiente cuadro.

Las respuestas en cuestión dan lugar a analizar algunas cosas:

La primera y cuarta respuesta agrupan un 52.8% (40.3% y 12.5%) de los encuestados que se oponen al desarrollo minero en el país, y como dice un grupo, aun así, se afecte la economía.

El 20.9% considera que debe haber Equilibrio Económico y Protección Ambiental, lo cual deja entrever que no necesariamente haya oposición a la minería si existen mecanismos que garanticen la protección al ambiente.

En otra de las respuestas, el 18.7% de los encuestados señalan que puede darse Crecimiento Económico con Controles Ambientales respuesta similar a la anterior respuesta, por lo cual, desde mi apreciación de los resultados de la encuesta, un 39.6% daría lugar a que la minería sea desarrollada, 10 puntos más que la respuesta a la primera pregunta donde se mostraba apoyo a la minería de solo el 29.9%.

Si confronto estos resultados con la primera pregunta, no veo que exista una oposición a la minería del 64.9%, sino de un 52.8%, un 12.1% menos.

Otra de las respuestas que llaman la atención es cuando el encuestado considera que los Costos Ambientales y Sociales superan los beneficios que generaría la Minería.

Y pregunto, ¿qué nivel de conocimiento técnico tienen los encuestados para afirmar que los Costos Ambientales y Sociales superan los beneficios probados de esta actividad extractiva?

No veo cálculos de ninguna clase que avalen estas respuestas, solo opiniones.

Las oposiciones a esto siempre han sido de carácter emocional por una parte y de otra, simplemente por ignorancia, pero es más preocupante cuando personas impulsen acciones contra inversiones de este tipo utilizando argumentos con sesgos ideológicos y además utilizando acciones que nada tienen que ver con la mina, para levantar polvo y frenar discusiones realistas sobre las bondades o no de inversiones como éstas.

Veamos algunos ejemplos de este tipo de argumentaciones:

  1. “Mientras el clientelismo minero siga repartiendo jamones que saben a rendición seguiremos perdiendo bosques que saben a futuro”. (Artículo en La Estrella de Panamá).

Según este escrito la entrega de jamones es producto de una estrategia corporativa de la empresa inversora en la mina.

Triste es vincular la entrega de jamones para época de navidad, actividad que políticos y el gobierno nacional realizan muchos años antes de realizarse la inversión minera en Panamá.

2-Segùn el escrito en cuestión, la “dignidad de las personas que defienden el derecho ambiental” ha sido atacada. Pero al igual que ellos podemos afirmar que quienes también tenemos derecho a opinar y apoyar las inversiones mineras hemos sido atacados por tener criterio contrario.

Calificar de clientelistas a quienes con argumentos y cálculos que consideramos viables con los controles respectivos, una inversión que ha generado mejoras sustanciales, no es lo mismo que atacar la dignidad de quienes se oponen a la minería.

3-El escrito en cuestión también afirma que “la entrega de Becas por gerentes de sostenibilidad”, es otro de los mecanismos utilizados para favorecer la reapertura minera.

Por si no lo sabía, la entrega de becas por el gobierno nacional data de muchos años antes de la inversión en la mina de cobre. Igualmente, es conocido que la empresa minera capacitó a personal panameño en varias áreas, conocimiento que hoy día le ha permitido a ese mismo personal panameño impartirlo en otro país, donde su conocimiento favorece una explotación similar a la panameña.

Dejo solo estos tres comentarios o argumentos, hay otros más, como prueba de quien se opone a una inversión que, a pesar de las afectaciones lógicas de una inversión de estas características, dio lugar a una mejora sustancial a la región central del país.

El escrito en cuestión, independientemente de estos comentarios, deja entrever posibles “alternativas reales” al mejoramiento de la economía, si la inversión minera no se diera.

