El pasado jueves 16 de noviembre a las 7:30 de la noche, el Presidente de la República habló al país para solicitar a la ciudadanía que se permitiera a la Corte Suprema de Justicia resolver la controversia sobre la Ley que aprobó el contrato con Minera Panamá.
Al mismo tiempo, informó que tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional estaban adelantando los trámites para judicializar y aprender a aquellas personas que habían causado graves daños a la propiedad pública y privada, al mismo tiempo que se dedicaban a interrumpir el libre tránsito en distintos puntos de la geografía nacional.
Mencionó las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro como sitios donde la población permanecía secuestrada y también hizo referencia a las pérdidas sufridas por los estudiantes, enfermos, pérdida de productos, afectaciones al turismo y secuelas en todo el tejido social.
Por aproximadamente 24 horas, el país sintió una especie de esperanza que en efecto, estas explicaciones y advertencias del mandatario se harían efectivas y consecuentemente se podría reactivar la vida normal en el país.
Hoy nuevamente nos encontramos con una total incertidumbre ante la total y absoluta inactividad de la Autoridad Pública, llámese Ministerio de Seguridad, Policía Nacional, Ministerio Público y por ende, los estudiantes no han podido asistir a las clases, se siguen perdiendo las citas médicas, los dueños de micro y pequeños establecimientos de alimentos siguen cerrados, las vías principales en el país están cerradas y en la provincia de Chiriquí y Bocas del Toro falta poco para que se produzca una desgracia.
El Presidente y su gabinete no aparecen en la escena, están en su laberinto y las autoridades que deben preservar el orden público ahora amenazan directamente a las víctimas con llevarlos a la cárcel, si se les ocurre tomar la justicia por las manos y levantar por la fuerza todos estos retenes vergonzosos para un país en donde, según la Constitución y la ley, es prohibido impedir el libre tránsito.
No hay duda de que estamos a un centímetro de una anarquía total, debido al abandono irresponsable por parte de las autoridades constituidas en sus obligaciones principales e ineludibles.
No hay ninguna justificación para este caos y más temprano que tarde, todos los que según la ley detentan esta responsabilidad tendrán que hacerle frente de manera personal, a su total abandono de sus deberes y en particular si como consecuencia del hartazgo de la sociedad, se producen desenlaces que afecten la vida de nacionales y extranjeros que han tenido un exceso de paciencia para resistir lo que es a todas luces intolerable.
Después no digan que no recibieron el apoyo de la ciudadanía, el ruego de las entidades cívicas y gremiales que a través de distintos medios han intentado que cumplan con su deber.
Amanecerá y veremos…
