Las elecciones generales panameñas de 1924 estaban convocadas para celebrarse el 2 de septiembre de ese año para conformar el poder ejecutivo y legislativo del país para el cuatrienio 1924-1928.  En esta contienda electoral concurrieron dos candidatos presidenciales liberales:  Uno de ellos Don Rodolfo Chiari Robles, quien fue postulado por la Convención del Partido Liberal en Las Tablas, Provincia de Los Santos.  Su impresionante trayectoria política incluyó haber sido Secretario de Gobierno y Justicia, ex candidato presidencial para la campaña del 25 de junio de 1916 de la cual se retiró a último momento dándole así el paso expedito al Dr. Ramón Maximiliano Valdés para la presidencia en el período 1916-1920.  En el siguiente período gubernamental presidido por el Dr. Belisario Porras Barahona, 1920-1924, éste buscó un acercamiento con Don Rodolfo Chiari, a pesar de la rivalidad de ambos, ofreciéndole colaborar con su gobierno como Director de Correos y Telégrafos, posteriormente lo escogió como Secretario de Gobierno y Justicia otra vez.  Lo cierto es que Rodolfo Chiari Robles y Belisario Porras Barahona fueron rivales políticos y también amigos, lo que no pocas anécdotas políticas lo confirman.  Don Rodolfo Chiari Barahona también fue Gerente General del Banco Nacional de Panamá.

Durante la campaña política de 1924, Don Rodolfo Chiari Robles recibió asimismo el respaldo del Partido Conservador.  Por su parte, la campaña del otro candidato presidencial, General Manuel Quintero Villarreal, quien no fue formalmente postulado como tal sino hasta el mes de Abril, desde un principio fue evidente que careció de un verdadero apoyo popular.  El General Quintero formó parte de la facción liberal durante la Guerra de los Mil Días (1899-1902) y actuó como Jefe Civil y Militar de la Provincia de Chiriquí, e igualmente fue designado Secretario de Marina.  Durante su carrera política fue Secretario de Fomento y Obras Públicas.  Fue nombrado por el Presidente Belisario Porras como Jefe del Ejército con el propósito de repeler al ejército costarricense durante el conflicto de Coto en 1921.  Luego fue nombrado Héroe de Coto.

El torneo electoral de 1924 fue calificado como una elección totalmente ordenada en comparación con las traumáticas y penosas pugnas eleccionarias previas, e incluso se caracterizaron por una participación nula de las autoridades estadounidenses en dicho proceso eleccionario a diferencia de otras elecciones anteriores realizadas.

Si bien es cierto que la candidatura del General Manuel Quintero carecía de popularidad, también es cierto que las concentraciones y reuniones populares de Rodolfo Chiari Robles evidenciaban resistencia manifiesta.  Era notorio que Rodolfo Chiari Robles era un candidato presidencial prácticamente apoyado por el Presidente Belisario Porras Barahona, por no decir que fue impuesto por él.  Posiblemente sea prueba de ello el que el candidato Chiari Robles, durante el transcurso de la campaña política, señalaba en sus discursos que continuaría realizando las obras de reconstrucción nacional iniciadas por el Presidente Porras. 

La victoria de Rodolfo Chiari Robles sobre el General Manuel Quintero Villarreal fue indiscutible.  El total de Rodolfo Chiari Robles fue de 19,322 votos y el del General Manuel Quintero Villarreal fue de tan sólo 2,920 votos populares.  En todas y cada una de las provincias, sin excepción, triunfó Rodolfo Chiari Robles, incluyendo la Provincia de Chiriquí, de donde era oriundo Quintero Villarreal.  Rodolfo Chiari Robles ejerció como el Sexto Presidente Constitucional de la República de Panamá, desde el  1 de octubre de 1924 hasta el 1 de octubre de 1928.

En ese mismo mes de Septiembre de 1924 fueron elegidos, como correspondía en la época, los Designados (Vicepresidentes) a la Presidencia de la República para el bienio 1924-1926, recayendo estas posiciones en Enrique Adolfo Jiménez como Primer Designado, Carlos Laureano López como Segundo Designado y Enrique Linares de Obaldía como Tercer Designado.

Durante su administración, Don Rodolfo Chiari Robles tuvo que enfrentar situaciones difíciles, entre ellas la surgida en los primeros meses de 1925 cuando ocurría que la población indígena, etnia Guna, en sí disgustados con sus condiciones de vida bajo el gobierno de Panamá, además fueron instigados por el explorador estadounidense Richard Oglesly Marsh, quien pretendía crear un protectorado en ese territorio.  La etnia Guna celebró un Congreso en Aligandí donde participaron los principales jefes de 45 aldeas y tribus.  Después de reuniones que duraron varios días, decidieron proclamar la denominada República de Tule el 25 de febrero de 1925, fijando límites territoriales que abarcaban el territorio insular del Archipiélago de San Blas y una franja de tierra firme al norte de la Provincia de Darién y al este de la Provincia de Colón que llegaba hasta la frontera con Colombia.  Los integrantes del levantamiento revolucionario encabezado por la dirigencia indígena atacaron los cuarteles de la Policía Nacional, ocasionando 27 muertos entre policías y algunos civiles además de heridos.  Entre los asesinados estuvo el Jefe Militar de San Blas, quien estaba al mando de las fuerzas del gobierno panameño.  El gobierno panameño reaccionó y envió 100 efectivos militares, logrando así tranquilizar en parte la sublevación.  Finalmente se firmó un tratado de paz que fue suscrito el 4 de marzo de 1925 en El Provenir, prometiéndosele a los indígenas un mejor trato, respeto a sus costumbres, brindándoles protección y los mismos derechos de que gozaban los demás ciudadanos.  Por su parte los sublevados se comprometieron a deponer las armas, retirar la declaración de independencia y cumplir las leyes de la República de Panamá.

