El Parque Summit, espacio natural de aproximadamente 50 hectáreas de extensión, lanza un libro guía sobre el jardín y refugio que conservan, con el nombre “Guía del Parque Summit, 100 Años de Conexión con el Mundo Natural” y tiene como autores a los escritores: Charlotte Elton, Alicia Ibáñez, Marianne Akers, y Jorge Ventocilla. El propósito que tiene este instructivo es dar a conocer la historia de este asombroso lugar que esta caracterizado por ser un espacio para caminar, recreación para niños, disfrutar de un picnic o simplemente conocer las numerosas especies que alberga.
Presentan un resumen de su historia, llamándolo así: 100 años de conexión con el mundo natural, donde sintetizan el resultado de cien años de arduo trabajo junto a los fundadores, botánicos, veterinarios, naturalistas, jardineros, paisajistas, viveristas y muchos más profesionales. En 1923 fue creado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, con el propósito de examinar las plantas autóctonas de Panamá y de otras regiones tropicales, las cuales ingresaron al país a través del Parque Municipal. Después de muchos estudios, siembras y posteriormente recibimiento de animales para refugiar, los años pasaron y con los Tratados del Canal de Panamá las cosas cambiaron, poniendo fin de manera formal a la zona del canal y así también el parque fue transferido a la administración del Municipio de Panamá.
La guía es amigable para el lector, contiene una estructura clara, con textos simples y bien explicados incluso para aquellos sin conocimientos previos sobre este espacio natural. Cuenta con un índice con secciones que describen la historia del parque en sus inicios como un bosque renaciendo tras ser una finca que se utilizaba como granja avícola para los comisariatos de la Zona. Enfocan el papel de Summit en el cultivo de plantas de importancia estratégica para el uso civil y militar y también como posteriormente los paisajes del parque influyeron en los panoramas urbanos de Panamá. Por supuesto, también en este instructivo encontraremos descripciones acerca de los animales que refugian destacando la importancia de identificar Summit como un santuario para animales silvestres heridos, abandonados, decomisados por tráfico, los cuales reciben atención de especialistas y pocas veces pueden ser liberados porque a algunos se les dificulta su reintegración en la naturaleza y no pueden defenderse adecuadamente contra predadores, por lo que muchos expertos consideran que la mejor opción es trasladarlos a santuarios para garantizar su bienestar.
Los autores de esto libro nos incitan a ser mas respetuosos con la naturaleza y sus habitantes, de los cuales compartieron escritos e imágenes que describen animales como jaguares, monos, aves, reptiles y otros. El parque también alberga a nuestra Ave Nacional, el Águila Harpía, declarada en el 2002 según la Ley 18 del 10 de abril de 2002, en la guía nos explican que según informes del Ministerio de Ambiente indican que la provincia de Darién en conjunto con el Parque Nacional Chagres y el Bosque Protector de Palo Seco, son las regiones que más población de águilas harpía concentran.
También destacaron una sección para los profesionales del parque, cada uno desempañando roles claves para garantizar el bienestar de animales, salud de las plantas, así como también la experiencia de cada uno de los visitantes. Colaborando armoniosamente cuentan con escritos en los que destacan la importancia de los veterinarios, botánicos, viveristas y guías.
Una mención y felicitación a los fotógrafos y editores de la guía, el libro cuenta con abundantes imágenes ilustrativas de alta calidad que acompañan cada descripción de plantas, arboles, animales y hasta los profesionales que acompañan en el refugio. Las ilustraciones no solo son visualmente atractivas, sino que también ofrecen una descripción detallada y clara de cada especie, enriqueciendo así la experiencia para el lector con un enfoque visual que facilita la compresión y la apreciación de la diversidad del parque.
Esta obra no solo sirve como herramienta informativa, sino también desempeña un papel crucial en la concienciación sobre la importancia de la conservación de nuestro ecosistema. Las historias y conocimientos compartidos por profesionales y las imágenes detalladas resaltan lo frágil que puede ser nuestro ambiente y la necesidad de cuidarlo. Para aquellos comprometidos con la preservación del medio ambiente, en esta guía también hallarán una fuente de inspiración para el reforzamiento de las labores que tenemos como seres humanos al tener una vida armoniosa con la naturaleza y que somos pilares fundamentales en ello. La conservación en el Parque Summit no solo protege el patrimonio natural de la región, sino que también contribuye al entendimiento global de la importancia de la biodiversidad y la necesidad de vivir en armonía con nuestro entorno.
La recaudación es muy importante, pero… ¿Y la protección de datos?
escrito por Ivana Herrera | febrero 17, 2024
Actualmente, uno de los temas más controvertidos es sobre la protección de datos y la recaudación de impuestos por parte de la Dirección General de Ingresos (DGI), el pasado 3 de enero de 2024, nuevamente fue elevado a consulta por el Director General de Ingresos a la Procuraduría de la administración el sentido del último párrafo del artículo 21 del Decreto de Gabinete No.109 de 1970, modificado por el artículo 33 de la Ley 49, en torno a la publicación de los saldos en condición de morosidad que corresponden a créditos a favor del Tesoro Nacional, en concordancia con la facultad exclusiva de ejercicio activo en favor del Tesoro Nacional.