Analicemos algunas de ellas y consideremos si las mismas pueden sustituir una inversión de más del doble de lo que costó la ampliación del Canal de Panamá, a saber:

  1. Plan Maestro de Turismo Sostenible 2023-2028, según el cual potencialmente pueden generarse 35,000 empleos permanentes y no temporales como la minería.

  • Agroforesterìa y Cacao Fino con posibilidades de generar 12 mil fincas familiares que generarían potencialmente entre B/.8 mil y B/. 12 mil por hectárea.
  • Energías Renovables: Generación de 5,000 técnicos en energía solar.

Interesantes números arrojan estas alternativas a la inversión en la mina, sin embargo, el término que todo esto muestra es que dichas alternativas se presentan como Potenciales, y una cosa son valores potenciales y otra son los números reales que una inversión muestra al llevarse a la realidad.

Si son tan factibles estas alternativas, ¿cuántas de ellas han sido llevadas a la vida real luego del cierre de la mina?

Una cosa son los planes y objetivos fijados, pero cómo lograr los mismos es otra cosa.

Los estudios de factibilidad pueden dar fe que el mercado acoge estas alternativas como mejores que lo que la explotación minera ofrece.

¿Hay estudios de factibilidad? O, es que se espera que sea el gobierno que apoye las mismas con fondos públicos para que alguna de esas alternativas se haga realidad.

¿Que universidad está en capacidad de formar técnicos en energía solar y si los mismos podrían ser absorbidos por el mercado laboral?

Esta opción es muy parecida a formar especialistas como los abogados o médicos de los cuales unos sobran y otros faltan para cubrir las necesidades de la población panameña.

Frente a las alternativas expuestas, dejaré por aquí, algunos de los beneficios reales y no potenciales que aportó la Mina de Cobre mientras operaba:

  1. 40,000 empleos entre directos e indirectos.
  2. Salarios más elevados que el Salario Mínimo.
  3. Capacitación especializada del personal panameño.
  4. 4.5% del Producto Interno Bruto.
  5. Incremento generalizado de la actividad económica en la Región Central del País.
  6. Incremento y diversificación de las Exportaciones.
  7. Generación de negocios y compra a proveedores nacionales.
  8. Pago de impuestos nacionales.
  9. Construcción de una Carretera
  10. Construcción de un Puerto.
  11. Construcción de una Central de Energía
  12. Reforestación del área impactada y otras fuera de los límites de la mina. (Según el contrato minero declarado inconstitucional, el compromiso era la reforestación de la huella impactado y otras áreas del país deforestadas por otras actividades no mineras.

Como se observa, una cosa son cifras reales, medibles y cuantificables y otra son las potencialidades que ofrecen acciones alternas.

Otra de las preguntas de la encuesta busca a conocer la opinión del encuestado respecto a sí la economía mejoraría con la reapertura de la mina y un 58.3% considera que No Mejoraría.

Si los efectos de derrame o aportes de la Mina de Cobre a la Economía antes listados, son desconocidos por este 58.3% de encuestados, cómo este gran porcentaje puede opinar sobre algo que desconoce y obviar los aportes de esta actividad al PIB mientras estuvo operando.

¿Si una inversión que fue un poco más del doble del costo de la ampliación del Canal de Panamá y que no llega todos los días a cualquier país, que tiende a diversificar con creces las actividades económicas desarrolladas, capacitando a profesionales panameños directamente que hoy día, en otras latitudes capacitan a personas que trabajan en la minería y a juicio de los encuestados no mejoraría la economía panameña, entonces qué actividad la mejoraría la vida del panameño?

¿La venta de frituras de pescado, empanadas y carimañolas, saus, verduras y frutas en las esquinas, recoger metales para reciclar, malabarismos en los semáforos, sin descontar la posibilidad de formar parte del ámbito delictivo, solo por mencionar algunas actividades que ejemplifican la gran cantidad de informales que existen en Panamá, las cuales el día de mañana no coadyuvan a lograr una jubilación digna, serán las actividades que sí ayudarían a la economía panameña frente a la minería?