Otras de las situaciones difíciles que atravesó la administración del Presidente Chiari Robles fue la denominada Revuelta Inquilinaria de 1925.  El antecedente es que al  terminar las obras del Canal de Panamá en 1914, muchas de las etnias que participaron en su construcción no regresaron a sus países de origen, calculándose su número en aproximadamente 100,000 trabajadores extranjeros.  Las casas que los alojaban, de propiedad privada, representaban un factor importante en la economía del país.  El gobierno impuso reformas y un cambio en el gravamen de la propiedad urbana.  Esta reforma al Código Fiscal significó un aumento impositivo que fue rechazado por los dueños de casas y a su vez originó que los dueños aumentaran el alquiler de las propiedades.  Como consecuencia de esta situación se creó la Liga de Inquilinos y Subsistencia, con nexos al Sindicato General de Trabajadores, que hizo un llamado al no pago de los alquileres.  Todo esto resultó en brotes de huelga de los inquilinos y por otro lado los propietarios de casas reclamaron al gobierno tomar acciones al respecto debido a que sus intereses económicos estaban siendo afectados.  El gobierno acusó a la Liga de lnquilinos y Subsistencia de haber sido azuzado por elementos anarquistas extranjeros en el país y también por conocidos socialistas tanto nacionales como extranjeros.  El 1 de octubre de 1925 se declaró una huelga de no pago de los arrendamientos.  El 10 de octubre se realizó una manifestación y protesta considerable que originó un enfrentamiento resultando en muertos y heridos.  Ante tal situación preocupante, el gobierno nacional decidió invocar el Artículo 136 de la Constitución Nacional de 1904, que autorizaba a las tropas norteamericanas intervenir en los asuntos internos del país, y en horas de la mañana del 12 de  octubre de 1925, tropas norteamericanas ocuparon el territorio nacional para restablecer el orden público.  Estas tropas permanecieron en el país por varios días, durante los cuales irrumpieron en el local de la Liga de Inquilinos y Subsistencia, lo que causó muertos y heridos y sus cabecillas extranjeros fueron deportados bajo acusación de “perturbar la paz nacional” y de “fomentar la revolución comunista”.  Con el sometimiento mencionado finalizó la Revuelta Inquilinaria de 1925 durante la administración Chiari Robles.

Posteriormente, a mitad de 1926, el mandatario Rodolfo Chiari Robles inició un movimiento a fin de buscar la reelección presidencial.   Prueba de ello es que, a finales de 1926, envió a la Asamblea Nacional una propuesta para ciertas reformas a la Constitución Nacional, entre las que se encontraba la reelección presidencial.  Esta reforma fue aprobada por la Asamblea Nacional mediante resolución del 29 de diciembre de 1926.  En declaración del Presidente Chiari ante los medios de comunicación, manifestó que la idea de la reelección presidencial surgió en la conciencia nacional y la misma se había convertido en una aspiración de la mayoría del país.  Señaló que la idea de la reelección presidencial  le había sido ofrecida y respaldada por destacadas figuras políticas de todos y diversos sectores del  país para su aceptación de la postulación de la candidatura presidencial.  El entusiasmo por la idea reeleccionista comenzó a tomar forma, al punto que se organizó el grupo Los Centuriones del Chiarismo, fundado por el General Manuel Quintero Villarreal, quien fue su candidato opositor en las elecciones de 1924, conjuntamente con el conocido político Alfredo Alemán y principalmente con el respaldo de los empleados públicos.  Los centros políticos de Los Centuriones empiezan a surgir en distintos lugares de la geografía nacional fomentando a Rodolfo Chiari Robles como el jefe único del liberalismo y su candidato presidencial para las próximas elecciones de 1928.  Sin embargo, de manera inesperada y ante el asombro de muchos, el 3 de abril de 1928 el Presidente Chiari Robles convocó una reunión del Directorio Nacional del Partido Liberal en el Palacio de las Garzas, para comunicar su decisión de no ir a la reelección presidencial sin aducir razones, pero sí señalando la necesidad de escoger en breve tiempo un candidato para las próximas elecciones.

Otro momento lamentable, relevante y condenable durante la administración del Presidente Chiari Robles surgió cuando en 1926 el Departamento de Estado estadounidense negoció bajo la mayor reserva un proyecto de convenio denominado Alfaro-Kellogg, que ampliaba facultades intervencionistas de los estadounidenses, otorgándoles amplios poderes para controlar todas las estaciones radiofónicas en nuestro istmo y apoyar cualquier guerra en que participaran los Estados Unidos de América.  El país se enteró por la prensa extranjera y fue muy cuestionado el papel de nuestros negociadores por permitir concesiones lesivas, en perjuicio de los intereses del país, por encima de la dignidad de la patria, a cambio de algunas ventajas económicas para beneficio de un grupo de comerciantes.  El pueblo panameño, disgustado, los llamó “Panamá Cede”.  El pueblo protestó enérgicamente y obligó a las mayorías gobernantes en la Asamblea Nacional a suspender la discusión y retirarse de las mesas de negociaciones por lo inaceptable de la propuesta norteamericana.

Por otro lado, además de enfrentar los desafíos históricos mencionados durante su administración, el gobierno Chiari Robles sobresalió por estimular la producción agrícola local, otorgando préstamos para promover a los pequeños cultivos, la expansión de los servicios públicos, la modernización y reorganización de las finanzas públicas, y obras de infraestructura urbana como la instalación de faroles y construcción de pozos artesanales en distintas poblaciones del país.

Como dirigente político y también como exitoso empresario, siempre estuvo muy atento al progreso del interior del país.  Respaldó la producción de alimentos y creó y fundó un ingenio azucarero, empresa básica para la generación de empleos en cierto sector del país, demostrando su compromiso con el desarrollo económico del país.  Su administración generó adelantos trascendentales en infraestructura, educación y organización institucional.  Su gobierno fomentó la construcción de caminos, escuelas y edificios públicos, así como también puso en práctica reformas que buscaban el fortalecimiento del aparato estatal.  El gobierno del Presidente liberal Rodolfo Chiari Robles contribuyó a ampliar las bases de la nación panameña.

Rememorar su cuatrienio 1924-1928 y su administración es parte del  valioso ejercicio cívico obligatorio de analizar la historia como instrumento de aprendizaje y construcción democrática.

Introducción

He realizado algunos análisis sobre aspectos educativos, sobre todo algunos resultados al final del ciclo educativo, pero el tema más que tedioso es espinoso.

Hay quienes al día de hoy consideran que, al no impulsarse la reforma educativa a final de los años 70, hoy estuviéramos mejor, pero la cuestión aquí es que no hay forma alguna de medir eso ya que dicha reforma jamás vio la luz.

Cualquier prueba o test a ser aplicado, bien concebido, puede dar luces para atender con más tino el objetivo que se persigue y por ello creo que en la primera gestión y en la actual, la ministra de educación se equivoca al no incluirnos en las pruebas PISA.