En la cual la Procuraduría, indicó en su opinión que el último párrafo del artículo 21 del Decreto de Gabinete No.109 de 1970, modificado por el artículo 33 de la Ley 49, contiene la excepción al principio de confidencialidad de la información tributaria establecido en el Artículo 722 del Código Fiscal, en torno a la publicación de los saldos en condición de morosidad que corresponden a créditos a favor del Tesoro Nacional para aquellos impuestos, tasas, contribuciones y rentas de carácter interno de su competencia.
Respecto a la solicitud de aclaración, indican que, en el segundo numeral de sus conclusiones, hace referencia a los artículos 1 y 21 del Decreto de Gabinete No.109 de 7 de mayo de 1970, siempre y cuando no se vulnere el derecho humano a la intimidad y la privacidad, consagrados en la Ley No. 6 de 2002 y la Ley No. 81 de 2019.
El sustento a este criterio es basado en el Principio de Legalidad y el Principio del Debido Proceso, en el principio de la legalidad el servidor público solo puede hacer lo que la ley le permite, en cuanto al Principio de Debido Proceso que está consagrado en el artículo 32 de la Constitución Política, como principio fundamental para la protección de los derechos individuales frente al ejercicio arbitrario del poder estatal.
Si bien el criterio del Procurador indica que siempre y cuando no se vulnere el derecho humano a la intimidad y la privacidad, ciertamente de realizarse, como lo indica el art.21 del Decreto de Gabinete 109 de 7 de mayo de 1970, que indica lo siguiente:
“No obstante lo anterior, los saldos de impuestos que resulten a pagar que se encuentren en estado de morosidad por más de doce (12) meses luego de su causación serán difundidos y publicados ampliamente por la Dirección General de Ingresos en un periódico de la localidad, con el nombre y Registro Único del Contribuyente responsable del pago, independientemente de los cargos moratorios de que trata el artículo 1072-A del Código Fiscal.”
La parte subrayada nuestra, indica que se estaría indicando el nombre de la persona jurídica o natural que está en mora y el Registro Único del Contribuyente (RUC), si bien no hay ningún problema cuando es una persona jurídica, lo contrario pasaría si es una persona natural, dado que el RUC de las personas naturales es la cédula de identidad personal de las mismas.
La ley 81 de 2019 describe en su numeral 9, artículo 4 a un dato personal como cualquier información concerniente a personas naturales, que las identifica o las hace identificables; la cédula de identidad de una persona es utilizada para la identificación de un particular, siendo está considerada como un dato personal, dando así la violación de la intimidad y la privacidad.
Por otro lado, la publicación del nombre de una persona, pero sin ninguna característica que lo identifique como la persona puede ser posible, no es lo mismo decir, el Señor “Juan Pérez”, probablemente existan cinco (5) personas con el mismo nombre y apellido, sin embargo, al momento de indicar el Señor Juan Pérez con cédula de identidad No. 8-88-888, esta persona automáticamente es reconocida por este dato personal.
En esta misma línea, una idea para que se dé la publicación de dicha manera, es advertir a todos los contribuyentes que estén en mora con una notificación al correo electrónico e indicarles que se estaría publicando su nombre sin su RUC de ser persona natural con el monto de la mora.
En efecto, una de las principales labores de la Dirección General de Ingresos es la recaudación de dineros para realizar las gestiones de los gobiernos y su buen funcionamiento, pero en aras de lograr dicha labor queda en suspicacia los métodos utilizados para ello, sirve como otro ejemplo la búsqueda de extender el cobro del impuesto sobre la renta a todos aquellos que hayan incrementado su patrimonio por medios ilegales, independientemente de las otras sanciones legales que le correspondan por cometer actos ilícitos, que si bien está tipificado en los artículos 695 y 696 del Código Fiscal, también se indica que el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Economía y Finanzas, establecerá las normas reglamentarias para la aplicación de los principios contenidos en el Artículo 696; si bien es una buena idea, falta la reglamentación para la implementación de la misma. Se debe seguir el debido proceso para hacer cumplir las normas.
Más que objetar la publicación, se debe reflexionar la modificación a la norma que data del año 1970, para la publicación de los nombres morosos, indicando en ella que se podría dar la publicación con la excepción de tratarse de una persona natural, donde no se indique el RUC de la misma, solamente nombre y monto.
Es primordial que, con el avance de las tecnologías, (que en este caso abarca el tema de los datos personales), se den cambios a nuestras legislaciones para que no queden obsoletas o queden en controversia una de las otras.
Contrastes ambientales: Ciudad de Panamá y San Francisco en la gestión de residuos
escrito por Caroline Moseley | febrero 17, 2024
La Ciudad de Panamá amaneció con una gran capa de humo tras un masivo incendio registrado en Cerro Patacón el 18 de enero en horas de la tarde y este es uno más que se añade a la numerosa lista de incendios en el vertedero, este problema es una representación de la ineficiencia de la gestión de los residuos. A pesar de ser un país pequeño en comparación de otros de Latinoamérica, representa a unos de los que más genera residuos plásticos, produciendo la capital más de 34,000 toneladas de desechos por mes y solo el 5% es reciclado, así lo deja saber CGTNAmérica.
La crisis ambiental por la que atraviesa el país es un indicio de la urgencia de realizar cambios, se observan vertederos incendiándose y emanando gases tóxicos que afectan salud, costas, mares y ríos inundados de plástico y residuos y una ciudad necesitada de educación ambiental.