Si este 58.3% se opone a la minería, ¿se opondrán también a que las actividades de molienda de piedra (Canteras), la extracción de arena, arcilla y yeso que forman parte de la economía formal en Panamá desde hace mucho tiempo deberían ser canceladas?

Quienes se oponen a esta actividad, esgrimen que el desarrollo de la Mina de Cobre se reduce a Ingresos Fiscales y lo que cuesta Cerrar, de manera definitiva, el tajo abierto luego de iniciada la producción del material exportable.

Incluso, las actividades mostradas como alternativas a la mina, tampoco se hacen de la noche a la mañana.

Eso NO funciona como quien sube o baja un interruptor de electricidad y se apaga o enciende un foco casero.

Conclusiones

He listado doce hechos comprobados sobre los aportes de la mina en cuestión y que, a mi entender, ofrecen más réditos que los daños que se ocasionan.

No puedo aceptar que ese supuesto coro nacional que se manifestó en contra de la susodicha inversión clientelista, y que tienen el derecho a brindar su opinión por vivir en un país democrático, afirme que es representativo de la sociedad en su conjunto.

En el caso de la encuesta a la que hemos hecho referencia, pareciera ofrecer datos qué, si se extrapolan o extienden al resto de la población, indicarían que la gente no quiere minería.

Somos del criterio que, si alguien no tiene conocimiento técnico de algo tan complejo, no puede tener bases sólidas para opinar objetivamente. Por lo tanto, su opinión se sustenta en meras emociones o líneas ideológicas que se oponen a todo, pero no aportan en nada, salvo a la controversia.

Para los detractores, inversiones como éstas solo favorecen lo que denominan “el clientelismo minero”, enumerando una serie de hechos que algunos son ciertos como las Desigualdades que están presentes en la población panameña pero que las mismas no las generó la minería.

Por el contrario, la minería sí podría ir minimizando las desigualdades en la región central del país, hecho que ya se comprobó.

Es lógico que una inversión de estas características afecta un bosque y el hábitat de muchas especies, pero lo que no mencionan es el programa de reforestación ejecutado no solo en el área de influencia de la explotación, sino en otras zonas del país, programa de reforestación que antes no existía en las áreas fuera de la zona de influencia extractiva.

Otras afirmaciones indican que los niveles exportados son más del doble de lo reportado por el inversionista (no se dice que fuente lo afirma) sin embargo, si las personas que afirman eso, creen que de una tonelada métrica extraída se obtiene una tonelada métrica de cobre, pues esa matemática es muy parecida al 4 x 8= 40.

Si se desconoce lo que implica la Ley de Corte, cómo atreverse a afirmar lo anterior. Esperemos que este análisis coadyuve al mejor entendimiento de las actividades económicas que mejoran el bienestar de la sociedad, atendiendo también las afectaciones que al medio ambiente genera la presencia humana.




Agenda económica: avances y prioridades del MICI para 2026

presupuesto

En el marco del diálogo permanente entre el sector público y el sector empresarial, representantes del Ministerio de Comercio e Industrias sostuvieron un encuentro con gremios empresariales para compartir los principales resultados de gestión alcanzados durante 2025 y presentar las prioridades estratégicas previstas para 2026.

Durante la reunión se abordaron temas clave para la agenda económica del país, entre ellos la adhesión de Panamá al Mercosur, el fortalecimiento de las exportaciones, las estrategias para la atracción de inversiones, el impulso a la industria nacional y los programas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas.

A continuación, presentamos una síntesis de los principales puntos discutidos en este espacio de intercambio, orientado a fortalecer la coordinación entre el sector público y el sector productivo y a impulsar el crecimiento económico del país:

1. Adhesión de Panamá al Mercosur

El Ministro informó que Panamá formalizó su adhesión como Estado asociado al Mercosur en diciembre de 2025.