Puedo entender qué, si no hay cambios cualitativos a lo interno de nuestro sistema educativo como para que mejoremos algunos peldaños en dichas pruebas, nos saltemos algún ciclo y mientras tanto qué se hace.

Dicho esto, intentaremos analizar algunos informes internos que destacan nuestro desempeño escolar en la base del sistema y así el lector podrá comprender un poco mejor los resultados educativos que año a año nos hace preguntar por qué se exige y gasta en tanto en Educación si los resultados son peores.

Informe CRECER

Entre 2016 y 2018, el Gobierno Nacional realiza una serie de pruebas para medir el nivel educativo en aspectos como Lectura, Español y Matemáticas.

Dirigido a 62,195 estudiantes de Tercer Grado distribuidos en 3,055 escuelas, entre Oficiales y Particulares, sean éstas Multi o Unigrados, la primera fase de estas pruebas se concentraron en las capacidades de Lectura de los estudiantes.

“Los instrumentos empleados en las pruebas Crecer 2016 se enfocan en la evaluación de tres dominios fundamentales para las competencias lectoras. Cada uno de ellos informa sobre aspectos clave en el desarrollo de las competencias para leer, comprender lo leído y seguir aprendiendo a través de la lectura. Comenzando por la Apropiación del sistema alfabético, luego la Comprensión lectora y finalmente los Usos sociales de la lengua…”. (Informe Crecer 2016)

La prueba aplicada y sus resultados se plasman en una matriz de resultados o Logros con puntajes que van desde 400 a 1000 puntos y dependiendo de dicho puntaje, el estudiante es ubicado en determinado nivel de Logro que oscila entre lo más elemental de la alfabetización (logros muy bajos o bajos) hasta niveles que superan las metas previstas (logros excelentes), los cuales se representan en las siglas siguientes: L0, L1, L2, L3 y L4.

De un total de 62,195 estudiantes a quienes se les aplicaron las pruebas, los resultados son contundentes en cuanto a los logros alcanzados, a saber:

El 16.3% se ubicó en L0; el 34% en L1; el 37.2% en L2; el 15.1% en L3 y solo el 2% en L4. Estos resultados bañan a todas las regiones educativas del país.

En resumen, el 77.5% de los estudiantes alcanzan solamente Niveles o Logros Elementales, lo cual se puede traducir sin temor a equivocarnos, siempre que se puedan extrapolar los resultados que, hacia los años superiores, la falta de comprensión lectora de un estudiante producto de una formación básica deficiente, no podría aspirar a mucho.

Informe Crecer 2018

Este informe se enfoca en la evaluación de las asignaturas como Español y Matemáticas, igualmente dirigido a estudiantes de Tercer Grado, sin embargo, en esta ocasión la aplicación de pruebas se concentró en la región educativa de Panamá Centro.

Los resultados se muestran en el siguiente cuadro.

5 años después de aplicadas las primeras pruebas destacan resultados más preocupantes, a saber:

L0-L2=82% y L3-L4=18%.

Como afirmé antes, si la comprensión lectora es deficiente en aspectos elementales, cuando el tópico sea más complejo los resultados serán más dramáticos.

En vista de los resultados de pruebas aplicadas a lo interno de nuestro sistema, sin comparativo internacional alguno, a sabiendas de las deficiencias que destacan las mismas, cuáles han sido los correctivos de los actores principales, como el MEDUCA y los gremios docentes, si es que ha habido alguno.

PRUEBAS PISA

Si es para quedar “detrás de la ambulancia” como se dice en el lenguaje hípico, entonces entiendo con creces la decisión de la ministra del ramo de no aplicar las PISA en su segunda gestión como pasó anteriormente.

Estas pruebas estandarizadas para determinados niveles educativos y ciertas materias, nos permiten comparar resultados educativos con el resto del mundo.

Las PISA evalúan las competencias de jóvenes de 15 años en materias como Lectura, Matemáticas y Ciencias.

El Informe Aprenda al Máximo del 2009 resaltaba las deficiencias en las mismas materias que atiende esta prueba y es allí donde, a mi entender, la no aplicación de estas pruebas NO nos permite saber que tan lejos estamos de los mejores y cómo mejorar.

Conozcamos algunos resultados y los avances o retrocesos que muestran las valoraciones obtenidas.

Estos primeros resultados fueron comparados con los análisis realizados en el Segundo (2008) y Tercer (2013) Estudio Regional de Calidad Educativa y se concluía que NO HUBO CAMBIOS SIGNIFICATIVOS.

Profundicemos un poco más en las valoraciones posteriores y confiemos, que los ajustes realizados a lo interno de nuestro sistema educativo, en alguna forma, avizore avances positivos.

A la luz de este cuadro, más que avances hubo retrocesos y me pregunto ¿qué se hizo en el camino para la mejora de nuestros educandos?

Veamos ahora, cómo nos vemos frente al resto de los países que participaron en las últimas pruebas en 2022 y si los avances aparecen o no.

Y como dije párrafos atrás, seguimos detrás de la ambulancia.

Aprendizaje del Comparativo

Estas pruebas que homologan el rendimiento escolar entre quienes aplican a las mismas, independientemente de su país de origen y los recursos de que disponga cada sistema educativo, nos deben permitir rescatar algunas enseñanzas.

“PISA no solo verifica si los estudiantes pueden reproducir los conocimientos, sino que además examina qué tan bien pueden extrapolar lo que han aprendido y aplicar esos conocimientos en entornos no conocidos, tanto dentro como fuera del centro educativo. El anterior enfoque, que se describe con mayor profundidad en el capítulo 2 del informe, refleja el hecho de que las economías modernas recompensan a los individuos no por lo que saben, sino más bien por lo que pueden hacer con lo que saben. Por medio de cuestionarios contextuales distribuidos a estudiantes, padres, directores y docentes, PISA también recopila información sobre el hogar del estudiante, sus aproximaciones al aprendizaje y sus entornos educativos”.