Si bien en los últimos años el medio ambiente ha sido un tema de interés para muchos como los son numerosos grupos de ambientalistas dedicados a actividades como la limpieza de playas y la construcción de estructuras de reciclaje, e incluso empresas más grandes como Marea Verde, que según Sandra Watemberg (directora ejecutiva) para CGTN América, han retenido 13,000 libras de desechos gracias a B.O.B, una barrera flotante que atrapa los desechos llevados por el cauce del río, evitando que alcancen la costa y, por ende, los manglares. Se debe mencionar que estas iniciativas son de ayuda para evitar la contaminación y aumentar la visibilidad del problema, sin embargo, no corresponde la solución definitiva a esta crisis. Ante esta perspectiva, es necesario que los gobernantes y profesionales trabajen en conjunto para desarrollar políticas ambientales sólidas, invertir en infraestructuras adecuadas para reciclaje y sobre todo monitorear y promover la educación y responsabilidad ambiental en la sociedad.
Por otro lado, San Francisco-California se establece como un modelo para otras ciudades sirviendo de inspiración para que diferentes países adopten iniciativas similares. El Estado ha alcanzado un logro significativo al encaminarse hacia la eliminación total de vertederos, logrando desviar y gestionar el 80% de sus desechos. Según Utopía Urbana, un 58% de los desechos en el mundo son orgánicos, solo el 1% de estos se aprovecha y distribuye adecuadamente. Entonces, ¿cómo ha logrado el Estado de California establecer un eficiente sistema de disposición y convertirse en líder con la mejor tasa de reciclaje en Estados Unidos?
Un paso importante fue aprobar la ley que obligaba a los residentes y dueños de negocios a separar los desechos en tres categorías. Verde para residuos orgánicos, azul para el reciclaje y negro para lo que va al vertedero, sin embargo, este último sería escaso debido a que la mayoría de desechos se pueden reciclar o compostar por lo que se incita a que se reduzca el consumismo y se recurra a la reutilización.
Recology, una empresa privada de recolección de desechos, ha respaldado la causa del Estado californiano al proporcionar servicios de recolección, reciclaje y gestión de vertederos a clientes residenciales y comerciales en regiones de San Francisco y también en Oregón y Washington. Según El País, diariamente se recogen 650 toneladas de desechos orgánicos en San Francisco, los cuales son llevados a las instalaciones de la compañía para ser triturados y analizados en busca de materia no orgánica, como el plástico. De acuerdo con la información suministrada en el sitio web de Recology, cuentan con una tecnología que clasifica automáticamente tres tipos comunes de plásticos con un sensor de infrarrojos: duro, transparente y coloreado. El sensor registra el tamaño, la forma, la estructura y la posición del plástico en la línea de clasificación y, una vez identificado, golpea el plástico con una fuerte bocanada de aire y lo envía al contenedor de recolección de plásticos correcto. Luego, un sistema de tuberías ayuda a filtrar los gases de efecto invernadero producidos por microbios en la composta, los cuales son perjudiciales para el medio ambiente. En 2013, la compañía ecológica se asoció con G2 Energy (la cual se formó con el propósito de desarrollar la generación de energía eléctrica a partir de metano en vertederos) para instalar un sistema de captura de gas. Este sistema extrae el gas metano generado por el vertedero y lo convierte en electricidad para alimentar hogares y negocios cercanos. El gas metano que se bombea se envía a una instalación de conversión de energía operada por G2 Energy. El ciclo se cierra al vender la composta procesada agricultores de California y Oregón para cultivar desde frutas y verduras hasta flores y plantas.
La combinación de procesos de reciclaje y compostaje, fortalecimiento de regulaciones ambientales, desarrollo de infraestructuras de reciclaje y compostaje, respaldados por una educación continua y una colaboración estrecha entre el sector público y privado, puede generar un impacto significativo. Esta correlación de esfuerzos no solo constituye un ejemplo a seguir, sino que también representa una efectiva respuesta conjunta para abordar la crisis ambiental. Al trabajar de la mano, podemos lograr avances significativos y mitigar los desafíos medioambientales que afectan a todos por igual.
Palma Talipot: El ciclo de vida único
escrito por Caroline Moseley | febrero 17, 2024
La palma talipot es una de las palmeras más grandes del mundo, ya que la mayoría supera una altura de 24 metros y su tronco mide alrededor de 1 metro. Pero, ¿qué hace tan especial a esta palma?
Lo especial radica en su florecimiento. La Corypha umbraculifera, originaria de la India y cuyo nombre se debe a que simula una corona y un paraguas al mismo tiempo, fue introducida en Panamá por los estadounidenses durante la época en que residían en las bases de la «zona canalera». Según expertos, tarda entre 50 y 60 años en desarrollar alrededor de 12 millones de flores; otros indican que vive entre 30 y 80 años antes de florecer. Después de la polinización, las frutas tardan otro año en madurar, y posteriormente la palma muere. Este ciclo único desarrolla un interés popular, convirtiéndola en una especie que captura la atención y admiración de quienes la contemplan.
Esta planta requiere riegos frecuentes y suelos fértiles, además de mucho espacio para su crecimiento. Sus hojas están compuestas por numerosas espinas que no es necesario podar.
En este verano, actualmente está floreciendo una palma en frente a la antigua escuela primaria de Balboa, Edificio 710. Según supersticiones panameñas, muchos creen que ver esta palma florecer es un presagio de la buena suerte.
El abogado Diego Gosis, con basta experiencia en disputas de arbitraje internacional, explica el panorama legal del Estado ante una eventual disputa con Minera Panamá y cómo debe producirse el plan de cierre.
