La COP30, celebrada en Belém, Brasil, culminó con la aprobación del acuerdo denominado “Global Mutirão”, orientado a acelerar la implementación del Acuerdo de París y fortalecer la cooperación internacional en materia climática. Aunque el pacto representa un avance diplomático significativo, dejó en evidencia profundas divisiones entre los países participantes, especialmente en torno al futuro de los combustibles fósiles.
Uno de los ejes centrales de las negociaciones fue la propuesta de incluir una hoja de ruta para la eliminación progresiva del petróleo, el gas y el carbón. Más de 80 países —entre ellos varios europeos como Alemania, Países Bajos y el Reino Unido; latinoamericanos como Colombia; y africanos como Kenia— respaldaron esta iniciativa. Sin embargo, la fuerte oposición de productores energéticos como Arabia Saudita y Rusia impidió que el texto final incluyera compromisos vinculantes sobre la transición energética, lo que generó amplio descontento entre distintos bloques.
Ante la falta de avances en materia de combustibles fósiles, el acuerdo se enfocó en compromisos financieros. El “Global Mutirão” contempla triplicar la financiación para adaptación al cambio climático hacia 2035 y reafirma la meta de movilizar 1,3 billones de dólares anuales en financiamiento climático. Asimismo, incorpora iniciativas voluntarias, como el Global Implementation Accelerator, destinado a potenciar la ejecución de los planes nacionales de acción climática, y la Misión de Belém hacia 1,5 °C, enfocada en reforzar los esfuerzos globales de mitigación y adaptación.
El pacto también introduce, por primera vez en una COP, un reconocimiento explícito al problema de la desinformación climática, comprometiéndose a promover la integridad informativa y combatir narrativas que contradigan la evidencia científica. Además, se acordaron diálogos adicionales sobre comercio climático, justicia social y derechos humanos, destacando la necesidad de asegurar una transición justa.
En el ámbito internacional, varios países manifestaron su inconformidad con el resultado final. La Unión Europea, Colombia, Suiza y Panamá cuestionaron la ausencia de una referencia directa a los combustibles fósiles. En particular, la delegación panameña, encabezada por Jorge Carlos Monterrey Gómez, calificó el texto como “catastrófico” al no abordar los combustibles fósiles ni la deforestación, señalados como motores fundamentales de la crisis climática. Panamá también expresó preocupación por la falta de rigor científico en los indicadores de adaptación propuestos, así como por la falta de transparencia en el proceso de negociación, advirtiendo que la exclusión de la ciencia favorece a las industrias fósiles.
Colombia incluso intentó objetar formalmente el acuerdo, evidenciando las tensiones diplomáticas internas del proceso. A pesar de ello, Brasil anunció que, durante su presidencia, impulsará reuniones de alto nivel, incluyendo una conferencia en abril en Colombia centrada en la eliminación de combustibles fósiles, además de trabajar en una hoja de ruta para combatir la deforestación.
Las reacciones de la sociedad civil también fueron críticas. Organizaciones como Oxfam y Greenpeace consideraron insuficientes los compromisos alcanzados y señalaron que el acuerdo no responde a la urgencia climática actual. Otros actores, como el World Resources Institute, reconocieron avances en financiamiento y cooperación, pero lamentaron la ausencia de una dirección clara en materia energética.
En conclusión, la COP30 representa un avance diplomático relevante, especialmente en términos de financiamiento y coordinación internacional, pero deja pendiente la definición de compromisos concretos y vinculantes para la eliminación de combustibles fósiles. El acuerdo refleja tanto la voluntad de mantener el multilateralismo como las profundas tensiones que aún frenan la acción climática global.