En 2018 participamos nuevamente en las PISA y el ámbito de aplicación se muestra en el siguiente párrafo:

“La prueba PISA 2018 fue aplicada a una muestra de estudiantes que representaba alrededor del 53,5% de la población de jóvenes de 15 años en Panamá. Esta muestra incluyó tanto a estudiantes de áreas rurales como de áreas urbanas, al igual que a estudiantes de centros educativos oficiales y particulares. La prueba PISA 2018 se administró en español en centros educativos oficiales y particulares de las 16 regiones educativas. También se administró la prueba en inglés en algunos centros educativos particulares donde se instruía en dicho idioma. En cuanto a la aplicación, entre julio y agosto de 2018, 6,270 estudiantes de 253 escuelas representando a 58,835 jóvenes de 15 años en Panamá presentaron la prueba, que tuvo 2 horas de duración, en los tres dominios: Lectura, Matemática y Ciencias. También los jóvenes contestaron 4 cuestionarios que reunían información sobre su entorno y sus centros educativos. Los resultados son un producto de los efectos acumulativos de la familia, la comunidad y los recursos escolares en la vida del estudiante”.

Como se puede observar, más que los resultados y el comparativo antes mostrado, existen otras valoraciones que derivan de la aplicación de dichas pruebas y me pregunto nuevamente, ¿Cuánto de estas valoraciones hemos puesto en práctica para mejorar?

El Informe destaca una serie de aspectos que aluden a determinadas Inequidades que rodean los resultados educativos antes vistos, entre los cuales se mencionan al Ingreso familiar y Profesión de los padres, y el centro educativo donde reciben instrucción como condicionantes a los resultados.

El entorno familiar y social incide igualmente en los resultados.

Sin querer hilar más delgado, dicho informe resalta las diferencias educativas por género, áreas urbana y rural, centros educativos oficiales y particulares, etnias indígenas, lenguas, entre otros.

Otra arista importante, es el nivel de grados Repetidos y cómo incide en el educando esta situación.

Como se puede observar, las PISA ofrecen un panorama amplio del sistema educativo interno y una comparación con nuestros pares, por lo tanto, por qué no seguir participando en cada ciclo.

Es por presupuesto o por los malos resultados que no volvemos aplicar.

Reflexiones Finales

En reciente entrevista, ante nuestra futura participación en las pruebas PISA, la titular del ramo decía que “Si con esas pruebas no hacemos nada, no sirve de nada haber estado en las pruebas”.

Y aquí sí concordamos con la ministra de educación. Ya que, si revisamos los resultados y no atacamos nuestras debilidades, la inversión realizada en dicha prueba se convierte en un simple gasto de recursos.

Sin embargo, si el resto de los estudios y pruebas aplicadas y mencionadas en este escrito revelan situaciones a corregir, por qué dichas mejoras no se notan, o es que tampoco hubo interés en utilizar sus resultados para mejorar, si es que algo se ha hecho al respecto.

Algo curioso de estas pruebas es que los resultados apuntan únicamente sobre el aprovechamiento educativo del estudiante, como si el mismo recibiera el conocimiento sin que medie nadie más.

Esto es, como si un estudiante cada vez que ingresa a un aula de clases, por arte de magia, se nutre de los conocimientos de cada materia.

Aprende a leer, a escribir, a razonar solo, sin ayuda alguna.

Pero existe un componente, que, por alguna razón, pareciera soslayarse en dichos estudios, pero que este servidor lo trae al ruedo y es el Personal Docente.

En uno de estos informes, en la sección de Prácticas Pedagógicas, se indicaba que “la Formación Docente en cursos de Educación Continua o Post Grado es Baja”.

En otra sección del mismo informe se indica que “estas pruebas no son determinantes para juzgar el desempeño docente ni de las escuelas”.

Entonces, si estas pruebas no ponen en duda la capacidad del maestro o profesor en el aula de clases, porque es esta variable en la ecuación educativa quién ayuda a formar a un estudiante por medio de la escritura, la lectura y el impulso al razonamiento, entonces ¿el problema es solo estudiantil?

Esta variable, el Docente, quien realmente imparte el conocimiento que debe adquirir un estudiante, NO debe ser cuestionado en cuanto a los resultados en las pruebas internas y en la homologadas internacionalmente.

Pues no lo creo.

Hace un poco más de una década fui invitado como conferencista a un foro sobre perspectivas económicas y en mi intervención mi última filmina, mal escrita con una sutil intención, llamó la atención de la audiencia al punto que la primera pregunta fue dirigida a mi persona sobre qué yo haría con los docentes si tuviera poder de decisión.

Respondí que yo los botaría a todos. Mi respuesta fue tan dura que se sintió el rumoreo en la sala y el moderador sorprendido me dice “cómo es posible, mí mamá es maestra y yo le respondí, la mía igual”.

Ante mi comentario, manifesté que estaba seguro que había muchos maestros y profesores con vocación e interés de honrar su profesión, pero había muchos que debían salir o ser sacados del sistema.

Hoy recordando esta anécdota, creo firmemente que muchos más docentes, no deben estar en el sistema y los resultados así lo comprueban.

Si alguien opina lo contrario a mis afirmaciones, le destaco las últimas investigaciones que adelanta el MEDUCA con los 500 diplomas falsos de docentes, lo cual evidencia lo corrupto del sistema, ya que no solo es un Pseudo docente enquistado sino el administrativo que favoreció su inscripción en el sistema y por ende reluce él juega vivo.

Si no podemos compararnos ante nuestros pares como país, al menos pongamos en práctica acciones que mejoren de verdad las deficiencias que salen a relucir cada vez que hacemos estos estudios.

El mercado laboral lo exige cada vez más, y si los nacionales quedan relegados por falta de competencias a trabajos sencillos y rutinarios, tal cual lo demuestran los niveles o Logros de las pruebas revisadas.

El 30 de marzo de 2026, la Procuraduría de la Administración emite respuesta mediante nota C-049-26^[1]a una consulta realizada por la Magistrada Presidenta del Tribunal Administrativo Tributario, sobre consultas realizadas con relación al pago de la prima de antigüedad a exmagistrados y exservidores públicos del Tribunal Administrativo Tributario.

El análisis inicia con la conceptualización del principio de estricta legalidad, consagrado en el artículo 18 de la Constitución Política, conforme al cual el servidor público solo puede hacer aquello que la ley le permite, lo que constituye un límite al ejercicio de la función pública.