El gato de Schrödinger refiere a un experimento hipotético de los años 30s que refiere a un gato que se encuentra dentro de una jaula de metal cerrada, con un plato de veneno adentro. Desde el punto de vista científico el gato está al mismo tiempo vivo y muerto. Todo depende si se comió o no el veneno, pero al estar cerrada la caja, es imposible saberlo.
Diego Gosis, abogado especialista en temas de arbitraje de inversión y comercial que ha representado a su país en más de 50 disputas internacionales, y más de 100 casos de arbitraje en su hoja de vida, aplica la analogía del gato de Schrödinger al contrato minero suscrito entre el Estado y Minera Panamá, subsidiaria de First Quantum.
La ley 406 que contiene el contrato fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia (CS) el pasado 28 de noviembre.
Luego del pronunciamiento de la justicia, llovieron como cascadas cientos de preguntas sobre cómo debe cerrarse la mina, quién debe hacerlo y por tanto, pagarlo, y además, el Ministerio de Comercio e Industrias recibió dos notificaciones de la mina sobre procesos en contra del Estado panameño.
Un arbitraje para hacer cumplir sus derechos conforme lo establecido en el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Panamá, y el segundo ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, para iniciar un arbitraje con sede en Miami, Florida para proteger sus derechos bajo el acuerdo de concesión de 2023 que el gobierno de Panamá firmó a principios de este año con la empresa.
“Hay un inversionista de Corea que presentó un arbitraje, y otros dos inversionistas canadienses que dicen tener un contrato o son directamente accionistas de Minera Panamá, además del accionista primario que es First Quantum”, dijo a La Estrella de Panamá una fuente vinculada al tema.
Gosis explicó a La Estrella de Panamá que “el contrato está como el gato de Schrödinger: el contrato está, pero la ley que lo aprobó fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia”.
Por lo tanto, el efecto que se le quiera dar a esa inconstitucionalidad, “todavía está debajo de la tapa de la jaula del gato de Schrödinger”.
El especialista se refiere, precisamente a la cantidad de obligaciones plasmadas en el contrato por el operador de la mina que en un inicio, al firmar el contrato, estaban planteadas de una forma, pero que al terminar por otra vía, habría que ver dónde están reguladas.
Cualquier arreglo medianamente malo es mejor que cualquier litigio medianamente bueno.
En este sentido, la CSJ indicó que se dictó una norma que no se tenía que haber dictado, pero no que el inversor incumplió el contrato. “¿El inversor dónde queda? Si el Estado incumplió sus deberes accionando una ley inconstitucional va a tener que ver los perjuicios que le causa al inversor. Hay que analizar, eso sí, si esta inconstitucionalidad está de la mano con ilegalidades de la empresa. Hay muchas piezas móviles en el tablero”, planteó.
DISPUTA INTERNACIONAL
Los reclamos contra Panamá, según Gosis, tal vez no se limiten a los que interponga la mina per sé. Pueden venir de los accionistas de ésta y otras compañías que tienen intereses en la mina pueden estar protegidas por uno o más Tratados de Libre Comercio o de Protección de Inversiones suscritos por Panamá.
Este tipo de procesos de arbitraje tienen un plazo de negociaciones entre las partes.
Primero se notifica sobre la disputa y se abre un canal de resoluciones de controversia para intentar llegar a un acuerdo. De no lograrlo, se acude al arbitraje. Son procesos “terriblemente caros y largos”.
Lo que él recomendaría a su cliente es que se siente a negociar y analizar la situación.
“Cualquier arreglo medianamente malo es mejor que cualquier litigio medianamente bueno. Sobre todo, porque el hecho de la existencia de estas disputas enrarece el clima de negocios, encarece el costo financiero de la deuda soberana, y causa la recesión de inversión extranjera directa”.
De acuerdo con Gosis, los costos legales del Estado pueden ser de entre $3 millones a $6 millones dependiendo de la complejidad del caso. La minería requiere datos técnicos para cuestión de daños, metalurgia, economía, mercados financieros, eso hace que vayan subiendo los costos de la representación.
Pero esa cantidad representa sólo el 0,1% de lo que puede pedir la mina en compensación de la inversión.
“Entonces esa empresa probablemente va a reclamar algo que sea como el valor del mercado de ese proyecto minero basado en la inversión de $10 mil millones pensando en recuperarlos y obtener una ganancia a lo largo de un periodo de 40 años que implicaba la concesión.
Es muy probable que usen algún múltiplo de los $10 mil millones que dicen haber invertido”, opina Gosis.
Eso no significa que Panamá tendrá que pagar los multimillonarios montos. “Si el tribunal entiende que esa inversión era completamente injustificada, el monto tenderá más al cero que a esos millones”, dice el abogado.
Además, el experto agrega al debate otro ingrediente: la legalidad o no de la inversión.
Es una consideración importante – añade – “porque en el derecho de las inversiones se parte de la premisa de que las inversiones ilegales no pueden acudir a los arbitrajes internacionales. “Los tratados no protegen inversiones realizadas ilegalmente. Puede que sea legal pero injustificada. En ese sentido habrá jurisdicción pero puede o no existir un reclamo con mérito para ser tratada en un arbitraje, y los daños pueden ser mucho menores que las inversiones realizadas”, explica Gosis
¿Qué quiere exactamente decir una inversión ilegal?
