Por: José Ignacio Piña Rojas
Desde su toma de posesión, el pasado 20 de enero, el presidente Donald Trump se comprometió con su electorado a instrumentar una ambiciosa agenda y a reformar el Gobierno federal, a través de innumerables órdenes ejecutivas, en las que está dando prioridad a temas como la migración, el comercio y la seguridad nacional.
Como parte de su slogan de campaña “Make America Great Again”, Trump intenta en realidad revivir la “Edad Dorada” (Gilded Age) de los Estados Unidos, cuando el presidente de ese país era William McKinley (1897-1901) y cuya administración se caracterizó especialmente por la imposición de aranceles a las importaciones para proteger la producción estadounidense, así como por la expansión de su territorio, que incluyó la adquisición en esa época de Puerto Rico, Guam, Filipinas y Hawaii.
En el contexto de esta agresiva política, el mandatario norteamericano ha formulado declaraciones provocadoras que van desde adquirir Groenlandia; recuperar el control del Canal de Panamá; convertir a Canadá en el estado 51 de los Estados Unidos, hasta imponer tarifas arancelarias a varios países, entre ellos a México y a Canadá, sus principales socios comerciales, con el argumento de que permiten la migración irregular y el tráfico de drogas por sus respectivas fronteras.
En el caso particular del Canal de Panamá, espacio de gran valor geoestratégico, Trump no ha descartado el uso de la coerción militar o económica para conseguir que Estados Unidos recupere su control ya que lo considera vital para sus intereses económicos y de seguridad nacional.
Dentro de esta misma narrativa disruptiva, el mandatario estadounidense ha realizado diversas afirmaciones a todas luces falsas como el hecho de que esta importante vía interoceánica está controlada por China. Si bien es cierto que la firma hongkonesa “Hutchison Holdings” se ha hecho de concesiones públicas, a través de las cuales ha adquirido instalaciones portuarias en ambas entradas del Canal, tanto en el Pacifico (Puerto de Balboa) como en el Atlántico (Puerto Cristóbal), ello no significa que esté bajo control de los chinos.
Como es de todos conocido, los Tratados Torrijos-Carter, suscritos en septiembre de 1977, no fueron un acto caprichoso, sino el resultado de años de lucha y protesta del pueblo panameño para recuperar la plena soberanía sobre la totalidad de su territorio. Además del Tratado del Canal, mediante el cual la administración de la vía acuática pasó de los Estados Unidos a Panamá, cuyo proceso culminó el 31 de diciembre de 1999, también se suscribió el Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente del Canal, en el que se establecieron diversas obligaciones para que dicha vía interoceánica permanezca en todo momento neutral y abierta al tránsito de naves de todas las naciones sin discriminación alguna. En este instrumento, además del compromiso de Estados Unidos de garantizar su seguridad permanente, se estableció la concesión de dar prioridad de paso a los buques de guerra estadounidenses por el Canal, pero sin que ello implicara la condonación del pago del peaje correspondiente.
Desde su transferencia a Panamá en diciembre de 1999, el Canal ha operado con gran eficiencia y ha significado un gran activo no sólo para la economía panameña, sino para el comercio internacional. Actualmente, se estima que por el Canal de Panamá transita alrededor del 6% del comercio mundial, siendo sus principales usuarios Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur, Chile y México.
De acuerdo con recientes cifras de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), en los últimos 25 años, la vía interoceánica le ha aportado al Tesoro panameño más de 28 mil millones de dólares, monto 15 veces mayor a los 1,878 millones de dólares aportados durante 86 años por la administración norteamericana, entre 1913 y 1999.
Además, desde el año 2000, la administración panameña ha invertido más de 15 mil millones de dólares para mantener, mejorar y modernizar el Canal de Panamá. Lo anterior posibilitó, entre otras acciones, que en 2016 se realizara una importante ampliación del Canal que contempla nuevas esclusas que permiten la navegación de buques más grandes y de mayor capacidad, conocidos como “Neopanamax”.
En el contexto de las amenazas del presidente Trump de recuperar el control de la vía interoceánica, el pasado 2 de febrero, el Secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, realizó una breve visita a Panamá, durante la cual sostuvo reuniones con el presidente José Raúl Mulino y con otras autoridades del gobierno panameño.
Si bien el presidente Mulino reiteró que el Canal seguirá bajo la soberanía panameña, anunció que su gobierno no renovaría el acuerdo de la “Ruta de la Seda” suscrito con China el 17 de noviembre de 2017, a fin de atender las preocupaciones estadounidenses sobre la influencia de esa nación asiática. Inclusive, desde el pasado mes de enero, la Contraloría General de la República inició una auditoría a Panama Ports Company, subsidiaria de la empresa china Hutchison Holdings, que opera desde 1997 los puertos de Balboa y Cristóbal, lo cual ha generado especulaciones de que la administración panameña estaría considerando cancelar la concesión vigente o al menos renegociarla.
En resumen, parece evidente que las amenazas del presidente Trump hacia Panamá son parte de una estragia para conseguir dos claros objetivos: 1) eliminar la creciente presencia china en el Canal interoceánico y, 2) obtener mayores concesiones de parte del Estado panameño, particularmente en lo que se refiere a los peajes que deben pagar los buques comerciales y militares de los Estados Unidos que transitan por esa importante vía acuática. En 2024, el 52% de los tránsitos del Canal registrararon puertos con origen-destino en Estados Unidos y más del 76% de la carga que transitó por esa vía también tuvo el mismo origen-destino.
Debido a las enormes repercusiones que tendría en el ámbito internacional el uso de la fuerza contra un pequeño país de Centroamérica, dudo mucho que Trump se atreva a utilizar el poderío militar de los Estados Unidos para recuperar el control del Canal de Panamá; sin embargo, está claro que la diplomacia de la imposición del chantaje seguirá prevaleciendo como fórmula para obtener todo aquello que considere responda a su interés nacional.
*Diplomático de carrera (en retiro); Ex embajador de México en Panamá en dos períodos distintos (2001-2005 y 2015-2019), Miembro de la Unidad de Estudio y Reflexión de América Latina y el Caribe del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI).