A partir de esta premisa, se distingue entre dos tipos de servidores públicos. Por un lado, los servidores públicos de carrera, que son aquellos que forman parte de las carreras públicas reconocidas por la Constitución o la ley, tales como la administrativa, judicial, docente, diplomática y consular, de ciencias de la salud, policial, agropecuaria y del servicio legislativo, los cuales gozan de mayor estabilidad y se rigen por normas específicas. Por otro lado, se encuentran los servidores públicos que no son de carrera, es decir, aquellos que no pertenecen a dichas carreras, incluyendo los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los nombrados por la Constitución, los que se encuentran en período de prueba, así como los eventuales o temporales, quienes carecen de estabilidad propia y, en muchos casos, dependen de la confianza de sus superiores.

En relación con la prima de antigüedad, la normativa establece que este es un derecho reconocido a los servidores públicos al finalizar su relación laboral con el Estado, siempre que hayan prestado sus servicios de forma continua, sin que sea relevante la causa de terminación del vínculo.

No obstante, existen determinados cargos que la ley excluye de generar directamente este derecho. Sin embargo, dicha exclusión no implica la pérdida del derecho previamente adquirido, ya que el servidor público conserva la prima correspondiente a los años laborados en otros cargos. En estos casos, el cálculo debe realizarse tomando como base el último cargo válido antes de ocupar la posición excluyente.

Finalmente, se determina que la responsabilidad del pago de la prima de antigüedad recae en la última institución en la que el servidor público haya laborado, la cual debe prever y asumir dicha obligación conforme a la normativa vigente.

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[1]Para más información ver: Procuraduría de la Administración. (2026). Nota C-049-26. https://vocc.procuraduria-admon.gob.pa/content/c-049-26

Resumen de la opinión de la Procuraduria:

El 27 de marzo de 2026, la Procuraduría de la Administración emite respuesta mediante nota C-047-26[1] a una consulta realizada por la Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, sobre el régimen de control y rendición de cuentas aplicables a los fondos que determinadas organizaciones sindicales, Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO) y la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI),  reciben en virtud de lo dispuesto en el artículo 1066 del Código de Trabajo;

El análisis inicia con el artículo 76 de la Constitución Política de la República de Panamá, el cual establece que la capacitación sindical debe ser impartida tanto por el Estado como por las organizaciones sindicales panameñas. A partir de este principio se origina el Seguro Educativo, entendido como un impuesto que surge de la facultad tributaria del Estado y que genera una obligación pecuniaria sin contraprestación directa, destinado a financiar el gasto público y promover el desarrollo.

El Seguro educativo corresponde un 5% de los aportes de empleadores, trabajadores y trabajadores independientes, de ese porcentaje, un tercio (1/3) se destina a la educación sindical, el cual hoy es administrado por el Instituto Panameño de Estudios Laborales (IPEL) dependencia del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

Posteriormente, el Decreto Ejecutivo No.78 de 2003 reguló el uso de estos fondos, estableciendo que toda actividad debe estar debidamente planificada, presupuestada y justificada. Además, obliga a las organizaciones sindicales a presentar informes periódicos detallados sobre el uso de los recursos, incluyendo las actividades realizadas, beneficiarios, duración y resultados, acompañados de la documentación correspondiente.

Estos fondos están sujetos a supervisión y auditoría por parte del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y la Contraloría General de la República.

Estos hechos concluyen, que, dichos fondos deben considerarse recursos públicos, debido a que provienen del Presupuesto General del Estado. Por esta razón, su uso debe estar sujeto a principios de control, fiscalización y transparencia, bajo la supervisión de la Contraloría General de la República y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

En consecuencia, tanto CONATO como CONUSI están obligadas a presentar informes sobre el uso y destino de estos recursos ante el Ministerio de Trabajo, justificando documentalmente los gastos realizados.

Asimismo, se establece que el Ministerio tiene la facultad de verificar que los fondos se utilicen conforme a los fines legales, sin afectar la autonomía sindical. En caso de incumplimiento en la rendición de cuentas, el Ministerio puede suspender la entrega de futuras partidas, sin perjuicio de otras acciones legales.

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[1]Para más información ver: Procuraduría de la Administración. (2026). Nota C-047-26. https://vocc.procuraduria-admon.gob.pa/content/c-047-26

Opinión de la Procuraduria:

El 25 de marzo de 2026, la Procuraduría de la Administración emite respuesta mediante nota C-043-26[1] a una consulta realizada por el director del Hospital San Miguel Arcangel, sobre la interpretación y aplicación de los Decretos Ejecutivos que otorgan horas o días de asueto a los servidores públicos por razón de días especiales.

El análisis inicia haciendo referencia al principio de legalidad y al concepto de servidor público. En primer lugar, se destaca que el principio de legalidad implica que toda actuación de la administración pública debe estar sujeta a la ley, por lo que los servidores públicos solo pueden actuar conforme a lo que esta permite. Asimismo, se define al servidor público como toda persona que presta servicios al Estado y recibe una remuneración, incluyendo al personal del sector salud, quienes forman parte de la estructura estatal.

A partir de ello, el documento analiza la interpretación y aplicación de los Decretos Ejecutivos que otorgan horas o días de asueto a los servidores públicos, enfocándose especialmente en el sector salud. La consulta busca determinar si estos funcionarios pueden acogerse a dichos beneficios, considerando la naturaleza continua e ininterrumpida de los servicios que prestan.

En cuanto a los Decretos Ejecutivos, específicamente el Decreto Ejecutivo No. 37 de 2025, se señala que, si bien se ordena el cierre de oficinas públicas y se otorgan horas de asueto en fechas especiales, se establece una excepción para instituciones como las de salud. Estas deben continuar operando con normalidad debido a la naturaleza esencial de sus servicios, por lo que no se acogen al horario especial de cierre.

Sin embargo, el decreto permite que estas instituciones se rijan por sus propios esquemas de trabajo, como turnos rotativos o jornadas extraordinarias, regulados por otras normas como el Decreto Ejecutivo No. 178 de 2019 y el Decreto Ejecutivo No. 330 de 2017. Estas normativas garantizan que el servicio de salud se mantenga de forma ininterrumpida, ajustando los horarios del personal según la demanda y las necesidades del sistema.

Finalmente, se aborda el principio de no discriminación, destacando que los funcionarios del sector salud no deben ser excluidos arbitrariamente de beneficios como los asuetos. No obstante, la diferencia en su tratamiento está justificada por la naturaleza de sus funciones, por lo que no constituye discriminación.

En conclusión, aunque estos servidores tienen derecho en principio a los asuetos, su aplicación depende de los esquemas internos de trabajo que aseguren la continuidad del servicio público de salud.