Por ejemplo, responde Gosis: “si hubo sobornos de por medio para firmar el contrato; si alguien que no debió firmar un documento lo haya hecho: si se hicieran promesas para celebrar el contrato y éstas fueran demostrablemente falsas. O si se haya dicho que la inversión sería de cierta cantidad y no tenía como conseguir el dinero legalmente”.
Hay muchas fórmulas que se pueden emplear para evitar un pleito gravoso. Tal vez en los acercamientos no se logre resolver la totalidad de las demandas, pero se reconozcan ciertas inversiones realizadas en beneficio para Panamá y haya una adquisición voluntaria por Panamá de algunos activos de la mina y se establezca el marco de la disputa. Eso ayuda a que no siga el arbitraje y que de llegar, se resuelva más rápido.
A criterio de Gosis, lo primero que tiene que decidir Panamá es saber qué va hacer con la mina, “si lo declara en un parque temático o levanta posteriormente la moratoria de la actividad que se transformó en un problema social, ahí hay que repensar el proyecto minero”.
¿Quién limpia?
Este tema es precisamente al que se refiere el especialista sobre la existencia del contrato, puesto que el texto plantea la responsabilidad del operador al respecto.
Para sacar gramos de cobre se requiere explotar toneladas de piedra que deben luego almacenarse en lo que en términos mineros se les conoce como ‘colas’ o ‘escombreras’. Toda esa tierra con piedra y agua se debe depositar en un lugar especialmente cuidado para que los materiales no terminen penetrando a los acuíferos
“El protocolo de cierre lo puede hacer el Estado, la empresa o un tercero contratado por cualquiera de ambos. O el próximo minero que se encargue de la mina”, sugiere Gosis.
La inconstitucionalidad de la ley no da respuesta a este problema porque se debe hacer o bajo el contrato o el Código Minero panameño.
Aquí viene el dilema que plantea el abogado especialista. “Si se siguen las cláusulas de cierre quiere decir que el contrato existió, pero las causas que lo generaron dejaron de existir. Pero, ¿se reconoce el texto por el tiempo que estuvo vigente? No lo sé.
Son caminos regulatorios distintos. ¿Cuál de estos se sigue? depende de la disputa. Si sigue vivo el contrato la cláusula de arbitraje de Miami sigue en pie”, analiza.
¿Quién asume los costos?
“Si es bajo el régimen del contrato, éste prevé con qué fondos se cubre. Si se hace como si el contrato nunca existió, pero ahora tengo que cumplir el cierre según el contrato, es un concepto un poco difícil de entender. No puedes prender la vela de los dos lados”, exclama.
Hay asuntos ambientales que hay que atender con más urgencia que otros. Para que la mina opere es muy probable que en algún lado haya grandes cantidades de cianuro u otros minerales tóxicos que se usan para la explotación. Ahora que se acabó la minería, ¿qué se hace con los cientos de barriles de cianuro?
Por lo general el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) contiene las herramientas de cierre a corto, mediano y largo plazo. “Si no lo tiene puede haber problemas. Los buenos proyectos mineros con EIA tienen planes de cierre que son casi inmediatos”, recuerda el abogado.
La recomendación de Gosis es que cualquier cosa que se haga para evitar la disputa es dinero bien ahorrado y tiempo bien gastado.
“Panamá manifestó en respuesta a la notificación de disputa de la minera que ha cumplido con normas de protección a sus inversiones, eso quiere decir que Panamá no va a aceptar que incumplió el tratado bilateral. No va a reconocer que incumplió nada”, asume el abogado.
Por lo tanto, estima que el “Estado necesita encontrar un argumento bajo el cual explicar las cosas que sucedieron – que es innegable que sucedieron porque el contrato se firmó, la mina pagó ciertas sumas y el proyecto se operó -, y que dejaron de ser por riesgos asumidos por el inversor, y por motivos atribuibles a éste”.
Esta entrevista corresponde al blog de Me Lo Dijo Adelita, puedes acceder mediante el siguiente enlace: https://www.melodijoadelita.com/2023/12/el-contrato-minero-como-el-gato-de.html#more
Una ausencia colectiva que se erigirá en delito de lesa patria
escrito por José Javier Rivera | febrero 17, 2024
El pasado jueves 16 de noviembre a las 7:30 de la noche, el Presidente de la República habló al país para solicitar a la ciudadanía que se permitiera a la Corte Suprema de Justicia resolver la controversia sobre la Ley que aprobó el contrato con Minera Panamá.
Al mismo tiempo, informó que tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional estaban adelantando los trámites para judicializar y aprender a aquellas personas que habían causado graves daños a la propiedad pública y privada, al mismo tiempo que se dedicaban a interrumpir el libre tránsito en distintos puntos de la geografía nacional.
Mencionó las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro como sitios donde la población permanecía secuestrada y también hizo referencia a las pérdidas sufridas por los estudiantes, enfermos, pérdida de productos, afectaciones al turismo y secuelas en todo el tejido social.
Por aproximadamente 24 horas, el país sintió una especie de esperanza que en efecto, estas explicaciones y advertencias del mandatario se harían efectivas y consecuentemente se podría reactivar la vida normal en el país.