Como parte del proceso preparatorio se realizaron encuentros de consulta en siete regiones del país, con la participación de más de 700 actores del sector productivo, incluyendo empresas, productores y gremios.

Para 2026 se prevé iniciar las negociaciones bilaterales con los países miembros, las cuales se desarrollarán de manera gradual y en consulta permanente con el sector empresarial.

2. Programa “Sello Panamá”

Se informó sobre la actualización del Programa Sello Panamá, iniciativa destinada a fortalecer la identidad y competitividad de los productos nacionales.

Entre los avances destacan:

  • Actualización del manual técnico del programa.
  • Rediseño del sello mediante un proceso participativo con más de 1,300 propuestas.
  • Preparación de un registro digital simplificado para empresas.

Se prevé que el programa entre en una nueva etapa de implementación y posicionamiento durante 2026.

3. Desempeño de las exportaciones

Las exportaciones de origen panameño alcanzaron aproximadamente 980 millones de dólares, la cifra más alta registrada en los últimos 16 años.

Los principales productos exportados incluyen:

  • Productos del mar
  • Aceite de palma
  • Banano

Al incorporar los regímenes especiales, el total exportado asciende a aproximadamente 1,293 millones de dólares.

Para 2026 se proyecta alcanzar 1,400 millones de dólares en exportaciones, mediante acciones de promoción comercial y apoyo a empresas exportadoras.

4. Estrategia de exportación de servicios modernos

El Ministerio anunció que durante 2026 presentará la Estrategia Nacional de Exportación de Servicios Modernos, orientada a sectores de alto valor agregado, tales como:

  • software
  • ciberseguridad
  • servicios profesionales
  • producción audiovisual
  • telemedicina

Esta estrategia cuenta con el acompañamiento técnico de organismos internacionales.

5. Atracción de inversión

Se reportaron avances en distintos regímenes de atracción de inversiones:

  • Zonas francas: 103.2 millones de dólares en inversión y más de 1,000 empleos generados.
  • Régimen SEM: 37.3 millones de dólares en inversión.
  • Industria audiovisual: aproximadamente 25 millones de dólares generados por producciones internacionales.
  • Programa de Inversionista Calificado: 185 inversionistas certificados y cerca de 131 millones de dólares en inversión.

6. Desarrollo industrial

Durante 2025 se registraron avances en el fortalecimiento del sector industrial:

  • 20 nuevos certificados bajo el Régimen de Fomento Industrial, asociados a inversiones por 17.5 millones de dólares.
  • 30 nuevas empresas inscritas en el Registro de la Industria Nacional.
  • 8 empresas ampliaron operaciones y 44 actualizaron su registro.

Asimismo, se adoptó una medida temporal de protección para el arroz en cáscara, con el objetivo de proteger la producción nacional y el empleo.

7. Programas de apoyo a PYMES

Se destacaron programas de fortalecimiento empresarial:

  • Mujer Exporta: más de 560 mujeres capacitadas desde 2020.
  • Industria Competitiva: apoyo a más de 290 PYMES y 1,700 beneficiarios directos.

Para 2026 se prevé ampliar la cobertura de estos programas y fortalecer el acceso de las PYMES a mercados y financiamiento.

8. Desarrollo productivo en Bocas del Toro

El Ministerio informó sobre acciones dirigidas a la recuperación económica de la provincia, incluyendo la reactivación del sector bananero, con aproximadamente 5,000 empleos recuperados y una proyección de hasta 7,000 empleos.

Adicionalmente, se trabaja en estrategias de diversificación productiva en sectores como:

  • cacao
  • agroindustria
  • ganadería
  • turismo.

Conclusión

El Ministro reiteró la importancia de mantener un diálogo permanente entre el sector público y el sector privado para impulsar el crecimiento económico, fortalecer las exportaciones, atraer inversión y generar empleo.

Se invitó a los gremios empresariales a continuar participando en los espacios de consulta y colaboración que impulsa el Ministerio.