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[1]Para más información ver: Procuraduría de la Administración. (2026). Nota C-043-26. https://vocc.procuraduria-admon.gob.pa/content/c-043-26

En la vida, existen situaciones que marcan un antes y un después. Una de ellas, sin duda, es la enfermedad de un ser querido. No se trata únicamente de un diagnóstico médico, sino de un evento que transforma la cotidianidad, altera las emociones y reconfigura la manera en que las personas perciben su entorno y a sí mismas.

Quienes atraviesan esta experiencia suelen enfrentarse a un torbellino emocional difícil de nombrar con precisión. La incertidumbre se instala, el miedo aparece de forma constante y la preocupación se convierte en un estado casi permanente. Desde la psicología, se reconoce que estas reacciones no solo son esperables, sino profundamente humanas.

Diversas investigaciones han evidenciado que acompañar a un familiar enfermo puede generar elevados niveles de estrés, ansiedad e incluso síntomas depresivos. Esto ocurre, en gran medida, porque la persona se ve expuesta a una situación que escapa de su control, lo que incrementa la sensación de vulnerabilidad. Además, se produce una especie de duelo silencioso: no necesariamente por la pérdida de la persona, sino por la pérdida de la normalidad, de la estabilidad y de las certezas que antes se daban por sentadas.

A esta carga emocional se suma otro elemento menos visible, pero igual de significativo: la necesidad de mantenerse firme. Muchas personas, aun atravesando momentos de gran dificultad, asumen el rol de sostén emocional. Acompañan, cuidan, resuelven y continúan. Este fenómeno, conocido en la literatura psicológica como la “carga del cuidador”, refleja el peso físico y emocional que implica estar presente para otro mientras se gestionan las propias emociones.

Y, sin embargo, es precisamente en este escenario donde emerge una de las capacidades más notables del ser humano: la resiliencia.

Lejos de ser una cualidad excepcional, la resiliencia es un proceso dinámico que permite a las personas adaptarse frente a la adversidad. No implica ausencia de dolor, ni tampoco fortaleza inquebrantable. Por el contrario, supone reconocer el sufrimiento, transitarlo y, aun así, encontrar la manera de continuar.

Resulta llamativo observar cómo, incluso en medio de la incertidumbre, muchas personas logran seguir adelante. Cumplen con sus responsabilidades, acompañan a sus seres queridos y, de alguna manera, encuentran equilibrio dentro del caos. Este avance no ocurre por negación, sino por una capacidad interna de reorganización emocional que ha sido ampliamente estudiada en la psicología contemporánea.

Factores como el apoyo social, la regulación emocional, las creencias personales y el sentido de propósito juegan un papel fundamental en este proceso. Contar con una red de apoyo permite compartir la carga; expresar las emociones facilita su procesamiento; y encontrar significado en la experiencia contribuye a fortalecer la capacidad de adaptación.

Asimismo, la literatura científica ha identificado un fenómeno conocido como crecimiento postraumático, mediante el cual las personas, tras atravesar situaciones altamente estresantes, desarrollan nuevas perspectivas de vida, fortalecen su carácter y revalorizan aspectos esenciales como las relaciones y el tiempo compartido.

Esto no significa que el proceso sea sencillo. Tampoco que el dolor desaparezca. Significa, más bien, que el ser humano posee una profunda capacidad de transformación, incluso en los momentos más complejos.

Hablar de seguir adelante, en este contexto, no implica ignorar lo que se siente. Implica, por el contrario, validar el dolor, permitirse sentir y, al mismo tiempo, construir formas de sostenerse. El autocuidado, el acompañamiento emocional y la búsqueda de ayuda profesional cuando es necesario, se convierten en herramientas clave para transitar estas experiencias de manera más saludable.

En definitiva, enfrentar la enfermedad de un ser querido es una experiencia que deja huella. Remueve, confronta y transforma. Pero también revela algo esencial: la capacidad humana de resistir, adaptarse y continuar.

Porque, aun cuando el peso emocional es grande, hay algo en las personas que les permite mantenerse de pie. Y es precisamente en ese equilibrio entre la fragilidad y la fortaleza donde se encuentra una de las expresiones más auténticas de la condición humana.

Después de casi dos décadas sin registros, cuatro especies de ranas que se consideraban desaparecidas en Panamá han sido redescubiertas en los bosques montañosos del país. El hallazgo representa una noticia alentadora en medio de una de las crisis más graves que ha enfrentado la biodiversidad mundial: la pérdida masiva de anfibios.

La investigación fue liderada por el biólogo conservacionista Brian Gratwicke, del Smithsonian Conservation Biology Institute, como parte del trabajo del Panama Amphibian Rescue and Conservation Project, una alianza internacional enfocada en rescatar y conservar especies en peligro crítico de extinción.

Una crisis silenciosa en los bosques

Durante los años 2004 a 2009, un hongo devastador —Batrachochytrium dendrobatidis— provocó brotes de quitridiomicosis que diezmaron poblaciones de anfibios en Panamá y el mundo. Decenas de especies desaparecieron localmente, y algunas fueron declaradas posiblemente extintas.

Entre ellas estaba la rana arborícola de extremidades fringidas de Rabb (Ecnomiohyla rabborum), considerada en peligro crítico. Aunque esta especie no fue redescubierta, la búsqueda de su llamado abrió la puerta a un avance inesperado.

Tecnología que escucha lo que el ojo no ve

El equipo desplegó unidades autónomas de grabación en tres localidades de la cordillera central panameña, incluyendo el Parque Nacional Altos de Campana. Estos dispositivos grababan un minuto de sonido cada diez minutos, día y noche.

Gracias a programas de análisis acústico y comparación de patrones, los investigadores analizaron más de 128,000 grabaciones. El resultado fue sorprendente: lograron detectar cuatro especies incluidas en la Lista Roja de la UICN que no habían sido registradas en años.

Entre ellas:

• La rana venenosa de Vicente (Oophaga vicentei), de llamativo color verde metálico y negro.
• La rana cohete de Boquete (Silverstoneia nubicola).
• La rana arborícola coronada (Triprion spinosus).
• La rana arborícola de extremidades fringidas de Veragua (Ecnomiohyla veraguensis).

En particular, se registraron más de 400 llamados de la rana venenosa de Vicente, que se creía extinta en esa región.

Además, el monitoreo reveló datos nuevos sobre el comportamiento de las especies. Por ejemplo, la rana cohete de Boquete canta principalmente al amanecer y al atardecer, lo que explica por qué pudo haber pasado desapercibida en estudios anteriores.