Hoy nuevamente nos encontramos con una total incertidumbre ante la total y absoluta inactividad de la Autoridad Pública, llámese Ministerio de Seguridad, Policía Nacional, Ministerio Público y por ende, los estudiantes no han podido asistir a las clases, se siguen perdiendo las citas médicas, los dueños de micro y pequeños establecimientos de alimentos siguen cerrados, las vías principales en el país están cerradas y en la provincia de Chiriquí y Bocas del Toro falta poco para que se produzca una desgracia.
El Presidente y su gabinete no aparecen en la escena, están en su laberinto y las autoridades que deben preservar el orden público ahora amenazan directamente a las víctimas con llevarlos a la cárcel, si se les ocurre tomar la justicia por las manos y levantar por la fuerza todos estos retenes vergonzosos para un país en donde, según la Constitución y la ley, es prohibido impedir el libre tránsito.
No hay duda de que estamos a un centímetro de una anarquía total, debido al abandono irresponsable por parte de las autoridades constituidas en sus obligaciones principales e ineludibles.
No hay ninguna justificación para este caos y más temprano que tarde, todos los que según la ley detentan esta responsabilidad tendrán que hacerle frente de manera personal, a su total abandono de sus deberes y en particular si como consecuencia del hartazgo de la sociedad, se producen desenlaces que afecten la vida de nacionales y extranjeros que han tenido un exceso de paciencia para resistir lo que es a todas luces intolerable.
Después no digan que no recibieron el apoyo de la ciudadanía, el ruego de las entidades cívicas y gremiales que a través de distintos medios han intentado que cumplan con su deber.
Amanecerá y veremos…
Milei o Massa ¿Por quién se decidirán los argentinos?
escrito por José Javier Rivera | febrero 17, 2024
Mañana se celebran las elecciones presidenciales en Argentina, en segunda vuelta, y luego de un prolongado proceso electoral que, a diferencia con nuestro país, se inicia con unas elecciones primarias, obligatorias, para escoger los candidatos y luego una elección general en la que se requiere una mayoría de 50% de los votos para lograr la investidura en primera vuelta; y en caso contrario, como ocurrirá mañana, en segunda vuelta se escoge finalmente al Presidente de la Nación.
Antes de las primarias, solo se vislumbraban dos candidatos que a su vez representaban a las fuerzas políticas tradicionales:
Sergio Massa de Unión por la Patria, representante del gobierno actual integrado por partidos de tradición peronista y con influencias de la familia Kirchner de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y Juntos por el Cambio representando a los seguidores de Mauricio Macri, quien desistió a su candidatura y fue representado después de las primarias por Patricia Bullrich, pero como se dice en el argot hípico “se coló por los palos” un candidato disruptivo, líder de un partido de ultraderecha, denominado “ Los Libertarios”, el economista Javier Milei, conocido también como el «Peluca Milei” por su profusa cabellera.
Pues bien, en las primarias salió vencedor “El Gallo Tapao” Milei y quedó en segundo lugar Sergio Massa.
Luego en la primera vuelta, que ocurrió hace un mes, “se viró la tortilla” y ganó Sergio Massa, seguido por Javier Milei y en tercer lugar arribó Patricia Bullrich, que también representa a una derecha moderada, del ala de Macri.
En este interregno, las fuerzas políticas del Macrismo, han pactado con los libertarios y llegarán juntos a esta segunda vuelta.
Ahora bien, resulta que Massa obtuvo en la primera vuelta un porcentaje de votos que alcanza más del 5% por encima de Milei y por ende, la elección tiene matices muy especiales porque hay otra característica única de este sistema electoral que obliga a los candidatos a participar en debates; que tiene una regla muy importante, que consiste en debates públicos con reglas muy estrictas en cuanto a la intervención de cada candidato, la posibilidad de réplicas con un estilo directo como sí se tratara de un contrainterrogatorio, con un espectro que va desde la economía, la seguridad, el empleo, los derechos humanos, las relaciones internacionales y hasta aspectos personales, íntimos de cada candidato.
Precisamente en el caso del candidato derechista, libertario, disruptivo, economista, sus opositores lo han llamado “El loco Milei” porque en su campaña presidencial se armó de una motosierra y prometió que iba a acabar de una vez por todas, con el tamaño del Estado, la corrupción, el Banco Central, los subsidios, la impunidad, los negociados, los cuales denominó con el nombre de “La Casta”.
No ha escapado a su propuesta la oferta de eliminar el peso argentino y reemplazarlo por el dólar norteamericano, lo cual le ha atraído el entusiasmo de los jóvenes, las amas de casa, los empresarios y todos los que han vivido el derrumbe de la economía argentina, la inflación que pasa de 100% en un año, los distintos tipos de cambio, entre el peso y el dólar, las restricciones para adquirir bienes y servicios de origen extranjero, el infierno tributario y las carencias en cuanto a la salud, la seguridad y las pensiones de jubilación.
Ahora bien, el gobierno actual ha multiplicado los subsidios como para tratar de mitigar la percepción general de un país sobreendeudado, una deuda pública que constituye un lastre, una corrupción en ascenso y una educación que cada día aleja a los estudiantes argentinos que requieren de la educación pública de las herramientas básicas para insertarse en los mercados mundiales, y por ello se ha incrementado la salida de talento argentino hacia Estados Unidos, Europa y otras naciones.
Desde el punto de vista estrictamente político, Massa tiene una gran experiencia pues ha servido por más de 30 años en el gobierno, mientras que Milei es un analista frío que le dice a la ciudadanía cuáles serían las consecuencias de mantener un sistema político y económico que ha fracasado totalmente.
Por tanto, podríamos decir de una manera simplista que las fortalezas de Massa, están precisamente en ese árbol frondoso de los empleados públicos, de los sindicatos allegados al gobierno actual, de los desempleados que son beneficiarios de los múltiples subsidios y de quienes dependen los negocios con el Estado.
Los que votarían por Milei serían los estudiantes, los profesionales, los micro, medianos empresarios, los independientes, los innovadores, los que están perdiendo oportunidades de crecimiento, los que están hartos de un sistema tributario confiscatorio, los que no se han enriquecido con negocios del gobierno, los que no creen en el sobredimensionamiento del Estado, los que están perdiendo su capacidad de consumo de la canasta de alimentos, los que rechazan la presión del gobierno sobre el Órgano judicial, los que no se sienten seguros cuando salen de sus casas y son asaltados por los delincuentes, los que han perdido sus ahorros y los que piensan que la deuda pública los está asfixiando y no le permite trabajar en el campo y no les permite tener una rentabilidad por sus actividades agropecuarias e industriales, y aquellos que no pueden comprar y pagar en el exterior porque el Banco Central no cuenta con las divisas para hacerle frente al endeudamiento privado.
También se agregan a esta larga lista, los simpatizantes de la tendencia de Mauricio Macri, que como lo ha indicado su candidata, Patricia Bullrich, “Apoyo a Javier Milei por patriotismo”.
No es ocioso que nosotros le dediquemos están reflexiones a una elección de un país lejano que no tiene muchas coincidencias como el nuestro; pero, después de los acontecimientos que hemos vivido en los últimos 28 días que nos ha permitido ver y oír las manifestaciones cívicas de la ciudadanía vis a vis la destrucción y ataque a los ciudadanos a los bienes públicos y privados por parte de una izquierda resentida y que desea destruir el Estado de Derecho y la convivencia pacífica de la sociedad panameña.
En la democracia, se escucha la voz de los ciudadanos, los cuales toman decisiones de gran impacto para sus vidas y por ello, todos los mecanismos que permitan a esos ciudadanos conocer el pensamiento y la acción de los candidatos, constituye una posibilidad de tomar una decisión más informada. Creo que esa es la lección más importante que nos brinda el proceso electoral argentino que mañana se define.
Amanecerá y veremos…
Una situación lamentable: Un país a la deriva
escrito por José Javier Rivera | febrero 17, 2024
Todos nos estremecimos viendo las imágenes de un hecho gravísimo que cegó la vida de dos manifestantes que se encontraban en el área de Chame, porque este país nunca se ha caracterizado por la violencia, sino por la convivencia pacífica y la tolerancia.
Corresponderá al Ministerio Público llevar a cabo una investigación minuciosa sobre la condición de la persona que ejecutó este hecho de sangre.
Desde hace varias semanas, la ciudadanía en general ha pedido a las autoridades responsables del orden público, desde el presidente de la República, el Ministro de Seguridad, el Ministro de Gobierno y Justicia, la Policía Nacional y los entes complementarios que actuaran con diligencia y en cumplimiento de su deber ineludible de preservar el libre tránsito y el orden público, y a través de medidas no represivas, evitaran los cierres tanto en la carretera Panamericana como en las calles de las ciudades y barrios que han sido ocupadas por representantes directos del SUNTRACS, otros gremios de educadores e indígenas que han sido aprovechados por indigentes, delincuentes y políticos para mantener una total inestabilidad en el país.
Sabido es que no se trata de un movimiento reciente, ha sido la repetición de lo que ocurrió durante todo el mes de julio del año pasado pero que se concentró fuertemente en el interior del país.
Las afectaciones han sido amplias: los trabajadores que no pueden llegar a sus sitios de trabajo a tiempo y tienen que salir de sus casas en la madrugada para evitar los tranques y luego regresan después de 6 a 10 horas de estar en medio de la noche detenidos en las vías sin poder llegar a sus casas para tomar los alimentos y preparar sus comidas para el día siguiente; los niños que han sido sacrificados y excluidos del proceso de enseñanza y aprendizaje, ya afectado por la pandemia; los enfermos que han perdido más de 170,000 citas en la Caja del Seguro Social y los hospitales del Ministerio de Salud incluyendo intervenciones quirúrgicas, terapias, obtención de medicamentos, citas de radiografía, laboratorio y riesgo de muerte. Ni siquiera los deudos de las personas que han fallecido en este largo periodo han podido enterrar a sus muertos.
Los productores de leche, carne, legumbres, verduras, frutas, mariscos han perdido sus cosechas y los pequeños comerciantes, transportistas, emprendedores han tenido un perjuicio acumulado ya que en algunas provincias no hay combustible o en el momento en que traen su carga desde el interior, les toma tanto tiempo para llegar que cuando finalmente arriban a la ciudad, el valor del producto ha disminuido por las calamidades del tiempo o porque los compradores, atemorizados por este desbande, no quieren comprar nueva mercancía.
La ciudad presenta una imagen de desolación y consecuentemente los hoteles, restaurantes, lugares de diversión y espectáculo, así como los comercios en general tienen poco movimiento de compras y ventas.
Ahora bien, ha habido una incuria total y de manera irresponsable las autoridades del orden público no han tenido la diligencia de un buen padre de familia y no se ha visto un solo informe, ni de los Ministerios ya mencionados, ni mucho menos de los denominados “estamentos de seguridad”, lo que ha producido la certeza a todos estos grupos que han paralizado el país, de que pueden actuar de manera violenta, destruyendo el sistema democrático porque son impunes e inmunes.