Señales de recuperación

Los resultados indican que las comunidades de anfibios en las áreas estudiadas muestran signos de recuperación parcial. Actualmente se registran en promedio seis individuos por cada 100 metros de transecto evaluado. Aunque esta cifra sigue por debajo de los niveles previos al brote de 2006, representa una mejora significativa.

El hongo aún persiste en el ambiente —infectando aproximadamente al 21% de los anfibios evaluados—, pero algunas especies parecen estar desarrollando resistencia, lo que abre una nueva ventana de esperanza para su supervivencia.

Conservación activa y cooperación internacional

El Panama Amphibian Rescue and Conservation Project es una iniciativa conjunta del Smithsonian’s National Zoo and Conservation Biology Institute, el Smithsonian Tropical Research Institute, el Cheyenne Mountain Zoo y Zoo New England.

El estudio fue publicado recientemente en la revista científica Frontiers in Amphibian and Reptile Science, bajo el título “Rediscovery of frogs of conservation concern in Panama using passive acoustic monitoring and pattern-matching analysis”.

Un mensaje de esperanza

En un contexto global donde los anfibios son uno de los grupos animales más amenazados del planeta, este redescubrimiento no solo representa un logro científico, sino también un recordatorio de que la naturaleza puede recuperarse cuando existen esfuerzos sostenidos de conservación.

Escuchar nuevamente los cantos de estas ranas en los bosques panameños no es solo un dato técnico: es una señal de resiliencia ecológica y una invitación a redoblar los esfuerzos para proteger nuestro patrimonio natural.

El gobierno de Panamá, a través del MEF, ha intensificado en 2025 su apuesta por un modelo de gestión del riesgo de desastres más robusto, integral y preventivo. Esto quedó de manifiesto durante el Diálogo Regional de Políticas sobre Gestión del Riesgo de Desastres 2025, celebrado los días 2 y 3 de diciembre en Ciudad de Panamá bajo el lema “Preparados y Resilientes en las Américas”.

Antecedentes y contexto

En marzo de 2025, el MEF —junto al Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC)— organizó un taller denominado Taller de Gestión de Riesgos Panamá 2025, con el objetivo de capacitar a funcionarios de diversas entidades estatales en planificación, evaluación de inversiones públicas e incorporación del análisis de riesgo de desastres.

Además, en septiembre, el país dio otro paso importante: implementó una póliza catastrófica y un marco de gestión financiera del riesgo de desastres, con mecanismos como líneas de crédito contingente, seguros paramétricos y un fondo de respaldo presupuestario. Este instrumento permite una respuesta rápida ante emergencias, reduciendo el impacto sobre las finanzas públicas y protegiendo infraestructura crítica.

Qué plantea el MEF actualmente

Durante el diálogo regional de diciembre, el viceministro de Finanzas subrayó la urgencia de adoptar una estrategia de “pasivos contingentes” —es decir, mecanismos financieros que permitan al Estado anticipar compromisos, proteger inversiones públicas y asegurar resiliencia ante eventos naturales vinculados al cambio climático.

Ese enfoque implica no solo tener planes de emergencia, sino integrar una visión preventiva desde la planificación presupuestaria: anticipar riesgos, asignar recursos con criterios de resiliencia, priorizar proyectos con evaluación de riesgo, y garantizar que la infraestructura crítica —vial, sanitaria, de servicios— esté preparada para enfrentar fenómenos extremos.

Liderazgo regional y diálogo interinstitucional

El MEF no está solo: a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se promueve un enfoque regional de cooperación en gestión del riesgo. Durante el diálogo participan representantes de múltiples países, organismos multilaterales, sociedad civil y sector privado, con el fin de compartir experiencias, buenas prácticas y coordinar respuestas ante desastres.

Ese trabajo conjunto marca a Panamá como un referente regional en resiliencia y adaptación, potenciando una política pública basada en la prevención, la ciencia y la cooperación internacional.

Importancia para la población y la economía

Invertir en resiliencia tiene un doble beneficio: protege vidas y reduce costos futuros. Según autoridades y organismos internacionales, cada dólar invertido en prevención puede ahorrar varios dólares en costos de recuperación. (Declaraciones hechas en el foro, recogidas por medios nacionales).

Para Panamá, esto significa:

• Preservar infraestructura crítica — carreteras, puentes, hospitales, reservas hídricas — vulnerable a fenómenos climáticos.
• Reducir la presión sobre el presupuesto estatal ante emergencias inesperadas.
• Ofrecer seguridad y estabilidad a comunidades vulnerables, especialmente en zonas rurales o de riesgo.
• Generar confianza para inversión pública y privada, al demostrar un enfoque responsable, sostenible y preparado.

Hacia una política sostenible y de largo plazo

El plan del MEF es ambicioso: no solo atender lo inmediato, sino transformar la planificación pública. Con herramientas como la póliza catastrófica, la inclusión del riesgo en proyectos de inversión, el fortalecimiento de capacidades institucionales y la cooperación regional, Panamá aspira a reducir su vulnerabilidad y adaptarse al cambio climático de manera estructural.

Este giro hacia la resiliencia representa una apuesta estratégica por el bienestar social y la estabilidad económica del país. En tiempos de incertidumbre global, la prevención es más que una opción: es una necesidad.

Referencias:

Ministerio de Economía y Finanzas. (2025, diciembre 3). Panamá acoge el Diálogo Regional de Políticas sobre Gestión del Riesgo de Desastres 2025: “Preparados y Resilientes en las Américas”. https://www.mef.gob.pa/2025/12/panama-acoge-el-dialogo-regional-de-politicas-sobre-gestion-del-riesgo-de-desastres-2025-preparados-y-resilientes-en-las-americas/ mef.gob.pa

Ruíz, N. (2025, diciembre 4). MEF refuerza estrategia financiera ante riesgos de desastres. Telemetro. https://www.telemetro.com/economia/mef-refuerza-estrategia-financiera-riesgos-desastres-n6062800 Telemetro

Ministerio de Economía y Finanzas & Sistema Nacional de Protección Civil. (2025, marzo 31). Efectúan taller de Gestión de Riesgos Panamá 2025. https://www.mef.gob.pa/2025/03/efectuan-taller-de-gestion-de-riesgos-panama-2025/ mef.gob.pa

Ministerio de Economía y Finanzas. (2025, septiembre 4). Panamá fortalece su resiliencia financiera con póliza catastrófica y una gestión fiscal responsable. https://www.mef.gob.pa/2025/09/panama-fortalece-su-resiliencia-financiera-con-poliza-catastrofica-y-una-gestion-fiscal-responsable/ mef.gob.pa

Panamá América. (2025, octubre 15). Panamá y el marco estratégico en gestión riesgo de desastres. https://www.panamaamerica.com.pa/sociedad/panama-y-el-marco-estrategico-en-gestion-riesgo-de-desastres-1254289 Panamá América

Ministerio de Economía y Finanzas. (2025, octubre 22). Panamá lidera esfuerzos regionales en resiliencia y gestión del riesgo de desastres. https://www.mef.gob.pa/2025/10/panama-lidera-esfuerzos-regionales-en-resiliencia-y-gestion-del-riesgo-de-desastres/ mef.gob.pa

En el hospital Gustavo Nelson Collado, en Chitré, provincia de Herrera, apenas cinco anestesiólogos cubren toda la atención quirúrgica. Todos se acercan a la edad de jubilación. Cada cirugía es un acto de equilibrio entre la vida de los pacientes, la presión del personal limitado y la infraestructura que, por sí sola, no puede garantizar atención.

Paulino Vigil De Gracia, jefe del Departamento Nacional de Docencia e Investigación de la CSS, explica que este escenario no es exclusivo de Chitré. “En áreas apartadas, la carencia de especialistas refleja un problema estructural que también afecta a otras regiones del país”, afirma. La falta de personal no es solo una cifra; es un riesgo directo para los pacientes que esperan atención quirúrgica y especializada.

Para entender la magnitud del déficit, la CSS evalúa varios factores: población, ubicación geográfica, especialistas en servicio, quienes están en formación y los próximos a jubilarse. Esta planificación revela vacíos críticos no solo en zonas apartadas, sino también en provincias centrales y en la ciudad capital, donde la expansión de hospitales ha elevado la demanda de anestesiólogos y cardiólogos.

En 2025, la CSS abrió 187 plazas de especialidades y subespecialidades, un 20% más que en años anteriores, pero solo 137 fueron ocupadas, quedando 50 vacantes. La razón no siempre es la falta de recursos; muchos médicos jóvenes rechazan trasladarse a áreas donde más se les necesita, prefiriendo permanecer en ciudades con mejores condiciones laborales o combinando su salario básico con turnos adicionales.

La anestesiología representa la necesidad más apremiante. Este año, 19 médicos iniciaron su residencia en anestesiología, sumando junto con cohortes anteriores más de 60 especialistas en formación. Sin embargo, quienes ingresaron en 2025 solo estarán disponibles en 2029, tras completar los cuatro años de preparación que exige la especialidad.

En cardiología la situación también es crítica. Durante el primer concurso del año, se ofertaron 3 plazas y ninguna fue ocupada. En la segunda etapa, de agosto a septiembre, se abrieron ocho plazas entre el MINSA y la CSS, pero solo cinco médicos se postularon. Los primeros cardiólogos de esta nueva generación estarán disponibles en octubre de 2028.

Formar un especialista es una inversión de tiempo significativa. Para ser oncólogo, un médico necesita cinco años de cirugía más la especialidad; para cardiología, tres años de medicina interna y tres más de cardiología. Muchos jóvenes médicos consideran que este compromiso de tiempo y esfuerzo representa un obstáculo frente a alternativas más rápidas y económicamente atractivas.

“La formación de especialistas no solo depende de abrir plazas; necesitamos atraer y motivar a los médicos jóvenes”, asegura Vigil De Gracia. Muchos prefieren quedarse como generales, combinando su salario básico con turnos adicionales en lugar de invertir seis o siete años más en especialización.

Para garantizar que los médicos formados con recursos de la CSS trabajen en zonas de difícil acceso, la institución establece contratos que incluyen sanciones económicas que van de $60,000 a $120,000, según la especialidad y los años de formación.

Por ejemplo, un internista que completa tres años de residencia debe trabajar seis años en la región asignada. Un ginecólogo, tras cuatro años de formación, tiene un compromiso de ocho años. Aunque la mayoría continúa trabajando en la institución más allá de este período, ya no existe obligación contractual. El objetivo de estas medidas no es recuperar dinero, sino garantizar que la población tenga acceso a especialistas.

Panamá cuenta con 7,314 médicos, lo que equivale a 1.7 profesionales por cada mil habitantes, ligeramente por encima del estándar recomendado por la OMS (1.6). Sin embargo, esta cifra oculta desigualdad regional: la mayoría de especialistas se concentra en áreas urbanas, dejando zonas apartadas sin la cobertura necesaria.

Además, el envejecimiento del personal agrava el déficit. Si se aplicaran las edades de jubilación, 57 años para mujeres y 62 para hombres, el 60% de los especialistas actuales deberían retirarse, lo que generaría un caos en la atención médica si no se han formado reemplazos a tiempo.

La propuesta de abrir centros de salud y policlínicas 24 horas ha generado debate. Vigil De Gracia advierte: “No es que sea malo; es excelente para la población, pero con la cantidad de médicos disponibles hoy sería crear más deficiencia”.

Actualmente, la atención continua es viable solo en hospitales de tercer y cuarto nivel. Extender este modelo a todos los centros de salud requeriría médicos, enfermeras y técnicos suficientes, un desafío que la CSS encara junto con la necesidad de mantener la calidad de atención.

A pesar de los desafíos, Panamá sigue formando especialistas y subespecialistas, consolidando un proceso que depende de planificación, motivación, distribución territorial e infraestructura. Abrir plazas sin aspirantes no resolverá el déficit; la solución requiere un enfoque integral: motivar a los jóvenes, asegurar su formación y garantizar que trabajen donde más se necesitan.

Cada cirugía realizada, cada paciente atendido es un recordatorio de que detrás de los números hay historias de sacrificio, compromiso y la urgencia de planificar. En un país donde un latido puede depender de la disponibilidad de un cardiólogo o un anestesiólogo, la formación de especialistas no es solo un reto institucional: es un asunto de vida o muerte para miles de panameños.

Fuente: https://www.prensa.com/sociedad/falta-de-medicos-especialistas-cardiologos-y-anestesiologos-los-mas-necesitados/