La responsabilidad primaria recae en el Presidente de la República y la responsabilidad delegada recae en el Ministerio de Seguridad, la Policía Nacional y esta denominada fuerza de tarea conjunta que incluye a varios entes como el SENAFRONT y el Servicio Aeronaval que no han podido aparecer en la escena nacional y en muchas ocasiones parecen estar cuidando a los que violan el orden público, impiden el libre tránsito y producen una sensación y una realidad de que el país se encuentra a la deriva.
Las redes sociales muestran los actos de violencia y de amenaza, incluso al Servicio Aeronaval, en las inmediaciones del puerto donde opera Minera Panamá y también la quema de neumáticos y otras materias inflamables en calles, avenidas e incluso en la carretera Panamericana.
Hoy por hoy, para salir de la ciudad y regresar hay que circular a partir de las 11 de la noche y 5 de la mañana; pero es el caso, que en las provincias de Chiriquí y Veraguas se multiplican como hongos lo retenes que afectan a pequeños empresarios, a grandes empresarios y a la ciudadanía que no tiene combustible, gas, alimentos y tampoco puede acoger a los turistas nacionales y extranjeros que hicieron sus reservas para disfrutar de los desfiles patrios, los cuales fueron suspendidos y reemplazados por manifestaciones internas e informales en las escuelas.
Es una situación que tiene distinta dimensión en la ciudad donde mucha gente no está conectada con las vicisitudes de los productores agropecuarios que temen perder no solo el fruto de su trabajo sino su propio patrimonio.
Este estado de cosas puede ser un combustible para que se produzcan otros enfrentamientos que pueden tener secuelas muy graves y que serán lamentables, a menos que se reivindique el Estado de Derecho y que estos servidores públicos que tienen una remuneración privilegiada y unas jubilaciones especiales con pocos años de servicio, cumplan con su deber.
Creo que en las actuales circunstancias el país debe exigir la renuncia inmediata o la destitución del cargo por abandono de sus deberes principales de garantizar el orden público de estos funcionarios.
Esperamos una acción inmediata de estos servidores públicos.
Manifiesto al país – Repensar Panamá
escrito por REPENSAR PANAMÁ | febrero 17, 2024
Ante la situación de crisis que vive el país, REPENSAR PANAMÁ expresa:
1. Más de una semana de multitudinarias manifestaciones en todo el territorio demuestran claramente el rechazo de la mayoría de la sociedad al contrato entre el Estado y la sociedad Minera Panamá S.A. Reconocemos que la falta de atención de los gobiernos a los diversos problemas estructurales y coyunturales que agobian a la sociedad, tales como la pobreza, las inequidades, la mala distribución de los ingresos, los temas ambientales, la corrupción, la impunidad, la falta de oportunidades de trabajo para los jóvenes, los altos niveles de violencia e inseguridad ciudadana, la reivindicación de la soberanía popular como mecanismo de control en la democracia representativa y la autodeterminación del país, unidos al malestar generalizado por la forma como se aprobó, sancionó y publicó la Ley No. 406 o contrato de concesión minera, han constituido el detonante fundamental de las protestas y manifestaciones realizadas por diversas organizaciones de la sociedad.
2. Consideramos que las manifestaciones recientes de diferentes sectores de trabajadores, profesionales, gremios y especialmente las lideradas por los jóvenes que han salido a defender su futuro desde una visión comprometida con el medio ambiente, expresan el surgimiento de una nueva conciencia nacional que merece el reconocimiento de la sociedad.
3. Suscribimos el derecho del pueblo a manifestarse y protestar, de manera cívica y pacífica, para dejar escuchar su voz y exigir el cumplimiento de compromisos de quienes regentan los órganos del Estado, pero permitiendo siempre el libre tránsito para evitar la interrupción de la cadena de suministro de bienes y servicios, la educación y la atención médica, porque de no hacerlo la más afectada será la población más vulnerable.
4. Reprochamos la infiltración de elementos que promueven el vandalismo y actos delictivos dentro de las protestas que de manera cívica y pacifica se vienen realizando, al tiempo que hacemos un llamado urgente para lograr acuerdos duraderos que garanticen paz y estabilidad a todos los ciudadanos.
5. Por el respeto a la institucionalidad democrática, invitamos a la población a permitir que la Corte Suprema de Justicia, cumpla con su responsabilidad conforme establece la ley.
6. Exhortamos al gobierno nacional a que de manera responsable lleve a cabo una consulta pública para que el pueblo decida si quiere que Panamá sea o no un país minero. La consulta podría considerar también como alternativa la aprobación de una ley de moratoria minera.
7. Recomendamos la creación de una institución autónoma con recursos, competencias, capacidades técnicas y humanas que le permita monitorear y auditar el cumplimiento de las obligaciones ambientales, sociales y económicas derivadas de la explotación de nuestros recursos naturales, la cual deberá rendir al país cuenta de su gestión y estará integrada por miembros de la sociedad civil, entidades territoriales, la comunidad científica y académica y el gobierno nacional.
8. Reiteramos nuestra recomendación de que los panameños establezcamos las bases de un nuevo PACTO SOCIAL que sirva de soporte jurídico-institucional a un nuevo proyecto de país que atienda los graves problemas que aquejan a la sociedad.
